El 18 de mayo de 2021, durante el desarrollo de una protesta estudiantil, integrantes de la policía estatal de Chiapas usaron indebida y excesivamente la fuerza. Como resultado fueron detenidas 97 personas, en su mayoría estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quienes además denunciaron que durante la detención fueron víctimas de golpes, maltrato psicológico y abuso sexual por parte los elementos de seguridad.
La razón que llevó a la apropiación del espacio cívico por parte de estudiantes, fue la exigencia de que los exámenes de ingreso para el ciclo escolar 2020-2021 fueran de manera presencial y no en línea, ya que la mayoría no tienen acceso a internet en sus comunidades. En 2020, sólo el 20% de las personas aspirantes que se postularon para entrar en Mactumactzá consiguió entrar debido a la brecha digital.
En virtud de lo anterior, el 23 de mayo, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las autoridades del estado de Chiapas a garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de las personas detenidas en el contexto de las protestas estudiantiles de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y a investigar las denuncias de abusos por parte del funcionariado público estatal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó al llamado para investigar el uso excesivo de la fuerza
Chiapas es uno de los estados que tiene el mayor rezago educativo y la brecha digital más grande en el país. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), sólo el 24.8% de los hogares en Chiapas tiene acceso a internet. Por lo que las escuelas normales rurales constituyen un espacio fundamental para la formación de docentes que posteriormente imparten clases principalmente en zonas marginadas del país y comunidades indígenas.
Asimismo, 7 de cada 10 personas se encuentran en situación de pobreza, y 3 de cada 10 en pobreza extrema. Menos del 20% de los hogares tiene acceso a una computadora, laptop o tablet y en 88 % de los hogares rurales ni siquiera hay acceso a internet. Precisamente, la pandemia de COVID-19 incrementó la vulnerabilidad de las comunidades, y éstas protestas fueron una consecuencia de los problemas y la discriminación histórica que han enfrentado.
Llama la atención que durante el 2020, se presentaron al menos 15 iniciativas legislativas en los planos federal y estatal para restringir de forma indebida los derechos humanos en el ámbito digital. Por el contrario, ninguna iniciativa para mejorar la infraestructura de Internet y dotar de accesibilidad a los sectores marginados ha sido presentada hasta el día de hoy.
Respecto a la situación jurídica de las personas que fueron detenidas durante estas protestas, 74 mujeres fueron vinculadas a proceso y, posteriormente, liberadas el pasado 24 de mayo, mientras que 19 hombres fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva oficiosa de 45 días para aclarar su situación jurídica. Además, las y los normalistas denuncian haber sido objeto de golpes, maltrato psicológico y abuso sexual durante su detención.
De acuerdo al marco internacional de los derechos humanos, la protesta es una forma importante de participación en los asuntos públicos en el contexto de la desigualdad estructural que existe en nuestro país. Al tratarse de grupos históricamente discriminados, la violación y restricción a este derecho refuerza las condiciones de desigualdad y marginación que enfrentan y los expone a un mayor riesgo de experimentar abusos por parte de las autoridades estatales.
En este caso la brecha digital constituye una violación estructural al derecho de acceso a internet, y es el la causa eficiente de las protestas. La razón es simple: la falta de acceso a internet condiciona el ejercicio de otros derechos.
Los Estados tienen la obligación de respetar los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica. Toda intervención tiene que satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Son inaceptables el uso de fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y la violencia sexual en el marco del ejercicio de un derecho humano como la protesta, tal como lo establecen la CIDH y la Corte IDH.
Por lo anterior:
- Hacemos un llamado urgente al gobierno federal y al gobierno de Chiapas a liberar de manera inmediata a las 19 personas detenidas aclarando su situación jurídica y liberándoles de cualquier cargo en su contra.
- Retirar cualquier cargo a las 74 mujeres y que fueron liberadas el pasado 24 de mayo y que siguen sujetas a proceso penal.
- Evitar el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía durante cualquier protesta, en particular, aquellas realizadas por los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” y conducirse bajo un enfoque de derechos humanos.
- Investigar y, en su caso, sancionar a quien resulte responsable de las acusaciones de maltrato físico y abuso sexual desde una perspectiva de derechos humanos, identificando toda la cadena de mando Esto con el fin de garantizar el combate a la impunidad y garantías de no repetición.
Garantizar que las y los estudiantes, hayan o no participado de las protestas, puedan realizar los exámenes de manera presencial, reconociendo la brecha digital existente. Promover una política pública integral y coordinada entre los diferentes niveles de gobierno e instituciones públicas que garanticen una Internet asequible, accesible y universal a fin de eliminar la brecha digital en el país.
Fuente e imagen: https://articulo19.org
Nota para prensa
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