La Secretaría de Educación pública presentó la “Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica durante el Ciclo Escolar 2020-2021”, desde hace algunos días. Ese fue el banderazo de salida. Después, se puso andar todo el aparato del estado para concretarlo: la vacunación del magisterio y de todo el personal educativo; el programa piloto en Coahuila; la reanudación de las actividades escolares en la Ciudad de México anunciada para el 7 de junio y en el Estado de México a mediados del mismo mes. Son tan sólo una muestra de ello. Se percibe pues, la Estrategia Nacional, como la propuesta gubernamental. Se menciona que será un proceso paulatino, gradual, escalonado a desarrollarse en tres etapas.
En la Etapa I, Medidas Previas, se contemplan a su vez, tres fases. En la primera fase, se reabrirán los planteles educativos ubicados en comunidades rurales, con menos de dos mil quinientos pobladores. En la segunda fase, en las localidades semiurbanas. Y en la tercera fase, en aquellos municipios urbanos con mas de quince mil habitantes. En los tres casos, en consonancia con el comportamiento del Semáforo de Riesgo Epidemiológico.
En la Etapa II, Medidas de Organización, se recurre al federalismo educativo. Para ello, se considera integrar un equipo directivo en el ámbito nacional y, otro, en lo local o estatal. Éste deberá contar con un instrumento de apoyo que identifique acciones, propósitos, metas, seguimiento y evaluación de la estrategia. En lo que respecta a la organización de la escuelas, se retomará, a pie juntillas, la “Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID 19”. En ella, se enuncian nueves intervenciones para el regreso seguro a clases en las aulas y se describen determinadas medidas sanitarias: Comités Participativos de Salud Escolar; garantizar acceso a jabón y agua; cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo; cubrebocas o pañuelo obligatorio; sana distancia; maximizar el uso de espacios abiertos; suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones; detección temprana; apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. De igual manera, se detallan cinco momento claves: Preparativos; días previos al inicio; primer día de clases; primera semana de clases; y el resto del ciclo escolar.
En la Etapa III, “Medidas Académicas”, se conmina a los docentes darle prioridad a los educandos con niveles de comunicación intermitentes y baja participación así como inexistente según lo referido en el Acuerdo Número 26/12/20 por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje en el periodo de contingencia sanitaria para el ciclo escolar 2020-2021. Por otra parte, se le demanda también a los docentes atender lo señalado en el Acuerdo Número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020. En el numeral décimo segundo se establece que el ciclo escolar 2020-2021 iniciaría con una etapa remedial o de nivelación, un periodo de valoración diagnóstica y de trabajo docente, para resarcir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje correspondiente al grado anterior.
Además de las tres etapas, la Estrategia Nacional determina, inicialmente los principios rectores y, al final, un esquema de seguimiento del retorno y desarrollo de las clases presenciales. Vista así, pareciera que ya está todo… ¡nomás hay que hacerlo! Pero no es así de fácil como quieren las autoridades que lo veamos. Percibo una serie de dificultades o retos por sortear que pudieran ponerla en entredicho.
Primero. Porque la pandemia aún se encuentra activa en el mundo. Estamos aprendiendo a lidiar con la enfermedad. Las vacunas fortalecerán nuestra sistema inmunológico, ayudarán a resistir frente la infección. Nos protegerán del virus antes de que ingrese a nuestro organismo. Pero el virus permanecerá en el ambiente. Ahí tenemos el caso de Campeche, en donde recientemente se ordenó otra vez el cierre de las escuelas porque la entidad federativa retrocedió al color amarillo del semáforo epidemiológico.
Segunda. Podríamos dar cuenta de muchos ejemplos de descoordinación entre los tres órdenes de gobierno. Basta traer a colación la conferencia de prensa convocada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas con la finalidad de anunciar la suspensión de clases para determinada fecha, al principio de la pandemia. Al final de cuentas, más de la mitad de las entidades federativas, en voz de sus propios gobernadores, hicieron caso omiso y adelantaron un semana el periodo acordado.
Tercera. Es aceptado por propios y extraños la crisis educativa producto de la pandemia. Los instrumentos de política pública con los que contábamos hace tiempo el actual gobierno se ha encargado de tirarlos por la borda. Hoy en día, se carece de una evaluación del aprendizaje de los alumnos en su paso por el sistema educativo nacional. No hay manera de valorar objetivamente el estado actual, avances y/o retrocesos, que guarda la educación en México. Bajo las circunstancias prevalecientes, hubiera sido de gran utilidad contar con los resultados de la prueba ENLACE en su momento o PLANEA tiempos después. Los profesores estarían en condiciones de comparar el aprovechamiento escolar de sus pupilos con el resto del país de manera confiable.
