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SEP: entre la gente y el presidente

Por: Pedro Flores

Quizás haya presidentes de la República que al nombrar al secretario o secretaria de Educación Pública le otorguen cierta autonomía para actuar. ¿Qué modelo de toma de decisiones podrá desarrollar la maestra Delfina Gómez ante el actual titular del Poder Ejecutivo que incluso, dicen, él mismo designó a los subsecretarios de Esteban Moctezuma?

Ante las elecciones intermedias y la probabilidad de que Morena pierda la mayoría en el Congreso, ¿será razonable que la profesora mexiquense siga, con “lealtad ciega”, las ideas del presidente? ¿Podrá Gómez Álvarez establecer un balance entre el voluntarismo presidencial y las necesidades reales de la gente para imprimirle mayor efectividad a la política educativa del país? Ningún mandatario, recordemos, por muy popular que sea, encarna todas y cada una de las aspiraciones ciudadanas. Pensarlo así es muy peligroso.

La prueba de fuego para la Secretaría de Educación Pública (SEP) será el regreso a clases. Si se precipitan y cometen errores que pudieran evitarse, voltearían el apoyo magisterial y social; pero si se abren a escuchar voces discordantes y actúan con una racionalidad distinta a la del caudillo, no solo podrían acertar, sino también demostrar que Morena puede, pese a todo, hacer bien las cosas. Aquí es donde la oposición y el gobierno se unirían para hacer avanzar los asuntos públicos como la educación. Apostarle al fracaso de una parte o de otra implica una pérdida para todos.

Los deseos de Gran Transformación, así como los anhelos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación 2019-2024 tendrán que esperar a ver cómo el actual gobierno resuelve el regreso a clases. El juego político ya bajó al terreno de lo concreto y aquí los ciudadanos tendremos que estar muy atentos. Las “imposiciones y ocurrencias”, en palabras de Esteban Moctezuma, “no caben en el ejercicio horizontal de la educación pública”. Esperamos entonces una gobernanza distinta con la maestra Delfina y así tener un “regreso a las aulas, seguro y prudente” (SEP Boletín 2).

Ante la profunda crisis educativa que vivimos, la SEP podría planear este regreso a clases priorizando su atención a los sectores más desfavorecidos. Diseñar y operar una verdadera “cruzada por la equidad” que nos involucre a todos y haga realidad queninguna escuela mexicana carezca de agua y de servicios para lavarse las manos. Actualmente, 3 de cada 10 establecimientos escolares no cuentan con este servicio(Mejoredu).

Aunado a esta “cruzada por la equidad”, la SEP, como “Ministerio del Pensamiento”, podría desarrollar una “pedagogía ciudadana” que muestre a los agentes escolares las ventajas de comportarse responsablemente. Esto implicaría comunicar con absoluta transparencia a las madres y padres de familia la manera en que operarán los planteles en el futuro, tomar en cuenta las opiniones de las niñas, niños y jóvenes ante el regreso a clases, y ofrecer información clara sobre los déficit de aprendizajes para así deliberar la puesta en marcha de programas compensatorios efectivos. Ojalá la SEP piense bien el papel histórico que tiene.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/sep-entre-la-gente-y-el-presidente/

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Racismo estructural, desigualdad y salud en Estados Unidos

Por: VientoSur.info

En los 5 años desde que uno de nosotros publicó «#BlackLivesMatter – A Challenge to the Medical and Public Health Communities» en el Journal /1 , hemos visto un cambio radical en el reconocimiento del racismo como un rasgo duradero de la sociedad estadounidense y de su alto costo en vidas de personas negras. Tanto los funcionarios electos como los dirigentes empresariales y académicos utilizan el lema «Black Lives Matter», que también ha sido adoptado ampliamente por el público, que por millones protestó por la ejecución extrajudicial de George Floyd /2 . Este encuadre queda plasmado en el término «racismo estructural».

No existe una definición «oficial» de racismo estructural -o de los conceptos, estrechamente relacionados, de racismo sistémico e institucional- aunque se han ofrecido múltiples definiciones /3-7. Todas las definiciones dejan claro que el racismo no es simplemente el resultado de los prejuicios privados de los individuos /8, sino que también es producido y reproducido por leyes, normas y prácticas, sancionadas e incluso aplicadas por diversos niveles de gobierno, y que está arraigado en el sistema económico, así como en las normas culturales y sociales /3,8.

Como legado de la esclavitud africana, el racismo estructural afecta tanto a la población como a la salud individual en tres ámbitos interrelacionados: la política de líneas rojas y la segregación residencial racial, el encarcelamiento masivo y la violencia policial, y la desigualdad en la atención médica. Estos ejemplos, entre otros, comparten ciertos rasgos cardinales: los daños tienen un fundamento histórico, implican a múltiples instituciones y se basan en metáforas culturales racistas.

