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Venezuela: “Con el bono hallaquero no compré ni pabilo”, denuncian maestros a pocos días de Navidad

Los docentes venezolanos reportaron que el aguinaldo de diciembre de 2025 resultó insuficiente. Con la canasta básica familiar por encima de los $500, este ingreso no cubrió ni el 25% de las necesidades del hogar, lo que imposibilitó los gastos navideños tradicionales.

Caracas. Mientras que el pago de los aguinaldos para cualquier trabajador en el mundo es un alivio económico, para el docente venezolano implica un ejercicio de supervivencia, en una situación marcada por salarios anclados en bolívares, la moneda nacional, que pierde valor frente al dólar.

Tras el cierre del cronograma de bonificaciones de fin de año este 15 de diciembre, el balance gremial es unánime: el ingreso desapareció entre el mostrador de la carnicería y el pago del transporte público, dos de los gastos más inmediatos y difíciles de postergar, sin margen para cubrir necesidades básicas ni tradiciones navideñas.

De acuerdo con datos registrados por el sector educativo, para este fin de año, un docente promedio recibió por concepto de aguinaldo montos que oscilaron entre los Bs. 4680 y Bs. 5400, equivalentes a entre $17 y $20 a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

A esto se sumó el bono contra la guerra económica, equivalente a $120 o Bs. 32.400, una asignación extraordinaria que no forma parte del salario base.

Pese a que el ingreso total parece superior al de años anteriores, educadores consultados por Crónica Uno señalaron que, con la canasta alimentaria familiar por encima de los $500, el ingreso navideño no alcanzó ni para cubrir una cuarta parte de las necesidades básicas de un hogar; mucho menos para estrenos, regalos y cena familiar.

Aguinaldos chucutos por la inflación

La principal denuncia de los gremios universitarios y de educación básica se centra en el fraccionamiento del pago. A través de esta modalidad se divide el ingreso en partes, lo que reduce su impacto real.

Los aguinaldos se cancelaron en cuatro cuotas a partir de octubre y, según dirigentes sindicales, para cuando se depositó la última parte, el 15 de diciembre, el poder de compra de los primeros bolívares ya se había erosionado por el alza del dólar oficial, que pasó de Bs. 199 a finales de octubre a superar los Bs. 270 en diciembre, un reflejo directo de la inflación y la devaluación de la moneda.

En un intento por paliar el desplome del poder adquisitivo y la brecha cambiaria, el sector docente solicitó a finales de noviembre una bonificación navideña de $400. No obstante, denunciaron el silencio administrativo de las autoridades.

Según representantes gremiales, la única contestación llegó semanas después bajo la forma de un denominado “bono hallaquero” de Bs.12,50, un pago simbólico asociado a la tradición navideña venezolana de preparar hallacas.

Esta asignación, que representa unos $0,20 a la tasa oficial, fue recibida como una afrenta por el gremio. Fuentes aseguraron que el monto no alcanzó ni  para comprar el pabilo de las hallacas.

Lejos de constituir un alivio, el aporte profundizó el malestar del sector educativo, que manifestó su rechazo e indignación a través de las redes sociales.

El drama de la mesa vacía

Elena Moya, de 45 años, es docente especializada en educación especial y acumula dos décadas de servicio en la administración pública. Madre de dos adolescentes de 16 y 17 años, relata que este año no habrá olor a hallaca en su hogar porque sus ingresos no lo permiten, una ausencia que simboliza la imposibilidad de celebrar.

Tampoco pudo comprar los estrenos de sus hijos, ropa nueva que tradicionalmente se usa en Navidad.

Con sus aguinaldos y el bono de guerra apenas logró adquirir un kilo de pollo picado, dos kilos de carne y algunos víveres, alimentos básicos de consumo cotidiano. También pudo saldar cuentas de servicios que se acumulan mes a mes.

Quedaron fuera de su alcance renovar el guardarropa, pintar su casa y comprar el tratamiento para su glaucoma, una enfermedad ocular crónica que puede causar ceguera.

Calcula que los que compró apenas le alcanza para comer unos cinco días de forma racionada. Se vio obligada a recurrir a la caridad de amigos y familiares en el exteriorpara obtener los medicamentos necesarios para evitar el avance de su enfermedad.

