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‘Fake news’, manual de resistencia contra la política de la mentira

Para defender el derecho democrático a la información necesitamos identificar correctamente las fuentes y asumir la responsabilidad de no difundir noticias falsas. Pero la mejor defensa es contar con editores de prensa honestos y desenmascarar a los líderes políticos que alimentan las falsedades

Habla la gente de las fake news con sorpresa y admiración, en plan: “Oh, cosa curiosa”, como si desde que el mundo es mundo el ser humano no se hubiera dedicado, siempre y en todo lugar, a mentir y engañar. A las puertas de la segunda década del siglo XXI nos maravillamos de que los medios difundan información no fiable, vaya por Dios, cuando precisamente las modernas ciencias de la comunicación nacen en el siglo XX para estudiar los cómos y porqués de la manipulación de las masas por el totalitarismo mediante la seducción y el engaño. Ahora se centra en estudiar cómo la tecnología puede complicar más las cosas.

La confluencia de comunicación y cibernética pasa hoy por la llamada inteligencia artificial, que no solamente es un sistema hipercibernético para la gestión de las cosas in absentia humana sino que está concebido para que un observador no pueda identificar la acción maquinal realmente existente tras la apariencia de conducta humana que ofrece el mecanismo. Si seguimos aquí la ley de hierro del pensamiento crítico, “piensa mal y acertarás”, nos daremos cuenta de que el objetivo de la inteligencia artificial no es tanto la gestión de las cosas sin mediación humana operativa sino la simulación de una presencia y acción humana realmente existentes que permita torcer la reacción ante esa apariencia de acuerdo con los intereses de quien la introduce. De modo que menos lobos: las fake news no son más que un leve aperitivo del plato fuerte que nos aguarda en el festín que los poderes piensan darse a costa de la libertad y con factura pasada a los ciudadanos.

Se suele presentar las fake news como un problema periodístico, informativo y comunicacional, cuando no es sino un problema político. De hecho, se traduce erróneamente el concepto: no se trata de “noticias falsas” sino de pseudonoticias engañosas presentadas fraudulentamente con la intención de engañar y desinformar. Y esa intención no nace de entre el público receptor de la información sino desde los núcleos centrales del poder. Es Donald Trump el que empieza a hacer circular la expresión fake news para aludir, torticeramente, a las informaciones desfavorables que sobre él publican los grandes medios periodísticos estadounidenses, desde The New York Times hasta la CNN, y lo hace para tratar de desprestigiarlos o, por lo menos, sembrar dudas sobre su solvencia informativa. La supuesta colusión entre los intereses de Trump y los de Putin durante la campaña electoral de aquel, con acusaciones de injerencias rusas en dinámicas electorales estadounidenses, hace salir a la luz estrategias informativas putinianas basadas en la tergiversación y la confusión. Fake news es, pues, un aspecto reciente de las estrategias de desinformación harto practicadas durante el siglo XX en la comunicación de masas.

Pero la comunicación del siglo XXI es más compleja que la del siglo XX. Lo que Manuel Castells ha llamado “autocomunicación de masas” para aludir al papel proactivo de los ciudadanos en la generación y distribución de información por redes y medios digitales es lo que ha dotado a las fake news promovidas desde el ámbito político de un poder inusitado. Se produce así un efecto perverso de la llamada “alquimia de las multitudes” aludida por Francis Pisani y Dominique Piotet para designar los procesos de acumulación de conocimiento propiciados por la autocomunicación de masas: en lugar de alentarse la promoción del conocimiento se oscurece y deforma la realidad mediada por la información gracias a la misma actuación de quienes deben estar interesados en ejercer su derecho a emitir y recibir información veraz.

Y es ahí cuando aparecen diversas entidades comprometidas con la información democrática, encabezadas por la Unesco, promoviendo campañas de concienciación sobre el riesgo de las fake news. Proponen la educación de la ciudadanía en cuanto a identificación correcta de las fuentes y la fiabilidad de las informaciones, la responsabilidad de no difundir noticias falsas, y el uso inteligente de la comunicación para defender el derecho democrático a la información y su profundización. La Unesco impulsa una amplia e intensa actividad en torno a otro nuevo concepto, alfabetización mediática y digital (MILID, en sus siglas en inglés) cuya actividad concierne a profesionales de la comunicación, educadores, agentes sociales y ciudadanos activos.

Las fake news se encuentran en el centro de la educación y concienciación que la MILID quiere promover, pero el problema es que la educación mediática se da en el seno de la educación general, y esta no solamente produce formación e instrucción sino también analfabetismo funcional: personas que saben leer, pero no entienden lo que leen. Y ahí llegamos a donde se halla la madre del cordero: no es una supuesta capacidad perversamente oculta en las redes sociales o en la dinámica de la autocomunicación de masas donde se halla el caldo de cultivo para la diseminación de falsedades mediante las fake news sino en dos lugares muy concretos: la confluencia de la acción deliberada de poderes políticos, económicos y estratégicos para hurtar a la ciudadanía la información fiable a la que tienen derecho y las defectuosas políticas educativas de los gobiernos y sus consiguientes habilidades educadoras que deben hacer posible el sustrato cognitivo necesario para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

Educadores, activistas sociales y profesionales de la comunicación inciden en el campo de acción de las fake news para reparar los perjuicios previamente causados por otros. Pero en Europa tenemos una manera curiosa de actuar: por ejemplo, culpamos a las democracias de la UE de las desgracias de los refugiados que quieren acceder a ella en lugar de a los gobiernos criminales que han convertido sus países en campos de batalla y cementerios; nos escandalizamos alarmados ante el ascenso de fuerzas populistas y fascistas de un modo que parece que su predominio acabe siendo inevitable en lugar de celebrar y ampliar unas democracias fuertes en las que vivir sea ilusionante. No han hecho falta fake news para llegar a esta mentalidad regresiva que se cree progresista y es uno de los más poderosos lastres que impide progresar a un continente que es, hoy por hoy, la más destacada isla de libertad.

No se pidan pues a periodistas, comunicadores, educadores y medios cuentas de las fake news sino busquemos su origen real en el poder y en el dinero. La tarea de educar al público al respecto se le endosa a comunicadores y educadores, pero no son ellos los responsables, simplemente van a ir ahí a reparar los estropicios causados por otros. Así que no se cargue sobre las espaldas de la comunicación lo que debe ir a lomos de otras mulas.

