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Política educativa y reformas curriculares

Por: Sergio Martínez Dunstan

«La definición de un nuevo perfil de egreso trajo consigo, para los políticos, la inigualable oportunidad de formar a los estudiantes desde otra visión»

Agosto quedará marcado para la política educativa mexicana como el mes de las reformas curriculares. Fueron modificados los planes y programas de estudios en los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria, media superior y de las licenciaturas para la formación de maestras y maestros de educación básica. En lo general, hay aspectos comunes entre ellas. En contraparte, se distinguen por sus particularidades inherentes al nivel educativo y a la población a que se encauzan. Resulta evidente que fueron cortadas con la misma tijera. Pero los propósitos, al final de cuentas, dejan entrever intenciones muy alejadas a lo que se establece en los documentos oficiales.

En todos los casos, por ejemplo, la justificación del cambio la basaron en el fracaso de los anteriores modelos curriculares. En los documentos oficiales, de una u otra manera, mencionan que los modelos curriculares dejaron de responder a las circunstancias y lejos de resolver las necesidades diagnosticadas se convirtieron en parte del problema. Para los diseñadores del currículum los culpables del desastre educativo fueron los pasados gobiernos neoliberales, la globalización y la pandemia. Los villanos preferidos.

Las enmiendas a la carta magna aprobadas el quince de mayo del 2019, fueron las banderas enarboladas para acometer el cambio. Garantizar el derecho a la educación lo vendieron como la solución a todos los males que nos aquejan, los sociales por encima de todos. De los principios, fines, criterios orientadores, y demás preceptos contenidos en el resto de los párrafos y fracciones del artículo constitucional que regula la educación, derivaron el marco legal, ético y filosófico a defender, a capa y espada, entre los correligionarios y los escépticos. Esas causas englobadas en la obligación del Estado Mexicano de impartir y garantizar la educación fueron usadas para proyectar el ideal de ciudadano mexicano modelo.

Por otra parte, la definición de un nuevo perfil de egreso trajo consigo, para los políticos, la inigualable oportunidad de formar a los estudiantes desde otra visión. Y desde esa perspectiva restarle importancia al pensamiento característico de los gobiernos impulsores de la mundialización de la economía. En las ideas primigenias del marco curricular, la sociedad del conocimiento y la información sucumbió a la perspectiva comunitaria en aras de la transformación social. Le restaron importancia a la generación de la ciudadanía global otorgándole el rol protagónico al establecimiento de la ciudadanía local. Siendo así, se le resta importancia, al menos en el papel, la educación orientada al desarrollo de competencias. Ésta, como sabemos, fue la base de la pasada currícula, aprendizajes clave para la educación integral, condenada a la extinción. Su agonía se prolongará hasta que la generación de estudiantes que iniciaron con ella, la concluyan en su totalidad. Ya estaba el remedio, faltaba el trapito. Sostenerla didácticamente con métodos activos y participativos en la búsqueda de la integración curricular llamada también, transversalidad.

La revalorización docente se incluyó también. La colgaron artificiosamente de la autonomía curricular y profesional. Conceptos cercanos y apologizados alrededor de la libertad de cátedra. En la búsqueda del camino que facilitara transitar hacia la renovación se fincó la flexibilidad curricular. Etapas del proceso de la reforma curricular: Flexibilidad, transición, renovación y de nueva cuenta a otra flexibilidad reformulada. Esta categorías conceptuales traen consigo implicaciones de otra índole aunque se insista en qué no afectan los derechos del magisterio sino todo lo contrario, se respetan. Las organizaciones gremiales han sido testigos mudos y los han convertidos en simples comparsa. Al fin de cuentas, resulta políticamente correcta la descarada decisión de los sindicatos de apegarse a la rectoría del Estado. Cuando les conviene, pues.

La implementación se ha previsto con lineamientos más o menos parecidos. Las reformas curriculares serán implantadas formalmente a partir del ciclo escolar 2023 – 2024. Pero en los hechos, de aquí a entonces, actualizarán a los docentes en el conocimiento de los recientes planes y programas de estudio con la expectativa de lograr que los hagan suyos (si, como no). E involucrar, en algún momento del ciclo escolar en curso, a los alumnos. Todo ello al margen de la puesta a prueba (piloteo le dicen algunos y pilotaje, otros). Esta suerte de experimentación aún no queda técnicamente del todo definida o aclarada desde la concepción de las mejores prácticas sobre el asunto en el ámbito internacional. De igual manera, se contempla también, la adaptación de los materiales curriculares al contexto en donde se ubica la escuela de acuerdo con las características de las alumnas y los alumnos. Éste es un trabajo colegiado a cargo de los maestros aprovechando el tiempo dedicado a las sesiones del Consejo Técnico, de las reuniones de Academias o cómo se le llamen en ciertos subsistemas o entidades federativas sobre todo en el caso de educación media superior. Le llaman técnicamente, codiseño.

