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Promesas de campaña y obligaciones legales sin cumplir


La reapertura de las escuelas y el regreso a las clases presenciales es la prioridad. Lo demás se dejará en segundo término…

Es preocupante el estado que guardan las cosas en la política educativa mexicana durante al transcurso del actual sexenio. En ciertos casos el avance es muy lento y previsible que a ese paso las metas difícilmente se alcanzarán. En otros, el propósito se desvió. Y, en algunos más, ni lo uno ni lo otro. Los déficits saltan a la vista si tomáramos como referencia los compromisos del entonces candidato presidencial. Refiero sólo uno de ellos para ilustrar la idea: “Vamos a elaborar conjuntamente con los maestros, con los padres de familia, con pedagogos especialistas, un plan que mejore, de verdad, la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio”.

Las cuestiones por resolver son mas evidentes si partiéramos de la reforma educativa del dos mil diecinueve. Sobran ejemplos: La excelencia educativa dista mucho por alcanzarse dado el inconmensurable rezago educativo; La Nueva Escuela Mexicana, concepto de la visión educativa por llamarle de algún modo, carece de fundamento pedagógico; el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación del Magisterio sigue sin constituirse, entre otros.

Mención aparte merece el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SCMM). Hubo un esbozo de implementación durante los primeros meses de la epidemia con la puesta en marcha del proceso de admisión. Al final de cuentas sólo fue de manera parcial quedando sin atenderse a quienes egresaron de instituciones que no son formadoras de docentes. Por otra parte, la promoción vertical se echó a andar con criterios excepcionales al margen de la ley ante la imposibilidad de realizar los procesos de selección de manera presencial. Asimismo, la promoción horizontal se pospuso por falta de presupuesto. El reconocimiento se llevó a cabo a medias con la convocatoria a la función tutora. Hay poca información sobre el otorgamiento de las becas-comisión para juzgar sus avances. La asesoría técnico pedagógica y la asesoría técnica a la escuela, componentes del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas, tampoco se pusieron en marcha. Para el año dos mil veintiuno, el panorama es todavía mas incierto dadas las fallas de la plataforma tecnológica así como la insensibilidad, la falta de empatía y asertividad en la atención a los maestros. Sobra decir que el proceso de revalorización del magisterio se sustenta en buena medida en el SCMM, en lo general, y específicamente el proceso de reconocimiento.

La normativa inherente a la planeación, organización, y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas, directivas, administrativas de cada plantel conocida como Guía Operativa para el funcionamiento de los servicios de educación básica y media superior tampoco ha sido emitida.

Se pudiera decir en descargo que la pandemia tuvo algo que ver en este rosario de asignaturas pendientes. Se convertirá en la villana preferida de los funcionarios del gobierno en turno. La reapertura de las escuelas y el regreso a las clases presenciales es la prioridad. Lo demás se dejará en segundo término. Las promesas y las obligaciones legales quedarán relegadas.

Carpe diem quam minimun credula postero

Fuente: profelandia.

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México: “No seamos indiferentes ante la barbarie”: maestra de José González Moreno

Por: Erika Lozano

Los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno fueron desaparecidos y asesinados en Guadalajara este fin de semana. Su caso movilizó a miles de personas quienes exigen justicia. «Tenemos palabras para denunciar y capacidad para no olvidar, no podemos ser indiferentes ante la injusticia y la barbarie», señaló Cecilia Valencia, maestra de José.

José era estudiante de la licenciatura en Geografía en la Universidad de Guadalajara asistente de investigación, su maestra, Cecilia Valencia, con quien trabajó, narra que era el joven se esforzaba para llevar a cabo sus metas, trabajaba para poder estudiar y vivía al día. Era el novio de su hija, ambos compartían el interés por la música, José tocaba el chelo.

Valencia explica que el gobierno jalisciense y los grupos delincuenciales utilizan el mismo discurso y que consideran a las vidas humanas como un medio para lograr un fin. «Los grupos delincuenciales utilizan a los jóvenes para someterlos a los jóvenes para utilizarlos, son vistos como medios para satisfacer necesidades e intereses de los grupos, y la respuesta de la autoridad es «no nos van a intimidar», quiere decir que están en el mismo nivel semántico».

La investigadora señala que las autoridades no consideran la importancia de hacer justicia ante las víctimas, sino que los ven como elementos políticos y ponen en primer lugar a la política, en segundo a las víctimas y en tercero a la justicia. «No llevan a cabo acciones concretas para dar solución», condena.

Este martes miles de personas marcharon en la ciudad de Guadalajara, Valencia explica que fue una estrategia para visibilizar la injusticia, la barbarie y la violencia en la que todos los ciudadanos vivimos en este país y hace una invitación a no ser indiferentes ante la violencia, la desaparición, el feminicidio y el crimen que nos asolan.

La desaparición de los hermanos González Moreno se da en un «contexto de desaparición generalizado en el estado», explica Anna Chimiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), pues ocupa el primer lugar a nivel nacional y actualmente se contabilizan más de 12 mil personas desaparecidas en la entidad, sin tomar en cuenta el subregistro de personas que deciden no denunciar, pues, debido al contexto de criminalidad, la gente teme represalias.

En los últimos años ha habido un incremento de casos de desaparición en el estado, lo que se relaciona con el incremento de homicidios, así como con el número de fosas clandestinas encontradas, señala Chimiak, además, en 2021 hubo un incremento en casos de desapariciones masivas. Considera que los casos de desaparición en la entidad no son hechos aislados, pues demuestran las estructuras de macrocriminalidad en el estado y la colusión de las autoridades con la delincuencia organizada.

«Una característica de la narrativa del gobierno del estado ha sido relacionar la gravedad de las desapariciones con el crimen organizado, sin reconocer la responsabilidad del mismo Estado», explica la defensora. También, dice, la criminalización de las víctimas ha sido una constante del actual gobierno.

La defensora condena que la problemática de la desaparición sea capitalizada por distintos actores en la entidad y utilizada en el marco de las campañas electorales.

Ante el caso de los hermanos González Moreno, y de las más de 12 mil personas desaparecidas en Jalisco, las organizaciones civiles esperan acciones eficaces por parte de las autoridades. «Esperamos que se reconozca la gravedad del contexto, se priorice una solución y se generen medidas para prevenir la desaparición», dice Chimiak y recalca la urgencia de implementar la ley de desaparición, recientemente aprobada en el estado.