En pocas palabras, la emergencia sanitaria perdura, el desorden institucional está presente, la incapacidad para llegar acuerdos es evidente, la polarización se ha agudizado, las incongruencias y ocurrencias suceden a cada momento. Más que loable, es una obligación legal del estado mexicano garantizarle a los estudiantes el derecho humano y constitucional a la educación. Ojalá fueran suficientes los recursos económicos y materiales para lograr una hazaña de tal magnitud. Que, para empezar, hasta esos son finitos y escasos en estos pandémicos tiempos. Si pusieran por encima de su conveniencia política el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, uno de los principios éticos aludidos en el marco jurídico emanado de la reforma educativa impulsada por el actual gobierno, otro gallo nos cantaría. Incluso retoman documentos auspiciadas por algunas instituciones internacionales, entre ellas el Banco Mundial y la OCDE, a fin de sustentar el plan de acción para el regreso a las clases presenciales. La estrategia nacional está en riesgo de incumplir sus propósitos. Se nutre de organismos neoliberales si no es que la sostienen. Quién lo diría. Fúchila, guácala.
Sin licencia o con ella, la radio comunitaria se ha impuesto en la realidad latinoamericana. Para comunidades rurales, indígenas y urbanas, este medio ha sido la única posibilidad de dar visibilidad a las contradicciones, injusticias y diferencias que padecen. Las radios comunitarias han sido también espacios de expresión, cohesión y lucha por el derecho a la comunicación, a la información y a la cultura. Durante las primeras décadas del siglo xxi el marco jurídico que regula a los medios de comunicación y las políticas públicas hacia la radiodifusión se modificaron y, aunque de manera insuficiente, las nuevas normas reconocen y garantizan condiciones para el desarrollo de la radio comunitaria. Este libro recoge la discusión actual sobre tales cambios. Además, en sus páginas se muestran las coordenadas para pensar a los medios sociales cuando la digitalización ha operado un cambio de fondo en los procesos de producción, circulación y consumo de contenidos, al mismo tiempo que ha afianzado las formas de interacción entre medios y comunidad. En los dos estudios de caso aquí incluidos se describen fundamentales experiencias ciudadanas para el ejercicio de la libertad de expresión. Este libro es una lectura indispensable para comprender el avance de la radio comunitaria que, alentada por ciudadanos de variadas preocupaciones y delante de la hegemonía de la comunicación comercial, de los medios públicos y de los oficiales, construye un perfil propio y ocupa un sitio singular en el nuevo ecosistema comunicacional.
Autor(es):
Villalba Gómez, Carlos Eduardo – Ortega Ramírez, Patricia – Repoll, Jerónimo – Montaño Rico, Juan Daniel – Repoll, Jerónimo – Compilador/a o Editor/a Ortega Ramírez, Patricia
Editorial/Editor:
Bonilla Artigas Editores
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, DCSH/UAM-X
Militancia docente, escuela popular y lectura fue tema de reflexión del conversatorio en el que participaron el periodista Luis Hernández Navarro y distintos maestros de escuelas de organización popular del estado de México, durante el cual se destacó la relevancia política, histórica y actual de la construcción de ese tipo de escuelas, instituidas desde y para la comunidad.
Hoy día, estas escuelas siguen siendo excluidas, agredidas y reprimidas, ya que en ellas hay maestros comprometidos socialmente y egresan jóvenes con el anhelo de enseñar a quienes menos tienen y llegar a las zonas más alejadas.
Organizada por el Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE-CNTE), la charla se transmitió por la cuenta de Facebook de Viajando en el Librobús Virtual, programa de FCE, durante el cual Hernández Navarro destacó la necesidad de articular un gran movimiento pedagógico nacional y plural, más allá de las elecciones y los candidatos, que piense qué tipo de educación necesita el país para realmen-te transformarse.
El periodista calificó de barbaridad los abusos, amenazas y agresiones de las que fueron víctimas los estudiantes (72 mujeres y 21 hombres) de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, de Chiapas.
Los estudiantes son rehenes del gobernador morenista Rutilio Escandón. El delito de los jóvenes y futuros maestros es una demanda muy sencilla: que la escuela haga pública la convocatoria y que el examen sea de manera presencial y no mediante Internet y computadora, por una sencilla razón, Chiapas tiene uno de los peores índices de conectividad, y porque ellos no se encuentran en las mismas condiciones que otros aspirantes familiarizados con Internet, denunció el también coordinador de la sección de Opinión de La Jornada.
