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Venezuela: Docentes de la UCV vuelven a exigir soluciones ante la crisis salarial

Por: Radio Fe Y Alegría 

El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) calificó el pasado 6 de noviembre como una “injusticia intolerable” el fraccionamiento del bono navideño y advirtió que los salarios actuales “impiden cubrir las necesidades básicas” de los docentes y, por ende, dificultan la formación de profesionales de excelencia.

José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), informó en el programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias que el gremio ya presentó al gobierno una propuesta para elevar el salario mínimo docente a 200 dólares.

Sin embargo, reconoció que podrían negociar montos menores, entre 120 y 180 dólares, según la disponibilidad de recursos.

“Hay una poca comprensión por parte del gobierno venezolano del papel que ocupa la ciencia en la posibilidad de generar progreso y bienestar para la gente”, opinó.

A la espera de diálogo con el Ministerio de Educación Superior
Afonso resaltó que desde julio la APUCV ha buscado diálogo con el Ministerio de Educación Superior, presentando indicadores para el bono vacacional y recreacional, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

“Se comprometieron a trabajar con nosotros en una mesa de diálogo y todos los días prendemos el teléfono esperanzados de que nos llamen, pero no ha habido ningún llamado”, lamentó.

También indicó que respaldan la propuesta del gremio de maestros de un bono navideño compensatorio de 400 dólares.

Los peores pagados del planeta

El académico criticó que los profesores universitarios venezolanos sean los peores remunerados del planeta, ya que tabla salarial oscila entre 1 y 3 dólares y el salario base del profesor de más alto nivel es de apenas 522 bolívares mensuales.

En ningún caso, dijo, la bonificación de fin de año supera los 40 dólares. Lo que se recibe adicional, 40 dólares de cestaticket y 120 por el llamado “bono de guerra”, no se incluye en el cálculo de aguinaldos, bono vacacional, prestaciones sociales ni otros beneficios, lo que, según él, ha destruido el sistema de remuneraciones.

El mérito dejó de valer

Afonso señaló que los docentes de más alto nivel, con mínimo 15 años de docencia, doctorado y estudios de investigación, cobran lo mismo que quienes tienen un año de actividad docente o no han ascendido en el escalafón. “No vale el mérito, la experiencia ni las responsabilidades”.

Alertó que esta situación desnaturaliza la carrera académica, elimina incentivos para ascender, investigar o publicar, y genera un frenazo en todas las vertientes de la ciencia.

Asimismo, enfatizó que los resultados de las investigaciones realizadas por los universitarios pueden aportar soluciones a grandes problemas nacionales.

https://www.aporrea.org/educacion/n412248.html

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La denuncia del acoso como acto político

Por Soledad Buendía Herdoíza *

El acoso sexual en el espacio público es una forma de violencia de género cotidiana que atraviesa todas las mujeres, pero se vive y se regula de modo distinto según la posición socioeconómica, el género, la raza, la edad y la condición laboral. Este artículo analiza el fenómeno desde una perspectiva de género, integra un enfoque de derechos humanos e insiste en la necesidad de aplicar una mirada interseccional.

El acoso callejero —silbidos, tocamientos, intentos de beso, comentarios lascivos, persecución— es una expresión cotidiana de la desigualdad de género que normaliza la apropiación del cuerpo femenino en el espacio público. Aunque su manifestación parece individual (un hombre que comenta, que hace un gesto), su explicación y su combate requieren una lectura colectiva pues la desigualdad de género se entrelaza con relaciones de poder más amplias, normas culturales y vacíos normativos que perpetúan la impunidad. La reciente denuncia pública por acoso presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha introducido este tema en el centro del debate público y pone de manifiesto tensiones sobre la visibilidad de la problemática, legitimidad de la denuncia y posibles respuestas estatales.

