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Las temerarias devoluciones de refugiados de la UE a Turquía son ilegales

Amnistía Internacional

La Unión Europea (UE) debe paralizar inmediatamente los planes de devolver a solicitantes de asilo a Turquía sobre la base ficticia de que es un “país seguro” para los refugiados, afirma Amnistía Internacional en un documento que publica hoy.

El documento, titulado, No safe refuge: Asylum-seekers and refugees denied effective protection in Turkey, detalla los defectos del sistema de asilo de Turquía y las dificultades que afrontan las personas refugiadas en ese país y que hacen que su devolución en aplicación del acuerdo UE-Turquía del 18 de marzo sea no sólo ilegal, sino inadmisible.

El documento muestra las dificultades que tiene el sistema de asilo de Turquía para hacer frente a más de tres millones de solicitantes de asilo y refugiados. Como consecuencia, los solicitantes de asilo pueden esperar años a que se estudien sus casos, tiempo durante el cual reciben poca o ninguna ayuda para encontrar alojamiento y sustento para sí y para sus familias, por lo que hay incluso niños de tan solo nueve años trabajando para mantener a sus familias.

“El acuerdo UE-Turquía es temerario e ilegal. Las conclusiones de Amnistía Internacional desenmascaran la idea ficticia de que Turquía puede respetar los derechos y cubrir las necesidades de más de tres millones de solicitantes de asilo y refugiados”, dijo John Dalhuisen, director para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“En sus constantes esfuerzos para impedir las llegadas irregulares a Europa, la UE está tergiversando a propósito lo que ocurre realmente en Turquía. Es de esperar que un nuevo sistema de asilo, en el país que acoge al mayor número de refugiados del mundo, tenga dificultades. Aunque es positivo apoyar y alentar a Turquía a que desarrolle un sistema de asilo totalmente operativo, la UE no puede actuar como si ya existiera.”

Turquía no protege a los refugiados

Pese a su actitud de bienvenida en general hacia los refugiados, el gran número de personas —cerca de 2,75 millones de refugiados sirios y 400.000 solicitantes de asilo y refugiados de otros países (principalmente Afganistán, Irak e Irán)— ha impuesto inevitablemente una considerable carga en el sistema de asilo de Turquía y su capacidad para cubrir las necesidades básicas de las personas.

El informe muestra que el sistema de asilo turco no pasa tres pruebas cruciales que exige superar el derecho internacional para que la devolución de solicitantes de asilo a Turquía sea legal: estatuto, soluciones duraderas y subsistencia.

1. Estatuto

Turquía carece de capacidad para procesar solicitudes de asilo, lo que significa que cientos de miles de solicitantes de asilo y refugiados permanecen años en un limbo legal. Las autoridades turcas se han negado a facilitar a Amnistía Internacional estadísticas sobre asilo. Sin embargo, en abril informaron de que habían procesado alrededor de 4.000 solicitudes, es decir, el 1,5 por ciento de las 266.000 solicitudes registradas en la Agencia de la ONU para los Refugiados en 2015.

2. Soluciones duraderas

Las personas refugiadas deben integrarse en el país de asilo, ser reasentadas en otro país o, si no hay riesgo, ser repatriadas a su país de origen. Sin embargo, Turquía niega el estatuto de refugiado completo, y con él la integración, a todas las personas refugiadas no europeas, mientras la comunidad internacional no proporciona ni de lejos opciones o plazas de reasentamiento suficientes. Esto deja a los refugiados en un dilema, pues no pueden construir una nueva vida en Turquía, pero tienen pocas esperanzas de que se les ofrezca la opción de reasentarse en otro país en los próximos años, si es que se les llega a ofrecer.

Faiza (nombre supuesto) y su hermana, ambas afganas, huyeron de sendos matrimonios forzados en Irán y fueron reconocidas como refugiadas en Turquía. Durante tres años esperaron en vano una entrevista en la embajada de un país de reasentamiento. Al final no vieron más opción que arriesgar la vida en el barco de un contrabandista para ir a Grecia.

Faiza dijo a Amnistía Internacional que si hubiera habido alguna perspectiva razonable de salir de Turquía sin riesgos y de forma regular, y algún apoyo mientras esperaban a que concluyera el proceso, ella y su hermana habrían esperado. Explicó: “Si hubiera habido alguna esperanza de reasentamiento, habríamos esperado. Nos aterrorizaba realmente el viaje a Europa porque sabíamos que era peligroso. Pero estábamos desesperadas. Nos dijimos: ‘Tal vez muramos, tal vez no lleguemos, pero no importa, porque no podemos quedarnos más tiempo en Turquía.’”

 

Tal vez muramos, tal vez no lleguemos, pero no importa, porque no podemos quedarnos más tiempo en Turquía.
Faiza (nombre supuesto), refugiada afgana en Turquía.

 

3. Subsistencia

La inmensa mayoría de los refugiados sirios y de otros países se ven obligados a buscar alojamiento sin la ayuda del gobierno. Aunque las autoridades turcas han alojado a más de 264.000 refugiados sirios en campos en las provincias fronterizas del sur, no pueden razonablemente dar alojamiento al restante 90 por ciento (2,48 millones de personas) de refugiados procedentes de Siria. Mientras tanto, sólo ha proporcionado viviendas sociales a 100 de los 400.000 solicitantes de asilo y refugiados de otros países (el 0,025 por ciento). Esto significa que aproximadamente tres millones de solicitantes de asilo y refugiados se ven obligados a cubrir sus necesidades de alojamiento por su cuenta.

El equipo de investigación de Amnistía Internacional entrevistó en Turquía a 57 personas refugiadas entre marzo y mayo de 2016. Todas describieron sus dificultades para sobrevivir sin apenas ayuda económica de las autoridades, pues la inmensa mayoría depende de la caridad de familiares, otros solicitantes de asilo o comunidades religiosas.

Contaron a Amnistía Internacional cómo viven en alojamientos precarios o improvisados, durmiendo a veces en mezquitas, parques y estaciones de metro porque no pueden pagar un alquiler. Dos familias afganas dormían bajo un puente en Estambul después de que tres de sus hijos se ahogasen en una travesía marítima fallida.

“Turquía es un anfitrión generoso con los refugiados, pero sus promesas a los líderes de la UE simplemente no se reflejan en la realidad. Los solicitantes de asilo y refugiados están atrapados durante años en Turquía y, mientras esperan, no se les da ni ayuda para subsistir ni el derecho a procurar su subsistencia”, dijo John Dalhuisen.

 

Esta es la realidad que deben ver los líderes de Europa.
John Dalhuisen

 

“Esta es la realidad que deben ver los líderes de Europa. Puede que sea políticamente conveniente externalizar su obligación legal de ayudar a las personas que huyen del conflicto, pero si creen que pueden hacerlo legalmente o sin infligir un dolor adicional a personas que ya huyen de un sufrimiento terrible, están en un trágico y muy evidente error.”

Menores refugiados que trabajan para subsistir

El informe también advierte de que el trabajo infantil es habitual entre los refugiados en Turquía, pues las familias tienen dificultades para cubrir necesidades básicas.

