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Pesquisa sobre la Covid-19 en sector educacional angoleño

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África/Angola/prensa-latina.com

El gobierno de Angola inició hoy una investigación exploratoria sobre la posible contaminación por la Covid-19 de niños y jóvenes que retornaron a clases el pasado lunes.
Según indicó el secretario de estado para Salud Pública, Franco Mufinda, la pesquisa da continuidad a la realizada en días recientes que incluyó a dos mil 844 docentes en la provincia de Luanda, de los cuales 85 resultaron positivos para el contagio por el coronavirus SARS-CoV2, causante de la pandemia.

En el sistema de educación general, el índice de positividad en la muestra seleccionada fue del 2,9 por ciento, mientras que en la enseñanza superior hubo solo 12 casos positivos, equivalentes al 1,8 por ciento, informó.

A esta altura, Angola registra un total de cinco mil 725 infectados por la Covid-19, con 201 muertos, dos mil 598 recuperados y dos mil 926 activos, notificó la multisectorial de respuesta a la pandemia.

Entre los activos, precisó Mufinda, hay 16 enfermos críticos con ventilación mecánica invasiva, 16 graves, 65 moderados, 301 que presentan síntomas leves y dos mil 528 son asintomáticos.

De acuerdo con la ministra de Educación, Luísa Grilo, las evaluaciones sobre el grado de exposición de alumnos y maestros al SARS-CoV2 tendrán lugar de manera periódica como parte de los aseguramientos del curso escolar, cuya reapertura sucederá de manera escalonada.

El objetivo no es examinar al conjunto de los estudiantes y educadores, las muestras escogidas y su seguimiento serán como fotografías sobre la evolución el brote epidémico, con validez para realizar inferencias estadísticas, aclaró Mufinda.

Las clases comenzaron el 5 de octubre para los escolares de sexto, noveno y duodécimo y decimotercer grado, así como para los universitarios.

Se espera que el próximo día 19 retornen a las aulas los demás estudiantes del segundo ciclo de educación secundaria, mientras que los de primaria y el primer ciclo de secundaria empezarán el 26 de este mes, según el calendario oficial.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=401875&SEO=pesquisa-sobre-la-covid-19-en-sector-educacional-angoleno
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Fallido retorno a clases en primeras escuelas en Chile, ¿qué pasó?

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América del sur/Chile/semana.com

Se esperaba que esta semana los primeros alumnos volvieran a algunas escuelas de Santiago, sin embargo, llegaron más camarógrafos que niños.

Cinco colegios eran los primeros que debían reiniciar clases el jueves en la región Metropolitana de Santiago, tras permanecer cerrados desde marzo por el coronavirus, pero solo llegaron alumnos a tres planteles, ante reclamos de estudiantes y padres contrarios a la medida y la presencia de la prensa.

Al liceo El Llano de la comuna de Pirque, en el sur de Santiago, no llegó ningún alumno. Fuera del recinto una decena de periodistas y camarógrafos esperaron en vano a los estudiantes, al igual que en el interior lo hacían profesores y directivos del colegio.

Solo un alumno asistió a la escuela primaria San Juan, de la misma comuna, pero se devolvió al ver la presencia de la prensa, mientras que a otros tres colegios de Pirque unicamente llegaron 20 escolares.

“Ha pasado una cosa bien curiosa: en tres colegios nos han dicho los apoderados que mientras esté la prensa los niños no van a ir”, relató el alcalde de la comuna, Cristian Balmaceda.

Lo ocurrido en Pirque fue calificado de “papelón” por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

“El papelón del retorno a clases en Pirque demuestra que no es una política adecuada forzar a la gente. Chile cambió, la gente ya no acepta medidas arbitrarias o poco racionales solo porque lo dispongan los poderosos”, dijo.

El mensaje fue respondido por el ministro de Educación, Raúl Figueroa: “Lo cierto, señor Aguilar, es que llegaron alumnos de manera totalmente voluntaria a clases presenciales en la comuna de Pirque. Y aunque hubiese llegado solo uno, como Ministerio de Educación es nuestro deber asegurar la continuidad de sus aprendizajes”.

