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La Gran Estafa. De cómo el SNTE roba a sus jubilados

Por: Manuel Gil Antón

A pesar de la pandemia, e incluso en medio de ella, hay otras noticias importantes. No solo se lucha contra ese virus invisible a nuestros ojos, sino contra la muy visible corrupción y opacidad en el SNTE. Leamos, apoyemos, no les dejemos a solas y lejos de nuestra preocupación.

La sede de la Sección 42, estatal, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, en Chihuahua, ha estado “tomada” desde el 7 de febrero, mediante un plantón que sostienen en sus accesos maestras y maestros pensionados que, luego de muchos trámites, vueltas y vueltas, decidieron realizar esta medida de presión pues están siendo atracados por los dirigentes sindicales.

Las y los pensionados de la Sección 42 han decidido poner un “hasta aquí” a las tropelías de “sus representantes”. Y cala ver a docentes ya jubilados tener que realizar estas medidas extremas: si maltratar a los trabajadores en activo, por parte del Sindicato, es un oprobio, ¿cómo llamar cuando se estafa a quienes dieron sus mejores años de vida a la educación en el Estado de Chihuahua? No se encuentra fácil un calificativo: truhanes.

El dirigente Ever Avitia, y sus colaboradores, con la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional y al menos con la cómplice omisión del gobierno del estado –cuyo titular es Javier Corral-, su secretaría de educación y su institución estatal de seguridad social, están robando, sí, quitándoles el dinero a sus compañeros jubilados, pero no sólo a ellos: también a los trabajadores en activo.

Vayamos por partes.

I

La Comisión Sindica Genuina (CSG), entidad que han organizado quienes están en condición de pensionados y exigen sus derechos, en entrevista, expresó a este reportero que uno de los aspectos de su lucha es para evitar que, a pesar de lo que señala la normatividad aplicable, se les siga descontando la cuota sindical.

Tanto los estatutos como el código correspondiente, señalan que los trabajadores en activo aportarán cuota al sindicato, pero NO los pensionados. Y sin atender ni a los reglamentos, ni a los esfuerzos emprendidos por la vía de transparencia y mecanismos jurídicos que les han dado la razón, les siguen descontando, de manera ilegal y antirreglamentaria, la cuota sindical. No son pocas personas las perjudicadas: se trata de 11 mil 300 pensionados.

La profesora Beatriz Verduzco, me dice, con serenidad no exenta de legítimo coraje, que (sólo como aproximación) calcula que, de enero de 2015 a enero 2020, se les ha cobrado, por ese concepto, casi 106 millones de pesos. Es muchísimo dinero, sí, pero, aunque fuese 1 peso ya se estarían incumpliendo las normas.

Esta es la primera demanda, y es muy simple y justa: que, de acuerdo a lo que se indica en los estatutos, no se les descuente de sus pagos la cuota sindical, y que se devuelva el dinero retenido de manera ilegal durante los años en que se ha llevado a cabo de manera incorrecta.

II

Además, tanto los pensionados como los trabajadores en activo, están viviendo otra situación irregular: a partir de 2014, se decidió que habrá una Negociación Sindical Única, y ya no – como ocurría en el pasado con las secciones estatales – la negociación del contrato, sueldos y prestaciones a nivel nacional, y otra en cada entidad. Se terminó, pues, la doble negociación.

En consonancia con esta determinación, se acordó que habría un Convenio de Aplicación Automática, de tal manera que en todo el país, se homologaran las prestaciones derivadas del acuerdo nacional.

Esta clarísimo, pero este acuerdo no se cumple en la Sección 42 – ¿en cuántas más?- y  en el mismo periodo que se señaló antes, el adeudo, tanto a los pensionados que tienen jubilación dinámica (obtienen incrementos y prestaciones de igual manera que sus compañeras y compañeros en activo) como a los trabajadores, se les han esquilmado 645 millones de pesos.