Explicó, entre otras cuestiones, cómo se han construido una serie de escuelas llamadas de organización popular, en las que, a partir de la donación de un predio, confluye el trabajo y el esfuerzo de maestros, padres de familia y estudiantes, quienes literalmente construyen desde los muros y las aulas, hasta los pupitres y mesabancos, para luego buscar su regularización y legalización.
Lo cual no es cualquier cosa. Implica un proceso que conjunta la militancia política, la lucha por la educación popular y la lucha por servicios y regularización urbana, con una perspectiva de transformación revolucionaria.
Durante la charla participaron los maestros Roberto Rico, Miriam González, Esperanza Galindo Morales, Juan Luis Izunza Hernández, Primitivo Ortega Olays, Miguel Ángel Muñoz y Ángel Javier Lazcano, integrantes del MMCRE-CNTE, que articula en la actualidad a 54 escuelas, desde jardín de niños, secundarias y preparatorias hasta dos universidades.
Hernández Navarro igual se refirió a cómo desde los folletos y los periódicos, hasta los libros y la literatura han sido una herramienta para la educación popular. Asimismo, destacó el papel fundamental que ha desempeñado la visión pedagógica sobre el oprimido, de Paolo Freire, cuyo centenario natal se celebra en 2021.
La educación alternativa, hoy más que nunca, es una de las principales demandas. Hoy hay un debate sobre hasta dónde se pueden utilizar las instituciones oficiales para transformar la educación, y hasta dónde es mejor caminar al margen de esas instituciones oficiales.
Lamentablemente, concluyó Hernández, hay una enorme decepción de lo que significa la Cuarta Transformación. Da la impresión de que la educación le tiene sin cuidado. Cualquier proceso transformador debe poner en el centro la demanda educativa. Se hizo una reforma educativa que es una continuación de lo mismo con Peña Nieto. Y la nueva secretaria de la SEP no aparece por ningún lado. No hay contenidos específicos para esa transformación.
“Lamentablemente no hay avances, no sabemos dónde están nuestros hijos. No hay diferencia del gobierno anterior al gobierno actual y es desesperante para nosotros”, dijo hoy Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, en el mitin en el Hemiciclo a Juárez, a 80 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Navarrete recordó que “el gobierno federal dijo que habría un cambio y nos abrieron las puertas, y ahora hay un fiscal especial para la investigación. Nos dieron esperanza cuando nombraron todo eso, ¿pero de qué sirve? Tienen detenidos y no dicen nada. Queremos que digan la verdad”.
Madres y padres de los 43 marcha en la Ciudad de México a 80 meses de la desaparición forzada de sus hijos. Foto: Erika Lozano
Hoy, como cada 26, las madres y padres de Ayotzinapa volvieron a salir a las calles para reclamar la verdad sobre el paradero de sus hijos. Marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, donde a su exigencia de la presentación de los estudiantes, sumaron la de la liberación de los 19 normalistas de Mactumactzá, Chiapas, presos desde el pasado 18 de mayo.
Los rostros conocidos de las madres y padres de los normalistas volvieron a recorrer la avenida Reforma de la Ciudad de México, haciendo una simbólica parada en el Antimonumento a los “43 y más”, donde realizaron el pase de lista con cada uno de los nombres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre del 2014. Detrás de ellos caminó el contingente de Mactumactzá, conformado por jóvenes que exigen justicia para sus compañeros “encarcelados por luchar por una educación digna”. La comunidad otomí que mantiene tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) marchó detrás, junto al resto de las organizaciones sociales que mes con mes acompañan la “exigencia de verdad”.
Integrantes de la comunidad otomí, quienes sotienen la toma del INPI, se solidaridan con los padres y madres de Ayotzinapa. Foto: Erika Lozano.
“Hasta el día de hoy el gobierno no ha puesto una respuesta en la mesa. ¿Cuándo vamos a tener una investigación que dé esperanzas como las que dio el presidente cuando fue electo? Lo vemos difícil. Por eso estamos en la tarea de realizar actividades de búsqueda y recorrer lugares donde el gobierno menciona que participaron elementos de Cocula, de Iguala, del 27 Batallón, de los federales”, reclamó José Ángel Navarrete en nombre de la comisión de padres y madres.
Normalistas exigen la libertad de los detenidos en Chiapas. Foto: Erika Lozano.
