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La ley USICAMM

Por: Sergio Martínez Dunstan

Vaya forma de celebrar el Día del Trabajo en México. Quién lo diría. Todavía se encuentran en discusión los derechos del magisterio en nuestro país, en estos tiempos. La Cámara de Diputados recién aprobó modificar la ley respectiva a fin de reconocer la participación de las organizaciones sindicales en el Sistema para la Carrera de la Maestras y los Maestros. Aludí a tan delicado tema en una colaboración en la cual planteé, entre otras cuestiones, la distinción entre los derechos laborales y los derechos profesionales del magisterio. En otro artículo de opinión, “Por un sindicalismo al servicio del magisterio”, advertí lo que se escondía detrás de la rectoría por parte del Estado. Delegarle a la autoridad educativa atribuciones exclusivas en procesos tan relevantes como el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas, la estructura ocupacional, los cambios de adscripción, la compatibilidad, el otorgamiento de licencias, la compactación y descompactación de plazas así como la asignación de plazas vacantes, el Servicio e Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas, entre otros.

Textualmente hice notar:

“Este escenario emergente arrojó un nuevo orden jurídico bajo la rectoría de la autoridad educativa quedando al margen la organización sindical porque así fue diseñado de origen el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”.

La autoridad educativa se fue por la libre sin admitir contrapeso alguno cayendo en el abuso, rayando en el autoritarismo. Por ejemplo, la ley le otorga al magisterio el derecho a participar en la promoción vertical, horizontal o a horas adicionales mientras que un documento normativo de menor jerarquía, el acuerdo, lo limita a una sola participación en un mismo periodo. El docente tiene que elegir entre ellas y postergar a la que renuncia para otra ocasión. Ahora, el Congreso da marcha atrás y acepta abiertamente que fue un exceso haber dejado al margen de ello al sindicato.

El pasado 27 de abril se admitió el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo vigésimo quinto transitorio al decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, en materia de libertad sindical.

Al Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, a nombre de la Comisión de Educación, le correspondió exponerlo y lo hizo de la siguiente manera:

“Durante años, las y los maestros han luchado por instrumentar sus derechos. Ya establecimos la libertad sindical para sus organizaciones. En esta ocasión nos toca garantizar su instrumentación en el marco jurídico educativo. Esta adición se hizo para garantizar derechos para todas las formas de organizarse y de asociarse. Esta reforma impactará directamente en el tema de la USICAMM una demanda muy sentida legítima y necesaria.”

Por ello, desde mi particular punto de vista, bien pudiera nombrársele a tal iniciativa, la Ley USICAMM

Los partidos, a través de sus representantes, fijaron su postura en lo general.

La Diputada María Leticia Chávez Pérez, del Movimiento Ciudadano, señaló: Es innegable el derecho a formar sindicatos para garantizar buenas condiciones laborales a los trabajadores. El dictamen que hoy se somete a discusión ayuda a consolidar los derechos laborales y sindicales del magisterio. Velamos por el ejercicio pleno de los derechos humanos.

El Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, mencionó: Estamos a favor de permitir que el sindicato participe en todas las promociones y en los derechos laborales de los trabajadores, los cambios, los ascensos, las contrataciones. Nunca ha sido bueno que una sola de las partes decida lo que debe hacerse. Y la participación del sindicato en esto es la razón de ser del propio sindicato.

La Diputada Maria del Carmen Pinete Vargas, del Partido Verde Ecologista, dijo. Hagamos un ejercicio responsable de actualización a la ley para confirmar su pertinencia. Este dictamen busca garantizar el derecho a la libre sindicalización de las maestras y los maestros.

La Diputada Victoria Eugenia Méndez Márquez, del Partido Revolucionario Institucional, destacó: El dictamen tiene como objetivo acabar con malas prácticas y dar pasos hacia la democracia sindical entendida como la lucha de las clases trabajadoras por lograr el mejoramiento de las condiciones económicas sociales y culturales. Con esta adición, se busca garantizar el libre derecho a la libertad sindical, el reconocimiento de la titularidad de las relaciones laborales de su organización sindical y se atienden lo requerimientos establecidos en los Convenios 87 y 98 de la OIT.

Se presentaron dos reservas en lo particular:

Una de ellas por parte del Partido Morena en voz de la Diputada Celestina Castillo Secundino quien señaló en su intervención. El dictamen que estamos discutiendo tiene como principal objetivo garantizar derechos por los que las y los maestros han luchado por mucho tiempo. Estos mismos derechos deben ser reconocidos para las y los trabajadores de la educación que pertenezcan a organizaciones que no tengan registro ni toma de nota. No podemos dejar a nadie afuera. Es necesario que todas y todos los maestros de nuestro país puedan disfrutar de los derechos que se establecen en este dictamen independientemente de la situación sindical en la que se encuentren. El goce de los derechos no puede estar sujeto a trámites en lo que se resuelve la situación sindical de cientos de profesoras y profesores en nuestro país.