España es un país cuyo panorama comunicacional se caracteriza por una curiosidad: la prensa impresa que se publica es prensa de partido que no se declara como tal. Lo es no sólo porque toma posiciones editoriales e informativas coincidentes con una u otra estrategia partidaria, lo es sobre todo porque es propiedad de los bancos que financian al mismo tiempo las campañas de los distintos partidos y les sostienen económicamente haciéndose cargo de sus deudas.

Periódicos y partidos políticos deben, a la vez, su existencia a las entidades bancarias que les pagan los gastos. Aquí empieza y termina el recorrido de cualquier discusión sobre credibilidad informativa en nuestra sociedad. Elucubrar sobre insidias relacionadas con fake news en ese panorama parece de ingenuos, pero es otra cosa: es el intento de desviar hacia los escenarios digitales de la autocomunicación de masas responsabilidades que corresponden a otros.

Y ello sucede porque esa prensa de partido que cada vez ofrece menor interés al lector avisado halla competencia en unos medios digitales que, por más trapacerías que puedan cometer, nunca llegarán al nivel de descapitalizar casi totalmente unos grupos mediáticos que otrora fueron grandes negocios en aras de delirantes pseudoestrategias audiovisual-financieras.

Algunos medios, precisamente, están llegando con mayor rapidez a cotas de irrelevancia precisamente por reproducir en el ciberespacio la misma fatídica alianza entre poder editorial, poder bancario y poder partidario con menor disimulo y, en algunos casos, manifiesta desfachatez, con el objetivo de cosechar en nichos de público previamente sembrados por otros medios ahora en recesión. El bruto de Trump sale a dar la cara en Twitter y moviliza a sus trollspara forzar a la realidad a doblegarse. Aquí somos más cucos y dejamos que los bancos jugueteen con las astronómicas deudas de los medios a los que desean inclinar.

No es que necesitemos más y mejores educadores en comunicación, que los necesitamos; no es que los periodistas deban contribuir a la alfabetización mediática, que deben; lo que necesitamos es editores de prensa dignos de tal nombre capaces de publicar información independiente. En un país cuya fake new más gorda la promovieron el propio presidente del Gobierno y el ministro del Interior un 11 de marzo de 2004.

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A debate la educación superior y la ciencia en México: recuperar preguntas clave

Por: Pluma Invitada

Buendía, E. Angélica; García, S. Susana; Landesmann, Monique; Rodríguez, Roberto; Rondero, Norma; Rueda, Mario; Vera, Héctor.

En el marco del diseño de las políticas públicas del actual gobierno para orientar el rumbo de la educación superior y la ciencia en México, nos sumamos a la discusión sobre cuáles son los cambios necesarios en este sexenio, mismos que permitan avanzar hacia una política de Estado. Particularmente, cuando están en el centro del debate cuestiones tan relevantes como la autonomía, el financiamiento, la cobertura, la legislación, la reorganización de instituciones, los perfiles de los nuevos funcionarios y los ingresos y prestaciones de los académicos.

Como investigadores de temas educativos, consideramos que el debate debería atender las grandes preguntas de una política educativa: ¿Qué educación superior queremos y necesitamos?, ¿Cuáles son las acciones prioritarias que conducirán el desarrollo sostenido en los aspectos académico, profesional, científico y laboral? y ¿Qué debe permanecer, cambiarse o eliminarse de las políticas que han orientado la educación superior del país, durante los últimos treinta años?

Nos interesa aportar algunas ideas para discutir y responder a las interrogantes centrales del actual debate, y contribuir a la construcción del Plan Sectorial 2018-2024 para la Educación Superior. Resultado de nuestras investigaciones de larga data, hemos señalado la necesidad de introducir cambios profundos en el orden administrativo, académico y laboral vigente en nuestras instituciones, producto en gran medida de las políticas implementadas desde 1982 (Buendía et al., 2017). Nos inquietan dos problemas en particular: las políticas de homogeneización y las de austeridad.

Atender la diversidad.

En la mayor parte de los argumentos dados a conocer en este inicio de sexenio nuevamente se proponen políticas homogéneas para un sistema caracterizado por su gran diversidad y heterogeneidad. Nos preocupa porque es un camino ya recorrido que no ha producido cambios significativos.

Está demostrado que la omisión de la diversidad y heterogeneidad del campo educativo y científico es uno de los principales obstáculos para el cambio institucional porque provoca una competencia desleal por los recursos económicos y simbólicos; produce y reproduce brechas de desigualdad entre las instituciones; y promueve una homogeneización forzada tras el espejo de instituciones referentes como las federales o las estatales más consolidadas. Adicionalmente, instituye una polarización estéril entre funciones académicas (docencia/investigación/ difusión/transferencia) y entre campos disciplinarios y orientaciones científicas (ciencias/humanidades, investigación básica/aplicada/desarrollo tecnológico), trabajos todos diferentes e igualmente necesarios.

Es imprescindible que la política contemple que el campo de la educación superior y la investigación científica es diverso, porque en él participan una importante variedad de subsectores públicos, como el Sistema de Centros de Investigación Conacyt; instituciones de educación superior federales, estatales, tecnológicas, politécnicas e interculturales; normales; Institutos Nacionales de Investigación y las instituciones de educación superior que integran el sector privado. Todas ellas organizaciones que cumplen diferentes funciones de investigación y/o docencia en campos disciplinarios específicos, imparten y/o contribuyen en la formación de profesionales en distintos niveles de enseñanza y ofrecen diversas opciones curriculares. También  difieren en el tamaño y origen sociocultural de su población estudiantil y en la composición de su planta académica, en relación con tipos de nombramiento, tiempos de contratación, montos de salarios, estímulos y formas de evaluación; operan bajo diferentes modalidades de organización académica, de gobierno y representación gremial o sindical, con pesos relativos distintos en la negociación y definición de las condiciones laborales y sus regulaciones normativas; y mantienen relaciones diversas con el gobierno y su enclave geográfico.

