Para garantizar el derecho a la educación en los tres niveles educativos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) considera la implementación del modelo de aprendizaje mixto en el Sistema Educativo Nacional el cual, además de las clases presenciales o vía internet, difunde el conocimiento a través los servicios de televisión, sistemas públicos y de paga, la radio pública y comunitaria, el uso de los Libros de Texto Gratuitos, visitas personalizadas de maestros a alumnos en sus casas, así como la entrega de materiales educativos en lenguas indígenas para las comunidades con mayores índices de marginación.
En un comunicado de prensa, la SEP detalló que la educación mixta combina las enseñanzas del salón de clases con los aprendizajes adquiridos de manera diferida o fuera del entorno escolar, es decir, considera encuentros presenciales o sincrónicos y es una modalidad que, desde hace varios años, está vigente en el sector.
La SEP expresó que la educación mixta es un modelo que brinda flexibilidad al combinar estrategias, métodos, herramientas y recursos de las modalidades escolarizada y no escolarizada, y coadyuva a garantizar el derecho a la educación, ante entornos que afectan la asistencia regular a las aulas y en atención del interés superior de la niñez y juventud en el acceso, permanencia y participación de la educación.
Señaló que consolida además esquemas de acompañamiento y convivencia orientados a mejorar la eficiencia terminal, la absorción y el rendimiento escolar, además favorece el acompañamiento y valoración integral por parte del docente, sin dejar de lado la autonomía del aprendizaje por parte del alumno.
En ese sentido señaló las siguientes ventajas de dicho modelo:
Permite enseñar y aprender más allá de las aulas.
Estimula la transformación del sector educativo mediante la innovación educativa.
Alienta el hacer y resolver, más que memorizar y repetir.
Facilita el aprendizaje personalizado, pues los estudiantes pueden tener acceso a contenidos con diversos niveles de complejidad.
Los estudiantes están en el centro del aprendizaje, dejan de ser actores pasivos y asumen un papel más activo.
Los alumnos pueden acceder a los contenidos todas las veces que sea necesario y en los momentos que dispongan.
Se extienden los espacios de aprendizaje.
Favorece el trabajo colaborativo.
Los maestros se convierten en un guía o facilitador de los aprendizajes.
La SEP puntualizó que reitera su compromiso de utilizar, en acuerdo con el magisterio y las madres y padres de familia, todas las opciones para que ningún niño, niña, adolescente o joven se quede sin los aprendizajes.
Deja mucho que desear la postura que ha tomado la Secretaría de Educación Pública (SEP) y su Unidad para la Carrera de las y los Maestros (USICAMM), respecto a los mecanismos de evaluación para la promoción docente en sus concursos de acceso a plazas magisteriales, así como en los de ascenso horizontal y vertical, recientemente aplicados.
Después de cometer sendas pifias en la administración de la Plataforma Venus de USICAMM y de mantener desatendidos y en constante incertidumbre a miles de maestros y aspirantes al magisterio en todo el país (incluidas personas con discapacidad auditiva, a quienes dejo en la total indefensión), la SEP y USICAM ya amenazaron con dejar fuera a miles de maestros y maestras, a quienes se suponía les revindicarían sus derechos laborales y les ofrecerían una evaluación transparente, equitativa y con fines de mejoras.
Esto último era el espíritu de la Ley para las y los maestros. Pues resulta que en la realidad, ni lo uno ni lo otro, veamos:
En principio de cuentas, la SEP y USICAM deberían estar avergonzados por su incapacidad operativa y prácticamente sentados en el banquillo de los acusados, al no contar con sistemas digitales calificados y certificados para soportar la afluencia de millones de internautas que saturarían su plataforma web en los días de los exámenes, hecho que causo, por ejemplo, que miles de exámenes realizados no se guardaran en su plataforma y ha generado que éste se tenga que repetir, sin que hasta la fecha por lo menos la autoridad haya ofrecido una disculpa a miles de aspirantes del proceso 2021, víctimas de la situación anterior.
Asimismo, la SEP paradójicamente dejo fuera a mas de 5 mil maestros aspirantes a la promoción vertical y amenaza con dejar a otros tantos con el argumento de haber identificado “cadenas de respuestas similares” e incluso hasta los mismos errores sin presentar pruebas, cuando esto era evidente que iba a suceder como sucedió sin que la autoridad tomara cartas en el asunto en su momento. Los exámenes se vendían en redes sociales, se ofertaban las respuestas en grupos de WhatsApp, y la SEP y USICAMM no presentaron siquiera una denuncia ante las autoridades correspondientes.
