Author: Rose Mary Hernández Román

Saludos colegas,  a quienes están presentes y a quienes siguen la transmisión de este primer Congreso Mundial de Educación 2020.

La mesa de diálogo que nos reúne en este momento se centra en el tema de la Universidad y defensa de la educación pública y, en esa línea presento mi discurso.

En Venezuela, si bien es cierto que en la Constitución vigente establece  en sus artículos 102 y 103 el derecho a la Educación, y que, el Sistema Educativo nacional ha estado intentando impulsar cambios…, en la actualidad,  este sector no presenta resultados alentadores y, para comprender  esta realidad, debo hacer  varias presiones.

Nuestra Madre Patria, es un país que, desde la presidencia de Barack Obama, ahora de Donald Trump y algunos países aliados al imperio norteamericano, ha estado recibiendo una muy fuerte arremetida con propósito de dominación. Esto,  pasa desde  sanciones a altos funcionarios y políticos, así como bloqueos económicos  a industrias y empresas, donde, lamentablemente, quien las padece con mayor dureza estas consecuencias es la ciudadanía común.

Aunado a tal situación, también desde lo interno, existen decisiones en la  implementación de políticas  en economía que, trastocan algunos derechos laborales de trabajadores de la administración pública, como sucedió en agosto de 2018, donde se implementó un Plan de Recuperación Económica con el que se aplanaron las tablas salariales, violando logros de convenciones colectivas, desmejorando beneficios salariales y debilitando la profesión docente. Situación aún vigente.

Es así como, les trabajadores de las Universidades Públicas en estos momentos, estamos enfrentado una anomalía y deterioro en el ingreso salariar.

Por una parte existe una especie de anclaje en lo que significan nuestros sueldos y salarios, y, por otra, una elevada cotización del dólar o divisa que domina la economía.

A diario sufrimos tres devaluaciones del salario, según la actualización del costo de la divisa en la casas de compra venta así como lo que publica por el Banco Central de Venezuela. Cada día, el valor fijo  salarial es menos ante lo que representa el alza o valor del dólar.

Actualmente, el salario mínimo es de 400 mil bolívares, lo que es igual a 1.5 dólares.

Un o una docente titular universitario, universitaria, con estudio de doctoral, publicaciones de libros y participación destacada en la academia, no supera un sueldo de 10 dólares al mes ante una canasta básica alimentaria que, según CENDAS, supera los 300 dólares en el mes de agosto.

Toda esta triste realidad  se refleja entre otras cosas, en:

1. Migraciones y con ello el abandono a los puestos laborales en las universidades y la disminución de la matrícula  universitaria por lo que representa económicamente la permanencia en el sistema educativo. Las universidades donde se forma a los educadores, prácticamente están solas, el mayor número de estudiantes se ubican en carreras donde posteriormente, pueden ejercer el libre ejercicio.

2. Quienes no han migrado y continúan laborando en las universidades, han debido asumir varios empleos en la economía informal para poder resolver muy medianamente los gastos familiares, donde la prioridad es la alimentación, quedando sin posibilidad de cubrir otros tipos de derechos como estudios, calzado, medicinas, viviendas, servicios públicos.

3. La falta de mayor inversión en el Sector Universitario, ha generado un marcado deterioro y obsolescencia de las instalaciones, disminución en la ciencia y la tecnología. El confinamiento que se cumple a causa de la pandemia causada por el COVID-19, ha hecho mucho más vulnerable el resguardo y la seguridad de las casas de estudios, siendo el desmantelamiento un agravante más para el Derecho a la Educación pública.

4. No se puede permitir que actos vandálicos causados muchas veces por grupos de derecha se apropien de los bienes institucionales, que se destrocen las bibliotecas, que se abandone un espacio común que son patrimonio de la humanidad.

5. Aunque nuestra Constitución establece el NO pago de matrícula de la Educación pública hasta el nivel de pregrado, les estudiante debe hacer entre otras cosas, una inversión para alimentar el intelecto, bien intangible, a través de compra de libros u otras solicitudes que se enmarcan en lo necesario para  su formación. Para alimentarse, vestirse, calzarse. Se requiere de una inversión económica personal y/o familiar que es difícil cubrir.

6. Hay una profunda dificultad para que las y los jóvenes puedan cursar estudios fuera de sus ciudades al no poder pagar residencias y la manutención, acá todo está dolarizado.

7. Hay un nivel de angustia y ansiedad social ante la manera cómo se debe enfrentar cada día, cómo cubrir con las necesidades de cada familia, de cada hogar.

8. En cuanto al tema de la profesionalización, se hace muy difícil que un docente pueda continuar con estudios de 4to y 5to nivel porque éstos, aunque se ofertan y desarrollan dentro de las instalaciones universitarias públicas, tienen un costo que varía según unidades de créditos de las unidades curriculares y la unidad tributaria en del país.

Bajo este escenario desesperante para el trabajador y la trabajadora universitaria, el movimiento sindical-gremial quien ha sido el que históricamente ha salido en defensa de los derechos laborales, se presenta atomizado, inmovilizado, silenciado por una gestión centralista aburguesada que dejó de lado las luchas laborales, los beneficios colectivos por beneficios grupales y que inequívocamente no es la posición que observamos a diario en los foros con los sindicatos universitarios o de educadores de otros países del mundo, como en Panamá, Argentina, México, Ecuador, Uruguay, Brasil, Colombia, entre tantos otros donde están luchando por mejores salarios, respeto al presupuesto universitario, restitución de derechos laborales o conquistar nuevos beneficios.

Ya para ir cerrando mi participación,  consideramos desde el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación que, para salir del apagón en que nos encontramos  es urgente que el ejecutivo nacional abra los espacios de diálogos con el magisterio de base y con las voces críticas de la misma manera como se sentó con el sector privado para fijar costos de productos de consumo que, con un salario mínimo en el sector público de 1.5 dólares y/o para un máximo de 10 dólares según nivel académico y escalafón en el sector universitario y una canasta básica que está por el orden de los 300 dólares, quizás más, lamentablemente, no se compra absolutamente nada.

Consideramos que, cualquier conversación sana, de buena voluntad, pasará por derogar la resolución 2792 emanada en octubre 2018 por el Ministerio del Proceso Social del Trabajo con la que se congelaron las convención colectivas de todos los sectores laborales del país luego de la reconversión monetaria y puesta en marcha del plan de recuperación económica, así como ajustar los salarios en el corto tiempo con miras a cumplir con lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución y alcanzar salarios acordes a los niveles inflacionarios.

Compañeres todes, desde Venezuela saludamos con entusiasmo este encuentro que se está celebrando, el cual es oportuno para alzar la voz contra el neoliberalismo Educativo, contra las medidas que restan derechos colectivos  y contra todas las acciones que ponen en peligro la existencia de la docencia y de la Educación Pública .

Si al I Congreso Mundial de Educación 2020.

¡Buenas tardes!