Y si se hace otro cálculo, sobre lo que retiene Hacienda del Estado a los trabajadores para el pago de diversos fondos y acciones promovidos por los líderes de la Sección 42 y se lo entrega a estos mismos, del mes de julio de 2016 a septiembre 2019 se acumulan más de mil millones de pesos. Esta cantidad solo corresponde a las entregas directas: en cuanto a los rendimientos derivados del Fondo de Ahorro,  desde 2005 (cuando se funda) a pesar de estar reglamentado, los que participan en esta modalidad no han recibido informe alguno por parte del Comité Técnico. Es, sin retórica alguna, una barbaridad.

¿Cómo se puede permitir esto? Ya vimos que en la aplicación autoritaria de la Reforma de Peña Nieto, los trabajadores de la educación perdían todos sus derechos adquiridos si aceptaban ser evaluados, y si no eran evaluados, perdían el trabajo. ¿Qué hizo el SNTE ante semejante atropello? Nada. Juan Díaz colaboró con las autoridades a pesar de esta aplicación retroactiva de la ley. Las autoridades argumentaron que eso era correcto pues el “interés superior del niño” era un derecho mayor al derecho laboral: esto es totalmente incorrecto – los derechos humanos no tienen jerarquía, y tienen que armonizarse – pese a que incluso la Corte avaló este proceder.

Ahora que esa reforma ya no está en vigor, sino una nueva en que se indica que el magisterio es “un agente de transformación social”, ¿no es el momento de enmendar el desfalco que viven los pensionados en Chihuahua, afiliados a la Sección 42, y el conjunto de trabajadores y pensionados de esta sección por la falta de aplicación del Convenio firmado (debió serlo) entre los gobernadores y el SNTE, representado por el Secretario General Nacional y los Secretarios Generales de las Secciones Sindicales?

No sólo es el momento de corregir esta situación que perjudica a esos agentes de transformación, y a los que lo fueron durante años, sino es la ocasión para que el compromiso de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, y la SEP, pongan orden en lo que, a todas luces, podemos llamar La Gran Estafa.

Urge: no es correcto que las y los pensionados tengan que tomar las instalaciones de la casa sindical para conseguir justicia, o al menos que algún subordinado de Avitia converse con ellos para tramitar sus reclamos. Y menos que, al amparo de esos puestos sindicales, se oculten probables delitos de enriquecimiento inexplicable. Ya basta pues, con paciencia, los trámites establecidos, innumerables, no fueron atendidos. La toma de la sede de la Sección 42 es pacífica, pero enérgica y decidida.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-gran-estafa-de-como-el-snte-roba-a-sus-jubilados/

 

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La falsa democracia en el SNTE

Por: Manuel Gil Antón

Mienten. Saben que en la opinión pública se ha instalado la idea que, por primera vez, gracias al T-MEC y las reformas legales que suscitó, las elecciones en el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, para renovar a las dirigencias en sus Secciones a lo largo del país, serán democráticas. Se afirma que todas las personas integrantes del magisterio, acreditadas, podrán votar de manera libre, directa, universal y secreta para elegir a la planilla que conducirá a la estructura sindical a la que pertenecen. Esto se estipula en el Reglamento para la Elección de las Directivas Seccionales del SNTE, que el Comité Ejecutivo Nacional ha elaborado.

¿Será? Sí. Y aunque parezca paradójico, a pesar de este proceder, la elección de los dirigentes de las secciones no cumplirá con las condiciones necesarias para ser, en toda la extensión de la palabra, cabalmente democrática. Se trata de una maniobra: “hágase que el proceso electoral “parezca” democrático, sin serlo, de tal manera que junto a la legitimidad publicitada, podamos seguir imponiendo a leales y serviles integrantes, fieles a la dirigencia nacional, como ha sucedido antes y siempre”.

¿Cómo es posible que, si hay votación universal, directa y secreta, la elección de las dirigencias seccionales no sea democrática? A través de incumplir otras condiciones, necesarias, para que el proceso así lo sea: en primer lugar, haciendo libre el voto, pero anular esta característica al condicionar de manera absurda la posibilidad de ser votado. “Puedes votar, compañero, con toda libertad, pero sólo por las planillas que nosotros aprobemos de acuerdo a las condiciones imposibles que, sin consulta, hemos establecido”. Si a la libertad de votar no le acompaña la posibilidad de ser votado, se trata de una farsa, pues los sufragios estarán condicionados por las opciones que la autoridad considere – de manera arbitraria – legales.