Todo lo anterior en su conjunto fácilmente podría y debería configurarse como actos negligentes ante la Función Pública, por parte de estas autoridades educativa. Si de aplicar la normatividad por ahí debería empezarse, y tanto SEP como USICAMM le quedarían debiendo a los profesores.
En un escenario racional, pues, la autoridad debió de prever el riesgo que implicaba hacer exámenes estandarizados desde casa y en línea. Si hubiera querido minimizar tal situación ¿Por qué no previó, como cada año, hacer la evaluación en plataforma digital si, pero desde un espacio publico, como normalmente lo hace, y coordinado directamente por el personal de cada Secretaría de Educación Estatal? ¿Falta de presupuesto? ¿Incapacidad?… Si el argumento era el escenario pandémico ¿Acaso no hay esquemas para calendarizar a grupos de docentes, guardando las medidas sanitarias?
En ese tenor lo mejor hubiera sido, como ahora lo ha señalado, “utilizar otros factores para valorar el desempeño y las habilidades docentes”, y no un examen estandarizado de más de cien preguntas que estresó sobremanera, agotó y quitó las ganas a las y los profesores de enlistarse nuevamente, y en las que incluso y absurdamente había crasos errores como, por ejemplo, una pregunta donde se cita como opción a la derogada Ley General del Servicio Profesional Docente. ¿Acaso los evaluadores de CENEVAL, o quien sea que haya hecho la batería de preguntas no reparó en estos detalles? ¿U ocuparon exámenes de archivo?…
Sea una cosa u otra, ambas situaciones son condenables, pues en este tipo de evaluación donde se busca identificar las mejores practicas docentes, no se le puede inducir al error a la gente, mas bien se trata de generarle conflictos cognitivos donde el sustentante ponga a prueba su intelecto y su habilidad; y menos aún, reutilizar exámenes que están fuera del contexto educativo actual, como parece haber sido… entonces ¿para que tenemos instituciones vanguardistas y de primera como el CENEVAL si no se va a echar mano de ellas? ¿Que sentido tiene exigir dominios, si la misma SEP y el USICAMM son los primeros en promover el condenado copy paste?
De tal manera que la postura tajante de las autoridades educativas sería valida desde una perspectiva normativa, si, pero donde todos siguen las reglas y no donde solo se aplica a contentillo la misma… ¿Cuantas llamadas, correos electrónicos y oficios dejo la USICAMM sin responder a las y los maestros que, preocupados, pedían a gritos se les especificara los pormenores de las indicaciones, o los cambios de ultima hora que trastocaron el mismo calendario oficial de evaluación que la propia SEP incumplió?.
En ese sentido, la postura expuesta por la Secretaría no esta siendo la esperada por los esperanzados maestros y ésta está fuera de todo contexto, pues los responsabiliza de la misma manera como se venía haciendo en otros tiempos, señalándolos a por lo menos unos 5 mil docentes de copiones, y estigmatizándolos ante el escenario colectivo que día con día desvaloriza mas su labor.
Sin duda existen este tipo de comportamientos como existen los estigmatizados “niños mal portados” en las aulas y las escuelas, pero el mismo manual por una educación inclusiva, equitativa y diversificada de la SEP señala que para efectos de mejora, el docente debe darles acompañamiento y no exponerlos al cadalso de la opinión pública… ¿Ahora, quien acompaña al docente? ¿O se trata de seguir en los mismos esquemas de evaluación tradicional?
Sea como fuere, algo anda muy, muy mal al interior de dos dependencias clave en la renovación del entorno educativo nacional, y que tienen la gran responsabilidad de elevar la calidad de la educación en México y hacer que ésta sobrepase dicho estándar para aspirar a la “excelencia” y en así, proponer no solo un acompañamiento y una evaluación con fines de mejora para las y los alumnos, sino también a los maestros que, se suponía serían los principales aliados en la transformación nacional, y a los que se les otorgarían sendos derechos empezando por una carrera equitativa y humanista, que reivindicaría sus “conquistas” perdidas en la anterior administración.
