Militancia docente, escuela popular y lectura fue tema de reflexión del conversatorio en el que participaron el periodista Luis Hernández Navarro y distintos maestros de escuelas de organización popular del estado de México, durante el cual se destacó la relevancia política, histórica y actual de la construcción de ese tipo de escuelas, instituidas desde y para la comunidad.
Hoy día, estas escuelas siguen siendo excluidas, agredidas y reprimidas, ya que en ellas hay maestros comprometidos socialmente y egresan jóvenes con el anhelo de enseñar a quienes menos tienen y llegar a las zonas más alejadas.
Organizada por el Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa (MMCRE-CNTE), la charla se transmitió por la cuenta de Facebook de Viajando en el Librobús Virtual, programa de FCE, durante el cual Hernández Navarro destacó la necesidad de articular un gran movimiento pedagógico nacional y plural, más allá de las elecciones y los candidatos, que piense qué tipo de educación necesita el país para realmen-te transformarse.
El periodista calificó de barbaridad los abusos, amenazas y agresiones de las que fueron víctimas los estudiantes (72 mujeres y 21 hombres) de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, de Chiapas.
Los estudiantes son rehenes del gobernador morenista Rutilio Escandón. El delito de los jóvenes y futuros maestros es una demanda muy sencilla: que la escuela haga pública la convocatoria y que el examen sea de manera presencial y no mediante Internet y computadora, por una sencilla razón, Chiapas tiene uno de los peores índices de conectividad, y porque ellos no se encuentran en las mismas condiciones que otros aspirantes familiarizados con Internet, denunció el también coordinador de la sección de Opinión de La Jornada.
Explicó, entre otras cuestiones, cómo se han construido una serie de escuelas llamadas de organización popular, en las que, a partir de la donación de un predio, confluye el trabajo y el esfuerzo de maestros, padres de familia y estudiantes, quienes literalmente construyen desde los muros y las aulas, hasta los pupitres y mesabancos, para luego buscar su regularización y legalización.
Lo cual no es cualquier cosa. Implica un proceso que conjunta la militancia política, la lucha por la educación popular y la lucha por servicios y regularización urbana, con una perspectiva de transformación revolucionaria.
Durante la charla participaron los maestros Roberto Rico, Miriam González, Esperanza Galindo Morales, Juan Luis Izunza Hernández, Primitivo Ortega Olays, Miguel Ángel Muñoz y Ángel Javier Lazcano, integrantes del MMCRE-CNTE, que articula en la actualidad a 54 escuelas, desde jardín de niños, secundarias y preparatorias hasta dos universidades.
Hernández Navarro igual se refirió a cómo desde los folletos y los periódicos, hasta los libros y la literatura han sido una herramienta para la educación popular. Asimismo, destacó el papel fundamental que ha desempeñado la visión pedagógica sobre el oprimido, de Paolo Freire, cuyo centenario natal se celebra en 2021.
La educación alternativa, hoy más que nunca, es una de las principales demandas. Hoy hay un debate sobre hasta dónde se pueden utilizar las instituciones oficiales para transformar la educación, y hasta dónde es mejor caminar al margen de esas instituciones oficiales.
Lamentablemente, concluyó Hernández, hay una enorme decepción de lo que significa la Cuarta Transformación. Da la impresión de que la educación le tiene sin cuidado. Cualquier proceso transformador debe poner en el centro la demanda educativa. Se hizo una reforma educativa que es una continuación de lo mismo con Peña Nieto. Y la nueva secretaria de la SEP no aparece por ningún lado. No hay contenidos específicos para esa transformación.
“Lamentablemente no hay avances, no sabemos dónde están nuestros hijos. No hay diferencia del gobierno anterior al gobierno actual y es desesperante para nosotros”, dijo hoy Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, en el mitin en el Hemiciclo a Juárez, a 80 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Navarrete recordó que “el gobierno federal dijo que habría un cambio y nos abrieron las puertas, y ahora hay un fiscal especial para la investigación. Nos dieron esperanza cuando nombraron todo eso, ¿pero de qué sirve? Tienen detenidos y no dicen nada. Queremos que digan la verdad”.
Madres y padres de los 43 marcha en la Ciudad de México a 80 meses de la desaparición forzada de sus hijos. Foto: Erika Lozano
Hoy, como cada 26, las madres y padres de Ayotzinapa volvieron a salir a las calles para reclamar la verdad sobre el paradero de sus hijos. Marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, donde a su exigencia de la presentación de los estudiantes, sumaron la de la liberación de los 19 normalistas de Mactumactzá, Chiapas, presos desde el pasado 18 de mayo.