Fuente e imagen: desinformemonos

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La carrera por el regreso a clases presenciales y la ausencia de la Secretaria.

Por: Abelardo Carro Nava


En los últimos días, a través de distintos medios de comunicación hemos visto, leído y escuchado, que varias entidades de las República Mexicana han anunciado la reapertura de los planteles escolares pues, a decir de las autoridades educativas y sanitarias, la inoculación del magisterio va viento en popa, como si éste fuera el único indicador que permitiera abrir las escuelas que conforman el amplio Sistema Educativo Nacional (SEN) de manera segura para todos los actores involucrados.

En Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas, los trabajadores de la educación ya han pasado por este proceso; en esta semana (del 28 al 4 de mayo) se espera que vacunen al magisterio de Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes; del 5 al 11 de mayo, se tiene contemplado inmunizar a los trabajadores de Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero; del 12 al 18 de mayo, al personal que labora en Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala; y del 19 al 28 de mayo, los de Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur y Chihuahua.

Como es obvio, Campeche no aparece en esta relación porque, como bien sabemos, en esta entidad ya fueron inoculados cientos de trabajadores y, el 19 de abril, retornaron a las aulas 5000 alumnos y 200 maestros en 137 escuelas primarias en localidades de baja densidad poblacional, suceso que, indiscutiblemente, fue noticia a nivel nacional puesto que fueron los primeros que retornaron a las escuelas después de un año en que éstas permanecieron cerradas. Sí, las fotos circularon a raudales; sí, los medios de comunicación dieron amplia cobertura a tal hecho; sí, las autoridades educativas y sanitarias celebraron este regreso.

No obstante, lo anterior, conforme los días pasaron se fueron dando otra serie de incidencias que, curiosamente, muy pocos medios difundieron o reportaron, por ejemplo: a) el que no todos los padres de familia que conformaron los comités tuvieron la disponibilidad para apoyar en los filtros de ingreso a las escuelas dado que éstos tienen que permanecer todo el día en la institución educativa y, por tal motivo, dejan de atender otras ocupaciones propias de su quehacer cotidiano; b) el que los padres de familia optaron por no mandar a sus hijos a los centros educativos puesto que, al tener tres o cuatro inscritos en distintos grados, les ocupa demasiado tiempo el llevar a uno e ir por él, regresar con otro y recogerlo más tarde, trasladar a otro y luego regresar por él, debido a los horarios en los que los pequeños tendrían que presentarse dada la organización establecida para su asistencia (4 alumnos por aula); c) el estrés que causa, a los niños y niñas, el uso de caretas y cubrebocas por las altas temperaturas que prevalecen en la zona y por lo que en algún momento desean quitárselos; d) el que no haya luz eléctrica en todas las instituciones; e) el que se carezca de agua; f) el que las autoridades educativas hayan suministrado insumos para limpieza y desinfección, pero de manera limitada, a través de kits de limpieza consistentes en 4 litros de cloro, tres de ácido muriático, dos de jabón líquido, entre otros, material que les fue notificado al personal directivo, tendrían que durar hasta finales de junio.

¿Qué ha pasado en los otros estados en los que el magisterio ya ha sido vacunado?

Chiapas tiene contemplado para la segunda quincena del mes de mayo el regreso a clases presenciales de manera escalonada, mediante un programa piloto que considera un sistema híbrido, es decir, que las clases serán presenciales y a distancia (AquíNoticias, 2021).

Tamaulipas, con un plan piloto que incluye a 50 escuelas del medio rural, podrían iniciar clases presenciales, pero las autoridades educativas no han dado a conocer una fecha exacta hasta que no se observe el desarrollo de las actividades escolares y sanitarias en esas instituciones educativas piloto (García, 2021).

En Veracruz, hace unos días, el gobierno del estado dio a conocer, que si el semáforo epidemiológico continua en verde, podría ser posible el regreso a clases en el mes de mayo, de manera escalonada, sin embargo, el mismo gobernador reconoció en conferencia de prensa, que no han definido como se dará dicho regreso a las aulas (Heraldo de México, 2021).

En Coahuila se ha informado, que en próximos días se definiría cuáles serían las escuelas, qué grados y cuántas por región se contemplarían en un programa piloto de retorno físico a las aulas de las instituciones educativas, mismas que podrían ser 39, pero hasta el momento no se han confirmado puesto que aún se encuentran en diálogos con las representaciones sindicales de los trabajadores de la educación y revisando la infraestructura educativa de los planteles (Sánchez, 2021).

Y, finalmente, en Nayarit, recientemente el Secretario de Salud de esa entidad, declaró que aún no tienen una fecha para el regreso a clases, argumentando que la Organización Mundial de la Salud recomienda contar con un equipo de dióxido de carbono que permita detectar que no se rebase el nivel de partículas por millón de personas, con la idea de que no se exponga a la población a una posible saturación pues, al existir mayor cantidad de éstas, se corre el riego de incrementar los contagios, por tanto, no se vislumbra un regreso a las aulas de manera inmediata (Studio 21, 2021).

Eventos que, si usted gusta, forman parte de todo un proceso que evidencia la complejidad de un tema que, aunque desde la cúpula secretarial y presidencial parecieran verse simples, la verdad de las cosas es que no lo son; y si a esto le sumamos la creciente preocupación en cuanto a los resultados de los estudios que indican que los niños y jóvenes también se contagian manifestándose a través del Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, un efecto del COVID-19 (Roldán, 2021), así como también, a la efectividad de la vacuna Cansino que ha sido aplicada al magisterio que indica que aun cuando se haya inmunizado al personal es posible que se contagie, la situación se agrava un poco más.

En sentido estricto, la carrera para el regreso a clases presenciales que ciertas autoridades educativas y sanitarias han buscado emprender, desde su inicio, tiene serias desventajas, por un lado, tenemos a un virus (con sus respectivas mutaciones) y, por el otro, un SEN que, desde hace mucho tiempo, ha evidenciado no contar con la infraestructura educativa ni con los recursos para atender una situación como la que estamos viviendo. Un gel antibacterial, un tapete sanitizante, un par de litros de cloro, entre otros insumos, aunque disminuyen el riesgo de contagio en una escuela, no debe olvidarse que los aerosoles son la principal vía por la cual se puede contagiar el COVID-19.