Líneas rojas y segregación residencial racializada

En 1933, el gobierno federal estableció la Corporación de Préstamos a los Propietarios de Viviendas (HOLC) para expandir la propiedad de viviendas como parte de la recuperación de la Gran Depresión /8. Para guiar las determinaciones de la solvencia hipotecaria, HOLC creó mapas de al menos 239 ciudades de los Estados Unidos. Utilizando la composición racial como parte de su evaluación, el personal de HOLC literalmente dibujó líneas rojas (por lo tanto, «redlining») alrededor de las comunidades con grandes poblaciones negras, señalándolas como áreas de inversión peligrosas cuyos residentes no recibirían préstamos de HOLC. El trazado de líneas rojas hacía que las hipotecas fueran menos accesibles, lo que hacía que los posibles compradores de vivienda negros fueran vulnerables a condiciones depredadoras, con lo que aumentaban las ganancias de los prestamistas, se reducía el acceso a la propiedad de la vivienda y se privaba a esas comunidades de un activo que es fundamental para la transferencia intergeneracional de riqueza. Las hipotecas federales fueron rechazadas independientemente de las opiniones raciales de los oficiales de préstamos hipotecarios; no fue algo personal.

Esta práctica aprobada por el gobierno validó otras maniobras racistas, como los pactos restrictivos que prohibían a las personas negras ser propietarios de viviendas mediante acuerdos legales establecidos por los propietarios anteriores, la infravaloración de los bienes inmuebles en los barrios negros y la violencia de las turbas contra las personas negras que se trasladaban a los barrios blancos. Aunque la política de líneas rojas terminó oficialmente con la Ley de Vivienda Justa de 1968, su impacto se ve hoy en día en la geografía social de las ciudades. La segregación residencial constituyó una plataforma para una amplia desinversión social, especialmente en la infraestructura de los barrios (por ejemplo, espacios verdes, parque de viviendas y carreteras), servicios (por ejemplo, transporte, escuelas y recogida de basura) y empleo.

La segregación racial residencial sigue siendo un poderoso factor de predicción de la desventaja de las personas negras /3,5,9. Hay un legado directo de la política de líneas rojas en la salud y el bienestar: los nacimientos prematuros, el cáncer, la tuberculosis, la depresión materna y otros problemas de salud mental se producen en mayor medida entre los residentes de las zonas señaladas por la política de líneas rojas /3-5. Los mecanismos plausibles de los efectos continuos de la política de líneas rojas sobre la salud merecen ser estudiados más a fondo, teniendo en cuenta la exposición a las toxinas ambientales (teratógenos, carcinógenos, contaminantes atmosféricos, etc.) y el impacto físico sostenido de los factores estresantes psicosociales concentrados /5,9-11. Las mejores calificaciones de los vecindarios HOLC se asocian con niveles más bajos de carcinógenos en el aire y niveles más altos de cobertura de las copas de los árboles (que mitiga los contaminantes del aire y el calor) /12. Los vecindarios predominantemente blancos generalmente tienen niveles más bajos de contaminación del aire /13, mientras que las exposiciones más altas contribuyen a la incidencia de asma y bajo peso al nacer en las comunidades negras /14.

La política de líneas rojas requirió la cooperación del gobierno; de las industrias bancaria, crediticia e inmobiliaria y los promotores privados; así como de los propietarios de viviendas. Juntas, estas partes ayudaron a avivar las creencias culturales de que las personas negras eran malos vecinos, cuya presencia disminuiría los valores de los inmuebles y aumentaría la delincuencia. Además, el racismo estructural que permite y sostiene la segregación facilita el racismo estructural en otras formas, incluyendo el encarcelamiento masivo y la violencia policial y la injusta distribución de la atención médica de alta calidad.

La violencia policial y el estado carcelario

Los Estados Unidos tienen la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, y la policía de los Estados Unidos mata a civiles mucho más a menudo que la policía de otros países ricos /15,16. Un gran número de investigaciones científicas documenta tanto los resultados de la desigualdad racial como los prejuicios raciales en prácticamente todos los aspectos del sistema jurídico penal, y la comunidad negra sufre resultados más duros que los blancos en los encuentros con la policía, la fijación de fianzas, la duración de las sentencias y la pena capital /17,18. La historia de los tribunales, las prisiones y la policía como instituciones que mantienen la jerarquía racial es clave para comprender la naturaleza profundamente punitiva y racialmente desigual del sistema jurídico penal de los Estados Unidos, con importantes y persistentes implicaciones para la salud de las comunidades negras.

La policía contemporánea de los Estados Unidos tiene sus raíces en las patrullas de esclavos, que se establecieron por primera vez en la Virginia colonial del siglo XVIII en un esfuerzo por capturar a los fugitivos y sofocar las revueltas. Tras la abolición de la esclavitud y el efímero progreso de la Era de la Reconstrucción, la policía y las prisiones sirvieron como instituciones clave para reafirmar el dominio de los blancos, especialmente en el Sur. Las fuerzas del orden sancionaron, permitieron y participaron en el linchamiento de personas negras, que las turbas blancas solían llevar a cabo con el pretexto de castigar el delito; en realidad, el linchamiento a menudo tenía motivos económicos y políticos más amplios /19. Los blancos del Sur también utilizaron la policía y las prisiones para hacer cumplir las leyes de vagabundeo y los sistemas de arrendamiento y aparcería para obligar a las personas anteriormente esclavizadas a regresar a los campos – «la esclavitud con otro nombre», como dijo un autor famoso /20.

