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España/21 de junio de 2016/ Fuente: elmundo

La gestión de la delegación provincial, en entredicho tras conocerse la contratación ‘a dedo’ de docentes y las irregularidades en la escolarización.

Contratación de profesores al margen de los concursos ordinarios; irregularidades en el proceso de asignación de ratios y en la escolarización de los alumnos; aprobados ‘de despacho’ en contra de los criterios de los equipos docentes. La particular gestión de la Delegación de territorial de Sevilla se ha convertido en un problema para la Consejería de Educación, que ha tenido que salir al paso en más de una ocasión ante los escándalos derivados de un modelo de gestión opaco y no siempre respetuoso con los procedimientos. El reciente relevo político al frente de la delegación no ha servido de momento para cambiar unas dinámicas de funcionamiento que parecen enquistadas y donde los mecanismos de control externo han brillado por su ausencia.

¿Libre designación?

Las últimas alarmas se han encendido en la Consejería de Educación tras salir a la luz la contratación de profesores para ocupar puestos en centros públicos al margen de los concursos ordinarios. Ése parece ser el caso de la hija del jefe de la Inspección, Alberto Moreno, destinada a un ‘puesto específico’ adscrito al Comisionado del Polígono Sur sin que su nombre apareciera en los listados oficiales publicados en las convocatorias de 2014 y 2015.

La delegación de Educación ha reconocido a este periódico que existen vías alternativas de contratación de profesores, sin especificar cuáles ni con qué garantías se hace la selección y la distribución de esas plazas. Los ‘puestos específicos’ son plazas en centros con necesidades educativas especiales que se reservan para su asignación a funcionarios con unas cualidades y experiencias adecuadas a la especial dificultad del destino. El proceso de distribución de estos puestos, aunque cuenta con un margen de discrecionalidad grande por parte de la administración que resuelve, está sometido a una convocatoria reglada, como no puede ser de otra manera al tratarse de empleos públicos. En ningún caso pueden gestionarse como si se tratara de puestos de libre designación.

Varios sindicatos han pedido ya explicaciones a la delegada de Educación, Francisca Aparicio. Por su parte, el Partido Popular ha solicitado a través del Parlamento andaluz información precisa sobre el expediente de contratación de Anaís Moreno, hija del jefe de la Inspección, además de solicitar la comparecencia de la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, para que aclare si esta manera de distribuir las plazas docentes al margen de la norma es habitual también en otras delegaciones territoriales.

Duro reproche judicial

El de la asignación de los destinos no es el único escándalo que ha dejado en evidencia el elevado margen de arbitrariedad en la gestión de la Delegación de Educación. Una sentencia publicada también por EL MUNDO destapaba en el mes de mayo importantes irregularidades en el proceso de escolarización en los centros educativos sevillanos.

Se trata del pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Sevilla dictado el 4 de mayo de 2016 a raíz del conflicto originado por la matriculación de nueve niños que habían quedado inicialmente fuera de las listas por falta de plazas en el colegio concertado de Las Irlandesas de Sevilla en el curso 2014/15. En esa sentencia se relata cómo el colegio se vio obligado a seguir una orden telefónica de la Administración para elevar la ratio en sus aulas y escolarizar a una serie de alumnos sin mediar ningún tipo de resolución por escrito y pese a que ello podía suponer una lesión de los derechos de otros niños. El juez cuestionó la credibilidad de lo declarado ante la Justicia por el inspector jefe, Alberto Moreno, que dijo desconocer lo ocurrido, e instó a la administración (la delegación territorial de Educación, en este caso) a «depurar las responsabilidades internas que procedan si fuere el caso».

El juez recabó, además, el testimonio de los directores de varios centros concertados, que confirmaron que esa manera de proceder de la administración, mediante órdenes verbales y sin que mediara resolución administrativa, era habitual en la delegación de Sevilla. La sentencia concluía que la administración actúa con respecto a unos alumnos sí y otros no en función de la presión de los padres y, en cualquier caso, de forma absolutamente opaca.

No se tiene noticia alguna de que la Consejería de Educación abriera ningún tipo de investigación interna para averiguar por qué desde la delegación se trata de manera desigual a las familias que demandan un puesto escolar para sus hijos, a pesar de que EL MUNDO preguntó al respecto.

Aprobados por decreto

Los ‘aprobados’ de despacho han sido una constante en la delegación de Educación de Sevilla durante años. Las reclamaciones de los equipos educativos son frecuentes aunque sólo salen a la luz pública los casos más llamativos, como los del Colegio Aljarafe o el IES Los Álamos de Bormujos. Según datos de la propia delegación, en el curso pasado se produjeron en Sevilla 18 ‘aprobados de despacho’. Los docentes rechazan esta manera de actuar de la administración que desacredita su trabajo y los deja indefensos. Además se ofrece a las familias una mensaje equivocado con respecto a sus derechos, dado que cualquier error formal insignificante da lugar a la invalidación de la evaluación, no para que ésta se repita como sería lo lógico, sino para que se apruebe automáticamente al alumno, sin tener que demostrar si ha superado o no los objetivos de la asignatura.

La Consejería intentó poner algo de orden en los procedimientos para zanjar los excesos que se cometían en Sevilla y que saltaban a los medios de comunicación con excesiva frecuencia. Y forzó la retirada de un polémico documento en el que el servicio de Inspección de la delegación territorial relacionaba hasta 16 documentos o informes que los profesores debían presentar para justificar un suspenso. Entre ellos se incluía, por ejemplo, la grabación de los exámenes orales de idiomas.

Libros prohibidos

No siempre los abusos se producen por una actuación del Servicio de Inspección de la delegación de Sevilla al margen de la normativa. En otras ocasiones, es precisamente la aplicación celosa de la misma, rayando en el absurdo, lo que provoca aberraciones administrativas. Un ejemplo de esto último es el apercibimiento que dictó la Inspección contra un centro que había cometido la ‘osadía’ de pedir a los alumnos que compraran (o buscaran en una biblioteca pública) una obra clásica para su lectura obligatoria. Como los libros de texto son gratuitos en la Educación Primaria, la Inspección interpretó que se debía prohibir las lecturas que no estuvieran incluidas en los cheques para libros que reparten los centros.

La Consejería de Educación se limitó a aclarar entonces que el espíritu de la norma no amparaba ese tipo de prohibiciones, pero no pasó de esa desautorización pública.

En los despachos de Torretriana saben que tienen un problema en la delegación de Sevilla pero, de momento, no se han tomado cartas en el asunto.

Fuente: http://www.elmundo.es/andalucia/sevilla/2016/06/20/5766d9d646163fc0458b4648.html

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