Y siguieron las preguntas: “¿Qué está haciendo el actual fiscal con los elementos de seguridad involucrados en la desaparición de nuestros hijos? ¿Por qué se le dificulta al gobierno llegar a la verdad?”. Ante la falta de respuestas, explicaron, ahora están recorriendo comunidades de Guerrero recabando información “para dársela al fiscal, por si él no puede”. Al mismo tiempo, apelaron a que “si algún ciudadano o ciudadana que sepa algo del paradero de nuestros hijos nos pueda decir”.
Los padres y madres fueron firmes. El beneficio de la duda al actual gobierno tienen una vigencia, y “no vamos a permitir que no se le dé seguimiento a la información importante, como el anterior gobierno que no hizo nada”, finalizó Navarrete.
Cuatro veces las autoridades han cerrado la Escuela Normal Rural de Mactumactzá (en Chiapas) y cuatro veces ha renacido. Así sucedió en 1935, 1942, 1946 y 2003. La tenacidad y la lucha de sus alumnos y egresados, y de las comunidades de las que provienen, la hicieron retoñar.
Lo que hoy es Mactumactzá (el cerro de las once estrellas, en lengua zoque), comenzó a funcionar con el nombre de Escuela Normal Rural de Cerro Hueco, el 24 de febrero de 1931, en un terreno donado por el gobierno de Raymundo E. Enríquez. Carente de infraestructura y mobiliario, con aulas de adobe y palma, se equipó con el trabajo voluntario de los estudiantes y las donaciones en especie de los campesinos. Funcionó hasta 1935.
En 1936, las autoridades la cerraron y, en su lugar, en la finca La Chacona, instalaron una Escuela Regional Campesina, que funcionó muy precariamente. No les duró mucho el gusto. En 1941, la SEP la transformó en Escuela Práctica de Agricultura. Sus alumnos emigraron a otras instituciones. Durante seis años impartió enseñanza técnica a los campesinos, quienes, al egresar, podían ejercer como maestros y titularse en otra normal.
Como a las autoridades les incomodaba profundamente el compromiso social de los alumnos, en 1945 se suprimió el primer año, con el argumento de que no había presupuesto. Un año más tarde, su suerte estaba echada. Los estudiantes fueron trasladados a otras instituciones. El gobierno anunció que, en su lugar, se instalaría un laboratorio de inseminación artificial para mejora del ganado. El edificio quedó abandonado.
Diez años más tarde, se impuso la imperiosa necesidad de formar maestros en una entidad que carecía de ellos, y la escuela renació como Escuela Normal Rural Mactumactzá (ENRM). En abril de 1956, abrió sus puertas como internado para hombres, con grandes limitaciones financieras y materiales.
En 1970, muchos egresados de la normal participaron activamente en las luchas campesinas e indígenas (y hasta en las obreras) que irrumpieron en Chiapas en esa década. Se convirtieron en intelectuales orgánicos del mundo rural. Su participación en tomas de tierras, organización de cooperativas de producción y consumo, protestas por servicios y para incrementar precios de garantía, fue fundamental. En 1979, los maestros del estado organizaron grandes paros para aumentar su salario y democratizar el SNTE. El equipo dirigente de ese movimiento se había formado políticamente en Mactumactzá, y en las Escuelas Técnicas Agropecuarias. En diciembre de ese año, fundaron, junto a las disidencias democráticas de todo el país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Esa centralidad organizativa de los egresados de la normal en las luchas populares en Chiapas ha disminuido conforme las organizaciones campesinas e indígenas han forjado liderazgos no vinculados al magisterio. Sin embargo, sigue siendo relevante. En el comité ejecutivo de la sección 7, integrado por 155 maestros, 34 son egresados de Mactumactzá.
Un momento clave en la historia de la normal fue su confrontación con el gobierno de Pablo Salazar. Su administración recibió un préstamo del Banco Mundial por 40 millones de dólares. Entre las sugerencias que el organismo multilateral hizo estaba el cancelar las plazas automáticas a los egresados de la ENRM.
El conflicto se intensificó. Las autoridades reprimieron salvajemente a estudiantes y trabajadores y los encarcelaron. Pablo Salazar se propuso cerrar la escuela y crear en su lugar un instituto politécnico. Sin esa normal, miles de campesinos ya no tendrán siquiera la aspiración de llegar a ser maestros profesionales, le expresó a Blanche Pietrich, el dirigente de la sección 7, Fortino Vázquez (https://bit.ly/3fa2Q3f).