Una más, del Partido del Trabajo, expuesta por la Diputada Susana Prieto Terrazas quien argumentó. El dictamen limita la lucha por la libertad de los derechos constitucionales de libertad sindical. Todas las maestras y los maestros tienen un derecho igual de participar en las elecciones. Si nosotros lo reducimos a quien tiene la titularidad del registro vigente y de la toma de nota estamos excluyendo a las coaliciones de trabajadores.

Se aceptó la primera y la segunda fue desechada. La reserva fue planteada de la siguiente manera:

“Para la implementación de lo dispuesto en esta ley, las autoridades competentes garantizarán el derecho a la libre sindicación de las maestras y los maestros, reconociendo para sus efectos la titularidad de las relaciones laborales colectiva de su organización sindical en los términos de su registro vigente y toma de nota, así como el conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales que les corresponden de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; los derechos señalados anteriormente también serán aplicables para las organizaciones sindicales que no tengan registro vigente ni toma de nota.”

A final de cuentas, el dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados con 356 votos en pro, 115 en contra, y 19 abstenciones y turnado a la Cámara de Senadores.

Resulta conveniente discutir sus alcances y comprender claramente lo que se aprobó, entender la convergencia entre la reforma laboral y la reforma educativa. Es decir, la manera en cómo se harán efectivos los derechos sindicales con los derechos establecidos en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Colocarlos en un mismo plano. Sobre todo porque le dan cabida a las organizaciones sindicales que no tengan registro vigente ni toma de nota. Una vez que el Senado lo apruebe, habría que revisar los instrumentos para la participación de las organizaciones sindicales a las que estén afiliados los profesores en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. El reconocimiento a la representación de las diversas asociaciones gremiales a las que los docentes se hayan adherido. Hacer efectivo el derecho a la asociación, la libre sindicación y la negociación colectiva. Nada más ni nada menos. No es un asunto menor sino que encierra una gran relevancia.

Es de sobra conocida la serie de arbitrariedades y abusos de autoridad por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM). Reconocidas por la titular de la dependencia, la Secretaria de Educación y el propio Presidente de México. Incluso hay denuncias con casos documentados de tales anomalías. Cada quien defiéndase como pueda era la consigna. Cabe esperar, a partir de la aprobación, las disposiciones oficiales para asegurar el cumplimiento del dictamen. Por ejemplo, en lo que respecta a la referida mesa tripartita al final de los procesos de admisión, promoción y reconocimiento. Considero que deberán dar cabida y participación a las distintas organizaciones sindicales a las cuales los docentes estén afiliados para la defensa de sus derechos laborales, profesionales y sindicales.

Es de llamar la atención el silencio del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Quizá tengan razón de sobra. Por un lado, le otorgan la representatividad de sus agremiados en el Sistema de Carrera pero por el otro se le quita el monopolio de dicha representación. Habrá que darle seguimiento a los hechos que transcurran al respecto durante los días subsecuentes.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org

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Qué dice el borrador del Supremo de EE.UU. sobre el derecho al aborto

Casi medio siglo después de la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. que consagró el aborto como un derecho, el alto tribunal está listo para revocar la histórica decisión de 1973 Roe v Wade.

La filtración de un borrador de sentencia publicado por Politico muestra que al menos cinco de los nueve jueces apoyan el cambio de decisión. Se trata de la primera filtración de este tipo en la historia moderna del tribunal, lo que refleja la relevancia y la polémica que suscita este caso.

El tribunal ha reconocido la autenticidad del documento, aunque insiste en que es solo un borrador y su presidente ha anunciado una investigación para descubrir el origen de la filtración. “En la medida en que esta traición a las confidencias del tribunal pretendía socavar la integridad de nuestras operaciones, no tendrá éxito”, ha asegurado.

Misisipi, el origen del conflicto

El borrador, que no es definitivo, es la respuesta del Tribunal Supremo a un recurso presentado por el estado de Misisipi después de que varios tribunales rechazasen leyes que, en la práctica, suponían la casi prohibición total del aborto. La primera ley en cuestión prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación con la única excepción de deformaciones graves del feto o emergencia médica. La otra ley plantea un veto a la interrupción del embarazo desde el momento en que se detecta el latido del corazón, que se puede dar entre las seis y 12 primeras semanas.