«Cuando vi la notificación del banco por el pago del bono hallaquero, pensé que era un error. Me senté a sacar la cuenta y noté que esos Bs.12,50 del hallacazo no me alcanzaban ni para comprar el pabilo. Es una burla que nos llamen ‘forjadores del futuro’ y nos depositen lo que cuesta un caramelo. Nos están empujando a renunciar o a morir de hambre»

Salto inflacionario

Un recorrido realizado por Crónica Uno constató en noviembre cómo la inflación y la devaluación diaria del bolívar deterioraron la capacidad de compra de los ciudadanos, especialmente de los trabajadores del sector público, al momento de adquirir los ingredientes para las hallacas y la cena navideña, platos centrales de la tradición venezolana.

Mientras que en noviembre de 2024 preparar 50 hallacas costaba Bs. 5302,80, o $120 al cambio oficial, para noviembre de este año el costo ascendió a $140 o Bs. 34.392,40, lo que representa un incremento de 548 %, una subida abrupta explicada por la inflación acumulada y el aumento del dólar oficial.

Ricardo*, profesor de bachillerato de 36 años, nivel educativo equivalente a la secundaria, relató que estas navidades hacer 25 hallacas le costó aproximadamente $62. Para cubrir los ingredientes buscó ingresos adicionales mediante clases particulares de inglés y castellano. Aun así estima que destinó 60 % de todo su ingreso de diciembre —incluidos los bonos— solo para garantizar el plato tradicional a su familia de tres integrantes.

Sin embargo, los estrenos quedaron fuera de su alcance; tampoco pudo viajar a Táchira para pasar las festividades con sus padres.

“Estos aguinaldos fueron un golpe duro porque se volvieron sal y agua ante los altos precios. Me siento humillado como profesional porque como gremio pedimos una bonificación para pasar una navidades decentes y por respuesta obtuvimos una migaja de Bs.12 con el bono hallaquero”.

A juicio del gremio de educadores, la crisis salarial profundiza el déficit de profesionales. Según datos de la Federación Venezolana de Maestros, el país cerró el 2025 con una falta de más de 200.000 docentes en el sistema público.

Éxodo y suspensión de nóminas

Para Carlis*, maestra de educación preescolar desde hace seis años, recibir $20 de aguinaldo y Bs.12 para hacer la hallacas. Para la docente, después de un año de trabajo, el monto representa una burla a su esfuerzo.

“Tengo tres trabajos para poder sobrevivir. Hago uñas y vendo ropa en línea los fines de semana porque mi labor como maestra no me sustenta. Los pagos que recibo en la cuenta me hacen sentir burlada y he pensado en abandonar mi ejercicio profesional, pero amo mi trabajo. Si no hay maestros ¿quién forma al futuro del país?”.

A la precariedad salarial se suma una denuncia alarmante de la Federación Venezolana de Maestros: la suspensión arbitraria de nóminas.

Carmen Teresa Márquez, presidenta del gremio, alertó que miles de docentes quedaron excluidos de los pagos de fin de año sin procedimientos administrativos previos, lo que dejó a familias enteras en total desamparo a pocos días de la Nochebuena, una de las fechas más importantes del calendario familiar venezolano.

El año 2025 concluye con una educación pública sostenida por la resiliencia de profesionales que, lejos de planificar vacaciones, terminan el año calculando cuántos kilos de harina o carne pueden adquirir con unos aguinaldos que resultaron insuficientes incluso para cubrir lo más básico. Esta postal resume la crisis salarial del sector educativo en Venezuela.

(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.

“Con el bono hallaquero no compré ni pabilo”, denuncian maestros a pocos días de Navidad

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¡Regresaron a sus casas! Liberan a 130 niños secuestrados en una escuela católica de Nigeria

Tras casi un mes de angustia, el gobierno de Nigeria confirmó la liberación de 130 niños que permanecían cautivos tras secuestro en una escuela católica.

Este domingo, las familias de Nigeria recibieron la noticia que tanto esperaban. El portavoz presidencial, Sunday Dare, anunció que el último grupo de 130 alumnos secuestrados en el estado de Níger ha sido liberado. «Ya no queda ninguno en cautiverio», publicó el funcionario en sus redes sociales junto a una fotografía de los niños sonrientes.

Aunque el gobierno no dio detalles específicos sobre cómo se logró la liberación o si se pagó algún rescate, el alivio es inmenso. Los menores habían pasado semanas bajo el control de «bandidos», como se les conoce localmente a los grupos armados que aterrorizan el centro y norte del país.

Ataque a la escuela St. Mary en Nigeria

La pesadilla comenzó en noviembre, cuando un grupo de hombres armados irrumpió con violencia en la Escuela Privada Católica St. Mary. En ese ataque inicial, los delincuentes se llevaron a un total de 303 niños y 12 maestros.

