Por: Rogelio Javier Alonso Gil
Por: Rogelio Javier Alonso Gil
Por:animalpolitico.com/ 16-05-2018
El Conapred plantea el desarrollo de un modelo educativo inclusivo que combata la negación de acceso a la educación por la apariencia física, discapacidad y la falta de espacios accesibles en los centros educativos.
De los 28 mil jóvenes de entre 20 y 24 años hablantes de una lengua indígena, casi ninguno ha logrado concluir la educación secundaria, de acuerdo con un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
A través de un comunicado, el Conapred detalló que con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), una de cada seis personas afrodescendientes es analfabeta; ello, se traduce en 15.7%, es decir, casi el triple de la tasa nacional que es de 5.5 por ciento.
Estas cifras evidencian, según el Conapred, la necesidad de que la educación en el país sea inclusiva, situación “que garantizaría que tanto las personas como los grupos históricamente discriminados accedan a los espacios educativos”, exponen en el comunicado.
La Conapred plantea que la educación inclusiva impulsa el desarrollo de contenidos académicos específicos para estos grupos, tomando en cuenta que las pruebas y evaluaciones son de manera general en idioma español, lo que repercute en forma negativa para los infantes y jóvenes que solo hablan lengua indígena.
Abundaron que la exclusión no solo se limita a la negación de acceso a la educación por la apariencia física, sino que también ocurre cuando las personas con alguna discapacidad de movilidad se enfrentan a la falta de espacios accesibles en los centros educativos; o bien, cuando quienes tiene ceguera no pueden estudiar ante la carencia de materiales en sistema Braille.
También existen casos en que falta la traducción en Lengua de señas mexicana para quienes viven con discapacidad auditiva, dificulta su desarrollo educativo. Por otro lado, las personas transgénero ven violentado su derecho a la educación ante la negativa de matricularse en una escuela por carecer de documentos que reconozcan su identidad de género.
Todos estos, casos de exclusión y discriminación.
Entre el 2017 y hasta el 31 de marzo, el Conapred registró al menos unas 200 quejas por actos de discriminación en el ámbito educativo, siendo las principales, la discapacidad con 87 casos; la apariencia física con 27 y la salud con 26.
Además, emitió resoluciones de actos de discriminación en el ámbito educativo relacionadas con el origen étnico, apariencia física, discapacidad, embarazo y estado civil.
El organismo recordó que en marzo pasado, con la finalidad de impulsar el cambio cultural en favor de la igualdad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos de las personas, se celebró el “Encuentro de Experiencias de Educación Incluyente: Hacia una Educación Antidiscriminatoria”, realizado en Michoacán.
Ello, con la finalidad de cumplir también con los objetivos del Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, puntualizó.
Del paquete normativo aprobado en 2012-2013, en el marco de la reforma educativa impulsada por el presidente Peña Nieto al inicio de su gestión, probablemente el punto de mayor controversia era el de sujetar la permanencia en la plaza docente al resultado que se obtuviera en una evaluación periódica de desempeño.
En las modificaciones al artículo tercero constitucional se indicaba: “La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.” (Art. 3ro. Fracción III). Es decir, la reforma constitucional contemplaba la obligatoriedad de la evaluación para permanencia, pero hacía derivar a una norma reglamentaria las características y condiciones de su implementación en la práctica.
Prácticamente desde el anuncio de su aprobación en las cámaras del Congreso, en diciembre de 2012, los representantes del magisterio expresaron su oposición. En particular, Elba Esther Gordillo, entonces dirigente principal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se manifestó contraria a la iniciativa. Refiriéndose a la permanencia, la lideresa, al ser entrevistada en Milenio Televisión, declaró: “La amenaza está en una palabra, en mi opinión perversa, que creo que estos que estuvieron en esa mesa metieron y que hubo resistencia del PAN para que desapareciera y del propio PRD, y yo creo que hasta el PRI: La permanencia, la permanencia pervierte la propia evaluación, va contra la evaluación” (Animal Político, 22 de enero 2013). Gordillo advirtió entonces que, en caso de no modificar tal criterio, el sindicalismo magisterial pasaría a la resistencia de la reforma. Elba Esther fue detenida el 26 de febrero de 2013, el mismo día, por cierto, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al tercero constitucional, acusada de uso indebido de los recursos económicos del sindicato docente.