En la narrativa gubernamental y los ufanos discursos pronunciados por diferentes funcionarios públicos se insiste en que los planes y programadas han sido puestos a consideración —tanto para su elaboración como en su discusión— en eventos diversos entre educadores, académicos, especialistas y demás interesados. Destacan la validación social por encima de la validación técnica. Al cabo que la técnica es lo que menos importa para los fines políticos. El medio más socorrido para la divulgación han sido las páginas web oficiales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (excepto el marco curricular común para la educación media superior aunque hayan antepuesto la aprobación de la Secretaría de Educación Pública en voz de su titular y la recepción por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria por la CONAMER como antesala, y dando por sentado, a su aprobación) ha sido el medio más socorrido. La discusión pública a través de los medios de comunicación y las redes sociales han generado acalorados debates. Así como también, en todos los casos, la divulgación ha pasado por el tamiz del Consejo Nacional de Autoridades Educativa (CONAEDU) incluidos los destinados a la formación de docente que se acogen a un órgano análogo, el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal (CONAEN).

Leer cientos de folios, sino es que miles, de los documentos oficiales en los cuales se plasman las reformas curriculares aludidas al principio del presente escrito, nos conduce a la síntesis de lo reseñado en el resto de los párrafos. Y bajo ese mismo tenor continuará la recién anunciada reforma a la educación de adultos, quizá. Por ello, es conveniente analizar las reformas curriculares en su conjunto como un elemento central de la política educativa del gobierno actual. La suerte de cada una de ellas en lo particular está condicionada, de una manera u otra, al éxito o fracaso de todas en su conjunto. Debemos reconocer que nunca antes se habían atrevido a tanto. Pero la oleada de reformas no es garantía de alcanzar los nobles propósitos de mayor relevancia y trascendencia. Salen a relucir los intereses políticos mas que la utópica necesidad de hacer bien las cosas encaminadas hacia la educación de un ciudadano que asuma un rol protagónico en la transformación social. Pretenden, en mi parecer, influir en la percepción ciudadana más que en el cambio educativo per sé. Lo primero se puede lograr en el corto plazo y lo segundo lleva más tiempo. Y la cuestión electoral ocurrirá primero. De hecho, está sucediendo. Y el tiempo vuela. Está a toda marcha, la sucesión presidencial. En pocas palabras, con las reformas curriculares recientes, gana la política y pierde la educación. Ya forman parte del proceso electoral para dar cuenta de las capacidades y habilidades puestas en juego en la función pública. Y convencer a los ciudadanos de que representan la mejor opción.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente de la información:  https://profelandia.com

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La nueva escuela mexicana: modelo para armar

P

 

A estas alturas del sexenio, la “nueva escuela mexicana”, expresión que busca caracterizar a la política educativa del sexenio, no termina de describir una postura concreta, sino más bien nebulosa y abstracta.

Tal como ocurre ante el texto clásico de Cortázar 62. Modelo para armar (Alfaguara, 1968), la interpretación de la “nueva escuela mexicana”, expresión que busca caracterizar a la política educativa del sexenio, enfrenta la dificultad de descifrar la secuencia y el sentido en que transcurren las acciones, las narrativas y el papel de los personajes.

La primera etapa hacia la definición de la política educativa del régimen encabezado por el presidente López Obrador fue la realización de una consulta en el periodo de transición (segundo semestre de 2018). El proceso fue anunciado, originalmente, como “Consulta Nacional por un Acuerdo Nacional de Educación”, aunque al momento de la convocatoria llevó el título de “Consulta Nacional por una Educación de Calidad con Equidad”. Desde el punto de vista del futuro secretario de educación, Esteban Moctezuma Barragán, la fórmula “calidad con equidad” representaba el objetivo central de la transformación educativa por venir. Dicho enunciado sintonizaba, además, con la sección educativa de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU en 2015.

La consulta se llevó a cabo en los meses de agosto a octubre de 2018 con varios formatos e incluyó a docentes, directivos, especialistas y público en general. El 6 de diciembre, Moctezuma, ya investido secretario de Educación Pública, presentó sus resultados preliminares. En ese acto, el funcionario dijo “con base en ellos estamos diseñando el Acuerdo Educativo Nacional que guiará el trabajo de la SEP”.

El 12 de diciembre de 2018, el ejecutivo federal depositó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a los artículos 3ro. 31 y 73 constitucionales. En la exposición de motivos se indica que la sola abrogación de la reforma educativa implementada en el sexenio previo sería una medida insuficiente si no se acompañara de “la presentación de un proyecto alterno, a través del cual se propone el diseño de un programa con visión de largo aliento, como los implementados en otras naciones que han alcanzado una consistente elevación de la calidad educativa”. El texto agrega el siguiente pronunciamiento: “Estoy plenamente convencido de que todos los legisladores federales y locales del país, independientemente de su afiliación partidista, comparten el propósito de elevar la calidad educativa y de asegurar que la educación se imparta con equidad”.

