Argentina: Educación sin parches para la infancia

Argentina/2 de junio de 2016/Fuente: clarin

Celebramos la iniciativa del gobierno nacional de enviar al Congreso un proyecto de ley para que la educación inicial sea obligatoria en todo el país a partir de los tres años y la construcción de tres mil jardines de infantes. Pero también creemos que el Estado debe ampliar la oferta educativa para la primera infancia en el marco de una política educativa integral y prioritaria. La educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los niños de 45 días hasta los cinco años de edad inclusive, siendo obligatorios los dos últimos años. Esta etapa de la vida es considerada la de mayores aprendizajes, de vital importancia para el sujeto y la construcción de su ciudadanía.

Hoy comprobamos falta de vacantes estatales en salas de 45 días a dos y tres años. La educación inicial ha incrementado considerablemente su matrícula ya que la ley 27.045 establece la obligatoriedad de la sala de cuatro años.

Para ocuparse de esta demanda otras áreas sociales de diversos gobiernos -nacionales y provinciales- consolidaron los Centros de Primera Infancia (CPI), pero allí el abordaje es exclusivamente de contención.

La políticas educativas en primera infancia no pueden ser a través de manotazos o parches circunstanciales. Es por eso que exigimos que las instituciones que atienden esta franja etaria cuenten con maestros de nivel inicial, diseño curricular, proyecto pedagógico y equipamiento e infraestructura de calidad. No es lo mismo una guardería en desarrollo social que un jardín en educación. La construcción de jardines debe realizarse dentro de la órbita de los ministerios de Educación para atender esta demanda.

Las políticas de primera infancia en el marco de la protección integral de los derechos niñas, niños y adolescentes inaugura una nueva etapa en el accionar de las políticas públicas con respecto a la niñez. Asimismo, la Convención de los Derechos del Niños abre una nueva retórica sobre el concepto de sujeto de derecho en la que detalla el derecho de cada niño a lograr su óptimo potencial de salud, educación y desarrollo y explicita el rol garante del Estado. Esto implica un cambio paradigmático que modifica de manera sustantiva la relación entre Estado, familias e infancias. El Estado tiene la obligación indelegable de universalizar los servicios educativos y garantizar este derecho.

Apoyamos que el Estado se comprometa con la oferta educativa de primera infancia. Promover políticas públicas basadas en justicia educativa implica dar respuestas integrales que resulten de proyectos que propicien la mirada superadora de visiones fragmentadas, estableciendo metas adecuadas con mayor inversión educativa para esta franja etaria.

Maximiliano Ferraro es legislador porteño (Coalición Cívica ARI), presidente de la Comisión de Educación en la Legislatura

Fuente: http://www.clarin.com/opinion/Educacion-parches-infancia_0_1587441369.html

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