En segundo lugar, porque el órgano que conduce y vigila el proceso electivo no es independiente de los dirigentes nacionales: el árbitro no será, como dice el profesor Noel García en el excelente análisis que publicó en el portal Educación Futura, “una instancia imparcial y confiable que organice y califique la elección, (ni se llevará a cabo) con la equidad en las condiciones de competencia entre personas o planillas para ocupar cargos de representación”.

Además, el Reglamento de marras se establece, con toda claridad, para regular procesos de elección “cuando existan circunstancias especiales”, dado que el Estatuto (superior en la jerarquía legal del sindicato) indica que los procesos de selección de dirigentes, en el nivel nacional y local, se harán  mediante el mecanismo tradicional de delegados; en consecuencia, el Reglamento Electoral en proceso de validación por el Tribunal Laboral, “debería” ser coherente con el Estatuto. ¿Qué hacer en este caso? O bien modificar el Estatuto, o emplear, como orientación superior y de manera supletoria, a la Ley Federal del Trabajo que mandata que las elecciones, en todas las organizaciones sindicales, sean democráticas con todas las condiciones que este concepto implica.

En síntesis, si el Tribunal no repara en estas circunstancias, y aprueba el Reglamento, tendremos, bajo la fachada de una elección libre del magisterio, una mascarada: votantes “libres” de votar por quien decidan, y solo por los que decidan con triquiñuelas quienes han usurpado la democracia sindical durante décadas, en procesos en que el árbitro está más que vendido y, por ende, la competencia no es real.

Es preciso denunciar este atropello y exigir, a las autoridades laborales, que no autoricen lo que, a todas luces, es más, y más, de lo mismo. No se vale.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-falsa-democracia-en-el-snte/

Imagen: https://www.shutterstock.com/image-photo/members-romanian-parliament-vote-by-raising-1024012849?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fimages%2Fsearch%2Fdemocracia%2F

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Luz, sombra y oscuridad

Por: Manuel Gil Antón

Estas tres palabras permiten ensayar una síntesis, preliminar, de lo ocurrido en materia educativa durante el primer año del gobierno.

Luz: siempre será mejor rumbo, para transformar los procesos educativos, el que se finca en la formación de profesionales de la educación, que el orientado a evaluarlos sin cesar, mal y de prisa, que nos trajo a peor traer durante los seis años previos.

Enhorabuena que, merced a la participación de distintas corrientes políticas en el ámbito legislativo, y mas allá de sus linderos, se puedo mejorar – mucho – la descuidada iniciativa  que el grupo que coordina el Maestro Moctezuma le presentó al Presidente para que enviara al congreso.

Está muy bien que en el artículo 3º. se incluya, como responsabilidad irrenunciable del Estado, garantizar el derecho tanto a la educación inicial como la superior.

Se acierta al reconocer a las Escuelas Normales, y demás modalidades de formación docente, como instituciones prioritarias dada la importancia que implica que sus egresados serán generadores de ambientes de aprendizaje.

Reconocer en el magisterio al actor central en el proceso de transformación educativa y social, y no como objetos reformables pues son el obstáculo para lograr “la calidad”, es un avance.

No son, estos rasgos, todos los que pueden celebrarse. Como botón de muestra, apuntan a un horizonte distinto, a la dimensión de lo que, para bien, ha sucedido.

Sombra: los rieles que, creo, conducen a la zona opaca, son, por un lado, la improvisación del grupo que coordina la actual SEP. La palmaria falta de conocimiento (no reconocida), y su intensa iniciativa enraizada en esa dosis de ignorancia, han propiciado desorden en la conducción del sistema y un galimatías en la generación de la legislación secundaria. Las ventajas del nuevo orden constitucional se reducen al concretarse en la legislación derivada, y las acciones propuestas por ese grupo variopinto –  desde actores estelares de la reforma de Peña, que sin rubor mutaron a ser promotores de su derogación (Mario Delgado o Guevara Niebla, por ejemplo), a los que se añaden nuevos funcionarios que nunca expresaron crítica alguna a la estrategia derivada del Pacto, ni les interesó hacerlo.