Los partidos de oposición (PAN, PRI, PRD y MC) optaron por responder a la iniciativa presidencial con un proyecto de reforma a los mismos artículos. Los partidos aliados al gobierno no contaban con la proporción de votos suficiente para aprobar el cambio constitucional proyectado por la presidencia; tampoco la oposición para hacer transitar el suyo. Ante un riesgo de veto mutuo, se optó por un esquema de negociación: se abrió una mesa de trabajo en la que participaron legisladores de los distintos partidos así como autoridades educativas. Demoró varios meses la puesta a punto de la reforma, hasta que, finalmente, fue decretada el 15 de mayo de 2019.

En el periodo de negociación, el magisterio agrupado en torno a la CNTE presionó al ejecutivo y al Congreso para evitar que se diera marcha atrás al propósito de cancelar los instrumentos para la evaluación con implicaciones de permanencia en la función docente. El presidente se hizo eco de esa demanda mediante la emisión de un memorándum fechado el 16 de abril de 2019. En ese documento se dispone, entre otras medidas, que “mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.

Al cabo, la iniciativa presidencial fue sustancialmente modificada, salvo en los aspectos relacionados con la evaluación docente. Se canceló el INEE y se dispuso como reemplazo la creación de un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación “coordinado por un organismo público descentralizado”. Además se eliminó toda referencia al concepto de “calidad educativa”, en cuyo lugar se dispuso el de “excelencia”, definido como “el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad”.

La “nueva escuela mexicana” y el “acuerdo educativo nacional” reaparecerían en la Ley General de Educación aprobada por el Congreso el 25 de septiembre de 2019. La norma incluyó un título específico al respecto. Ahí se indica que la nueva escuela mexicana impulsará el desarrollo humano integral y una formación basada en la identidad; el respeto desde la interculturalidad; la responsabilidad ciudadana; la participación en la transformación social, y el respeto y cuidado al medio ambiente (artículo 13). También, que la SEP promoverá un acuerdo educativo nacional para impulsar el derecho a la educación y los principios de la nueva escuela mexicana (artículo 14).

Quienes esperaban que el referido “acuerdo educativo nacional” se plasmara en un documento suscrito por las autoridades educativas y los agentes involucrados en la esfera educativa, se quedaron esperando. Bajo ese rótulo se expresó, más bien, la disposición de la autoridad federal de tomar en cuenta el punto de vista del magisterio, los estudiantes, las autoridades estatales y otros interesados en la formulación de las estrategias y programas de la administración educativa. No un acuerdo concreto, más bien un referente abstracto para legitimar las intervenciones gubernamentales en ese campo. Algo similar habría de ocurrir con la “nueva escuela mexicana”. En lo sucesivo, bajo esa denominación, serían cubiertos los programas y acciones de la SEP. ¿Cómo fue definida entonces la nueva escuela mexicana y cómo se ha transformado su enfoque? Lo revisaremos en la próxima columna.

Fuente de la información e imagen:  https://suplementocampus.com
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La Secretaria que no cambiaría nada

Por: Abelardo Carro Nava

«Funcionarios públicos han ido y venido en la SEP; de hecho, de 2006 a la fecha, han pisado la oficina de Vasconcelos ocho Secretarios de Educación (incluyendo a Delfina Gómez)»

“No vengo a cambiar nada”, fue una de las primeras declaraciones que expresó la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al asumir el cargo que le fue conferido por el presidente de la República, y lo está cumpliendo.

Los días, semanas y meses pasan, y la Dependencia que la profesora Delfina Gómez dirige, no deja de ser un archipiélago en el que, cada pequeño territorio, toma decisiones a diestra y siniestra sin que en ello medie la posibilidad de fijar un rumbo y dirección que evidencie una política educativa que vaya en sintonía con eso que se ha llamado “Cuarta Transformación de México”: la evidente falta de revalorización del magisterio, la continuidad de una política de estímulos salariales de corte neoliberal impulsada por el priismo, la desaparición de las escuelas de tiempo completo o cuya “sustitución” es inverosímil, la indefinición de una Nueva Escuela Mexicana que no es nueva sino un vintage educativo, la construcción de un plan de estudios que se pondrá en marcha a un año de que culminé este sexenio, la elaboración de libros de texto sin que el plan de estudio referido no esté concluido, el evidente rezago educativo y abandono escolar que se agravó con la pandemia por la Covid-19, la incomprensible falta de aplicación de recursos para la educación especial, el calvario que padecen los profesores para recibir sus pagos de los Programas Nacional de Inglés y de los Centros de Atención para Personas con Discapacidad, la excesiva y absurda carga administrativa impuesta al magisterio, son algunas de las tantas cuestiones que, desde luego, podrían incrementarse derivado de lo que en cada región o contexto acontece.

Indudablemente, la llegada a la SEP de una profesora que se había desempeñado en un grupo y en una escuela, generó una expectativa importante. De hecho, como se recordará, el mismo presidente así lo señaló cuando anunció su designación, pues ninguna maestra de primaria había ocupado tan honroso cargo público. Pienso, que más allá del símbolo que tal nombramiento pudiera representar, la expectativa creció porque se esperaba que, conocedora de lo que una maestra o maestro “vive” cotidianamente en una escuela y aula, pudiera tomar una serie de decisiones, traducidas en acciones, que priorizaran el quehacer docente, me refiero a la diversidad de actividades, de corte pedagógico y didáctico, que el profesorado mexicano realiza con sus alumnos todos los días, en sus centros escolares.