Una siria madre de tres niños dijo a Amnistía Internacional que toda su familia de siete personas sobrevive con las 5-10 liras turcas al día (alrededor de 1,75-3,50 dólares estadounidenses) que gana su hijo de nueve años trabajando en una tienda de comestibles. Las heridas de metralla que sufrió su esposo en Siria le impiden trabajar.

La UE debe compartir, no externalizar, la responsabilidad

En lugar de trasladar sus responsabilidades a Turquía, la UE debería poner en marcha un ambicioso programa de reasentamiento para los refugiados que están actualmente en este país.

Mientras Turquía acoge a más de tres millones de solicitantes de asilo y refugiados, más que ningún otro país del mundo, los Estados miembros de la UE reasentaron colectivamente a sólo 8.155 refugiados de todo el mundo en 2015.

“La Unión Europea ha respondido a una de las catástrofes humanitarias más terribles de nuestra época levantando vallas, desplegando más guardias de fronteras y cerrando acuerdos dudosos con países vecinos para impedir que entre la gente. El resultado es dolor y sufrimiento, y más muertes en el mar”, concluyó John Dalhuisen.

Información complementaria: El acuerdo UE-Turquía ya está socavado por devoluciones desde Turquía a Afganistán, Irak y Siria

El 18 de marzo de 2016, la UE y Turquía firmaron un acuerdo sobre control de la migración de gran alcance (formalmente una declaración). A cambio de hasta 6.000 millones de euros, así como de concesiones políticas de la UE, Turquía accedió a aceptar de nuevo a todos los “migrantes en situación irregular” que llegasen a las islas griegas después del 20 de marzo.

La justificación del acuerdo UE-Turquía es la presunción de que Turquía es un país seguro al que pueden ser devueltos solicitantes de asilo y refugiados. Además de no respetar los derechos de las personas refugiadas dentro de Turquía (el tema de este informe), otra forma de calibrar si un país podría no ser “seguro” es si envía a personas a otros países donde estas corren el riesgo de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Investigaciones anteriores de Amnistía Internacional ya han demostrado que a finales de 2015 y principios de 2016, se devolvió a solicitantes de asilo y refugiados que estaban en Turquía a lugares donde corren precisamente este riesgo: Afganistán, Irak y Siria.

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Afganistán: El número de personas internamente desplazadas por el conflicto se duplica hasta los 1,2 millones en tan sólo tres años

www.amnesty.org

El número de personas que, en Afganistán, han huido de la violencia y permanecen atrapadas en su propio país –donde se encuentran al límite de la supervivencia– se ha duplicado espectacularmente a lo largo de los últimos tres años, según destaca un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional.

Nada menos que 1,2 millones de personas se encuentran internamente desplazadas en Afganistán a día de hoy: un incremento dramático respecto a las aproximadamente 500.000 de 2013. Los afganos constituyen ya una de las poblaciones de refugiados más grandes del mundo: se calcula que 2,6 millones de personas con ciudadanía afgana viven fuera de las fronteras del país.

El nuevo informe de Amnistía Internacional, ‘My Children Will Die This Winter’: Afghanistan’s Broken Promise to the Displaced, arroja nueva luz sobre las víctimas olvidadas de la guerra del país que han huido de sus casas pero permanecen desplazadas dentro de las fronteras nacionales.

“Mientras la atención mundial parece alejarse de Afganistán, corremos el peligro de olvidar la terrible situación de las personas a las que el conflicto ha dejado atrás”, ha manifestado Champa Patel, directora de Amnistía Internacional para Asia meridional.

“Incluso tras huir de sus casas en busca de seguridad, un número cada vez mayor de personas afganas se consumen en condiciones atroces en su propio país, y luchan por su supervivencia sin vislumbrar el final.”

La investigación realizada por Amnistía Internacional concluyó que, pese a las promesas formuladas por los sucesivos gobiernos afganos, las personas internamente desplazadas de Afganistán siguen careciendo de cobijo, comida, agua, atención médica y oportunidades de educación y empleo.

“Preferiría estar en la cárcel que en este lugar; al menos en la cárcel no tendría que preocuparme por la comida y el cobijo.”
“Ni siquiera un animal viviría un sitio como este, pero nosotros tenemos que hacerlo”,

dijo a Amnistía Internacional Mastan, una mujer de 50 años que vivía en un campamento en Herat. “Preferiría estar en la cárcel que en este lugar; al menos en la cárcel no tendría que preocuparme por la comida y el cobijo.”

La situación se ha deteriorado dramáticamente en los últimos años, y cada vez hay menos ayuda y artículos de primera necesidad, como la comida, disponibles. En 2014 se lanzó una nueva política nacional sobre personas internamente desplazadas que podría ser una tabla de salvación para quienes han tenido que desplazarse, pero que apenas se ha implementado, obstaculizada por la presunta corrupción, la falta de capacidad del gobierno afgano y el desvanecimiento del interés internacional.

Desalojos forzosos

Pese a que las autoridades afganas han prometido mejorar las condiciones en las que viven las personas internamente desplazadas, Amnistía Internacional ha concluido que los desalojos forzosos –ya sea por parte del gobierno o de actores privados– constituyen una amenaza diaria.

El 18 de junio de 2015, primer día del Ramadán, un grupo de hombres armados vestidos con ropas militares amenazaron con arrasar con excavadoras el campamento de Chaman-e-Babrak, en Kabul. Un anciano protestó por el intento de desalojo forzoso, y pidió a unos policías cercanos que detuvieran la acción de las excavadoras. Los hombres armados lo golpearon, lo que provocó una manifestación de protesta.

Como respuesta, según af los residentes, la policía y los hombres armados abrieron fuego contra las personas internamente desplazadas: mataron a dos de ellas e hirieron a diez. Entre los heridos había un niño de 12 años. No se ha llevado a cabo ninguna investigación, y nadie ha comparecido ante la justicia.

Una vida al límite de la supervivencia

La mayoría de las comunidades de personas internamente desplazadas carecen de acceso a instalaciones básicas de salud. Estas personas, que sólo disponen ocasionalmente de clínicas móviles gestionadas por ONG o por el gobierno, a menudo se ven obligadas a buscar una atención médica privada que no se pueden permitir.

“Si enfermamos, tengo que mendigar para conseguir algo de dinero con el que ir a clínicas privadas”, dijo a Amnistía Internacional una mujer de 50 años en Herat. “No tenemos otra opción.”

Al carecer de una fuente de ingresos estable, las personas internamente desplazadas pueden encontrarse con grandes deudas. En un caso, un padre dijo a Amnistía Internacional que había tenido que pedir prestados 20.000 afganis (292 dólares estadounidenses) para pagar una operación de su hijo. “Es una suma enorme de dinero para nosotros”, dijo el padre.

Aquí la comida es un lujo, nadie puede permitírsela. Vivimos principalmente de pan y verduras en mal estado desechadas del mercado.
Raz Muhammad, líder comunitario del campo Chaman-e-Barbak de Kabul, en Afganistán.

