América del Norte

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México: “No hay un plan integral del gobierno para el regreso a clases”: maestros de la CNTE

Noticias
Por: Erika Lozano/desinformemonos.org/

“Como docentes reconocemos la importancia de la educación presencial, pues es el ambiente adecuado para los estudiantes, pero vemos que no existe un plan integral por parte del gobierno para el regreso a clases este siete de junio”, asegura en entrevista Carlos Vicente Aguilar Palma, profesor de la sección diez de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y considera que aún puede estar en riesgo la salud de los integrantes de las comunidades educativas debido posibles contagios de Covid-19.

Aguilar Palma, quien es maestro de secundaria en la Ciudad de México, señala que, por parte de las autoridades, tampoco hubo un plan para enfrentar la pandemia, y que la Secretaría de Educación Pública (SEP) “los dejó a su suerte”, pero que los profesores y profesoras, así como los estudiantes y padres de familia, salieron adelante con sus propios recursos. El profesor se pregunta por qué el gobierno federal anunció el regreso a clases un mes antes del término del ciclo escolar y en época electoral.

“Las escuelas están deterioradas y afectadas por el abandono y por la pandemia, y ahora se utiliza la buena voluntad de las comunidades educativas para arreglarlas”, dice Aguilar. “No sólo se trata de la vacunación, la Ciudad de México no está en semáforo epidemiológico verde y vemos que lo manejan políticamente”. El docente dice que se tiene que también se tiene que atender la infraestructura, los sanitarios, la instalación eléctrica, la computadoras que no han tenido mantenimiento. «El gobierno nos ofrece gel antibacterial y jabón y hay muchas escuelas que no tienen agua», apunta.

“Se debe consultar a las comunidades escolares, a los padres de familia y al personal docente”, señala en la entrevista colectiva con Desinformémonos el profesor Sabino, también perteneciente a la sección diez de la CNTE, y señala que las autoridades no se han comprometido a nada, pues todos sus pronunciamientos son discursivos y no por escrito, y añade que «el gobierno no quiere responsabilizarse”.

Para la profesora María, hubo un cambio de discurso en el gobierno local y federal, pues, dice, tanto el subsecretario de salud, Hugo López Gattel, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijeron en marzo que no se regresaría a clases hasta que el semáforo estuviera en verde. «Parece que lo manejan políticamente», señala y agrega que “aunque las autoridades dicen que es voluntario hay una estructura vertical en la SEP y en las escuelas no pueden opinar los maestros”. La docente afirma que su exigencia es que los maestros y maestras, así como padres de familia y estudiantes, sean considerados en este regreso a clases.

Oralia Rivera, maestra de secundaria en Iztapalapa, dice que como docentes se enfrentan a una situación difícil pues se trata de la salud y la vida de toda la comunidad docente, así como de la infraestructura y el equipo necesario. Rivera dice que es necesario que el gobierno atienda debidamente el estrés, la ansiedad y las emociones que ha provocado la pandemia en los estudiantes.

«Hace falta un diagnóstico del gobierno sobre cómo están las escuelas», afirma el maestro Felipe y agrega que muchos estudiantes se ausentaron del ciclo escolar, ya que no pudieron conectarse por cuestiones económicas, emocionales ó porque quizá perdieron a algún familiar. “Hay una desigualdad y exclusión a una parte de la población y no se hizo nada para evitarlo. Debe haber un manejo responsable de la salud de quienes estamos en las escuelas”, dice.

“Este regreso a clases nos tomó por sorpresa, algunos estudiantes han enfrentado mucha ansiedad a raíz de la pandemia”, señala la profesora Raquel Montero secundaria Coyoacán y recalca que aunque no han dejado de trabajar, todo lo que se aprendió este año quedó en segundo plano por las condiciones de salud mental y deserción de muchos estudiantes.

«Existen muchos problemas en cuanto a infraestructura en las escuelas, el problema del agua no ha sido resuelto, en muchas no tenemos cómo lavarnos las manos», dice el maestro Miguel Ángel Gutiérrez, también parte de la sección diez. El maestro explica que algunos padres de familia quieren el regreso a las clases presenciales, pero otros tienen miedo.

