América del Norte

Por: Méxicanos Primero- David Calderón

A pesar de la dedicada labor de años para acompañar la reinserción desde organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes internos en México ven su derecho a la educación agraviado sistemáticamente.

En México, alrededor de 11,000 menores de edad legal están en conflicto con la ley. De ellos, alrededor de 2,800 se encuentran en internamiento.

A pesar de la dedicada labor de años para acompañar la reinserción desde organizaciones de la sociedad civil -lo que resulta un muy meritorio complemento y hasta mitigación por lo que no se logra hacer desde las estructuras del Estado- los jóvenes internos en México ven su derecho a la educación agraviado sistemáticamente.

Como hemos explicado en nuestro último libro, Tod@s, la inclusión no es sólo una característica deseable de la educación: el hecho es que sin inclusión no hay verdadera educación. La calidad de la educación se mide por la inclusión. Un sistema educativo cumple su cometido si logra que todas y todos estén en la escuela, aprendan en ella y participen en sus propios procesos de formación. Nosotros, la generación adulta, le fallamos a la generación joven cada vez que no se logra la inclusión plena y para todos.

Los adolescentes que cumplen medidas de privación de la libertad llegan al internamiento con rezagos y bloqueos en su trayectoria educativa. En el último estudio disponible, realizado por UNICEF, se estima que alrededor de la mitad de los internos adolescentes llegan con rezago educativo grave[1].

Es decir, no supimos –en su momento- hacer de la escuela el espacio de su desarrollo. Sus familias, sus escuelas, su vecindario, la sociedad en general no logró mantenerlos en curso. Aquellos que cumplen medidas en privación de libertad se vieron envueltos en situaciones criminales graves, y su discernimiento y situación emocional tienen desafíos enormes.

Pero entonces su internamiento -en lugar de servir como espacio de una educación más plena y favorecer su reinserción, como es su derecho- les condena al rezago educativo, y con ello a que permanezcan o hasta se agraven las razones y motivos que están detrás de las conductas antisociales que los llevaron a ser procesados por el sistema de justicia.

Ya no son sus familias quienes llevan la tutela principal de sus derechos; es el propio Estado mexicano, las autoridades, quienes son responsables de su educación. Esos jóvenes internos no pueden salirse de la instalación, así que ya no pueden faltar a clases. Ya se conoce su complicada condición de conducta, y ya no se puede decir que no se cuenta con un diagnóstico para su desarrollo socioemocional. ¿Y entonces?

Entonces están olvidados y excluidos. Las autoridades educativas y penitenciarias no están haciendo todo lo que les corresponde, y eso lleva al efecto indeseado de cristalizar su rezago, de ahondar su exclusión y, en lo que toca a la sociedad, no asegurar que haya elementos para reintegrarse y que no recaigan como víctimas o hasta victimarios en las conductas delictivas.

El que sufran rezago y exclusión educativa mientras están bajo tutela directa de la autoridad es un castigo que no pasó por el debido proceso –como sí fue el caso de la medida dictada por un juez, tras un proceso imparcial, para privarlos de su libertad; este “segundo castigo” –contrario a la ley, a diferencia del primero- es consecuencia del abandono y de una visión superficial e incompleta de los derechos de los jóvenes.

Ante esta violación de derechos, interpusimos una demanda de amparo en contra de las autoridades educativas a nivel federal y local, así como contra de los titulares de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes de la Ciudad de México.

Mexicanos Primero busca que las autoridades educativas cumplan con su mandato de ley y garanticen -en la realidad cotidiana- el derecho que tienen a una educación de calidad todos los adolescentes de una Comunidad de Tratamiento (como se llama a las instituciones donde hay internamiento) en el sur de la ciudad de México: con maestros idóneos, con infraestructura y materiales adecuados, así como con una organización escolar que favorezca el máximo logro de aprendizaje

¿Qué queremos lograr? La demanda buscan lograr que el poder judicial determine cómo se va a restituir, ante la omisión de los encargados, el derecho de los jóvenes, cómo tienen que atender las autoridades la responsabilidad de ofrecer estudios de primaria, secundaria, bachillerato, educación para el trabajo y educación superior a los adolescentes de la Comunidad de San Fernando, siempre con las características de las necesidades educativas especiales que se requieren.

No alcanza, y es una exclusión inadmisible, que las autoridades educativas y penitenciarias, se circunscriban a permitir la presencia ocasional de voluntarios o miembros de servicios frágiles, y que se le dé la vuelta a la situación con certificaciones limitadas del INEA. Es su responsabilidad contar con el diseño, la implementación y la evaluación adecuadas para un servicio de educación especial. Nuestra exigencia a las autoridades, a través del litigio, es que se acabe la chocante contradicción de que se les penaliza extralegalmente con el rezago educativo, justo mientras están bajo la tutela del Estado mismo.

Los adolescentes recluidos tienen derecho a encontrar un proyecto de vida distinto al que tenían antes de su ingreso al centro de reclusión. La sociedad tiene el derecho a esperar que no se va a producir una nueva discriminación contra estos adolescentes, que adicionalmente favorece la posibilidad de una reiterada captura hacia comportamientos antisociales.

Reconocemos y aplaudimos las reformas legales, especialmente la ley de Justicia para Adolescentes y sus equivalentes en los distintos estados del país, y que para hacerla realidad en los juzgados, con especialistas, y con el nuevo sistema acusatorio, se haya destinado para ello una inversión de recursos importante. Pero nos rebelamos ante el hecho de que eso contrasta con las instalaciones carenciadas de los Centros, que ya mereció para la Ciudad de México un Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Informe 1/2017), y que especialmente se haya invertido tan poco tiempo, dinero y talento para una intervención educativa pertinente y de calidad; persiste el olvido y la exclusión educativa que sufren los jóvenes internados como algo que urge superar.

La educación de calidad es un componente imprescindible para lograr la reintegración del sentenciado a la sociedad. No minimizamos la libertad y responsabilidad de los jóvenes internos para que, en sus conductas conscientes y voluntarias hayan cometido los agravios a la sociedad que los llevaron al internamiento. De lo que ahora estamos llamando la atención es que menos aún se puede minimizar la libertad y responsabilidad de los funcionarios para que no se produzca el “segundo castigo” al que nos hemos referido.

Martin Luther King decía que ninguno de nosotros es libre hasta que no lo seamos todos. El derecho a la educación es base de la libertad personal, y más para quien la ha perdido. Con este litigio aspiramos a que se revise la situación educativa de los jóvenes que cumplen medidas en las Comunidades de Adolescentes, no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Ya no pueden seguir olvidados, ya no deben ser excluidos. Aspiramos que este litigio le dé visibilidad a la situación, y nos comprometa a buscar soluciones para los 2,800 internos y también para los otros 8,200 procesados que, en el externamiento, puede que no encuentren una atención estructural y sistemática para su reintegración educativa plena. No puede haber una reinserción exitosa sin educación de calidad. Por eso, nosotros demandamos.

Fuente: http://www.animalpolitico.com/blogueros-aprender-es-mi-derecho/2017/04/26/olvidados-y-excluidos/