Lo primero, no causar daño” es el precepto atribuido a Hipócrates que se inculcaba a los médicos en formación. Porque la primera obligación –en el caso del médico y también de la autoridad– es no precipitarse a dar un remedio que pueda resultar contraproducente. Es decir, exactamente lo que en educación ha ocurrido: una vez declarada la emergencia sanitaria, las autoridades del Sistema Educativo y de las instituciones se montaron en esa situación inédita e impusieron –como si fuera parte esencial de la emergencia– la virtualización forzosa del programa educativo. Y ya hay señales de que esto está generando un daño grave y de enormes proporciones a millones de niños, jóvenes, familias, así como profesores. Son los niños de las familias pobres –la mitad del país– que más que otros están hoy sometidos a una situación de presión y angustia. Primero se les presentan demandas exigentes (cumplir la tarea
, seguir el programa
), pero de inmediato se enfrentan a las enormes limitaciones de clase que tienen para acceder a computadora, celular, Internet. Y se generan situaciones angustiosas dentro de la familia. Ésta reduce aún más su gasto para comprar tiempo aire (y enriquecer así a las trasnacionales), pero sencillamente no alcanza, y la niña y niño quedan en medio, aplastados entre la pobreza y la exigencia. Dos imágenes dramáticas y recientes: la del niño de nueve años que se suicida luego de la exigencia de la tarea (C. Serdán, Puebla), y, la niña que para tener señal en el celular debe hacer la tarea en un árbol, en Colombia, donde hay la misma pobreza y aislamiento. Obviamente, se agradecería que se suprimieran las tareas, como se agradece que alguna institución como la UAM regale tabletas y crédito de Internet; hermoso gesto, pero la caridad no es remedio que cura la irresponsabilidad del médico o del funcionario. Irresponsabilidad no por lo que ya se decidió, sino porque la decisión se mantiene sin cambio, día tras día y mes tras mes. Podría haber sido de otra manera, y todavía puede serlo. Para eso, hay que tener en cuenta que se trató de una decisión precipitada y bajo presión; tomada en un par de días, sin diagnóstico, sin ponderación de los antecedentes y las consecuencias del traslado de golpe brusco de toda la educación a lo virtual. Nada.
Pero esta decisión trajo una consecuencia muy preocupante: ahora se ve, significó un giro a la derecha, cuyo alcance y profundidad aún no podemos precisar, y no en dirección a fortalecer el respeto a las libertades y permitir que niños, niñas, jóvenes puedan vivir estos tiempos de cólera y encierro con más alegría, con menos presiones, con maestros e instituciones libres para plantear una catarata de agendas, iniciativas de conocimiento y cultura, libres, sin tareas, sin programas o fechas fijas de entregas, sin amenazas (como se denuncia en el IPN),sin una evaluación agazapada que, anuncia el secretario de Educación Pública, aguarda al final de la contingencia. El giro hacia la derecha rigurosa deja muy mal parado al gobierno de la transformación a la izquierda. Porque la virtualización del programa educativo o educación forzada –como ahora se presenta– contradice la misión de libertad que tiene la educación. Y, además, porque reclutar maestros adeptos y utilizar la virtualidad forzosa en educación no se le ocurrió ni al muy neoliberal titular de la SEP del sexenio pasado, a pesar de que enfrentaba paros indefinidos de labores en muchas partes del país. Y tampoco a las autoridades de la UAM cuando, por inflexibles, el año pasado dejaron estallar una huelga que sabían sería de larga duración.
Los funcionarios (no nuestros médicos de hoy) tomaron una decisión inválida. El Colegio Académico de la UAM, UNAM, IPN, SEP, gobernadores, municipios, los congresos deberían reconsiderarla. Pero, ¿qué hacer para que la decisión sea válida? La respuesta está en la lectura sobre ética que los estudiantes de primer ingreso a todas las carreras, junto con otros temas, discuten con sus profesores en el Tronco Interdivisional (TID) de la UAM-Xochimilco. En el texto del reconocido maestro Dussel, se afirma que para que una decisión sea válida, los afectados por lo que se va a decidir deben ser participantes simétricos
(tener mismo peso en decisión). Porque es válido aquello en que los afectados pueden participar simétricamente; si no, no
. Y la validez tiene que ver con la participación autónoma y libre
( TID Vol. III:172-173). Lo que no ocurrió ni en la SEP ni en la UAM, UNAM o IPN, y que debería hacerse: tomar la decisión igualitariamente con los estudiantes de todos los niveles y con sus profesores. Y este no es un mandato legal, sino algo más poderoso, un deber ético, obviamente para quienes sean éticamente receptivos y busquen avanzar por el camino de la democracia y la autonomía.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/05/23/opinion/019a1pol
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