Ahora bien, en esta carrera, alguien ha estado ausente; me refiero a la Secretaria de Educación, Delfina Gómez porque, si bien es cierto que se le ha visto en algunas entidades verificando el proceso de organización para la vacunación del magisterio, se le ha olvidado que su función va más allá de lo que este proceso implica. De hecho, el pasado 22 de abril, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tenía contemplado reunirse con los Gobernadores que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), pero no lo hizo, argumentando que tenía problemas con el internet; el tema a tratar estaba relacionado con el regreso a clases pero, desafortunadamente, no se efectuó dicha reunión, y bueno, si a esto le sumamos que hasta la fecha no ha presentado un plan estratégico para la recuperación de los aprendizajes de los estudiantes, ni se han dado datos oficiales sobre el abandono escolar derivado de la pandemia, ni ha presentado un esquema completo de capacitación al magisterio relacionado con el posible regreso a clases presenciales, así como el posible inicio del ciclo escolar 2021-2022 que está más cerca que nunca, la verdad de las cosas es que ésta es una carrera perdida.

En suma: los estados vienen tomando sus decisiones con relación a este tema; la federación hace lo propio anhelando cumplir con este reto sin estar preparada para ello; los profesores, padres de familia y los alumnos, observan cómo se desarrolla este proceso sin que predomine la razón y triunfe el momento electorero que estamos viviendo.

El trabajo a distancia continua; el abandono escolar sigue; los aprendizajes formales, informales y no formales ahí están; pero, en la SEP, la silla sigue vacía.

Con negritas:

Agradezco el valioso tiempo que me brindaron diversos maestros y maestras que consulté vía telefónica, ya sea a través de una llamada o por mensaje vía WhatsApp, para que pudiera cruzar la información de las entidades que comparto en este artículo. Muchas gracias por su tiempo, disposición y colaboración.

Referencias:

Fuente:  educacionfutura

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PISA: el mal enfocado escándalo educativo.

Por: Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Después de información que apuntaba hacia la ausencia de México en la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, por sus siglas en inglés), el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, a través de su cuenta de Twitter, expresó que nuestro país continuaría aplicando el examen. Entre las casi quinientas respuestas al mensaje, la mayoría reclamos y algunos insultos, se encontraba la de un profesor, señalando: “en las dos primarias en las que trabajo no tenemos biblioteca ni sala de cómputo”. El sencillo mensaje, muy diferente al resto, hace reflexionar sobre la cercanía del debate educativo en torno a lo que sucede cotidianamente en las escuelas. ¿Por qué un episodio como éste genera tanto escándalo mientras otros, igual o más graves, pasan inadvertidos?

No es negar la importancia de la evaluación a gran escala, ni promover ir a ciegas. No es pedirle a la prueba PISA que sea perfecta, ni minimizar la importancia de los resultados que proporciona. Ni siquiera discutir si la confirmación, por parte del vocero de la presidencia, de la participación de México en PISA es una reacción a conveniencia derivada del abundante repudio. Pero pareciera que la indignación en el tema educativo a veces está mal enfocada.

Que cada quien se indigne por lo que quiera, no es ni necesario pedirlo. Pero es extraño que no haya causado en la opinión pública ni entre los académicos tanta irritación, como la suscitada en este episodio, que una niña de San Luis Potosí haya tenido que llegar hasta el poder judicial para obligar a las autoridades de su entidad a que le proporcionaran una escuela con baños decentes. Tampoco que las condiciones laborales de los profesores de inglés en Educación Básica sean cada vez más precarias, ni que tengan que hacer malabares para lograr un poco de atención pública hacia su situación. No se habló en tantos programas de televisión o de radio, con semejante fuerza, sobre el recorte presupuestal a las Normales. Ya no es noticia que se sigan inaugurando escuelas sin techos dignos o servicios básicos, pero si lo fue la posibilidad de que México no participara en la prueba internacional. Pareciera pues a veces difícil seguir la lógica del escándalo educativo.

Desde luego que no se busca desestimar la importancia de evaluaciones a gran escala, como lo es PISA. La información que ofrece permite tener un panorama sobre algunas habilidades básicas de los estudiantes mexicanos, específicamente del área de la comunicación, el razonamiento matemático y el pensamiento científico. No obstante, deben tenerse en cuenta múltiples inconvenientes de esta prueba, tal como su orientación hacia lo laboral, ignorando otras esferas del aprendizaje, así como su descontextualización al estar diseñada sobre todo para contextos urbanos y de países desarrollados.

Tienen razón los que insisten en que “lo que no se puede medir, no se puede mejorar”, pero también quienes se preguntan por qué después de tanto medir no termina por llegar la mejoría. De la misma manera quienes piden “no ir a ciegas”, pero igualmente quienes se desconciertan ante constantes tropiezos después de tanta luz que nos dan este tipo de evaluaciones, en las que se ha vuelto casi una tradición escandalizarnos cada tres años porque los estudiantes mexicanos, situados en las últimas posiciones de la tabla de resultados desde hace dos décadas, casi no entienden de ciencia y con dificultades pueden comprender lo que leen.

Parecería lógico pensar que la mejoría no radica totalmente en la prueba misma: es el diagnóstico y no el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, no debe perderse de vista que una de las formas de validez de las pruebas de este tipo tiene que ver con sus consecuencias (Martínez-Rizo, 2016). No se deben soslayar los efectos adversos que este examen ha tenido, ya sea por su naturaleza o por el manejo que se le ha dado. Al respecto, Martínez-Rizo (2016) advierte las consecuencias que la atención excesiva hacia esta prueba ha traído: banalización del debate público (centrado en los rankings y no en el fondo de los resultados), empobrecimiento del currículo (enfatizar la enseñanza hacia lo que cabe en una prueba), cansancio y desaliento en escuelas y empobrecimiento de las políticas públicas (buscar soluciones fáciles para grandes problemas).