Entre las víctimas había tanto niños como niñas, algunos de apenas 10 años de edad. Desde el primer momento, la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) denunció la vulnerabilidad de estos centros educativos ante bandas que utilizan los secuestros masivos como una herramienta para exigir dinero o presionar a las autoridades. Algunos de estos secuestros también son realizados por grupos terroristas como Boko Haram.

Fugas y rescates en Nigeria

El camino hacia la libertad total fue por etapas. Menos de 48 horas después del secuestro, 50 estudiantes lograron escapar valientemente de sus captores y regresaron con sus familias. A principios de diciembre, el gobierno anunció que las fuerzas de seguridad habían rescatado a otros 100 alumnos.

Con el anuncio de este domingo, las cifras se ajustan a los reportes oficiales, indicando que todos los sobrevivientes han vuelto a casa. No obstante, las organizaciones internacionales mantienen su preocupación por el trauma psicológico que enfrentan estos menores tras haber sido retenidos en la selva por grupos criminales .

Por qué ocurren estos secuestros en Nigeria

Nigeria sufre una ola constante de violencia que ha convertido a las escuelas en blancos fáciles. Los grupos armados aprovechan las tensiones étnicas y las disputas por recursos como la tierra y el agua para sembrar el caos.

Estos secuestros masivos suelen tener fines económicos, buscando cobrar rescates millonarios. Sin embargo, también son una demostración de fuerza ante un gobierno que lucha por mantener el control en las zonas rurales. Las escuelas, al estar a menudo desprotegidas, se han convertido en el escenario preferido para estos crímenes que indignan al mundo.

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/liberan-a-130-ninos-secuestrados-en-una-escuela-catolica-nigeria/

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Chile: La Universidad de Antofagasta planea despidos y cierre de carreras por déficit financiero

El plan de trabajo propuesto en el Consejo Universitario abarca desde despidos a docentes y no docentes, hasta el cierre de carreras. ¿Nos queda sólo resignarnos y administrar la reestructuración o hay otro camino?

Por: Akemi Matsubara

En el último pleno universitario del día 18 de diciembre de 2025, se presentó un borrador de propuesta de trabajo para el desarrollo del plan de reestructuración. Los argumentos esgrimidos son que la universidad está a dos meses de la quiebra y es insostenible. Es decir, no es “rentable”.

La Superintendencia de Educación (SES) ya había sugerido estos meses 5 medidas que la Universidad no tomó, las cuales se concentraban en aumentar la carga docente para no contratar docentes a honorarios, desfinanciar la investigación y cortar becas internas de la universidad. Una de las premisas que se señaló es que, o aceptamos este plan de reestructuración o la SES iba a intervenir y decidir.

Sin embargo, este plan de reestructuración de la Universidad no sólo aborda todas las medidas propuestas por la SES sino que va más allá. Mediante una “comisión de reestructuración” busca hacer revisión de la planta docente y no docente para despedir a académicos y funcionarios; plantea explícitamente la decisión de cerrar carreras, congelar incentivos para el desarrollo de investigación y publicaciones, ver la viabilidad de Centros e Institutos de la Universidad, entre otros.

Es decir, un ataque en toda regla a la única Universidad estatal de la Región de Antofagasta. El déficit, producto del abandono del Estado y de la lógica del autofinanciamiento de las universidades, lo pagaremos la comunidad educativa. Estas medidas no buscan fortalecer la educación pública, sino desmantelarla completamente, abriendo paso a los privados para extender aún más su negocio frente a la precariedad de las universidades estatales.

Todo lo que quieren recortar, son cosas indispensables para el desarrollo de una universidad pública. Nuestros docentes ya cuentan con una alta carga laboral, faltan profesores que tomen prácticas (como lo vimos con obstetricia hace un par de años, que no podían hacer prácticas porque no les pagaban a sus docentes), hay carreras que están profundamente precarizadas como música y artes escénicas, que son necesarias para el desarrollo humano en torno a las artes, sobretodo en una ciudad como Antofagasta donde la producción está primero. A la par, los funcionarios no docentes, sobre todo quienes son del área de aseo, son los más precarizados. Quieren hacer un muerto en vida de la Universidad de Antofagasta, transformándola en una máquina de producción de profesionales lo más rentable posible, lejos de una concepción de universidad destinada a crear conocimientos que resuelvan las necesidades de la población.