En cuanto a temas de salud mental, dice el maestro, el gobierno ha intentado que los docentes suplan la función de psicólogos. “Es muy grave que tengamos que acompañar el duelo de un familiar de nuestros estudiantes aún cuando no tenemos las herramientas para hacerlo”. Gutiérrez señala que la SEP debe destinar recursos para acompañamiento psicológico en las escuelas.

Los profesores de la sección diez en la Ciudad de México, iniciaron una “jornada de lucha” para exigir, no sólo las condiciones necesarias para el regreso a clases, sino pensiones dignas. Además, se sumaron a la demanda por la libertad de los estudiantes de Mactumactzá, presos en Chiapas y en defensa de las normales rurales, dice el maestro Pedro Gabriel García.

Fuente e imagen: desinformemonos

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México: Formación Ética, Cívica y Política

Juan Carlos Miranda Arroyo
Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

A pesar de que en nuestro país existe una intensa actividad política (en lo cotidiano y en lo no cotidiano), aún existen enormes vacíos en el ejercicio de los derechos políticos.

En ese terreno, una de las cuestiones que se preguntan las y los docentes, así como las y los especialistas y diseñadores de planes y programas de estudio, es: ¿Por qué no existe una asignatura o materia que se denomine: “Formación Ética, Cívica y Política”, desde la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, es decir, desde la Educación Básica?

La pertinencia de un campo de formación con tales contenidos, estaría justificada al contestar algunas preguntas como las siguientes: ¿Nuestros jóvenes de 18 años entienden la diferencia entre elecciones federales y locales? ¿Cuáles son nuestros derechos y obligaciones políticos? ¿Identifican en qué consiste una curul ganada por medio del voto directo o de mayoría (simple) relativa y en qué una diputación obtenida por el procedimiento de representación proporcional?

El próximo domingo se llevarán a cabo elecciones constitucionales para elegir a los y las legisladores de la Cámara de Diputados Federal para el periodo 2021-2024. Además, en 15 entidades se elegirán a gobernadoras y gobernadores, también, diputadas y diputados de los congresos locales y presidentes municipales o titulares de las alcaldías. ¿Saben nuestr@s niñas, niños y jóvenes cómo está integrada la Cámara de Diputados federal? ¿O cómo se integra el congreso local en su estado o municipio (alcaldía), que son los órganos de representación política más cercanos a sus comunidades?

Las y los estudiantes de educación básica deben saber, a estas alturas, que este 6 de junio, 2021, se renovarán (o ratificarán, por vía de la reelección), a las y los 500 legisladores de la Cámara Baja (300 por votación directa o de mayoría relativa, y 200 por el criterio de representación proporcional o de partidos). Y que a partir del 1 de septiembre del 2021, estos representantes populares integrarán la LXV Legislatura del Congreso de la Unión de México. También habrán de estar enterados de que, durante esa jornada electoral, se elegirán a las y los diversos candidatos a ocupar los puestos de elección locales ya mencionados. Y si no lo saben o no lo manejan ¿de quién sería la responsabilidad de esta insuficiente educación política?

¿Saben nuestras y nuestros estudiantes que el padrón electoral del país (ciudadanos que se registraron ante el Instituto Nacional Electoral o INE) consta de poco más de 93 (casi 94) millones de mexicanas y mexicanos? ¿O conocen cuál fue el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que ejerció sus derechos políticos en 2018? ¿Cuál será el porcentaje estimado de participantes para la elección de este 2021?

Las movilizaciones de la sociedad civil y de las instituciones del Estado antes, durante y después de la jornada electoral, son y serán extraordinarias, en términos de la participación tanto en la organización como en la participación de votantes, pero no alcanzarán la magnitud de la participación cívica en las elecciones de 2018, en que se eligió, además de senadoras y senadores, al presidente de la República. Este año, sin embargo, se espera que en los estados del país donde haya contienda por la gubernatura, la participación se dé en forma numerosa (más del 50 por ciento del padrón electoral). Lamentablemente, en los estados donde no estará en juego esa posición política, el porcentaje de votantes será menor. Un tanto ello se debe al bajo atractivo que representan las elecciones intermedias, y otro tanto a las crisis sanitaria y económica que vivimos.