Pese a que, según la política de 2014 y las obligaciones contraídas por Afganistán en virtud del derecho internacional, las personas internamente desplazadas tienen derecho a pedir y recibir comida, agua y ropa adecuada, el gobierno afgano no ha proporcionado un acceso fiable a los artículos de primera necesidad. La gente se ve obligada a recorrer largos trayectos diarios para buscar agua, y tiene que luchar para conseguir una comida al día.

“Aquí la comida es un lujo, nadie puede permitírsela”, dijo Raz Muhammad, líder comunitario del campamento de Chaman-e-Barbak, en Kabul. “Vivimos principalmente de pan y verduras en mal estado desechadas del mercado. La última vez que recibimos ayuda alimentaria fue antes del invierno pasado, cuando recibimos tres sacos de trigo.”

Desde que tuvieron que abandonar sus hogares, la educación de los hijos e hijas de las personas internamente desplazadas se ha interrumpido, y los adultos se han visto reducidos a una situación de desempleo crónico.

“Las personas internamente desplazadas no deberían sufrir discriminación de ningún tipo”, ha manifestado Champa Patel. “Deberían tener el mismo acceso a oportunidades de educación y empleo que el resto de la población afgana.”

“Incluso tras huir de sus casas en busca de seguridad, un número cada vez mayor de personas afganas se consumen en condiciones atroces en su propio país, y luchan por su supervivencia sin vislumbrar el final.”
Champa Patel, directora regional para Asia Meridional de Amnistía Internacional

La política sobre personas internamente desplazadas establece que ningún a niño o niña desplazado debe negársele la educación aunque no puedan permitirse artículos básicos como libros escolares, uniformes u otros materiales educativos.

Sin embargo, en la práctica, la carga económica que soportan estas personas significa que a menudo los niños o niñas tienen que trabajar para ayudar a sus familias, por ejemplo, lavando automóviles, limpiando zapatos a cambio de dinero, y recogiendo bolsas de plástico para revenderlas.

“Los problemas económicos de las familias desplazadas se ven agravados”, ha manifestado Champa Patel. “Han perdido sus fuentes tradicionales de sustento, y las pocas oportunidades que tienen son de trabajo informal, lo que da lugar a circunstancias en las que las mujeres se ven excluidas y los niños y niñas sufren explotación y no pueden acceder a la educación.”

La política sobre personas internamente desplazadas: Una promesa incumplida

La política de 2014 sobre personas internamente desplazadas expone sobre el papel los derechos de estas personas, así como un plan de acción concreto que el gobierno afgano debe poner en práctica. Sin embargo, la política ha cumplido sus promesas y, hasta el momento, ha supuesto un escaso beneficio para las personas desplazadas.

Hay muchas razones para esta falta de implementación; para empezar, el gobierno afgano sufre una enorme falta de capacidad y experiencia en lo que se refiere a las personas internamente desplazadas. El Ministerio de Asuntos de los Refugiados y Repatriación, encargado de coordinar la implementación de la política, tiene unos recursos muy por debajo de los necesarios, y lleva años asediado por denuncias de corrupción.

Al mismo tiempo, la comunidad internacional no ha intervenido todo lo que podría cuando el gobierno afgano no ha sido capaz de hacerlo. Ahora que otras crisis atraen la atención mundial y el dinero de los donantes, la ayuda a Afganistán se está reduciendo. La ONU ha pedido 393 millones de dólares estadounidenses en concepto de fondos humanitarios para Afganistán en 2016: la cifra más baja desde hace años pese a la terrible situación humanitaria. Hasta mayo, se había proporcionado menos de una cuarta parte de esos fondos.

Recomendaciones

Amnistía Internacional pide a las autoridades afganas y a la comunidad internacional que garanticen de inmediato que se satisfacen las necesidades más urgentes de las personas desplazadas. Además, el gobierno afgano debe señalar como prioridad la implementación de la política sobre personas internamente desplazadas, y garantizar que se dedican en todo el gobierno recursos suficientes para hacerla realidad.

Asimismo, los actores internacionales clave en Afganistán deben hacer más por garantizar que se respetan los derechos humanos de las personas desplazadas, y dedicar más esfuerzo, experiencia y recursos a la implementación de la política.

“Todas las partes que han estado implicadas en Afganistán durante los últimos 15 años tienen la responsabilidad de reunirse y asegurarse de que las mismas personas a las que la comunidad internacional se dispuso a ayudar no son abandonadas a una suerte aún más precaria”, ha manifestado Champa Patel.

“Afganistán y el mundo deben actuar ya para poner fin a la crisis de desplazamiento del país, antes de que sea demasiado tarde.”

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Amnistía Internacional publica su política y su investigación sobre la protección de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales

Noruega/26 mayo 2016/Autor: Amnistía Internacional

“Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, lo pierdes todo.»

–Trabajadora sexual de Noruega

Amnistía Internacional publica hoy su política sobre la protección de las trabajadoras y los trabajadores sexuales frente a los abusos y las violaciones de derechos humanos, junto con cuatro informes de investigación sobre este asunto en Papúa Nueva Guinea, Hong Kong, Noruega y Argentina.

“Las personas dedicadas al trabajo sexual están especialmente expuestas a sufrir toda una serie de abusos contra los derechos humanos, como violación, violencia, extorsión y discriminación. Con demasiada frecuencia la protección de la ley y los medios de resarcimiento con que cuentan son escasos o inexistentes», ha explicado Tawanda Mutasah, director general del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

“Nuestra política indica que los gobiernos deben tomar aún más medidas para proteger de los abusos y violaciones de derechos humanos a quienes se dedican al trabajo sexual. Nuestra investigación pone de relieve los testimonios de estas personas y los problemas a que se enfrentan a diario.»

La política

La política de Amnistía Internacional es la culminación de extensas consultas de ámbito mundial, un minucioso examen de datos sustanciales y normas internacionales de derechos humanos e investigación directa, llevados a cabo a lo largo de más de dos años.

Su aprobación formal y su publicación son el resultado de una decisión democrática, tomada por el movimiento global de Amnistía Internacional en agosto de 2015 (disponible aquí) y de la que se informó ampliamente entonces.

En la política se formulan varios llamamientos a los gobiernos para que, entre otras cosas, garanticen la protección contra el daño, la explotación y la coerción; la participación de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en la elaboración de las leyes que afectan a su vida y a su seguridad, el fin de la discriminación, así como el acceso a la educación y a oportunidades de empleo para todas las personas.

Se recomienda la despenalización del trabajo sexual consentido, incluida la anulación de las disposiciones legales que prohíben las actividades conexas, como la prohibición de la compra y el ofrecimiento de servicios sexuales y de la organización general de trabajo sexual Esta recomendación está basada en la evidencia de que tales disposiciones hacen a menudo que las personas dedicadas al trabajo sexual estén menos seguras y que se abuse de ellas con impunidad, pues es frecuente que tengan demasiado miedo a que las sancionen para presentar una denuncia ante la policía. Las leyes sobre el trabajo sexual deben estar centradas en la protección contra la explotación y los abusos, no en intentar prohibirlo por completo y sancionar a quienes se dedican a él.