Hoy al igual que antes parece ser que el discurso es el único cambio que se vive en la educación mexicana, que hace gala no de una revolución y una transformación profunda, sino de un gatorpardismo educativo al que ya están acostumbrados los millones de docentes que siguen a la espera de un cambio real…
Habría que preguntarse qué sucedería si esta misma evaluación se aplicará en las oficinas de SEP y USICAMM ¿Cuántos “se quedarían fuera”?
América del Norte/México/25-07-2021/Autor(a) y Fuente:
Con 25 votos a favor, tres en contra y una abstención, fue aprobada la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas.
El Congreso de Veracruz, en México, aprobó este martes la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la cuarta entidad del país en establecer los protocolos para la interrupción legal del embarazo.
Con 25 votos a favor, tres en contra y una abstención, fue aprobada en lo general y en lo particular la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas, quien proponía la reforma a los artículos 149, 150, 151, 153 y 154; y la derogación del 152 del Código Penal de Veracruz.
El aborto no institucionalizado en Veracruz solo se practicaba mediante cinco causales: si era producto de una violación, si había sido imprudencial o culposo, si estaba en peligro de muerte de la madre, si el feto tenía malformaciones o si había sido concebido a través de una inseminación artificial no consentida.
La reforma también establece que, si una mujer aborta luego de las 12 semanas de gestación, se impondrán de 15 días a dos meses de tratamiento en libertad.
También se incluyó el delito de aborto forzado, en el cual sentenciará a quien interrumpa el embarazo sin el consentimiento de la mujer, en cualquier momento de la gestación.
Reacciones tras la aprobación
Al reconocer la posibilidad del aborto seguro en Veracruz, el colectivo Coatlicue Siempre Viva, desde su cuenta en Twitter, precisó que “seguimos en pie de lucha”, y reconoció “esfuerzos de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, pero también los de Baja California Sur, Quintana Roo, San Luis Potosí, de nuestra Puebla”.
De igual manera, el colectivo reflexionó sobre la necesidad de acompañar todos los procesos y sensibilizarnos con aquellos estados que aún no han logrado ese derecho pese al empuje de los movimientos feministas en el país.
Como parte de la continuidad y garantía de esta ley, activistas y acompañantes por el aborto legal, seguro y gratuito en el Estado de México (Aborto Seguro Endomex) exigen la libertad para las presas por abortar. “Principalmente a las que injustamente se les acusa de un homicidio”, refirió la organización.
“¡Veracruz despenalizó el aborto! Al ser el segundo estado más poblado después de la Ciudad de México, con esta decisión se garantiza autonomía y libertad para más mujeres, niñas y adolescentes», expresó la organización feminista Gire.
En 2007, la Ciudad de México se convirtió en el primer estado en legalizar el aborto, mientras que en Oaxaca se aprobó a fines de 2019. Ahora, en solo un mes, fue aprobado en Hidalgo y Veracruz.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/mexico-congreso-aprueba-despenalizacion-aborto-veracruz-20210720-0038.html
Algunos estudiantes demandaron la decisión por considerar que viola sus derechos. La polémica no se ha hecho esperar.
En medio de la ola de información que se ha generado en medio de la pandemia, muchas personas se han mostrado escépticas sobre el uso de la vacuna a pesar de la evidencia científica que la respalda. Por esta razón, en algunos países hay ciudadanos que prefieren no vacunarse aunque haya dosis disponibles.
Buscando que toda la comunidad educativa se vacunara, una universidad en Estados Unidos volvió esto un requisito para que estudiantes y docentes volvieran a clases, hecho que no gustó a todos.
Las nuevas normas sanitarias impuestas por la universidad de Indiana antes del retorno a clases en sus campus entre el 1 y el 15 de agosto exigen la vacunación obligatoria a sus 90.000 estudiantes y 40.000 empleados, aunque prevé algunas excepciones por razones religiosas o médicas.
Ocho estudiantes de la universidad habían demandado esta decisión argumentando que violaba sus derechos constitucionales.
Un juez federal validó esta semana la decisión de una universidad de imponer la vacunación contra el covid-19 a sus estudiantes y empleados, un tema polémico en momentos en que se acerca el retorno a clases en Estados Unidos.
