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13 de marzo de 2016/ América/ Colombia/ Deysi Delgado Cadena/Información publicada en el periódico digital Colombia Informa.

13 mar. Manizales- ¡Que la crisis no la pague la educación!  exige el movimiento estudiantil colombiano que vuelve juntarse para responder, en este caso, a la nueva arremetida del gobierno nacional: la reforma a las licenciaturas. Tras el Primer Encuentro de Estudiantes de Licenciaturas, se reactivó la polémica por las decisiones gubernamentales de recortar y modificar los programas pedagógicos.

Por Deissy Delgado Cadena*. Después de varios años de dispersión, el movimiento estudiantil colombiano volvió a reunirse para confrontar el modelo de educación impulsado el Gobierno, hoy materializado entre otras cosas en la nefasta resolución de licenciaturas elaborada y aprobada por el Ministerio de Educación Nacional -MEN- que desconoce las innumerables voces de rechazo a su propuesta. La dura crisis que vive nuestro país y que a toda costa quieren descargar en los hombros del pueblo, tiene duros efectos sobre la educación como lo evidencia la difícil etapa que atraviesa la Universidad del Tolima, afectada por la asfixia presupuestal al punto de la cancelación del semestre. Además, vale la pena recordar, medidas como el congelamiento presupuestal de 6 billones de pesos que el Gobierno ha decretado para varios sectores, incluido el educativo.

Motivados por esa realidad, los estudiantes de licenciaturas realizaron el I Encuentro Nacional de Estudiantes de Licenciaturas -ENEL- que tuvo lugar en la ciudad de Manizales, Caldas, los días 5 y 6 de marzo. Con la asistencia de 18 universidades del país, en el evento se elaboraron propuestas como la participación en la jornada nacional de movilizacion del 17 de marzo, convocada por las centrales obreras y las organizaciones populares, con la consigna ¡Que la crisis no la pague la educación!. El objetivo de participar en ese espacio es, sin duda, visibilizar las propuestas de los estudiantes, articuladas a las luchas del pueblo colombiano en general. Del ENEL también surgió la iniciativa de establecer una Red Nacional de Estudiantes de Licenciaturas, que será impulsada por varias universidades.

¿Qué pretenden con el decreto y la resolución de licenciaturas?

El MEN pretende reformar, sin consulta previa y por partes, el sistema de educación superior. Así las cosas, para consolidar una suerte de ‘avance estratégico’ planean diluir la esencia de la educación, que debe ser liberadora y universal, en las exigencias y demandas del mercado.

La resolución, construida y promulgada a escondidas de la comunidad educativa, se reglamentó con el decreto 2450, expedido el 17 de diciembre de 2015 cuando las universidades estaban de vacaciones. A través del 2450, se trazaron los lineamientos generales de la política de formación de docentes en Colombia, que desarrolla y concreta la resolución acatando fielmente los dictados de la OCDE, COMPARTIR y el Banco Mundial.

Además de inconsulta, la propuesta del Gobierno no resuelve ninguno de los problemas históricos de la educación, vinculados a la cualificación del profesorado en nuestro país; por el contrario, estas medidas profundizan y acentúan varios de ellos, incluso crea nuevas dificultades.

Una revisión del contenido del decreto y la resolución permite identificar la intención de  modificar las licenciaturas en función de criterios eficientistas y tecnificadores de la formación, perfil y acción del docente.

En principio,  violenta la autonomía universitaria en su aspecto epistémico puesto que, por encima del criterio de las comunidades académicas, se impone un esquema curricular obligatorio para todos los programas académicos de licenciaturas que en caso de no implementar en los plazos arbitrariamente definidos por el gobierno pone en riesgo la continuidad de la oferta en esos programas académicos.

Por otro lado, atenta contra la calidad académica ya que para cumplir la imposición curricular del Ministerio, los programas académicos tendrán que recortar, fusionar, o simplemente desaparecer varios contenidos disciplinares fundamentales al tiempo que desdibujar el saber pedagógico en medio de un esquema de pragmatismo y empirismo, vacío de reflexión teórica o investigativa que enriquezca la praxis docente. A su vez, impone el inglés como única opción para la formación en segunda lengua, desconociendo que en varios campos del conocimiento idiomas diferentes al inglés puede resultar más relevante y pertinente.

Implica además la desaparición de varios programas académicos reconocidos que cuentan con una importante tradición académica e investigativa: parece más importante tener menos denominaciones disponibles para ofertar programas académicos, así los problemas esenciales y sustanciales sigan intactos.

Continúa la dinámica de desfinanciación de la educación ya que los estudiantes que quieran estudiar “licenciaturas de alta calidad” tendrán que recurrir al sector financiero para acceder a esos programas académicos a través de las becas-créditos del recién creado programa “Ser pilo paga, profe” o a endeudarse con Icetex para acceder a uno de los 6 programas académicos que oferta, por ejemplo, la Universidad de los Andes a un alto costo.

También profundiza la crisis financiera de las universidades públicas de las que demanda una serie de inversiones y gastos nuevos, sin que exista ningún compromiso real del gobierno para atender estos requerimientos con recursos frescos que las hagan posibles; ante esto la universidad podrá decidir entre tres opciones: dejar cerrar sus programas académicos de licenciaturas, lanzando a los estudiantes que quieran estudiar estos programas a los brazos de la educación privada de elite y de los bancos; realizar inversiones buscando recursos propios, lo que implica continuidad de la privatización; o buscar más alianzas con el mercado privado a través de la Alianza Público-Privada.

El futuro es ahora

La implementación de esta política no es cosa de un futuro distante. Desde ya el gobierno nacional está presionando para obligar a las instituciones de educación superior a adoptar los lineamientos establecidos en la resolución y el decreto. Así lo demuestra la circular 14, firmada por la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, en la que se presentan ‘recomendaciones’ a las instituciones en todos sus niveles para adecuarse a la nueva normativa.
Se trata entonces de una política tremendamente regresiva por medio de la cual se quiere imponer una visión de educación en la que no se promueve la crítica, el debate, la investigación, la creación y el desarrollo de nuevo conocimiento. Es decir, un modelo de educación sin alma ni esencia, en el que el mercado pone todas las condiciones y define sobre los temas cruciales.
Los estudiantes rechazan  esta nueva arremetida contra la educación del país, llaman a la organización en todos los niveles, desde lo nacional hasta lo regional y en las diversas universidades, facultades y programas académicos. Hoy necesitamos definir las demandas con las que vamos a enfrentar la política del Gobierno, al tiempo que se vuelvan derrotero para edificar una verdadera política pública de formación docente.
Es necesario construir una amplia unidad que incluya a docentes de todos los niveles, normalistas, estudiantes de secundaria, estudiantes de todas las carreras -que según ha anunciado el viceministro de Educación pronto serán objeto de reglamentaciones similares- para salir a las calles.
Corren tiempos que demandan de los estudiantes colombianos una actitud de trabajo permanente para que el conjunto del sector comprenda el papel que tiene en la denuncia de la crisis y sus efectos en la educación. Urge construir capacidades colectivas para enfrentar las dificultades, al tiempo que es necesario ganar millones de corazones y mentes para hacer los cambios que nuestro país necesita.
*Deissy Delgado Cadena es activista de la Federación Universitaria Nacional-Comisiones -FUN- y Movimiento por la Defensa de los Derecho del Pueblo -Modep-

Fuente de contenido e imagen:

http://www.colombiainforma.info/mov-sociales/educacion/3142-opinion-que-la-crisis-no-la-pague-la-educación