Cuando el Congreso aprobó las Leyes de Derechos Civiles de 1964, los linchamientos se habían vuelto raros y el sistema de arrendamiento de convictos había sido abandonado hacía mucho tiempo. Pero sólo unos meses después, el Presidente Lyndon Johnson declaró una «Guerra contra el crimen», a la que siguió en la década siguiente la «Guerra contra las drogas» del Presidente Richard Nixon, que apeló a los temores sobre la supuesta criminalidad de la población negra. Estos acontecimientos propiciaron un aumento de siete veces el tamaño de la población encarcelada, y los negros eran encarcelados en una proporción cinco veces mayor que la de los blancos /21,22. Al igual que en la era posterior a la Reconstrucción, el desarrollo del encarcelamiento en masa también tenía dimensiones económicas, por ejemplo, la expansión de las prisiones proporcionaba empleo en las zonas rurales blancas desindustrializadas /23.

A finales del decenio de 1960 también se produjo un aumento masivo de los asesinatos de hombres negros a manos de la policía /24, y no fue hasta el decenio de 1980 que la Corte Suprema de los Estados Unidos impuso restricciones que pueden calificarse de modestas al uso de la fuerza por parte de la policía -por ejemplo, declarando inconstitucional que la policía dispare a un civil que huye de la escena de un crimen pero que no causa daño a los demás /25.

La policía aplicó en su día restricciones raciales en las ciudades que segregaban a las personas negras fuera de las horas de trabajo (sundown towns); ahora se dirige de manera desproporcionada a los negros que entran en los vecindarios de los blancos /26. La actividad policial que dio lugar al tiroteo mortal de Breonna Taylor por parte de la policía en Kentucky ha estado vinculada a un plan de «revitalización urbana» /27.

La actividad policial y el encarcelamiento tienen profundas consecuencias adversas para la salud de las personas negras. Algunas de esas consecuencias son directas: el uso de la fuerza por parte de la policía mata a cientos de personas de raza negra cada año y causa heridas no fatales a muchos miles más. Las personas encarceladas -que son desproporcionadamente negras- corren un alto riesgo de morir después de ser liberadas /28, y las prisiones y cárceles han sido los principales lugares de transmisión de enfermedades durante la pandemia de covid-19 /29. También hay efectos indirectos -por ejemplo, la violencia policial puede perjudicar la salud mental de comunidades enteras mediante la vigilancia constante y la amenaza de violencia /30, y la rotación dentro y fuera de la cárcel puede dar lugar a la propagación en la comunidad de infecciones de transmisión sexual u otras enfermedades infecciosas, como el covid-19 /31.

La idea de que la reforma de la policía por sí sola resolverá la violencia policial es incompleta y engañosa. Un enfoque desde el racismo estructural nos permite ver cómo la policía y las prisiones han cumplido su objetivo de control social de la población negra, que durante mucho tiempo se ha impuesto mediante la violencia. Para que el cambio sea efectivo, debemos determinar qué sectores (como la salud mental y los servicios sociales) deberían participar en el tratamiento equitativo de la seguridad pública sin que sea necesaria una respuesta policial.

Atención sanitaria desigual

La medicina moderna americana tiene raíces históricas en el racismo científico y en los movimientos eugenésicos. El racismo científico reificó el concepto de raza como un atributo biológico innato, y más tarde genético, utilizando la teoría y la investigación científica culturalmente sesgada /32. Los científicos estadounidenses, como Samuel Morton, continuaron esta tradición, utilizando características anatómicas como el tamaño y el volumen del cráneo para clasificar las razas de manera que consagraran la superioridad de los blancos /32,33. El movimiento de eugenesia moderna se extendió por los Estados Unidos a principios del siglo XX, dando lugar a leyes que prohibían el «mestizaje» y la esterilización forzada de «razas» indeseables en un esfuerzo por crear una nación mejor, más inteligente y más blanca /32.

Respetados doctores en medicina, catalogaron a las personas negras como enfermas innatas y deshumanizaron su sufrimiento, utilizando argumentos científicos para dar la ilusión de neutralidad y objetividad. Por ejemplo, en 1851 el médico sureño Samuel Cartwright describió la drapetomanía, una «enfermedad mental» que, según él, causaba que los africanos esclavizados huyeran de su encierro; sostenía que podía evitarse manteniendo a los negros en sumisión y que podía curarse con latigazos /34. Cartwright también «descubrió» la disestesia aethiopica, una enfermedad de los negros caracterizada por la reducción de la capacidad intelectual, la pereza y la insensibilidad parcial de la piel /34. De manera análoga, el médico J. Marion Sims, aclamado como el padre de la ginecología moderna, debía su éxito en la reparación de la fístula vesicovaginal a las repetidas operaciones realizadas, sin anestesia, en mujeres negras esclavizadas, mujeres para las que el consentimiento informado no tenía sentido /35.