¿Por qué digo que quieren abrir paso a los privados desmantelando la universidad estatal? Porque muchos escuchamos a jóvenes que, buscando una buena educación, prefieren estudiar en universidades privadas donde aceptan beneficios estatales -como gratuidad y otros- porque ven que la UA está completamente precarizada. Que faltan laboratorios, docentes, salas, equipos, etc. Que la infraestructura es un desastre y más. ¿Quién querría estudiar en esas condiciones? La Universidad hoy la sostienen los académicos y funcionarios que con mucho esfuerzo hacen lo que pueden, a pesar de que la institución constantemente les retrasa los pagos, los precariza con honorarios, etc.
De esta forma, los estudiantes con beneficios estatales se van a las instituciones privadas, buscando algo “mejor”, y las privadas se llenan los bolsillos al recibir todo el financiamiento estatal.

En el pleno estudiantil, se discutió cómo los estudiantes podríamos “incidir” en el plan de reestructuración exigiendo la participación en la “comisión de reestructuración”, para resguardar la continuidad académica de quienes ya están estudiando (es decir, aceptar el cierre de carreras a través de que no entren más estudiantes pero que quienes sigan puedan terminar) , los criterios para cerrar y/o fusionar carreras y que se ajuste en asignaciones y gastos a nivel central antes de afectar a los estudiantes. Es decir, aceptar el plan de reestructuración pero con reparos.

La crisis no es técnica: es política y tiene responsables

La Universidad de Antofagasta este 2025 recibió de Aporte Fiscal Directo (que es la más importante fuente de financiamiento de las instituciones) un monto de $4.831.834 millones, mientras que la privada tradicional Universidad Católica del Norte recibió $10.433.562 millones de pesos. Esto no es una excepción local, sino un patrón nacional, consolidado también bajo el actual gobierno. La mayor parte del Aporte Fiscal Directo y de la matrícula con gratuidad termina en instituciones privadas, profundizando un modelo heredado que el gobierno de Boric no sólo mantuvo, sino que administró sin cuestionar. La gratuidad, pactada en su origen con Michelle Bachelet y defendida por quienes hoy gobiernan, se transformó en un verdadero negocio educativo para los privados, mientras las universidades estatales continúan precarizadas y endeudadas.

Ahora bien, la propia Universidad ha informado que enfrenta un déficit operativo proyectado cercano a los $9.000 millones, no una quiebra inminente ni una deuda consolidada imposible de manejar. Este déficit debe analizarse en el contexto de un presupuesto anual superior a los $70.000 millones (como se señala en el presupuesto 2025).

El presupuesto permite identificar con claridad prioridades presupuestarias que no están siendo discutidas. Solo en remuneraciones de la alta dirección (Rectoría, Vicerrectorías, Contraloría y direcciones centrales) la Universidad destina aproximadamente $2.831 millones anuales, una cifra superior al pago anual efectivo del servicio de la deuda, que asciende a $2.813 millones. Es decir, la Universidad gasta más en sueldos de la cúpula de alta dirección que en cumplir sus compromisos financieros del año, siendo este sector una minoría dentro de la Universidad.

Como “gesto” el Rector de la Universidad dejó de percibir aprox. 9,5 millones a este mes cobrar 8,5. La reducción salarial del rector opera como un simbolismo de austeridad, pero no como una política redistributiva ni estructural. No modifica las relaciones salariales internas ni el diseño del ajuste propuesto. Es un gesto comunicacional, que busca legitimar decisiones regresivas aplicadas a otros estamentos de la comunidad universitaria, la gran mayoría bordeando el millón de pesos de salario.

A partir de los propios registros de Transparencia Activa, es posible realizar un ejercicio simple y revelador: una reducción uniforme del 31% en las remuneraciones de la alta dirección, sin eliminar cargos ni despedir a nadie (Y todos, además, seguirían ganando sobre los 3 millones), permitiría generar un ahorro anual cercano a los $878 millones. Este monto equivale a aproximadamente un 31% del servicio anual efectivo de la deuda y a cerca de un 10% del déficit operativo proyectado. No se trata de una “solución mágica”, pero sí de una demostración clara de que existen márgenes internos de ajuste antes de recurrir a despidos, cierres de carreras o recortes a la investigación.

Estos datos desmienten el relato de que “no hay alternativa” al ajuste regresivo que hoy se intenta imponer. La reestructuración no es un destino inevitable dictado por las cifras, sino una decisión política sobre quién debe pagar el costo del déficit. Y, hasta ahora, esa decisión apunta de forma sistemática a los sectores más precarizados de la comunidad universitaria, mientras la estructura directiva permanece prácticamente intacta, pues sólo discutieron bajar ciertas asignaciones.