“Me he comprometido a hacer de Misisipi el lugar más seguro de EEUU para un niño no nacido y esta ley nos ayudará a lograr este objetivo”, declaró el gobernador del estado, Phil Bryant, durante la firma de la ley de las 15 semanas, la más dura de todo el país. “Probablemente nos demandarán en media hora, pero no me importa”, bromeó.

Y tenía razón. La última clínica abortista de Misisipi, también conocida como la Casa Rosa, demandó y, cuatro años después, está en manos del Supremo. La decisión final se anunciará en junio, lo habitual en todos los casos que trata la corte.

La posición del Supremo en los últimos 50 años

No hay ninguna ley en EEUU que permita el aborto a nivel federal: lo que existen son dos sentencias fundamentales del Tribunal Supremo, Roe v. Wade (1973) y Planned Parenthood v. Casey (1992), que han prohibido vetar el aborto en todo el país hasta la viabilidad del feto, es decir, cuando puede vivir fuera del útero, lo que, según el Supremo, está entre 23 y 24 semanas.

Norma McCorvey, conocida por el pseudónimo Jane Roe, denunció a su fiscal de distrito, Henry Wade, porque quería abortar, pero la ley de Texas no se lo permitía. El juzgado le dio la razón, pero Texas recurrió al Supremo, que por una decisión de siete a dos, consideró que el aborto era una derecho. Cinco jueces nombrados por presidentes republicanos y dos nombrados por demócratas apoyaron la decisión.

El derecho constitucional a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”, decía la sentencia de 1973.

Qué dicen ahora los jueces

El asunto que está estudiando ahora el Supremo a raíz del recurso de Misisipi se resume en la siguiente cuestión: “Si todas las prohibiciones de abortos opcionales antes de la viabilidad son inconstitucionales”.

“Consideramos que [las sentencias] Roe y Casey deben ser anuladas. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y tal derecho no está protegido implícitamente en ninguna provisión constitucional”, señala el borrador, redactado por el juez Samuel Alito. Roe y Casey sostenían, por el contrario, que el el aborto estaba implícito en el derecho a la privacidad. “Esta provisión se ha utilizado para garantizar algunos derechos que no se mencionan en la Constitución, pero estos deben estar ‘profundamente arraigados en la historia y tradición de la nación e ‘implícitos en el concepto de libertad ordenada’”, señala el juez citando otra sentencia anterior del tribunal.

“El derecho al aborto no cae en esta categoría. Hasta la última parte del siglo XX, tal derecho era totalmente desconocido para la legislación estadounidense. De hecho, cuando se aprobó la enmienda número 14 de la Constitución, tres cuartas partes de los estados consideraban el aborto como un crimen en todas las fases del embarazo”, añade.

Algunos consideran que esta visión podría poner en peligro otros derechos que no están escritos explícitamente en la Constitución y que se basan también en la libertad de la vida privada, como por ejemplo los diferentes derechos de las parejas homosexuales y el uso de anticonceptivos, entre otros, ya que en el momento de su aprobación no estaban “arraigados” en la historia del país. Sin embargo, el borrador aclara que este argumento afecta únicamente al aborto. “Nada en esta opinión debe entenderse como una forma de poner en duda precedentes que no se refieren al aborto”.

¿Ahora qué?

De aprobarse, esta decisión no supone la ilegalización del aborto en EEUU, sino que cada estado sería libre de regularlo como quisiera.

“[La sentencia] Roe estaba claramente mal desde su inicio. Su razonamiento era excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias dañinas. Lejos de traer un acuerdo nacional sobre el aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y aumentado la división”, indica el borrador. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el asunto del aborto a los representantes electos del pueblo”.

La organización American Civil Liberties Union (ACLU), que ha iniciado y apoyado importantes casos en los tribunales ha señalado que si el Tribunal Supremo “emite una opinión mayoritaria en línea con el borrador filtrado, el cambio en las placas tectónicas del derecho al aborto será tan grande como ninguna otra decisión emitida por el tribunal en su historia”. De producirse, dicho cambio se explica gracias a los tres nombramientos realizados por el expresidente Trump, ya que los tres apoyan la opinión redactada por el juez Samuel Alito (nombrado por George W. Bush), según Politico.

El presidente Joe Biden ha afirmado que si el Supremo deroga Roe v. Wade, dependerá de los cargos electos proteger el derecho a elegir de las mujeres “y dependerá de los votantes elegir a cargos a favor del aborto este noviembre”. “A nivel federal, necesitaremos más senadores y una mayoría en la Cámara de Representantes para aprobar legislación que codifique Roe, que trabajaré para convertir en ley”.

¿Qué están haciendo otros estados?