Las concepciones racializadas de la susceptibilidad a las enfermedades persisten hasta el día de hoy. En su informe de 2003 titulado Tratamiento desigual: Confronting Racial and Ethnic Disparities in Health Care, el Instituto de Medicina examinó más de 100 estudios y llegó a la conclusión de que los sesgos, los prejuicios y los estereotipos contribuían a las diferencias generalizadas en la atención de la salud por raza y etnia /36. Quince años más tarde, el Informe Nacional sobre la calidad y las disparidades de la atención sanitaria de 2018 documentó que los pacientes negros, los indios americanos y los nativos de Alaska, y los nativos de Hawai y las islas del Pacífico seguían recibiendo una atención más deficiente que los pacientes blancos en el 40% de las medidas de calidad incluidas, con poca o ninguna mejora respecto de las décadas pasadas /37. Por ejemplo, en un estudio realizado en 2016 para evaluar las actitudes raciales, la mitad de las y los estudiantes y residentes médicos blancos tenían creencias infundadas sobre las diferencias biológicas intrínsecas entre las personas negras y blancas. Esas falsas creencias se asociaban con evaluaciones del dolor de los pacientes negros como menos grave que el de los pacientes blancos y con decisiones de tratamiento menos apropiadas para los pacientes negros /38.

Sería miope pensar que el prejuicio y la discriminación individuales por sí solos conducen a una atención deficiente. La desinversión sistemática en los sectores público y privado dentro de los barrios negros segregados ha dado lugar a instalaciones con pocos recursos y menos médicos, lo que hace más difícil contratar proveedores de atención primaria y especialistas experimentados y bien acreditados y, por lo tanto, afecta al acceso y la utilización /3. Independientemente de la intención, las acciones de las partes que van desde las escuelas de medicina a los proveedores, las aseguradoras, los sistemas de salud, los legisladores y los empleadores han garantizado que las comunidades negras racialmente segregadas tengan una atención limitada y deficiente /3.

La aceptación de este trato desigual como «normal» está históricamente arraigada y apoyada por la creencia de que el pueblo negro es intrínsecamente propenso a las enfermedades y, implícita o explícitamente, no merece una atención de alta calidad. Al igual que en el caso de la policía, el desmantelamiento del impacto del racismo estructural en la atención sanitaria no es una cuestión de «unas cuantas manzanas podridas»; debemos reflexionar sobre la forma en que nuestras prácticas cotidianas y aceptadas cosifican la raza, es decir, tratan la construcción social de la raza como una diferencia biológica intrínseca, ejemplificando así y contribuyendo a un sistema más amplio de racismo estructural.

Nuestro papel en el desmantelamiento del racismo estructural

El racismo estructural se remonta a los comienzos de la historia de los Estados Unidos, se extiende a través de sus instituciones y su economía, y habita en nuestra cultura. Su durabilidad contribuye a la percepción de que la desventaja de los negros es intrínseca, permanente, y por lo tanto normal. Pero considerar el racismo estructural como una causa fundamental no es una analogía moderna de la teoría de que las enfermedades son causadas por miasmas – algo que está en el aire, amorfo e indiferenciado. El racismo estructural funciona para dañar la salud en formas que pueden ser descritas, medidas y desmanteladas. Las acciones para desmantelar el racismo necesariamente involucran a toda la sociedad. Ir más allá de la educación individual y la percepción personal para cambiar la política y las normas sociales requerirá la participación de muchas instituciones, pero las comunidades médicas y de salud pública pueden contribuir directamente en al menos cuatro áreas clave.

La primera es la adopción del proyecto intelectual de documentar las repercusiones del racismo en la salud. A pesar de la larga y continua historia del racismo, las investigaciones empíricas que muestran sus repercusiones en la salud rara vez se publican en las principales revistas médicas. Aunque consideramos que las pruebas de los efectos del racismo estructural en la salud son convincentes y están respaldadas por más de un siglo de amplios estudios teóricos y empíricos, siguen siendo marginadas y eclipsadas por otras prioridades de investigación /3-6,39. Cuando las principales revistas médicas abordan el racismo estructural, a menudo se limitan a comentarios y editoriales, como si estos temas fueran adecuados para el debate pero no para los descubrimientos. Se necesita un amplio acuerdo -por parte de los financiadores, editores y revisores- en que el racismo y las desigualdades en los determinantes sociales de la salud en general son temas tan válidos para la investigación como los marcadores biológicos (y ciertamente ambos pueden combinarse).

Además, debe mejorar la disponibilidad de datos que incluyan la raza y el origen étnico, y hay que apoyar los esfuerzos por desarrollar y mejorar la medición del racismo estructural, en particular los que utilizan las bases de datos administrativas disponibles. Esa labor está en marcha y creemos que debe ser ampliamente fomentada /6,40-44.

En tercer lugar, las comunidades médica y de salud pública deben mirar hacia sí mismas, tanto como instituciones como cada individuo. El profesorado y los estudiantes necesitan una visión más completa tanto de la historia de los Estados Unidos como de las formas en que la medicina y la salud pública han participado y siguen participando en prácticas racistas. La reflexión incluye el reconocimiento de los daños derivados del uso acrítico de las categorías raciales, lo que refuerza las suposiciones implícitas de que las diferencias raciales son de origen genético. Además, incluye la medición del éxito de las intervenciones en función de la medida en que reducen las desigualdades en materia de salud (en este caso, entre negros y blancos) en lugar de centrarse únicamente en la población en general. Se han propuesto normas rigurosas y claras para publicar las investigaciones sobre las desigualdades en materia de salud racial /45.

Mientras tanto, abordar la cada vez mayor escasa representación de estudiantes negras y negros en la facultad de medicina /46, y la desventaja que enfrentan las y los investigadores negros en la búsqueda de premios de los Institutos Nacionales de Salud /47 no deben esperar. Deberíamos cuestionar las afirmaciones de que hay un grupo inadecuado de solicitantes negros cualificados para ser reclutados, contratados y promovidos.