Sin embargo, esto no ocurrió, no ha ocurrido y, como parece obvio, no ocurrirá; los rumores sobre la salida de la profesora para participar en el proceso electoral rumbo a la gubernatura del Estado de México han crecido en las últimas semanas. Tema que ha llevado a mirar a esta Dependencia, como un trampolín para una posible “designación” o “candidatura”. Desde luego que, cualquier ciudadano que se desempeñe como funcionario público, tiene derecho a participar en los procesos electorales que así considere pertinentes; el tema pues, no pasa por un deseo o una decisión personal, sino más bien, por la aceptación de un cargo público que trae consigo una serie de responsabilidades que, indiscutiblemente, tienen que atenderse porque, en su ejercicio, subyace la responsabilidad con la ideología o régimen en turno, pero también, con lo que implica ser Secretario de Educación en un país tan complejo como el nuestro y en el que, como sabemos, se implementaron una serie de políticas en nombre de la tan llamada y mal lograda “calidad educativa”.

Muchas veces se espera que las autoridades educativas entiendan o comprendan, que el proceso de enseñanza y de aprendizaje no es un asunto sencillo; de alguna forma, tiene su base en el abordaje de contenidos, sin embargo, la labor docente no se limita única y exclusivamente a ello; ojalá así fuera.

Y es que ésta no solo tiene que ver con planificar actividades, contenidos, estrategias didácticas, materiales y recursos didácticos, contemplando una evaluación formativa y sumativa; no, no se trata solo de ingresar a un salón y salir de él como si todo hubiese quedado entendido; vaya, no solo es cumplir con una acción dentro de cuatro paredes. Este ejercicio es amplio, complejo y siempre cambiante, porque en él confluyen un número importante de situaciones o circunstancias individuales, colectivas, contextuales, nacionales y hasta internacionales, pero, además, lo que los estudiantes aprenden en casa, con los amigos, con sus conocidos.

¿Cuántas veces, en el México reciente, no hemos visto a través de los medios de comunicación, un enfrentamiento entre grupos armados cerca de una escuela?, ¿cuántas veces no hemos visto a los profesores y los alumnos acostados en el piso mientras el ruido de las armas retumba en sus oídos?, ¿cómo procesar y explicar este acontecimiento en los alumnos?, ¿de qué manera las políticas educativas que se han implementado en los últimos años abonan al quehacer educativo si tales hechos, desafortunadamente, se vienen incrementado? Desde luego que esta situación es un pequeño ejemplo de aquellas circunstancias que influyen en el proceso referido. El diálogo directo con los estudiantes permite comprender el cúmulo de cuestiones que las maestras y los maestros deben considerar para que, paulatinamente, se logre el propósito formativo. Proceso que, indiscutiblemente, no termina nunca.

Entonces, como tantas veces se ha referido, estamos ante dos realidades distintas: la que reina en las oficinas secretariales y la que las maestras y maestros frente a grupo viven cotidianamente. Funcionarios públicos han ido y venido en la SEP; de hecho, de 2006 a la fecha, han pisado la oficina de Vasconcelos ocho Secretarios de Educación (incluyendo a Delfina Gómez), y esas realidades, durante este tiempo, jamás se han aproximado. Un tema que pareciera ser obvio, pero ¿no podríamos cambiar o, al menos, propiciar un cambio en tal esquema? En fin.

¿Dejará las oficinas de la SEP la profesora Gómez? Con seguridad lo sabremos en los próximos días porque, mientras algunos funcionarios públicos ya se visualizan en plena campaña política para una gubernatura o presidencia del país, el magisterio seguirá trabajando en sus respectivas escuelas y salones de clase, aún y cuando las condiciones, muy similares a las de antaño y que hasta el hartazgo fueron criticadas por los que hoy gobiernan, no sean las mejores.

Ojalá llegara el día en que se pudiera elegir, al igual que se elige a un presidente, senador, diputado o gobernador, a quien pueda y deba dirigir una institución gubernamental tan importante para el desarrollo humano y de un país; por lo pronto, estoy seguro de que tal idea no sucederá y, por tanto, seguiremos viendo desfilar a funcionarios cuya preocupación estará en las próximas elecciones mientras su trabajo sea nulo y sombrío como el de ex candidata Delfina Gómez quien, por cierto, no la tendrá fácil si es que desea participar en la contienda electoral del Estado de México, y con ello no me refiero a un posible adversario que los partidos políticos contrarios al actual régimen puedan colocar en la mesa, en el senador Higinio Martínez tendrá el primero y más duro de ellos.

Al tiempo.