La vuelta a clases presenciales después de casi siete meses de suspensión en Chile debido a la pandemia, divide a las comunidades. Los estudiantes chilenos alcanzaron a ir sólo unos pocos días a sus colegios en marzo antes que se cancelaran las clases.

Con las infecciones de coronavirus estabilizadas en torno a unos 1.800 por día desde hace dos meses -lejos del pico de 7.000 a mediados de junio- casi la totalidad de la Región Metropolitana flexibilizó las restricciones y sus 52 comunas transitan distintos pasos dentro del plan de desconfinamiento de cinco fases.

Los colegios y universidades chilenos se volcaron a las clases en línea para suplir la ausencia de las presenciales, pero con resultados muy disímiles en escuelas públicas y los colegios privados, que representan cerca del 8% de la matrícula.

Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/fallido-retorno-a-clases-en-primeras-escuelas-en-chile-que-paso/202012/

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España: Una iniciativa pretende fiscalizar los 2.000 millones del Fondo Covid

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Europa/España/08 Octubre 2020/eldiariolaeducacion.com

  • La Plataforma de Infancia junto a PoliticalWatch ponen en marcha una campaña hoy bajo el nombre de #ColeSeguro, con la que quieren conocer en qué se están invirtiendo los fondos COVID destinados a las comunidades autónomas, así como recoger la opinión de la comunidad educativa sobre el funcionamiento de las diferentes políticas públicas puestas en marcha.

a promesa del Gobierno central de destinar 2.000 millones a las comunidades autónomas para que invirtieran en educación para compensar las dificultades provocadas por la pandemia de la Covid-19 se cumplió hace semanas. Antes del verano ya se publicaron en el Boletín Oficial del Estado las cifras que cada autonomía recibiría.

El problema mayor es que son fondos finalistas. Las administraciones pueden gastarlos en educación o en cualquier cosa. No tienen que rendir cuentas a nadie por este tema, como han reconocido varias veces fuentes del Ministerio de Educación. Conseguir la información sobre esta cuestión es realmente complicado. Algunas autonomías responden a esta pregunta enviando tablas informativas en las que no se aclara muy bien qué partidas las sufraga el fondo y cuáles el presupuesto autonómico. Otras se limitan a facilitar un escueto «hemos contratado 2.300 docentes».

Para paliar esta falta de información, la Plataforma de Infancia y la entidad PoliticalWatch, comienzan hoy una campaña, #ColeSeguro, que como mínimo se prolongará hasta el mes de diciembre. Se apoyará en tres patas fundamentales.Para ello, además de hacer incidencia en redes sociales, también han puesto en marcha la página web ColeSeguro: https://coleseguro.es

La primera, conseguir toda la información posible sobre esta inversión en educación de las autonomías. Para ello contarán con colaboradores que intentarán rastrear los fondos siguiendo la actividad parlamentaria en las diferentes comunidades autónomas, o buceando en los boletines oficiales de cada una de ellas para ir armando el complejo puzzle de las inversiones no finalistas. Un arduo trabajo con el que, explica Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia quieren averiguar dónde se está poniendo el dinero: bajadas de ratios, obras en los centros educativos, compra de material higiénico-sanitario…

La segunda de las patas será una encuesta de 32 preguntas que se centrará en actores de la comunidad educativa. Para ello consultarán a sindicatos, organizaciones de directores y directoras y, también, a las de estudiantes. El objetivo es saber cómo estas inversiones y políticas públicas están llegando a los 28.000 centros educativos que hay en el país.

Y, la tercera, será una encuesta dirigida a toda la sociedad en general, aunque principalmente pensada para las familias o las personas con niñas, niños y adolescentes cerca. El objetivo de sus preguntas será conocer cómo perciben ellas las actuaciones que se están llevando a cabo para garantizar la salud y la seguridad de las y los menores en los centros educativos.

Ibarra explica que esperan conseguir una muestra bastante grande para estas encuestas. Con toda la información que obtengan de cada una de estas partes intentarán ver cómo se relacionan unas con otras a lo largo del tiempo. Comenta el director de la Plataforma que, además, andando el tiempo y en función de la evolución de la pandemia intentarán hacer nuevas oleadas de encuestas para hacer ese seguimiento de la información.