No es que no se deba exigir entonces que México fortalezca sus prácticas evaluativas y cuente con información confiable sobre la situación educativa, pero el debate debería de ir más allá de PISA: si se saben sus limitaciones, tendrían que reforzarse otras prácticas evaluativas a niveles regional o nacional, tal como la agónica prueba Planea, mucho más cercana al currículo nacional y que ofrecía una mejor retroalimentación a los centros escolares. Desde luego, la evaluación más efectiva, la del aula, tiene que ser centro de atención de las políticas educativas. No es deseable el abandono de un ejercicio de evaluación como PISA, pero el debate en torno al mismo debería ser mucho más profundo que el escándalo que cada tres años provoca ese ranking cuya cima ya nos acostumbramos a verla desde muy lejos.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor colimense. Director de educación primaria (Esc. Prim. Adolfo López Mateos T.M.) y docente de educación superior (Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima). Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Pedagogía. 

Twitter: @proferoger85

REFERENCIAS

Martínez-Rizo, Felipe (2016). Impacto de las pruebas en gran escala en contextos de débil tradición técnica: Experiencia de México y el Grupo Iberoamericano de PISA. RELIEVE, 22 (1), art. M0. DOI: http://dx.doi.org/10.7203/relieve.22.1.8244

Fuente e imagen: http://proferogelio.blogspot.com

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Lo que aprendimos con la pandemia

Por: Juan Carlos Yáñez Velazco

Soy profesor en la Universidad de Colima. Lo saben buenos amigos que me conocen o siguen desde hace tiempo. Ahora imparto un curso en la licenciatura en Pedagogía a estudiantes del sexto semestre, grupo C; mujeres, la gran mayoría. Hace algunas semanas les propuse escribir un artículo colectivo, experiencia que ya viví con resultados fantásticos.

En cada párrafo aparecen los nombres de sus autores, a quienes agradezco la generosa respuesta a la pregunta que titula este artículo, con una mezcla de apuntes pedagógicos, valoraciones personales y hasta dolorosas confesiones.

Por distintas razones, como esta muestra, sigo creyendo que las autoridades educativas tienen que abrir ojos y oidos para escuchar y observar a los más importantes protagonistas de las escuelas. No es un favor, es un derecho y una obligación.

González Rocha Victoria Sinahí

Con la pandemia aprendimos a valorar más nuestra vida, a invertir nuestro tiempo en actividades que nos apasionan y hacen felices, aprendimos a disfrutar cada segundo con nuestros seres queridos, a disfrutar risas y anécdotas de los abuelos, a extrañar y valorar a nuestros verdaderos amigos. Aprendimos a invertir tiempo cuidando nuestra salud física y mental, pero sobre todo aprendimos a valorar lo que tenemos y lo afortunados que somos al seguir disfrutando de la vida.

Manzo Montelongo Daniela

Con la pandemia aprendimos que es importante limpiar cada rincón de manera minuciosa, puesto que de pronto podemos encontrarnos con una formación de basura construida a través de los descuidos de cada día, semana o mes. Es ésta misma formación la que afecta a las escuelas, puesto que con la pandemia se han mostrado todos los problemas que se encontraban ocultos debajo de los pupitres, los escritorios, las situaciones socioeconómicas particulares, la planeación y el currículo de cada escuela, dejando entre ver un problema: no se trata sólo de limpieza superficial, sino del enfoque y prioridades escolares.

Martínez de la Mora Nallely Marisol

Con la pandemia aprendimos a ser aún más autónomos con nuestro proceso de aprendizaje, debido a que nuestros profesores y compañeros están al otro lado de la pantalla, y resolver dudas o dar explicaciones se ha vuelto un poco complicado, así que se ha tomado como tarea primordial de los estudiantes dar más de lo que aportábamos de manera presencial. Concuerdo con mis compañeras: aprendimos a realizar nuevas actividades, la mayoría de ellas de carácter formativo.

Rentería Macías Karina

Con la pandemia aprendimos a valorar la función tan importante que tiene un docente; darnos cuenta que para estar frente a un grupo son horas de planeaciones y no siempre se puede realizar lo planeado debido a ciertas situaciones que se presentan. Aprendimos a reconocer que los docentes nos brindan los conocimientos para crear los pilares de nuestra formación académica y también lecciones de vida. Aprendimos la importancia que tiene estar unidos en un aula de clases e interactuar con nuestros compañeros y docentes.

Solorio Herrera Fernanda Jacqueline

Con la pandemia aprendimos a mirar desde otra perspectiva distintos ámbitos de nuestra vida (la educación, la familia, el trabajo, etc.) y a llevarlos de manera diferente, con ello también aprendimos a valorar a la familia, el trabajo, los amigos, la educación y la salud. Nos enfrentamos a momentos difíciles y nuevas realidades que nos ayudaron enormemente a crecer como personas, a ser autodidactas, valorar todo a nuestro alrededor; encontrando nuevos aprendizajes aún en la dificultad.

López Arzate Edith Iaznaia

Con la pandemia aprendimos a seguir reglas, a tomar mejores medidas de higiene, a ser disciplinados. La pandemia, a pesar de su impacto negativo, nos enseñó a disfrutar los amaneceres y esperar con ansias los atardeceres. Aprendimos a apreciar nuestra soledad, al igual que a disfrutar la compañía. Con la pandemia aprendimos que nunca es tarde para acercarnos a los que queremos, a solidificar sentimientos, a comprender las ideas de otros. Gracias a la pandemia, aprendimos a mejorar personal y espiritualmente, a comprender nuestro valor y finalmente, a amarnos a nosotros mismos.

Amezcua Romero Jatziry Magaly

Con la pandemia aprendimos a ser conscientes de que todo puede cambiar, que un día podemos estar tranquilos en nuestro salón de clases, pero al siguientes nos encontramos encerrados en nuestros hogares, que un día podemos estar abrazando a alguien muy importante de nuestra vida, pero al siguiente sólo será un recuerdo. Aprendimos a valorar nuestras vidas y lo que tenemos, a mirar más detalladamente lo que se encuentra alrededor, a tomar decisiones por nuestro bien, pero sin afectar a los que nos rodean. Aprendimos a encontrarnos a nosotros mismos, pero sin desviarnos de la realidad.

Brizuela Padilla Jesús Omar

La pandemia nos ha permitido flexibilizar el proceso de enseñanza aprendizaje, desde otro espacio y con mediación tecnología nos obliga a aprender, pero nos da la oportunidad de crear nuevas alternativas y de innovar la forma en que decidimos llevar nuestro ritmo de vida.