En cuarto lugar, deberíamos reconocer que el racismo estructural ha sido desafiado, tal vez con más éxito, por los movimientos sociales de masas. El cambio requerirá políticas que reestructuren las oportunidades de una vida saludable para la gente de color, corrigiendo los errores cometidos por la jerarquía racial fundacional que continúan moldeando la vida cotidiana. La medicina organizada y la salud pública tienen una larga historia de oposición a la desegregación y a un acceso más amplio a la atención médica (por ejemplo, Medicare), de prohibición de médicos negros, de defensa del racismo científico y de consagración de la raza como una variable biológica. Nuestros campos tienen mucho que lamentar, y aún tenemos mucho que ofrecer para corregir nuestros errores históricos. No nos quedemos al margen.

Referencias

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16/12/2020

The New England Journal of Medicine

Traducción viento sur

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México: Acompañará caravana de observación a zapatistas amenazados en Chiapas

La caravana de observación y solidaridad en Chiapas partió este 11 de enero al poblado de Nuevo San Gregorio, municipio Lucio Cabañas, para acompañar a las comunidades Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en su regreso a trabajar a los campos, los cuales «desde noviembre del año 2019 se mantuvieron cercados como parte de los actos de hostigamiento que han sufrido por un grupo de agresores».

La caravana, integrada por organizaciones y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, explicó que durante el retorno de las comunidades realizará los trabajos de observación y documentación «para garantizar el respeto a los derechos humanos, a la vida, integridad física y emocional de las BAEZLN».

Por otra parte, denunciaron que después de la primera visita como caravana a las comunidades autónomas de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio se han vuelto a registrar hostigamientos y presencia de agresores, por lo que exigieron el respeto a la libre autodeterminación de las bases zapatistas.

Las organizaciones explicaron que esta segunda visita a las BAEZLN es un seguimiento a la primera caravana de observación de derechos humanos, documentación y entrega de ayuda humanitaria a las comunidades zapatistas, realizada en el mes de octubre del 2020.

A continuación el comunicado completo:

A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del E.Z.L.N.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
Al Congreso Nacional Indígena.
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
A los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
A la sociedad civil organizada.

La caravana de observación y solidaridad integrada por Organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, informamos que el día de hoy 11 de enero, saldremos a la comunidad de Nuevo San Gregorio, municipio autónomo de Lucio Cabañas como seguimiento de la primera caravana de observación de derechos humanos, documentación y entrega de ayuda humanitaria realizada en el mes de octubre del 2020. [1]

La decisión de dar continuidad a esta caravana, responde a la necesidad de las comunidades Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) de regresar a trabajar a los campos que desde noviembre del año 2019  se mantuvieron cercados como parte de los actos de hostigamiento que han sufrido por un grupo de agresores. Estas acciones han impedido que las familias BAEZLN puedan tener  acceso a su principal fuente de sustento, la tierra.

Por esa razón es que la caravana solidaria acompañará a las bases en su retorno a sus tierras,  para realizar los trabajos de observación, documentación; para garantizar el respeto a los derechos humanos, a la vida, integridad física y emocional de las BAEZLN.

Después de la primera visita como caravana a las comunidades autónomas de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio, se han vuelto a registrar hostigamientos y presencia de agresores en ambas comunidades.

La postura es y ha sido  a favor de la paz, por esa razón exigimos el respeto al derecho a la autonomía y libre autodeterminación zapatista, a sus tierras recuperadas que forman parte de su territorio, así como el respeto y garantía a la integridad, seguridad y la vida de las Bases de Apoyo del EZLN.

Las organizaciones integrantes de la caravana seremos acompañados de la observación internacional y de derechos humanos del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Movimiento sueco por la reconciliación (SweFOR) y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Les pedimos que estén atentas y atentos de los sucesos que puedan ocurrir durante esta caravana de solidaridad y a difundir el contenido público de los hechos ocurridos durante y posterior a la caravana.

Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH).
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI).
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR).
Grupo de trabajo No Estamos Todxs.
Lumaltik Herriak.
Médicos del Mundo, Suiza-México.
Memoria Viva.
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC).
Txiapasekin.
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

[1] https://redajmaq.espora.org/informecaravana2020

Fuente e imagen:  https://desinformemonos.org/acompanara-caravana-de-observacion-a-zapatistas-amenazados-en-chiapas/

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México: Enfermeras que atienden COVID-19 enfrentan incertidumbre laboral y cansancio

Texto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa/ Foto: César Martínez López

Enfermeras mexicanas conmemoraron el Día Nacional de la Enfermería expuestas a riesgos de contagio por COVID-19, sobrecarga laboral, afectaciones emocionales, distanciamiento con su familia e incertidumbre con respecto a su estabilidad en el empleo. 

Cada 6 de enero, México conmemora el Día Nacional de la Enfermería. Este 2021, sin embargo, la efeméride llegó en medio de una pandemia que ya cobró la vida en nuestro país de al menos 130 mil personas.

La enfermería, constituida casi totalmente por mujeres, es la principal actividad al frente de la atención de todas las personas que han sido contagiadas con el nuevo virus, lo que las expone a mayor riesgo de contagio porque son quienes mantienen todo su turno laboral en contacto directo con las y los pacientes, su entorno, sus fluidos y sus secreciones.