Los rostros conocidos de las madres y padres de los normalistas volvieron a recorrer la avenida Reforma de la Ciudad de México, haciendo una simbólica parada en el Antimonumento a los “43 y más”, donde realizaron el pase de lista con cada uno de los nombres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre del 2014. Detrás de ellos caminó el contingente de Mactumactzá, conformado por jóvenes que exigen justicia para sus compañeros “encarcelados por luchar por una educación digna”. La comunidad otomí que mantiene tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) marchó detrás, junto al resto de las organizaciones sociales que mes con mes acompañan la “exigencia de verdad”.
Integrantes de la comunidad otomí, quienes sotienen la toma del INPI, se solidaridan con los padres y madres de Ayotzinapa. Foto: Erika Lozano.
“Hasta el día de hoy el gobierno no ha puesto una respuesta en la mesa. ¿Cuándo vamos a tener una investigación que dé esperanzas como las que dio el presidente cuando fue electo? Lo vemos difícil. Por eso estamos en la tarea de realizar actividades de búsqueda y recorrer lugares donde el gobierno menciona que participaron elementos de Cocula, de Iguala, del 27 Batallón, de los federales”, reclamó José Ángel Navarrete en nombre de la comisión de padres y madres.
Normalistas exigen la libertad de los detenidos en Chiapas. Foto: Erika Lozano.
Y siguieron las preguntas: “¿Qué está haciendo el actual fiscal con los elementos de seguridad involucrados en la desaparición de nuestros hijos? ¿Por qué se le dificulta al gobierno llegar a la verdad?”. Ante la falta de respuestas, explicaron, ahora están recorriendo comunidades de Guerrero recabando información “para dársela al fiscal, por si él no puede”. Al mismo tiempo, apelaron a que “si algún ciudadano o ciudadana que sepa algo del paradero de nuestros hijos nos pueda decir”.
Los padres y madres fueron firmes. El beneficio de la duda al actual gobierno tienen una vigencia, y “no vamos a permitir que no se le dé seguimiento a la información importante, como el anterior gobierno que no hizo nada”, finalizó Navarrete.
Cuatro veces las autoridades han cerrado la Escuela Normal Rural de Mactumactzá (en Chiapas) y cuatro veces ha renacido. Así sucedió en 1935, 1942, 1946 y 2003. La tenacidad y la lucha de sus alumnos y egresados, y de las comunidades de las que provienen, la hicieron retoñar.
Lo que hoy es Mactumactzá (el cerro de las once estrellas, en lengua zoque), comenzó a funcionar con el nombre de Escuela Normal Rural de Cerro Hueco, el 24 de febrero de 1931, en un terreno donado por el gobierno de Raymundo E. Enríquez. Carente de infraestructura y mobiliario, con aulas de adobe y palma, se equipó con el trabajo voluntario de los estudiantes y las donaciones en especie de los campesinos. Funcionó hasta 1935.
En 1936, las autoridades la cerraron y, en su lugar, en la finca La Chacona, instalaron una Escuela Regional Campesina, que funcionó muy precariamente. No les duró mucho el gusto. En 1941, la SEP la transformó en Escuela Práctica de Agricultura. Sus alumnos emigraron a otras instituciones. Durante seis años impartió enseñanza técnica a los campesinos, quienes, al egresar, podían ejercer como maestros y titularse en otra normal.
Como a las autoridades les incomodaba profundamente el compromiso social de los alumnos, en 1945 se suprimió el primer año, con el argumento de que no había presupuesto. Un año más tarde, su suerte estaba echada. Los estudiantes fueron trasladados a otras instituciones. El gobierno anunció que, en su lugar, se instalaría un laboratorio de inseminación artificial para mejora del ganado. El edificio quedó abandonado.
Diez años más tarde, se impuso la imperiosa necesidad de formar maestros en una entidad que carecía de ellos, y la escuela renació como Escuela Normal Rural Mactumactzá (ENRM). En abril de 1956, abrió sus puertas como internado para hombres, con grandes limitaciones financieras y materiales.
En 1970, muchos egresados de la normal participaron activamente en las luchas campesinas e indígenas (y hasta en las obreras) que irrumpieron en Chiapas en esa década. Se convirtieron en intelectuales orgánicos del mundo rural. Su participación en tomas de tierras, organización de cooperativas de producción y consumo, protestas por servicios y para incrementar precios de garantía, fue fundamental. En 1979, los maestros del estado organizaron grandes paros para aumentar su salario y democratizar el SNTE. El equipo dirigente de ese movimiento se había formado políticamente en Mactumactzá, y en las Escuelas Técnicas Agropecuarias. En diciembre de ese año, fundaron, junto a las disidencias democráticas de todo el país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Esa centralidad organizativa de los egresados de la normal en las luchas populares en Chiapas ha disminuido conforme las organizaciones campesinas e indígenas han forjado liderazgos no vinculados al magisterio. Sin embargo, sigue siendo relevante. En el comité ejecutivo de la sección 7, integrado por 155 maestros, 34 son egresados de Mactumactzá.