La política de Amnistía Internacional refuerza su postura de que el trabajo forzoso, la explotación sexual infantil y la trata de seres humanos son abusos atroces contra los derechos humanos, que hacen necesaria una acción concertada y que, con arreglo al derecho internacional, han de estar penalizados en todos los países.

“Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo», ha añadido Tawanda Mutasah.

Queremos que se modifiquen las leyes para centrarlas en conseguir que la vida de las personas que se dedican al trabajo sexual sea más segura y que mejore su relación con la policía, a la vez que se aborda el problema absolutamente real de la explotación. Queremos que los gobiernos se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo.
Tawanda Mutasah, director general del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional

La investigación

Un extenso trabajo de investigación, incluidos cuatro informes específicos desde el punto de vista geográfico que se han publicado hoy junto con la política de Amnistía Internacional, muestra que las trabajadoras y los trabajadores sexuales sufren a menudo terribles abusos contra los derechos humanos. Es así debido en parte a la criminalización, que agrava su situación de peligro y marginación y les impide buscar protección contra la violencia y solicitar servicios jurídicos y sociales.

“Algunas trabajadoras sexuales nos contaron que la criminalización permite a la policía acosarlas y no dar prioridad a sus denuncias y a su seguridad», ha explicado Tawanda Mutasah.

En vez de centrarse en proteger a las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la violencia y el crimen, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de muchos países se centran en prohibir el trabajo sexual por medio de la vigilancia, el acoso y las redadas.

La investigación de Amnistía Internacional revela que las personas que realizan trabajo sexual suelen tener muy poca o ninguna protección frente a los abusos y carecer de resarcimiento por medios judiciales incluso en los países donde la venta de servicios sexuales es legal.

Papúa Nueva Guinea

En Papúa Nueva Guinea es ilegal vivir del trabajo sexual y organizar actividades de comercio sexual. La homosexualidad también está penalizada y es la principal causa de procesamiento de trabajadores sexuales.

La investigación de Amnistía Internacional ha determinado que esta legislación penal permite a la policía amenazar, extorsionar y detener arbitrariamente a las personas dedicadas al trabajo sexual.

Las trabajadoras y los trabajadores sexuales de Papúa Nueva Guinea sufren en grado extremo estigmatización, discriminación y violencia, incluidos la violación y el asesinato. Según una encuesta de investigación académica de 2010, en un periodo de seis meses el 50% de las personas dedicadas al trabajo sexual en la capital del país, Port Moresby, habían sido violadas por clientes o por la policía.

Amnistía Internacional escuchó testimonios terribles de personas que habían sido sometidas a violación y abusos sexuales por agentes de policía, clientes y otros agresores, pero tenían demasiado miedo para denunciarlo porque incluso ellas mismas se consideraban «ilegales».

Mona, trabajadora sexual sin hogar, contó a Amnistía Internacional: “La policía comenzó a golpear a mi amigo [un cliente] y a mí […] Seis agentes tuvieron sexo conmigo uno tras otro. Estaban armados, así que tuve que hacerlo. No tengo ningún apoyo para denunciarlos ante los tribunales. Fue muy doloroso, pero lo he dejado estar. Si recurro a la ley, no podrán ayudarme, porque el trabajo sexual es ilegal en Papúa Nueva Guinea.»

La policía de Papúa Nueva Guinea ha utilizado preservativos como prueba contra personas dedicadas al trabajo sexual, a quienes a menudo se estigmatiza y se acusa de ser «propagadoras» de enfermedades. Esta práctica hace que muchas se abstengan de buscar información y servicios de salud sexual y reproductiva, incluso para el VIH/sida.

Mary, trabajadora sexual, explicó: “Cuando nos agarra o nos retiene la policía, si nos encuentran condones nos golpean y dicen que promovemos el sexo o que somos las que propagamos enfermedades de esas como el VIH. La policía pide dinero; nos amenaza o nos dice que le demos tanto. Nosotras se lo damos, porque tenemos miedo de que nos golpeen si no.”

Hong Kong

En Hong Kong, vender servicios sexuales no es ilegal si se trata de una persona que lo hace en un domicilio particular. Sin embargo, trabajar en lugares aislados deja a las trabajadoras y los trabajadores sexuales en situación vulnerable, expuestos a sufrir robos, agresiones físicas y violaciones.

En su calidad de trabajadora sexual, Queen contó a Amnistía Internacional: “No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales.”

No he denunciado nunca ningún delito, como violación, porque temo que me acusen de ofrecer servicios sexuales.
Queen, trabajadora sexual en Hong Kong

Las personas dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong no sólo reciben poca protección de la policía, sino que a veces son sometidas deliberadamente a acoso por ella.

La investigación de Amnistía Internacional revela que los agentes de policía ejercen a menudo sus atribuciones de manera indebida para atrapar y sancionar a estas personas tendiéndoles trampas, extorsionándolas y coaccionándolas. Se permite que agentes de policía de incógnito reciban en el curso de su trabajo determinados servicios sexuales de personas dedicadas al trabajo sexual para conseguir pruebas. Amnistía Internacional ha registrado también casos de policías o individuos que afirmaban serlo que dijeron a trabajadoras o trabajadores sexuales que podían librarse de sanciones legales si les daban dinero o sexo «gratis».

Las personas trans dedicadas al trabajo sexual suelen ser objeto de prácticas policiales especialmente abusivas, como humillantes e invasivos cacheos integrales, practicados por agentes varones a mujeres trans.

“Hay mucho manoseo y mucha mofa”, explicó un abogado que defiende a personas trans dedicadas al trabajo sexual en Hong Kong.

Tras su detención, las trabajadoras sexuales trans pueden ser enviadas a centros de detención para hombres y a unidades especiales para personas con enfermedades mentales.

Noruega 

En Noruega, comprar servicios sexuales es ilegal, pero el acto directo de venderlos, no. Otras actividades relacionadas con el sexo están penalizadas, entre ellas la «promoción de la prostitución» y alquilar establecimientos para vender servicios sexuales.

A pesar del alto índice de violaciones y violencia de clientes y bandas organizadas, el grado de resistencia de las personas dedicadas al trabajo sexual a denunciar la violencia ante la policía es muy alto.

“Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial”, dijo a Amnistía Internacional una persona dedicada al trabajo sexual.

Fui a casa de un hombre. Me dio dos puñetazos en la cara. No lo denuncié a la policía. No quiero que figure en mi historial.
Persona dedicada al trabajo sexual en Noruega

Amnistía Internacional escuchó el testimonio de varias personas dedicadas al trabajo sexual en Noruega que habían denunciado violencia a la policía y habían sido desalojadas de sus hogares o expulsadas por haber hablado con la policía.

En virtud de la legislación noruega, las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren riesgo de desalojo forzoso, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles la casa si venden servicios sexuales en ella.

Una persona que representaba a una organización noruega de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales explicó: «Si los caseros no proceden al desalojo, la policía interpone una querella criminal contra ellos […] La policía anima a los caseros a tomarse la justicia por su mano y aplicarla ellos mismos.”

Las personas dedicadas al trabajo sexual no pueden tampoco agruparse para trabajar por motivos de seguridad ni contratar servicios de terceros en funciones de seguridad, pues probablemente se calificaría de «promoción de la prostitución» según la ley.