De acuerdo con el reporte del 4 de enero del 2021 que da a conocer semanalmente la Secretaría de Salud, seis de cada 10 profesionales de salud que han padecido la enfermedad por COVID-19 son mujeres; 40 por ciento del total de este personal contagiado son enfermeras.

Cimacnoticias platicó con cuatro enfermeras que laboran en distintas instituciones públicas de salud en la Ciudad de México que atienden pacientes COVID, para conocer cómo han cambiado sus condiciones laborales y de vida tras la pandemia.

Sandra, enfermera que labora desde abril pasado en una unidad temporal para la atención de pacientes COVID. Este enero cumplió ocho meses de no ver a su familia. También tuvo que cambiar de residencia y, en algunos casos, ha tenido que hacer uso de los cuartos de hoteles que en la CDMX se pusieron a disposición del personal sanitario que atiende la pandemia.

Antes de la COVID-19, en una jornada laboral promedio, Sandra atendía un máximo de seis pacientes al día y en estado de salud no tan grave. Actualmente, en una área de hospitalización atiende cotidianamente entre 8 a 11 pacientes en estado de salud de moderado a delicado. En el caso de pacientes en terapia intensiva, antes atendía a 1 persona y ahora 2 en estado de gravedad.

Aunque Sandra trabaja las mismas horas que antes de la pandemia y su sueldo aumentó de 16 a 24 mil pesos al mes, las jornadas son más extenuantes toda vez que han tenido que prepararse para la aplicación de nuevos procedimientos y conocer cerca una enfermedad nueva para todas las personas, incluyendo para  el personal sanitario.

En esto coincide Rosario, enfermera obstetra en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende a mujeres embarazadas con COVID.  De acuerdo con Rosario, al inicio de la pandemia el personal directivo y altos mandos del hospital para el que labora no supieron cómo lidiar con las necesidades del personal de enfermería y no les proporcionaron material de calidad, lo que derivó en contagios y hasta muerte de sus compañeras y compañeros.

Fue varios meses después de la pandemia que se tuvo un mejor manejo de las condiciones de trabajo de las enfermeras, de acuerdo con Rosario, quien aseguró que la atención de pacientes COVID es más cansada porque –y en esto coincidieron todas las entrevistadas– el uso del Equipo de Protección Personal es pesado y deshidrata.

Amalia, que atiende a niñas y niños con COVID en el Hospital Infantil de México desde abril de 2019, relató que cuando empezaron a escuchar de los primeros casos de contagio imperó entre el personal un “miedo ante lo desconocido”, que poco a poco fue convirtiéndose en respeto.

La enfermera detalló que, como en el caso de muchas otras compañeras, la COVID le abrió las puertas para laborar en las instituciones públicas, para aumentar su sueldo, que en su caso –al venir de una institución privada– se duplicó, y de crecer profesionalmente.

Sin embargo, por la contingencia sanitaria, tuvo que modificar sus hábitos de vida. Por ejemplo, dejó de visitar por varios meses a su mamá y su papá, a quienes veía una vez por semana. Además de vivir con el constante miedo de ser portadora del virus y contagiar a alguien más.

Laura, una enfermera con 26 años de trayectoria, dijo que tras la pandemia se tuvieron que modificar no sólo los espacios de trabajo dentro del hospital sino también en su casa, con la instalación de tapetes sanitizantes o hacer un cambio de ropa al llegar del trabajo; no obstante, el mayor reto de su trabajo en esta época ha sido presenciar la pérdida de los pacientes.

“El riesgo ha aumentado y el trabajo también. Es muy estresante porque tienes paciente grave y de repente se ponen mal dos o tres pacientes al mismo tiempo. Algunas veces no te das a basto para atender la situación tan eficientemente como quisieras.

Tuve la experiencia de trabajar en un hospital de Tijuana por quince días, y fue una experiencia muy fuerte pues la demanda de la atención médica era muy grande. Gran parte del personal adscrito al hospital estaba con incapacidad por COVID y tuvimos que entrar nosotros (que laboran en la CDMX) y después de nosotros llegaron otros grupos. Ahí sí vi mucha gente morir en cuestión de minutos, a pesar de ayudarlos de manera muy profesional y expedita, era inútil, morían. Nunca jamás antes había llorado tanto por la muerte de mis pacientes, esa sensación de impotencia, coraje mezclados con desesperación ha sido una experiencia que me ha marcado mi vida profesional”, detalló la enfermera.

Antes de la pandemia, en  julio de 2019, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) contabilizó que en el país había 472 mil 781 personas se dedicaban a la enfermería con un grado técnico o especializado de las cuales el 79.1 por ciento mujeres; no obstante, la Secretaría de Salud estimaba que México tenía un déficit de 730 mil enfermeras y enfermeros para cubrir las necesidades sanitarias del país.

Además del déficit del personal, desde 2016 y durante los años recientesmiles de enfermeras han protestado en manifestaciones públicas para exigir una mejora salarial de acuerdo a su nivel de estudios, que en muchos casos es de maestría o más de una especialización; y el reconocimiento social de su labor.

