Un caso en Brasil evidencia la persistencia de intolerables casos de abuso de los derechos humanos.
La mirada sobre la esclavitud ha adquirido notoriedad en los últimos años a partir de los ataques a figuras de esclavistas que, como se ha analizado largamente, no pueden ser juzgados bajo la ética y las normas del presente. Que el tráfico de esclavos fue un capítulo aterrador, nefasto y aún no superado es una cuestión siempre digna de revisitar, aunque asumiendo ese principio de extemporaneidad que lo sitúe en su perspectiva histórica. Lo que sí requiere una mirada muy exigente del presente es la herencia viva de la esclavitud que perdura entre nosotros. Mucho más extensa de lo que se suele considerar y con tentáculos enormes en todos los contextos.
El rescate de Madalena Gordiano, una brasileña captada por una familia del Estado de Minas Gerais cuando apenas tenía ocho años y pedía limosna, en cuyo seno ha servido casi 40 años como criada sin sueldo, sin derechos, sin educación e incluso explotada económicamente como un activo bajo su propiedad, debe remover conciencias. Y abrir debates.
Gordiano, que al ser liberada en noviembre tras la denuncia de un vecino tenía 46 años y se expresaba con dificultad, es un símbolo del legado de la esclavitud que pervive en Brasil, el último país americano en abolirla después de 350 años de una explotación que dejó una herencia aún insoportable. Se trata de un caso extremo que está en manos de los jueces, pero nos recuerda que la explotación a personas sin recursos —especialmente si son mujeres— y sin el poder que da la raza blanca corroe nuestro universo.
En Brasil, los negros y mestizos, herederos de los africanos, constituyen el 56% de la población, pero su esperanza de vida, sus ingresos, su formación y seguridad es sensiblemente menor a la de la población blanca. El 75% de las víctimas de asesinato son negros o mestizos. En los últimos 25 años, en Brasil han sido rescatadas 55.000 personas de trabajos esclavos, labor más complicada en el caso de las criadas.
La desigualdad a la que condujo el esclavismo y que pervive en la actualidad forma parte de los debates abiertos en el continente americano, desde las protestas del Black Lives Matter en Estados Unidos a la mencionada ofensiva contra las estatuas esclavistas. Pero la fenomenología del abuso de derechos básicos con sabor a esclavitud del siglo XXI es plural y en muchos casos no tiene que ver con un componente racista, desde los niños soldados hasta la explotación sexual o trabajos forzosos de distinta índole. La línea de avance que une el Renacimiento, la Ilustración, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras conquistas más recientes tiene todavía recorrido por delante, incluso en los países más avanzados. No cabe complacencia de ninguna clase.
Cuando conocí a Ahmed, estaba en un cuarto solo y encadenado. Su cuerpo estaba marcado por las palizas que le habían dado. No sabe cuántos años tiene, pero probablemente tiene 10.
La escuela en la que lo encontré es una de las 23 instituciones islámicas en Sudán, conocidas como khalwas, que filmé encubiertamente durante un período de dos años, empezando a comienzos de 2018.
Fui testigo y filmé a muchos niños, algunos de apenas 5 años, que recibían severas golpizas, rutinariamente encadenados y recluidos sin comida o agua por los jeques, u hombres religiosos, encargados de las escuelas.
Algunos de los niños que no aparecieron en nuestro documental me dijeron que habían sido violados o sometidos a otras formas de abuso sexual.
FUENTE DE LA IMAGEN,JESS KELLY/BBC
Hay unas 30.000 khalwas en todo el país, según datos del gobierno sudanés. Reciben dinero del gobierno y de donantes privados tanto de Sudán como alrededor del mundo.
A los niños se les enseña a memorizar el Corán. Debido a que no cobran nada, las familias las consideran una alternativa a la educación tradicional, especialmente en las aldeas remotas donde no hay escuelas administradas por el gobierno. Los estudiantes son internos y sólo regresan a sus hogares durante las festividades.
FUENTE DE LA IMAGEN,JESS KELLY/BBC
Para muchos, estas escuelas que han operado durante generaciones son elementos centrales de la cultura sudanesa y son vistas como parte de la identidad nacional.