Buenos Aires, Argentina 

En teoría, la venta o compra de servicios sexuales no es ilegal en Buenos Aires, pero en la práctica a las personas dedicadas al trabajo sexual se las criminaliza por medio de diversas leyes que sancionan actividades conexas y que no distinguen entre trabajo sexual con consentimiento y trata de seres humanos.

En la investigación de Amnistía Internacional se determinó que entre las personas dedicadas al trabajo sexual en Buenos Aires el grado de resistencia a denunciar violencia a la policía era muy alto.

“[El cliente] me pagó y estaba a punto de bajarme del auto cuando me agarró del cuello y me cortó con un cuchillo. Le di todo el dinero que tenía y mi teléfono celular, y me dejó ir,” dijo a Amnistía Internacional Laura, trabajadora sexual que se desempeña en la calle.

Explicó que no había denunciado la violencia ni el robo a la policía porque le parecía que iba a ser una pérdida de tiempo: “No me van a escuchar, porque soy trabajadora de la calle.”

La policía suele abordar arbitrariamente en la calle a las personas que se dedican al trabajo sexual, que en ocasiones tienen que pagar reiteradas multas y son sometidas a libertad vigilada. Es ilegal que la policía o los fiscales de Buenos Aires tengan en cuenta la apariencia, la vestimenta o los modales de una persona al hacer cumplir una ley que penaliza la comunicación relacionada con el trabajo sexual en público. Sin embargo, la aplicación de estos criterios es un hecho, y en sus operaciones la policía se dirige específicamente contra las personas trans que se dedican al trabajo sexual.

En Buenos Aires, aunque desarrollen su actividad en domicilios particulares, las trabajadoras y los trabajadores sexuales suelen sufrir largas y violentas inspecciones y allanamientos de la policía, así como extorsiones y chantajes.

Las personas que se dedican al trabajo sexual en Buenos Aires informaron también de problemas para acceder a los servicios de salud, entre ellos una enorme estigmatización y discriminación.

Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar.
Persona trans que se había dedicado al trabajo sexual en Buenos Aires, Argentina

«Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar», dijo a Amnistía Internacional una persona trans que se había dedicado al trabajo sexual.

Amnistía Internacional comprobó que estos obstáculos habían hecho que algunas personas que realizaban trabajo sexual prescindieran por completo de estos servicios.

Nada justifica los abusos

“En demasiadas partes del mundo, las trabajadoras y los trabajadores sexuales carecen de protección de la ley y sufren espantosos abusos contra los derechos humanos. Esta situación no puede justificarse jamás. Los gobiernos deben tomar medidas para proteger los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que se dedican al trabajo sexual. La despenalización es sólo una de las medidas necesarias que los gobiernos pueden tomar para garantizar la protección frente al daño, la explotación y la coerción», ha manifestado Tawanda Mutasah.

Fuente:

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/05/amnesty-international-publishes-policy-and-research-on-protection-of-sex-workers-rights/
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Malawi: Las autoridades deben poner fin a la oleada de homicidios de personas con albinismo

www.amnesty.org

Las autoridades de Malawi deben tomar de inmediato medidas para detener los homicidios rituales de personas con albinismo, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras saberse que en la última semana han aparecido dos cadáveres mutilados más.

Se desvelaron detalles del homicidio de Jenifer Namusyo, mujer con albinismo de 30 años, que apareció muerta el 30 de abril, horas después de haber sido apuñalada en la espalda, el abdomen y el codo; le habían quitado los pechos y los ojos.

Esta semana ha aparecido en Mozambique el cadáver David Fletcher, adolescente de Malawi que estaba en paradero desconocido desde el 24 de abril; tenía los brazos y las piernas cortados.

“Estos espantosos homicidios son un recordatorio del enorme peligro que corren las personas con albinismo en Malawi”, ha explicado Muleya Mwananyanda, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Austral.

“Las autoridades deben tomar ya medidas para poner fin a esta oleada de homicidios y proteger a estas personas vulnerables.”

Miles de personas con albinismo viven temiendo ser secuestradas o asesinadas por bandas criminales en Malawi, donde se comercia con las partes de su cuerpo para utilizarlas en rituales.

Namusyo fue atacada cuando se dirigía en bicicleta a otro pueblo en busca de remedios de medicina tradicional. Salió de su casa a las dos de la madrugada, y su cadáver mutilado apareció a las diez de la mañana de ese mismo día.

Hay constancia del homicidio de al menos 14 personas con albinismo en Malawi desde diciembre de 2014, y en el mismo periodo han sido secuestradas otras 5, cuya suerte y paradero siguen siendo desconocidos.

“Pedimos a la autoridades de Malawi que garanticen que se pone a disposición judicial a los presuntos responsables de estos terribles crímenes y se abordan las causas básicas de tales homicidios, que hacen que las personas con albinismo vivan constantemente con miedo”, ha añadido Muleya Mwananyanda.

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Nigeria: Dejan morir a niños y niñas de corta edad, incluidos bebés, en detención militar

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional ha revelado hoy la muerte de 149 personas —entre ellas 11 niños y niñas (incluidos cuatro bebés)— que se encontraban recluidas en condiciones deplorables en el tristemente famoso centro de detención del cuartel de Giwa, sito en la nigeriana ciudad de Maiduguri.

Ya hemos hecho sonar la alarma, en repetidas ocasiones, con respecto al elevado índice de mortalidad entre las personas recluidas en el cuartel de Giwa, pero este descubrimiento demuestra que se trata de un lugar letal, tanto para adultos como para menores.
Netsanet Belay, Amnistía Internacional
Los datos que se desprenden de las entrevistas realizadas a ex detenidos y testigos oculares, avalados por vídeos y fotos, sugieren la muerte de numerosas personas a causa de enfermedades, hambre, deshidratación y heridas de bala. Asimismo, el documento If you see it, you will cry: Life and death in Giwa barracks contiene imágenes captadas por satélite que corroboran los testimonios de los testigos.

“El descubrimiento de la muerte de bebés y niños de corta edad recluidos en deplorables condiciones en detención militar es tan desgarrador como espeluznante. Ya hemos hecho sonar la alarma, en repetidas ocasiones, con respecto al elevado índice de mortalidad entre las personas recluidas en el cuartel de Giwa, pero este descubrimiento demuestra que se trata de un lugar letal, tanto para adultos como para menores”, afirma Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia en África de Amnistía Internacional.

“No caben excusas ni dilaciones. El centro de detención del cuartel de Giwa debe cerrarse de inmediato, y todas las personas en él recluidas deben quedar en libertad o ser transferidas a las autoridades civiles. El gobierno debe implantar con carácter de urgencia sistemas que garanticen la seguridad y el bienestar de los niños y niñas liberados.”

Amnistía Internacional cree que actualmente hay unas 1.200 personas recluidas en el cuartel de Giwa, hacinadas en condiciones insalubres. Muchas fueron aprehendidas arbitrariamente durante operaciones de detención masiva y, con frecuencia, no existen pruebas en su contra. Una vez en el cuartel, se las encarceló sin acceso al exterior ni juicio. De ellas, al menos 120 son menores.