El otro riel consiste en la incoherencia de reconocer aspectos cruciales y, al mismo tiempo, no otorgarles recursos para que se lleven a cabo. La administración federal ha expresado, en el presupuesto, lo contrario a su discurso.

Oscuridad: incluir, por ejemplo, en el texto constitucional una lista de materias, y dar prioridad a la música sin argumentos, es inexplicable; salvo que haya continuidad entre la función orquestal privada y la acción pública. Un despropósito.

La confusión entre dirigencias sindicales con el magisterio, lo volvió a dejar sin voz, como hace siete años: hartas consultas, sí, como antaño, ¿para hacer, con sus socios, lo ya decidido? Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes. Polvo en el viento. ¿Es inevitable? No. Hay que impedirlo, y urge. El balón está, como siempre, como en todos los sexenios, en la cancha de los miles de  maestras y profesores responsables, que sí enfrentaron y demolieron, en los hechos y con argumentos, la reforma previa. Hay una de dos: esperar la salvación providente, o exigir, organizados, que lo estipulado se cumpla y la reforma llegue a las aulas. Esa es la encrucijada.

Posdata: para la generación a la que pertenezco, que peleó contra el fraude electoral en 1988, del cual fue protagonista central Manuel Bartlett, su presencia en el gobierno es un agravio. La “investigación” de su fortuna, más allá de lo legal, es una decisión que contribuye a la peor educación posible: el ejemplo palmario del cinismo altanero.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/luz-sombra-y-oscuridad/

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La escuela exhausta

Por: Manuel Gil Antón

Para Manolo:

echando en falta

su generosa mirada.

En las sobremesas, luego de la letanía de las desgracias del país que se profiere, no falta una frase, final y lapidaria : “todo es cuestión de educación”. Basta y sobra este lugar común (percepción inútil generalizada) para cerrar el tema. Como es frecuente que por educación se entienda a la formación escolar, se puede hacer un parangón: todo es responsabilidad de la escuela. Y así lo expresan las normas.

El artículo 30 de la nueva Ley General de Educación, señala, en 25 incisos, los “contenidos de planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de valides oficial de los estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo”. Está escrito que, entre otros, son: aprender matemáticas; conocer la lecto-escritura y la literacidad; aprender historia, geografía, civismo y filosofía. Fomentar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación y su uso responsable. Conocer y, en su caso, aprender lenguas indígenas, así como reconocer la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas; aprender, también, lenguas extranjeras.

Fomentar la activación física, la práctica del deporte y la educación física: promover estilos de vida saludables, educación para la salud, la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre; fomentar la igualdad de género para construir una sociedad justa e igualitaria; impartir educación sexual integral y reproductiva para el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, maternidad y paternidad responsables, prevenir embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual.

Y sigue: ha de haber educación socioemocional; prevención de sustancias psicoactivas y el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; reconocer la diversidad de capacidades de las personas, reconociendo su ritmo, estilo e interés en el aprendizaje; el uso de Lenguaje de Señas Mexicanas, y el ejercicio de los derechos de todas las personas. Promover el emprendimiento, la cultura del ahorro y la educación financiera.

Fomentar la cultura de la transparencia, rendición de cuentas, integralidad, protección de datos personales, y el conocimiento de los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental, y de las mejores prácticas para ejercerlo.

Educación ambiental, para la sustentabilidad, desarrollo sostenible, combate al cambio climático, y generar conciencia para valorar el manejo conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, con participación social y cuidado al ambiente. Aprendizaje de la cultura de protección civil (prevención, autoprotección y resilencia); mitigación y adaptación al cambio climático. Fomentar los valores del cooperativismo para construir relaciones solidarias y fraternas. Actitudes solidarias y positivas ante el trabajo, el ahorro y el bienestar general.