Fuente de la información: https://profelandia.com

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Política educativa y salario profesional docente

Por: Manuel Alberto Navarro Weckmann

Corrían los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado, yo apenas superaba el primer lustro en el servicio y el entonces Departamento de Educación que aún no era Secretaría citó a los directores de las escuelas para presentar el nuevo plan de estudio y los nuevos programas para lo que, mi director, que era un docente mayor, consideró que yo sería un buen elemento para acudir en representación del centro escolar, porque, además, en esa ocasión no serían los Servicios Técnicos a dar la capacitación a los docentes, sino quien acudiera y hacerlo “en cascada” por parte de quien acudiera.

Fue un tiempo de muchas sorpresas, aparte de los planes y programas de estudio, estaba en el ambiente la reciente firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en donde se daba un cambio muy importante pues serían las entidades federativas las que se harían cargo de la operación y pago de la nómina magisterial (Que generaría enormes desequilibrios financieros a estos por la malas negociaciones, la presión política y la corrupción), la reducción de horas de taller (cuyos maestros de electricidad, carpintería, soldadura, mecánica, etc. fueron enviados por las autoridades educativas estatales a cubrir dichas horas llamadas por decreto “excedentes” para impartir las clases de ciencias, matemáticas, español, ética, etc. de acuerdo a como se iban jubilando los titulares de las mismas y ya no se reponían a los centros educativos),la reducción de orientadores educativos y trabajadoras sociales (que entonces había una por grado y quedó en uno por centro educativo) el incremento de las horas de español y matemáticas y la atomización de las horas de ciencias naturales y sociales (que se fragmentaban en historia, geografía, física, química, etc.), entre otros cambios importantes.

En aquel momento, a propósito del polémico incremento salarial de este año, se establecía además por vez primera en la historia, el salario mínimo profesional docente, el cual, podemos leer en el Diario Oficial de la Federación del 18 de mayo de 1992 que expresaba que “Con este nuevo esfuerzo -que hace que en la actual Administración se haya acumulado un incremento muy sustancial- el salario de la plaza inicial, que es el más bajo del escalafón docente y que en diciembre de 1988 equivalía a 1.5 salarios mínimos, superará el equivalente a tres salarios mínimos, y la mayoría de los maestros estará percibiendo un equivalente superior a 3.5 veces el salario mínimo general del país”, con lo que un maestro de plaza inicial, al tabulador actual, estaría recibiendo un salario de 18,151.35 pesos y ni siquiera en la zona del 100% en donde se elevaría a 27,335.70 mensuales, casi el doble o el triple respectivamente de lo que recibe actualmente un docente de nuevo ingreso.

La historia de lo que sucedió de entonces a la fecha no es desconocida, aquellos planes y programas representaron el primer pago de buena intención de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que ingresaría formalmente de manera curiosa, exactamente 2 años posterior a esa fecha, el 18 de mayo de 1994 ¿Simbólico o simple casualidad?

La reducción del personal de apoyo educativo, la atomización de las horas docentes, la integración de personal sin perfil adecuado, el énfasis en una educación que solo sepa leer, escribir, sumar y restar, apto para la empresa maquiladora que es la ideología del mercado, es solo la punta del iceberg de la debacle educativa en la que nos encontramos en la actualidad y que aquellos años de los noventa fueron el inicio de una serie de cambios lamentables de los que el sexenio pasado fue el culmen con aquella frase devastadora de “cualquiera puede ser maestro” del triste y lamentablemente célebre Aurelio Nuño.

manuelnavarrow@gmail.com

Fuente: https://profelandia.com/politica-educativa-y-salario-profesional-docente/

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Vacaciones en el sector educativo, derecho al descanso y calendario escolar

Por: Javier Méndez

El anuncio del calendario escolar a finales del ciclo anterior causó desconcierto e irritación dentro del magisterio por cómo se impuso la dinámica escolar para este periodo. Como tomado de los manuales de política educativa neoliberal, se han aumentado los días de clase. ¿Esto beneficia a las comunidades escolares?

Con el argumento de “recuperar las clases”, el calendario escolar 2021-2022 fue modificado, lo que implica el aumento de días de clases, de 190 a 200, para alumnas y alumnos, mientras que los días laborales para docentes y personal de apoyo se incrementan de 205 a 225.

Lo anterior, tomando en cuenta un periodo extraordinario de recuperación de contenidos, desde el inicio del ciclo escolar hasta las últimas semanas de noviembre. De esta manera, atentando contra el descanso de niñas, niños, adolescentes, trabajadoras y trabajadores de la educación, se pretende revertir el rezago educativo que implicó el Aprende en Casa, luego de que no se garantizaron las condiciones -en primer lugar de conectividad- para la educación a distancia.

Así, este primer periodo vacacional se redujo a exactamente dos semanas, cuando antes se regresaba a las aulas después del 6 o 7 de enero. Esto a pesar del desgaste que implicó el regreso a clases presenciales que, por ejemplo, en muchos casos implicó la atención tanto presencial como a distancia, aumentando la carga laboral docente.

 

También como parte de las modificaciones al calendario escolar para este ciclo lectivo figura la reducción del receso escolar de verano, que comenzará a partir del 28 de julio, cuando en otros años este periodo comienza dos semanas antes. Esta tendencia a incrementar la cantidad de días de clase no es nueva, sino que proviene de las viejas políticas neoliberales que pegaron un salto con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y que para continúan con la 4T.