Reclusión y muerte de niños y niñas

Desde febrero han muerto al menos 12 niños y niñas en el cuartel de Giwa, donde se ha recluido a menores de cinco años, incluidos bebés, en tres celdas de mujeres masificadas. A lo largo del último año, el número de personas recluidas en estas celdas ha pasado de las 25 de 2015 a las 250 de principios de 2016, es decir, la cifra se ha multiplicado por 10. Y, dadas las condiciones de insalubridad que presentan, en ellas las enfermedades proliferan. Según tiene entendido Amnistía Internacional, en cada una de estas tres celdas había unos 20 niños de menos de cinco años, incluidos bebés.

Mientras estábamos allí, murieron tres. Cuando moría un niño, nuestra reacción era de tristeza extrema.
Ex reclusa del cuartel de Giwa
Un testigo ha asegurado ante Amnistía Internacional haber visto ocho cadáveres de niños y niñas: uno de cinco meses, dos de un año, uno de dos años, uno de tres años, otro de cuatro años y dos de cinco.

Por su parte, dos ex detenidas afirmaron que, en febrero de este año, habían muerto dos niños y una niña, de entre uno y dos años. Una de ellas, una joven de 20 años que había pasado en 2016 más de dos meses recluida en una celda de mujeres, explicó a Amnistía Internacional: “mientras estábamos allí, murieron tres. Cuando moría un niño, nuestra reacción era de tristeza extrema”.

La otra, una mujer de 40 años que había permanecido recluida más de cuatro meses en el cuartel de Giwa, describió cómo los soldados hacían oídos sordos a sus peticiones de atención médica: “cuando llegó el calor, empezó a brotar el sarampión. Por la mañana, cayeron [enfermos] dos o tres; por la tarde, cinco bebés [cayeron enfermos]. Se les notaba la fiebre, sus cuerpos ardían y lloraban noche y día. Tenían los ojos rojos, y sarpullidos en la piel. Al final, vino el personal médico, y confirmó que tenían sarampión.”

La mujer añadió que, tras la muerte de estos niños, las revisiones médicas empezaron a ser más frecuentes, y declaró: “cada dos días venía al patio el personal médico y nos decía ‘sacad a los niños que estén enfermos’. El doctor los veía en la puerta, y les daba las medicinas a través de ella”.

Sin embargo, pese a estas medidas, parece que siguieron muriendo niños y niñas. Entre el 22 y el 25 de abril, murieron un niño de un año, otro de cinco, y una niña, también de cinco años.

Los niños varones de más de cinco años, ya hubieran sido detenidos solos o con sus progenitores, eran recluidos en una única celda. Al igual que ocurría con todas las demás personas recluidas en el cuartel, tampoco a ellos se les permitía acceder a sus familias, y se les aplicaba también el régimen de incomunicación.

El hambre, la sed y el calor; esos son los principales problemas.
Ex recluso del cuartel de Giwa
Dos niños que habían sido recluidos en esta celda explicaron a Amnistía Internacional que no habían recibido ninguna visita de familiares, y que sólo les habían permitido salir de la celda para que los soldados los contaran.

Uno de ellos rememoró cómo, a la llegada a Giwa, separaban a las familias que habían sido detenidas juntas: “El padre iba a una celda, la madre, a la celda de las mujeres, y las niñas, con las madres”.

Con respecto a las condiciones soportadas, declaró: “el hambre, la sed y el calor; esos son los principales problemas”. El otro niño, que había estado recluido en la misma celda, corroboró sus palabras: “la comida no era suficiente; había muy poca”.

Este año hemos presenciado la liberación masiva y pública de detenidos, entre ellos niños y bebés, con lo que ha quedado demostrado que la reclusión de niños y niñas en el cuartel de Giwa no es ningún secreto.

El 12 de febrero, en la ceremonia de liberación de 275 personas que habían sido recluidas por error en Giwa como “sospechosas de participación en actividades terroristas o insurgentes”, el general de división Hassan Umaru comunicó que entre ellas había “142 hombres, 49 mujeres, 22 menores y 50 hijos e hijas de mujeres absueltas”. Según las declaraciones del ejército, la prensa y los testimonios de testigos, desde julio de 2015, el ejército ha dejado en libertad como mínimo a 162 niños y niñas.

Reclusión y muerte de personas adultas

En 2016 han muerto al menos 136 hombres recluidos en Giwa, 28 de los cuales presentaban, al parecer, heridas de bala.

Un experto independiente ha efectuado un análisis forense de las pruebas fotográficas y de vídeo, en las que podían verse los demacrados cadáveres de 11 hombres y el cuerpo de un menor de dos años. Una persona previamente recluida en el lugar relató a Amnistía Internacional: “por la mañana, abren la celda y sacan los orinales y los cubos. Luego sacan los cadáveres”.

Los cuerpos eran trasladados a una morgue de Maiduguri, desde la cual el personal de la Agencia de Protección Ambiental del estado de Borno (BOSEPA) los transportaba en camiones de basura para enterrarlos en fosas comunes en el cementerio de Gwange, sin ningún tipo de identificación.

Con un enemigo tan brutal como Boko Haram, para el ejército de Nigeria una de las principales dificultades estriba en cómo derrotarlo sin dejar de respetar los derechos humanos y el Estado de derecho. Se trata de un desafío que, por lo visto, no ha superado.
Netsanet Belay, Amnistía Internacional
Un testigo aseguró a Amnistía Internacional que, desde noviembre de 2015, el camión de la BOSEPA acudía dos o tres veces por semana al cementerio, donde el personal enterraba los cuerpos en lugares apartados de la zona pública.

Existen fotos del cementerio, en las que se observan fosas recientemente excavadas en el área visitada por los trabajadores de la BOSEPA. Además, en noviembre de 2015 y marzo de 2016, se captaron por satélite imágenes del lugar, en las que se aprecia que la tierra ha sido manipulada.

Escalofriantes condiciones de reclusión

Según los testimonios de los testigos, las condiciones eran peores en las celdas de los hombres. Un hombre de 38 años, que ha pasado cuatro meses en Giwa en 2016, explicó a Amnistía Internacional que los reclusos recibían, aproximadamente, medio litro de agua diario. “Para la comida, te dan un cuenco de plástico, de los que se usan para los niños pequeños. Esa es la cantidad que recibes en cada comida”.

Otro hombre, que ha sido liberado hace poco tras cinco meses recluido en el cuartel, relató a Amnistía Internacional: “dentro, no hay alfombrillas, así que se duerme en el suelo. Está muy masificado. Puedes acostarte, pero sólo de lado, y no puedes darte la vuelta”.

Las personas recluidas no tienen ningún lugar donde lavarse, sus celdas no se limpian casi nunca, y en ellas proliferan las enfermedades. Según declaraciones de otro ex detenido a Amnistía Internacional “nadie tiene camisa, así que se les pueden contar las costillas. No hay limpieza, por lo que vives en medio de la enfermedad. Es como una letrina. Mi hermano y yo vomitamos en la celda. Las diarreas eran habituales”.