El juez Damon Leichty del tribunal federal de South Bend, al este de Chicago, fue el primero en emitir un fallo sobre el asunto, que sin embargo queda sujeto a apelación hasta probablemente llegar a la Corte Suprema.
La Constitución permite a los estudiantes “rechazar tratamientos médicos bajo el principio del derecho a disponer de su cuerpo”, escribió el juez Leichty.
Pero también permite “imponer un proceso de vacunación razonable en el interés legítimo de la salud pública (…) Y esto es lo que hizo la universidad”, falló, en una decisión de un centenar de páginas.
La campaña de vacunación en Estados Unidos, que ha permitido hacer enormes progresos contra la pandemia, se ha estancado en las últimas semanas. Cerca del 68% de los adultos han recibido al menos una primera dosis de la vacuna, pero hay grandes desigualdades geográficas.
La oposición a la vacuna está muy vinculada a la fractura política que padece Estados Unidos. La derecha, en particular los simpatizantes de Donald Trump, sienten hacia ella una marcada hostilidad.
Varios grupos conservadores, como la asociación estudiantil Turning Point por ejemplo, se han embarcado en una campaña contra la vacunación obligatoria en los centros de estudios y están apoyando demandas en este sentido en todo el país.
De su lado, las universidades están tomando posiciones diversas. Actualmente, medio millar imponen a sus estudiantes o personal que se inmunicen contra el covid-19.
Ya no más tapabocas
Los alumnos y profesores vacunados contra el covid-19 ya no necesitarán usar mascarillas en clase en Estados Unidos cuando comience el año escolar, según recomendaciones de las autoridades de salud, actualizadas el viernes.
Estas nuevas recomendaciones para escuelas primarias y secundarias están alineadas con las relacionadas con los adultos.
“En el interior, se recomienda el uso de mascarillas para personas que no hayan sido vacunadas completamente”, señalan las nuevas recomendaciones. “Ello incluye a estudiantes, profesores y personal”, escriben los CDC, que constituyen la principal agencia federal de salud pública del país.
Esas razones pueden incluir una alta tasa de transmisión del virus a nivel local, o incluso “dificultades para hacer cumplir las instrucciones para el uso de mascarillas que no son universales”.
América del Norte/México/23-07-2021/Autora: Yolanda Chio/Fuente: www.jornada.com.mx
Monterrey. Las escuelas públicas de Nuevo León deberán enseñar que la vida inicia desde la concepción y termina hasta la muerte natural, de acuerdo a la nueva Ley de Educación aprobada este martes por el Congreso local.
La Ley fue aprobada con 39 votos a favor en el Pleno del Congreso local, donde el PAN tiene mayoría con 15 diputados, seguido del PRI con 10 y Morena con ocho.
En el Artículo 17 de la Ley, se señala que además de lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación otorgada por el estado deberá “promover el respeto irrestricto a la dignidad humana”.
“Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general”, informa.
“Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la planeación familiar, la paternidad y la maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana y la cultura de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, añade el mencionado artículo.
Este punto formaba parte de una iniciativa presentada por Carlos Leal, legislador del Partido Encuentro Solidario, llamada Pin Parental, y que había sido rechazada por grupos de padres de familia y feministas.
El documento, que contiene 202 artículos, 14 transitorios y 36 capítulos contempla también un plan de regreso a clases seguro en el caso de una contingencia sanitaria como la vivida con el coronavirus.
“Desarrollará el protocolo de regreso a clases presenciales, observando que se garantice la seguridad, salud e integridad de los educandos, y que las instalaciones escolares se encuentren en condiciones para continuar con las clases presenciales”.
Además, las escuelas públicas deberán tener al menos un psicólogo por plantel y contar con un plan que prevenga los suicidios entre niñas, niños y adolescentes.
La Secretaría de Educación deberá realizar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo Estatal por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, preferencias sexuales o de género, o por características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, por mencionar algunas.
Como medida de inclusión, los profesores deberán facilitar el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana.
Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/20/estados/congreso-de-nuevo-leon-aprueba-polemica-ley-de-educacion/
“Estamos sumamente orgullosas de lo que el día de hoy hemos construido, y estamos conscientes que ahora el principal reto es vigilar el debido cumplimiento de este protocolo en toda la universidad”.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas / Stephanía González.- Ayer por la noche fue entregado por colectivas universitarias feministas e integrantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) a Kyra Nuñez, consejera y representante del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) el “Protocolo de actuación ante situaciones de violencia, violencia de género, hostigamiento, acoso sexual y/o discriminación”, para su revisión y sugerencias desde una perspectiva nacional.