Este campo no sólo es diverso, también es heterogéneoEn dicha diversidad se articulan instituciones que son producto de historias particulares, tienen diferentes grados de desarrollo, de antigüedad y condiciones de existencia. Sin embargo, en virtud de una visión y gestión adversa de las diferencias, dicha heterogeneidad devino en desigualdad. Cada institución tiene problemas específicos que deben atenderse desde su particularidad. Mantener políticas homogeneizadoras es equivalente a dar el mismo remedio para todas las enfermedades.  La meta debe ser reducir condiciones vulnerables y promover la equidad entre instituciones, académicos y en la oferta de la formación para los estudiantes. Dicha meta definiría las necesidades prioritarias y permitiría revalorar la riqueza inherente a la propia diversidad.

“Hacer más con menos”?

Un eje central del actual discurso político oficial se basa en el principio de “hacer más con menos”, lo que preocupa porque se centra en la reducción de salarios y prestaciones, que son considerados como privilegios y no como derechos. Esta postura también es cuestionable porque desconoce las condiciones laborales y académicas en las que los profesores e investigadores de cada institución desarrollan las tareas fundamentales de formar estudiantes, producir conocimiento y difundir la cultura.

La política de austeridad hacia las instituciones de educación superior es bienvenida si se enfoca en: 1) eliminar gastos que no sean prioritarios para el desarrollo de sus funciones sustantivas; 2) reducir los ingresos de las autoridades unipersonales y de la alta burocracia que perciban cantidades muy superiores a otros sectores académicos y administrativos; 3) lograr una proporción adecuada de personal entre funcionarios, personal de base y de confianza, pertinente para el desarrollo de las funciones académicas.

No se trata de hacer más con menos, sino de hacer lo que haga falta y contar con los recursos necesarios para hacerlo bien. El problema de fondo de las instituciones de educación superior no es la presencia de privilegios —que ciertamente existen para un grupo minoritario—, sino el agotamiento del modelo de desarrollo vigente en el campo educativo y científico, que produjo una extrema diferenciación económica y simbólica entre los académicos, y por ende una inequitativa distribución de condiciones propicias para el desarrollo de las diversas trayectorias académicas y laborales.

Resolver estos problemas estructurales no se conseguirá desmantelando las condiciones laborales de un grupo minoritario de académicos, sino mejorando las de todos aquellos que no cuentan con los medios para asegurar condiciones de vida digna y ambientes para desarrollar una trayectoria académica fructífera. Se trata de ubicar a todos en las mejores circunstancias posibles para hacer viable la realización de sus recorridos profesionales y para el cumplimiento de las tareas sustantivas en función del tipo institucional de que se trate.

Lo que hoy nos debería ocupar y ser motivo de una reflexión colegiada, incluyente, comprometida y entusiasta, son los problemas, reflejo del agotamiento del modelo aún vigente.

En torno a las instituciones, dichos problemas son:

  • El deterioro de la autonomía de las instituciones, en función de la sobre regulación gubernamental a través de los mecanismos de evaluación del desempeño institucional y de las personas, la acreditación de programas y las auditorías externas guiadas por criterios inadecuados para la actividad académica. Dichos mecanismos constituyen un esquema recurrente de intervención indirecta y de vigilancia de procesos propios de las instituciones, que han propiciado la adopción y la adaptación institucional a políticas guiadas por el mercado y por organismos internacionales (OCDE, FMI, BM).
  • Los esquemas de financiamiento ordinario, que reducen año con año las posibilidades reales de crecimiento, inversión, mantenimiento, operación cotidiana de las instituciones y los gastos corrientes para docencia, investigación y difusión. Los presupuestos institucionales de los años recientes, apenas cubren, en el mejor de los casos, el incremento inflacionario.
  • La excesiva burocratización y la opacidad de los mecanismos y criterios de dotación de recursos extraordinarios, como el destinado a programas de posgrado y proyectos de investigación supeditados a fórmulas y cuotas establecidas por Conacyt. Así como los programas especiales a concurso para atender necesidades de infraestructura, equipamiento y mantenimiento, entre otros.
  • La escasez de plazas, impuesta por la Secretaría de Hacienda, que dificulta la incorporación de académicos jóvenes y altamente calificados, y los somete en su mayoría a formas de contratación precarias.

En torno a las condiciones de los académicos, podemos mencionar los siguientes problemas:

  • El deterioro crónico del salario base y la existencia inalterada e inalterable del tope salarial —impuesto también desde la Secretaría de Hacienda—, vigente desde hace más de tres décadas, que agudiza la diferenciación y la segmentación entre sectores académicos, traducida en una brecha salarial y de ingresos totales entre distintos tipos de institución y entre profesores con diferentes modalidades de contratación.
  • El modelo de evaluación académica que, fundado en el recuento curricular de productos terminados, desvirtuó la función académica de la evaluación y se convirtió en el único medio de obtener ingresos adicionales que compensen los bajos salarios, constituyéndose en un medio de distribución totalmente inequitativo. Los académicos que pueden acceder a dichas compensaciones son un mínimo porcentaje de profesores e investigadores de tiempo completo, y dentro de ese mínimo porcentaje, son notorias las diferencias en el monto de los estímulos.
  • Las condiciones laborales y académicas de los profesores de asignatura y tiempo parcial que carecen de estabilidad laboral y salarial y, en su mayoría, son excluidos de los programas de estímulos, a pesar de que constituyen la base de la atención docente a estudiantes de licenciatura.
  • Las condiciones adversas para la jubilación que postergan en forma indefinida el retiro de la generación que debería pasar la estafeta, y provocan un cuello de botella que dificulta la incorporación de personal académico más joven.

A manera de conclusión, proponemos:

Reforzar y ejercer la autonomía institucional rompiendo la supeditación de lo académico-científico a los dictados de lo político.

Lograr el compromiso del gobierno con una política de financiamiento sostenida y multianual, con la participación responsable en la definición y ejercicio del presupuesto, de autoridades educativas y hacendarias en los órdenes federal y local, autoridades de las instituciones de educación superior, académicos y organizaciones sindicales.

Asegurar la correspondencia entre presupuesto y crecimiento de la matrícula; la equidad en la asignación presupuestal entre instituciones; la definición de los mecanismos que garanticen la aportación de los gobiernos estatales, cuando corresponda; revisar los mecanismos pautados bilateralmente en esquemas de jubilación y otras prestaciones. En suma, evitar los déficits presupuestales que ponen en riesgo la operación cotidiana y las actividades sustantivas.