Aunque en 2014 y 2015 se tomaron medidas para mejorar las condiciones del cuartel de Giwa, facilitando a las personas detenidas tres comidas por día, mantas, esterillas para dormir y acceso a saneamiento y asistencia médica, parece que las recientes detenciones en masa han dado al traste con algunos de estos avances, y el índice de mortalidad está aumentando.

Ha llegado la hora de que el presidente Buhari cumpla su promesa de abrir urgentemente una investigación sobre estas muertes, dejar en libertad a los niños y niñas y cerrar sin demora el centro de detención del cuartel de Giwa.
Netsanet Belay, Amnistía Internacional
“Con un enemigo tan brutal como Boko Haram, para el ejército de Nigeria una de las principales dificultades estriba en cómo derrotarlo sin dejar de respetar los derechos humanos y el Estado de derecho. Se trata de un desafío que, por lo visto, no ha superado”, concluye Netsanet Belay.

“Las muertes de personas detenidas en el noreste de Nigeria no son ninguna novedad. Pero, a medida que aumenta el hacinamiento, también lo hace el número de cadáveres demacrados que salen del cuartel de Giwa, algunos de ellos de bebés y niños y niñas de corta edad.”

“Ahora que ha transcurrido casi un año de que nuestros hallazgos revelaran las numerosísimas muertes ocurridas en detención, ha llegado la hora de que el presidente Buhari cumpla su promesa de abrir urgentemente una investigación sobre estas muertes, dejar en libertad a los niños y niñas y cerrar sin demora el centro de detención del cuartel de Giwa.”

Para acceder a las fotos y a las imágenes captadas por satélite, visiten el siguiente enlace: https://amnesty.box.com/s/3g27l903xwlxnnh7x62z3srivgr6a0zo

Consulte el informe de Amnistía Internacional sobre muertes de personas detenidas desde junio de 2015 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2015/06/nigeria-senior-members-of-military-must-be-investigated-for-war-crimes/

Información complementaria

En 2016, desde enero hasta el 28 de abril, el número de muertos entre las personas recluidas en el centro de detención de Giwa, sito en Maiduguri, ascendía ya a 149. El mes más mortífero fue marzo, con 65 muertes, mientras que en abril se produjeron 39 muertes, 8 de ellas de bebés, niños y niñas.

Desde 2013, se viene alertando sobre las condiciones de reclusión del cuartel de Giwa y de otros centros de detención militares. En junio de 2015, un informe de Amnistía Internacional reveló que, desde 2011, habían muerto en Nigeria de hambre, sed, enfermedades, torturas y falta de atención médica 7.000 personas recluidas en detención militar. En concreto, el informe afirmaba que, en 2013, más de 4.700 cadáveres habían sido llevados a una morgue desde el cuartel de Giwa.

En febrero de 2016, el jefe del Estado Mayor aseguró a Amnistía Internacional que las condiciones de reclusión en detención militar eran bastante mejores de lo que se documentaba en el informe de la organización. Asimismo, añadió que el cuartel de Giwa y otros centros de detención militar del noreste del país no eran más que “centros de retención”, desde los cuales se traslada rápidamente a las personas sospechosas a otros centros de detención fuera de la región del noreste.

El hacinamiento existente en el cuartel de Giwa es consecuencia del arbitrario sistema de detención y reclusión en masa del estado de Borno. Durante 2015, a medida que el ejército iba recuperando localidades controladas por Boko Haram, los habitantes de lugares cercanos huían a estas áreas, controladas ahora por el ejército. A su llegada a ciudades como Banki y Bama, o tras haber pasado un tiempo en campamentos para personas internamente desplazadas, estas personas eran detenidas, sobre todo los hombres y los varones adolescentes. En 2016, Amnistía Internacional ha documentado tres casos de este tipo de detenciones arbitrarias en masa, que afectan a varios cientos de personas. Al parecer, se trata de detenciones arbitrarias que obedecen a criterios aleatorios, basados en el el sexo y la edad, y no en ninguna prueba de responsabilidad penal.

Amnistía Internacional escribió el 12 de abril al jefe del Estado Mayor para pedirle una respuesta con respecto a las pruebas presentadas por la organización y más información sobre las muertes en detención. El 20 de abril, llegó la respuesta del jefe del Estado Mayor, que nos remitía a la Fiscalía General y no incluía ninguna respuesta con respecto a las pruebas presentadas. El 27 de abril, Amnistía Internacional escribió a la Fiscalía General y al jefe del Estado Mayor de la Defensa. Hasta la fecha, no ha recibido ninguna respuesta.

Probablemente, las personas detenidas que han quedado en libertad sean estigmatizadas por el hecho de haber estado detenidas. Por tanto, el gobierno debe implantar con carácter de urgencia mecanismos que garanticen la seguridad y el bienestar de los ex detenidos y, en especial, de los niños y niñas liberados.

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Burkina Faso: Miles de niñas, en peligro por matrimonio forzado y matrimonio precoz

Por: Amnistía Internacional

En Burkina Faso, el matrimonio forzado y precoz está arrebatando la infancia a niñas de no más de 13 años, al tiempo que el costo de los métodos anticonceptivos y otros obstáculos les impiden decidir si quieren ser madres y cuándo, dijo Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

El informe, titulado Coaccionadas y privadas de derechos: Matrimonios forzados y obstáculos a la contracepción en Burkina Faso, saca a la luz la cantidad de mujeres y niñas que son objeto de amenazas o palizas en el país cuando tratan de tomar sus propias decisiones sobre el momento de contraer matrimonio o de procrear.

En determinadas áreas de Burkina Faso, más de la mitad de las niñas están casadas antes de cumplir los 18 años. Esto tiene que acabar.
Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central
“En Burkina Faso son demasiadas las mujeres y niñas que no tienen ningún control sobre sus vidas: se les niega su derecho a decidir si quieren casarse, cuándo hacerlo, con quién y si quieren tener hijos”, dijo Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

“En cuanto se casan, se espera que las niñas tengan descendencia cuanto antes. Los embarazos precoces aumentan enormemente el riesgo de muerte entre las niñas o de que sufran lesiones físicas que les cambian la vida para siempre. Muy pocas tienen la oportunidad de ir a la escuela o de terminar sus estudios.

“En determinadas áreas de Burkina Faso, más de la mitad de las niñas están casadas antes de cumplir los 18 años. Esto tiene que acabar. Ni la familia ni la comunidad en general deben tomar decisiones sobre los cuerpos de las niñas, pues así se les niega la oportunidad de cumplir sus propios sueños y esperanzas de futuro.”

El equipo de investigación de Amnistía Internacional entrevistó a 379 mujeres y niñas en 2014 y 2015, y documentó la multiplicidad de obstáculos que les impiden acceder a servicios de salud anticonceptiva.

La delegación habló con 35 víctimas de matrimonio forzado y precoz que lograron escapar de esa situación. A pesar de que, según la legislación de Burkina Faso, la edad mínima para el matrimonio de las niñas es de 17 años, más de la mitad (51,3 %) de las jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 17 ya están casadas en la región del Sahel, al norte del país.