¿Por qué nuestras niñas, niños y jóvenes no alcanzan a distinguir, por ejemplo, entre un “voto útil” (o inútil) y la anulación del voto? ¿Saben los futuros ciudadanas y ciudadanos que las elecciones “intermedias” se llevan a cabo al tercer año del período sexenal, en funciones, del Poder Ejecutivo Federal?

Para much@s observadores y analistas del entorno político nacional, ésta será una especie de evaluación del ejercicio, como cabeza del poder público en el gobierno federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Acaso no sería un termómetro social interesante observar, con esa mirada, los resultados de las elecciones del próximo domingo? ¿Qué opinan las comunidades educativas al respecto?

Sin duda, antes de que los balazos le sigan ganando la partida a los abrazos; y antes de que tengamos ejércitos de sicarios que ocupen el lugar de millones de jóvenes becarias y becarios, será conveniente para el país que la sociedad involucrada en los asuntos educativos y las autoridades correspondientes, se pongan (nos pongamos) a trabajar sobre el diseño y operación de una materia o asignatura (o campo de formación) donde se revisen, estudien y confronten las ideas de las ciencias políticas (el Estado y sus múltiples ángulos de complejidad), así como de la sociología, la psicología y la antropología políticas, para que se reflexione y se pongan en práctica ejercicios didácticos que permitan a nuestra niñez y juventud crecer, desarrollarse y formarse como ciudadanos participativos, responsables y críticos.

Es increíble ver que, si nos observáramos en un espejo como sociedad, existen profundas carencias en nuestra cultura política y democrática; hay una especie de “analfabetismo político” en la sociedad, que se refleja desde las relaciones entre vecinos en nuestras colonias, barrios, unidades habitaciones o fraccionamientos, hasta la organización en las redes sociales más cercana o lejanas, es decir, familiares, de trabajo, en la escuela o en las organizaciones o asociaciones civiles de diversa naturaleza.

Los impulsos autoritarios, centralistas, antidemocráticos se disparan con suma facilidad en los diferentes círculos sociales o ámbitos de organización de la sociedad civil. La deplorable actitud de la mayoría de los partidos políticos (recordemos cómo son elegidas –antidemocráticamente- sus dirigencias), y la selección y actuación lamentable, pobre (política y culturalmente hablando) de las y los candidatos a puestos de elección, parecen estar diseñados para que la ciudadanía se desmotive, se vea desencantada y pierda simplemente el interés por la vida pública y política.

La elección de gobernantes o legisladores es un derecho de todas y todos los mexicanos, el cual se encuentra establecido en nuestro marco constitucional ¿Por qué habría de negarse el ejercicio de este derecho fundamental (y su estudio elemental o durante los primeros años de vida) desde la educación básica?

Fuente e imagen: www.sdpnoticias.com

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México: Policía reprime a normalistas de Teteles, Puebla; hay más de 30 detenidas

Noticias

Más de 30 normalistas de la escuela Carmen Serdán de Teteles, Puebla, fueron reprimidas y detenidas por la policía estatal la tarde de este martes, mientras exigían no disminuir la matrícula, raciones alimenticias, mejorar la infraestructura de la normal, así como el esclarecimiento de la muerte de dos de sus compañeras.

Entre las víctimas de la represión se encuentran normalistas de Amilcingo, Morelos, quienes acudieron a apoyar a las estudiantes. Durante la protesta, también exigieron la libertad de los estudiantes de Mactumactzá, quienes se encuentran presos en el penal de El Amate desde el 18 de mayo.

«Hay una ofensiva del Estado mexicano contra las normales rurales», denunció el Plantón de la Resistencia en Huexca-Morelos en un comunicado y responsabilizó al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta y al presidente municipal, Mario Castro Jiménez de estas acciones represivas. Además, exigió libertad inmediata e incondicional para las estudiantes presas.