Sin embargo, en años recientes, los videos de niños golpeados han sido compartidos ampliamente en las redes sociales y se han publicado historias en los medios locales sobre jeques acusados de violación en las khalwas.
Los medios, el gobierno y hasta las organizaciones de derechos humanos han ignorado las denuncias.
Quise revelar lo generalizado que es el abuso y darles una voz a estos niños que no tienen la oportunidad de compartir sus historias.
Hasta yo tuve mis propias experiencias. Como adolescente, asistí a una khalwa. Cada día era un suplicio para tratar de evitar recibir una golpiza de los maestros.
Sabía que me pelearía con amigos y familia por esta investigación, pero la historia había que contarla. En el camino algunas de las personas que entrevisté me acusaron de ser parte de un «complot occidental para atacar a la educación religiosa».
FUENTE DE LA IMAGEN,JESS KELLY/BBC
Pie de foto, Fateh Al-Rahman Al-Hamdani
Cuando contacté a la BBC, ya había estado varios meses filmando encubiertamente por mi cuenta. Una de las primeras khalwas que visité se llamaba Haj el-Daly, donde me dijeron que se habían perpetrado abusos.
Entré en la mezquita de la escuela con todos los demás durante las oraciones de mediodía y filmé secretamente con mi teléfono.
Cuando me arrodillaba, escuché un sonido metálico. Mi corazón se detuvo. Levanté la mirada y enfrente vi que los niños tenían grilletes en las piernas. Estaban encadenados como animales.
Concluidas las oraciones, los niños salieron arrastrando los pies. Pero cuando yo salía, escuché gritos violentos y llantos reprimidos.
FUENTE DE LA IMAGEN,JESS KELLY/BBC
Los sonidos me guiaron a un cuarto de estudio con poca luz, donde encontré a un niño llorando calladamente, con sus piernas juntas encadenadas. Empecé a filmar secretamente lo que veía.
Este era Ahmed. Me dijo que quería regresar a casa. Intenté tranquilizarlo, pero podía escuchar las voces de los jeques acercándose, así que dejé de filmar y me fui de la khalwa.
Pero regresé al día siguiente para poder revelar más de lo que pasaba allí.
Cuando estaba filmando con mi teléfono, me di cuenta de que un estudiante mayor me miraba. Salió súbitamente y regresó un poco más tarde con el jeque encargado de la escuela.
El jeque me gritó, preguntándome por qué estaba filmando a los estudiantes. Logré salir rápidamente por la puerta hasta la calle.
La administración de Haj el-Daly le dijo a la BBC a partir de entonces que hay un nuevo jeque encargado de la escuela y que las golpizas y el encadenamiento han cesado.
Recuerdos de mi propia khalwa
Regresé a casa perturbado. Si el enfrentamiento con el jeque se hubiera agravado, nadie sabría dónde estaría.
Pero también estaba traumatizado por lo que vi. Me trajo recuerdos de mi propio paso por una khalwa cuando era adolescente, donde las golpizas eran cosa común, aunque no encadenaban a nadie.
Anticipaba con tanto entusiasmo mi primer día en esa khalwa cuando tenía 14 años. Me probaba mi jalabiya -la vestimenta tradicional- y esperaba impacientemente la mañana.
Pero muy pronto me di cuenta de que algo no andaba bien. Noté que los otros niños parecían atemorizados por los jeques y los maestros.
El abuso empezó en las sesiones vespertinas. Si estábamos soñolientos o cerrábamos los ojos, el jeque nos azotaba. Eso sí que te despertaba.
Me quedé en la khalwa como un mes, aguantando muchas golpizas. Cuando regresé a casa, le dije a mis padres que no quería volver, aunque no podía confesarles el abuso que había sufrido. No estaban contentos con que yo interrumpiera mis estudios, pero no me forzaron a regresar.
Después del altercado con el jeque encargado de Haj el-Daly, tuve dificultades para recuperar mi confianza y seguir filmando en las khalwas.
Llevé mis pruebas al grupo Reporteros Árabes de Periodismo Investigativo (ARIJ, por sus siglas en inglés), quienes me pusieron en contacto con el Servicio Árabe de la BBC. A partir de entonces, todo cambió.