Una vez encarcelada Elba Esther, la nueva dirigencia sindical desistió en su oposición a la normativa de la reforma. No así la disidencia magisterial aglutinada en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE. La coordinadora inició movilizaciones de protesta que se prolongarían hasta septiembre de 2013. En agosto de ese año se aprobaron dos nuevos instrumentos: reformas a la Ley General de Educación, y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pero el tema de la permanencia, en su contenido sustantivo, quedaría plasmado en una tercera iniciativa, la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD), cuya discusión, debate y aprobación habría de ocurrir la primera semana de septiembre del mismo año.
Las notas periodísticas sobre el debate en la Cámara de Diputados de la LSPD hacen notar, en primer lugar, que la sesión correspondiente no fue programada con anticipación, sino que, el presidente en turno, Ricardo Anaya, entonces presidente de la mesa directiva, hizo uso de sus atribuciones para convocarla el dos de septiembre a partir de las ocho de la noche. Se trató, pues, de una deliberación nocturna, que evitó la manifestación de los profesores disidentes. La sesión se prolongaría toda la noche, pues se presentaron más de cincuenta observaciones de diputados, y se intentaron tres mociones suspensivas. Algunas de las propuestas modificatorias fueron aprobadas, pero quedó en firme la obligación según cual todos los docentes en servicio, incluso los que habían obtenido definitividad bajo las reglas previas, tuvieran que participar en evaluaciones periódicas para conservar la plaza y la función asignadas. No se obtuvo una votación unánime, aunque sí claramente mayoritaria: 390 votos a favor, 69 en contra y cuatro abstenciones. A la mañana siguiente, el Senado recibió el dictamen, deliberó, y votó la aprobación con 102 votos a favor y 22 en contra.
A cinco años de distancia, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, ha reconocido que “por su carácter obligatorio y su asociación con la permanencia, la Evaluación del Desempeño ha representado el mayor reto del Servicio Profesional Docente, tanto en términos políticos como técnicos. La cantidad de docentes a evaluar, la diversidad de condiciones de infraestructura y equipamiento de las escuelas y de los contextos en los que se encuentran, han planteado retos técnicos y de logística inéditos en materia de evaluación de docentes a gran escala.” (La educación obligatoria en México, Informe 2018).
Contra lo esperado en el diseño de implementación, sólo una fracción de los docentes en servicio (poco más de una tercera parte de la población objetivo) ha transitado por las fórmulas de evaluación aplicadas para asegurar la permanencia en la plaza. Como, además, la norma aprobada indica que los profesores deben ser sometidos a este proceso de evaluación cada cuatro años, la posibilidad, práctica, del cumplimiento de la norma ha quedado en entredicho.
De los candidatos en la actual contienda presidencial, ninguno de ellos ha respaldado explícitamente la continuidad de la evaluación para permanencia. Al contrario, sus discursos sugieren la revisión de la iniciativa: desde la posibilidad de cancelar la reforma normativa correspondiente, hasta la opción de llevar a cabo una evaluación más amable (o menos punitiva) con el sector magisterial. Por si fuera poco, los instrumentos complementarios a esta fórmula evaluativa (reforma de las normales, asistencia técnica escolar, procesos de acompañamiento y tutoría, formación continua del magisterio) no han logrado ser consolidados en la aplicación de las políticas educativas sexenales, todo lleva a pensar que no bien inicie el próximo sexenio, gane quien gane, la evaluación para permanencia será uno de los aspectos que se revisen y se modifiquen.
Fuente del Artículo:
El Dr. Ricardo Biazzi, docente, ex rector de la Universidad Nacional de Misiones, ex Ministro de Educación de la Provincia y especialista en Ciencias Políticas, dialogó con Misiones Online sobre los desafíos futuros del sistema de la educación pública universitaria desde el contexto jurídico y político.