Fuente e imagen: desinformemonos.org
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En busca de la esperanza, 43 sueños

Tlachinollan

Por: Tlachinollan

Desde el 19 al 23 de mayo de 2021, durante los cuatro días, madres y padres de los 43 estudiantes recorrieron la ruta de la violencia y las huellas donde posiblemente llevarían a sus hijos. Una experiencia esperanzadora y dolorosa porque había personas que daban mensajes de aliento para continuar la lucha hasta encontrar a los 43 jóvenes, pero también había miedo de hablar por los grupos de la delicuencia organizada que imponen la ley de las balas y mantienen asoladas a las comunidades. Seguir las huellas de quienes están ausentes es como revivir el momento de los hechos de la agresión del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.Madres y padres, junto con estudiantes de la normal de Ayozinapa, buscaron información sobre sus hijos en Iguala, Huitzuco, Tepecuacuilco, Cocula y en Carrizalillo. Estos lugares son las zonas silenciadas, de fosas clandestinas y dónde impera el terror de la macrodelincuencia.«Buscamos información sobre el paradero de nuestros hijos. En estos días nos hemos encontrado con personas que nos dicen que están muertos, que ya no los busquemos porque es mucho tiempo, y que los hubiermos buscados desde que asaron los hechos. Me duele mucho que las personas piensen eso porque no sabemos que pasó con nuestros hijos. Sabemos que están desaparecidos, quizá en una cueva o los tendrán trabajando. Otras personas nos dan fuerza, lloran y nos abrazan, comparten nuestro dolor porque también tienen familiares desaparecidos desde los años 80».Por ejemplo, uno de los habitantes de Cocula comentó que se solidarizan porque hay antecedentes de violencia en la región, en 2013 desaparecieron a 17 jóvenes sin que hasta la fecha se sepa algo. Es el mismo dolor de muchas familias no saber de sus seres queridos, comparten angustia como las madres y padres de los normalistas de Ayozinapa. En estos días de búsqueda se han recabado información valiosa que las autoridades deberían tomar en cuenta para darle seguimiento, pues de por sí es responsabilidad de las autoridades investigar y conseguir información del paradero de los estudiantes.En la búsqueda de información muchas que son madres lloraron por lo que pasó con los jóvenes. Se cumplirán 7 años de no saber nada más que las reuniones que se realizan para informarles sobre todo las búsquedas dónde desde hace unos meses se han estado encontrado 900 restos humanos, 16 estaban en buenas condiciones y 6 fueron llevados para su análisis en la Universidad de Innsbruck. En los inicios del 2021 volvieron a encontrar restos, tres de ellos también se analisarán, pero no hay noticias de los estudiantes en vida, por eso las madres y los padres empiezan a sospechar del gobierno de Andrés Manual López Obrador de no querer llegar a la verdad, ya que desde el inicio se comprometió dar con el paradero de los 43, pero «sentimos poco avance».«Unos días antes de que empezarán las búsquedas tenía miedo ir a las búsquedas porque no sabía que información me darían, pero también me daba esperanza porque imaginaba que podría encontrarlo para abrazarlo». Doña Cristina Bautista se queda pensando en lo que le comentaron en las búsquedas, no obstante, brotan sus lágrimas sin poder contenerse. Así se busca la esperanza. Mientras la verdad y la justica a vuelta de rueda. El túnel de la angustia sigue.

Fuente e imagen: https://www.tlachinollan.org/en-busca-de-la-esperanza-43-suenos/

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Otra mirada a la educación en México

Manuel Gil Antón

Por: Manuel Gil Antón

“Por experiencias anteriores, escribe Sábato en “Informe sobre ciegos”, sabía que llegado a un punto no vale la pena repetir los mismos razonamientos porque se forma una huella mental que impide salidas laterales.” Con independencia del contexto en que esta reflexión fue escrita, tiene miga en nuestros días.