Por eso, aceptar participar en una comisión de reestructuración bajo estos términos no es incidir: es legitimar un proceso cuyo marco ya está definido en contra de la educación pública. Los estudiantes no podemos ser parte de un plan que preserva los privilegios y sueldos de gerentes de la alta dirección y sacrifica el carácter público de la universidad.

El debate no debe ser cómo administrar el desmantelamiento de la Universidad de Antofagasta, sino cómo defenderla, exigiendo que cualquier discusión parta por desconocer completamente las deudas que tiene la Universidad con los bancos, deudas que fueron creadas por el abandono del Estado; Que el Estado inyecte recursos de forma inmediata a la Universidad para infraestructura, proyectos educativos, contratación de docentes, etc.

De resistir el ajuste a disputar el sentido de la universidad

En el fondo, lo que hoy ocurre en la Universidad de Antofagasta no es una anomalía ni un error de gestión aislado. Es la expresión de un modelo de educación superior profundamente mercantilizado, que atraviesa tanto a las universidades privadas como a las estatales (como vimos con los despidos y cierre de jardín en la UCN). Un modelo que reproduce la desigualdad de clases, donde el acceso al conocimiento no es un derecho social garantizado, sino un privilegio condicionado por la capacidad de pago, el endeudamiento y la rentabilidad de las carreras.

Bajo esta lógica, incluso las universidades públicas dejan de responder a las necesidades sociales y pasan a organizarse en función de la rentabilidad. Se privilegian aquellas áreas que sirven directamente al gran capital (en el caso de Antofagasta, la industria minera y extractiva) mientras se precarizan o eliminan disciplinas críticas, artísticas, humanistas y científicas que no generan ganancias inmediatas, pero que son fundamentales para pensar un desarrollo del pensamiento crítico, humano, social y cultural. No es casualidad: es la expresión de un sistema que pone el conocimiento al servicio de una minoría económica, y no de las grandes mayorías sociales.

Primero se abandona a las instituciones estatales, luego se las empuja al endeudamiento y al autofinanciamiento, y finalmente se utiliza el déficit como chantaje para justificar despidos, cierres de carreras y recortes, mientras se desatiende los problemas estructurales que afectan a las grandes mayorías: la salud, la educación pública, la vivienda, el medioambiente, la cultura, la precarización laboral y la desigualdad territorial.

Nuestra tarea no es administrar el desmantelamiento ni negociar cómo se reparte el daño, sino organizar una respuesta colectiva que cuestione de raíz este modelo. Lo que está en juego es qué universidad necesitamos y para quién. Una universidad al servicio de las grandes mayorías, orientada a producir conocimiento crítico, científico y humanista para resolver los problemas sociales reales, una universidad donde todas y todos podamos estudiar, sin restricciones.

Desde esta perspectiva, resistir el plan de reestructuración no es solo una defensa frente a los ataques actuales, sino una oportunidad para pensar colectivamente una universidad distinta, democrática, con financiamiento basal 100% pagado por el Estado, gratuita, al servicio de la población y no del mercado. Una universidad donde el conocimiento no esté subordinado a la rentabilidad, donde estudiar no sea un privilegio de clase y donde la educación pública deje de ser un negocio. Y sobretodo, porque el próximo Gobierno de Kast prepara un ajuste fiscal de 6.000 millones, que seguramente afectará en derechos sociales como educación, salud, pensiones, etc. Organizarse para resistir los ataques es una tarea de primer orden, por lo que se hace urgente levantar una campaña contra la reestructuración, por ningún despido a docentes y funcionarios; contra el cierre de carreras, por el desconocimiento de la deuda y por una inyección de recursos urgente a la Universidad por parte del Estado.

https://www.laizquierdadiario.cl/La-Universidad-de-Antofagasta-planea-despidos-y-cierre-de-carreras-por-deficit-financiero

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Argentina: Presupuesto 2026 golpea duro a los fondos de educación

La alerta la difundió el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) que advierte de un recorte histórico en las asignaciones al Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) del 93 por ciento en términos reales respecto a lo ejecutado en 2023, ya que el gobierno de Javier Milei funcionó sin presupuesto en 2024 y 2025.