Garantizar la existencia de las plazas académicas necesarias para cubrir las metas de crecimiento institucional.

Establecer los cambios necesarios en las formas de contratación y las condiciones de trabajo de los profesores de asignatura y de tiempo parcial. Aplicar una política general en una población desigual, perjudica más a los que tienen menos y pone en riesgo los avances de quienes han logrado consolidar una trayectoria.

Considerar la recuperación de un salario digno, de tal manera que constituya un justo reconocimiento del trabajo académico, al mismo tiempo que se revisan los programas de estímulos para separar la evaluación académica de la distribución de ingresos económicos, sin precarizar las condiciones de trabajo de los académicos.

Generar posibilidades para un recambio generacional garantizando esquemas de retiro y jubilación dignos.

Finalmente, estamos convencidos que las políticas en el sector educativo del nivel superior y en el de ciencia, innovación y tecnología, deberán derivarse de la definición colegiada de las grandes líneas de un proyecto educativo, científico y cultural nacional incluyente, que asegure la libertad de cátedra y de investigación, y el derecho a la educación. Adicionalmente, coincidimos en reforzar el compromiso con el uso óptimo de los recursos públicos asignados a las instituciones. Estos deben ser destinados a la buena marcha de las actividades docentes, de investigación y de difusión; sin escatimar la aplicación de medidas más contundentes para la transparencia y la rendición de cuentas de todos los actores involucrados en el ejercicio presupuestal: autoridades, sindicatos y académicos.

Por lo expresado hasta aquí, consideramos que centrar la reflexión colegiada en la conveniencia de cambiar las leyes de ciencia y tecnología o ampliar la cobertura de la educación superior, es reducir y fragmentar los problemas que requieren ser atendidos. Los cambios legislativos y el establecimiento de metas deberían ser una consecuencia y no el impulso inicial de las transformaciones necesarias y pendientes.

Referencia

Buendía, Angélica, Susana García Salord, Rocío Grediaga, Monique Landesman, Roberto Rodríguez-Gómez, Norma Rondero, Mario Rueda y Héctor Vera, “Queríamos evaluar y terminamos contando: alternativas para la valoración del trabajo académico”. Perfiles Educativos, vol. 39, núm. 157, 2017, pp. 200-219. http://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/58464/51367

Fuente: http://www.educacionfutura.org/a-debate-la-educacion-superior-y-la-ciencia-en-mexico-recuperar-preguntas-clave/

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Evaluando Escuelas Charters: Preguntas sobre transparencia pública y beneficios privados

Cuando las escuelas charter son sin fines de lucro en nombre solamente

Algunos estatutos pasan casi todo su dinero a compañías con fines de lucro contratadas para administrar las escuelas. Es un arreglo que está levantando las cejas.

Esta publicación ha sido actualizada para incluir una respuesta de National Heritage Academies.

Hace un par de años, los auditores miraron los libros de una escuela charter en Buffalo, Nueva York, y se sorprendieron por lo que encontraron. Al igual que todas las escuelas autónomas, Buffalo United Charter School se financia con dólares de los contribuyentes. La escuela también es una organización sin fines de lucro. Pero como escribieron los auditores del estado de Nueva York, Buffalo United estaba enviando » prácticamente todos los ingresos de la escuela » directamente a una empresa con fines de lucro contratada para manejar sus operaciones diarias.

Las escuelas charter a menudo contratan compañías para manejar sus funciones de contabilidad y administración. A veces, las compañías incluso toman la iniciativa de contratar maestros, encontrar un edificio escolar y manejar las finanzas escolares.

En el caso de Buffalo United, los auditores encontraron que la junta escolar tenía poca idea de cómo la compañía, una gran empresa de gestión llamada National Heritage Academies, estaba gastando el dinero de la escuela. El consejo de la escuela todavía tenía que aprobar los presupuestos generales, pero parecía aceptar los números de la compañía con pocas preguntas. La firma fue «esencialmente sin sentido», escribieron los auditores.

En el sector de escuelas autónomas, este acuerdo se conoce como un contrato de «barrido» porque casi todos los dólares públicos de una escuela, en cualquier lugar del 95 al 100 por ciento, se «transfieren» a una empresa de administración de escuelas autónomas.

Los contratos son un ejemplo de cómo las escuelas charter a veces ceden el control de los fondos públicos a empresas privadas que no tienen la obligación legal de actuar en el mejor interés de las escuelas o los contribuyentes. Cuando el acuerdo es con una empresa con fines de lucro como National Heritage Academies, también es una oportunidad para que esas empresas conviertan el dinero de los contribuyentes en ganancias ordenadas.

«En realidad, es solo un paso para entidades con fines de lucro», dijo Eric Hall, un abogado en Colorado Springs que se especializa en el trabajo con escuelas autónomas y se ha topado con muchos contratos de barrido. «¿En qué sentido es un esfuerzo sin fines de lucro? No lo es».

Ni National Heritage Academies ni la junta de Buffalo United respondieron a las solicitudes de comentarios. (Actualización: la portavoz de NHA, Jennifer Hoff, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico: «Nuestro enfoque libera a nuestras juntas asociadas de todos los riesgos financieros, operacionales y académicos, una carga importante que finalmente derrota a muchas escuelas autónomas. Liberada de cargas como la recaudación de fondos, nuestras juntas asociadas pueden enfoque en el gobierno y la supervisión … NHA y sus escuelas asociadas cumplen plenamente con las leyes estatales y federales, los requisitos de supervisión del autorizador y las regulaciones del departamento de educación, incluido todo lo relacionado con la transparencia «.

Si bien las relaciones entre las escuelas autónomas y empresas de gestión han comenzado a venir bajo escrutinio , barre contratos han recibido poca atención. Las escuelas han acordado tales configuraciones con compañías de administración sin fines de lucro y con fines de lucro, pero no está claro con qué frecuencia. Nadie parece estar siguiendo la pista.

Lo que está claro es que puede ser difícil para los reguladores e incluso para las propias escuelas seguir el dinero cuando casi todo se ingresa en las cuentas de una empresa privada.