¿Cuál sería la conquista a defender y que fue logrado en este proceso de cumplirse 100 Años de la Reforma Universitaria?
La autonomía de la Universidad. Sin dudas es importante y es una bandera irrenunciable que tuvo la Reforma Universitaria desde su primer momento. Esa autonomía es la libertad de poder obrar en base al conocimiento científico que se produce en la universidad; es la libertad para la formación docente y de cátedra para cada uno de sus miembros.
Y también, esa autonomía, es la que permite generar un poder critico frente a la sociedad para poder señalarles cuáles son -con sentido de anticipación- los desafíos que como sociedad se tendrán a futuro y cuáles serán las alternativas para resolverlos, ya que se trata de conocimiento que se produce en la universidad. Y que este señalamiento no lo hagan con temor a las posibilidades de afectar los poderes de turno en ese momento.
La real autonomía es la de tener la libertad de decir y plantear a la sociedad lo que se estime conveniente, producto de su investigación, de su trabajo consciente con su equipo de docentes, del resultado de sus tareas de investigación y conocimiento de la realidad. El valor de la autonomía del sistema universitario para mi es fundamental.
Otro aspecto a defender es el valor de los concursos de las cátedras y que haya una renovación periódica de las autoridades que gobiernan las cátedras de estudios y sus docentes, ya que todo esto hace a la democratización del sistema universitario.
Por supuesto que en ese momento de la Reforma Universitaria eran una elite muy privilegiada los que accedían a la Universidad, y numéricamente escasa. Pero con el tiempo, esto que germinó como Reforma Universitaria se fue ampliando. Después hubieron otros hitos en la historia que marcaron los cambios, a veces menos conocidos, pero la universidad en aquellas épocas eran aranceladas y esto cambió con una decisión de Juan Domingo Perón que estableció por un decreto (1949) la gratuidad en la educación universitaria.
Con esta medida se logró dar un salto, y en menos de 10 años se pasó de un número de 40 alumnos a 140 mil alumnos en el sistema, se generó una universidad “obrera” para los trabajadores argentinos (que después termino siendo la Universidad Tecnológica Nacional). Y así se fueron produciendo políticas interesantes en estos 100 años, de inclusión de más sectores universitarios a través de la creación de nuevas casas de estudios, de complementación de estudios con apoyo con aportes económicos a los estudiantes que cursen carreras universitarias, se fue consolidando un esquema que hace a lo que es hoy la Universidad Pública Argentina.

¿Cuáles serían algunas cuestiones no saldadas?
Una de ellas, es la necesidad de que ejercer la gratuidad a la educación universitaria, que está garantizada por la Constitución Nacional. Los estudios en la educación pública en todos sus niveles deben ser gratuitos.Y esto no se está cumpliendo en algunas áreas de la formación universitaria como pueden ser los posgrados, los programas de educación a distancia, que pueden ser algunos ciclos de complementación.
Se entiende que al no tener los recursos suficientes por parte del Estado Nacional, que es el que financia el funcionamiento de las universidades, esto aún no se pueda resolver desde la conducción de una universidad.
Pero si es una responsabilidad del Estado Nacional -frente a la presión de todas las comunidades universitarias y que la sociedad en su conjunto lo haga- percatarse que necesita extender la gratuidad para democratizar el Sistema Enseñanza, alcanzando a todos los niveles y en todos aspectos para que puedan acceder a la formación de los argentinos.
Es recurrente el intento de amenazar este derecho de gratuidad de la Educación Pública Universitaria, ya sea cuestionando debilidades del sistema o como alternativa de ajuste presupuestario de un gobierno de turno. ¿Cómo se defiende esta conquista, ante el planteo recurrente de violar este derecho?
Primero, de pretender alguien afectar la gratuidad de la Educación Superior a los argentinos, es un debate que debe darse en el ámbito de los Constituyentes, porque en principio tendrían que plantear una Reforma de la Constitución Nacional.