De acuerdo con lo proyectado aunque el FoNETP sigue vigente por ley, el Poder Ejecutivo solo ejecutó el 10,8 por ciento de su presupuesto en 2025 y derogará apenas el 3,5 por ciento de lo que le corresponde el próximo año, señala CEPA.

Este centro de estudios económicos advierte que el artículo 30 del proyecto de presupuesto busca eliminar el Fondo de Escuelas Técnicas, así como la garantía del 6 por ciento del PIB para inversión en educación y la meta de 1 por ciento del PIB en fondos para ciencia y tecnología.

A su vez, advierte sobre un fuerte ajuste educativo general, pues la erogación para Función Educación y Cultura cae 47,3 por ciento real entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026.

Con este proyecto presupuestario las universidades públicas se verán en gran aprieto, ya que sus fondos sufren un recorte real de 33,8 por ciento frente a lo asignado en 2023.

El presidente Javier Milei insistió una vez más con derogar las leyes de financiamiento a la asistencia para personas discapacitadas y funcionamiento universitario, pero la oposición en la Cámara de Diputados eliminó el Capitulo XI que lo incluía.

No obstante, el proyecto presupuestario estipula menos apoyo a los alumnos, puesto que los programas de becas y transferencias estudiantiles acumulan un recorte real de 76,6 por ciento de lo derogado en 2023 y lo proyectado para 2026.

CEPA alerta que el presupuesto prácticamente desfinancia el fondo para ciencia y tecnología, ya que lo cercena en 48,8 por ciento respecto a 2023.

mem/mh

Argentina: Presupuesto 2026 golpea duro a los fondos de educación

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Ecuador: El Instituto Regional para los Derechos Humanos señaló que el enfoque de “mano dura” del gobierno provocó nuevas violaciones de DDHH

“A la violencia existente en Ecuador se suman nuevas vulneraciones de derechos humanos cometidas por el Estado”, denuncia INREDH

Por Sofía Montoya

El miércoles 10 de diciembre de 2025 se conmemoraron los 77 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un contexto de profunda preocupación para las organizaciones sociales sobre su vigencia real en el Ecuador.

Para hogares enteros, comunidades empobrecidas y poblaciones históricamente vulneradas, la promesa de dignidad que recoge este instrumento internacional parece cada vez más lejana.

Desde el Instituto Regional para los Derechos Humanos (INREDH), la abogada Ariadne Celi advierte que el país atraviesa “un escenario bastante preocupante”, especialmente respecto a la garantía estatal de derechos y el rumbo de las políticas públicas en materia de seguridad.

“Nos preocupa la vigencia y la garantía de los derechos humanos tal como están siendo manejadas actualmente desde las políticas estatales”, señala Celi.

Militarización y nuevas vulneraciones
El Ecuador vive cifras históricas de homicidios, secuestros y extorsiones. Desde 2024, con la declaración del conflicto armado interno y la militarización de las calles, el Estado ha apostado por un enfoque de “mano dura” para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, para INREDH estas medidas no han dado resultados y, por el contrario, han provocado nuevas violaciones de derechos humanos.

“Estas decisiones no han solucionado el problema de la violencia; al contrario, a la violencia ya existente se suman vulneraciones cometidas ahora desde el propio Estado”, afirma.

Desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias
INREDH ha documentado desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y excesos en el uso de la fuerza, especialmente en operativos militares y policiales en sectores empobrecidos de Guayaquil y otras ciudades.

Durante el último paro nacional también se registraron abusos policiales y militares, criminalización de la protesta, procesos por presunto terrorismo y paralización de servicios públicos, además de la muerte de dirigentes y comuneros indígenas.

“Hubo aprehensiones irregulares, traslados de civiles a manos militares o policiales y procesos judiciales desproporcionados. Muchos casos se han denunciado por vía penal e incluso ante organismos internacionales”, explica Celi.

Obstáculos para la justicia
El acceso a la justicia se ve gravemente limitado. Según INREDH, existe una negativa constante del Estado para entregar información sobre operativos de seguridad, incluso a la Fiscalía. Las recientes leyes de inteligencia han permitido declarar como reservada información clave para las investigaciones.

“Sin acceso a información es prácticamente imposible que las investigaciones avancen. En casos de desaparición forzada, si no se actúa en los primeros días, la información se pierde. Las familias siguen buscando verdad, justicia y reparación”, enfatiza la abogada.
Crisis global y discursos de odio
Celi señala que Ecuador forma parte de un escenario global de crisis de derechos humanos y avance de discursos de extrema derecha que desacreditan los sistemas de protección.

