México: denuncian «clima de impunidad» en violencia contra comunidades de Chiapas

Las organizaciones Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI, por sus siglas en inglés) y Front Line Defenders manifestaron su preocupación por «el clima de impunidad y la falta de condiciones de seguridad» para las comunidades tsotsiles y tseltales de los municipios de Aldama, Ocosingo, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón y Pantelhó, en Chiapas, violentadas por grupos armados y paramilitares.

De acuerdo con testimonios recopilados por el IPRI, quienes integran los grupos armados «son presuntamente hijos de paramilitares que fueron entrenados por el Ejército mexicano en la década de los noventa y que reproducen prácticas de intimidación con el objetivo de controlar el territorio e inhibir la organización comunitaria».

Las organizaciones señalaron que en los primeros días del 2022 se han registrado ataques armados contra las comunidades tstosiles de Aldama, que han dejado por lo menos un muerto y un herido, así como la entrada de encapuchados con armas a la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio, en el municipio Lucio Cabañas, Ocosingo.

Frente a la violencia contra las comunidades indígenas de Chiapas y la impunidad, el IPRI y Front Line Defenders llamaron a las autoridades federales y estatales a esclarecer los ataques, a conducir una investigación que identifique a los responsables y a asegurarse de que las comunidades defensoras puedan vivir en un ambiente seguro para defender y ejercer sus derechos humanos colectivos e individuales.

A continuación el comunicado completo:

The Indigenous Peoples Rights International (Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional, IPRI) y Front Line Defenders expresamos nuestra profunda preocupación ante una nueva ola de violencia en contra de comunidades indígenas tsotsiles y tseltales en el estado de Chiapas. Durante los primeros días del año 2022, organizaciones locales han informado a las firmantes de esta carta sobre constantes agresiones por parte de grupos armados en los municipios de Aldama, Ocosingo, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Pantelhó y otros, en el estado de Chiapas.

Las comunidades afectadas han reportado que la impunidad que prevalece tras este tipo de agresiones favorece un ambiente de inseguridad y desplazamientos forzados. IPRI ha documentado testimonios directos que indican que quienes integran estos grupos armados son presuntamente hijos de paramilitares que fueron entrenados por el Ejército mexicano en la década de los noventa y que reproducen prácticas de intimidación con el objetivo de controlar el territorio e inhibir la organización comunitaria y el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Front Line Defenders e IPRI destacamos que el caso del asesinato del defensor de los derechos indígenas Simón Pedro Pérez López, perpetrado el 5 de julio de 2021 en la cabecera municipal de Simojovel, permanece impune al no haber avances importantes en las investigaciones, lo que ha permitido que nuevos hechos de violencia sigan afectando el tejido social y la seguridad de las comunidades organizadas. Simón Pedro Pérez López era integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Las organizaciones firmantes hemos recibido información sobre varias agresiones por parte de grupos armados en contra de la población civil de las comunidades indígenas de Chivit, Stzelejpotobtik, Yeton, Xuxchen, Tabac, Juxton, Coco’, Stselej Potov y la Cabecera Municipal de Aldama, en el estado de Chiapas, tan sólo en los días que van del 5 de enero al presente. El mismo día 5 de enero, habitantes del municipio de Aldama alertaron a las autoridades del gobierno de Chiapas sobre detonaciones de explosivos en su territorio.

El 9 de enero de 2022 continuaron los disparos en diversos puntos del municipio de Aldama. En el poblado Xuxch, las detonaciones alcanzaron al indígena tsotsil Javier Hernández de la Torre cuando se dirigía a su cafetal en compañía de su familia. Javier Hernández de la Torre es integrante de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y actualmente se recupera en un hospital de una herida de proyectil que le atravesó la cabeza.

El 10 de enero de 2022, el joven indígena Lorenzo Gómez Ruíz fue alcanzado por un proyectil en la comunidad de Stzelejpotobtik y murió horas después mientras recibía atención médica en el hospital de San Cristóbal de las Casas. El mismo día, aproximadamente a la 1 de la tarde, un grupo de alrededor de 15 personas encapuchadas y armadas ingresó a la comunidad autónoma 16 de Febrero, ubicada en el municipio de Ocosingo. Las personas armadas golpearon a un menor de edad y forzaron a la señora Hilaria Hernández Gómez a salir de su casa con su hijo de 3 años de edad, en brazos. Aunque más tarde se localizó con vida a la señora Hernández y a sus tres hijos, organizaciones locales reportan que el grupo armado continúa posicionado dentro de las tierras de la comunidad.

Las comunidades indígenas del estado de Chiapas que fueron agredidas en estos hechos defienden de manera pacífica sus derechos colectivos al territorio, a la autonomía y a la libre determinación. Estos derechos se defienden de manera colectiva, a través de aquellas prácticas que integran la libre determinación. Las agresiones armadas en contra de estas comunidades defensoras son una forma de lastimar el tejido comunitario y al sujeto colectivo comprometido con la salvaguarda de sus derechos.

Las organizaciones firmantes rechazamos los altos niveles de violencia que se registran contra las comunidades defensoras de los derechos indígenas en el estado de Chiapas, especialmente en los municipios de Aldama, Ocosingo, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón y Pantelhó, y reiteramos nuestra preocupación ante el clima de impunidad y la falta de condiciones de seguridad adecuadas para estas formas comunitarias de defensa de derechos humanos en el estado de Chiapas.

Llamamos a las autoridades federales y estatales a esclarecer los nuevos hechos de violencia, a conducir una investigación con debida diligencia para llevar a los responsables ante la ley de forma expedita y a asegurarse de que las comunidades defensoras puedan vivir en un ambiente seguro para defender y ejercer sus derechos humanos colectivos e individuales.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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