Mi editor en Londres me asignó un productor, Mamdouh Akbik. Él es sirio y yo soy sudanés, y aunque ambos hablamos árabe, nuestros dialectos son muy diferentes. Pero no pasó mucho tiempo antes de que trabajáramos juntos muy bien.
Planeamos qué khalwas investigaríamos, recopilamos evidencia y hablamos sobre seguridad y logística. Pero el momento crucial fue cuando recibí equipos de grabación encubierta. Eso me dio confianza para continuar con mi trabajo.
Sudán es un país extenso, que abarca montañas, el mar Rojo y amplios desiertos. Durante la investigación, debí haber atravesado más de 4.500 kilómetros del territorio, casi todos en autobús.
Conocí familias cuyos hijos habían sido muy maltratados. En algunos casos habían muerto mientras estaban internos y era difícil establecer la causas de sus muertes.
FUENTE DE LA IMAGEN,JESS KELLY/BBC
Pie de foto, Fátima ha entablado una demanda contra la escuela a la que asistió su hijo.Los jeques ostentan tanto poder e influencia en sus comunidades que es raro que las familias los denuncien. Los casos que logran llegar ante los tribunales se dilatan tanto que las familias se dan por vencidas. O terminan aceptando algún tipo de compensación.
La dura batalla legal contra los jeques por las familias que se ve en nuestro documental es la excepción, no la regla. Muchas familias sinceramente creen que los jeques quieren lo mejor para sus estudiantes y si se cometen «errores», es la voluntad de Dios.
Mi propia familia comparte esas creencias y tuve que mantener en secreto mi investigación. Eso resultó ser particularmente difícil cuando visité una khalwa en nuestra localidad, en Dafur del Norte, donde muchos de mis parientes todavía viven.
Después de que se publicó el documental, me expulsaron de un grupo familiar de WhatsApp. Pensé que al menos querrían hacerme preguntas o debatir conmigo; en cambio me trataron como un extraño.
Pero recibí llamadas de mis padres, quienes me dijeron que me apoyarían, aunque estaban preocupados por mi seguridad. Sentí alivio de que mi familia fuera tan comprensiva.
FUENTE DE LA IMAGEN,JESS KELLY/BBC
La reacción al documental
El documental ha tenido un gran impacto en Sudán. Las familias en el centro de nuestra investigación han estado inundadas de ofertas de apoyo financiero, legal y emocional de parte de gente en sus comunidades locales y alrededor del mundo.
Ha habido clamor en las redes sociales, con llamados para cerrar las khalwas, mientras que otros dicen que nuestro documental es un ataque al islam y acusan a la BBC de propaganda antiislámica.
Pero hay una voz poderosa que ha relucido por su lenta respuesta: el gobierno de transición de Sudán, que en el último año ha estado hablando de reformar las khalwas.
En nuestra cinta, el ministro de Asuntos Religiosos, Nasreddine Mufreh, declaró que no habría más «golpizas, tortura, violación de los derechos humanos o los derechos de los niños de ninguna clase».
Tras el lanzamiento del documental, el gobierno sudanés dijo que abriría procesos contra todas las escuelas en las que la BBC filmó.
También emitieron una ley prohibiendo golpear a los niños en instituciones educacionales y cortaron el financiamiento de las khalwas mientras hacen una revisión de las escuelas.
Algunos de esos procesos son señales de que Sudán está lidiando con los fantasmas de su pasado reciente, pero la presencia de miles de niños encadenados y abusados en khalwas continúa creando problemas para el país.
Que el gobierno tome medidas será una prueba de su voluntad para desafiar a las poderosas instituciones religiosas en Sudán.
Una investigación de Chicas Poderosas Ecuador revela que 4 de cada 10 mujeres que trabajan en medios en Ecuador perciben menos de 500 dólares mensuales y trabajan más de 40 horas a la semana. Concluye, además, que el acoso está presente en diferentes momentos de la carrera de las periodistas.
“Un presentador reconocido me agarró la pierna en un camerino, mientras nos maquillaban: ‘con esas piernas usted no necesita nada más para triunfar’, me dijo”, es el testimonio de una periodista ecuatoriana, cuya experiencia se recoge —de manera anónima— en el estudio Así Hacemos Periodismo. Se trata de una investigación desarrollada por la organización Chicas Poderosas Ecuador que exploró las condiciones laborales de las mujeres en los medios de comunicación en el país.