“Nos preocupa que ese discurso también intente instalarse en Ecuador, como cuando se afirma que la Constitución ‘defiende delincuentes’. Las personas privadas de libertad siguen siendo personas con derechos y dependen totalmente del cuidado del Estado”, recuerda.

La abogada destaca que el triunfo del “No” en la última consulta popular evidenció una resistencia social frente al debilitamiento de las garantías constitucionales.

Las poblaciones más afectadas
Niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, migrantes, pueblos indígenas y grupos empobrecidos siguen siendo los más golpeados por la violencia y la desigualdad estructural.

“Existe un racismo sistémico en el Estado. Hace falta una mirada interseccional que reconozca cómo se superponen las desigualdades”, sostiene Celi, destacando también la incidencia social en casos como el de los niños de Las Malvinas.

¿Qué son los derechos humanos?
En medio de la desinformación y los discursos de odio, INREDH insiste en recuperar el sentido básico de los derechos humanos.

“Son prerrogativas que tenemos todas las personas por el hecho de ser humanas. Están ligados a la dignidad y a la posibilidad de una vida digna”, explica la abogada.
Estos derechos están reconocidos en instrumentos internacionales y en la Constitución ecuatoriana, que exige políticas públicas y garantías efectivas para su cumplimiento.

“Exigir derechos es necesario, porque cuando se limitan para uno, se limitan para todos”, agrega.
Defender derechos en tiempos hostiles

Ser defensora o defensor de derechos humanos en el Ecuador se ha vuelto una labor de alto riesgo. Miembros de INREDH y de otras organizaciones han sido detenidos durante protestas mientras realizaban tareas de observación legal.

“Ha sido fuerte para el equipo. Por eso es clave tejer redes, hacer comunidad y cuidarnos entre quienes cuidamos a otros”, concluye Celi.

Los derechos se defienden

A 77 años de la Declaración Universal, INREDH llama a la ciudadanía a mantenerse alerta, informarse desde fuentes confiables como la Constitución, rechazar las noticias falsas y los discursos de odio, y sostener la exigencia colectiva por una sociedad más justa.

“Seguir luchando por los derechos humanos es luchar por la dignidad de todas las personas”, remarcan desde la organización.

RADIO PICHINCHA

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Balance 2025: estos son los avances del Gobierno del cambio para la educación superior pública en Colombia

Con un presupuesto histórico y la vinculación de casi 250 mil nuevos estudiantes, el Gobierno consolida su apuesta por ampliar el acceso a la educación superior pública como derecho, fortalecer la infraestructura universitaria y dignificar las condiciones laborales del sector educativo.

El Ministerio de Educación Nacional presentó este lunes los avances del Plan Estratégico de Educación Superior ante el Grupo de Designados de Presidente y Delegados del Ministro, revelando cifras que marcan un giro significativo en la política de educación superior del país. La inversión para 2025 asciende a $10,3 billones, incluyendo $1,2 billones destinados a la política de gratuidad a la base. Adicionalmente, la incorporación de 245.821 nuevos estudiantes representa uno de los esfuerzos más ambiciosos de las últimas décadas para democratizar el acceso a la universidad pública.

El presupuesto para el sector se distribuye entre recursos recurrentes y más de 1,4 billones de pesos en recursos adicionales, de los cuales 778.000 millones se orientan al fortalecimiento de la base presupuestal y a la ampliación de cobertura. Durante los últimos tres años, el Gobierno ha destinado más de 1,8 billones de pesos a infraestructura educativa.

«El programa de gobierno nos indica ampliar la garantía del derecho en todo el país y el objetivo principal es que todos los niños, niñas y jóvenes de Colombia tengan la garantía del derecho a la educación. Debemos pensar, sobre todo, en los jóvenes que están por fuera del sistema», aseguró el ministro Daniel Rojas Medellín en el espacio.

Cobertura sin precedentes

A través de los Planes Integrales de Cobertura se logró una expansión del derecho educativo que alcanzó los 32 departamentos de país; además, las estrategias de regionalización de la educación superior del Gobierno del Cambio ha priorizado municipios con baja cobertura en la tasa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior mediante el programa de tránsito inmediato a la educación superior PTIES.