Ambas organizaciones, si la financiación lo permiten, mantendrán el seguimiento de la información sobre las medidas, las políticas y las inversiones relacionadas con ellas a lo largo también de 2021.

Se trata de una iniciativa compleja, dado que, como constata el propio Ibarra, «no hay mucha voluntad de transparencia» en lo que se refiere a dar explicaciones sobre en qué y cómo se está invirtiendo el dinero para paliar las consecuencias de la pandemia y mejorar la atención a la infancia y la adolescencia en los centros educativos.

La dificultad de recopilar los datos

Durante las últimas semanas, hemos intentado recopilar algunas de las cifras de inversión de diferentes administraciones públicas autonómicas sobre la finalidad de los fondos Covid invertidos por el Gobierno central. Un total de 1.600 millones han ido a parar a las arcas de los territorios, bajo la premisa de que podrían gastarlos en educación. Pero sin obligación legal de hacerlo. Y sin un seguimiento o fiscalización de ningún tipo.

Hemos consultado a algunas de las autonomías que mayores cantidades pecibieron en su momento: Andalucía, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Catalunya. Los datos que unas y otras devuelven son muy diferentes, en cuanto a concreción, sobre todo.

Por ejemplo, Catalunya, según el primer anuncio publicado en el BOE, recibió 337,4 millones de euros de los fondos. Esta cantidad se ha destinado al refuerzo de personal docente, también del de administración y servicios. Se han contratado refuerzos para la concertada y para los municipios. También ha habido inversiones en material informático, o se ha completado el Plan de Equidad Digital, se han comprado EPI, se han adecuado espacio, se han realizado pruebas de salus. Se han invertido en los comedores o en compensación para la escolarización en educación infantil pública y privada. Finalmente, se ha incrementado el servicio de transporte escolar y se ha indemnizado a empresas de comedor escolar.

El «problema» surge al comprobar que las candidades de todas estas inversiones exceden el fondo Covid destinado a Catalunya, además, de superar también otras inversiones provinientes del Gobierno central por vía de los programas PROA+ o de la inversión de la empresa Red.es. El total invertido cuenta con financiación de la propia Generalitat y las fuentes de Educació consultadas no saben decir en qué partidas exactas se ha gastado qué cantidad del Fondo Covid.

Aún así, Catalunya ofrece una información relativamente transparente. Las fuentes de la Comunidad de Madrid son más crípticas. Hasta hace unos días, lo único de lo que podían informar es que ya se estaban ejecutando los Fondos Covid destinados a la autonomía, cerca de 291,7 millones de euros. «En la actualidad, aseguran estas fuentes, este presupuesto ya se está ejecutando en lo más importante para el inicio de curso como la contratación de personal docente, infraestructuras educativas de diferente índole, la adquisición de material para los centros y todo lo que está siendo necesario para dar respuesta a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Por el momento no podemos ofrecer el desglose de cada uno de los gastos».

En la Consejería de Educación de Andalucía también han hecho un importante trabajo en relación a conocer en qué se han invertido cientos de millones de euros para este inicio de curso. Pero no se ha terminado de afinar esa transparencia. Según informan, la Junta ha puesto en marcha un Plan de Acción en Educación que está dotado de 600 millones de euros. Aunque en las últimas horas se ha visto aumentado tras el acuerdo firmado con los sindicatos para aumentar la ampliación de las plantillas docentes.

En cualquier caso, dentro del cómputo global de estos 600 millones (620 según las últimas cifras facilitadas por educación), estarían contenidos los cerca de 300 millones que ha recibido Andalucía. Aunque no se ha facilitado un desglose de qué parte del fondo Covid cae en cada nueva inversión, se cuenta con un aumento de las plantillas docentes tanto en la pública como en la concertada. También de las plantillas no docentes, con un aumento del personal de limpieza o de PTIS para los centros de educación especial. Además, se contempla un aumento de la inversión para obras en las infraestructuras y en material higiénico-sanitario.