Como punto de partida definiremos el acoso como una forma de violencia sexual y simbólica que limita la libertad de movimiento y la dignidad de las personas, principalmente mujeres y disidencias sexuales, en espacios públicos. Se trata tanto de acciones directas como tocamientos, empujones, intentos de besos, como de micro mensajes que normalizan la sexualización del cuerpo femenino; se incluyen comentarios, miradas lascivas y deslegitimación del reclamo. El carácter masivo y la alta tolerancia social hacen que la mayoría de los episodios no sean denunciados. Encuestas y reportes documentan que una fracción significativa de mujeres no acude a las autoridades porque percibe que no será atendida, porque teme represalias o porque considera el acto “sin importancia”.

Aunque todas las mujeres pueden ser objeto de acoso, la experiencia concreta y las posibilidades de respuesta están fuertemente mediatizadas por la condición de clase, el origen étnico y el género. Las mujeres de sectores populares suelen depender más del transporte público y caminar más en la calle (turnos, trabajo informal), lo que incrementa la frecuencia de exposición a agresores y reduce las opciones para evitar riesgos. Por otro lado, las mujeres con mayores recursos económicos y capital cultural tienen mayores posibilidades de acceder a medios, asesoría legal y redes que amplifiquen su denuncia; en cambio, mujeres pobres, migrantes o indígenas, enfrentan más barreras institucionales y temor a la victimización por parte de la policía o del sistema judicial.  En este contexto, cuando una mujer presidenta denuncia el acoso del cual fue víctima, el eco mediático permite una visibilidad mayor; esto ayuda a abordar estructuralmente el problema, pero no garantiza que la realidad se transforme para quienes más lo sufren cotidianamente. El episodio en el centro histórico de la Ciudad de México que involucró a la presidenta pone en evidencia esta doble faz, por un lado, la capacidad simbólica de atención pública y la necesidad de traducirla en cambios que beneficien a todas las mujeres.

Desde la perspectiva de derechos humanos, el Estado está obligado a garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y a asegurar el acceso a la justicia, medidas de prevención y reparación. Es urgente la tipificación del acoso como delito y su sanción, la capacitación con perspectiva de género de las autoridades y protocolos para la atención rápida y sensible de las víctimas. La presidenta misma ha señalado la necesidad de homogeneizar los códigos penales estatales para que el acoso sea sancionado en todo el territorio, lo que plantea un debate sobre la complementariedad entre políticas punitivas y medidas preventivas para la transformación cultural.

Una lectura interseccional de la problemática recuerda que el género no opera en el vacío, mujeres indígenas, afrodescendientes, trans, migrantes, jóvenes y/o de barrios populares experimentan el acoso en condiciones agravadas por discriminación múltiple. Por ejemplo, las mujeres jóvenes reportan formas más frecuentes de micromachismos en el transporte escolar y universitario; las trabajadoras informales enfrentan acoso que puede condicionar su ingreso diario. Ignorar estas intersecciones significa diseñar respuestas que benefician principalmente a quienes ya tienen más poder y voz pública. Estudios y activismos feministas en México han insistido en la necesidad de políticas diferenciadas que atiendan estas multiplicidades.

Los debates conceptuales impulsados desde los feminismos son útiles para entender y enfrentar el acoso. Marcela Lagarde define la violencia contra las mujeres como un continuum que incluye la apropiación simbólica y física del cuerpo femenino, y llama a políticas que restituyan derechos y autonomía. Marta Lamas ha discutido cómo prácticas normalizadas en la calle son “residuos tolerados de abuso” cuya tolerancia atraviesa ámbitos públicos y privados; ambas autoras subrayan que la denuncia no es solo un acto jurídico, sino un acto político que tensiona las normas culturales. Estas autoras proporcionan marcos para comprender por qué el acoso no es un problema individual sino una cuestión estructural.