Misisipi no es ni mucho menos el único estado que ha intentado prohibir el aborto a pesar de las sentencias Roe y Casey. En los dos últimos años, numerosos estados han intentado bloquear el acceso al aborto. Solo en 2022, Florida, Arizona y Kentucky han aprobado leyes prohibiendo la interrupción del embarazo a partir de las 15 semanas. El gobernador de Idaho aprobó en marzo una ley que ha sido temporalmente bloqueada por el Tribunal Supremo del estado en el que se veta el aborto a partir de la sexta semana excepto en caso de violación, incesto, enfermedad grave o riesgo para la vida de la madre. El gobernador de Oklahoma, por su parte, firmó otra ley que directamente prohíbe el aborto a menos que sea para salvar la vida de la persona embarazada y no contempla excepciones en caso de violación ni incesto. En Wyoming existe otra ley similar.

En 2021, Arkansas aprobó una ley que actualmente está bloqueada y que solo permite el aborto en casos en el que la vida de la persona embarazada esté gravemente en peligro. Texas también aprobó el año pasado una prohibición total si el Tribunal Supremo anula Roe v. Wade. Carolina del Sur aprobó otra legislación vetando la interrupción del embarazo desde el momento en que se detecta el latido del feto. Otros estados han aprobado leyes similares o normar cuyo objetivo en la práctica es bloquear el acceso al aborto sin tener que prohibirlo explícitamente

“Poco después de la aprobación de la ley en Texas y otras leyes que restringen los derechos reproductivos de las mujeres, ordené a mi Consejo de Política de Género y a la Oficina del Consejero de la Casa Blanca preparar opciones para una respuesta de la Administración al continuo ataque contra el aborto y los derechos reproductivos”, ha afirmado el presidente.

Fuente: https://rebelion.org/que-dice-el-borrador-del-supremo-de-eeuu-sobre-el-derecho-al-aborto/

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¿Puede Abbott negar educación pública a niños indocumentados?

El gobernador de Texas declaró esta semana que buscará revivir un polémico caso en que el distrito escolar de Tyler trató de negar educación gratuita a indocumentados

Esta semana, el gobernador texano Greg Abbott amenazó con revivir un caso resuelto a principios de los años 80 para evitar que los niños indocumentados reciban educación en Texas.

Sin embargo, el mandatario podría toparse con pared en su intención, pues es un derecho de todos los menores que están en el país acceder a educación pública gratuita.

“Los retos a los que se enfrentan nuestros sistemas públicos son extraordinarios”, dijo Abbott en el programa de radio de Joe “Pags” Pagliarulo, en WOIA-AM, un show de corte conservador que se emitió el martes por la noche en San Antonio. “Texas ya demandó, hace tiempo, al gobierno federal por tener que incurrir en los costes de ese programa educativo”.

Abbott hablaba de revivir la polémica del caso Plyler vs. Doe, un caso judicial que se resolvió a principio de la década de los 80 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que determinó que ningún gobierno local puede negar educación a los menores de edad, sin importar su situación migratoria.

El comentario de Abbott forma parte de la andanada de ataques contra los migrantes indocumentados en Texas, a seis meses de que se lleve a cabo la elección en la que busca reelegirse como gobernador del estado.

En caso Plyler vs. Doe nació luego de que el gobierno de Texas buscó evitar que los menores indocumentados recibieran educación gratuita, pagada por el estado.

La historia comenzó en 1975, cuando el estado de Texas determinó en su código de educación que los distritos escolares podían negarse a dar educación a los menores que no hubieran sido admitidos legalmente en el país.

El primer distrito escolar en adoptar la nueva política fue Tyler, en julio de 1977. Su distrito escolar se negó a dar educación gratuita a los menores indocumentados y pretendía cobrarles $1,000 por la inscripción a cada grado escolar (unos $5,300 actuales).

Dos meses después, en septiembre de ese año, la organización Fondo Mexicano-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) tomó el caso y demandó al estado a nombre de cuatro familias a cuyos hijos se les negó la educación.

Apenas cinco días más tarde, un juez bloqueó la aplicación de la ley hasta que se resolviera el juicio. Un año después se determinó que negar la educación gratuita a los migrantes indocumentados violaba la Constitución de Estados Unidos al no brindar la misma protección para todos.

El Tyler ISD y el estado de Texas apelaron esta decisión y el caso llegó hasta la Corte Suprema , que en junio de 1982 determinó que todas las personas deben estar cobijadas por los mismos derechos, lo que incluye la educación gratuita desde el preescolar hasta la preparatoria (grado 12).

“La Corte Suprema reconoció que (cobrar) la matrícula impediría a la mayoría de los niños indocumentados asistir a la escuela”, explicó MALDEF en su página web del caso. “Plyler prohíbe no sólo las políticas que impiden directamente que los estudiantes inmigrantes se matriculen en la escuela, sino también los intentos indirectos que desalientan la matriculación”.

