Por: Conadu histórica.
La pandemia del coronavirus ha puesto en crisis sanitaria, humanitaria, social y económica al mundo y a nuestro país. Las consecuencias inmediatas por la infección masiva son muy graves, con decenas de miles de muertos, en particular en aquellos países cuyos gobiernos han privilegiado la economía – asociados a los intereses de los grupos económicos concentrados- por encima de la salud de la población.
Esta es la tensión y disputa que recorre el mundo y también nuestro país.
La inevitable cuarentena es un gran esfuerzo del conjunto del pueblo para frenar los efectos del contagio de la pandemia. En este escenario, es necesario privilegiar la emergencia sanitaria por el COVID-19, también enfermedades preexistentes como el dengue y sarampión que recrudecen en varias provincias argentinas. Todos los recursos del Estado deben ser puestos en función de cuidar vida y la salud del pueblo. Pero las desigualdades sociales, el hambre, una desocupación de casi el 9% en el cuarto trimestre de 2019, la pobreza de casi el 40% de la población que nos dejaron, exige en particular atender la emergencia sanitaria y social de gran parte de la población cuyas condiciones de aislamiento o de cuarentena son extremadamente difíciles.
A su vez, las consecuencias de deterioro en la estructura económica y productiva van a ser profundas y el aumento de la desocupación es una realidad que golpea con crudeza a la clase trabajadora y que amenaza con profundizarse. Se estima que se perderán más de 25 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, pero a su vez las patronales empresarias imponen rebajas salariales, suspensiones y retiros anticipados, y no dudan en pedir la represión contra quienes reclaman por sus derechos, como ocurrió en el frigorífico Penta.
Los recursos económicos para atender la emergencia sanitaria y social pueden y deben salir de los sectores y grupos económicos concentrados de la economía que se han enriquecido en los últimos años, a través de medidas como impuestos de emergencia a las grandes fortunas u otras, y resulta ineludible la suspensión de los pagos de la deuda externa y su investigación.
▶️La Universidad al servicio del pueblo
A partir de la declaración de la emergencia sanitaria, desde la CONADU HISTÓRICA hemos convocado a la Docencia Universitaria y Preuniversitaria a poner nuestros conocimientos, profesiones y experticias, al servicio del pueblo.
Son muchísimas las experiencias de grupos de docentes y estudiantes que realizan acciones de extensión, que van desde la fabricación de insumos sanitarios -cómo alcohol en gel- hasta respiradores de bajo costo, o la disposición de miles de estudiantes voluntaries en las facultades de medicina, farmacia y carreras afines para contribuir al sostenimiento del sistema de salud que va a ser puesto bajo una tensión inédita. Asimismo, también se registran Universidades que han ofrecido sus residencias estudiantiles, tanto para posible adecuación hospitalaria, como así también lugares de refugio para mujeres en situación de violencia doméstica (agravada en tiempos de cuarentena).
Las Universidades deben privilegiar el poner a disposición toda su estructura al servicio de las necesidades urgentes del pueblo. Esta es la prioridad y es mucho lo que se puede aportar. Comenzando por la atención de los estudiantes que al cerrarse comedores universitarios no están recibiendo viandas ni bolsones de comida y aquellos que ante la crisis necesitan que se amplíe la cobertura de becas y su incremento.
▶️Las actividades de enseñanza
En el contexto de la necesaria suspensión de las clases y aislamiento del conjunto de la población, continuar con la vinculación pedagógica con las y los estudiantes a través de las herramientas virtuales es una importante contribución para transitar esta emergencia. Bajo ningún punto de vista deben agravar o complicar aún más esa situación.
Las consecuencias económico-sociales de la pandemia son y serán muy graves y profundas en el conjunto del pueblo argentino, y por lo tanto en lo inmediato son inevitables los retrasos, alteraciones y modificaciones del proceso de enseñanza, y deberán mitigarse fundamentalmente con las adecuaciones del calendario académico. Entendemos esta situación como transitoria y excepcional en tránsito al retorno a las clases, que debe darse cuando se reúnan las condiciones de protección de la vida y sanitarias para hacerlo.
Tanto la modalidad virtual en la enseñanza, como la readecuación de los calendarios académicos – en tanto implican modificar las condiciones de trabajo de la docencia – deben discutirse en paritarias con los gremios representativos a nivel nacional y en cada Universidad. Esto no ha sido así en gran parte de las instituciones universitarias. No sólo no se ha consultado y discutido con la docencia y el estudiantado, sino ni siquiera con los órganos colegiados de gobierno, generalizándose resoluciones unipersonales de rectorados “ad referéndum”.
Existe además una imposibilidad fáctica para que ciertas disciplinas y carreras se puedan desarrollar plenamente bajo la modalidad virtual, en particular aquéllas donde las actividades presenciales en grupos, en laboratorios, trabajos de campo, plantas pilotos, etc., son imprescindibles.
Asimismo, la implementación de esta modalidad virtual puede implicar la vulneración de derechos de la docencia, tanto por las condiciones socio-económicas del aislamiento al cual estamos sometidos, o porque el tránsito abrupto de la modalidad presencial a la virtual exige medios y nuevos saberes que en muchos casos no se cuentan, entre otras causales. En particular planteamos la eximición de las tareas laborales para docentes que en la situación de aislamiento, realizan mayores tareas de cuidado por tener menores y/o adultos mayores a cargo, y de todos los casos contemplados en decretos y resoluciones vigentes.
Tampoco se debe perder de vista que miles de estudiantes pueden quedar fuera de la enseñanza por no tener las condiciones de mínimas de conectividad o de estudio en sus hogares sometidos con toda la familia a las condiciones de aislamiento.
Manifestamos que la Universidad Pública Argentina más que nunca debe estar al servicio del Pueblo ante esta situación de emergencia que afecta a nuestro país y a la humanidad toda, que debemos garantizar como prioridad la vida de las y los argentinos, contemplar las distintas realidades familiares que se producen en docentes y estudiantes.
Asimismo – y en función de las asimetrías y desigualdades que existen tanto en la docencia , en el estudiantado como entre las distintas universidades de las regiones del país, más otras tantas que podrían agregarse – entendemos que forzar a docentes y estudiantes a una continuidad de calendario académico trasladando mecánicamente el cursado del cuatrimestre a la modalidad virtual sin contemplar las condiciones sociales y psicológicas de los distintos actores involucrados y sus entornos, justamente podría constituirse en un negacionismo de la situación de emergencia y grave crisis del país, incrementando así la brecha de desigualdad, incertidumbre y complejidad, en la que ya estamos inmersos.
La pandemia es una emergencia de la cual salimos colectivamente. Esto implica que las decisiones que se tomen en las distintas Universidades deben estar consensuadas entre los distintos componentes de la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y no docentes.
CONADU HISTORICA-FEDERACION NACIONAL DE DOCENTES, INVESTIGADORES Y CREADORES UNIVERSITARIOS
Fuente de la reseña: https://www.facebook.com/conadu.historica/photos/a.1581609842090993/2599239876994646/?type=3&theater
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