México

Por: Beatriz Olivia Camarena Gómez*

En las últimas décadas, como consecuencia de los desajustes económicos internacional y nacionales, se han arraigado y elevado en la sociedad mexicana una serie de desventajas sociales, con sus afectaciones correspondientes en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país, por lo cual se espera que esta población sea sujeto de atención prioritaria en la agenda política nacional, sobre todo de aquellos que residen en contextos urbanos y rurales de alta marginación.

La directriz del gobierno mexicano ha estado marcada por factores estructurales de tipo económico al apostarse por la liberalización económica e integración a los mercados globales pero los beneficios esperados de tal estrategia siguen sin concretarse a la fecha: persiste el nivel de estancamiento de la economía nacional, el empleo no se ha reactivado ni tampoco los indicadores de pobreza, entre otros. En ese contexto, la CEPAL, FAO e IICA (2019), han planteado la necesidad de adoptar un enfoque intersectorial de doble vía en zonas rurales para promover el desarrollo regional, como parte sustantiva de una estrategia que apuntala lo rural como factor clave para superar la pobreza, el hambre, la malnutrición y el cambio climático: la agricultura y actividades relacionadas se plantean como indispensables para promover el desarrollo sostenible de los territorios, revertir las fuertes desigualdades que subsisten en la región, y concretar logros importantes en la dimensión social de la Agenda 2030. En esa vía se recomienda atender los principales “nudos” que estructuran y reproducen las desigualdades sociales (alimentación, nutrición, salud, nivel socioeconómico, desigualdades de género, étnicas, territoriales), sin obviar que se trata de factores vinculantes que interaccionan y se potencian entre sí, manifestándose en todos los ámbitos del desarrollo social y de los derechos al afectar los ingresos, el trabajo, la protección y cuidado social, la educación, la salud, la vivienda y los servicios básicos, entre otros.

Por su parte, el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2019-2024) propuso incorporar en las agendas de política nacional en atención a la niñez, esquemas integrales que faciliten la articulación de programas sectoriales (de desarrollo social, de salud, educación, participación y nutrición, entre otros), para conformar, gradualmente, un entorno de protección de los derechos de la niñez encaminado a reducir las desigualdades sociales. En su llamado destacan los efectos positivos que esas acciones en el bienestar social pueden desencadenar al contribuir en el desarrollo regional y la protección del ambiente.

En México este sexenio se han empezado a impulsar cambios sustantivos en la política nacional, sin embargo, ésta sigue condicionada por el comportamiento que presenten factores estructurales de la economía mundial al ser las políticas laborales y sociales dependientes de las instrumentadas en materia fiscal, monetaria, financiera, cambiaria y de comercio exterior. En esa red vinculante de las políticas sociales (educación, salud, laboral) se entretejen factores, instituciones, actores y procesos que interaccionan en un cuerpo complejo de programa, lineamientos y acciones de política pública. La pandemia por el SARS CoV-2 (COVID-19) ha puesto en evidencia esas conexiones estructurales  complejizado más la problemáticas de salud, alimentación y pobreza.

Tal es el contexto que justifica diseñar e impulsar proyectos integrales con incidencia en la alimentación, nutrición y salud comunitaria ad hoc a las condiciones de precariedad social y de amenaza ambienta prevalecientes en comunidades rurales y urbanas marginadas (escasez y/o uso ineficiente del recurso hídrico, contaminación del aire, generación de desechos, uso excesivo de sustancias tóxicas, etc.) y problemas asociados con la delincuencia y violencia estructural que permean y afectan cada vez más la convivencia y salud comunitaria (Yañez y Camarena, 2019).

En comunidades rurales con alta vocación agrícola en Sonora, México la precariedad socio-económica y la exposición a agroquímicos están latentes y representan riesgos en la salud y desarrollo para sus habitantes. Los estudios realizados en esta región han mostrado presencia de agroquímicos en agua y suelo agrícola (Moreno et al., 2012; Cantú et al., 2011; Cejudo et al., 2012; García et al., 2013; Leal, et al., 2014); en diversos alimentos (Yarita et al. 2015; García et al., 2013); en fauna (Gallo et al., 2015); e incluso en muestras biológicas humanas (Valenzuela et al., 2008; Riojas et al., 2009; Silveira et al., 2011; Macias et al., 2008). En estos últimos, se han reportado concentraciones de plaguicidas organoclorados en sangre por arriba de los límites máximos permitidos en niños y niñas del sur de Sonora (Cejudo et al., 2012) o bien por encima de lo reportado en estudios similares pero realizados con población infantil de Estados Unidos (Meza et al., 2013). Se han identificado matices diferenciados de precariedad social y amenaza ambiental por tipo de localidad (rural o urbana), por región agrícola (norte, centro y sur) y por su pertenencia (o no) a un grupo indígena, siendo estas últimas y el contexto rural las que presentan índices de mayor afectación (Ochoa, et al., 2018). La población infantil de estas localidades presenta alta incidencia en dolor de oído, gripa, manchas en la piel y anemia, pudiendo algunas de ellas asociarse con exposición a agroquímicos (Ochoa et al., 2018); y en desarrollo cognitivo, los niños y niñas del medio rural participantes en estudio (Yañez et al., 2020) mostraron asociaciones negativas significativas en memoria de trabajo (r= -.396), comprensión verbal (r= -.406) velocidad de procesamiento (r=-.280) y razonamiento perceptual (r= -.437), comparados con niños en condiciones de vulnerabilidad social similar pero residentes en contextos urbanos (Hermosillo) y semiurbanos (San Luis Potosí).