La denuncia pública presentada por Claudia Sheinbaum como acto político supone al menos tres efectos, primero visibiliza que la violencia no respeta cargos ni apariencia; segundo, emplaza al Estado a revisar marcos legales y prácticas institucionales; y finalmente, genera debates sobre la exposición pública de la víctima y la manera en que los medios y actores políticos pueden revictimizar. Sin embargo, la visibilidad por sí sola no resuelve las desigualdades: es necesario que la respuesta estatal contemple recursos para mujeres de todos los sectores, sea sensible a la interseccionalidad y no se limite a la sanción simbólica o selectiva.

En ese orden de ideas es fundamental impulsar la tipificación del acoso como delito en todas las entidades federativas, con definición clara y protocolos de investigación y atención inmediata, acompañar esta acción de medidas no punitivas complementarias como programas educativos desde la infancia sobre consentimiento, masculinidades y respeto; campañas dirigidas a poblaciones masculinas y a agentes públicos. Generar mecanismos institucionales que garanticen accesibilidad a la denuncia y protección, con unidades móviles y atención en transporte público; formación obligatoria en perspectiva de género para policías y ministerios públicos; rutas de denuncia seguras para mujeres en situación de vulnerabilidad. Así como diseñar medidas específicas para mujeres indígenas, trans, afrodescendientes, jóvenes y trabajadoras informales, llevar adelante monitoreo y datos desagregados, fortalecer encuestas y registros administrativos que permitan medir la prevalencia por clase, edad, etnia y territorio.

El acoso es síntoma y motor de una cultura de desigualdad que vulnera derechos y limita libertades. La denuncia de una figura presidencial puede catalizar atención, pero la transformación real exige políticas integrales que combinen sanción, prevención, reparación y —sobre todo— una apuesta por la educación y la redistribución de poder simbólico. Desde una mirada interseccional, las respuestas deben priorizar a quienes históricamente han estado más expuestas y menos protegidas, garantizando que la justicia y la dignidad alcancen a todas las mujeres.

*Exsecretaria Nacional de Gestión de la Política del Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa y exasambleísta. Colaboradora del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro (IDEAL). Activista por los derechos de las mujeres.

La denuncia del acoso como acto político – Por Soledad Buendía Herdoíza

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Miles de profesores catalanes salen a la calle para protestar por la falta de recursos en la educación

Por: Carina Farreras

Este sábado, se ha notado el músculo de la amenaza y miles de personas se han sumado a la movilización. Según los sindicatos de la enseñanza convocantes (Ustec-Stes, Aspec-Sps, CC.OO., CGT y UGT) los profesores se sienten exhaustos ante una ingente carga de trabajo debido a la complejidad y diversidad en las aulas y a unos currículums con los que no están de acuerdo. A ello añaden la falta de reconocimiento social y la pérdida de nivel adquisitivo de los últimos años. Los sindicatos calculan que la inflación ha arrebatado un 20% de nivel salarial y quieren recuperarlo.

Ustec-Stes

La manifestación se organiza “Después de un año de no negociación y de no cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la administración”.

Para la portavoz de Ustec·Stes, el sindicato educativo mayoritario, esta movilización se organiza “después de un año de no negociación y de no cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la administración”.

Su homólogo en Aspepc·Sps, Andreu Navarra, ha hecho hincapié en las retribuciones y la burocratización, señalando que la manifestación es un “ultimátum” a la administración.

Por CC.OO. Educació, Ester Vila, ha abundado en que si no se abren las negociaciones con la conselleria, la “movilización irá adelante”, asegurando que el malestar se va acumulando por lo que hay que tomar medidas respecto a, al menos, dos puntos: la reducción de ratios y la mejora de salarios.

Manifestación de profesores y familias

Manifestación de profesores y familias

A esta reivindicación laboral se han sumado decenas de asociaciones distintas vinculadas con la educación.

Por ejemplo, los docentes de bachillerato de ciencias, filosofía y lengua, que han mantenido su lucha durante casi un año por los últimos cambios curriculares que afectan a esta etapa educativa, exigen que no se vean recortados los horarios de sus disciplinas.