«No estamos seguros de que los contratos de sweeps permitan que [las escuelas chárter y los reguladores] cumplan plenamente sus funciones públicas», dijo Alex Medler, quien lidera el trabajo de políticas y defensa en la Asociación Nacional de Autorizadores de Escuelas Chárter, un grupo comercial para reguladores chárter. La organización desalienta los arreglos. «Creemos que este es un problema que necesita atención».

Los funcionarios han logrado vislumbrar gastos cuestionables por parte de algunas empresas que utilizan contratos de «barrido».

Tomemos el caso de Brooklyn Excelsior Charter School, otra escuela de National Heritage Academies. En 2012, los auditores estatales intentaron rastrear los $ 10 millones en fondos públicos otorgados a la escuela, solo para concluir que » no pudieron determinar … hasta qué punto los $ 10 millones de fondos públicos anuales proporcionados a la escuela en realidad se utilizaron para beneficiar a sus estudiantes «. Por lo que los auditores pudieron decir, la escuela pagaba un alquiler por encima del mercado para su edificio, que a su vez es propiedad de una subsidiaria de National Heritage Academies. También les preocupaban los cargos de equipo.

Los auditores no pudieron decir en última instancia si los cargos eran razonables porque las Academias de Patrimonio Nacional se negaron a compartir los detalles financieros relevantes. La firma también se negó a proporcionar documentación detallada por $ 1.6 millones en costos registrados como servicios corporativos, alegando que la información era confidencial, según la auditoría. El presidente de la junta de Brooklyn Excelsior no respondió a nuestra solicitud de comentarios.

Si bien los auditores en Nueva York estaban molestos por lo que encontraron, podían hacer poco más que emitir informes con recomendaciones de asesoramiento. «No podemos auditar a la compañía de gestión», dijo Brian Butry, portavoz del Contralor de Nueva York Thomas DiNapoli.

En Michigan, donde NHA es el mayor operador de escuelas autónomas, los reguladores estatales de educación han expresado frustraciones similares sobre el grado en que estas empresas privadas están protegidas de tener que responder al público sobre cómo se gasta el dinero.

«No puedo FOIA National Heritage Academies», dijo Casandra Ulbrich, vicepresidenta de la Junta de Educación del Estado de Michigan, refiriéndose al derecho de solicitar documentos públicos de agencias públicas. «No sé con quién están subcontratando, no sé si están ofertados. No sé si hay algún conflicto de intereses. Esta es información que nosotros, como contribuyentes, no tenemos derecho a.»

El año pasado, Ulbrich y la Junta de Educación del Estado pidieron que se traiga más transparencia a los tratos financieros de las firmas de gestión de fletamentos. Pidieron específicamente a la legislatura que proscribiera los contratos de barridos . «Desafortunadamente», dijo Ulbrich, «cayó en oídos sordos».

El Servicio de Impuestos Internos ha cuestionado algunos casos de contratos de sweeps, pero no ha tomado una posición consistente sobre si los contratos son apropiados.

No solo los reguladores y auditores de los estatutos tienen razones para desconfiar de tales configuraciones. Algunas juntas de escuelas autónomas que firmaron contratos de barrido se han visto excluidas de las operaciones de sus propias escuelas.

En Ohio, diez juntas de escuelas charter demandaron a su firma de administración, White Hat Management, en 2010 después de que no pudieron obtener respuestas a preguntas básicas sobre por qué el rendimiento de sus escuelas se retrasó y cómo se gastó el dinero de la escuela.

Aun así, fue un desafío para las escuelas recuperar el control. Después de entregar la mayor parte de su dinero a White Hat por años, las escuelas tenían poco dinero propio, dijo Karen Hockstad, una abogada que ha estado representando a las juntas escolares en litigios continuos.

«Sus manos están atadas. No tienen el dinero para construir una infraestructura nueva y obtener nuevos escritorios, libros y cualquier otra cosa», dijo Hockstad. White Hat Management no devolvió una solicitud de comentarios.

Algunos reguladores de escuelas chárter, que reconocen su autoridad limitada sobre las compañías de gestión de chárter, están comenzando a rechazar, lo que exige que las escuelas obtengan más información de las empresas de gestión. Sin embargo, eso no ha impedido que algunas compañías de gestión armen una pelea .

Los reguladores en el Distrito de Columbia están buscando más autoridad legal sobre las firmas de gestión después de dos escándalos recientes . La Junta Escolar Pública de DC ha pedido al ayuntamiento que apruebe una legislación que permita el acceso a los libros de las empresas de gestión bajo ciertas condiciones. Hasta ahora, ese esfuerzo no ha ido a ninguna parte.

Fuente: https://www.propublica.org/article/when-charter-schools-are-nonprofit-in-name-only

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Convivencia escolar: la gran asignatura pendiente

BERENICE PACHECO-SALAZAR ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN

Sin lugar a dudas, Iberoamérica ha experimentado grandes avances en materia de educación, ciencia, cultura y tecnología en los últimos años, a pesar de lo cual continuamos enfrentados a muchos y complejos retos.

La violencia escolar persiste como una apremiante preocupación de la comunidad educativa y las sociedades. Hablar de calidad educativa supone contar con entornos escolares seguros y significativos, desde donde se construyan nuevos referentes de convivencia pacífica en un marco de inclusión, equidad e igualdad. De este modo, el fortalecimiento de la convivencia, el respeto a la diversidad y los valores democráticos en y desde las escuelas se erige como desafío prioritario para la próxima década.

Para lograrlo, es necesario asumir el trabajo de la convivencia escolar como prioridad pedagógica y requisito imprescindible, y no negociable, para la mejora de la calidad educativa. Culpar a las familias, las comunidades o los medios de comunicación por los elevados índices de violencia en nuestras sociedades solo conduce a la pasividad e indiferencia de la escuela, y no a soluciones efectivas. Los centros educativos están llamados a desempeñar un rol social activo en la reducción de las desigualdades y en la generación de modelos alternativos de convivencia armónica.

Asimismo, se requiere comprender el fenómeno de la violencia escolar desde una mirada integral, identificando las condiciones estructurales y culturales que la generan y perpetúan, sus diversas y complejas manifestaciones, las distintas direccionalidades en las que ocurre y su interconexión con otras expresiones de desigualdad y discriminación.