El ciclo de enfermedades ambientales, utilizado de manera recurrente en el campo de la nutrición por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2002), y retomado por Mergler (2012, 2014) para ligarlo a la problemática social que genera la exposición a plaguicidas, destaca esas conexiones entre el contexto de amenaza ambiental, la precariedad social y el desarrollo humano. El análisis inicia con las mujeres embarazadas que habitan las localidades agrícolas en las cuales se ha probado presencia de sustancias tóxicas y donde las féminas viven condiciones de trabajo y vida adversas; ellas transmitirán a sus hijos en gestación (feto) los riesgos en salud a través de la dieta que consumen y, en consecuencia, el recién nacido será de bajo de peso y estará expuesto directamente al tóxico a través de la leche materna –por las características de los plaguicidas es muy posible que estén presentes en la leche materna; sin embargo, falta estudiar si los beneficios de la leche materna permitirán superar o no tal riesgo-. Siguiendo con el análisis del ciclo, ese niño recién nacido que vive en un hogar en situación de pobreza y cuyos padres tengan poco o nulo conocimiento de los riesgos que genera la exposición ambiental, seguirá en riesgo. El niño juega en el piso y se expone a estos contaminantes a través de suelo. Al ser constante tal situación, el niño a los tres años puede presentar retrasos en su desarrollo, no tiene la estimulación demandada y se enferma frecuentemente.  A los 6 años, el niño o niña va a la escuela, pero presenta falta de energía, o fatiga y tiene un pobre rendimiento, este pobre rendimiento se ha dado a conocer en investigaciones como la realizada por Guillete et al. (1998). Durante la adolescencia o juventud, muchos abandonarán la escuela y por su poca calificación y/o desgano, sólo lograrán colocarse en trabajos mal remunerados asociados a tareas que  intensifican el riesgo de exposición a productos tóxicos. En el caso de las mujeres, se repetirá la situación de embarazo temprano  (14 a 18 años) y en el de los hombres, se reproducen situaciones de anomia y/o conducta antisocial o criminal; que sentarán las bases para reproducir el ciclo de enfermedad ambiental en la próxima generación.

Sin duda hace falta realizar estudios prospectivos y de alcance longitudinal para valorar mejor las afectaciones sociales en la población infantil pero los estudios citados en esta nota, dan cuenta de condiciones ambientales y sociales adversas que afectan esa etapa fundamental del desarrollo humano, la niñez. Es realmente preocupante esa interacción entre problemas sociales (inseguridad, pobreza, insuficiente y baja calidad de servicios de salud y educación) y problemas de contaminación por agroquímicos, polvo, escasez de agua e intrusión salina, entre otros  (Camarena et al., 2020). El reto implica desarrollar e impulsar políticas públicas integrales encaminadas a generar condiciones más benignas para la niñez, una política nacional que no obvie los factores estructurales citados y que coloque en el centro de atención a esos grupos de población en desventaja social. Sin duda, las políticas en materia de salud, alimentación y educación deben considerar a los niños pero también a sus padres, a la familia rural, a los docentes y demás actores e instituciones sociales involucrados en la problemática, un punto medular es la cuestión laboral, el tipo de trabajo y la responsabilidad empresarial en las actividades y procesos causales de la amenaza ambiental.

Una esperanza en ese sentido la ofrece la UNICEF-México en la Agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024 en su propósito de consolidar el sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a través de cinco ejes de actuación prioritaria: a) garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas en la primera infancia; b) desarrollar e implementar una estrategia nacional integral para la erradicación de todas las formas de malnutrición infantil; c) garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes vayan a la escuela y aprendan; d) poner fin a todas la formas de violencia contra la niñez y la adolescencia y asegurar la atención y restitución integral de los derechos de aquellos que han sido víctimas de ésta; y e) garantizar la protección y el acceso a derechos a todos los niños, niñas y adolescentes migrantes. Habrá que ver cómo se avanza en su ejercicio práctico y si realmente permite romper el círculo perverso de la enfermedad ambiental que tristemente se ha normalizado en buena parte de las localidades rurales y urbanas marginadas de nuestro país.

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*Es Doctora por la Universidad de Salamanca (España), donde cursó el programa “El medio ambiente natural y humano en las ciencias sociales”. Estudios superados con sobresaliente cum laude en el Departamento de Sociología y Comunicación. Se desempeña como profesora-investigadora en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., adscrita al Programa de estudios ambientales y socioculturales del desarrollo, en la Coordinación de Desarrollo Regional. Sus principales líneas de Investigación son “Educación y comunicación ambiental” y “Estudio y Gestión Ambiental del Desarrollo”.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org