La resolución del caso quedó plasmada además en una regulación federal, que establece que ninguna entidad gubernamental instituya políticas que disuadan a los niños de inscribirse en la escuela.

Algunos estados han intentado imponer restricciones a los menores indocumentados para que no puedan recibir educación gratuita, pero han fracasado debido a la aplicación de las reglas conocidas como Plyler ruling, por la resolución del caso judicial.

Fuente: https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/noticias/2022/05/05/puede-abbott-negar-educacion-publica-a-ninos-indocumentados/

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Micaela Márquez: 12.4 millones de niñas se reconocen como población indígena y 211.000 como afrodescendientes. Estudio en México

De los 126 millones de la población total de México, el 20 por ciento son personas cuyas edades van de0 a 11 años, es decir, 25.2 millones, de los cuales 12.4 millones son niñas y 12.8 millones son niños.

De acuerdo al Artículo 5º. de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que define a las niñas y los niños como las personas que tienen menos de 12 años, y en el marco del Día del Niño celebrado el 30 de abril, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los datos de la población infantil mexicana.

Con el propósito de hacer visible la riqueza pluricultural y multiétnica del país, estas estadísticas incluyen información sobre la población afromexicana o afrodescendiente (de 0 a 11 años), de quienes se autoadscriben como indígenas (de tres a 11 años) y de las personas hablantes de lengua indígena.

Un total de 3.8 millones de personas de 0 a 11 años se auto reconocen como indígenas que viven en comunidades con una identidad social y cultural distinta a la predominante. El 50 por ciento, 1.9 millones son niñas y el 50 por ciento, 1.9 millones son niños. Las concentraciones más altas de niñas y niños indígenas se localizaron en Oaxaca y Chiapas con 476.000 (12,5 %) y 469.000(12,3 %).

Quienes se reconocen su condición como de habla indígena son 19.4 millones de niñas y niños. Las tres lenguas indígenas que más se hablan por niños y niñas de tres a 11 años fueron: el Náhuatl con 18 por ciento, el Tseltal y el Tsotsil, con 14 por ciento, cada una.

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México el 95 por ciento, es decir unos 18.4 millones no hablaba alguna lengua indígena y un millón, cinco por ciento es hablante de alguna lengua indígena. De los niños hablantes de lengua indígena, 280.000, es decir, 28 por ciento declaró no hablar español.

La afrodescendencia se refiere al criterio de autorreconocimiento de la persona como descendiente de personas provenientes del continente africano que llegaron a México durante el período colonial, de manera forzada o en libertad. También incluye a las personas de origen africano que llegaron posteriormente al país.

Se autoidentifican como población afromexicana o afrodescendiente el dos por ciento de las personas de 0 a 11 años, es decir, 427.000 de los cuales 211.000 son niñas y 216.000 niños que se concentran en los estados de Guerrero (64.000), Estado de México (44.000), Oaxaca (41.000) y Veracruz (33.000).

Para este grupo de población existían en 2018 en el país 1.075 unidades económicas en dedicadas a la fabricación de juguetes y bicicletas que se concentran en el Estado de México, Michoacán y Puebla. Así como 13.860 establecimientos de comercio de juguetes y bicicletas y 1.515 parques con instalaciones recreativas.

La producción de bicicletas infantiles represento el 57 por ciento seguido de los juguetes de plástico y recreativos con el 23,7 por ciento, y los juguetes de carros, camiones y similares el 12,8 por ciento.

Las 13.860 unidades económicas dedicadas a la venta de juguetes y bicicletas dieron empleo a 33.436 personas.

Respecto a parques e instalaciones recreativas como parques de diversiones y temáticos, parques acuáticos y balnearios pasaron de 975 en 2013 a 1.515 en el 2018 y el personal ocupado aumentó de 13.758 a 18.979 personas en el mismo período.

En México, el Día del Niño y de la Niña, sólo hablando en masculino fue reconocido en mayo de 1916, en Tenayuca, Veracruz. Sin embargo, fue hasta el 30 de abril de 19241 que se oficializó su celebración a nivel nacional.

Fuente: https://rebelion.org/12-4-millones-de-ninas-se-reconocen-como-poblacion-indigena-y-211-000-como-afrodescendientes/

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Burocracia e investigación educativa

POR: JUAN CARLOS MIRANDA ARROYO

«La SEP no es un centro de investigación educativa, eso es cierto. Pero debe ser una institución que establezca vínculos orgánicos permanentes con especialistas y estudiosos de la educación.»