¿Cómo pensar y diseñar el regreso a clases presenciales luego del confinamiento? Advierto una tendencia dominante en las autoridades: volver, cuanto antes, a lo mismo con modalidades que se ajusten a la precaución sanitaria – personal educativo vacunado; de manera voluntaria y escalonada; tras reparar en lo posible los daños a la infraestructura derivados de meses sin uso ni mantenimiento (con el esfuerzo y no pocos recursos del personal docente y las familias); usando filtros para detectar contagios, y combinar actividades en los planteles con sistemas de escolarización remota. El anuncio oficial es que será, en la mayor parte del país, si los indicadores de la epidemia no varían, el lunes 7 de junio.

Urge volver a clases. Se necesita retornar a la cercanía física con los otros, si bien cuidadosa, parte fundamental del proceso formativo, luego de tantos meses en que se decidió cerrar los planteles.

El problema central, a mi juicio, es que la orientación es “regresar a lo mismo”. Empleamos razonamientos semejantes en cuanto a lo que hay que recuperar, sin advertir que estamos operando con una huella mental inamovible que cancela salidas laterales. Volver, con precaución al pasado, sin hacernos cargo de lo sucedido ni acusar recibo del impacto que sobre los procesos educativos ha tenido la pandemia.

¿Acaso no ha sido palmario que los planes y programas de estudio están repletos de información irrelevante, con muy poca atención a los procesos cognitivos fundamentales que hacen factible el aprendizaje? Por eso lo que se trasladó a las casas, con el falso nombre de aprender en ella, fue el añejo vicio de inundarlas de tareas que atarean y atarantan. A fuer de hacer de cuenta que no pasaba nada más que un “cambio” en el formato de la enseñanza desde arriba, con el uso de sistemas digitales (cuando era posible por acceso a ellos), la tele o cuadernillos, se desperdició la oportunidad de abrir espacios a la creatividad del magisterio con el fin de fortalecer las estructuras intelectuales que dan cimiento al saber: leer, escribir, reflexionar, argumentar con orden, así como dar solidez a un sistema lógico que está en la base del proceder matemático. Para ello, hubiera sido necesario zafar nuestro entendimiento de los procedimientos escolares acostumbrados y, no sin fallas, intentar caminar por otras sendas. No fue autorizado: predominó remedar, ¿remendar?, la senda trillada.

Del mismo modo que renunciamos a pensar de otra manera frente a un acontecimiento inédito, corremos el riesgo de hacer lo mismo sin atrevernos a sacar un saldo reflexivo de lo vivido en estos largos meses.

Otras maneras de volver a las escuelas no son parte de la discusión. Las pantallas que son ventanas para comunicarnos, al mismo tiempo están siendo espejos donde se refleja nuestra forma de enfrentar el vínculo pedagógico. Y lo que vimos, en general, fueron hábitos y formas cristalizadas de lanzar mensajes, los que saben, para que los cacharan los ignorantes.

Decía Machado: “Se miente más de la cuenta/ por falta de fantasía: / también la verdad se inventa”. El control aplastó a la libertad: la huella mental, tan cómoda y conocida, impide trazar otras salidas. ¿No hay de otra?

Fuente: educacionfutura

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México: La convocatoria de la Junta de Gobierno

Pluma Invitada

La convocatoria de la Junta de Gobierno

Miguel Casillas

A principios de julio de este año, irá saliendo publicada la convocatoria de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana para elegir rector para el periodo 2021-2024. Por Ley, la Junta tiene las atribuciones para definir las características del proceso. Normalmente hay un periodo de registro, luego otro de presentaciones ante la comunidad y luego hay una deliberación interna para designar la futura rectoría de la UV. Los criterios de participación definidos por la Ley Orgánica son muy amplios, diseñados el siglo pasado.

Artículo 37. Para ser Rector se requiere:
I. Ser mexicano por nacimiento;
II. Ser mayor de treinta y menor de sesenta y cinco años de edad, al momento
de su designación;
III. Tener cuando menos cinco años de servicio docente, de investigación o de difusión de la cultura y extensión de los servicios, preferentemente en la Universidad Veracruzana;
IV. Haberse distinguido en su especialidad; y
V. Poseer título de licenciatura y preferentemente haber realizado estudios de posgrado, y publicado obra en el área de su especialidad.