Las familias, por su parte, que se han sumado a última hora a la movilización, a través de la llamada de la mayor asociación de asociaciones de familias de centros públicos (AFFaC). Reclaman más presupuesto para que sea efectiva la escuela inclusiva y todos los alumnos, independientemente de su origen, condición social, física o psíquica reciban los recursos adaptados a sus necesidades especiales. Además, piden reforzar la red pública.

Existe unanimidad en pedir el 6% del PIB para educación, para cumplir lo que establece la ley de educación catalana (LEC), pero unos sindicatos y asociaciones persiguen que se destine solo a los centros educativos públicos y, otros, como Feusoc, sindicato mayoritario del profesorado concertado, a las escuelas de todo el servicio de educación de Catalunya, como avala la propia LEC.  Por su parte, la CCAPAC, que representa a las asociaciones de familia de escuelas cristianas también reclama que “no se margine al sector concertado,” que representa el 30% del sistema educativo.

Manifestación de profesores en Barcelona

Manifestación de profesores en Barcelona Alex García

Demandas concretas

En un manifiesto, los sindicatos convocantes recuerdan que la educación catalana sufre desde hace años una “falta crónica de financiación” , que se han desplegado decretos, como el de plantillas, que han supuesto pérdida de democracia en los centros, se ha producido una inestabilidad de las plantillas, abuso de interinidad, cierre de grupos clase en los centros públicos y ataques judiciales a la escuela catalana. Por todo ello piden:

– Recuperar el poder adquisitivo perdido y mejorar los salarios de todo el personal del Departament d’Educació.

-Aligerar la carga de trabajo incorporando recursos para atender mejor a los alumnos: rebajar ratios, ampliar plantillas.

-Reducir la burocracia y eliminar tareas innecesarias.

-Garantizar la democracia en los centros y derogar los decretos de plantillas, autonomía y direcciones.

-Establecer currículums negociados y consensuados  con los docentes.

https://www.lavanguardia.com/vida/20251115/11267319/miles-profesores-catalanes-salen-calle-protestar-falta-recursos-educacion.html

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Encuentros para pensar al lawfare como “estrategia regional del nuevo golpe de Estado” en América Latina

Del 13 al 20 de noviembre

Seis encuentros para pensar al lawfare como “estrategia regional del nuevo golpe de Estado”

Juristas, académicos y protagonistas abordarán casos emblemáticos en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú de esta práctica de desestabilización institucional. Jornadas internacionales del Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC).

CABA, 10/11.- Ante el avance de un fenómeno que el Papa Francisco supo definir como una grave amenaza a la democracia y los derechos sociales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) convoca a las jornadas internacionales “Lawfare, la estrategia regional del nuevo golpe de Estado”, del 13 al 20 de noviembre.

A lo largo de seis encuentros, juristas, académicos y protagonistas abordarán casos emblemáticos de lawfare en la región, entendiendo que, lejos de tratarse de episodios aislados, responden a patrones históricos de desestabilización institucional que evocan experiencias como el Plan Cóndor y que hoy se expresan en intentos de proscripción de liderazgos políticos, la sustitución de la voluntad popular y la expoliación de recursos.

– El jueves 13 de noviembre, la jornada inaugural se ocupará de la mirada de Francisco sobre el lawfare, con la participación del profesor emérito Eugenio Raúl Zaffaroni, director del IFBC; el juez Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU); y la periodista especializada Irina Hauser. Este primer encuentro, presencial, tendrá lugar a las 17:30 (hora de Argentina, GMT-3) en la sede del IFBC en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en avenida Ingeniero Huergo 1189. También habrá transmisión por YouTube.

El resto de las jornadas, dedicadas cada una a un país y a casos específicos, serán de modalidad virtual, vía Zoom, todas a las 17:30 (hora de Argentina, GMT-3).