Bernardino Cervantes Paulina Guadalupe

En lo personal yo puedo describir a la pandemia como “la situación que me ha quitado todo y me ha enseñado mucho”. Creo que la pandemia me robó mucho, pues yo perdí a mi padre, que ha sido el mayor tesoro que la vida me había dado; perdí la oportunidad de seguir con mis estudios de manera presencial, de realizar mis prácticas en las diferente áreas que pedagogía nos brinda, pero la pandemia me enseñó a valorar a las personas que tengo a mi alrededor, a las clases que los docentes nos proporcionan con mucho amor, al aprendizaje y los momentos felices que nosotros como compañeros podemos compartir, los aprendizajes que adquirimos dentro del aula, por medio de exposiciones, anécdotas e, incluso, por simples charlas que solemos tener antes o después de clase.

Ahora puedo valorar más el esfuerzo de los profesores al planear las clases. La pandemia me ha enseñado a valorar los distintos escenarios de aprendizaje, pues antes disfrutábamos de las clases en el salón, en el patio, en laboratorio, bibliotecas y en estos tiempos todo es en Internet, donde no se disfrutan las clases como antes, donde no nos vemos físicamente, donde, en algunas ocasiones, la mala calidad de conexión nos hace perder el ritmo de la clase.

Cortés Araujo Paola Montserrat

Con la pandemia aprendimos a apreciar realmente la vida, a valorar los pequeños momentos de felicidad y unidad familiar. A saber que lo más importante será siempre la salud, porque sin ella no podemos estar bien. Nos enseñó a conocernos a nosotros mismos más a profundidad y la manera de adaptación que tenemos como seres humanos a los cambios que se nos presentan. A saber que no tenemos seguro nada y puede pasar algo que nos haga volver a empezar o hacer las cosas de manera diferente a como las hacíamos. La escuela también dejó de ser como la conocíamos maestros y alumnos. Tuvimos que ajustarnos a la transformación que sufrimos y adaptar los planes y actividades con ayuda de los medios tecnológicos para llegar a todos los hogares.

Martínez Quintero Nayeli Alejandra

Con la pandemia aprendí que la vida nos puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, por lo tanto, deberíamos vivir cada instante como si fuera el último; agradecer lo que somos, lo que tenemos y demostrarnos amor, mucho amor. En lo personal, el aislamiento social me ayudó a empezar a valorar la compañía y las muestras de cariño que compartía con mi familia y amigos. Extrañar y valorar a mi escuela, a mis maestros, a los compañeros de clase e incluso a las personas que me encontraba por la calle cuando me dirigía a la Facultad de Pedagogía y a quienes amablemente saludaba con un «buenos días», acompañados de una sonrisa; una sonrisa que hoy no se puede ver con el uso del cubrebocas. Además, aprendí a conocerme, aceptarme, tener paciencia y, en cierta parte, no hacer planes a futuro, pues comprendí que la vida es muy incierta, no sabemos lo que nos tiene preparado el destino.

De Niz Velazquez Dania

Con la pandemia aprendimos a ser más empáticos, a ayudar al otro sin esperar nada a cambio, pues todos nos encontramos en el mismo barco que va navegando hacia un futuro incierto, donde no sabemos quién estará mañana. Aprendimos a valorar y extrañar cada uno de los momentos que vivimos en el pasado, a apreciar y reconocer el gran valor de un abrazo, un beso, del estar cara a cara con nuestros compañeros, maestros, amigos, familia y expresarles lo que sentimos, que claramente no es lo mismo hacerlo frente a una pantalla donde todo es más frío.

Aprendimos la gran importancia de trabajar en equipo para lograr metas y aportar nuestro pequeño pero gran valioso granito de arena para seguir avanzando. Y uno de tantos aprendizajes que hemos tenido en esta época de confinamiento es el de reinventarnos, de buscar lo mejor de nosotros, de probar cosas nuevas que nunca nos habíamos animado a hacer por miedo y que hoy, gracias a eso, hemos roto con esa barreras que nos han enseñado a aprender de todo y de todos.

Gutiérrez Flores Blanca Alejandra

Con la pandemia aprendí a valorar a mi familia, el esfuerzo que hacen mis padres para poder continuar con mis estudios, que aunque no haya trabajo buscan la manera para que no me falte nada; me demostró en realidad quienes son las verdaderas amistades y que la familia siempre será primero, además de crear hábitos buenos a mi rutina, ser una persona más organizada y solidaria con mis vecinos.

Fuente: educacionfutura.org

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Estados Unidos: The Racial Reckoning Went Global Last Year. Here’s How Activists in 8 Countries Are Fighting for Justice

The Racial Reckoning Went Global Last Year. Here’s How Activists in 8 Countries Are Fighting for Justice

MAY 11, 2021 6:30 AM EDT

The video of Derek Chauvin’s kneeling on George Floyd’s neck traveled from a Minneapolis street to every corner of the worldBlack activists in the U.K. spoke of their visceral reactions to the footage, while Floyd’s dying words, “I can’t breathe,” brought back painful memories in France and Australia of Black and Aboriginal people killed while in police custody. The video transcended borders on social media too, sparking solidarity protests in more than 50 nations, from Germany to Thailand, Argentina to Turkey.

Despite COVID-19 restrictions in many countries, hundreds of thousands of protesters turned out in solidarity and to show that racial injustice was not just an American problem. Many voiced frustrations at specific racist and colonial legacies. Statues of slave traders and imperialists became flash points across Europe, while #PapuanLivesMatter trended, highlighting discrimination against natives of West Papua and stirring calls for independence from Indonesia.

But as suddenly as it came, the global summer of Black Lives Matter (BLM) was building over time. Grassroots activists had been pushing for change for years, building movements for racial justice that inspired not only social awakenings but also concrete legislative change, corporate involvement and, inevitably, reactionary backlash. Here, how eight movements for equity took shape over the past year and where they aim to go next.