Un momento clave en la historia de la normal fue su confrontación con el gobierno de Pablo Salazar. Su administración recibió un préstamo del Banco Mundial por 40 millones de dólares. Entre las sugerencias que el organismo multilateral hizo estaba el cancelar las plazas automáticas a los egresados de la ENRM.
El conflicto se intensificó. Las autoridades reprimieron salvajemente a estudiantes y trabajadores y los encarcelaron. Pablo Salazar se propuso cerrar la escuela y crear en su lugar un instituto politécnico. Sin esa normal, miles de campesinos ya no tendrán siquiera la aspiración de llegar a ser maestros profesionales, le expresó a Blanche Pietrich, el dirigente de la sección 7, Fortino Vázquez (https://bit.ly/3fa2Q3f).
El desenlace representó un golpe muy duro para el normalismo. Se cerró el sistema de internado; más de la mitad de las 560 matrículas que tenían se redujeron. La persecución política en su contra fue inclemente.
Pese a ello, Mactumactzá sobrevivió y poco a poco comenzó a recuperarse del descalabro. La matrícula fue creciendo, se construyeron dormitorios y el equipamiento mejoró.
Sin embargo, el fantasma de su desaparición ronda la escuela. Durante la administración del morenista Rutilio Escandón se ha utilizado, una y otra vez, de manera bestial la fuerza pública contra los normalistas. La detención de casi 100 estudiantes, la mayoría muchachas, y la agresión sexual de la que fueron víctimas apenas la semana pasada muestra cuánto incomoda la normal al gobernador.
La magnitud de la represión contrasta con las demandas estudiantiles. Los jóvenes exigen que se haga pública la convocatoria para nuevos ingresos a la escuela y que el examen de admisión sea presencial y escrito en un cuadernillo. Las autoridades, en cambio, están empecinadas en que sea en línea.
La ENRM es una escuela de pobres para pobres. Obligar a presentar un examen de admisión en computadora a un hijo de campesinos que no ha tenido acceso a una y que en su comunidad no hay servicio de Internet significa dejarlo fuera de la escuela. Nunca podrá competir así por un lugar para estudiar, con quienes, por vivir en las ciudades o tener más recursos económicos, están familiarizados con el uso de medios digitales.
La sospecha de que el gobierno quiere clausurar la escuela o, al menos, modificar la composición social de sus estudiantes, tiene bases firmes. Pero quienes acarician la fantasía de golpear a Mactumactzá olvidan que, las cuatro veces que han querido cerrarla, el cerro de las once estrellas ha renacido. Ésta, no será la excepción. Los jóvenes sueñan con ser maestros de los pobres. No van a renunciar a ello. De paso, han advertido que serán la pesadilla de quienes quieran arrebatarles sus sueños.
Edición y redacción: Mely Arellano/Video: Marlene Martínez/Material visual: Gogo
El 65% de menores de edad que desaparecen en el municipio de Puebla son mujeres; la trata es la principal razón, coinciden organizaciones civiles. Mientras en 2019 ese municipio ocupó el primer lugar en desaparición de niños, niñas y adolescentes en México, la Comisión estatal de Búsqueda tuvo un subejercicio de 10 millones.
Victoria Rosales no sabía cuántas adolescentes estaban desaparecidas en Puebla y se vino a enterar de la peor manera: cuando desapareció su hija Nadia, a los 17 años, la mañana del viernes 27 de octubre de 2017.
Ese día, como cualquier otro, la acompañó hasta la parada de la Ruta 5, a unas calles de su casa en la colonia Lomas de San Miguel, al sur de la ciudad. La vio subirse al microbús y se despidió de ella. A las 2:30pm Nadia debía regresar de la escuela, pero eso ya no sucedió. Y ahí, dice Victoria Rosales, empezó el calvario.
El año en que desapareció Nadia, la capital del estado de Puebla ocupó el segundo lugar nacional en desaparición de niñas, niños y adolescentes. Las cosas no han mejorado desde entonces, e incluso la situación ya era grave desde antes: la desaparición de menores de edad no es un asunto nuevo, aunque sigue siendo un problema poco conocido.
Desde 2012 y hasta 2018, Puebla fue el segundo municipio en todo el país con más desapariciones de este grupo poblacional (de 0 a 17 años), de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), con base en los datos oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped).
