Por: Sulem Estrada
El presupuesto educativo aumentó 4.2% respecto del año anterior, pero ¿a qué rubros se destinará este aumento? Diversos programas en materia educativa reciben aumentos significativos, mientras que otros se ven afectados por recortes importantes.
El programa de Producción y distribución de libros y materiales culturales se reduce en un 12.57%. Tomando en cuenta el rezago educativo que enfrentan los alumnos, quienes en su mayoría no cuentan con los recursos para acceder a dichos materiales, esta reducción se vuelve muy significativa, pues deja al descubierto el doble discurso del gobierno cuando afirmaba que el regreso a clases presenciales era necesario para abatir el rezago.
Por otro lado, en un país que ocupa los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial -que se convierte además en un factor de riesgo con el Covid-19-, se reduce un 25.59 % el programa de Atención para el deporte.
Una de las reducciones en el presupuesto, de las más destacadas, las encontramos en programas tan importantes y necesarios como lo es el de Políticas de igualdad de género en el sector educativo, al cual se le redujo un 59.24 % en un sector mayoritariamente femenino y en un país donde asesinan a 11 de nosotras cada día.
¿A dónde va entonces el presupuesto educativo?
Desde el año pasado, como mencionamos aquí, hubo un importante aumento presupuestal hacia la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). En este año, fiel a su política de mantener y en determinados aspectos profundizar en los hechos el espíritu neoliberal de la reforma educativa peñista -que no se abrogó en su totalidad con la reforma de AMLO- se aumentó un 395.72% a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) que garantiza los procesos de evaluación docente y un 146% a los procesos de Formación Docente. Asimismo, se otorgará un incremento de 386 % al programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa.
Este aumento pretende garantizar que las y los docentes se inscriban a los procesos de evaluación para obtener un aumento salarial -que resulta muy necesario para llegar a fin de mes, pues los salarios han perdido buena parte de su poder adquisitivo- pero a costa de enfrentar evaluaciones que poco o nada tienen que ver con su desempeño en el aula y mucho menos con sus necesidades como docentes.
Aunado a esto, las y los docentes de distintos estados de la república denunciaron que los procesos de la USICAMM son poco transparentes, muy desprolijos y llenos de errores que han perjudicado a quienes realizaron el esfuerzo de inscribirse.
Podría pensarse que este aumento podría garantizar mejorar la educación a través de “fortalecer” a los docentes, sin embargo, eso está muy lejos de la realidad.
La evaluación docente no garantiza mejorar la educación
Los procesos de evaluación emanados de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros profundizan la desigualdad no solo salarial sino pedagógica.
Esto porque las y los docentes deben capacitarse y evaluarse en su tiempo libre, pues inscribirse a los cursos de actualización no implica que pueda hacerse en horario laboral ni que les liberen horas de trabajo para poderlo hacer. Por otro lado, la capacitación no necesariamente está adecuada a las necesidades de las y los docentes y aún cuando así fuera, esto tampoco garantiza que sólo por recibirla logren un mejor desempeño en su labor, pues esto depende de múltiples factores como contar con una infraestructura adecuada, tener grupos reducidos, acceso a materiales didácticos y un largo etcétera. Aún si los cursos y la evaluación pudieran garantizar una mejora en el desempeño de las y los docentes, éste sería desigual, pues no todos pueden acceder a tomarlos, lo que provocaría que hubiera maestros de primera y maestros de segunda en detrimento de la educación de los alumnos.
Para que la capacitación y la evaluación tengan un impacto en mejorar la educación, éstos deberían estar garantizados para todos por igual. La única forma de poder hacerlo sin afectar los derechos laborales de los docentes es que se otorgue tiempo de la jornada laboral para ello -que podría hacerse otorgándoles años sabáticos, por ejemplo.
La desigualdad entre quienes pueden acceder y quienes no, afecta principalmente a las mujeres que son quienes, en su mayoría, atienden los trabajos de cuidados y limpieza de sus hogares, por lo que objetivamente tienen menos posibilidades de acceder a eso, en un gremio mayoritariamente femenino.
Por un presupuesto que se ajuste a nuestras necesidades
Para atender las necesidades de las escuelas es necesario que exista un aumento verdaderamente significativo al presupuesto -que puede provenir de dejar de pagar la ilegítima deuda externa, de impuestos progresivos a las grandes fortunas y de redireccionar el presupuesto que hoy se destina a los megaproyectos, la Guardia Nacional y la militarización del país- y que éste se ejerza en los rubros que las y los docentes, alumnos y madres y padres de familia requieren y no para satisfacer las “recomendaciones” de los organismos financieros internacionales.
Para ello es indispensable que tengamos voz y voto en la toma de decisiones sobre cuánto dinero se destina y para qué y no sigamos siendo convidados de piedra en las decisiones que son fundamentales para el funcionamiento de la educación.
Urge democratizar nuestro sindicato para que podamos discutir entre todos y todas, cómo hacer para conquistar un aumento presupuestal, así como para poder intervenir en la toma de decisiones sobre cómo y en qué debe gastarse el presupuesto educativo, pues por lo visto el SNTE sigue dejando pasar sin chistar las decisiones que en materia educativa toma la 4T como otrora hizo con los gobiernos priístas y panistas.
Ahí en donde tiene presencia, la CNTE debe romper la pasividad y ponerse a la cabeza de impulsar las asambleas de base, y dejar de confiar en las mesas de diálogo con AMLO como estrategia central, que dicho sea de paso ya ni siquiera se digna a abrirles.
Fuente de la información e imagen: https://www.laizquierdadiario.mx