Australia

Australia had some of the largest protests outside the U.S. after George Floyd’s murder. Tens of thousands of people took to the streets in cities across the country during June. Alongside Black Lives Matter signs, protesters carried placards with the names of some of the 476 ­Aboriginal and Torres Strait Islander people who, according to the Guardian, have died in police custody since 1991. A disproportionate number of the continent’s Indigenous people reside in its prisons: they accounted for 29% of Australia’s inmates in June 2020, despite being only 3% of the population.

The wave of demonstrations had some impact. New South Wales, the Australian state that’s home to Sydney, launched a parliamentary inquiry into how deaths in custody are investigated, and the state of South Australia made it mandatory for police to notify the state’s Aboriginal Legal Service whenever an Aboriginal person is taken into custody. In late July, the federal government also announced a target of moving 15% of Indigenous adults out of prison by 2031.

But the problem persists. At least seven Aboriginal people have died in custody since the beginning of March, prompting one Australian senator to call the situation a “national crisis.” —Amy Gunia

Demonstrators protest after João Alberto Silveira Freitas was beaten to death by security guards at a Porto Alegre supermarket, Brasilia, Nov. 26, 2020.

Brazil

News of George Floyd’s murder reached a Brazil already deep in crisis over racial justice following the 2018 election of President Jair Bolsonaro. The far-right leader has compared Black people—who make up 56% of the country’s ­population—to cattle, celebrated police brutality in mostly Black favelas and tried to strip Indigenous communities of protections. Meanwhile COVID-19’s onslaught in Brazil, one of the worst-hit countries in the world, has killed Black people and wiped out their jobs at higher rates than for white people.

Black Brazilians’ protests brought unprecedented attention from the mostly white media to systemic racism in Brazil. In late 2020, several major companies introduced Black-only hiring programs. In November’s local elections, Black candidates outnumbered white ones for the first time.

Still, despite those changes, the path forward for antiracism advocates is rocky. In April 2020, local media unearthed a video lesson published by Rio de Janeiro’s state education body that claimed it was “unacceptable” to discuss racism in Brazil, arguing that high rates of interracial relationships made the term irrelevant. The President voiced the same sentiment in November, when protests broke out over the fatal beating of João Alberto Silveira Freitas, a Black father of four, by grocery-­store security guards in the city of Porto Alegre.

In the face of public denial, Black activist networks have become more active than ever, organizing to feed families struggling during the pandemic, overhaul the education system and protect neighborhoods from police violence. —Ciara Nugent

Assa Traoré gives a press conference to commemorate the anniversary of the death of her brother, Adama Traoré, who died in police custody, Persan, France, July 18, 2020.

France

In July 2016, 24-year-old Adama Traoré was out walking, looking forward to celebrating his birthday later in the evening, when police apprehended him. Traoré, who was Malian-French, later died in police custody; his last words were reportedly “I can’t breathe,” the same as George Floyd’s final words. Protests erupted in Paris after Traoré’s death—and resurged last year when Floyd’s murder drew renewed attention to police violence around the same time that an independent autopsy commissioned by Traoré’s family ruled that Adama died of asphyxiation after being restrained.

Activists say Adama’s case is part of a long history of police brutality in France, where young Arab and Black men are 20 times as likely as white men to be stopped by law enforcement. In early June, tens of thousands of people defied coronavirus restrictions to protest in cities across France—with Adama’s sister, Assa, at the forefront of marches in Paris. As public outcry grew, France announced a ban on choke-hold arrest tactics on June 8.

Even after the protests, similar police behavior has continued; in November, a video emerged of three white police officers beating Black music producer Michel Zecler at his Paris studio. Mass protests and outrage ensued, particularly in response to proposed legislation that sought to criminalize those who distribute imagery of police officers in action.

“The Adama generation is on the street to speak out against police brutality, racial discrimination,” Assa Traoré told TIME late last year. Parliament approved an adapted version of that security bill, which extends police powers, in April, despite the outcry. —Suyin Haynes

Unilever faced backlash for its  Fair & Lovely  skin-lightening cream as more activists began speaking up against the prevalence of colorism in Indian ­culture.

India

The Black Lives Matter movement prompted a reckoning in India over colorism, discrimination against those with darker skin tones, which has deep roots in India’s caste system and colonial history. Last summer, after Priyanka Chopra joined Indian stars in voicing support for BLM, social media users pointed out she and many others had promoted whitening cosmetics. (Chopra had previously said she regrets endorsing these products early in her career.)

For years, activists had been speaking up about colorism in Indian ­culture—from Bollywood’s promotion of light-­skinned actors to the global multibillion-­dollar skin-whitening industry. In 2009, an Indian nonprofit started the “Dark Is Beautiful” campaign, endorsed by Bolly­wood actor Nandita Das, to raise awareness about color bias in schools and in the media.

The outcry of 2020 prompted some changes. The matchmaking service Shaadi.com stopped letting users sort by skin tone. But the road is long. While popular skin-lightening product Fair & Lovely changed its name to Glow & Lovely, the product’s formula remained the same. —Simmone Shah

A June 14, 2020 march against racism in Tokyo

Japan

Black Lives Matter marches held across Japan in June 2020 were both a gesture of solidarity with protesters in the U.S. and a call to confront racism at home. Much of the discussion in Japan has centered on discrimination toward biracial individuals, following multiple high-profile incidents of prejudice. In 2019, a Japanese comedy duo said tennis icon Naomi Osaka—who was born to a Haitian father and a Japanese ­mother—“needed some bleach.” And that wasn’t the first such incident: Ariana Miyamoto, whose father is African American and mother is Japanese, faced criticism after being crowned Miss Universe Japan in 2015. In a country that is largely ethnically homogenous, these incidents have prompted calls for recognizing the Japaneseness of biracial people. —Kat Moon

The New Zealand Labour Party’s female MPs on the steps of parliament on Nov. 24, 2020, in Wellington.

New Zealand

Elections in New Zealand in October 2020 brought to power one of the world’s most diverse governments. The first parliamentarians of African, Latin American and Sri Lankan heritage were voted in; almost half of the seats went to women; more than 10% of law­makers identify as LGBTQ. Prime Minister Jacinda Ardern’s Cabinet picks were no less ­diverse, including the country’s first Indigenous female Foreign Minister and first openly gay Deputy Prime Minister.

Representation for Maori people is also high. New Zealand’s original inhabitants, who make up some 17% of the population, now hold around 20% of parliament’s 120 seats and 25% of Cabinet positions. Among the new parliamentarians are two members of the Maori Party, which made a comeback after being ousted in 2017.