Desde la Comunidad valenciana, fuentes sindicales aseguran que la inversión del fondo, unos 214 millones de euros, ha recaido en la contratación de más personal. Aproximadamente, dicen, un 80% del total. El resto se ha ido en material higiénico-sanitario, aunque hace unos días (finales de la semana pasada) había centros que todavía no habían recibido nueva financiación.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/07/una-iniciativa-pretende-fiscalizar-los-2-000-millones-del-fondo-covid/

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More than 5.2 million Spaniards are now under coronavirus mobility restrictions

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Europe / Spain / Author: Juan Navarro / Source: elpais.com

Experts warn that the public should expect a cycle of these confinements, and that infection rates will remain high unless there is a repeat of March’s strict lockdown.

The rising number of coronavirus cases in Spain is accelerating the introduction of new confinements across the country. For now, the restrictions being introduced are not as severe as they were during the first wave, when the central government implemented a state of alarm that saw Spaniards confined to their homes for several months. But perimetral lockdowns are being established where the transmission rate of the virus is on the rise.

Currently, more than 5.2 million Spaniards – 4.7 million of them in the Madrid region – are not allowed to leave their municipalities, apart from going to work, to school or to university, among other reasons. The latest areas to implement such measures are the municipalities of León, Palencia and San Andrés de Rabanedo, in Castilla y León, and La Almunia de Doña Godina in Aragón. Experts warn that while perimetral confinements are necessary when transmission is rising, they are insufficient if not accompanied by social limitations within the zone that has been locked down.

Castilla y León has a total of nine municipalities with restrictions. While the region has an average cumulative incidence of 374 cases per 100,000 inhabitants over two weeks, the figure for Palencia is 536 and in León, it is 510. The mayor of the latter city, José Antonio Díez of the Socialist Party (PSOE), on Monday confirmed that residents were aware that these restrictions could be on their way. “We accepted them with commitment because the common objective is to overcome the pandemic and reduce the high rate of infections,” he said. The Palencia mayor, Mario Simón of Ciudadanos (Citizens), also accepted the measures. “With the data that we have from the last few weeks, either the situation changed radically or it was just a question of time,” he said.

A police checkpoint in Madrid on Saturday.
A police checkpoint in Madrid on Saturday.VÍCTOR LERENA / EFE

The regional government of Castilla y León has used the Health Ministry’s new guidelines to apply the most restrictive measures: more than 500 cases per 100,000 inhabitants over two weeks, a PCR positivity rate above 10%, and more than 35% of intensive care unit (ICU) beds occupied. But other regions have taken action before exceeding these limits, which were agreed on by a majority of Spain’s regional administrations last week and introduced on a mandatory basis by the central government via the Official State Gazette (BOE).

Ahead of the upcoming annual Fiestas del Pilar in Zaragoza, celebrating the patron saint, the regional government of Aragón has taken the city back to Phase 2 of the country’s deescalation plan, which sees limits on capacity and assembly. It has done so with a cumulative incidence of 300 cases per 100,000 inhabitants over the last two weeks. It has done the same in Huesca, a city where the cumulative incidence is at 700, as well as in the municipality of La Almunia de Doña Godina, which has a very high rate of 1,000 infections per 100,000 inhabitants.

Experts consulted by EL PAÍS warn, however, that if an extreme lockdown similar to that of March is not introduced in a bid to flatten the curve, these perimetral confinements will become a regular occurrence. “We are facing a constant cycle of shutting down, opening, closing, and opening,” explains Joaquín López-Contreras, the head of Infectious Diseases at the Sant Pau Hospital in Barcelona. “Coping with a lockdown like the one in March is very difficult. Let’s see if lesser measures will see the epidemic squeeze us but not smother us.”

But, the experts add, a perimetral closure will not be enough. “Confining residents to a perimeter is done so that cases are not exported, but you also have to limit where contagion can happen to stop the spread,” says Joan Ramon Villalbi, a member of the Spanish Public Health and Health Administration Society. “Perhaps we have been relatively lax with social meetings.”