La investigación se centró en cinco temas principales: Empleo, Diversidad, Crecimiento laboral, Maternidad, Espacios seguros.
En cuanto al empleo, uno de los principales hallazgos es que los y las periodistas trabajan más de 40 horas semanales, incluso quienes tienen contratos a medio tiempo. Las personas entre 26 y 45 años son las que más tiempo dedican al ejercicio profesional. 4 de cada 10 mujeres que trabajan este número de horas a la semana percibe menos de 500 dólares al mes.
Isabel González, embajadora de Chicas Poderosas Ecuador, asegura que el estudio permitió reconocer que existen muchas personas haciendo periodismo en condiciones de mucha precariedad en Ecuador.
Sobre la diversidad, en cambio, se concluye que la participación de personas de orientación sexual y origen étnico diverso es escasa tanto en los entornos laborales como en las coberturas periodísticas. “Incluso en los (medios) más nuevos y digitales, donde la presencia de personas indígenas o personas racializadas aún es casi nula”, afirma González.
Violencia sexual
El acoso y la violencia sexual que enfrentan las periodistas es una de las cosas que más llama la atención de esta investigación. “Mi exjefe me citó fuera de horario laboral y me llevó a un hotel donde quiso abusar de mí a cambio de ayuda laboral y económica”, contó otra de las periodistas citadas en el documento.
Según los resultados, por lo menos 2 de cada 10 mujeres encuestadas han sido víctimas de contacto físico no deseado en sus lugares de trabajo. “El acoso comienza con bromas que son normalizadas, y que varían de acuerdo a la edad y la posición laboral de la periodista”, concluye el informe.
Otra de las participantes de los grupos focales contó que: “Había un productor que cada vez que pasaba al lado mío comenzaba a jadear como perro y nadie decía nada”.
Asimismo, el 13% de las periodistas ha recibido más de una vez ofertas laborales o promesas a partir de un acercamiento inapropiado, provocado por un colega hombre en una posición superior. Sin embargo, muy pocas veces estas situaciones son denunciadas, ya que no existen canales o políticas claras de denuncia en los medios de comunicación. Ante ello, el 62% de las mujeres encuestadas afirmó que los medios deben contar con protocolos de actuación y cambios en la cultura organizacional en torno a la violencia y el acoso.
Falta de datos
Isabel González, embajadora de Chicas Poderosas Ecuador, explica que la investigación partió con la idea de recolectar datos de situaciones que “sabíamos que existían, pero sobre las que no había datos concretos y por lo tanto evidencia para enfrentarlas”.
Obtener esta data, representa así, la “posibilidad de ejercer nuestro oficio en condiciones dignas económicamente y seguras para las mujeres y personas de las disidencias sexuales”, continúa González. Sin embargo, dice que el reto es continuar con la medición y seguir estableciendo contrastes entre los géneros. Esto, porque, aún no hay datos suficientes para hablar sobre las personas de las disidencias sexuales ejerciendo esta profesión.
La metodología
La investigación se realizó, en el inicio con una encuesta online, cuya recolección y difusión ocurrió entre el 4 de agosto al 7 de septiembre de 2020.
La encuesta fue anónima y estuvo dirigida a mujeres, personas de disidencias sexuales, y hombres mayores de 18 años, trabajadores en medios de comunicación en el país. Se obtuvo una muestra de 236 encuestas. “Sin embargo, no alcanzamos el equilibrio de participación entre géneros, por lo cual insistimos en la necesidad de continuar midiendo”, dice el sitio web de Así hacemos periodismo. Adicionalmente, se realizaron dos grupos focales y ocho entrevistas a profundidad.
Chicas Poderosas es una comunidad global que impulsa el cambio inspirando y desarrollando a las mujeres en los medios. La organización está presente en 17 países, y en Ecuador desde 2019.
Las universidades madrileñas deciden por unanimidad mantener este modelo, y afirman que son «espacios seguros»
Los estudiantes universitarios se rebelan contra los exámenes presenciales. Las pruebas se realizan, mayoritariamente, en los próximos días, y ellos protestan porque según afirman, muchas de las universidades carecen de planes de protección frente al Covid, más allá de mantener la ventanas abiertas para ventilar las aulas. Algo difícil de soportar con las actuales temperaturas. En plena tercera ola, argumentan, no es muy recomendable hacerles acudir masivamente a las aulas para los exámenes.