But despite representation at the highest levels of government, Maori people face worse outcomes than non-Maori people in many areas. The Maori unemployment rate is more than double the national rate, and they are more likely to be homeless. Their life expectancy is about seven years shorter, and they are more than twice as likely to die from assault and homicide.

Now, the Maori Party has promised to be an unapologetic voice for Indigenous New Zealanders. “You know what it feels like to have a pebble in your shoe?” the party’s co-leader Rawiri Waititi said in December, in his first speech in parliament. “That will be my job here.” —A.G.

A woman at a protest against police brutality in Lagos, Nigeria.

Nigeria

After a video emerged in October that appeared to show officers from Nigeria’s Special Anti-Robbery Squad (SARS) killing a young man, protests erupted, led by young Nigerians who were angry with their government for ignoring corruption and extrajudicial killings. (Police initially denied responsibility.) The outcry went global when the military shot peaceful #endSARS demonstrators on Oct. 20, sending shock waves through the Nigerian diaspora. BLM co-founder Opal Tometi organized an open letter demanding justice for protesters who had reminded the world that Black Lives Matter, everywhere. —S.H.

The statue of Edward Colston is thrown into the harbor of Bristol in southwest England, June 7, 2020.

United Kingdom

In June, Black Lives ­Matter protesters in the U.K. drew worldwide attention when they tore down a statue of 17th century slave trader Edward Colston and threw it into the harbor of Bristol in southwest England. But long before June, campaigners, activists and historians were interrogating the U.K.’s imperial past, and its deep implications for the present.

A widely condemned government-­commissioned report in March claimed that U.K. society was “no longer” rigged against people from ethnic minorities and “should be regarded as a model for other white-majority countries.” (U.N. experts called the report an “attempt to normalize white supremacy.”) Official studies show racial disparities across the board.

Police data suggest that Black people are nine times as likely as white people to be stopped and searched by police in England and Wales, and according to the Equality and Human Rights Commission, unemployment rates are significantly higher among ethnic minorities than white people. Campaigners have also called for an independent public inquiry into the handling of the pandemic and its disproportionate impact on Black, Asian and minority ethnic groups, who faced up to 50% higher risk of death from COVID-19 when compared with white Brits.

Anti-Asian hate and discrimination has also soared during the pandemic, with U.K. police data suggesting a threefold increase in hate crimes toward Chinese, East and Southeast Asians in the first quarter of 2020 compared with the same period in 2018 and 2019.

Activists are pushing for changes including shifting school curriculums to include the history of the British Empire, returning museum objects looted from former colonies and exploring the links between British stately homes and slavery. Despite backlash from conservative politicians and right-wing media, a re-examination of Britain’s racist past and present is finally getting under way. —S.H.

Fuente de la Información: https://time.com/6046299/fighting-injustice-world/

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Estados Unidos: US Professor Who Found Stereotypes Influence Use of Deadly Force Inspires Police Reforms

US Professor Who Found Stereotypes Influence Use of Deadly Force Inspires Police Reforms

WASHINGTON – Long before police brutality emerged as a dominant public issue in the United States, Cynthia Lee, a George Washington University professor and an expert on race and self-defense, devoted much of her research to deadly police shootings of unarmed Black men and women.

In a 2004 study, she concluded that stereotypes about African Americans, often working at a subconscious level, influenced a police officer’s split-second decision about whether to use deadly force, accounting for the disproportionately large number of Black victims in police shootings.

 US Police Killings by Race

In 2018, she authored a groundbreaking law journal article on reforming laws governing police use of deadly force. Most states, she learned, allowed police officers to use deadly force as long as they had a «reasonable belief» in the need for such action.

This standard, however, allowed juries to believe that an officer’s use of force was justified even if it wasn’t necessary or proportional. Lee’s solution: changing the law to make it equally important to assess whether an officer’s actions leading up to a shooting were reasonable, and requiring the use of force to be necessary, proportionate and based on an immediate need.

At the time she wrote the article, Lee thought the chances of states adopting her model were «fairly slim.» But her work began to attract attention in the wake of incidents in which police officers killed African Americans while attempting to take them into custody, including the death of George Floyd in Minneapolis nearly a year ago, which touched off international protests and a push for police reform.

In the year since Floyd’s death, one city and two states — Washington, D.C., Virginia and Connecticut — have used Lee’s model to adopt stringent use of deadly force statutes. The measures were adopted as part of comprehensive police reform legislation.

People hold up signs, including one with an image of George Floyd, outside the courthouse in Minneapolis, Minnesota, April 20, 2021, after former Minneapolis police officer Derek Chauvin was found guilty in the death of Floyd.

In Delaware, members of the Law Enforcement Accountability Task Force have also expressed interest in her model, Lee said.

While Washington, Virginia and Connecticut account for only a handful of the more than 1,000 deadly police shootings a year in the U.S., reform advocates hope that these changes will help rein in police use of excessive force.

The controversy over police use of force is front and center on Capitol Hill, where Senate Democrats and Republicans are fighting over House-passed legislation that would end qualified immunity, the legal doctrine that protects individual police officers from lawsuits for misconduct. In March, the House approved the George Floyd Justice in Policing Act that would, among other things, ban the use of chokeholds, strengthen federal civil rights laws and end qualified immunity.

Lee is hoping that her model statute finds its way into the national debate.

«It’s the kind of change we need because we need to make sure the police officers are treating people fairly and with respect and that people are not getting unnecessarily hurt or killed by the use of force,» said Democratic Virginia state Senator John Bell, an early supporter of Lee’s proposal.

Criticism of model statute 

Critics say the changes force juries to second-guess police officers’ split-second decisions on the use of deadly force, whether to fire a gun or wrestle a suspect to the ground or subdue him or her in some other life-threatening hold.

«They changed the law to say, ‘What would a civilian who looks at the use of force say about whether it was reasonable or not,'» said John Krupinsky, president of the Connecticut State Fraternal Order of Police.

Barry Friedman, a New York University law professor who has argued that a dearth of laws has left police to police themselves, praised Lee’s proposed reform.

«We need to pass statutes to tell the police specifically how it is that they should police, and her statute is an effort to do that,» he said.