Para 2019 la ciudad se convirtió en primer lugar nacional; ese año desaparecieron 389 menores de edad, o al menos ese fue el número de Carpetas de Investigación (CDI) que se abrieron por el delito de desaparición. En 2020 la entidad ocupó el tercer lugar nacional con más menores desaparecidos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Si bien todas las desapariciones son alarmantes, las de niñas, niños y adolescentes tienen que ser investigadas de manera particular, pues por su edad y la etapa del desarrollo en que se encuentran merecen una protección integral, explica en entrevista para LADO B, Juan Martín Pérez García, hoy ex director de la Redim (su gestión concluyó hace unos días, el 14 de mayo), así que cualquier interrupción o afectación que sufran puede impactar negativamente en su proyecto de vida.
Por ejemplo, agrega, a diferencia de las personas adultas que pueden “decidir ausentarse, las personas menores de edad no deben quedar sin protección de su red familiar y tutores legales”, ya que son “vulnerables al poder adulto” y pueden convertirse en “objetos de venta” para fines de explotación sexual y/o laboral, o adopciones ilegales, entre otras. Es por eso que el Estado tiene la obligación de protegerles totalmente.
Un dato más para tomarse en cuenta y dimensionar el problema: en Puebla el 65% de quienes siguen sin localizarse son mujeres, o más bien niñas y adolescentes, como Nadia, a cuya familia le han reportado más de una vez haberla visto en zonas de prostitución en otros estados, pero “la Fiscalía no ha hecho nada”. A casi tres años y medio, la investigación tiene pobres avances.
Fiscalía, ausente y omisa
Han pasado tres años y medio desde la desaparición de Nadia Guadalupe, y todavía no existe una Alerta Amber con su nombre. Apenas hace ocho meses, el nuevo investigador -lo han cambiado cinco veces- que la Fiscalía General del Estado (FGE) asignó para investigar el caso, comenzó a girar los oficios de colaboración al resto de las entidades federativas para solicitar apoyo con la búsqueda.
La puntualización es necesaria: a la Fiscalía le tomó más de 3 años enviar unos oficios. Además, a la fecha su familia aún desconoce por qué nunca emitieron la Alerta Amber. Victoria Rosales recuerda que el Ministerio Público le dijo que Nadia “no corría peligro” porque “no tenía el perfil para la trata de personas”.
Si bien la Alerta Amber es un mecanismo de jurisdicción estatal, cuando desaparece una persona menor de edad las autoridades están obligadas a emitirla de inmediato, porque con ello se difunde una ficha de búsqueda a nivel nacional y se activa la colaboración entre todos los estados de la República.
Pero en Puebla, aunque es una de las entidades donde hay más niñas y niños desaparecidos, este mecanismo no siempre se aplica. De acuerdo con los datos difundidos por la Comisión Nacional de Búsqueda en su informe de abril 2021, Puebla es una de las siete entidades donde se concentra el 62% de las desapariciones de niñas y adolescentes en el país. Y pese a ello, la Alerta Amber no siempre se emite.
De acuerdo con la información pública de la propia Fiscalía “la difusión de la Alerta Amber Puebla se realiza a través del portal de internet y cuentas de redes sociales oficiales, así como por autoridades, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, mediante cédula oficial”.
En una revisión de la cuenta de Twitter de la FGE se encontraron sólo 28 Alertas Amber, correspondientes al mismo número de menores que desaparecieron en la ciudad de Puebla del 2015 al 2020, muy lejos de los 479 que aún no se localizan según la propia Fiscalía; es decir, apenas el 5.8% de los casos se publicaron en esa red social de la dependencia.
El Colectivo “Voz de los desaparecidos en Puebla” dijo a LADO B que muchas veces la FGE no elabora los boletines de búsqueda, y tampoco lo sube a redes ni se difunde públicamente, argumentando la protección del interés superior del menor. De hecho el Colectivo tiene conocimiento de varios casos en los cuales las propias autoridades de la FGE recomiendan a los familiares que no se acerquen a medios ni a colectivos, porque “van a entorpecer el caso y poner en riesgo a la persona”.
Pero interponer la Alerta Amber por sí sola tampoco es la panacea, lo sabe bien Teresa Vega, mamá de Rafael Huerta Vega, quien desapareció el 6 de octubre del 2020 a la edad de 12 años, en la colonia Playas del Sur supuestamente cuando iba a la tienda. Y aunque la denuncia por su desaparición se hizo el mismo día, la Alerta Amber se emitió hasta 3 o 4 días después.