Por ejemplo, aquellas sustentadas en raza, género, clase social, edad, creencias, nacionalidad, orientación sexual, aspecto físico, discapacidad o diversidad funcional, capacidades cognitivas. Poner el foco únicamente en los episodios de bullying impide ver, nombrar y, por tanto, erradicar otros tipos de violencia que también se gestan y ocurren en la escuela.

En ese sentido, es fundamental la formación del profesorado en la comprensión profunda de las causas y manifestaciones de la violencia escolar y en el manejo de estrategias para detectar, atender y prevenir las distintas manifestaciones de violencia escolar desde destrezas innovadoras, inclusivas y eficaces coherentes con la realidad de sus propios contextos.

Es necesario, además, implementar programas para el desarrollo de competencias socioemocionales de las y los docentes, y fortalecer la educación en derechos humanos en y desde las escuelas como principios fundamentales de la convivencia pacífica y la justicia social.

También hay que mejorar la gestión escolar. El objetivo de todo proceso educativo es contribuir al crecimiento integral de las personas. Para lograrlo, los centros escolares han de ser espacios abiertos e inclusivos, y esto implica que existan mecanismos de participación real del estudiantado en la toma de decisiones y por la creación de espacios que fomenten el diálogo como vía de resolución de conflictos. La escuela se convierte así en un lugar privilegiado de formación para la ciudadanía y en un laboratorio de construcción de nuevas formas de relacionamiento y, por tanto, de ejercicio democrático.

Junto a esto, es fundamental accionar trabajando directamente con el alumnado desde las herramientas del arte, la expresión creativa y el diálogo reflexivo, a fin de desarrollar las competencias socioemocionales y la formación en valores que les permitan asumirse y accionar como ciudadanía crítica y responsable.

Finalmente, hay que resaltar la importancia de aprender y articular las iniciativas de construcción de ciudadanía y convivencia escolar que se vienen desarrollando en nuestra región, como oportunidad para profundizar y fortalecer las buenas prácticas, aprender de ellas y contribuir a asegurar el derecho a una educación de calidad como imperativo para el desarrollo de nuestras sociedades.

Fuente: http://www.eldia.es/2019-03-14/SOCIEDAD/5-Convivencia-escolar-gran-asignatura-pendiente.htm

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En Sudafrica: La educación en casa es una alternativa viable.

Africa/Sudafrica/mg.co.za/Louise Schoonwinkel

Desde su legalización en Sudáfrica en 1996, la educación en el hogar ha estado en un camino de crecimiento constante. Según el censo de 2011, había 56 857 niños escolarizados en casa. Recientes estimaciones no verificadas han puesto este número en 100 000.

Como el mayor proveedor de educación en el hogar del país, Impaq tenía solo 400 alumnos en 2002. 
Este número aumentó a 16 000 en 2018 y se espera que supere los 18 000 en 2019.

Este crecimiento se ha producido en el contexto de un panorama educativo cambiante.

Tradicionalmente, la educación en el hogar ha apelado a una variedad de necesidades, desde atletas infantiles profesionales que tienen horarios de entrenamiento exigentes hasta familias que viajan regularmente. También es para los niños que viven lejos de las escuelas, como en las zonas agrícolas remotas.

Pero se está convirtiendo en una alternativa viable para los padres que luchan para que sus hijos sean colocados en escuelas, donde la alta demanda ha llevado a espacios limitados e incluso al hacinamiento.

El departamento de educación básica está trabajando arduamente para abordar estos problemas, pero la educación en el hogar puede ayudar a aliviar esta demanda en nuestro sistema escolar.

Lo que es importante tener en cuenta es que los alumnos que se unen a proveedores de planes de estudios como Impaq siguen el mismo plan de estudios y la Declaración de política de evaluación que sus compañeros de la escuela. También están sujetos a los organismos examinadores supervisados ​​por Umalusi, como el Instituto de Evaluación Integral de Sudáfrica y la Junta de Examen Independiente. Debido a esto, un alumno educado en el hogar puede regresar a una escuela tradicional en cualquier momento.

Para los padres que están considerando educar a sus hijos en el hogar, es fundamental considerar varios factores que pueden hacer que tal esfuerzo funcione.

La primera es que los padres deben estar preparados para asumir una mayor responsabilidad por las necesidades de aprendizaje diarias de sus hijos.

Es importante utilizar un proveedor que proporcione un cronograma y una estructura de lo que se debe hacer y cuándo.

También se proporcionarán libros, incluidas las evaluaciones que deben completarse con el niño.

Los padres también obtienen guías de facilitador detalladas, que les dicen cómo enseñar una materia.

Es esencial que los niños educados en el hogar practiquen los conceptos que están aprendiendo. Si un niño está haciendo esto, se hará evidente muy rápidamente si hay un concepto que el niño no está entendiendo.

A muchos padres les resulta más fácil enseñar un programa de estudios de grados tempranos como el grado 1, pero a medida que los niños avanzan más alto en los grados, estos padres generalmente buscan la ayuda de un tutor. Hay cientos de tutores en todo el país y son independientes de los proveedores de educación en el hogar.

Aunque los tutores ofrecen una mayor asistencia, es importante recordar que los padres deben asumir la responsabilidad de la educación del niño hasta el grado 9. Esto significa que el tutor está allí para recibir apoyo adicional, pero no puede hacerse responsable de todo.

Según la ley, un padre debe registrar al niño en el departamento de educación.

Hacer educación en el hogar tampoco significa que un niño se pierda actividades sociales y de integración cruciales. De hecho, la educación en el hogar puede aumentar esto porque los niños pueden tener más tiempo para participar en varias actividades extracurriculares e interactuar con una variedad de compañeros. Por ejemplo, hay comunidades de educación en el hogar que organizan deportes y otras actividades como el debate. Incluso hay despedidas matriciales.

Con todo, la educación en el hogar puede ser una experiencia enriquecedora para padres e hijos, pero requiere un cambio de mentalidad.

Antes de dar el salto, tanto el padre como el niño deben estar listos para asumir las responsabilidades que conlleva este tipo de aprendizaje.