While other states such as California, Colorado and Maryland, spurred by the Black Lives Matter protest movement, have enacted strict police use-of-force standards in the past couple of years, none stemmed from the work of Lee.

«Of course, you always hope that your research will have real-world impact,» Lee told VOA. «I wanted to inform discussions about policing, but I never imagined that my work would actually become law in any state, let alone two states and the District of Columbia.»

Given that juries largely remain sympathetic to police officers, Lee’s model statute is unlikely to lead to a sharp increase in convictions. Lee said it could have a deterrent effect, however, encouraging police officers to «act with more care» before using deadly force.

But changing police culture is likely to take time. The Washington statute has yet to be made permanent. The Virginia legislation went into effect March 1, while the Connecticut statute doesn’t take effect until next year.

US Police Killings by Age and Gender

Deadly force standard 

In the United States, the use of deadly force is governed both by a landmark 1989 Supreme Court decision known as Graham v. Connor and by individual state laws. The Supreme Court ruling requires that all claims of excessive force against a police officer be judged from the perspective of «an objectively reasonable officer.»

«It’s not your judgment or my judgment. It’s ‘how would a reasonably objective officer judge the situation,'» explained David Harris, a University of Pittsburgh law professor.

For decades now, the high court ruling has served as the default standard for police use of deadly force in the country, Harris said. Every police officer in America is trained on its legal significance. When an officer is sued over excessive force in a civil case, it is Graham v. Connor that applies. But when an officer involved in a deadly shooting faces criminal charges, state criminal statutes take control, according to Lee.

At the time Lee conducted research for her model statute, only nine states and the District of Columbia did not have use of deadly force statues. Most of the other states focused solely on the reasonableness of an officer’s belief in the need to use deadly force. Consequently, instead of assessing an officer’s conduct, juries probe whether an officer’s fear of the suspect is reasonable: Was the suspect holding a gun? Was he or she resisting arrest?

«I felt that the real focus should be on the actions of the officer,» Lee said, «because the officer is the one on trial.»

To ensure an officer is held accountable, Lee’s model statute requires that juries consider whether an officer acted reasonably before using deadly force. But what makes an officer’s actions reasonable? Lee offers a couple of factors for a jury to consider.

First, the model instructs the jury to consider whether the officer used any de-escalation measures, such as trying to calm the suspect or using less-lethal force.

Second, it requires that jurors consider whether the officer’s conduct increased the risk of a deadly confrontation. Importantly, the statute allows the jury to consider the officer’s actions «before the moment in time» when the officer is fearing for his life.

Borrowing from self-defense law in civilian homicide cases, Lee’s model legislation allows the jury to find an officer guilty of manslaughter if the officer’s belief in the need to use force was «honest but unreasonable» or if the officer’s belief was reasonable but actions were unreasonable.

Applying the model 

To demonstrate how her model could alter the outcome of a deadly shooting case, Lee applied it to the 2014 police killing of Tamir Rice. Rice, a 12-year-old African American boy, had been carrying a replica toy gun when a white police officer arrived on the scene and almost immediately shot the youth. Two experts hired by Cleveland prosecutors applied the Supreme Court standard and concluded that the use of force in the case was justified.

FILE - Demonstrators blocking Public Square in Cleveland during a protest over the police shooting of 12-year-old Tamir Rice, Nov. 25, 2014.

But Lee said that a jury relying on her model statue could reach a different conclusion. The jury would note that by driving too closely to Rice, the officers put themselves in a vulnerable position, increasing the risk of using deadly force to protect themselves. Had they parked their car further away from the scene, they could have talked to the boy and convinced him to drop his gun, instead of «immediately firing on him.»

Lee’s model is hardly a recipe for radical change. To critics on the left, it doesn’t go far enough. Still, it took nothing short of Floyd’s death beneath the knee of former Minneapolis police officer Derek Chauvin — and an enthusiastic outreach effort by Lee’s students — for legislators to take a close look at her model statute.

In January 2020, a former student, then working for District of Columbia Councilmember Kenyan McDuffie, shared Lee’s model statute with her boss. But it wasn’t until after Floyd’s death that Lee learned that McDuffie had incorporated her measure into a use-of-force bill. Within days, the council unanimously adopted the statute as part of emergency police and justice reform legislation.

«I was floored when I found out that D.C. had enacted police reform legislation that included my model statute,» Lee said.

But the council took her statute one step further, she said. It held that police officers may use deadly force only after «all other options have been exhausted.»

«This was a great addition to my model statute,» Lee said.

Gregg Pemberton, chairman of the D.C. Police Union, said many of the provisions in the district legislation had been enacted by the Metropolitan Police Department years ago.

«The MPD does not have issues with racial profiling or police brutality,» Pemberton said.
Less than a month after the District of Columbia adopted her model statute, an official in Connecticut Governor Ned Lamont’s office emailed Lee to inform her about proposed changes to the state’s use of deadly force statute based on her model legislation.

«I was surprised and pleased to learn that Connecticut was looking into adopting key provisions from my model statute,» Lee said.

In late July, Lamont, a Democrat, signed the bill into law, with an effective date of April 1. Shortly before the bill was to take effect, however, Lamont, under pressure from law enforcement groups, signed a bill delaying the effective date until January 1, 2022.

Around the time Connecticut lawmakers were debating changing the state’s use-of-force standards last year, Virginia Governor Ralph Northam, a Democrat, called a special session of the state general assembly to meet on August 18 to pass criminal justice and policing reform.

At that time Virginia was one of nine states that didn’t have a use-of-force statute. So Lee drafted a model statute for Virginia, including the District of Columbia requirement that an officer exhaust all other options before using deadly force. She had her research assistant send the document to about a dozen lawmakers.

In October, Northam signed into law police reform legislation sponsored by state Senator Mamie Locke. It went into effect March 1. Unlike in Washington D.C. and Connecticut, law enforcement agencies were relatively open to the proposed changes.

Dana Schrad, executive director of the Virginia Association of Chiefs of Police, said the group worked with state lawmakers «to make sure that there was a standard in there that allowed a law enforcement officer to protect his or her own life.»

Fuente de la Información: https://www.voanews.com/usa/race-america/us-professor-who-found-stereotypes-influence-use-deadly-force-inspires-police

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