Tras los primeros tres meses de la pandemia, el gobierno federal contrató un total de mil 502 enfermeras especialistas y 18 mil 664 enfermeras generales, de acuerdo con la SS, y el IMSS ofreció a 161 mil 807 personas un bono salarial del 20 por ciento.

No obstante, las enfermeras consultadas coincidieron en que lo prioritario para ellas es que se atienda su salud mental, toda vez que enfrentan desgaste físico y emocional por la pandemia, además de que desconocen qué pasará con sus empleos una vez que las hospitalizaciones disminuyan y se requiera en menor medida de sus servicios, ya que nadie les puede garantizar que su sueldo actual se mantenga o, mejor aún, gocen de una plaza fija.

Fuente.  CIMAC Noticias

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Delfina Gómez: Las clases de la “Clase Política”

 Juan Carlos Miranda Arroyo

Una de las preguntas que me planteo con frecuencia, para no caer en el pesimismo ni en el determinismo social durante los análisis de coyuntura, es: ¿Cuál es el papel que juegan las y los docentes, sobre todo de la escuela pública, en la definición de las decisiones que se toman en materia de políticas pública educativas?

Me parece que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con las dinámicas que se generan durante los procesos de formación y constitución estructural, institucional, de las élites dirigentes, así como con la organización de los colegiados magisteriales que se crean y se recrean en las comunidades educativas. Por ello, y si vamos por partes, en esta oportunidad haré una breve caracterización sobre las élites que gobiernan en México, y describiré algunas de las lecciones que éstas nos dejan y que son recuperables para entender las dinámicas complejas de la formación y ejercicio del poder público.

Observo, de entrada, que las dirigencias políticas y económicas son élites proclives al “mimetismo” (1). Más que una “clase política” con una cierta unicidad, hay personajes y grupos de las élites políticas y económicas -en plural- que se acomodan para mantener el poder y privilegios… Observo que no hay, en contraparte, un empoderamiento ciudadano, ni una construcción ciudadana del poder político, sino élites políticas que buscan cíclicamente la legitimación social. Para el caso de la caracterización del empoderamiento de las y los docentes de la escuela pública en México, se da una negación o una anulación sistemática de estos actores sociales y sus proyectos alternativos.

Vamos a un caso específico: Delfina Gómez. Sin desacreditar de antemano el trabajo que pueda realizar en su paso por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al ocupar próximamente el más alto cargo en la cima de la burocracia educativa, observo que la trayectoria de la Maestra Delfina da pistas acerca de su ubicación como miembro de la élite política emergente del régimen de la “4T”.

Como se sabe, Delfina “se desempeñó como maestra de educación primaria durante la mayor parte de su carrera profesional, desde 1982 hasta 1999; de 1998 a 2012 fue además Subdirectora Auxiliar de Proyectos en la Secretaría de Educación del estado de México.” (WP) Ha sido dirigente sindical del magisterio mexiquense; ha formado parte de una agrupación política con intencionalidades partidistas electorales (el GAP de Higinio Martínez); se ha desarrollado también como política de carrera, pues ha sido presidenta municipal de Texcoco, diputada federal y senadora; fue candidata de Morena a la gubernatura de su estado natal; enlace del gobierno federal actual para coordinar los programas sociales en el Estado de México, y hoy es claramente un personaje cercano al presidente López Obrador.

Pero no solamente con nombramientos en altos cargos del gobierno federal o de las entidades se podría hacer la reconstrucción histórica de las élites, sino también con la movilidad de personajes y grupos que forman parte de la llamada “clase política”, -o dicho en términos más amplios: del “establishment” político nacional o local-, se podría también mirar cómo estas élites dirigentes operan, (lo digo como fenómeno de estudio sociológico o politológico), en diferentes naciones y sistemas políticos.

En México, se podría dar seguimiento a las trayectorias políticas de personajes como Elba Esther Gordillo, del mismo Esteban Moctezuma; o de Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal, Manuel Barttlet y un largo etcétera, que se han beneficiado de su condición de miembros privilegiados de la élite política nacional, tanto con el anterior régimen político hegemónico priista como con el actual, de la “4T”. Queda claro que algunas y algunos de ellos han cerrado filas o han establecido acuerdos cupulares con el presidente López Obrador, como parte de los impulsos políticos de la “4T” y su movimiento social, pero queda pendiente analizar de qué manera estos personajes se vinculan con la ciudadanía y sus demandas sociales, o no, pues sólo servirían al poder o se servirían de él.

Sin duda alguna, podríamos estudiar a personajes que han construido una trayectoria, individual y social, es decir, que han participado en la lucha de las élites dirigentes para ocupar espacios de poder público, los cuales provienen de distintas tradiciones ideológicas o movimientos sociales diversos, lo mismo desde el Partido de Acción Nacional (PAN) que en organizaciones que intentaron romper la alternancia bipartidista, como en su momento lo hizo el Partido de la Revolución Democrática (PRD), junto con otras agrupaciones menores como el PT, MC y Partido Verde. Ahí hay mucha tela de dónde cortar para realizar una sociología de las élites políticas en México.