En una entrevista que Marx Arriaga, director general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), concedió a Erick Juárez Pineda, el funcionario “advirtió que los documentos que se trabajan no tienen una rigurosidad académica, pues «no son un centro de investigación o una universidad», esto al referirse a la propuesta curricular para la educación básica, cuya versión preliminar dio a conocer la propia SEP en enero pasado (ver Educación Futura, 23 de abril, 2022).

Arriaga debe saber que, aunque la SEP no es una institución dedicada a la investigación educativa, no está exenta del escrutinio de la comunidad académica ni del examen riguroso de especialistas y estudiosos de la educación. Además, como responsabilidad de gobierno, la SEP debiera de generar documentos con contenidos estructurados, sustentados o debidamente argumentados, a partir de los hallazgos reportados recientemente por la investigación en el campo educativo.

Por otra parte, la SEP necesita vincularse con grupos de investigadores y especialistas del ramo, tal como se hace en cualquier otra entidad gubernamental. Ahí hay un espacio y tiempo valiosos para concretar las retroalimentaciones mutuas. No veo por qué no hacerlo de esa manera.

El argumento utilizado por el funcionario, por lo tanto, para excusarse de la falta de rigor académico en la propuesta curricular, es insostenible.

“El funcionario detalló –dice Juárez Pineda- que, aunque la construcción del nuevo marco curricular le corresponde a la dirección que él encabeza, no es su responsabilidad establecer una propuesta de evaluación, pues «ellos solo crean y evalúan los materiales educativos»; sin embargo, señaló que esta tarea le toca a otras unidades como a la Dirección General de Desarrollo Curricular o a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM)”.

Arriaga señaló, así mismo, que la dependencia a su cargo (materiales educativos) tiene el liderazgo del proyecto de reforma curricular para la educación básica. ¿Por qué entonces los documentos de referencia están firmados (en su versión preliminar) por la dirección de desarrollo curricular de la SEP? ¿No debería estar al frente de este proyecto, más bien y como líder, y ante los medios, la subsecretaría de educación básica?

La SEP no es un centro de investigación educativa, eso es cierto. Pero debe ser una institución que establezca vínculos orgánicos permanentes con especialistas y estudiosos de la educación. También, debiera de impulsar el desarrollo de estos grupos de trabajo, con recursos y diversos apoyos hacia dichas comunidades que realizan investigaciones o estudios educativos, independientemente de sus intereses académicos o líneas de investigación, es decir, tanto de corte teórico, filosófico o histórico, como aplicado.

Lamentablemente y por lo general, hay un vacío de la alta burocracia hacia las tareas de investigación educativa en México. Pienso que eso deberá cambiar. El intercambio entre burocracia y academia habrá que ser más intenso, creativo y propiciar condiciones adecuadas de trabajo, a efecto de generar nuevos conocimientos sobre lo educativo, y específicamente sobre la educación básica pública.

La cruda realidad indica que a las burocracias educativas, federales y estatales, (con funcionarios no especializados en educación), no les interesa generar nuevo conocimiento sobre lo educativo. Les obsesiona administrar, al más bajo costo, los procesos escolares. Contrario al interés académico, a este círculo gobernante de la educación le preocupa y se ocupa solo en rendir cuentas a sus jefes superiores, pero se desentiende de las necesidades del magisterio. Existe evidencia de que su prioridad es controlar y vigilar a las comunidades educativas (escuelas). Esa visión limitada y rígida de la realidad educativa, es una tragedia que no favorece el adecuado avance del sistema educativo nacional.

De manera institucional y a lo largo de la historia, las burocracias educativas no encuentran valor a los hallazgos de la investigación. ¿Cuántos convenios han realizado o firmado el gobierno federal y los gobiernos de los estados con las unidades UPN locales o con las Normales para desarrollar proyectos de investigación o producción editoriales, durante los últimos 20 años? La cifra está cercana a cero. ¿Pueden mostrar pruebas en contra?

La composición de las burocracias educativas (me refiero especialmente a quienes ocupan la cima de las instituciones) es de perfil político, administrativo y de profesiones afines (excepcionalmente se registran trayectorias académicas en esos escritorios), y no cuenta con orientación ni sensibilidad hacia la investigación educativa. Dicho esto en términos generales. Cuando hay algunas excepciones, las iniciativas para llevar a cabo investigaciones o estudios educativos, sin embargo, quedan desplazadas por otros proyectos de carácter administrativo.

Adicionalmente a la necesidad de establecer un diálogo con la comunidad académica, profesional o científica, las burocracias educativas también requieren de crear dispositivos de comunicación permanentes, institucionalizados, en condiciones de igualdad, para intercambiar ideas y propuestas con las maestras y los maestros, directivos escolares y asesores técnicos, que trabajan directamente en las escuelas, y que tienen a su cargo los procesos específicos y más relevantes de la educación pública en México.