Cualquier norma que intente alterar ese principio de gratuidad, aún con las limitaciones con las que se la aplica en la actualidad para los estudios de grados, tendría que pasar por una Convención Constituyente para que se cambie el Art. 75 Inciso 19 de la Constitución Nacional.
Mientras esto no sea así, cualquier disposición, ya sea una Ley del Congreso Nacional, del Poder Ejecutivo, o de Consejos Superiores de Universidades Estatales, serán absolutamente violatorios del texto de la Constitución Nacional.
¿A los jóvenes del Siglo XXI cuál es el mensaje que les deja sobre este derecho?
Que hay que luchar intensamente para defender este derecho, como lo hicieron los jóvenes con la Reforma Universitaria de 1918, y como lo hicieron en tantas otras épocas mucho más duras de los 100 años de la historia universitaria argentina.
Hay que luchar por todas estas reivindicaciones, y tener la tranquilidad de que, en este caso de la gratuidad, son derechos consagrados y los pueden ejercer.
Hay otras luchas pendientes de derechos que no se lo puede ejercer porque el poder político no implementa las medidas para que sea ejercible normalmente por la ciudadanía, entonces, a esa especie de inacción o complacencia social -porque las cosas se desarrollan en estos términos- , no se pretende términos de mejorías.
Hay universidades en el mundo que tienen ejemplos de una política educativa que son modelos a seguir como Cuba o México por dar ejemplos, pero hay países a nivel europeo que están más avanzando como Finlandia, Suecia, Dinamarca, que son invocamos por la calidad de su educación. Estos países aportan a un sistema integral educativo que está totalmente financiado desde el jardín inicial hasta el posgrado universitario; y es universal esta gratuidad. No se paga, nadie paga por estudiar.
Son ejemplos que nos va a costar mucho seguir, pero son metas a alcanzar, porque es un sistema que se logro a través de una modificación de su estructura impositiva, donde el 50 por ciento de lo que se produce proviene de ser focalizado en la renta de los grandes capitales, renta financiera e impuestos directos.
Desgraciadamente, en nuestro país los impuestos atacan con impuestos indirectos al consumo de los servicios de la población en general.
(*) Ricardo Biazzi es Profesor Emérito de la UNaM. Egresado como abogado de la Universidad Católica de Córdoba, Magister en Administración Universitaria, y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Salvador.
Fue Rector de la UNaM durante el periodo 1990-1994, y ocupó distintos cargos públicos a nivel nacional y provincial. Entre ellos, fue Ministro de Educación de Misiones. Fue electo Diputado Provincial en el periodo 2005-2009, y fue miembro de la Comisión Constituyente para la Reforma de la Constitución Nacional en Santa Fe en 1994.
En su carrera académica también ocupó la presidencia del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y fue miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU 1996-2000).
Fuente de la Entrevista:
Entrevista a Ricardo Biazzi, un defensor de la educación universitaria pública, autónoma y gratuita
Es necesario redoblar esfuerzos para promover una dieta saludable y equilibrada, que contemple la ingesta de cinco frutas y verduras al día, haciendo énfasis en los menores de edad
De acuerdo con la Asociación Nacional de Cardiólogos al Servicio de los Trabajadores del Estado, las enfermedades cardiovasculares, que en su mayoría son ocasionadas por la obesidad, provocan 54 por ciento de los decesos en la población mexicana.
Nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial y el segundo en adultos, así lo señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México.
En noviembre del año pasado, participé en el Foro Trastornos Alimenticios, donde reiteré mi propuesta de implementar una asignatura de salud obligatoria en las escuelas, con el objetivo de contar con una buena educación en materia de salud desde la infancia, ya que en México existe un gran contraste en lo que se refiere a la alimentación infantil, como lo observamos en la región sur, que padece desnutrición, mientras que en el norte hay un grave problema de obesidad.
Es necesario redoblar esfuerzos para promover una dieta saludable y equilibrada, que contemple la ingesta de cinco frutas y verduras al día, haciendo énfasis en los menores de edad, debido a que tanto los cambios en sus hábitos alimenticios como en su actividad física son consecuencia de factores sociales durante su desarrollo.