– El viernes 14 se analizará la situación de Bolivia y el proceso vivido por Evo Morales, con intervenciones de Wilfredo Chávez, ex procurador general del Estado de Bolivia; y Orlando Ceballos, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.

– El lunes 17 será el turno de Brasil. Carol Proner, doctora en Derecho Internacional y profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro; y Juárez Tavares, doctor en Derecho Penal por esa misma casa de estudios y ex subprocurador general de Brasil, examinarán el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva y el caso “Lava Jato”.

– El martes 18 estará dedicado a la Argentina y la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Expondrán Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Carlos Beraldi, profesor de Derecho Penal de la UBA; y Silvina Romano, doctora en Ciencia Política e investigadora del CONICET.

– El miércoles 19 se revisará el caso en Perú del presidente Pedro Castillo, marcado por una destitución y encarcelamiento sin garantías suficientes. Expondrá el Dr. Zaffaroni.

– El jueves 20 se estudiarán los procesos en Ecuador contra Rafael Correa y Jorge Glas. Expondrán Ernesto Pazmiño, analista jurídico en Constitucionalismo y Democracia; y Sonia Vera, abogada especializada en litigio internacional y derechos humanos.

Se trata de una actividad libre y gratuita con la cual el IFBC busca contribuir a que magistradas y magistrados, especialistas y la ciudadanía en general puedan distinguir, denunciar y enfrentar con claridad estas prácticas, fortaleciendo así la democracia.

Para ser parte de estas jornadas solo es necesario completar el formulario de inscripción.

Links

– Formulario de inscripción:

https://forms.gle/PovXYRkuCwkssKUY6

– Jornada inaugural por YouTube:

– Zoom para el resto de los encuentros: https://zoom.us/j/92096596225?pwd=ZyHON8TNhmgU524g53MFiTPiEIEUfH.1#success

Más información

– Web: institutofbc.org

– Instagram: @ifbcarg

Contacto de prensa

Carlos Romero

+54 9 11 5162-3714

cr.romero@gmail.com


Encuentros para pensar al lawfare como “estrategia regional del nuevo golpe de Estado” en América Latina

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Ecuador: La Alianza por los DDHH presentó un informe sobre las violaciones de derechos humanos durante el paro en septiembre y octubre

Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presenta informe sobre supuestas violaciones de derechos humanos ocurridas durante el paro en Ecuador

Según el informe, el 75 % de los incidentes de violación de derechos humanos ocurridos durante el paro en 2025 se dieron en Imbabura y Pichincha.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos entregó, la mañana de este miércoles, 12 de noviembre, su primer informe sobre lo sucedido en términos de derechos humanos en los 31 días que duró el paro que vivió Ecuador y que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), luego de que el presidente de la República, Daniel Noboa, eliminó el subsidio al diésel.

Según Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza, el equipo que trabajó en los días de protesta registró graves violaciones de derechos humanos y el uso abusivo de la violencia estatal contra personas manifestantes, comunidades, dirigentes sociales y población urbana en varias ciudades del país.

El informe de verificación señala que de los más de 700 reportes de violaciones de derechos humanos recibidos por integrantes de la Alianza, solo 391 fueron verificados y validados por el equipo de análisis como casos en los que se configurarían violaciones de derechos.

De esos reportes, explicó Hidrobo, se habría podido identificar 206 personas detenidas, 473 personas heridas, al menos 25 graves, 16 desapariciones de corta duración y 2 personas fallecidas por uso de la violencia pública.

“Las cifras con corte a 23 de octubre (2025). Las verdaderas cifras irán saliendo poco a poco, pero sobre todo esas cifras serán dadas por las propias organizaciones indígenas que después de finalizar el paro han seguido levantando información. (…) Señalamos que estas cifras son un subregistro, porque inclusive en esas condiciones no tenemos toda la capacidad de identificar todo lo que está ocurriendo. Un subregistro porque el dolor a veces sale varias semanas después, años después se saben las historias, pero sobre todo, un subregistro porque el Estado, que debía darnos todos los días cifras de personas heridas, detenidas y fallecidas, omitió su deber de transparentar las cifras. Tampoco la Defensoría del Pueblo cumplió en este paro nacional con su rol”, sostuvo la coordinadora de la Alianza.