Fuente de la información: https://profelandia.com

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Las heridas abiertas del magisterio oaxaqueño

Por: Luis Hernández Navarro 

En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobernador Gabino Cué, le declararon la guerra al magisterio oaxaqueño. Veían en los profesores de la entidad el principal obstáculo para que su reforma educativa avanzara. Desataron en los medios de comunicación una salvaje campaña de calumnias. Militarizaron el estado. Encarcelaron a varios dirigentes y giraron órdenes de aprehensión contra otros. El 19 de junio de 2016, lanzaron a policías contra el pueblo y los maestros de Nochixtlán, que bloqueaban una carretera. Los uniformados asesinaron a ocho pobladores e hirieron a más de 200 (https://bit.ly/3F4jjRX).

Los docentes oaxaqueños resistieron las agresiones. El entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, no pudo doblegarlos. Los maestros se cobraron la afrenta, votando masivamente en 2018 contra los candidatos del PRI y quienes fueron parte del Pacto por México.

A partir de 2018 algunas de las heridas fueron cicatrizando. Los presos obtuvieron su libertad, los despedidos fueron reinstalados. La dirección sindical recuperó parte de su interlocución. Otras siguen abiertas. Las víctimas de Nochix­tlán siguen esperando verdad y justicia.

Entre los problemas generados por la embestida se encuentra uno que afecta significativamente el proceso pedagógico en la entidad: en el área de educación primaria no se han cubierto las plazas de 500 trabajadores de asistencia a la educación, de 432 maestros de grupo, de 268 inspectores de clave 21, de 71 supervisores escolares y de 23 jefes de sector. Se ha resentido la falta ascensos para atender estas instancias directivas. Centenares de profesores se han jubilado desde entonces y sus plazas no se han cubierto. La cadena de coordinación y mando que enlaza los niveles inferiores de la enseñanza con los superiores está maltratada.

La situación se agravó con la pandemia. En el nivel primaria general, fallecieron de Covid unos 110 maestros, 50 trabajadores de apoyo y 11 supervisores, sin que se hayan cubierto las plazas.

Estas carencias provocan grandes dificultades para que 31 mil profesores de primaria realicen su labor. Para tapar hoyos, se abren otros más grandes. Se está tomando personal frente a grupo para cubrir huecos, pero el lugar que dejan no es ocupado por nuevos profesores. Quienes sirven de “bomberos” para apagar los fuegos no reciben compensación. Más aún, deben poner dinero de su bolsa para sufragar los gastos generados por desplazarse a visitar las escuelas o adquirir materiales para hacer su trabajo. Se carece de vehículos y viáticos. Quien conozca Oaxaca sabe lo difícil y costoso que resulta transportarse en ciertas regiones.

La cadena de mando en el sector tiene varios eslabones: intendente, secretaria, maestro de grupo, director, supervisor y jefe de sector. Un director coordina y encauza el trabajo de los profesores de grupo de una escuela. Un supervisor compagina y guía las actividades en unos 25 centros escolares. Está al frente de un consejo técnico donde se decide sobre las actividades de las zonas escolares. El jefe de sector organiza con los supervisores el trabajo educativo, social y los talleres pedagógicos de una región.

La situación se asemeja a un ejército en el que no se sustituyen a los cabos, sargentos, tenientes, capitanes, mayores y coroneles que se dan de baja. Y, en el que se cubren informalmente los huecos que dejan con soldados rasos. Un ejército no puede funcionar sin oficiales.

Directores, supervisores y jefes de sector son, usualmente, los docentes con mayor antigüedad y conocimiento del mundo de la enseñanza. Muchos tienen entre 30 y 40 años de servicio. Son gestores del conjunto de problemática educativa. Se encargan de sistematizar y trasladar las demandas de las comunidades escolares. Por ejemplo, documentan qué escuelas están en malas condiciones, carecen de infraestructura y servicios. Esto es particularmente importante en Oaxaca, donde se necesita construir y reparar las escuelas que se cayeron o las aulas que se cuartearon por el sismo de 2017.

Además, los directivos se topan con que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) funciona en más de 90 oficinas distribuidas en la capital del estado y municipios conurbados, muchos con accesos casi desconocidos para los maestros. Esto complica y encarece las gestorías que deben hacerse. Por eso, demandan que los funcionarios regresen a despachar al edificio histórico en que se encontraba su sede.

El conjunto de estos funcionarios escolares se agrupa en el comité directivo del H. Cuerpo de Supervisores y Jefes de Sector de Educación primaria del estado de Oaxaca. Ellos han caminado con el movimiento magisterial desde que el gremio se democratizó en 1980. La insurgencia de base los arrastró. El comité se fundó en 1982. Sus representantes cambian cada tres o cuatro años, cuando se releva a los dirigentes de la sección 22.