El desenlace representó un golpe muy duro para el normalismo. Se cerró el sistema de internado; más de la mitad de las 560 matrículas que tenían se redujeron. La persecución política en su contra fue inclemente.
Pese a ello, Mactumactzá sobrevivió y poco a poco comenzó a recuperarse del descalabro. La matrícula fue creciendo, se construyeron dormitorios y el equipamiento mejoró.
Sin embargo, el fantasma de su desaparición ronda la escuela. Durante la administración del morenista Rutilio Escandón se ha utilizado, una y otra vez, de manera bestial la fuerza pública contra los normalistas. La detención de casi 100 estudiantes, la mayoría muchachas, y la agresión sexual de la que fueron víctimas apenas la semana pasada muestra cuánto incomoda la normal al gobernador.
La magnitud de la represión contrasta con las demandas estudiantiles. Los jóvenes exigen que se haga pública la convocatoria para nuevos ingresos a la escuela y que el examen de admisión sea presencial y escrito en un cuadernillo. Las autoridades, en cambio, están empecinadas en que sea en línea.
La ENRM es una escuela de pobres para pobres. Obligar a presentar un examen de admisión en computadora a un hijo de campesinos que no ha tenido acceso a una y que en su comunidad no hay servicio de Internet significa dejarlo fuera de la escuela. Nunca podrá competir así por un lugar para estudiar, con quienes, por vivir en las ciudades o tener más recursos económicos, están familiarizados con el uso de medios digitales.
La sospecha de que el gobierno quiere clausurar la escuela o, al menos, modificar la composición social de sus estudiantes, tiene bases firmes. Pero quienes acarician la fantasía de golpear a Mactumactzá olvidan que, las cuatro veces que han querido cerrarla, el cerro de las once estrellas ha renacido. Ésta, no será la excepción. Los jóvenes sueñan con ser maestros de los pobres. No van a renunciar a ello. De paso, han advertido que serán la pesadilla de quienes quieran arrebatarles sus sueños.
Edición y redacción: Mely Arellano/Video: Marlene Martínez/Material visual: Gogo
El 65% de menores de edad que desaparecen en el municipio de Puebla son mujeres; la trata es la principal razón, coinciden organizaciones civiles. Mientras en 2019 ese municipio ocupó el primer lugar en desaparición de niños, niñas y adolescentes en México, la Comisión estatal de Búsqueda tuvo un subejercicio de 10 millones.
Victoria Rosales no sabía cuántas adolescentes estaban desaparecidas en Puebla y se vino a enterar de la peor manera: cuando desapareció su hija Nadia, a los 17 años, la mañana del viernes 27 de octubre de 2017.
Ese día, como cualquier otro, la acompañó hasta la parada de la Ruta 5, a unas calles de su casa en la colonia Lomas de San Miguel, al sur de la ciudad. La vio subirse al microbús y se despidió de ella. A las 2:30pm Nadia debía regresar de la escuela, pero eso ya no sucedió. Y ahí, dice Victoria Rosales, empezó el calvario.
El año en que desapareció Nadia, la capital del estado de Puebla ocupó el segundo lugar nacional en desaparición de niñas, niños y adolescentes. Las cosas no han mejorado desde entonces, e incluso la situación ya era grave desde antes: la desaparición de menores de edad no es un asunto nuevo, aunque sigue siendo un problema poco conocido.
Desde 2012 y hasta 2018, Puebla fue el segundo municipio en todo el país con más desapariciones de este grupo poblacional (de 0 a 17 años), de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), con base en los datos oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped).
Para 2019 la ciudad se convirtió en primer lugar nacional; ese año desaparecieron 389 menores de edad, o al menos ese fue el número de Carpetas de Investigación (CDI) que se abrieron por el delito de desaparición. En 2020 la entidad ocupó el tercer lugar nacional con más menores desaparecidos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Si bien todas las desapariciones son alarmantes, las de niñas, niños y adolescentes tienen que ser investigadas de manera particular, pues por su edad y la etapa del desarrollo en que se encuentran merecen una protección integral, explica en entrevista para LADO B, Juan Martín Pérez García, hoy ex director de la Redim (su gestión concluyó hace unos días, el 14 de mayo), así que cualquier interrupción o afectación que sufran puede impactar negativamente en su proyecto de vida.
Por ejemplo, agrega, a diferencia de las personas adultas que pueden “decidir ausentarse, las personas menores de edad no deben quedar sin protección de su red familiar y tutores legales”, ya que son “vulnerables al poder adulto” y pueden convertirse en “objetos de venta” para fines de explotación sexual y/o laboral, o adopciones ilegales, entre otras. Es por eso que el Estado tiene la obligación de protegerles totalmente.