Sin embargo, igual que el caso de Nadia, la investigación tampoco ha tenido avances significativos. Su mamá ni siquiera ha podido ver la Carpeta de Investigación pues se la han negado aduciendo que se trata de una “investigación privada”; tampoco le permitieron presentar una denuncia contra el padre de su hijo, con quien vivía el niño cuando sucedió la desaparición, para pedir que investiguen un presunto maltrato contra el menor.
Tanto Teresa Vega como Victoria Rosales coinciden en que la Fiscalía no sólo no hace su trabajo, sino que además los Ministerios Públicos las regañan, no les dan explicaciones, son groseros y les han lanzado acusaciones veladas de ser responsables en las desapariciones.
Y si en materia de localización las autoridades no han demostrado eficiencia, en prevención es aún peor. No hay alguna instancia de ningún nivel que tenga trabajo en ese sentido. La omisión no es menor si consideramos que, de acuerdo con la Redim, la desaparición de menores en el municipio de Puebla está vinculada sobre todo a la trata de personas y la explotación sexual.
Una Comisión de Búsqueda que no busca
La obligación de investigar las desapariciones y buscar a las personas desaparecidas, incluyendo por supuesto menores de edad, corresponde a la Fiscalía y al gobierno del estado, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda.
La Comisión Estatal de Búsqueda se creó en junio del 2019, como “un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobernación, con autonomía técnica y de gestión, encargada de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas, en el territorio poblano”, dice su página.
Sin embargo, la falta de un esfuerzo real por localizar a las personas desaparecidas en el estado se revela, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez del Congreso del Estado, diputada panista con licencia y candidata al distrito local 09, Mónica Rodríguez Della Vecchia, en el hecho de que la Comisión Estatal de Búsqueda no ejerció 10 millones de pesos en 2020, y tuvieron que devolverse a la Federación.
El dato, reclamado por Mónica Rodríguez a la secretaria de Planeación y Finanzas del estado, María Teresa Castro Corro, durante su comparecencia el pasado 22 de enero, de hecho es inexacto, pues según el Recurso de Revisión RRA 03827/20, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, el subejercicio corresponde a 2019.
((INSERTAR RECURSO DE REVISIÓN))
Puebla fue uno de los 20 estados que, por no ejecutar un subsidio federal que ascendió a 248 millones 881 mil 652 pesos, tuvo que regresar su parte, 10 millones de pesos, a la Federación en 2019, justo el año en que la capital fue primer lugar nacional en desaparición de menores de edad.
LADO B buscó una entrevista con la Comisión Estatal de Búsqueda para saber si hay algún protocolo específico para búsqueda de menores de edad, y tener claridad sobre el tema del presupuesto. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.
En la búsqueda hay otras instancias corresponsables, como los ayuntamientos que, de acuerdo con la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, deben garantizar, en conjunto con autoridades estatales, una investigación pronta, reparar el daño, conocer la verdad, proveer protección por parte del Estado, acceder a mecanismos de justicia y un acceso ágil, eficaz y transparente.
Tan solo en lo que va de este año, el Ayuntamiento de Puebla ha atendido 95 llamados para acompañamiento y búsqueda de personas por parte de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda.
El municipio de Puebla cuenta con una Célula Especializada de búsqueda de mujeres, niñas, niños y adolescentes, dependiente de la Secretaría de Gobernación Municipal, cuyas funciones son coadyuvar en la búsqueda de menores. Su creación, el 12 de junio de 2020, responde al cumplimiento de la medida XV de Justicia y Reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el Estado de Puebla.
Esta Célula permite la colaboración entre los tres niveles de gobierno y distintas dependencias. Por ejemplo, el gobierno del estado puede solicitar apoyo de perros o personal para dar acompañamiento en una búsqueda, o para la difusión de imágenes.
Quiénes, cuántos y por qué desaparecen
Para empezar, ni siquiera hay cifras confiables u homologadas para saber realmente la dimensión de cuántos menores desaparecen, ni por qué. Las organizaciones toman sus datos del Rnped, pero este cambió de metodología desde abril de 2018 y ahora no permite consultar la información desglosada a nivel municipal, pese a la insistencia de activistas y periodistas.
Desde 2015 al 2020, de acuerdo con datos de la FGE obtenidos vía transparencia, en el municipio de Puebla hay mil 620 personas desaparecidas, de las cuales las y los menores de edad (479) representan el 29%.
De las niñas y los niños que siguen sin localizarse, 314 son mujeres (65%) y 165 hombres. El grupo de edad que más desaparece son personas menores de 15 años, después las de 16, las de 14 y las de 17. En cuanto a hombres la tendencia es igual, pues las edades en las que más desaparecen son de 14 a 17 años, aunque en mucho menor proporción.