A worker shuts up Malaje bar in Madrid‘s Plaza de la Paja square, just before 11pm, the new closing time under the restrictions.
A worker shuts up Malaje bar in Madrid‘s Plaza de la Paja square, just before 11pm, the new closing time under the restrictions.OLMO CALVO

Alberto Infante, an emeritus professor of International Health at the Carlos III Institute, agrees. “Interrupting the circulation of the virus to slow down mobility is necessary, but not enough,” he says. “You need to take action inside these zones. It’s about knowing what to do besides confinement, whether we just limit family meetings, or capacity, or whatever else. In the Valencia region, systematic tracking and tracing of cases and contacts have helped.”

Regions such as Castilla y León, La Rioja (which has confined the municipalities of Calahorra, Arnedo and Rincón de Soto), and Navarre (Funes, Peralta, Falces and San Adrián), among others, have accompanied their mobility restrictions with limits on bar opening hours, capacity and social meetings. Even Madrid, which has reluctantly introduced the central government’s restrictions in 10 cities, including the capital (albeit having filed an appeal against them in the courts) has incorporated early closing hours and limits on capacity in bars and restaurants.

There is, however, no single approach to combat the virus. And even less so while efforts are being made to protect the country’s economy as much as possible. Ourense, for example, in the Galicia region, has opted to ban social meetings between people who do not live together rather than confining the municipality. “In theory this is good,” says Infante. “But it depends on what people want to do. It’s difficult to ensure that this is observed.” As such, the experts agree that there is a need to improve communication with citizens. “People need to understand why they need to do these things,” Infante explains. “There is scant education, and often it comes wrapped up with political controversy. And that discredits what is being proposed.”

Whatever happens, López-Contreras adds, the figures from June, when infections were at an all-time low and the state of alarm came to an end, will not be repeated unless there is another radical lockdown or the population of Spain completely changes its behavior. “We’ll be like we are now,” he says. “With figures that are threatening, but we will be resisting.”

English version by Simon Hunter.

Source and Image:   https://english.elpais.com/society/2020-10-06/more-than-52-million-spaniards-are-now-under-coronavirus-mobility-restrictions.html

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México: Denuncian amenazas, agresiones y desplazamiento forzado contra rarámuris que reclaman sus tierras

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Activistas y defensores rarámuris en la comunidad de Choréachi denunciaron que caciques del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, han amenazado, agredido y obligado a decenas de familias a desplazarse por reclamar “el reconocimiento y protección de su territorio ancestral y de sus bosques”.

Desde hace más de 30 años, los defensores rarámuri han reclamado el reconocimiento de su territorio ancestral “ante tribunales e instancias administrativas, con acompañamiento de Alianza Sierra Madre, AC (Asmac)”, y en 2018 obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Agrario, que actualmente se encuentra en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), explicaron.

Los caciques de la zona han actuado en respuesta con agresiones y amenazas a los abogados, defensores e integrantes de Asmac en Choréachi, entre las que se encuentran los asesinatos de las autoridades tradicionales Isidro Baldenegro, Juan Ontiveros, Jaime Subías y Socorro Anaya, así como “desplazamiento de familias, amenazas y agresiones permanentes”.

De igual forma, acusaron que los defensores de Asmac han sido objeto de campañas de desprestigio y descalificación de su trayectoria.

Las constantes agresiones y amenazas en contra de la comunidad rarámuri provocó la intervención del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenaron al gobierno federal garantizar la seguridad e integridad de la población.

Sin embargo, las hostilidades continúan contra los pobladores de Choréachi, por lo que los activistas exigieron a las autoridades frenar las agresiones, sancionar a los responsables de la violencia y el despojo territorial y acelerar la resolución del conflicto.

Con información de La Jornada

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/denuncian-amenazas-agresiones-y-desplazamiento-forzado-contra-raramuris-que-reclaman-sus-tierras/

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Moreno (Argentina): vecinos y vecinas luchan por “una tierra para vivir”

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Se trata de 130 familias del Barrio La Bibiana 2, ubicado sobre Ruta 3 y O’Brien en Moreno, quienes se encuentran a la espera de un inminente desalojo el cual estaba previsto para hoy. En este contexto, vecinos y vecinas exigen una respuesta al Municipio y una solución frente a la crisis habitacional. “El tiempo pasa y seguimos viviendo inhumanamente. Seguimos abandonados, por el Estado, el gobernador y ni que decir de la municipalidad. No hay respuestas claras. No abren mesa de diálogo. Solo llamadas en estos últimos días y hasta el fin de semana de diferentes áreas municipales. Sino nos reciben a nuestra comisión vecinal representando a las 130 familias que estamos abandonados, sin mejora habitacional, saldremos en reclamo a la ruta” explicó Viviana, vecina del barrio. Por ANRed

Alededor de 130 familias se encuantran a la espera de una respuesta frente al inminente desalojo que se realizará sobre el Barrio La Bibiana 2, ubicado sobre Ruta 3 y O’Brien en Moreno, cuya intendente es Mariel Fernández.