Louise Schoonwinkel es la gerente general de Impaq, una subsidiaria del Grupo FutureLearn

Fuente: https://mg.co.za/article/2019-03-01-00-home-education-is-a-viable-alternative

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La ciencia como un derecho humano

Los espacios de consulta sobre la iniciativa de ley de Ciencia y Tecnología deberían trazar el eje para una política científica que fomente la igualdad de oportunidades, la libertad de investigación y la producción de conocimiento para la transformación social.

La palabra ciencia entró en la visión de todas las naciones en 1945, cuando por sugerencia de la delegación británica, a la Organización Educativa y Cultural de la ONU se le sumó la ciencia, dando lugar a la UNESCO. Era impensable, después del lanzamiento de la bomba atómica ese mismo año, no darse cuenta de que el conocimiento científico y la tecnología pueden modelar al mundo para bien o para mal. Así, en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se establece que «toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten».

De la Declaración Universal de Naciones Unidas surgieron tratados conocidos como Pactos de 1966, que son vinculantes para los estados que los ratificaron. El artículo 15 dice que los estados «reconocen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones». Incluye además la obligación de adoptar medidas «para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia», así como el compromiso de «respetar la indispensable libertad para la investigación científica» y recomendaciones para «el fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas». Así se constituye el derecho humano a la ciencia. Este derecho nos debería de ayudar a fomentar la participación ciudadana en los retos científicos y tecnológicos, a generar nuevos conocimientos y capacidades, a protegernos de las pseudociencias y de las noticias falsas, a fomentar el conocimiento y el aprecio de la ciencia y de quienes la hacen, tanto entre la sociedad como entre los gobiernos que deberían de ponerla como fundamento en la toma de decisiones. Este derecho en nuestro país se encuentra íntimamente relacionado con la existencia de la autonomía universitaria, con el desarrollo de actividades de comunicación pública de la ciencia y con la llamada ciencia abierta, que surge de la inclusión en la ley de ciencia y tecnología vigente del acceso abierto y la existencia de repositorios nacionales que reúnen los productos de la investigación que se realiza con dinero público. La innovación debe considerar la importancia del acceso a los beneficios económicos y sociales de la ciencia.

Este derecho no se respeta en el proyecto de ley presentado en el Senado de la República el viernes 8 de febrero de 2019, que reemplazaría a la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, expedida en 2002 y que ha sido modificada en varias ocasiones. La iniciativa también reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Esta iniciativa no solo centraliza todo el poder de decisión en una sola dependencia, el CONACYT, sino que le da atributos a la dirección general del mismo para emitir dictámenes para “evitar efectos adversos y daños” no especificados. Estos dictámenes estarían sujetos a una junta de gobierno que ya no tendría la presencia de académicos y de miembros del sector privado, como lo tiene actualmente. Esta facultad para suspender actividades y proyectos de investigación, también de comunicación de la ciencia, mediante estos “dictámenes” unilaterales, afectaría la libertad de cada individuo e inclusive atentaría contra la autonomía de las instituciones donde se realizan estas investigaciones. La ley también incide en la libertad de desarrollo de tecnología, pues establece que antes de vincularse con el sector productivo, las instituciones de educación superior y centros públicos no solo deberán de tener autorización de su órgano de gobierno, sino que también requerirán la aprobación del nuevo CONACYT.

La iniciativa tiene otras muchas implicaciones, ya que desmantela la política científica construida en la ley de 2002 y desaparece todos los órganos de consulta establecidos en ella, entre ellos el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. El Foro, a través de su mesa directiva que reúne a todo el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país, a saber, instituciones de educación superior federales y estatales, academias y sociedades gremiales de investigadores y cámaras industriales, plantea en detalle en su comunicado del 11 de febrero la necesidad de abrir una discusión sobre esta iniciativa de ley. Muchas voces se han unido en apoyo de esa postura, porque toda la comunidad científica respeta la discusión de ideas como parte fundamental de la investigación científica de excelencia.

El comunicado hace un exhorto a que se abran espacios de consulta y participación de las comunidades académicas y tecnológicas y de los sectores sociales y privados. Es muy tranquilizador saber que ha sido escuchado tanto por la Cámara de Senadores, como por la Cámara de Diputados y el CONACYT. Pronto comenzarán las mesas de consulta. Ya está programado un conversatorio convocado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y está en proceso la convocatoria a foros de consulta que estarán organizados por CONACYT y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Es importante que estas mesas de consulta vayan mucho más lejos que la discusión de la iniciativa de ley. ¿Qué sistema de ciencia y tecnología queremos para nuestro país? ¿Cómo incluir al sector privado para que la sociedad pueda gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones? ¿Cómo lograr que la ciencia y la tecnología estén realmente involucradas en la toma de decisiones gubernamentales? ¿Cómo incluir a la ciencia y la tecnología como un eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo para apoyar la solución de los grandes problemas nacionales? ¿Cómo aprovechar a la ciencia y la tecnología para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Y muy importante, ¿cómo llegar a un presupuesto digno (que la experiencia internacional marca como el 1% del PIB) para que la investigación científica y el desarrollo de tecnologías ofrezcan un rumbo de bienestar para México?

Cada país firmante de los pactos sobre derechos humanos, entre los cuales está por supuesto México, debe tomar decisiones de política científica en esta dirección. Esta política debe fomentar la igualdad de oportunidades, la libertad de investigación y la producción de conocimiento para la transformación social que lleve a la justicia, la igualdad y la inclusión, sin dejar atrás a ningún grupo, ni por su edad, ni por su género, ni por su etnia. Esperamos que las mesas de consulta nos acerquen a esta meta.

Fuente: https://www.letraslibres.com/mexico/ciencia-y-tecnologia/la-ciencia-como-un-derecho-humano

Imagen tomada de: https://www.clacso.org.ar/conferencia2018/foros_actividades.php?foro=47&idioma=

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8 tendencias y metodologías que destacan en educación

Aulas que se transforman en habitaciones de escape o aprendizajes que potencian el uso de elementos visuales. El proceso de enseñanza-aprendizaje está cambiando, y con él surgen tendencias y metodologías educativas que triunfan en los centros.

Los centros escolares viven procesos de transformación y de cambio, algunos relacionados con la metodología que utilizan sus docentes. En muchos casos, atrás ha quedado el sistema tradicional de enseñanza que ha dado paso a otras formas de enseñar y aprender. En este sentido, el Informe ODITE sobre Tendencias Educativas 2018 profundiza en algunas de estas tendencias como, por ejemplo, la neuroeducación, la gamificación con las escape room o el aprendizaje basado en proyectos.

