La educación en el debate electoral

Por: Manuel Alvarez Trongé.

La reciente Resolución 589 del Ministerio de Seguridad vinculada a temas de educación, más allá de las preocupaciones que genera (que en seguida analizaremos), marca un hito interesante en cuanto a la relevancia de la política educativa en la campaña electoral.

Esta resolución describe cómo atacar el problema de los “ni-ni” (jóvenes que ni estudian ni trabajan) con un Servicio Cívico que ofrecerá educación “en valores” por parte de la Gendarmería Nacional mediante un servicio voluntario que capacitará a jóvenes en edad escolar (16 a 18 años) y hasta 20 años.

La medida, adoptada sobre el filo de la veda electoral y que se implementaría cuando el nuevo gobierno electo asuma sus funciones, es obviamente una propuesta política a los votantes.

Esto muestra que no es solo “la economía, estúpido” (como rezaba la famosa frase de la campaña de Clinton de 1992), sino que la educación tiene también relevancia a la hora de decidir el voto. Obviamente esta relevancia es menor al impacto que tiene en el votante el desempleo, el aumento de la pobreza, el salario, la caída del PBI o a la inflación (todos temas vinculados con la economía), pero el votante es consciente también que detrás de una solución a estas preocupaciones está la buena educación.

“Si los jóvenes no aprenden lo que necesitan para la vida adulta no hay futuro en Argentina”, se escuchó decir en estas semanas por radio. Y es así. Hay una conciencia colectiva de que detrás de un mejor empleo, del combate a la pobreza, de un incremento salarial y del desarrollo del PBI debe haber mejores resultados educativos. Lo que la sociedad no interioriza es que para lograrlos el ciudadano debe reclamar más.

En ese contexto, analicemos ahora la Resolución del Ministerio de Seguridad aludida. Nuestro país hoy tiene una enorme deuda educativa: más del 50% de los adolescentes no cumplen con la educación obligatoria y un altísimo porcentaje de los que si egresan no aprenden. Este es el verdadero “riesgo país” y ha sido y es el caldo de cultivo de los llamados “ni-ni”.

Ahora bien, lo que debe quedar claro es que este es un desafío estratégico de la Argentina que no puede ser enfrentado descoordinadamente. Es por ello por lo que respecto a los jóvenes en edad escolar (hasta los 18 años) la Ley de Educación Nacional 26.206 (art. 16) delegó en el “Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes” el deber de asegurar “el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos…”.

Esto significa que institucionalmente la República Argentina ha adoptado un camino y que por tanto no es ni conveniente ni ajustado a la ley que el Ministerio de Seguridad interfiera sin una coordinación extrema. Que la Resolución 589 le ofrezca a esa masa de menores de edad (16 a 18 años) que deben estar en el sistema educativo obligatorio, una alternativa en los cuarteles de Gendarmería con un servicio distinto al que le da la escuela pública mínimamente genera confusión.

Desde hace muchos años los ministerios de educación de las provincias y la Nación vienen ocupándose del tema e incrementando la matrícula del Secundario. Programas especiales (por poner un ejemplo en las provincias de Río Negro o Córdoba o en la Nación “Secundaria 2030”) han tenido buenos resultados y marcan un trabajo interesante a seguir en el corto y largo plazo. Tan es así que muy pocos días antes de la Resolución del Ministerio de Seguridad el Consejo Federal de Educación (CFE) -que agrupa a todos estos ministerios y es el organismo competente- adoptó una medida muy similar destinada a los mismos jóvenes de entre 15 y 18 años y con el mismo objetivo de “remediar” la situación descripta.

Esta importante decisión del CFE no fue citada por el Ministerio de Seguridad y deja a las claras la falta de coordinación y superposición de proyectos, aspecto que debe corregirse y aclararse.

En definitiva, en estos días de turbulencia electoral es bueno para el país que las cuestiones educativas se discutan. Esto es positivo y necesario y marca una toma de conciencia que desde Educar 2050 hemos remarcado en la campaña #YoVotoEducación.

Lo que no es bueno es que haya interferencias entre las buenas intenciones que puedan originarse en distintos ministerios. En este sentido es importante respetar la Ley que pone en cabeza de los Ministerios de Educación del país la garantía al derecho constitucional de aprender de los jóvenes en edad escolar y corregir lo necesario para no superponerse en este enorme desafío que tiene la República.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/educacion-debate-electoral_0_jQtMjlwEW.html