ANRed dialogó con Viviana, delegada barrial y vecina que busca una solución a la crisis habitacional que atraviesan miles de personas en nuestro país.

“Ayer hubo rumores que en el predio el sucesor de los terrenos se hizo presente y que al ser deudor la municipalidad se apropió de las tierras. En la semana que pasó la Municipalidad llamó a los vecinos diciendo que pidieron una prórroga, y se entrevistó con la comisión de delegados del barrio, que esta conformada por cinco mujeres. Lo que ellos ofrecían (autoridades municipales) eran camiones para reubicar algunas familias en lotes, que por el momento no se sabe donde. Las familias no quieren saber nada de entrevistarse individualmente. Por el momento nadie nos dió una respuesta exacta. Solo fueron rumores a través de un medio local y municipal. Nosotros vamos a resistir y estamos viendo si en esta semana pedimos a diferentes organismos apoyo a nuestra lucha, porque nadie se hace cargo. La única que da la cara es Vanina Pasik (Subsecretaria de Derechos humanos de Moreno), que tampoco asegura nada a las familias. Hasta el momento lo único que nos dicen es: ¡estamos trabajando!” explicó Viviana habitante del barrio Bibina 2.

Agregó “el tiempo pasa y seguimos viviendo inhumanamente. Seguimos abandonados, por el Estado, el gobernador y ni que decir de la municipalidad. No hay respuestas claras. No abren mesa de diálogo. Solo llamadas en estos últimos días y hasta el fin de semana de diferentes áreas municipales. Sino nos reciben a nuestra comisión vecinal representando a las 130 familias que estamos abandonados, sin mejora habitacional, saldremos en reclamo a la ruta. Si es posible buscamos todas las medidas pacíficas  que venimos teniendo. Ya va a hacer un año que estamos en el predio. Hay niños, ancianos, mayores con discapacidades, niños especiales. Es una vergüenza que nadie se ocupe de nosotros. Pedimos que desarrollo social nos entreviste, en el predio porque sentimos que nos quieren comprar”.

Finalmente agregó “si bien tenemos en claro que el desalojo no se va  a hacer por medidas de una apaleción o prórroga que hay sobre los asentamientos en provincia, hasta el momento no hay nada asegurado, para las familias. Cada vez que llueve perdemos todo. El barrio no mejora porque no dejan meter materiales, por medidas judiciales. Queremos conseguir una solución. Si los lotes son del municipio, ¿por qué nos hacen pasar por esta situación? ¿por qué no respetan el acuerdo que se presentó el 2 de marzo?”.

Fuente e imagen: https://www.anred.org/2020/10/05/moreno-vecinos-y-vecinas-luchan-por-una-tierra-para-vivir/

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Argentina: Extienden el pago del bono de 5 mil pesos al personal de salud

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El Gobierno nacional extendió por tres meses más el pago del bono de 5 mil pesos para todo el personal de salud. La decisión fue publicada este lunes en el decreto 787/2020 en el Boletín Oficial.

El 26 de marzo pasado mediante el decreto N° 315/20 se estableció una asignación extraordinaria que consistía en el pago de 5 mil pesos para el personal sanitario a pagar en abril, mayo, junio y julio de este año. La medida se extendió por más tiempo y, además, se incrementó el universo de trabajadores que perciben este bono.

La asignación que recibirán los trabajadores de la salud es de carácter no remunerativo, alimentario y no podrá ser pasible de deducciones o retenciones.

Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/296899-extienden-el-pago-del-bono-de-5-mil-pesos-al-personal-de-sal

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