Dicho protocolo fue exigido y elaborado por la Red de Colectivas Feministas Universitarias de Chiapas (RECOFUCH) y alumnos de la comunidad estudiantil. Como uno de los puntos del pliego petitorio, tras manifestaciones y plantones por el feminicidio de Mariana Sánchez, estudiante de la Unach, que vivió acoso sexual pero ninguna institución atendió su denuncia adecuadamente, semanas después fue asesinada en el municipio donde realizaba su servicio social.
Para las colectivas universitarias feministas este proceso “fue uno de los pasos de la cristalización de todo el trabajo que hemos venido haciendo, nosotras peleamos y prácticamente luchamos muchísimo para poder obtener este protocolo” comentó Mafer, integrante de la RECOFUCH.
Kyra Nuñez, integrante de INMUJERES | Foto: Facebook Unach
Mafer, comentó que el protocolo se comenzó a trabajar desde los días que estuvieron en el plantón, es decir, desde el mes de febrero para detectar las fallas que se encontraban en el anterior y fueron extensas horas en las mesas de trabajo que duraron casi tres meses. En estás mesas estuvieron presentes estudiantes de diferentes colectivas feministas, como Fidelia Brindis de Brujas (Facultad de Humanidades), Elena Poniatvoska y Ari de Hienas de Aline (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia), Mafer de Dalias (Facultad de Derecho) y Emilia Balmanoaceda de Rosa Luxemburgo (integra varias facultades de la Unach) así como integrantes de la Comisión de Género y diferentes departamentos de la Unach como la Dra. Patricia Chandomí, Enrique Serrano Alfaro y Liliana Bellato.
El Protocolo de actuación ante situaciones de violencia, en un principio estuvo enfocado hacía la eliminación de la violencia de género y actuar contra casos de acoso y hostigamiento, pero éste responderá a alumnas, estudiantes, maestras, administrativas y cualquier persona que pertenezca a la comunidad universitaria. Por esta razón decidieron hacerlo interseccional para abarcar diferentes grupos que han sido vulnerados. “Tuvimos la participación de la comunidad LGBT, a personas con discapacidad, a personas de comunidades indígenas”, informó Mafer. El protocolo describe cuáles y cómo funcionan los mecanismos de defensa “si eres violentado de cualquier forma”. Se planea también que dicho protocolo sea traducido a lenguas originarias que se requieran.
Cabe resaltar que este reglamento no sólo protegerá a personas que actualmente son parte de la comunidad unachense, sino para aquellas personas que ya fueron egresadas sin importar el lapso transcurrido de la agresión, la denuncia deberá ser atendida.
Existen dos tipos de actuación, las recomendaciones y las sanciones. Las recomendaciones podrán ser desde recibir cursos o pláticas, y las sanciones las determinará las y los abogados de la universidad, las cuales podrán ser desde amonestaciones, rescisión de contrato hasta expulsiones o cancelación de contrato.
“Es un esfuerzo reflejado y también saber que va haber un cambio en la universidad. Que nuestras compañeras van a tener instancias a dónde acudir y sobre todo también saber que siempre van haber estás redes de apoyo por parte de nosotras […] que no se sientan solas, que siempre va haber alguien que les va a creer, que las va apoyar y que las va acompañar durante su proceso”, expresó Mafer.
Integrantes de RECOFUCH | Foto: Dalias Colectiva Universitaria
Omisión en el Presídium
Las estudiantes fueron notificadas de la entrega del protocolo el mismo día por la mañana. Durante la ceremonia (video) estuvieron presentes en la mesa de presídium sólo la Dra. Kyra Nuñez, representante del INMUJERES, y de la Unach la Dra. Deysi Escobar Castillejos presidenta en turno de la junta de gobierno, María Eugenio Culebro Mandujano, Secretaría General, Enrique Serrano Alfaro, de la Defensoría de los Derechos Universitarios y Carlos Nataren Nandayapa, Rector de la universidad. Sin embargo ninguna integrante de la Red de Colectivas Feministas Universitarias fue invitada a formar parte de la mesa.