Es bien sabido por docentes y especialistas en educación que México se encuentra entre los países con más días/horas de clase. En este rubro inclusive está muy por encima de la media en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que marca un aproximado de 799 horas para primaria y 919 para secundaria. Esta media desde luego que países como Suecia o Finlandia la reducen hasta 601 y 808 horas respectivamente.

En el extremo opuesto, países como México y Chile mantienen a las y los estudiantes de secundaria más de mil 100 horas en el aula. Cabe destacar que los gobiernos de ambos países han mantenido durante décadas el ataque a la educación pública, a distintos ritmos pero de forma constante. Parece ser que la lógica de mercado, aplicada en educación, establece que mayor cantidad de horas aumenta la “calidad educativa”, pero ¿este criterio es verdad? ¿Se puede pensar o percibir un incremento de este valor en las escuelas que aumentaron sus horarios y/o sus días de clase?

La SEP planteó en 2016 que “Un calendario con más horas por día y mejor aprovechamiento crea mejores condiciones para fortalecer los resultados de los aprendizajes en las aulas”. Lo que está detrás de esto, sin embargo, es una visión empresarial que busca naturalizar largas jornadas y poco descanso, para formas así a la futura mano de obra en beneficio de la patronal.

Vacaciones y derecho a descanso, una cuenta pendiente

Según estadísticas, países como México, Estados Unidos, China y Filipinas son los que se encuentran con menos días de vacaciones por año. El vecino del Norte no contempla días pagados al año, mientras que en China y Filipinas solamente se tienen hasta 5 días por año en promedio. En México el promedio de días de vacaciones por trabajador es de 6 al año.

Formalmente el magisterio es el sector de trabajadores que cuenta con más días de recesos y vacaciones al año, si se comparan con las estadísticas presentadas arriba. Sin embargo, las jornadas laborales de las y los docentes suelen ir más allá del aula: asistir a cursos de capacitación, revisar actividades, aplicar evaluaciones o diseñar planeaciones son solo algunos de los trabajos que realiza la y el docente fuera del salón de clases, e inclusive fuera de la jornada laboral, pero estos no se contemplan dentro de las estadísticas laborales del sector.

 

En el sistema capitalista, los desarrollos cintíficos y tecnológicos que han aumentado la productividad del trabajo, no se traducen en mayor tiempo de descanso y ocio, sino que, por un lado, se imponen largas jornadas laborales y menos días de descanso, y por otro el desempleo de millones. Es en este marco que la tendencia en el sector educativo es acercarse a los reducidos tiempos de descanso promedio de la clase trabajadora en su conjunto.

Ante ello, es necesario organizarnos para pelear por nuestro derecho a un buen descanso, con vacaciones suficientes y pagadas para todos, y por ejemplo para reducir la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana, lo que permitiría que las madres y padres de familia pasen más tiempo con sus hijos, así como combatir el desempleo mediante el reparto de las horas disponibles.

Con la promesa incumplida de la 4T para revalorizar al magisterio, se pone en la mesa de debate la necesidad de marcar nuestra independencia política como trabajadores respecto al gobierno y las instituciones del régimen, así como de la oposición de derecha, y de organizarnos desde las bases para la lucha por recuperar nuestro sindicato de manos del charrismo, para ponerlo al servicio de defender nuestros derechos y ampliarlos.

Fuente de la información:  https://www.laizquierdadiario.mx

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Educación: Tercer año de gobierno

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«Se requiere una política educativa focalizada y consistente para revalorar al magisterio nacional…»

A tres años del inicio del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) de la vida pública del país, los principales pendientes se sostienen. Reducir la pobreza como estrategia doble: fortalecer la cohesión y recuperar la paz sociales (disminuir la delincuencia y la inseguridad). Lograr, como aparato de Estado, resultados positivos en el combate a la corrupción y la impunidad. Más allá de las operaciones que realiza el gobierno federal, me parece que son las instituciones del Estado mexicano, como la Fiscalía General y los poderes Legislativo y Judicial, las que habrían de dar resultados en esa dirección.

Hasta el día de hoy, no se ven claros tampoco los rasgos del cambio significativo de régimen de la 4T, en materia de educación pública. En lo que sigue expondré las evidencias y las razones por las cuales considero que “el no cambio” se ha establecido (en sus contenidos ni en sus formas) en el ámbito de la educación en México, al cumplirse tres años de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo he dicho antes y hoy lo sostengo: La iniciativa de reforma educativa del gobierno de AMLO ha sido “contestataria”, pues no ha existido, hasta ahora, un proyecto alternativo de educación que sea consistente y que contenga un nítido contraste con las políticas públicas anteriores.

