Por: Carlos Ornelas.
Además de la iniciativa del presidente López Obrador para desmantelar —que no del todo— la Reforma Educativa del gobierno de Peña Nieto, los partidos de oposición lanzaron otra el 6 de este mes. Desde la reforma de 1993 se acentuó el centralismo en el sector educativo, con todo y la cesión de responsabilidades y poca autoridad, que no de poder, a los estados. El centralismo se significó por mecanismos de control normativo, técnico, político y financiero. Aunque las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acapararon el traspaso de dinero.
La reforma de 2013 acentuó ese centralismo. Las dos propuestas de reforma en el debate de hoy lo ratifican. Desde hace lustros argumento que sería conveniente debatir ventajas y contras de un sistema unitario; ya conocemos los quebrantos de uno “descentralizado”.
El proyecto gubernamental, como el Presidente expresó, fue para cumplir promesas de campaña. A pesar de que Esteban Moctezuma Barragán organizó consultas en cada estado, el texto es pobre, con fallas ortográficas y “erratas”, como la eliminación de la autonomía universitaria, que nunca enmendó. La de los partidos de oposición tiene una redacción clara y coherencia en su razonamiento.
Académicos reunidos en la RED (Red, Educación, Derechos) elaboraron el documento que apadrinaron Movimiento Ciudadano, PAN, PRD y PRI. En ambas iniciativas, el INEE y el Servicio Profesional Docente se modifican, pero no desaparecen. En la del Presidente se anuncia la creación del un “Centro con autonomía técnica que contribuya a la mejora continua de la educación”, dentro de la SEP y gobernada por un consejo directivo designado por su titular y otro consultivo plural, también designado por la autoridad. Del mismo modo, la propuesta alternativa exhorta a transformar el INEE, pero mantiene su autonomía constitucional, lo denomina “Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación”.
En la moción oficial, el Servicio Profesional Docente se le designará “Servicio de Carrera Profesional del Magisterio”, a cargo del gobierno federal. La iniciativa de la oposición lo nombra “Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio”, con funciones que determinará una nueva ley.
La apuesta de la oposición suprime el término excelencia, rescata la autonomía universitaria y quita la obligatoriedad de la educación superior, pero no la del Estado de impartirla. También redime la educación inicial, pone énfasis en la educación para los derechos humanos, cultura de la paz y otras tendencias humanistas en pedagogía.
La iniciativa de los académicos no es una afrenta a la del presidente López Obrador, comparte la preocupación por atender la desigualdad de oportunidades y aprendizajes, el reconocimiento a los docentes como agentes de cambio social, la importancia de la capacitación y la formación de los maestros. Y, al igual que la del Presidente, aboga por eliminar las connotaciones punitivas de la evaluación. También ratifica que valora los principios de calidad, inclusión y equidad, pero mantiene el mérito como principio para el ingreso y la promoción de los docentes. No habla de concursos de oposición, sino de admisión.
En suma, la propuesta de los opositores le abre la puerta al Presidente para cambiar en lo sustantivo, sin desechar lo que consideran avances. Más importante, pienso, le brinda la oportunidad de poner un candado a las avideces de la CNTE —también del SNTE, pero sin estridencia— de renacer la venta, herencia y renta de plazas, así como el otorgamiento automático de puestos de trabajo a los egresados de las normales. Aunque ratifica el valor de estas escuelas.
Mi duda es si el Presidente aceptará ese puente o ratificará su alianza con la CNTE, que tacha su proyecto de neoliberal.
En ambas iniciativas el centralismo es patente, los estados aparecen como subordinados; vamos, apenas si se mencionan en lo que queda del texto original y en las modificaciones al artículo 73. ¿Vale la pena seguir fingiendo un federalismo inexistente?
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