Más de 30 por ciento de los jóvenes está inconforme o en desacuerdo con su cuerpo, esto genera en ellos baja autoestima, adicionalmente, en los últimos años se han duplicado los casos de anorexia y bulimia.
Es por ello que el gobierno, tanto federal como local, ha implementado múltiples políticas para fomentar un estilo de vida saludable, a fin de evitar la obesidad y el sobrepeso, como la regulación en la NOM-043, que promueve el consumo de frutas y verduras, de preferencia crudas y con cáscara, y la de publicidad en medios, para reducir la exposición de alimentos y bebidas poco saludables a los infantes.
Asimismo, el gobierno mexicano implementó un impuesto de ocho por ciento sobre el precio de botanas, chocolates, postres, dulces, mantequilla de cacahuate, helados, nieves y paletas, con el objetivo de reducir la ingesta de alimentos que no son básicos y tienen alta densidad calórica.
Además de aplicar un impuesto de un peso mexicano por cada litro de bebida saborizada con azúcar añadida, por ejemplo, refrescos y jugos envasados.
En mayo de 2016, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) firmó un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) para que sus asociados incluyan las calorías de cada platillo en sus menús, cartas o escaparates.
La prevención en todas las direcciones es nuestro reto como ciudadanos y es necesario reeducarnos en cuanto al estilo de vida que debemos llevar para estar más sanos.
También es importante realizarnos chequeos de rutina o acudir con un profesional de la salud, a fin de evitar enfermedades crónicas que deterioren nuestra calidad de vida.
Te invito a que compartas tu opinión a través de mis redes sociales.
En Facebook me encuentras como Dr. Armando Ahued Ortega y en Twitter @A_Ahued.
Fuente del Artículo:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/armando-ahued/educacion-para-la-salud/1238585
México/15 de mayo de 2018/Fuente: http://amqueretaro.com
El nuevo modelo educativo propone una educación que no discrimine a nadie por su condición de sexo, género, origen, condición social o económica, o de orientación sexual.
México es un país diverso en el que la educación inclusiva puede ser algo que a todas las niñas y niños los lleve a tener las herramientas que requieren para gozar de sus derechos, dijo la Subdirectora de Educación del Conapred, Adelina González Marín.
La funcionaria del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) subrayó que la educación inclusiva no es un lujo sino parte de lo que propone el nuevo modelo educativo que se va a impulsar a partir del siguiente ciclo escolar.
Añadió que es una manera de llevar a cabo una educación que no discrimine a nadie por su condición de sexo, género, origen étnico, color de piel, condición social o económica, o de orientación sexual.
Señaló que no es la educación inclusiva como hasta ahora se ha visto, solo para algunas minorías, como por ejemplo las escuelas especiales para los niños y niñas con discapacidad.
A lo que tiende la educación inclusiva es a que estos niños y niñas puedan gozar de la educación de la que gozan todos los demás menores en escuelas regulares, en las que puedan encontrar su máximo desarrollo.
Resaltó que lo fundamental de la educación inclusiva es que “aprendamos todos a convivir y cuestionar nuestro propios prejuicios y estigmas que van generando actitudes que ponen en desventaja a las personas que no son como la mayoría pensamos o creemos que somos”.
Al respecto dijo que se piensa que todos los mexicanos son católicos y resulta que no es así, o que todos son hombres o mujeres pero se olvida que hay personas que no tienen al nacer un sexo definido como por ejemplo los intersexuales o los transexuales.
También están los indígenas a los que se les obliga a que aprendan a fuerza en español o que deben tener un horario que no tiene nada que ver con sus usos y costumbres, horarios que son pertinentes a su cultura, geografía y contexto, de acuerdo a las actividades que desarrollan.
Consideró que la forma que hay para tomar en cuenta estas diferencias en cuanto a cultura, origen, nacimiento por elección, es que la escuela esté abierta para estas personas, que no sea un impedimento el ser pobre, indígena, diferente o con alguna discapacidad.