Fomentar la lectura y el uso de libros, materiales diversos y dispositivos digitales. Promover el valor de la justicia, observancia de la ley y la igualdad de las personas ante ésta; cultura de la legalidad, la inclusión y la no discriminación, la paz, la no violencia en las manifestaciones y conocer los derechos humanos. Conocer las artes, respeto al patrimonio musical, cultural y artístico; desarrollar la creatividad artística por medios tradicionales o tecnológicos. La enseñanza de la música, por supuesto, para potenciar el desarrollo cognitivo y humano, así como la personalidad de los educandos. Ah, y educación vial.

La escuela mexicana, nueva o vieja, con tanta encomienda no puede, aunque sí quepa en la Ley. Y es que todo es cosa de la educación.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-escuela-exhausta/
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¿Cualquiera puede enseñar?

México / 21 de julio de 2019 / Autor: Manuel Gil Antón / Fuente: Educación Futura

En memoria de Carlos Echarri Cánovas, maestro en la academia y en la vida.

Sí. No hay duda: tome usted un objeto y muéstrelo a la primera persona que tenga a la vista. Dígale: ¡mira! y espere a que lo vea. Ya le enseñó, digamos, sus lentes. En eso no hay dicultad alguna. Pero si se entiende la pregunta en el sentido que quién sea, independientemente de su preparación, puede ser docente, entonces la respuesta es no, y rotundo.

¿Qué se ha de entender por una persona que tiene condiciones adecuadas para trabajar en la docencia? Andoni Garritz lo expresaba así: un buen maestro, una profesora valiosa, no es quien tiene el dominio total del contenido de su disciplina o especialidad (eso es ser erudito), sino la persona que tiene el dominio pedagógico del contenido establecido en los programas de estudio, esto es, del conocimiento que ha de proponer con creatividad e inteligencia para que otro lo haga suyo: eso es aprender.

Ha de saber, sin duda, de una o varias disciplinas implicadas en su trabajo, pero ese saber tiene que estar enlazado, entretejido, con diversas estrategias didácticas derivadas de una formación pedagógica — teórica y práctica— muy especializada.

En estos tiempos en que se elaboran las leyes secundarias de la reforma educativa, conviene retomar esta definición. ¿Qué experiencias formativas certificadas ha de tener quien opte por ocupar un puesto docente en el sistema educativo nacional?

Un grupo de colegas proponemos que, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la constitución, en cuanto a que los procesos de admisión al ejercicio de la docencia sean públicos, transparentes, equitativos e imparciales, con base en conocimientos y aptitudes procedentes, es necesario:

1) que los egresados de Instituciones de Educación Superior (IES) no especializadas en la formación de profesionales de la educación, además del título que acredite su grado, han de aprobar, como condición indispensable, un proceso de habilitación para desempeñar la actividad docente. Las IES que concentran su trabajo en la formación de educadores, son los espacios adecuados para, a través de programas especiales plenamente acreditados, certificar la preparación pedagógica y didáctica imprescindible, y

2) que los egresados de IES cuya misión es formar a profesionales de la educación, luego de obtener su título, cursen programas orientados a la consolidación de los conocimientos disciplinarios propios del tipo y modalidad de su adscripción futura, mediante diseños curriculares específicos, que se impartirán en IES orientadas a la formación de especialistas en los diversos campos del saber.

Los procesos formativos señalados —que propician, además, la colaboración horizontal entre las escuelas Normales y afines, con las universidades, dado que ambas son parte de la educación superior— serían la fase inicial del procedimiento de admisión, de tal manera que, una vez culminados los estudios pertinentes, se pueda optar por la participación en concursos de oposición para ocupar una plaza específica, vacante o nueva.

En las dos opciones, habrá oportunidad de obtener, sin cursar (a título de suficiencia), la habilitación pedagógica o el dominio disciplinario suficiente, de acuerdo a la valoración, por pares expertos, de las aptitudes y conocimientos que se requieren en cada caso, nunca reducida a un examen estandarizado.