«Las aulas no están acondicionadas con sistemas de ventilación forzada; únicamente se utiliza la apertura de ventanas. Y ya se han dado casos de estudiantes que han salido de examinarse con problemas», señalaba a ABC Nicolás Hernández, uno de los portavoces de los estudiantes.
Lamentan que en las universidades públicas «falten protocolos para controlar las entradas y salidas de clase, los aforos en las aulas, etc». Y también, denuncian, ha faltado flexibilidad ante las circunstancias que se han dado. Ponen como ejemplo que «en la Politécnica se mantivneron los exámenes presenciales el pasado viernes, cuando ya había aviso de temporal, y como consecuencia de ello, hubo estudiantes que se vieron por la noche atrapados en el transporte público o el privado a la hora de volver a casa».
Carta abierta
Reconoce que hay algunas universidades que cuentan con mejores medidas, y cita el caso de la Carlos III y la Autónoma. No obstante, en las redes sociales hay mucho «ruido» estos últimos días pro protestas en este sentido de alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos. Y además, estudiantes de las universidades Autónoma, Politécnica y Complutense han hecho pública una carta, enviada a las consejerías de Universidades y de Sanidad, los rectorados de las universidades públicas madrileñas, la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid, la Fundación para el Conocimiento Madri+d y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en la que lamentan la «absoluta desprotección» en la que se sienten. Piden que se les garantice «no solo una estrategia de seguridad sanitaria óptima, sino también el cumplimiento de nuestros derechos académicos como estudiantes».
Recuerdan que rclaman desde el inicio de curso la posibilidad de realizar exámenes on line, algo muy útil para reducir contagios, y más ahora que Madrid ha entrado de lleno en una tercera ola. «La falta de protocolos de medidas sanitarias para la realización de la convocatoria ordinaria o la deficiencia de estos por parte de algunas universidades ocasiona aglomeraciones innecesarias, todo esto, sumado a las movilizaciones de miles de estudiantes que deberán desplazarse para realizar dichas pruebas, generalmente en hora punta, tan solo puede contribuir a incrementar la probabilidad de contagio», advierten.
Complutense: «No faltan protocolos»
Fuentes de la Universidad Complutense niegan las acusaciones: «No faltan protocolos de protección; los llevamos al día desde la celebración de la selectividad, el pasado mes de julio, y todo el primer trimestre de este curso». Insisten además en lo detallado por la Conferencia de Rectores (CRUE) en un reciente comunicado: «Las universidades españolas ya planificaron un curso 20-21 en el que se apostaba por la máxima presencialidad y el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas por el Gobierno Central y los Gobiernos autonómicos», y aseguran que dedican «muchos recursos humanos y materiales para garantizar la seguridad en nuestras instalaciones». Todo ello permite realizar la actividad académica, «incluidos los exámenes, cuya presencialidad ha sido autorizada por las diferentes autoridades sanitarias».
Desde la consejería de Universidades, que dirige Eduardo Sicilia, aclaran que las competencias en la organización de sus exámenes es exclusiva de las universidades, dentro de su autonomía. No obstante, se lo comunican posteriormente a la consejería, con la que «se actúa en coordinación». Una prueba de ésta es la reunión mantenida esta misma semana de responsables de la consejería con los vicerrectores de las universidades públicas y privadas de Madrid, y en la que se acordó «por unanimidad de todas las universidades continuar con la presencialidad, tanto en las clases que la tienen como en los exámenes».
Los responsables de las universidades, afirma una fuente de la consejería regional, «defienden por unanimidad que las clases son seguras». Recuerdan además que los exámenes que tenían que haberse realizado esta semana y se suspendieron por el temporal Filomena «serán reprogramados» desde las universidades en los próximos días.
El Gobierno de Brasil presentó las directrices del Plan Nacional de Inmunización contra la Covid-19 que, sin precisar una fecha para su inicio, prevé inmunizar a 210 millones de personas en 16 meses.