El análisis de datos refleja que las mujeres son las más vulnerables ante las desapariciones, principalmente en la adolescencia, presumiblemente por ser potenciales y posibles víctimas de explotación sexual.
En 2018, la Asociación Nacional Contra la Trata Humana (ANTHUS) señaló que Puebla capital era primer lugar nacional en tráfico de menores.
Juan Martín Pérez García, integrante de la Redim, sostiene que la desaparición de niñas, niños y adolescentes está vinculada en su mayoría a la trata de personas con fines de explotación sexual y/o laboral. Según su análisis, esto sucede por la cercanía con el corredor Puebla-Tlaxcala, uno de los más famosos, si no es el que más, por la explotación sexual principalmente de mujeres, y sobre todo menores.
De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda del 8 de abril de 2021, el estado de Puebla está entre los primeros 7 lugares en desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.
Pero aunque existen estos y otros señalamientos, las cifras indican que las cosas siguen igual, y que el riesgo de desaparecer sigue siendo muy alto para las personas menores de edad en la capital.
A partir del análisis de datos que hizo LADO B con los registros obtenidos por la FGE, se identificó que el segundo grupo que más desaparece son recién nacidos y bebés de entre 0 y 3 años; en la mayoría se trata de conflictos judiciales de guarda y custodia, es decir padres o madres que sustraen a algún menor sin el consentimiento de la pareja, de acuerdo con Marisol Casillas Herández, terapeuta, asistente y encargada de estadística de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos.
No hay atención a las familias
En 2019, el Congreso local aprobó la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, donde se plasmó, en primera instancia, el interés superior de la niñez para la toma de decisiones en torno a la asistencia, protección, ayuda inmediata, alojamiento y derecho a la verdad que las víctimas por delito de secuestro, desaparición forzada, trata de personas, tortura y otros tratos crueles han sufrido a lo largo de los años en la entidad.
Sin embargo, mamás, papás y familiares de niñas, niños y adolescentes han denunciado más de una vez que las autoridades no dan asistencia, ni seguimiento a los casos, y es por ello que se han tenido que vincular con organizaciones, o formar colectivos desde donde continúan sus búsquedas.
En el marco del Curso Binacional: Fortalecimiento a las Prácticas Educativas de los Maestros Multigrado México-Argentina, Diego Juárez Bolaños, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE), advirtió que las actuales instituciones de formación docente no tienen programas educativos enfocados a las comunidades rurales, por lo que, al egresar, los nuevos profesores encuentran obstáculos y problemas para desarrollar su trabajo.
Durante la presentación del libro «Formación de Docentes para los Territorios Rurales», el investigador señaló que resulta preocupante que ningún país Hispanoamericano ha atendido con pertinencia y eficacia este aspecto de formación magisterial, pues, al incorporarse a su espacio de trabajo, los docentes no cuenten con las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para desenvolverse en una población rural.
Lamentó que durante la segunda mitad del Siglo XX, los diversos gobiernos y sistemas educativos consideraron a los territorios rurales como «lugares de segunda» o «subdesarrollados», creando brechas de desigualdad e, incluso, aumentó la desaparición y el desmantelamiento de instituciones que atienden a esta población, como el caso de las Escuelas Normales Rurales.
«Por ello, cuando los profesores llegan a una escuela rural, la ven como una «escuela de segunda», explicó.
También señaló que en estas comunidades rurales existen muchos conocimientos locales que se deben conjugar con los conocimientos generales, los cuales, deben adaptarse a los contenidos que se imparten en estas escuelas.
Por su parte, Lisandro Hormaeche, profesor de la Universidad de la Pampa, Argentina, considera que este libro lleva de nuevo a la discusión educativa regional, la importancia de la formación docente para los territorios rurales.
Explicó que, aunque han existido algunos cambios y avances en los diversos países, estos han sido insuficientes y que las políticas públicas al respecto no han sido pertinentes.
Añadió que las instituciones formadoras deben tener nuevos enfoques para atender a la población rural, pues, incluso, aunque la mayoría de los maestros egresados comienzan a trabajar en entornos rurales, sus prácticas profesionales son en escuelas en entornos urbanos, lo cual, genera un desencuentro entre el graduado y su labor docente.
Al mismo tiempo, insistió que esta formación docente para entornos rurales debe ir acompañada de experiencias de profesores que ya se desarrollan en este entorno, a fin de tener una retroalimentación de conocimientos.
Al respecto, Jaime Calderón, profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), puntualizó que es necesario mejorar, profundizar y robustecer la oferta de educación continua que se ofrece al magisterio, en especial a aquellos que se desarrollan en el medio rural.