Así, el dominio pedagógico del contenido de los programas de estudio específico, que han de seguirse en la práctica profesional docente, estaría garantizado por experiencias formativas sólidas en ambas trayectorias. La profesión docente, bien vista, implica estar preparado para coordinar procesos de aprendizaje con solvencia pedagógica y conocimientos fundados.

Por eso es una profesión crucial. Sin duda.

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Educación: ¿camino o vereda?

México / 14 de abril de 2019 / Autor: Manuel Gil Antón / Fuente: Educación Futura

¡Óigame compay! No deje el camino por coger la vereda. Este refrán, muy popular desde que el Buena Vista Social Club lo incluyó en su repertorio, advierte el riesgo de tomar el sendero corto para no caminar por la senda trazada. El camino es largo en comparación con el atajo, y lleva más tiempo transitarlo, aunque es seguro.

El estribillo de la canción de Ibrahim Ferrer resulta útil para entender, más allá de la coyuntura, la razón por la cual estamos en una situación de incertidumbre en cuanto a la nueva redacción del Artículo tercero constitucional. La reforma educativa que impulsó el presidente Peña Nieto, optó por tomar el “paso exprés” con el n de resolver, desde su perspectiva, los problemas educativos. Vamos por ahí más rápido. Urge. Con lo que no contaban era con el socavón derivado de poner primero el pavimento y luego el drenaje.

En contraste con el texto previo, la versión del artículo que el Pacto por México produjo, multiplicó por tres su talla, y dedica el 62% de su contenido (contando transitorios) a cuestiones administrativas, orientadas a parir un complicado sistema de regulación del trabajo del personal docente, sin tomar en cuenta lo establecido en el artículo 123.

Instituye, en el espacio propio de la definición de las características fundamentales del proyecto educativo del Estado, una serie de aspectos inapropiados que enlaza con las atribuciones exclusivas del Congreso, para establecer un régimen laboral especial para el magisterio. Elude revisar lo establecido en materia del trabajo en el país —coge la vereda— pues ese camino, el adecuado, es más largo, costoso y hay prisa: la premura conlleva a torcer las cosas y suele, como en este caso, descansar en que el fin justifica los medios.

La actual administración prometió derogar o abrogar lo realizado por Peña Nieto y sus colaboradores. El 12 de diciembre de 2018 envía el presidente López Obrador una iniciativa de reforma al artículo tercero que, vaya paradoja, vuelve a dejar el camino para coger la vereda: el equipo educativo que nombró no estudia con seriedad el reto que tiene frente a sí, y desperdicia el tiempo que la transición le brinda.

Supone que quitando el vínculo de la evaluación con la permanencia (la vertiente punitiva) y modificando denominaciones de las entidades previas, así como algunas de sus funciones, tendrá la aceptación del magisterio inconforme, y el beneplácito de los sobrevivientes del Pacto que, sin ser la aplanadora que fueron en 2013, sí conservan votos suficientes en las cámaras para dificultar la aprobación de la iniciativa, pues se requieren dos tercios de los legisladores, en ambas, para que prospere. El cálculo fue equivocado: el atajo no hizo justicia a un proyecto de renovación educativa, propio de la promesa anticipada de una transformación profunda como propone el presidente.

Incluso, la propuesta que se envía a la cámara de origen carece de una exposición de motivos sólida, e incurre en errores que llevan a pensar en un procedimiento improvisado y displicente. ¿Acaso empleando el mismo telar, sin limpiar al artículo de aspectos no pertinentes, con el cambio de ciertos hilos resultaría un tejido diferente? Incluso, y tómese como un ejemplo, en este caso se incluyó en el dictamen aprobado un aspecto inusual: en referencia a los planes y programas, se define —para bien— que tendrán perspectiva de género y orientación integral (ciencias y humanidades). Sin embargo, enlista ¡una serie de asignaturas! Para colmo, al indicar que será parte del currículo el arte, dice: “en especial la música”.