Gamificación: Escape room

Las escape room, o habitaciones de escape, han aumentado su presencia en las aulas principalmente por dos razones: el aprendizaje es mucho más motivador y pueden utilizarse en la mayoría de las asignaturas: MatemáticasInglésLengua

GAMIFICACIÓN: ESCAPE ROOM

Algunos docentes han compartido ya su experiencia y relatan cómo plantearon una actividad de este tipo y los elementos que tuvieron en cuenta para su desarrollo. Aquellos interesados en montar su propia habitación de escape pueden consultar este enlace.

Aprendizaje Basado en Proyectos

Es una de las metodologías activas más populares entre los docentes innovadores que quieren mejorar el proceso de enseñanza, convirtiendo al alumnado en protagonista de su propio aprendizaje. Logra que aprenda haciendoPor eso, a la hora de programar cada una de las actividades, es necesario definir muy bien qué objetivo se persigue y los materiales a elaborar. Sus beneficios son diversos: desarrollo del pensamiento crítico, mejora de las habilidades sociales, mayor motivación, espíritu autocrítico, creatividad…

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

Experiencias como las contadas por el Colegio CEU Jesús María de Alicante, el Colegio Senara(Madrid) y el CEIP Gil Tarín (La Muela, Zaragoza) sirven de ejemplo para descubrir ideas y proyectos para el futuro.

Neuroeducación

Esta disciplina, que estudia el papel que juega el cerebro en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, es otra de las tendencias educativas del momento. La neuroeducación, que asienta sus bases en la neurociencia y las ciencias de la educación,  tiene en la figura de Francisco Mora uno de sus representantes más importantes. En su opinión, “el cerebro sólo aprende si hay emoción”. Esto le ha llevado a estudiar cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos y la influencia que ejercen las emociones en este proceso. Como afirma la escritora y psicóloga  Begoña Ibarrola  “educar en las emociones es clave para favorecer el aprendizaje” por tanto, los docentes necesitan comprender que “su función como educadores va mucho más allá que la de meros transmisores de información o conocimientos”.

NEUROEDUCACIÓN

En el Colegio Alborada (Alcalá de Henares, Madrid), por ejemplo, aplican la neuroeducación en el aprendizaje de la asignatura de Matemáticas de 4º a 6º de Primaria gracias al método JUMP Math.

Aprendizaje Basado en Eventos

Conocido también como Event-Based Learning, es un aprendizaje horizontal entre educadores que tiene lugar en un espacio concreto y en tiempo real. Este es el caso de un congreso o un evento, donde un grupo de profesionales de un ámbito específico se reúnen con un propósito: compartir su know how, su forma de hacer y su experiencia. En este artículo, Eneko Martínez, profesor de EGIBIDE y experto en educación, profundiza en sus claves.

APRENDIZAJE BASADO EN EVENTOS

Visual Thinking

Este aprendizaje aprovecha las posibilidades comunicativas que ofrecen las imágenes para expresar ideas y pensamientosEn clase de Literatura, por ejemplo, puede ayudar a que los estudiantes retengan mucho mejor la información relacionada con un autor o una época literaria concreta.

Visual Thinking puede llevarse también a clase de matemáticas para trabajar mapas mentales de cálculo, diseñar autoevaluaciones visuales, o resolver un problema con esquemas visuales como se explica en esta otra entrada. Los docentes interesados en este tipo de aprendizaje pueden consultar estos recursos y la entrevista realizada a la experta Elena Urizar.

VISUAL THINKING

Mindfulness

Desde hace un tiempo, esta técnica milenaria de meditación se emplea en el ámbito educativo e, incluso, algunos centros la han incorporado como una asignatura más. Este es el caso del Colegio La Asunción de Málaga: allí, los estudiantes de 2º de Bachillerato tienen la posibilidad de elegir la materia  Mindfulness: atención plena en el universo emocional como asignatura de libre configuración tras autorizar Consejería de Educación de la Junta de Andalucía  como asignatura obligatoria, curricular y evaluable.

MINDFULNESS

Por su parte, Marta Guzmán Ruiz, docente en el IES Eduardo Janeiro (Fuengirola), ha introducido la técnica del Mindfulnees en clase Matemáticas con alumnos de 1º de ESO, relatando su experiencia en esta entrada. Incluso, su práctica es recomendable para mantener la calma ante los exámenes como cuenta Beatriz de Frutos es psicóloga y coach en Mindfulness.

También os recomendamos las entradas: Estos son los beneficios de la práctica del mindfulness en el aula; 15 libros para practicar mindfulness en el aula y en familia; y Apps para practicar mindfulness con el alumnado.

Educación emocional

La educación emocional es otra de las tendencias que está cobrando un protagonismo creciente en educación. ¿Por qué introducir un programa de inteligencia emocional en el aula? María Cano Carbonell, maestra de Educación Infantil en el CEIP San Isidro (Algar, Murcia) responde a la pregunta en esta entrada: afirma que fomentar la inteligencia emocional es clave para el correcto desarrollo personal y académico de los alumnos

educación emocional: metodologías educativas que destacan

Asimismo, os invitamos a leer el artículo de opinión ‘Cómo crear una cultura de centro emocionalmente inteligente’ firmado por Pax Dettoni Serrano, formadora en esta disciplina; la recopilación de actividades para potenciar la educación emocional a través de los cuentos que sugiere Rocío López Valdepeñas, maestra especialista en innovación educativa y emprendimiento; y esta recopilación de 7 entrevistas sobre educación emocional con especialistas como Mar Romera, Anna Carpena o Begoña Ibarrolla.

Robótica y programación

Las disciplinas de robótica y programación continúan protagonizando muchas de las experiencias que comparten los docentes, por lo que no es de extrañar que estas dos áreas del conocimiento continúen siendo tendencia por sus beneficios para el alumnado: desarrollo de habilidades de análisis, trabajo en equipo, una mayor creatividad y tolerancia a la frustración al enfrentarse a los problemas que se les plantea…

robótica: metodologías educativas que destacanFuente: https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/metodologias-que-destacan-en-educacion/96721.html?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost

 

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