Ante esta omisión expresaron que “el patriarcado siempre nos está violentando de una u otra forma, entonces yo creo que es parte de esto, el todavía no reconocernos como responsables o autoras de este protocolo y querer mantener esta jerarquía de poder […] quieran o no aquí estamos y vamos a llevar el crédito que nos corresponde”.
Aunque tanto el Rector y el encargado de la Defensoría de los Derechos Universitarios nombraron y agradecieron la realización de este protocolo a las estudiantes, no fueron invitadas para emitir su opinión o declarar lo que significaba y la importancia que este tenía. Ante este hecho antes de finalizar la ceremonia y que las y los presentes se levantaran, dos alumnas, integrantes de RECOFUCH, se apropiaron del micrófono y emitieron el siguiente comunicado:
Estamos sumamente orgullosas de lo que el día de hoy hemos construido, y estamos conscientes que ahora el principal reto es vigilar el debido cumplimiento de este protocolo en toda la universidad, seremos vigilantes tanto en su implementación como en su cumplimiento.
Reconocemos que el trabajo hecho en coordinación con las áreas de género que se abrieron en esta universidad ha sido clave y seguimos en total disposición de continuar trabajando mano a mano siempre, de manera crítica y con el único objetivo de crear espacios seguros para todas nuestras compañeras y compañeros, espacios donde puedan ser libres, donde puedan ser ellos mismos en su esencia.
Mafer agradeció también a todas las personas que brindaron su apoyo entre ellas la defensora y abogada Martha Figueroa y la periodista Sandra de los Santos. Recalcó que “nuestro objetivo siempre fue ver por nuestras compañeras, darles herramientas y sobre todo alzar nuestra voz”. Se espera que después de la revisión por Inmujeres el protocolo sea publicado de manera virtual en las plataformas digitales de la Unach para su implementación.
“Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, levantemos la voz, escribamos, hermanas, que durante años se nos fue negado, por las que ya no están, por las que aún nos acompañan y por las que vendrán”.
Alumnas exigen a la Unach un compromiso en atención a sus demandas y no simulación
El día en que la Cooperativa Pascual apoyó la huelga de la Cervecería Modelo.
El 15 de febrero de 1990 los obreros de la Cervecería Modelo pararon la fábrica para demandar la jubilación a los 30 años de labores sin límite de edad. El cura obrero, Carlos Rodríguez Rivera, participó en la huelga que resistió 70 días los embates de la alianza llamada “Charro, gobierno y patrón”.
Carlos narra los eventos que marcaron esta experiencia en su libro: 1990 Huelga en la Cervecería Modelo. En charla con La Coperacha enfatiza “hubo vasos comunicantes que para las fibras de Pascual fueron altamente sensibles con aquel movimiento de huelga”.
En la alianza contra los obreros estaba el dirigente sindical Fidel Velázquez subordinado al gobierno presidido por Carlos Salinas de Gortari, privatizador de empresas estatales y de la banca. Su gobierno, a través del secretario del Trabajo Arsenio Farell, intervino para que se declarara la huelga inexistente en menos de 20 horas.
Se completó la alianza con el patrón Juan Sánchez-Navarro, reconocido ideólogo del sector empresarial y vicepresidente de la Modelo. Esta empresa era para entonces la principal cervecera de México y de América Latina, y la tercera exportadora mundial de cerveza.
El panorama era adverso para los 5 mil 200 obreros que exigían jubilarse a los 30 años de labores. Realizar su trabajo dañaba su salud pues se exponían a temperaturas extremas, humedad ambiental y altos niveles de ruido, relata Carlos Rodríguez.
Gráfica de Rini Templeton
La alianza solidaria de mil millones de pesos El soldador Cristóbal Ramírez, miembro del Comité de Huelga, cuenta a La Coperacha que al declararse inexistente “nos amparamos y entregamos las listas de asistencia de la Asamblea que votó por la huelga”. Así respondían a la Junta Federal que descalificaba la legalidad del movimiento.
La juez tercera de Distrito, Edith Cervantes, tuvo que conceder la suspensión definitiva y la huelga volvió a tener validez legal, “no les quedó de otra, pero fijó una fianza de mil millones de pesos a pagar en efectivo. Condición cabrona para hacer valer un derecho inequívoco”, señala Carlos Rodríguez.
