Duras críticas de UNICEF al proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil: “Es regresivo”

UNICEF, como otras organizaciones y organismos de protección de la niñez, promueve que se reforme la Ley Penal Juvenil actual, escrita en la dictadura. En marzo el Gobierno presentó en el Congreso un proyecto que se debate en tres comisiones de Diputados. Pero UNICEF salió a criticar varios puntos de ese proyecto, al que considera regresivo. Lo más negativo: la baja de la edad de imputabilidad y el aumento de las penas.

«El Estado argentino tiene una deuda con este tema de más de 35 años. Ahora está la oportunidad de tener una ley con enfoque de derechos humanos, pero si bien con este proyecto acordamos en algunas cuestiones, sobre todo, tenemos grandes diferencias. La más grande, la baja de la imputabilidad -dice Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de UNICEF-. Quizás el mayor problema sea el contexto. Es un año difícil, electoral, hay grandes niveles de pobreza y recortes presupuestarios. El área social está 20 puntos por debajo del presupuesto. Una ley con perspectiva de derechos necesita inversión social. La privación de la libertad no es la respuesta cuando faltaron respuestas anteriores, cuando se vulneraron todos los derechos».

Mariángeles Misuraca, oficial de Protección y Acceso a la Justicia de UNICEF, dice lo mismo: «Se debe trabajar antes, cumpliendo y garantizando los derechos de los niños. No alcanza con modificar la ley, hay que modificar el sistema. Bajar la imputabilidad no es la respuesta. Eso es regresivo. Las leyes no pueden ser regresivas porque no se puede ir hacia atrás con los derechos. Si eso ocurre, Argentina puede ser sancionada internacionalmente. También estamos en contra de que se eleven las penas cuando justamente lo que hay que hacer con los adolescentes es trabajar en otro proyecto de vida».

«La única política que debe tener el Estado es evitar que los chicos cometan delitos. Los chicos que el Estado quiere encerrar llegan en su mayoría con consumos problemáticos, algunos hasta de combustibles, indocumentados, desnutridos, sin haber ido a la escuela, en situación de calle. Este proyecto de ley penal juvenil no cambia eso, sólo que entren cada vez más chicos al sistema penal. Este proyecto que se presenta es para una ley penal clara y dura, no es restaurativa de derechos. Mientras el resto de la región analiza cómo elevar la edad de imputabilidad porque se dieron cuenta que es una herramienta que no da resultado, acá quieren bajarla. El tema es cómo queremos que sea nuestra sociedad dentro de diez años, con otra realidad o con las cárceles llenas de chicos», opina el especialista en derecho penal y derechos del niño Martiniano Terragni.

El especialista cita a otro colega, Mariano Kierszenbaum, quien sostiene que el sistema penal juvenil tiene que pensarse como un traje a medida de cada chico: si fue abusado, si vivió en la calle, si fue a la escuela, si tiene familia. Y que no sirve una ley estándar.

Para UNICEF, «la gravedad de los aspectos negativos y regresivos del proyecto de ley son de relevancia» y remarca que «disminuye la edad mínima de responsabilidad penal sin ninguna fundamentación teórica o empírica que la justifique, además de contrariar con esta medida compromisos internacionales adoptados por el Estado, y pone en juego la responsabilidad ante el sistema interamericano y demás órganos de los tratados».

Para el organismo de niñez, este proyecto va contra criterios no sólo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos «acerca de la relación entre el sentido de la sanción penal juvenil y la duración de las medidas privativas de la libertad, al no fijar penas máximas de privación de la libertad para la franja de condenados de 16 y 17 años de edad, pudiendo aplicarse las mismas penas que a los adultos».

Además, critica la duración máxima del proceso penal, que se establece en 3 años, y sostiene que «ello no cumple el estándar de acceso a la Justicia en un plazo breve ni razonable, que se habilita la prisión preventiva por 2 años (1 año máximo, prorrogable a 2), estableciendo un plazo muy prolongado que podría equipararse al previsto para los adultos».

UNICEF también señala que este proyecto permite «la intervención judicial en niñas, niños y adolescentes no punibles que, encontrándose por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal, deberían quedar por fuera del ámbito penal».

«Todos aquellos aspectos (o casi todos) en los que el proyecto es positivo, son aspectos programáticos, que según la experiencia de Argentina nunca son luego implementados, por falta de decisión política o falta de un presupuesto adecuado -sostienen desde UNICEF-. Por el contrario, los aspectos negativos del proyecto son operativos. Con lo cual comenzarían a regir de manera inmediata (baja de la edad de imputabilidad, supresión del límite de penas…). Esto conduciría a incorporar, por ejemplo, a una gran cantidad de niños a un derecho penal con organismos no especializados, con penas elevadísimas equiparadas con las de las personas adultas».

En 2018, el Comité de los Derechos del Niño, en sus Observaciones Finales sobre la Argentina, se refirió a la situación de Justicia Penal Juvenil en el país. Recomendó al Estado argentino que «apruebe una ley general de Justicia juvenil compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de Justicia juvenil, en particular en lo que respecta a garantizar que la privación de libertad sólo se utilice como último recurso y por el período de tiempo más breve posible, y que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal», y que «promueva la adopción de medidas no judiciales, como las sanciones alternativas, la libertad condicional, la mediación, el apoyo psicológico o el trabajo comunitario, y, cuando sea posible, utilice medidas alternativas a la imposición de penas”.

También el año pasado, UNICEF presentó “Las voces de las y los adolescentes privados de libertad en Argentina”, un estudio sobre los chicos y las chicas detenidos en Centros Cerrados. El último relevamiento nacional dice que son 7200 los que cumplen algún tipo de medida penal: 1300 en Centros Cerrados. La mayoría por delitos menores. El 3,8% tienen menos de 16 años: no deberían estar presos. Cifras oficiales también dicen que sólo el 1 por ciento de los delitos graves son cometidos por adolescentes.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/sociedad/duras-criticas-unicef-proyecto-reforma-ley-penal-juvenil-regresivo_0_fI2RbM2HU.html