Ante lo difícil de la situación, el comité directivo instaló un plantón en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca el 28 de febrero pasado. Tuvieron que replegarse sin que su pliego petitorio fuera atendido. No era la primera ocasión que lo hacían. En 2019 también se movilizaron. El pasado lunes, se trasladaron a la Ciudad de México para buscar respuesta a sus demandas.

El comité directivo pregunta: ¿dónde están las plazas del personal que se ha jubilado de 2015 a la fecha que faltan? ¿Por qué no se han cubierto adecuadamente? Demanda la instalación de una mesa de negociación con el IEEPO, la comisión política de la sección 22, la secretaria de trabajos y conflictos de primaria general y el comité directivo para que se solucionen sus demandas laborales, económicas, educativas y materiales.

Ya es hora de que cicatricen las heridas abiertas por la agresión al magisterio oaxaqueño en 2015.

Fuente de la información: https://www.jornada.com.mx

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Educación: el eterno retorno de siempre es lo mismo

Por: Manuel Gil Antón

En 2017, a un año de terminar el sexenio, se echó a andar el Nuevo Modelo Educativo. En la televisión se presentaba un salón —en blanco y negro— en que mecánicamente se repetían las diferentes funciones de un signo ortográfico. Una niña, de repente, pedía a la maestra que mejor aprendieran a aprender: la imagen cambiaba a color, y todas y todos los alumnos rodeaban una mesa en que se simulaba la erupción de un volcán. De lo gris a lo luminoso: del enciclopedismo al aprendizaje significativo, y de inmediato.

Ahora, en 2022, en la mañanera del 26 de abril, el señor Marx Arriaga anunció el hilo conductor del Nuevo Marco Curricular. Lanzó, primero, a manera de diagnóstico, una hilera de adjetivos para calificar como perverso todo el pasado: “neoliberal, meritocrático, conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial (sic), eurocéntrico, colonial, inhumano, clasista, enciclopédico, especializado, legitimador de las diferencias…”. Y enunció el lado progresista de lo nuevo: “el magisterio concebido como un conjunto de líderes sociales; recuperar la memoria histórica, la lectura como actividad compleja; aprendizajes continuos, sin fragmentación; con enfoque de género; decolonial (sic), libertario, humanista, contrario al racismo y las pruebas estandarizadas que segregan a la población…”

En ambos casos, las nuevas ideas, se dijo y dice, fueron fruto de consultas abundantes. ¿Es adecuado pasar del enciclopedismo a una noción de aprendizaje significativo? Sin duda. ¿Es necesario hacer una revisión profunda de los valores que todo modelo educativo contiene, y modificar los que no son adecuados para una educación mejor? Por supuesto.

Ambas propuestas tienen asidero, y podrían tener mucho sentido, si se tratase de un proceso pautado, no maniqueo, que explorara, con paciencia, posibles cambios sujetos a evaluación antes de decretarlo como único, perfecto, nacional y aplicable en unos cuantos meses. A pesar de sus diferencias, son gemelas en la pretensión de cambios presurosos, la claridad de los diagnósticos y seguridad en remedios infalibles.

Nunca la educación ha cambiado de esa manera, porque quienes están involucrados en el proceso educativo no son objetos de plastilina, maleables a contentillo de las decisiones centrales que anuncian la próxima llegada del paraíso educativo.

Si se atiende a la estructura del documento del Marco Curricular 2022, y se analiza sus ejes, hay puntos rescatables: integrar las materias en campos de conocimiento y que no sean simple acumulación de datos; delimitar fases de aprendizaje que, por cierto, no eliminan los grados, sino que los articulan, o atender, de manera crítica (así se afirma) los conocimientos comunitarios.

¿Habrá oportunidad de recuperar esas propuestas en la discusión actual? Creo que no, porque se ha cargado la idea de mejora con adjetivos que eliminan un terreno fértil para ponderar lo que se quiere cambiar, por un lado, y lo que se requiere conservar, por el otro. Esto genera posiciones polares que no se escuchan: se acusan. Y, por ende, de nuevo, la educación que requiere modificaciones para favorecer al país queda relegada.

Los adjetivos son atajos para eludir argumentos; los sustantivos requieren explicación fundada. No hay tiempo, no hay apertura al diálogo, no hay calma: más de lo mismo, o peor, con una multitud de acusaciones al pasado que la sabiduría de cada gobierno se arroga. No va por ahí nada sólido, aunque a los oídos de los presidentes, y las élites del momento, les complazca.

*Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México mgil@colmex.mx

 

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org
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