También, considera importante ampliar y enriquecer los contenidos dirigidos a las escuelas rurales y multigrado, las cuales, necesitan las mayores atenciones por su constante abandono y descuido gubernamental.
«Es necesario incluir las particularidades y pluralidad de los territorios rurales en los programas de formación docente», concluyó.
Finalmente, Juan David González Fraga, doctor en desarrollo educativo, investigador de la UPN y coordinador del libro, señala que esta obra integra diversas experiencias y resultados de investigación que ayudará a fortalecer otras investigaciones en la materia, formando nuevos conocimientos en educación rural y contribuir a la mejora de políticas públicas en la materia.
Fuente e imagen: https://www.educacionfutura.org/politicas-de-formacion-de-docentes-para-comunidades-rurales-aun-no-son-pertinentes-ni-eficaces/
Cierto, el proceso de vacunación de magisterio avanza en cada uno de los estados, pero ¿esta inoculación elimina toda posibilidad de un posible contagio en las escuelas?…
En los últimos días ha aumentado el debate sobre el regreso a clases presenciales en nuestro país. La carrera política por ver quién regresa primero comenzó en el estado de Campeche y, de ahí, algunas entidades han hecho lo propio o, como en el caso de la Ciudad de México, han anunciado que los alumnos y profesores estarán de vuelta en las aulas el próximo 7 de junio.
Curioso es como, muchos medios de comunicación, a diario difunden sendos reportajes en donde se observa a padres de familia, personal docente, administrativo y de apoyo a la educación, con cubeta, escoba y trapeador en mano, realizar actividades de limpieza, desinfección y rehabilitación de algunos espacios físicos con la finalidad de que los estudiantes, a su regreso, encuentren una institución que brinde las condiciones, mínimas e indispensables, para que se prevenga un posible contagio por el virus ya conocido. ¿Por qué no se difunde el estado en el que se encuentran estas instituciones derivado del escaso presupuesto que reciben cada año para habilitar o rehabilitar su infraestructura educativa?, ¿quién aporta los recursos económicos para esa limpieza y desinfección?, ¿son suficientes los kit’s que los gobiernos de las entidades distribuyen para este propósito consistentes en 4 litros de cloro, tres de ácido muriático, dos de jabón líquido, escobas y trapeadores, cuya duración debe ser, al menos, de dos a tres meses?, ¿por qué los padres de familia y maestros deben asumir los costos de estos insumos para cumplir un anhelo político y económico?, ¿cuál es el papel de Estado en estos asuntos?
Sí, la imagen de una madre de familia con una escoba en la mano y con los pies mojados por el agua que permite el aseo de un salón de clases vende, y vende muy bien una idea romántica sobre este regreso a clases. Los medios de comunicación lo saben, los políticos y gobernantes de sobra lo conocen, pero la obligación de éstos últimos, difícilmente se proyecta en el televisor o en otros espacios informativos.
Sí, se habla de la urgente necesidad de que los alumnos vuelvan a las escuelas; se argumenta que es necesaria la socialización entre pares porque favorece su desarrollo; se afirma que los aprendizajes no se han logrado como tendrían que lograrse dada la educación a distancia y virtual que la misma Secretaría de Educación Pública (SEP) promovió a través de cuatro televisoras nacionales y por las cuales se desembolsaron más de 400 millones de pesos; se reafirma la necesaria revaloración de la educación y el aprendizaje como pilares de la sociedad; se asegura la conformación de comités de salud para que den vida a un filtro que permita prevenir contagios entre los distintos actores educativos y no educativos.
Sí, de todo esto se habla, pero no del abandono del que han sido objeto las escuelas por parte de los distintos gobiernos que han despachado desde Palacio Nacional, incluyendo el que se encuentra en estos días por esos lares.
Al fin de cuentas hemos aceptado, que las “aportaciones voluntarias” que anualmente realizan los padres de familia se destinan en la educación de sus hijos hecho que, indudablemente ha propiciado, que el Estado, progresivamente, haya dejado de garantizar que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, el mantenimiento y las condiciones de su entorno (art. 3º Constitucional), sean las más idóneas para todos.
Por su parte, el magisterio, o buena parte de éste, ha hecho su parte. En la medida de sus posibilidades ha apoyado a sus estudiantes. En efecto, es parte de su quehacer docente, pero sus acciones van más allá de lo que representa o significa un contrato, y en ello, probablemente estemos de acuerdo.