En medio de la pandemia y de las políticas sanitarias para su contención, el proceso para renovar la rectoría de la UV estará atravesado además por el periodo vacacional de tres semanas en julio, limitando gravemente las posibilidades de participación de la comunidad.

Más allá de todas las posiciones críticas que sostenemos sobre la insuficiencia y las limitaciones de las juntas de gobierno en las universidades, es necesario asumir que en medio del proceso sucesorio es imposible cambiar las reglas del juego institucional y por tanto debemos ajustarnos a ellas. Sí se pueden cambiar las reglas, pero para ello debemos transformar la Ley Orgánica y mientras eso no suceda la sucesión rectoral en la UV se decidirá en un entorno de normas y procedimientos establecidos por la Junta en su convocatoria. En efecto, la Junta tiene la facultad de diseñar el proceso en cada ocasión.

Después del desastre que fueron los últimos dos procesos en donde privaron los intereses políticos sobre los académicos y donde la Junta fue cómplice de un atropello tras otro, a partir de la autocrítica es posible reconsiderar algunas cuestiones. Por ejemplo, es inadmisible que la Junta vuelva otra vez la espalda a los universitarios y sus notables integrantes supongan que son más sabios que la comunidad de estudiantes, trabajadores y profesores de la Universidad: los integrantes de la Junta se deben a la comunidad y fueron nombrados por el Consejo Universitario bajo un acto de confianza en donde se les encarga una tarea específica, para que la asuman con autonomía de las presiones sociales, económicas o políticas privilegiando el bien de la institución y de su comunidad. En el mismo sentido, es inadmisible que prime la manipulación, o el interés de uno o varios de sus integrantes para el beneficio privado o de grupo, por sobre el sentido colegiado de la decisión. Es inadmisible también que hasta ahora haya predominado la opacidad y la secrecía en los procesos, cuando deberían de ventilarse de modo transparente ante la comunidad. En el contexto actual no sería equívoco que la Junta tratara de recuperar la legitimidad perdida entre la comunidad, por ejemplo, todas las sesiones de la Junta deberían de ser transmitidas en vivo por TV UV y por las redes sociales de la Universidad, sus decisiones y acuerdos deberían ser difundidos ampliamente, y no debería ser descabellado que alguna vez recurriera a la consulta a la comunidad que dice representar.

Además de los criterios establecidos por la Ley Orgánica, la Junta debe establecer exigencias de participación que garanticen que la persona que sea designada para la Rectoría tenga un profundo conocimiento de la Universidad, de sus problemas y retos, de su comunidad y de sus aspiraciones por una educación de excelencia. La Junta debe decidir entre los mejores aspirantes y no puede convertirse en un órgano político que favorezca a un grupo de interés.

El primer criterio es el predominio de los criterios académicos y la valoración meritocrática de los referentes académicos principales: la antigüedad y el reconocimiento en la docencia; la experiencia y la valoración en la producción del conocimiento; la originalidad y la trascendencia en la creación artística. Para esto hay indicadores precisos como la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores o al Sistema Nacional de Creadores, los premios y reconocimientos académicos, la pertenencia a asociaciones científicas, la experiencia dirigiendo tesis de todos los niveles, la participación en proyectos culturales y científicos. Es indispensable que el próximo rector sea un líder académico.

Otro referente ineludible es el compromiso con la UV y su comunidad que derivan de su conocimiento, de su involucramiento en su desarrollo reciente, en su contribución efectiva al fortalecimiento de sus funciones, de su dimensión organizacional, de su gobernanza y de su vinculación. Es indispensable que el próximo rector conozca a la Universidad en sus regiones y en sus áreas, que valore la diversidad y se comprometa con la descentralización y el fortalecimiento de la UV en sus regiones.