Otro dato que es parte del informe señala que el 75 % de los incidentes de violación de derechos humanos ocurridos durante el mes del paro en 2025, los cuales fueron conocidos por el equipo de análisis, ocurrieron en las provincias de Imbabura y Pichincha. El otro 25 % respondería a casos ocurrido en otras provincias del país. “Fue un paro nacional con mayor represión en Pichincha e Imbabura”, anotó.

Para la defensora de derechos humanos María Espinos, este paro no surgió de la nada, ni fue una manifestación espontánea que no tiene raíces o que no tiene causas. Según la integrante de la Alianza, las causas del paro de septiembre y octubre de 2025 tienen que ver con un debilitamiento muy claro de los espacios cívicos y democráticos en el país, con una concentración del autoritarismo estatal en manos del Ejecutivo, con la cooptación de la institucionalidad, en una narrativa polarizada y la cimentación en un discurso de odio, racista, un discurso que busca posicionar el terrorismo y el crimen organizado.

“Insistimos en que la respuesta estatal desde el día uno fue la respuesta violenta y de ataque sobre un derecho. Para nosotros también es importante el uso abusivo y desproporcionado del derecho penal. Finalmente, las consecuencias del paro son consecuencias que siguen más allá de que los actos de las movilizaciones hayan sido ya suspendidos. Hay un alto número, no solo de manifestantes, de dirigentes y de defensores de derechos humanos que hoy tienen causas penales en su contra por delitos como terrorismo, paralización de servicios públicos, incitación, financiamiento del terrorismo, que por supuesto son tipos penales desproporcionados respecto de las actividades que esas personas se encontraban ejerciendo, mucho más si se entiende que protestar es derecho y no delito”, refirió Espinosa. (I)

El Universo




Marchas, asambleas comunitarias y consignas: así avanza la campaña por el “No” este 12 de noviembre

En Quito, la principal concentración se realizó frente a la Caja del Seguro. Decenas de personas portaron pancartas y corearon consignas en defensa de los derechos laborales y sociales.

A tres días del referéndum y la consulta popular, varias organizaciones sindicales y sociales marcharon este 12 de noviembre de 2025 en distintas ciudades del país para rechazar las preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) encabezaron las movilizaciones bajo el lema “Unidos y en la calle, defendamos nuestros derechos. Por el “No”, por el futuro del pueblo ecuatoriano”.

¿Dónde se realizó la concentración?

En Quito, la principal concentración se realizó frente a la Caja del Seguro. Decenas de personas portaron pancartas y corearon consignas en defensa de los derechos laborales y sociales. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó cierres viales progresivos en la Av. 10 de Agosto y en calles del Centro Histórico desde las 17:00.

La UNE organizó plantones simultáneos en al menos 13 provincias, entre ellas Azuay, Carchi, Guayas, Loja, Sucumbíos y Tungurahua. En un comunicado conjunto, los gremios afirmaron que su postura busca “defender las conquistas históricas del pueblo ecuatoriano” y evitar reformas que “atentan contra los derechos laborales y sociales”.

“Nos movilizamos junto a estudiantes, maestros, trabajadores y la comunidad universitaria para decirle No a Noboa en la consulta popular, por la educación, la salud y la seguridad”, señalaron las organizaciones.

¿Qué dicen los líderes de las organizaciones?

El presidente del FUT, Edwin Bedoya, insistió en el llamado a votar “No” en las cuatro preguntas de la consulta popular y el referéndum, sobre todo en la que plantea la conformación de una Asamblea Constituyente.

