Equidad y Plan Sectorial de Educación: con el agua al cuello…

Por: Sylvie Didou Aupetit

 

Cinvestav

Proyecto CONACYT A1-S-8492

El 6 de julio 2020, 18 meses después de que iniciara labores el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Diario Oficial de la Federación (D.O.F) publicó el Plan Sectorial de Educación 2020-2024 (PSE). Dicho Plan remarca diferencias con las políticas sectoriales anteriores, cuyas desviaciones y corruptelas, financieras y éticas, denuncia conforme con una narrativa de oposición entre el pasado y el presente. Alineado con el discurso presidencial, el PSE plantea como su eje principal la inclusión de colectivos vulnerables, en condiciones de calidad e interculturalidad, con el propósito de no dejar a nadie atrás, como lo recomienda la UNESCO, y, asimismo, de no dejar a nadie fuera (PSE: 199).

En esa cruzada en pro de la igualdad educativa, participan todos los niveles. En el superior, los objetivos centrales son expandir la matricula e instalar instituciones, públicas y gratuitas, en entidades con brechas de atención (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo). Se localizaran preferentemente en municipios con alta marginalidad para mejorar los grados de accesibilidad de la población a las infraestructuras.

En consecuencia, la estrategia prioritaria 1.6 está enfocada a “garantizar la obligatoriedad y la gratuidad de la educación media superior y superior como condición para asegurar el acceso de adolescentes y jóvenes al conocimiento, la cultura y el desarrollo integral”. Recomienda para ello: hacer un uso más intensivo de las TIC para suministrar servicios educativos a usuarios no tradicionales en modalidades mixtas/no escolarizadas; otorgar becas y apoyos a quienes carecen de medios financieros para cursar estudios superiores; ampliar los cupos en los establecimientos preexistentes; revisar los mecanismos de selección y admisión de estudiantes pertenecientes a grupos sociales desfavorecidos en sus oportunidades de acceso; armonizar los planes de crecimiento de matrícula de las entidades federativas y de los subsistemas universitario, tecnológico y educación normal y  crear “universidades públicas de vocación comunitaria y sostenibles” (PSE: 217)

A su vez, procurar ensanchar la cobertura de un 39.7% del grupo de edad a un 49% y suministrar una educación social-, cultural- y laboralmente pertinente obligará las instituciones a diferenciar las medidas pedagógicas de atención a los colectivos en dificultad para reducir sus tasas de deserción, por ahora superiores a la tasa promedio nacional. Implicará revalorar las labores docentes con respecto de las de investigación y rescatar la figura del profesor universitario dedicado de tiempo completo a la enseñanza. Supondrá impulsar la carrera docente en educación superior, reclutando a gran escala a académicos y garantizando que adquieran competencias pedagógicas, indispensables para instrumentar la anunciada transformación curricular, cuyos contenidos específicos se requeriría, por cierto, precisar.

Difícilmente, uno discrepa de esas prioridades. Es urgente que el sistema de educación superior mejore su equidad y eficiencia, imparta contenidos relevantes e incremente sus tasas de egreso. Lo anterior no debe, sin embargo, disimular que el Programa no aporta respuestas claras sobre cómo reunir los medios indispensables al éxito de esos propósitos.

El principal interrogante concierne la suficiencia de recursos. El PSE, en el apartado de desglose de los compromisos, insertó sistemáticamente la advertencia de que su consecución depende de la obtención de un presupuesto acorde a la meta. Esa leyenda contradice el principio de que cualquier programa oficial, guía de la acción pública, debe contar con un presupuesto de ejecución adecuado a sus objetivos. La indefinición sobre los amarres financieros del PSE preocupa cuanto más que la austeridad a toda costa, impuesta por el gobierno desde 2019, y las crisis derivadas de la pandemia del COVID-19, en 2020, afectaron negativamente las tareas rutinarias del sistema educativo y genera serias dudas sobre la viabilidad de cualquier proyecto de transformación.

Otras cuestiones son políticas. Aunque el PSE reitera su respecto a la autonomía de las universidades en lo que refiere a diseño de planes y programas y a selección de los aspirantes, los lineamientos expresados al respecto así como otras propuestas (gratuidad de los servicios educativos cuando muchas instituciones públicas cobran derechos de inscripción y cuotas, por ejemplo) constituyen motivos potenciales de tirantez entre la Secretaría de Educación Pública y los establecimientos.

Unos asuntos más son instrumentales. El PSE inserta, entre las tareas imprescindibles para mejorar el funcionamiento del sistema de educación superior, el producir una información sobre perfiles, condiciones y resultados de los distintos sectores que lo integran y el contar con una burocracia que tenga mayores niveles de capacitación y sea menos fiscalizadora de las labores académicas. No obstante, no identifica cómo concretar ambas expectativas, repitámoslo, fundamentales para recuperar la funcionalidad de un sistema, lastrado por una regulación hipertrofiada y por dispositivos de gestión confusos y, a veces, incompatibles.

Finalmente, el PSE es parco en el análisis de las dos iniciativas que, a la fecha, han constituido las marcas distintivas de la política gubernamental de educación superior: si bien señala que los programas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, establecidos en el PND 2019-2024, son prioritarios (PSE: 198), no abunda ni en sus ventajas, ni en sus limitaciones.

En suma, en educación superior, el PSE es un documento diagnóstico y aspiracional. Es generoso, pero no es operacional, en contradicción con lo que se espera de un documento de esa índole. Están desdibujados las rutas de acción y los apoyos indispensables, si se quiere transitar de una retórica sobre un futuro promisorio a una dinámica inminente de cambio pautado y medible, es decir con resultados que, aunque modestos, se comprueben ya, es decir a partir de 2021 (no de 2040). Y, en vísperas de otra década perdida, en el país y en la región, las cuestiones del “cómo” y del “con qué” no son intrascendentes sino cruciales.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/equidad-y-plan-sectorial-de-educacion-con-el-agua-al-cuello/