En su lugar, el nuevo gobierno (2018-2024) concertó con las bases disidentes y sus dirigentes, los términos de la siguiente etapa de la reforma educativa. Así, el Acuerdo Nacional por la Educación y la llamada Nueva Escuela Mexicana parecen ser el resultado de una concertación con las fuerzas institucionales (dirigencia oficial del SNTE) y los representantes de la disidencia magisterial, a través de un discurso o una retórica cuyos contenidos eran más reivindicatorios de demandas gremiales (no a la reforma basada en una Evaluación Punitiva), que de un verdadero planteamiento alternativo o innovador, amplio, en materia de educación pública.

Con esa dinámica, que consistió en eliminar del texto constitucional y de la legislación educativa a la denominada “evaluación para la permanencia” en el puesto, a través de una mal diseñada evaluación de desempeño, (como lo ha señalado el doctor Ángel Díaz Barriga en varias publicaciones), se evidenció que la fuerza de la nueva reforma educativa (2019) estaría en su condición y en su derecho de “hacer caer” a la anterior. Aunque no calificaría a la actual reforma educativa de reaccionaria, sí diría que es contestataria, reactiva o producto de la concertación con las fuerzas políticas opositoras, sobre todo en el frente legislativo.

No encuentro cambios significativos ni trascendentes en el llamado Acuerdo Nacional por la Educación, cuando se mantienen intactos una serie de dispositivos que han dejado los gobiernos que emplearon políticas públicas de sello neoliberal en el ámbito educativo (léase, sobre todo, los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto).

Esto lo digo en términos de la instalación de un discurso “pro-gerencialista” en el seno mismo de la escuela pública: La gestión de la Calidad como paradigma universal; la lógica de la Mejora Continua con pretensiones absurdas de “neutralidad ideológica”. (Lo mismo que ha sucedido con la noción de Competencias educativas).

Así, las ideas de la Calidad Total y del círculo de la Mejora Continua eran aceptadas, acríticamente, como nociones “naturales” o “sustanciales” a la vida de la escuela pública. ¿Acaso vinieron de otro lado esos desarrollos gerencialistas? ¿Los intentos de la “nueva gerencia” empresarial para gestionar y producir bienes y servicios, así como reconvertir los patrones del consumo y renovar los factores de la acumulación capitalistas, en una era de reactivación de las economías de la posguerra, era un “desarrollo natural”?¿No hay nada que discutir sobre la idea de la “mejora continua”?

El esquema de Estado mexicano, en la era de la 4T, no contempla polemizar con ese pasado gerencialista en particular (pienso en la mayoría legislativa de Morena y aliados políticos, en los funcionarios de alto nivel de la SEP, etc.). Todo lo contrario, se decidió caminar por el rumbo de la Mejora Continua en la educación; tanto así que creó, vía el Poder Legislativo y por iniciativa del Ejecutivo, una ley para la Mejora Continua de la Educación, así como una Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (como organismo público no autónomo), en sustitución del finado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que contaba con autonomía constitucional.

Mientras tanto, y pese a que los diseñadores institucionales de la 4T empezaron a hablar de “Excelencia” Educativa, sin un aparato conceptual que le diera sustento ni fundamento teórico-metodológico, durante estos tres años la educación pública ha estado ausente de un proyecto propio y alternativo.

Se abandonó, lamentablemente, el otro camino que quedaba y que consistía en discutir a fondo el modelo imperante o hegemónico de la “Calidad de la Educación” (que significaba evaluar las políticas públicas con orientación hacia la calidad, tal como la definen los organismos internacionales); eso se hizo, en vez de proscribir al concepto y colocar en su lugar a otro membrete, que carece de articulación y de consistencia conceptual: la llamada “Excelencia”.

Por otra parte, no es hora en que se aprecie un cambio orgánico en materia curricular. La maestras y los maestros de la educación básica, en específico, señalan que las indicaciones de las autoridades federales y estatales, es “continuar con lo dispuesto en 2017″, cuando se dio a conocer el llamado Nuevo Modelo Educativo de la pasada administración federal. Entonces ¿Cuáles son los elementos del cambio curricular que requiere la escuela pública en los niveles de la educación básica con el nuevo régimen? ¿Cuál es el sentido y el contenido (con sus respectivos métodos) del cambio en la educación media y superior en México en esta era transformadora? ¿Cuál es el horizonte al que llevará o sobre el cual se inspirará la 4T en materia educativa?

En el sector educativo se requiere, de manera urgente, una reorientación de las políticas públicas. Sobre todo, es necesario recuperar o relanzar, en los hechos, una política focalizada y consistente de revaloración del magisterio nacional. Ello significa, no sólo aumentar el salario de las maestras y los maestros, sino también poner en marcha un amplio programa de actualización magisterial y de fortalecimiento del trabajo que realizan los profesionales de la educación en servicio. Además de generar condiciones laborales más adecuadas (conectividad gratuita, apoyo en equipos electrónicos y de comunicación, etc.), de manera sobresaliente ante la reconversión (que llegó para quedarse) de la labor docente y directiva en las escuelas, que se ha dado durante las crisis sanitaria y económica. Y con ello no reivindico las improvisaciones que significaron los programas “Aprende en Casa” (SEP).