Matrimonio forzado y precoz

En Burkina Faso, las familias con frecuencia deciden casar a sus hijas para consolidar alianzas familiares, adquirir estatus social o a cambio de bienes, dinero o servicios. El informe también constata una práctica documentada en algunas partes del país conocida como “Pog-lenga”, que significa “mujer de regalo”: según esta tradición, una novia puede llevar también a su sobrina a la familia de su esposo como regalo adicional por el matrimonio.

Yo no quería casarme con ese hombre. Mi tía me dijo: ‘Si te escapas, te destruiremos’.
Céline, niña de 15 años que huyó el día de su boda.
Céline, una niña de 15 años que huyó el día de su boda, contó a Amnistía Internacional que la habían obligado a casarse con un familiar del esposo de su tía:

“Yo no quería casarme con ese hombre. Mi tía me dijo: ‘Si te escapas, te destruiremos’. Yo huí de la casa de mi esposo y regresé a mi poblado, pero, cuando llegué allí, mi familia dijo que no podía vivir con ellos en el poblado”.

Las niñas que se resisten a los matrimonios forzados se enfrentan a una presión tremenda de sus familias y de la sociedad, incluidas amenazas de violencia.

Esto es lo que relata Maria, de tan solo 13 años:

“Mi papá me casó con un hombre de 70 años que ya tiene cinco esposas. Mi padre me amenazó, me dijo: ‘Si no te reúnes con tu esposo, te mataré’”.

Maria abandonó su hogar y caminó casi 170 km durante tres días para buscar protección en una casa refugio para niñas.

Sin posibilidad de elección sobre el control de natalidad

Casi todas las mujeres y niñas entrevistadas por Amnistía Internacional describieron los abusos verbales y la violencia física que sufrieron cuando plantearon el tema de la contracepción a sus parejas.

También contaron que, al no disponer de ningún control sobre los recursos económicos, se veían obligadas a pedir a sus parejas dinero para comprar productos anticonceptivos.

Bintou, de 25 años, relató a Amnistía Internacional:

“Justo antes de quedarme embarazada de mi hijo más pequeño, intenté inscribirme en la semana de anticoncepción gratuita para que me pusieran un parche anticonceptivo, pero llegué tarde y ya había terminado. Había pedido dinero a mi esposo. Se enfadó. Me lo negó sistemáticamente y, en nuestra cultura, cuando el esposo dice una cosa, las mujeres tienen que callar y obedecer. Si pedir dinero para hacer la compra ya supone que te propinen una paliza, se pueden imaginar lo que ocurre cuando pides dinero para anticonceptivos”.

A pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir el precio de los anticonceptivos, muchas mujeres y niñas afirmaron no poder permitírselos.Según cifras oficiales, menos del 16 % de las mujeres usa métodos modernos de contracepción, lo que aumenta extraordinariamente el riesgo de embarazos no deseados y a veces de alto riesgo. Organismos de la ONU han resaltado que el uso de métodos anticonceptivos reduce enormemente los índices de mortalidad materna.

Casi el 30 % de las niñas y jóvenes de entre 15 y 19 años de las zonas rurales están embarazadas o han tenido su primer bebé, a pesar del riesgo que supone que tengan el doble de probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las que superan los 20 años.

Necesidad apremiante de reforma

Según la legislación de Burkina Faso, el matrimonio forzado y a edad temprana ya están prohibidos, pero de forma inadecuada y discriminatoria: la edad mínima para el matrimonio de los varones es de 21 años, pero de 17 para las mujeres. La ley solo es aplicable a los matrimonios que registra el Estado –una parte ínfima de los que realmente se celebran– y no a los que tienen lugar por ritos tradicionales o religiosos.

El gobierno se ha comprometido a modificar la ley, pero antes tiene que garantizar que aplica con carácter de urgencia reformas legales que aseguren la inscripción y verificación de todos los matrimonios, y establecer en 18 años la edad mínima para el matrimonio para todas las personas.

El gobierno también ha eliminado obstáculos económicos sustanciales a los que han de hacer frente las mujeres que desean acceder a atención médica durante el embarazo.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que dé el siguiente paso y facilite de forma gratuita al menos algunos productos anticonceptivos para que las mujeres puedan usarlos con seguridad y de forma discreta.

“Burkina Faso cuenta con una de las tasas más elevadas de matrimonio forzado y precoz del mundo, y una de las más bajas en el uso de métodos anticonceptivos”, dijo Alioune Tine. “Es crucial que el gobierno respete el derecho de las niñas a tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos, sus vidas y su futuro. Los recientes compromisos anunciados para acabar con los matrimonios prematuros son una medida que supone un bienvenido paso adelante, pero hasta que esas promesas se conviertan en una realidad cotidiana, las niñas seguirán pagando el precio’’.

Campaña Mi Cuerpo Mis Derechos

Amnistía Internacional lanzó su campaña global Mi Cuerpo Mis Derechos en Burkina Faso en julio de 2015; con ella se pretende sensibilizar sobre los obstáculos a los que se enfrentas las mujeres y las niñas. La organización publicó un manifiesto de derechos humanos que firmó el actual presidente del país, quien se comprometió a adoptar una postura más firme frente a los matrimonios forazados y a edad temprana.

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Kenia: Temerario cierre del mayor campo de refugiados del mundo pone vidas en peligro

Amnistía Internacional

Es probable que la decisión del gobierno keniano de cerrar dos grandes campos de refugiados, incluido el de Dadaab, el mayor del mundo, ponga en peligro la vida de miles de personas inocentes, ha declarado en Amnistía Internacional.

“Esta temeraria decisión del gobierno keniano representa una renuncia de su obligación de proteger a las personas vulnerables y pone en peligro miles de vidas”, afirmó Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

“Podría desembocar en el retorno involuntario de miles de personas refugiadas a Somalia y a otros países de origen, donde sus vidas podrían seguir corriendo peligro. Esto sería una violación de las obligaciones contraídas por Kenia en virtud del derecho internacional.”

El secretario principal del Ministerio del Interior y Coordinación del gobierno nacional, doctor Karanja Kibicho, dijo en una declaración que la decisión de cerrar los campos de Dadaab y Kakuma se debía a “enormes problemas de seguridad, como la amenaza de Al Shabaab”.

Afirmó que Kenia había acogido a más de 600.000 refugiados durante más de un cuarto de siglo y que había soportado “una carga económica, de seguridad y medioambiental muy pesada”.

También pidió el apoyo de la comunidad internacional para acelerar el proceso.

“Aunque es cierto que la reubicación en terceros países viene siendo lenta, Kenia debería considerar soluciones permanentes hacia la plena integración de las personas refugiadas, algunas de las cuales llevan ya generaciones en Kenia”, concluyó Muthoni Wanyeki. “El retorno forzoso a situaciones de persecución o conflicto no es una opción.”

Fuente de la noticia: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/kenia-temerario-cierre-del-mayor-campo-de-refugiados-del-mundo-pone-vidas-en-peligro/

Fuente de la imagen:https://www.es.amnesty.org/typo3temp/processed/csm_07_12_3497320136.jpg

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