Un dato más para tomarse en cuenta y dimensionar el problema: en Puebla el 65% de quienes siguen sin localizarse son mujeres, o más bien niñas y adolescentes, como Nadia, a cuya familia le han reportado más de una vez haberla visto en zonas de prostitución en otros estados, pero “la Fiscalía no ha hecho nada”. A casi tres años y medio, la investigación tiene pobres avances.
Fiscalía, ausente y omisa
Han pasado tres años y medio desde la desaparición de Nadia Guadalupe, y todavía no existe una Alerta Amber con su nombre. Apenas hace ocho meses, el nuevo investigador -lo han cambiado cinco veces- que la Fiscalía General del Estado (FGE) asignó para investigar el caso, comenzó a girar los oficios de colaboración al resto de las entidades federativas para solicitar apoyo con la búsqueda.
La puntualización es necesaria: a la Fiscalía le tomó más de 3 años enviar unos oficios. Además, a la fecha su familia aún desconoce por qué nunca emitieron la Alerta Amber. Victoria Rosales recuerda que el Ministerio Público le dijo que Nadia “no corría peligro” porque “no tenía el perfil para la trata de personas”.
Si bien la Alerta Amber es un mecanismo de jurisdicción estatal, cuando desaparece una persona menor de edad las autoridades están obligadas a emitirla de inmediato, porque con ello se difunde una ficha de búsqueda a nivel nacional y se activa la colaboración entre todos los estados de la República.
Pero en Puebla, aunque es una de las entidades donde hay más niñas y niños desaparecidos, este mecanismo no siempre se aplica. De acuerdo con los datos difundidos por la Comisión Nacional de Búsqueda en su informe de abril 2021, Puebla es una de las siete entidades donde se concentra el 62% de las desapariciones de niñas y adolescentes en el país. Y pese a ello, la Alerta Amber no siempre se emite.
De acuerdo con la información pública de la propia Fiscalía “la difusión de la Alerta Amber Puebla se realiza a través del portal de internet y cuentas de redes sociales oficiales, así como por autoridades, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, mediante cédula oficial”.
En una revisión de la cuenta de Twitter de la FGE se encontraron sólo 28 Alertas Amber, correspondientes al mismo número de menores que desaparecieron en la ciudad de Puebla del 2015 al 2020, muy lejos de los 479 que aún no se localizan según la propia Fiscalía; es decir, apenas el 5.8% de los casos se publicaron en esa red social de la dependencia.
El Colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla” dijo a LADO B que muchas veces la FGE no elabora los boletines de búsqueda, y tampoco lo sube a redes ni se difunde públicamente, argumentando la protección del interés superior del menor. De hecho el Colectivo tiene conocimiento de varios casos en los cuales las propias autoridades de la FGE recomiendan a los familiares que no se acerquen a medios ni a colectivos, porque “van a entorpecer el caso y poner en riesgo a la persona”.
Pero interponer la Alerta Amber por sí sola tampoco es la panacea, lo sabe bien Teresa Vega, mamá de Rafael Huerta Vega, quien desapareció el 6 de octubre del 2020 a la edad de 12 años, en la colonia Playas del Sur supuestamente cuando iba a la tienda. Y aunque la denuncia por su desaparición se hizo el mismo día, la Alerta Amber se emitió hasta 3 o 4 días después.
Sin embargo, igual que el caso de Nadia, la investigación tampoco ha tenido avances significativos. Su mamá ni siquiera ha podido ver la Carpeta de Investigación pues se la han negado aduciendo que se trata de una “investigación privada”; tampoco le permitieron presentar una denuncia contra el padre de su hijo, con quien vivía el niño cuando sucedió la desaparición, para pedir que investiguen un presunto maltrato contra el menor.
Tanto Teresa Vega como Victoria Rosales coinciden en que la Fiscalía no sólo no hace su trabajo, sino que además los Ministerios Públicos las regañan, no les dan explicaciones, son groseros y les han lanzado acusaciones veladas de ser responsables en las desapariciones.
Y si en materia de localización las autoridades no han demostrado eficiencia, en prevención es aún peor. No hay alguna instancia de ningún nivel que tenga trabajo en ese sentido. La omisión no es menor si consideramos que, de acuerdo con la Redim, la desaparición de menores en el municipio de Puebla está vinculada sobre todo a la trata de personas y la explotación sexual.