Infraestructura y bienestar estudiantil

El Ministerio avanza con 123 intervenciones de infraestructura en educación superior en 25 departamentos, respaldadas por 6,7 billones de pesos de inversión declarada de importancia estratégica que permitirán que se garanticen las obras con vigencias futuras hasta el año 2038. Actualmente, 27 proyectos están en formulación y 39 en ejecución, incluyendo 62 de infraestructura convencional y 32 de ambientes modulares. Para el bienestar estudiantil se destinaron 63.517 millones de pesos en 2025, de los cuales ya se giraron 49.237 millones a las universidades para programas de bienestar físico, emocional, social y académico, con enfoque inclusivo e intercultural.

Gratuidad y tránsito inmediato

La política de gratuidad «Puedo Estudiar» está presente en los 32 departamentos y 1.122 municipios a través de las 67 instituciones de educación superior públicas del país. El 78,6% de beneficiarios proviene de población vulnerable, incluyendo víctimas del conflicto, población étnica y comunidades rurales.
Además, el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES) facilitó el ingreso directo de 4.108 jóvenes a través de convenios por 21.947 millones de pesos en 28 municipios de 17 departamentos. La meta es llegar a 27 mil jóvenes de las regiones más apartadas en los próximos cinco años.

Educación Superior en tu Colegio

La estrategia busca ofrecer formación superior en articulación con las instituciones educativas o colegios, articulada desde los grados 10º y 11º o dirigida a bachilleres recientes de territorios focalizados. Su objetivo es facilitar un tránsito inmediato a la educación superior, complementando las trayectorias educativas completas y garantizando el derecho fundamental a la educación sin que los beneficiarios deban abandonar sus regiones. Esto fomenta el arraigo territorial e impulsa proyectos de vida vinculados al desarrollo social, comunitario y productivo local, comprometiendo a las Instituciones de Educación Superior con procesos de nivelación, fortalecimiento socioemocional y orientación socio-ocupacional.

La iniciativa permite a los estudiantes obtener un título técnico profesional mientras cursan la educación media, homologar créditos para adelantar asignaturas de programas superiores y articularse con la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), reconociendo aprendizajes previos. Esta estrategia se despliega en municipios priorizados como zonas rurales, PDET, ZOMAC e intermedios, aprovechando la agilización del sistema de aseguramiento de la calidad para aprobar nuevos programas y ampliar su desarrollo en estos territorios. Como respuesta, las Instituciones de Educación Superior han fortalecido sus equipos y conformado áreas especializadas para la regionalización de su oferta académica y misional.

El impacto territorial de la estrategia ha crecido de manera progresiva y decisiva. Mientras en 2023 se benefició a 8.221 estudiantes en 209 colegios con 59 programas, para 2024 la cobertura ascendió a 19.772 beneficiarios en 371 colegios con 134 programas. En 2025, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional y en el marco de los Planes Integrales de Cobertura (PIC) y la política de gratuidad, la implementación se ha ampliado sustancialmente. Actualmente, más de 650 colegios en más de 250 municipios ofrecen 343 programas, beneficiando a un acumulado de 48.962 estudiantes (con 20.969 nuevos en 2025) gracias al trabajo articulado de 56 instituciones públicas. La oferta para 2025 hace énfasis en desarrollo rural integral, artes y cultura, educación, transformación y paz, tecnologías convergentes, y ambiente y desarrollo sostenible.


Acuerdos laborales históricos
En abril de 2025 se expidió el Decreto 391 de Formalización Laboral, complementando el marco normativo del sector. El Pliego Unificado radicado el 14 de abril derivó en 25 acuerdos alcanzados entre abril y julio con organizaciones sindicales, incluyendo comisiones de formalización laboral, carrera administrativa, análisis salarial, garantías a la protesta, subsidio habitacional y reformas al sistema educativo.

Más plata para la U pública
El fortalecimiento de la base presupuestal para IES públicas crece sostenidamente. En 2025 alcanzó un 11,0%, frente al 7,0% de 2023, y se proyecta un 13,0% para 2026. Asimismo, los Planes de Fomento a la Calidad han financiado 2.231 proyectos en 63 instituciones de educación superior, con ejecuciones superiores al 93%.

Con estas cifras, el Ministerio de Educación Nacional evidencia que la educación superior pública atraviesa una transformación estructural sin precedentes. La combinación de inversión récord, ampliación de cobertura territorial, modernización de infraestructura y conquistas laborales configura un nuevo modelo educativo que prioriza la equidad, la calidad y la inclusión para garantizar el derecho a la educación en todo el territorio Nacional.

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/426818:Balance-2025-estos-son-los-avances-del-Gobierno-del-cambio-para-la-educacion-superior-publica-en-Colombia

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