Cristóbal Ramírez, tesorero durante la huelga, detalla que tenían cinco días para reunir con sus compañeros los mil millones en efectivo y llevarlos a la Junta Federal. Agradece el apoyo del diario La Jornada para publicar un desplegado “dirigido al pueblo de México solicitando su solidaridad”.
La respuesta llegó a la huelga y desfilaron hombres y mujeres dando su préstamo y su nombre para reunir el monto exigido como fianza. También recibieron el apoyo de organizaciones como Ruta 100, el SME, los colonos de Naucopac y la Asamblea de Barrios, de la que Cristóbal formaba parte.
El plazo vencía el miércoles 7 de marzo y la noche anterior tenían 650 millones de pesos, “ya nos dábamos por perdidos”, recuerda Cristóbal. Pero a la mañana siguiente recibieron la llamada de la cooperativa Pascual, “¿cómo van compañeros? Les dije, andamos re’mal, no la hicimos”.
Los de la Pascual le recomendaron “conservar 150 de los 650 millones para continuar la lucha y nosotros les llevamos los otros 500 millones para juntar los mil”. Cinco minutos antes de que venciera el plazo, cuenta Cristóbal, “llevamos nuestra parte en botes de basura y la Pascual llevó la suya”, y así en tiempo récord se cumplió la exigencia que parecía imposible de lograr.
Esa batalla ganada la tiene muy presente Cristóbal: “Los diarios de la tarde decían que los trabajadores de la cervecería Modelo cumplieron. Lograron juntar mil millones de pesos y ya depositaron su fianza. Eso fue un logro de todo el pueblo”.
La llamada de Farell El cooperativista de Pascual, Abad García, comenta a La Coperacha que apoyaron a los obreros de la Modelo pero que les pidieron discreción “porque teníamos una relación no tan buena con Farell, el secretario del Trabajo, pero la noticia fue publicado a ocho columnas”.
La llamada telefónica de Farell no se hizo esperar, “nos preguntó, ¿qué había pasado? ¿Por qué esa actitud? Y ya le dijimos que ellos (los obreros) tenían la razón y ya no hubo más consecuencias”. Abad agrega en tono de broma, ”y le dijimos que con nuestro dinero podemos hacer lo que queramos”.
Abad enfatiza que desde el triunfo de Pascual se acordó en Asamblea ser solidarios con las organizaciones que estuvieran en conflicto: “Años después con los compañeros de Euskadi, también fue contundente nuestro apoyo”.
Gráfica de Rini Templeton
El trago amargo El 17 de marzo la aplanadora “Charro, gobierno y patrón”, aceitada por los grandes medios de comunicación, reprime la huelga de la Modelo. Nueve días después los convoca a negociar el “mediador” del salinismo, el regente del Distrito Federal: Manuel Camacho Solís.
El libro de Carlos Rodríguez recoge el clima del conflicto: Para el patrón Juan Sánchez Navarro, “los trabajadores están legalmente despedidos”. Camacho, va al grano,” tienen la legalidad en su contra. Negocian o negocian”. Además, la cervecera ya funcionaba con esquiroles enviados por Fidel Velázquez.
La resistencia concluye el 26 de abril con ocho puntos de acuerdo, entre ellos, la reinstalación de los 5 mil 200 huelguistas despedidos, menos un grupo que los patrones señalarían. “Nos tragamos la píldora de la amargura. Primero dijeron que iban a ser 100 despedidos, después otros 30, 20 más y al final otros 4, ahí salió mi nombre”, cuenta Cristóbal.
Para Carlos, el movimiento fue una prueba difícil “para la CTM, los patrones y el gobierno”. Piensa que fue un modelo de huelga “bajo las premisas de ayuda mutua, honestidad, democracia y solidaridad”.
Pascuales, nunca cambien Uno de los ocho puntos acordados con Manuel Camacho fue recuperar la fianza exigida por la juez y que fue reunida gracias a la solidaridad social.
Cristóbal narra que la Pascual les abrió un punto en su asamblea para dirigirse a los cooperativistas “y agradecer y entregar el cheque con la cantidad que nos prestaron. Fue una asamblea muy emotiva”.
Finaliza Cristóbal la entrevista con un mensaje que pareciera dirigido a los asistentes de aquella asamblea memorable: “Nuestro agradecimiento a la Pascual y esperemos que nunca cambien”.
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