Resaltó que esa es la importancia de la educación inclusiva, que permita que el goce del derecho a la educación sea llevado a cabo por todas y todos, lo que no es menor.
Añadió que por ello es uno de los cinco pilares del modelo educativo, el de equidad e inclusión, aunque no es un tema nuevo en la educación, pero no es algo que se impulsa de manera decisiva en todas las escuelas regulares, ya que se siguen manteniendo educaciones especiales.
Señaló que por ello es un imperativo moral llevarlo a cabo, pero también económico, ya que por ejemplo de los más de 28 mil jóvenes indígenas de entre 20 y 24 años de edad que han asistido a la escuela, ninguno terminó la secundaria, con lo que se pierde capacidad productiva.
Agregó que una de cada seis personas afrodescendientes son analfabetas, además de que las mujeres jóvenes mexicanas tienen cuatro veces más probabilidades que sus contrapartes masculinas, de no trabajar ni estudiar.
Más adelante, dijo que para este 15 de mayo que se celebra el Día del Maestro “en el Conapred nos parece importante reconocer la labor de muchos docentes, por lo que hacen en materia de educación inclusiva”.
Recordó que el 8 y 9 de mayo tuvieron la oportunidad de convocar a un encuentro denominado “Las experiencias educativas incluyentes: hacia una educación antidiscriminatoria” para impulsar este enfoque del sistema educativo nacional, el cual no es una utopía.
Respecto a si están los maestros capacitados para llevar a cabo esta tarea dijo que no, aunque lo pueden estar porque se capacitan cada año y hay muchas cosas que hacer respecto a la educación incluyente.
Fuente de la Noticia:
http://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2018/05/13/educacion-inclusiva-herramienta-para-que-ninos-gocen-de-derechos-conapred
México/15 de mayo de 2018/Fuente: https://www.elsoldemexico.com.mx
El Día del Maestro se celebró por primera vez en México el 15 de mayo de 1918 y desde entonces, año con año, se recuerda con cariño a aquellos formadores de conciencias, promotores sociales y actores que con su ejemplo invitan a la superación personal y luchan contra la ignorancia para abatir el rezago educativo.
Esta celebración varía de día en el mundo, pues la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) instituyó el 5 de octubre como el Día Mundial del Maestro.
Como un homenaje a los hombres y mujeres que participan en la conformación de un mejor futuro de miles de niños se instituyó el Día del Maestro, que este 15 de mayo cumplirá un siglo de celebrarse.
Desde 1917, en México se reconoció la importancia del docente y su labor, que, con esfuerzo, entrega, dedicación y compromiso, guían y acompañan a sus alumnos por el mundo del aprendizaje, ayudándoles a descubrir y desarrollar su potencial.
En ese año, los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca propusieron ante el Congreso de la Unión que el 15 de mayo se instituyera como el Día del Maestro, iniciativa que fue aprobada y su decreto fue firmado por el entonces presidente Venustiano Carranza.
Existen múltiples personajes a lo largo de la historia de México que con su intervención enriquecieron la educación, sus procedimientos y sus alcances en México.
Entre los más destacados se encuentran José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, Antonio Caso, Aurelia Guevara, Columba Rivera, Dolores Rubio Ávila, Gabino Barreda, Guadalupe Sánchez, Ignacio Manuel Altamirano, Lauro Aguirre, Ma. Asunción Sandoval de Zarco, María Lavalle Urbina, Matilde Montoya, Soledad Régules y Vicente Lombardo Toledano, entre otros.
Además, esta fecha, coincide con el aniversario de la toma de Querétaro y el santoral católico que celebra la fiesta de San Juan Bautista de La Salle, un sacerdote, teólogo y pedagogo que consagró su vida a la formación de maestros que se dedicaban a la educación de hijos de artesanos y niños de escasos recursos.
Fuente de la Noticia:
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/dia-del-maestro-cumple-100-anos-de-ser-conmemorado-en-mexico-15-de-mayo-centenario-1686574.html