Una Comisión de Búsqueda que no busca
La obligación de investigar las desapariciones y buscar a las personas desaparecidas, incluyendo por supuesto menores de edad, corresponde a la Fiscalía y al gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda.
La Comisión Estatal de Búsqueda se creó en junio del 2019, como “un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobernación, con autonomía técnica y de gestión, encargada de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en el territorio poblano”, dice su página.
Sin embargo, la falta de un esfuerzo real por localizar a las personas desaparecidas en el estado se revela, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez del Congreso del Estado, diputada panista con licencia y candidata al distrito local 09, Mónica Rodríguez Della Vecchia, en el hecho de que la Comisión Estatal de Búsqueda no ejerció 10 millones de pesos en 2020, y tuvieron que devolverse a la Federación.
El dato, reclamado por Mónica Rodríguez a la secretaria de Planeación y Finanzas del estado, María Teresa Castro Corro, durante su comparecencia el pasado 22 de enero, de hecho es inexacto, pues según el Recurso de Revisión RRA 03827/20, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, el subejercicio corresponde a 2019.
((INSERTAR RECURSO DE REVISIÓN))
Puebla fue uno de los 20 estados que, por no ejecutar un subsidio federal que ascendió a 248 millones 881 mil 652 pesos, tuvo que regresar su parte, 10 millones de pesos, a la Federación en 2019, justo el año en que la capital fue primer lugar nacional en desaparición de menores de edad.
LADO B buscó una entrevista con la Comisión Estatal de Búsqueda para saber si hay algún protocolo específico para búsqueda de menores de edad, y tener claridad sobre el tema del presupuesto. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
En la búsqueda hay otras instancias corresponsables, como los ayuntamientos que, de acuerdo con la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, deben garantizar, en conjunto con autoridades estatales, una investigación pronta, reparar el daño, conocer la verdad, proveer protección por parte del Estado, acceder a mecanismos de justicia y un acceso ágil, eficaz y transparente.
Tan solo en lo que va de este año, el Ayuntamiento de Puebla ha atendido 95 llamados para acompañamiento y búsqueda de personas por parte de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda.
El municipio de Puebla cuenta con una Célula Especializada de búsqueda de mujeres, niñas, niños y adolescentes, dependiente de la Secretaría de Gobernación Municipal, cuyas funciones son coadyuvar en la búsqueda de menores. Su creación, el 12 de junio de 2020, responde al cumplimiento de la medida XV de Justicia y Reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el Estado de Puebla.
Esta Célula permite la colaboración entre los tres niveles de gobierno y distintas dependencias. Por ejemplo, el gobierno del estado puede solicitar apoyo de perros o personal para dar acompañamiento en una búsqueda, o para la difusión de imágenes.
Quiénes, cuántos y por qué desaparecen
Para empezar, ni siquiera hay cifras confiables u homologadas para saber realmente la dimensión de cuántos menores desaparecen, ni por qué. Las organizaciones toman sus datos del Rnped, pero este cambió de metodología desde abril de 2018 y ahora no permite consultar la información desglosada a nivel municipal, pese a la insistencia de activistas y periodistas.
Desde 2015 al 2020, de acuerdo con datos de la FGE obtenidos vía transparencia, en el municipio de Puebla hay mil 620 personas desaparecidas, de las cuales las y los menores de edad (479) representan el 29%.
De las niñas y los niños que siguen sin localizarse, 314 son mujeres (65%) y 165 hombres. El grupo de edad que más desaparece son personas menores de 15 años, después las de 16, las de 14 y las de 17. En cuanto a hombres la tendencia es igual, pues las edades en las que más desaparecen son de 14 a 17 años, aunque en mucho menor proporción.
El análisis de datos refleja que las mujeres son las más vulnerables ante las desapariciones, principalmente en la adolescencia, presumiblemente por ser potenciales y posibles víctimas de explotación sexual.
En 2018, la Asociación Nacional Contra la Trata Humana (ANTHUS) señaló que Puebla capital era primer lugar nacional en tráfico de menores.
Juan Martín Pérez García, integrante de la Redim, sostiene que la desaparición de niñas, niños y adolescentes está vinculada en su mayoría a la trata de personas con fines de explotación sexual y/o laboral. Según su análisis, esto sucede por la cercanía con el corredor Puebla-Tlaxcala, uno de los más famosos, si no es el que más, por la explotación sexual principalmente de mujeres, y sobre todo menores.
De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda del 8 de abril de 2021, el estado de Puebla está entre los primeros 7 lugares en desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
Pero aunque existen estos y otros señalamientos, las cifras indican que las cosas siguen igual, y que el riesgo de desaparecer sigue siendo muy alto para las personas menores de edad en la capital.