Es necesario que la Junta garantice un proceso mediante el cual sea designado un rector que conozca a la comunidad y se identifique con sus causas y necesidades, que sea empático con los trabajadores y estudiantes, que comprenda, valore y se comprometa a resolver sus problemas.

La Junta tiene que privilegiar la honestidad y la austeridad y cerrar el paso a quienes lo que pretenden es utilizar a la UV como un patrimonio privado o de grupo, al servicio de unos cuantos y para su beneficio personal.

La Universidad requiere de un nuevo liderazgo capaz de conducir a la Universidad por el rumbo de la excelencia y un nuevo paradigma orientado al fortalecimiento de su proyecto académico.

Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/la-convocatoria-de-la-junta-de-gobierno/

 

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México: En dos décadas, autoridades educativas acumulan al menos 5 mil casos de violencia sexual en escuelas

Noticias

Por: Nurit Martínez

De acuerdo con información oficial, hemerográfica y de organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de los presuntos victimarios son personal educativo. Hasta el momento, autoridades no cuentan con un registro real del problema, sanciones, seguimiento o atención a víctimas

En las últimas dos décadas, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los estados acumularon al menos 5,110 casos con denuncias de abuso sexual en planteles de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas del país, de acuerdo con información recabada a partir de solicitudes de información, recomendaciones de la CNDH, registros hemerográficos y consulta con especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Entre los casos denunciados se encuentran acusaciones de pederastia y pornografía, y en la mayoría los presuntos victimarios son maestros, personal auxiliar y conserjes.

Sin embargo, ni las autoridades educativas ni institución alguna del país tiene un registro de las agresiones que ocurren al interior de las escuelas hacia los menores de edad, mucho menos de los agresores y los procedimientos legales que se siguieron en su contra, en el caso de que se hayan iniciado.

El único dato proporcionado al respecto por la SEP responde a la última década y a una sola entidad: apenas 19 maestros, directivos, administrativos y conserjes fueron cesados por acusaciones de “connotación sexual” en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México, sin especificar qué significa eso.

Pero el problema crece. En un informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A. C. (ODI), Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas, elaborado a partir de 18 casos que ha litigado, la organización identificó patrones de abuso sexual en las escuelas con testimonios de víctimas que tienen entre 3 y 7 años y que acreditan abusos cometidos en planteles de la Ciudad de México, Baja California, Estado de México, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca.

Ante el incremento de las denuncias de violencia sexual en los centros escolares y por la intervención de la CNDH, la SEP elaboró protocolos para la prevención de la violencia sexual escolar que en principio debieron entrar en operación a partir del ciclo escolar 2020-2021, los cuales fueron pospuestos a raíz de la pandemia de COVID 19. El antecedente a estos protocolos es la Unidad para la Atención al Maltrato y Abuso Infantil (UAMASI) creada en 2003, la cual funcionó hasta 2012.

En 2017, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubicó a México en el primer lugar mundial en violencia sexual contra menores de 14 años de edad, con 4.5 millones de víctimas solo en ese año. De ese número, apenas 2 por ciento de los casos se denuncian, de acuerdo con la organización.

La danza de las cifras y el incremento de la violencia sexual contra menores

De acuerdo con la respuesta oficial a la solicitud de información 0001100535818, el crecimiento de denuncias ante distintas dependencias previo a la llegada de la pandemia a nuestro país era constante.

De 2012 a 2016, la SEP documentó 376 casos de denuncias “de índole sexual” en el entorno escolar, pero para 2018 la cifra alcanzaba 637 denuncias de abuso sexual. De 2000 a 2014, la CNDH reportó mil 997 denuncias entre el año 2000 a 2014. En ese mismo periodo las autoridades educativas estatales contabilizaron mil 365 casos y las comisiones de derechos humanos de las entidades, 657 casos.

Incluso la SEP tiene registros diferenciados en diferentes administraciones. En respuesta a otra solicitud de información reportó que entre 2012 y 2019 se presentaron 178 casos de abuso sexual y ubicó a 2017 como el año de mayor número de denuncias al sumar 32 casos. La dependencia no reporta el número de víctimas, pero sí que los victimarios son en su mayoría maestros, personal auxiliar y conserjes.