Obviamente, junto con lo anterior, el país demanda de una reorganización de las políticas públicas educativas dirigidas a la formación inicial de las maestras y los maestros de la educación obligatoria. El trato que se les ha dado a las escuelas normales, UPN y centros de actualización del magisterio, en el orden presupuestal, no es el que conviene al país. Todo lo contrario: el Estado mexicano tendría que ser el primero en cuidar los procesos de formación inicial de las y los profesores de la escuela pública, a través de instituciones formadoras de maestras y maestros fortalecidas y en permanente transformación. Esa es la inversión más sólida y consistente que puede lograr una nación. ¿De qué nos servirán instituciones educativas abandonadas para que lleven a cabo la gigantesca y estratégica tarea de transformar las prácticas docentes y directivas escolares, que son la base del sistema educativo nacional?

Restan poco menos de tres años para que concluya el periodo de este gobierno federal de la Cuarta Transformación. El proceso es complejo. No hay que olvidar que el empuje de una transformación social y del cambio de régimen político, si surge desde abajo, va. De lo contrario, dicha transformación social será sólo una ilusión.

En resumen, el país no cuenta con una plataforma alternativa clara en lo educativo, sino que, en todo caso, se han logrado delinear apenas unas políticas públicas que han buscado desmontar la parte del contenido legal de la anterior plataforma política; pero que, en los hechos, se vive como un “continuismo” para el conjunto del magisterio, en lo sustantivo del trabajo cotidiano que se lleva a cabo en las escuelas y en las aulas. Lo cual se suma como un elemento adicional a la crisis del reformismo educativo en México.

Juan Carlos Miranda Arroyo en Twitter: @jcma23

Fuente: https://profelandia.com/educacion-tercer-ano-de-gobierno/

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México: el Estado otorga pocas y limitadas formas de participación política y social de menores

El Estado mexicano tiene una deuda con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) para la formulación de Política Educativa, afirma Salvador Tenorio Maya, estudiante de la maestría en educación para la ciudadanía de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Durante el Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado (ENEPE) realizado dentro del XVI Congreso Nacional de Investigación Educativa (CNIE) organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), Tenorio afirmó que el ejercicio del derecho a la participación de los NNA no se ha podido hacer realidad debido a las pocas y limitadas formas de participación con las que cuentan los NNA.

Para ello, citó dos consultas infantiles realizadas por el Estado, en las cuales además de ser diseñadas y validadas por adultos, no expresan con claridad la utilización de la información obtenida con mecanismos para recuperar las opiniones de los NNA, salvo recomendaciones a voluntad de cada escuela para retomar algunas ideas recabadas.

Por lo cual se hace evidente la demanda de procesos de participación que contemplen acceso a la información y libertad de expresión para tomar en cuenta las voces de los NNA en nuevas políticas educativas.

Por su parte, Alejandra Luna Guzmán, estudiante del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; afirmó que los Consejos Técnicos Escolares  pueden ser un “centro vital” para alcanzar la calidad educativa.

“Cada sexenio se llega con una nueva política educativa que se espera poner en acto de manera automática” afirmó Luna, añadiendo que no es factible que en la realidad sucedan tal cual los cambios, por lo que se requiere analizar desde la micropolítica escolar qué hace viable y qué no la puesta en acto de una política educativa dirigida a mejorar la calidad del servicio educativo.

Para lo anterior, Luna realizó un estudio desde la fenomenología interpretativa en el cual explicó con bases teóricas de Stephen Ball, control, intereses y conflicto que surgen en la intimidad del Consejo Técnico Escolar (CTE).

En consecuencia, concluyó que sí existen prácticas dentro del CTE orientadas a lograr una calidad educativa siempre que haya consciencia de los alcances del colectivo, asimilación del rol de dirección, agencia de la política educativa y una contextualización adecuada que en conjunto superen las resistencias a la misma.

Por otro lado, John Bautista Rosales, doctorando en Política por la Universidad Pedagógica Nacional, presentó avances de un proyecto de investigación en el que a partir de una predominante concepción electoral de la democracia y un contexto universitario poco democrático, se pregunta la posición que mantienen los profesores de la UPN, Hidalgo, respecto al poder.

Para lo anterior se apoya de la afirmación que indica que a diario se reproducen sistemática y visiblemente valores de una hegemonía cultural específica; destacando la necesidad de una cultura política participativa, aquella donde el conjunto de conocimientos, valores y actitudes reflejen el involucramiento de sus miembros.

Finalmente, Lucía Paredes Rojas de la Universidad Autónoma Metropolitana compartió el planteamiento de una investigación para caracterizar significados del proceso cotidiano de gestión escolar desde la perspectiva de los directivos de primarias.

Lo anterior, lo pretende realizar desde un acercamiento etnográfico a lo cotidiano analizando desde la visión de desarrollo económico, dominación y explotación, pues afirmó que al director se le ve como un gerente de cambio en el ámbito escolar y se requiere reflexionar sobre las subjetividades e identidades construidas en la vida diaria.

Fuente de la información e imagen: https://www.educacionfutura.org

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