A partir del análisis de datos que hizo LADO B con los registros obtenidos por la FGE, se identificó que el segundo grupo que más desaparece son recién nacidos y bebés de entre 0 y 3 años; en la mayoría se trata de conflictos judiciales de guarda y custodia, es decir padres o madres que sustraen a algún menor sin el consentimiento de la pareja, de acuerdo con Marisol Casillas Herández, terapeuta, asistente y encargada de estadística de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos.
No hay atención a las familias
En 2019, el Congreso local aprobó la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, donde se plasmó, en primera instancia, el interés superior de la niñez para la toma de decisiones en torno a la asistencia, protección, ayuda inmediata, alojamiento y derecho a la verdad que las víctimas por delito de secuestro, desaparición forzada, trata de personas, tortura y otros tratos crueles han sufrido a lo largo de los años en la entidad.
Sin embargo, mamás, papás y familiares de niñas, niños y adolescentes han denunciado más de una vez que las autoridades no dan asistencia, ni seguimiento a los casos, y es por ello que se han tenido que vincular con organizaciones, o formar colectivos desde donde continúan sus búsquedas.
En el marco del Curso Binacional: Fortalecimiento a las Prácticas Educativas de los Maestros Multigrado México-Argentina, Diego Juárez Bolaños, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), advirtió que las actuales instituciones de formación docente no tienen programas educativos enfocados a las comunidades rurales, por lo que, al egresar, los nuevos profesores encuentran obstáculos y problemas para desarrollar su trabajo.
Durante la presentación del libro «Formación de Docentes para los Territorios Rurales», el investigador señaló que resulta preocupante que ningún país Hispanoamericano ha atendido con pertinencia y eficacia este aspecto de formación magisterial, pues, al incorporarse a su espacio de trabajo, los docentes no cuenten con las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para desenvolverse en una población rural.
Lamentó que durante la segunda mitad del Siglo XX, los diversos gobiernos y sistemas educativos consideraron a los territorios rurales como «lugares de segunda» o «subdesarrollados», creando brechas de desigualdad e, incluso, aumentó la desaparición y el desmantelamiento de instituciones que atienden a esta población, como el caso de las Escuelas Normales Rurales.
«Por ello, cuando los profesores llegan a una escuela rural, la ven como una «escuela de segunda», explicó.
También señaló que en estas comunidades rurales existen muchos conocimientos locales que se deben conjugar con los conocimientos generales, los cuales, deben adaptarse a los contenidos que se imparten en estas escuelas.
Por su parte, Lisandro Hormaeche, profesor de la Universidad de la Pampa, Argentina, considera que este libro lleva de nuevo a la discusión educativa regional, la importancia de la formación docente para los territorios rurales.
Explicó que, aunque han existido algunos cambios y avances en los diversos países, estos han sido insuficientes y que las políticas públicas al respecto no han sido pertinentes.
Añadió que las instituciones formadoras deben tener nuevos enfoques para atender a la población rural, pues, incluso, aunque la mayoría de los maestros egresados comienzan a trabajar en entornos rurales, sus prácticas profesionales son en escuelas en entornos urbanos, lo cual, genera un desencuentro entre el graduado y su labor docente.
Al mismo tiempo, insistió que esta formación docente para entornos rurales debe ir acompañada de experiencias de profesores que ya se desarrollan en este entorno, a fin de tener una retroalimentación de conocimientos.
Al respecto, Jaime Calderón, profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), puntualizó que es necesario mejorar, profundizar y robustecer la oferta de educación continua que se ofrece al magisterio, en especial a aquellos que se desarrollan en el medio rural.
También, considera importante ampliar y enriquecer los contenidos dirigidos a las escuelas rurales y multigrado, las cuales, necesitan las mayores atenciones por su constante abandono y descuido gubernamental.
«Es necesario incluir las particularidades y pluralidad de los territorios rurales en los programas de formación docente», concluyó.
Finalmente, Juan David González Fraga, doctor en desarrollo educativo, investigador de la UPN y coordinador del libro, señala que esta obra integra diversas experiencias y resultados de investigación que ayudará a fortalecer otras investigaciones en la materia, formando nuevos conocimientos en educación rural y contribuir a la mejora de políticas públicas en la materia.
Fuente e imagen: https://www.educacionfutura.org/politicas-de-formacion-de-docentes-para-comunidades-rurales-aun-no-son-pertinentes-ni-eficaces/
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