Curiosamente, una profesora en estos días despacha desde la silla que alguna vez fue de Vasconcelos. Curiosamente, sabedora de estas y otras demandas y necesidades que prevalecen en el Sistema Educativo Nacional, favorece el próximo regreso a clases anteponiendo el interés económico y, obviamente, las indicaciones del presidente que la colocó en esa silla. Curiosamente, en las entidades de la República Mexicana se observa el mismo panorama; se sigue una línea que no brinda un regreso seguro a las aulas sino, más bien, una carrera política por demostrar que uno es mejor que el otro y viceversa.
Cierto, el proceso de vacunación de magisterio avanza en cada uno de los estados, pero ¿esta inoculación elimina toda posibilidad de un posible contagio en las escuelas?
Hace unos días, Rodolfo de la Torre, a través de su cuenta se Twitter escribió: “La ilusión de dejar atrás la crisis de la pandemia es poderosa, pero falsa y de lo más oportunista”, y no se equivoca. Distintos gobiernos han soltado una avalancha de ilusiones con el propósito de venderle, al pueblo, la idea de que la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia está superada, y no es cierto.
Ojalá, estos gobernantes, pudieran responder para qué regresarán los alumnos a las escuelas. Obviamente que tal cuestionamiento, tiene que ver con un plan educativo que responda a múltiples cuestiones de esta y otras índoles, pero, desafortunadamente, ni la SEP ni los gobiernos locales cuentan con ese plan que desde hace mucho tiempo lo solicitamos, y hoy, a escasas semanas de que culmine el ciclo escolar 2020-2021 sigue siendo un misterio, y lo que es peor, ya les urge abrir las instituciones educativas.
¿Regreso gradual y voluntario? Ahí está el detalle.
¿Para qué, quiénes y por qué? Ahí está una narrativa poderosa y por demás oportunista.
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 25-2021 a la secretaria de Educación del estado de Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, en su carácter de presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Intercultural (UNICH) de dicha entidad, por incumplir una recomendación emitida por el Comisión Estatal de los Derechos Humanos relacionada con la vulneración de las garantías de acceso a la educación, a la seguridad y legalidad jurídica y a la no discriminación de 14 personas, entre ellos ocho estudiantes.
En un comunicado, el organismo nacional refirió que en enero y febrero de 2020 ocho aspirantes a la carrera de médico cirujano levantaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas, en contra de personas servidoras públicas adscritas a la UNICH, en San Cristóbal de las Casas.
Los estudiantes coincidieron en que, a pesar de que tenían la oportunidad de acceder a uno de los 80 lugares de la licenciatura de médico cirujano, al acreditar exámenes, y en algunos casos la entrevista, “eso no fue posible debido a múltiples irregularidades por parte del personal de la UNICH en el proceso de evaluación y admisión a la carrera, dando prioridad a otros alumnos que no tenían derecho por su baja calificación”.
Tras la investigación, la CEDH acreditó que fueron vulnerados el principio de legalidad y existieron violaciones a los derechos humanos de seguridad jurídica, a la educación, a la igualdad y no discriminación, a la garantía de audiencia, entre otras.
De las constancias que integran el expediente, se advirtió que el 26 de agosto de 2020 se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la autoridad responsable para el cumplimiento de la Recomendación, en la que dicha autoridad manifestó que se diseñó un documento que establece, entre otras cosas, que, de manera inmediata y directa, los agraviados ingresen al preuniversitario sin tener que realizar pago alguno, únicamente debiéndose agotar las fechas que indicara la Universidad, situación que le fue notificada al representante legal de las víctimas el 27 de agosto de 2020.
El 2 de septiembre de 2020 los quejosos presentaron un recurso de impugnación ante el organismo estatal por la falta de cumplimiento de la autoridad responsable a todos y cada uno de los puntos recomendatorios y la CEDH determinó incumplida la Recomendación en enero de 2021.
Por ello, la CNDH recomendó a la secretaria de Educación del estado y a la UNICH, garantizar a cinco estudiantes el ingreso al ciclo escolar 2020-2021 del Programa Médico Cirujano y otorgar a tres estudiantes derecho de audiencia para revisar su examen y, si tuviesen el puntaje necesario, permitir su ingreso a la licenciatura en el mismo ciclo.
En caso de no ser posible el ingreso de cinco víctimas al ciclo escolar 2020-2021, se deberá otorgar una beca escolar en alguna institución educativa, pública o privada, que cuente con un programa semejante, la cual deberá considerar gastos de alojamiento, alimentos, traslados, materiales de estudio y demás aspectos que se requieran para cursar su educación superior, lo mismo aplicaría para tres estudiantes más, siempre y cuando cumplan con el puntaje académico.
Asimismo, solicitó inscribir a las ocho víctimas en el Registro Nacional de Víctimas y repararles los daños, incluyendo el pago de compensación económica, apropiada y proporcional al daño sufrido.
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