“El presidente Noboa no explicó al país cuál es el modelo de Estado que busca establecer con una nueva Constitución. Vemos a un mandatario titubeante, que ni siquiera conoce el sistema de seguridad social”, dijo Bedoya.

El dirigente añadió que la consulta “es un distractor frente a intereses económicos ya definidos” y denunció una “persecución judicial y política” contra los líderes sindicales.

Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, aseguró que la consulta abriría paso a la privatización del IESS, la educación y la salud. “Votar sí es entregar un cheque en blanco al poder. Después de la consulta vendrán alzas en los pasajes, el gas y las tarifas eléctricas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional”, afirmó Quishpe.

¿Qué realiza la Conaie y otros actores políticos?

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) realizó dos conversatorios con representantes políticos y sociales para analizar las posibles consecuencias de convocar a una asamblea constituyente. En paralelo, su presidente, Marlon Vargas, difundió un video en redes sociales en el que cuestionó el proceso electoral y afirmó que “estos comicios no resolverán nada”.

“La gente está cansada de vivir con miedo, de promesas incumplidas, de esperar un cambio que nunca llega. Y ahora quieren hacernos creer que esta consulta va a cambiar algo. No lo hará. No trae empleo, salud, educación ni seguridad; no enfrenta los verdaderos problemas del país. El Gobierno busca modificar la Constitución para concentrar más poder”, sostuvo Vargas.

Por su parte, el presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Rafael Negrete, y el expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, realizaron asambleas comunitarias para promover el voto por el “No” en las cuatro preguntas del referéndum.

Mientras tanto, la Revolución Ciudadana (RC) centró su estrategia en redes sociales. Su presidenta, Luisa González, expuso la posición del movimiento en varias entrevistas. En el caso del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), su dirigente, Gustavo Vallejo, movilizó a su militancia en calles y plazas para expresar su rechazo a la consulta.

Para el 13 de noviembre, los sindicatos tienen previsto realizar una nueva movilización en Quito. Esta partirá desde el sur hacia el centro y norte de la ciudad, junto a la Conaie, como cierre de su campaña por el “No”.

Radio Pichincha

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La opinión de los docentes sobre la IA: entusiasmo, cautela y nuevos desafíos en la enseñanza

El informe TALIS 2024, elaborado por la OCDE, analiza los riesgos y oportunidades de esta tecnología en las aulas a partir de la opinión y la experiencia de docentes y equipos directivos.

¿Qué riesgos y oportunidades conlleva la inteligencia artificial en el aula? La rápida irrupción de esta tecnología entre los estudiantes ha hecho que muchos expertos se hagan esta pregunta. Y la Encuesta Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS 2024, por sus siglas en inglés), elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), da una respuesta basada en la opinión y experiencia de docentes y directores de colegios de todo el mundo, que han puntuado y valorado aspectos de la docencia y pedagogía en sus centros.

Así, el informe TALIS 2024 recoge cinco posibles beneficios de la IA en el aula “siempre que se integre de forma ética y pedagógicamente adecuada”, como son la mejora de los planes de clase, adaptación de materiales a los distintos niveles, apoyo al alumnado de forma personalizada, recursos para alumnos con necesidades especiales y automatización de tareas administrativas.

Como complemento a esta investigación, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha publicado, a su vez, un análisis específico a partir del estudio TALIS, que se centra específicamente en los 1.013 centros educativos españoles participantes. Teniendo en cuenta sus respuestas, se observa que un 28% del profesorado de Primaria y un 35% en Secundaria utilizan la IA como ayuda para preparar sus clases, pero no se fían del uso que dan los estudiantes a esta tecnología. A un 75% del profesorado le preocupa el plagio, un 68% la información errónea que facilita la IA y un 52% observa el posible sesgo y manipulación del alumnado.