En el estudio Violencia en las escuelas del Distrito Federal: la experiencia de la Unidad para la Atención al Matrato y Abuso Infantil, 2001-2007, elaborado por Adriana Corona Vargas, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y primera directora de la UAMASI, se documenta que la SEP recibió tan sólo en la Ciudad de México 472 denuncias de abuso y acoso sexual. Pero para el periodo de 2012 a 2019 éstas se redujeron drásticamente: apenas 178 denuncias en escuelas de todo el país, sin que haya información oficial pública que revele a qué se debió el hecho. En respuesta a la solicitud de información 0001100587419, del 4 de diciembre de 2019, la SEP sólo entregó un cuadro numérico. Entre el año 2008 a 2012 no hay documentación de los casos registrados.

Una revisión hemerográfica entre 2019 y 2020 se pudieron recabar 83 casos adicionales, ocurridos en escuelas en la Ciudad de México y en algunas entidades como Veracruz, Oaxaca, Morelos y el estado de México.

El año clave para un primer intento de atender el problema fue 2014, cuando el incremento de los casos ameritó un recomendación de la CNDH, la número 21. La Comisión registró 190 casos, en los que identificó 210 víctimas y 233 agresores, de los cuales 126 fueron personal escolar y el resto, otros estudiantes.

Publicada el 20 de octubre de 2014, la recomendación tuvo como propósito promover cambios y modificaciones de disposiciones legales o administrativas de actos de violaciones a los derechos humanos. Entre otras demandas para atender el problema la CNDH propuso generar políticas públicas integrales y lineamientos de prevención, investigación, sanción y atención de casos de violencia sexual en centros escolares, así como protocolos de actuación.

En la recomendación, la Comisión enfatizó como “imprescindible que la Secretaría de Educación Pública señale los parámetros esenciales para una política de prevención de la violencia sexual escolar”. Estos quedaron establecidos en los protocolos elaborados entre el año 2018 y 2019 y estaban dispuestos para entrar en operación a partir del actual ciclo escolar.

El esfuerzo de la UAMASI

Creada en 2003 ante lo grave que ya en esas fechas se planteaba el abuso sexual infantil, el objetivo fue crear una instancia para atender casos de maltrato, acoso y abuso cometidos por el personal escolar en contra de los alumnos, de acuerdo con Corona Vargas.

Al principio se integró como un grupo de ocho especialistas psicólogos al que se le denominó Grupo Estoy Contigo, que en el año 2003 cambió su nombre a UAMASI, bajo responsabilidad de la subsecretaría de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

En 2005 la subsecretaría se transformó en Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, pero no fue sino hasta 2007 que la UAMASI fue reconocida como dirección en el organigrama de la SEP, como parte de la Coordinación de Asuntos Jurídicos.

Para el año 2010 contaba con diez especialistas que se “encargan de acudir a los planteles escolares del DF a realizar las investigaciones correspondientes”. Ellos habían sido maestros de escuela y fueron comisionados para hacer esa labor y varios de ellos tenían licenciatura o maestría.

Al final en su labor carecían de facultades “para sugerir o imponer sanciones al personal escolar, su labor se limita a describir los hechos ocurridos, aunque eventualmente los reportes de intervención pueden ser usados por las autoridades educativas para respaldar la aplicación de sanciones”.

La unidad estaba obligada a “actuar bajo la anuencia de las autoridades del plantel escolar, lo anterior significa que el director o sus superiores pueden negarse a cooperar con el especialista para que éste realice labores de investigación, como la visita a la escuela o las entrevistas a los alumnos o al personal involucrado”.

En los siguientes años, según testimonios de los trabajadores de esa área, las tareas de Unidad fueron absorbidas por el área jurídica de la Administración y algunos de los psicólogos se jubilaron, otros fueron regresados a las escuelas a dar clases y sólo un par de ellos sigue en el área.

https://www.animalpolitico.com/2021/06/violencia-sexual-escuelas-casos-autoridades/

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