El presidente Jair Bolsonaro asistió al acto donde el Ministerio de Salud informó que la puesta en marcha de la primera fase del plan, de cuatro previstas, dependerá de la aprobación y registro de una vacuna por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, un proceso a ocurrir en febrero de 2021 para beneficio de 110 millones de personas, casi la mitad de la población.
Los trabajadores de la salud, adultos mayores de 75 años y los de 60 años atendidos en los asilos, así como la población indígena serán los primeros en recibir el fármaco, seguidos por el resto de las personas de entre 60 y 74 años en la segunda etapa.
Para la tercera fase será inmunizada la población con alguna morbilidad asociada y en la cuarta etapa maestros y profesores, personal de los organismos de seguridad y funcionarios de prisiones.
Una vez concluidas las cuatro fases del plan de vacunación contra el nuevo coronavirus con un mes de duración cada una, el resto de los brasileños podrán acceder al medicamento.
La cartera de Estado precisó que, en caso de autorizarse el uso de emergencia de una vacuna por la agencia de vigilancia, aquellos que decidan aplicársela deberá suscribir un documento en el cual asumirán los riesgos.
El proyecto del plan de vacunación fue entregado al Supremo Tribunal Federal el viernes y se dio a conocer el sábado. El documento proporciona 108,3 millones de dosis.
Bautizada Ad26.COV2-S, la vacuna de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson resulta una de las cuatro con autorización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria para ser probada (fase tres) en voluntarios en Brasil.
Otras permitidas son del laboratorio chino Sinovac Biotech, la del consorcio multinacional Pfizer-BioNTech y la producida en asociación por la empresa anglo-sueca AstraZeneca y la Universidad de Oxford (Reino Unido).
A su vez, el país cerró un acuerdo previo para adquirir 42,5 millones de dosis a través del proyecto Covax Facility, destinado a acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las vacunas contra el virus, a través de la Organización Mundial de la Salud.
Brasil registra hasta la fecha 182 mil 799 muertes y seis millones 970 mil 34 contagios por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.
En el informe Trabajo a domicilio. De la invisibilidad al trabajo decente publicado este miércoles, la OIT pone de relevancia una deuda cotidiana para unos 260 millones de personas que ya trabajaban a domicilio en todo el mundo antes de la crisis de la Covid-19, un 7,9% del empleo mundial. «Por lo general, la reglamentación del trabajo a domicilio es deficiente y el cumplimiento de la legislación vigente resulta complejo. En muchos casos, los trabajadores a domicilio son considerados contratistas autónomos y, en consecuencia, quedan excluidos del ámbito de la legislación laboral», afirma el organismo.
Entre las mayores deficiencias, la OIT denuncia la desventaja salarial. En el caso de Europa, en países como Reino Unido, los trabajadores a domicilio ganan un 13% menos que aquellas personas que trabajan fuera de casa. Pero la diferencia es aún mayor en otros continentes. En Estados Unidos, el salario es un 22% menos, mientras que en Argentina o México llega hasta un 50% menos.
Al desfase económico, el organismo de la ONU agrega una problemática agudizada durante las cuarentenas impuestas en 2020: el aislamiento social. Esto ha puesto de manifiesto que los trabajadores a domicilio no poseen el mismo grado de protección social que los demás trabajadores. Como este tipo de trabajo tiene lugar en la esfera privada, los home workers son menos proclives a formar parte de un sindicato, figurar en convenios colectivos o disfrutar de programas de formación, lo que aumenta la sensación de “invisibilidad” de quienes trabajan desde casa, de acuerdo con la OIT.
Estos hándicaps ya impuestos antes de la pandemia, ahora se extienden a quienes han tenido que incorporar el teletrabajo a su rutina, de la noche a la mañana. En los primeros meses de la pandemia, según el informe, en torno a uno de cada cinco empleados realizó su trabajo desde casa. Y aunque aún no se dispone de la cifra total de 2020, la OIT advierte de un crecimiento exponencial en esta modalidad a lo largo de los próximos años.
Ante este escenario, la OIT demanda a los gobiernos “garantizar que todos los trabajadores a domicilio pasen de un estado de invisibilidad a una situación con trabajo decente, con independencia de que trencen mimbre en Indonesia, elaboren manteca de karité en Ghana, clasifiquen fotografías en Egipto, cosan máscaras en Uruguay o trabajen a distancia en Francia”.
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