¿Es correcto que la lista de materias esté en la Constitución? ¿Por qué la música y no el teatro, digamos? ¿Cada que llegue un secretario, incluirá en el Tercero sus preferencias artísticas?

La vía corta puede llevar a un barranco. Aguas.

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Educación: ¿camino o vereda?

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El camino vocacional de la educación no es la profesión

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¿Cuándo se torció el Tercero?

México / 7 de abril de 2019 / Autor: Manuel Gil Antón / Fuente: Educación Futura

A pesar de la atracción que genera tratar de dilucidar lo que sucederá con la iniciativa de cambios al artículo Tercero Constitucional, aledaños y conexos, conviene ampliar la mirada para ubicar la coyuntura en una perspectiva histórica que, quizá, contribuya a comprender por qué estamos donde estamos en el debate actual. Si analizamos lo ocurrido con las reformas al artículo 3o. a partir de 1917, hallaremos cuándo el texto constitucional se salió de madre —del cauce natural donde expresar el proyecto educativo del Estado y sus normas generales— y se convirtió en un espacio para meter todo, para resolver todo, y dejarlo atado y bien atado.

Hay un momento en que el artículo se usó como cajón de sastre al incluir, además de nociones generales, normas administrativas, procedimientos detallados de diversa índole, reglamentos y hasta políticas específicas. El texto de 1917 enuncia el rumbo, características y valores centrales de la educación en el país, derivados de la Revolución, así como regulaciones generales: le bastan 3 párrafos y 71 palabras. En 1934, la reforma declara que la educación será socialista e implicó aumentar el texto a 371 palabras en 10 párrafos. En 1946, el cambio se basa en una redacción orientada a la unidad nacional por medio del desarrollo armónico de “todas las facultades del ser humano”.

Requiere 533 palabras y 12 párrafos. En 1980, se modifica al “elevar a rango constitucional la autonomía universitaria”. Se adiciona un apartado que, entre otras cosas, determina que los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico serán facultad exclusiva de las universidades autónomas, pero señala con claridad que “las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo se normarán por el Apartado “A” del artículo laboral.

En 1992 hay ajustes: 650 palabras y 13 renglones. Al año siguiente, la secundaria pasa a ser parte de la educación obligatoria (709 palabras y 15 renglones). En 2002, el precepto de obligatoriedad del preescolar: la cantidad de renglones permanece e incluye 728 palabras. En 2011 y 2012, sendas reformas incorporan, una, los derechos humanos y, la otra, a la educación media superior como obligatoria gradualmente. Emplean cerca de 770 palabras.

La inflexión ocurre en 2013. La reforma del Pacto salta a 2,402 palabras y 43 renglones. Es otro orden de magnitud: multiplica por tres lo previo. ¿Por qué? Porque además del contenido previo, con el argumento (¿pretexto?) de incluir el término calidad, se incorporan al tercero y sus transitorios, con el mismo peso que la laicidad o la gratuidad, aspectos laborales y administrativos: las modalidades para el ingreso, promoción y permanencia del magisterio; el Sistema Nacional de Evaluación; la autonomía, funciones y modelo de gobierno del INEE así como sus formas de elección y plazos; el Servicio Profesional Docente y más.

De todas sus palabras, 62% remiten a lo laboral y administrativo, y sólo 38% a lo sustancial. En lugar de preservar en el artículo tercero el sentido y los valores de la educación, para que las Leyes Reglamentarias establecieran los detalles, las cuestiones laborales fuesen remitidas a su sitio (el artículo 123) y lo administrativo al espacio de trabajo de la SEP, se decidió que todo era materia constitucional para que tuviera fuerza y fuese incontestable. Hoy se está trabajado sobre este error.

La aplanadora soberbia del Pacto por México lo convirtió en un galimatías para asegurar el control del magisterio, su desabrigo laboral y una “rectoría” centralista del sistema educativo y sus recursos, no de la educación. Ahí, Zavalita, se jodió el Perú.

Fuente de la Imagen: https://www.youtube.com/watch?v=TPT7tmpXP7A

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¿Cuándo se torció el Tercero?

ove/mahv

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