opinión de los docentes sobre la IA

Sin embargo, ninguna pregunta profundiza sobre los criterios éticos en el uso de la IA y su implicación en la dignidad humana, que para Triodos Bank son aspectos clave en la educación. “Al preguntar por los riesgos, TALIS cae de nuevo en los lugares comunes y lo obvio: el riesgo al plagio y la copia, o los riesgos derivados de los sesgos de la IA y la privacidad de los datos. Se ignoran otros potenciales riesgos importantes que pueden afectar a los estudiantes”, reflexiona en su blog Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta y coautor, junto a Tíscar Lara, del libro ‘IA y Educación: Una relación con costuras’. En su análisis del Informe TALIS, Magro plantea la posibilidad de que la IA implique una dependencia tecnológica, que lleve a la pereza cognitiva, reduzca la profundidad, calidad y perdurabilidad de los aprendizajes o que incluso debilite habilidades clave como el pensamiento crítico y el bienestar emocional en etapas sensibles como la adolescencia.

Por eso, para muchos expertos la IA como herramienta de estudio no debería limitarse a decidir cuándo y cómo puede utilizarla el alumnado, sino asumir que la IA ya es usada habitualmente. Aportar las herramientas necesarias para detectar errores, desinformación, limitaciones de los patrones de aprendizaje y sesgos sobre derechos fundamentales y bienestar social son algunos de los retos que  tendrán que afrontar los docentes.

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/opinion-de-los-docentes-sobre-la-ia/

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España: Aprobado el anteproyecto para reducir los alumnos por aula, 22 en educación Primaria y 25 en Secundaria

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que busca reducir el número de alumnos en las aulas estableciendo una ratio de hasta 22 alumnos en Educación Primaria y 25 en Secundaria. Actualmente hay 25 en Primaria, con la posibilidad de ampliar un 20% más, y 30 en Secundaria.

Además, en las aulas donde existan alumnos con necesidades educativas especiales, ese alumno computará por dos como doble plaza con el fin de establecer una mejor distribución por aula y compensar de esta manera la mayor dedicación necesaria por parte del profesorado.

Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en Secundaria; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.

Reducción de la «carga lectiva» a los profesores

Así lo ha avanzado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, que ha detallado también que se reducirá la «carga lectiva» de los maestros esto es, el horario lectivo de los profesores, que pasará a ser 23 horas semanales máximas en Primaria y 18 horas semanales en Secundaria a partir del curso que viene 2026/2027.

Alegría ha explicado que algunas comunidades autónomas ya trabajan con estas ratios y horas lectivas porque así se estableció como recomendación en el año 2019, pero que a partir del próximo curso se establecerá la obligatoriedad.

En este sentido, ha dicho que tras la aprobación del anteproyecto de ley en primera vuelta, el Ministerio de Educación comenzará a dialogar con las comunidades autónomas y con los sindicatos, con los que ya han mantenido diversas reuniones para desarrollar esta norma, en las distintas mesas sectoriales. Espera un «apoyo generalizado» en el sector.

«Este anteproyecto busca revertir los recortes educativos del PP en el año 2012», ha afirmado la ministra, que ha añadido que el fin último de esta ley es «mejorar la calidad de la educación».

«Esta va a ser la legislatura del profesorado», ha aseverado la ministra, que cree que los profesores y maestros deben estar en el centro y «devolverles al lugar y al reconocimiento que merecen». «Si queremos cuidar a los que nos cuidan tenemos que estar al lado de los docentes de nuestro país», ha añadido.

Una vez aprobada la ley, se establecerá un calendario de seis meses para modificar un real decreto que modifique las ratios de las etapas no obligatorias.

La ministra ha asegurado que tiene la confianza de que este proyecto salga adelante durante su tramitación parlamentaria, a pesar de que Junts haya roto su acuerdo con el Gobierno. «Espero y deseo, y desde luego lo vamos a trabajar, para que salga adelante», ha zanjado.

https://www.rtve.es/noticias/20251111/aprobado-anteproyecto-para-reducir-alumnos-por-aula-22-educacion-primaria-25-secundaria/16810447.shtml

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