¿Hasta qué punto estas élites dirigentes son representativas se conectan con y atienden efectivamente a las demandas sociales? El sociólogo estadounidense, Alvin Gouldner, que se ha referido en sus obras a la dinámica de las élites burocráticas, tanto en su base como sus liderazgos, ha sugerido algunas ideas interesantes al respecto: “…analiza -por ejemplo- el conflicto que se genera en la burocracia a partir de la resistencia, la falta de consenso e incluso oposición a los lineamientos generados por las autoridades superiores de la organización.”… “muestra que la burocracia puede tener elementos positivos a condición de que se la aplique en un universo técnico-económico estable.” (2) En esta misma línea, sugiero analizar, como escenario inminente o de futuro, las resistencias que opondrá el magisterio de base, (con esto me refiero a las maestras y los maestros, así como a las y los directivos escolares que integran cotidianamente las comunidades educativas), frente a las decisiones que tome la nueva autoridad educativa nacional, el Congreso y los gobiernos de los estados.

Con todo esto, lo que quiero decir es que una de las lecciones que nos deja el nombramiento de la maestra Delfina Gómez, como titular de la SEP, es que importa su trayectoria y no solamente su origen social. Interesan las formas y los contenidos acerca de la carrera política que se ha generado y le han abierto, para convertirla en lo que es hoy: un personaje importante de la nueva élite gobernante. Y si me permiten el atrevimiento, la Maestra Delfina se encuentra, en los hechos, en la antesala de la lucha por la candidatura presidencial del 2024.

Las clases que nos da la “clase política” local pasan por los caminos del devenir histórico, sociológico y político, sin duda. Por los mimetismos, las concesiones y las anulaciones.

Con el nombramiento de la maestra Delfina Gómez al frente de la SEP, se ratifica así, una vez más, la dinámica política compleja del empoderamiento de las élites dirigentes en México.

Notas o fuentes consultadas:

(1) Se entiende por mimetismo al fenómeno que consiste en una “habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros organismos y a su propio entorno para obtener alguna ventaja funcional. El objetivo del mimetismo es engañar a los sentidos de los otros animales que conviven en el mismo hábitat, induciendo en ellos una determinada conducta” (WP). Obviamente al escribirlo entre comillas, (“mimetismo”), hago alusión a una metáfora aplicable, libre o arbitrariamente, al ámbito social.

(2) Según Alvin Gouldner: “En la burocracia representativa las normas y reglas son promulgadas por expertos cuya autoridad es en general aceptada por todos los participantes organizacionales. En esta situación se obtiene cumplimiento organizacional con algún tipo de conflicto, pero poco conflicto manifiesto. Bajo este tipo de burocracia existe una razonable compatibilidad entre los valores de la organización y los del personal. El conflicto se diluye para fortalecer el consenso, aunque no está ausente totalmente el conflicto (Gaynor, 2009).” En: José Manuel Juárez Núñez y Sonia Comboni Salinas. Introducción al pensamiento sociológico de Alvin Gouldner. Veredas especial. UAM-Xochimilco. México, 2010, páginas 87-114.

jcmqro3@yahoo.com


Fuente e imagen:  SDPnoticias

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La «carga» docente en las Universidades

Por: Manuel Gil Antón

Fardo. Loza en la espalda. Quintal de café que se lleva en el lomo. Tratándose de impartir cursos, la referencia es a algo pesado que se ha de soportar. No se dice carga de investigación. Al contrario, se da cuenta de ella con orgullo: desarrollo o participo en tal proyecto.

Hay 400 mil personas que laboran en las Instituciones de Educación Superior (IES) en el país. ¿Tiempos completos? 80 mil, y trabajan por horas – a destajo – 320 millares, el 80%. Es el personal académico al que se denomina de tiempo parcial o de asignatura. Llevan a cabo la mayor parte de la función docente en condiciones de precariedad laboral.

No es un grupo homogéneo: una proporción se conforma por profesionistas que, en otros espacios laborales, tienen el centro de su atención e ingresos (abogados, ingenieros o contadores, a guisa de ejemplo). Acuden a las instituciones haciéndose cargo de pocas horas de clases. Otro subconjunto, encuentra en esa actividad un complemento no menor a sus percepciones totales, o la desempeña por la flexibilidad de horario para poder atender otros trabajos, generalmente en la casa y el cuidado de los hijos y adultos mayores: por inequidad de género en la distribución de estas tareas suelen ser mujeres.

Hay otro sector, cuya cantidad es necesario precisar, que encuentra en la docencia frente a grupo, mal pagada y sin considerar parte de su trabajo ni la preparación de las clases ni la revisión de trabajos o exámenes, su único espacio de empleo. Ya sea en una o varias IES, procuran acumular cursos para sacar el gasto. Son profesoras y profesores de “tiempo repleto”.

Sin embargo, tanto quienes cuentan con vínculos de tiempo completo como el personal de tiempo parcial, tienen responsabilidades en la docencia. Esa función sustantiva que, merced a la valoración dispareja con la investigación, se concibe como carga es vital en la generación de nuevos profesionales y científicos.

Su contratación deriva de la tenencia de diplomas que acreditan su saber, pero no de la capacidad de generar ambientes de aprendizaje, proceso muy diferente a “dar clases”. La capacidad docente se cree derivada de un saber certificado, no de su conjunción con habilidades profesionales para suscitar condiciones para aprender. Pueden dominar el contenido de su especialidad, pero no el dominio pedagógico del contenido programado en los cursos que se les asignan. Cualquiera puede enseñar si sabe del tema.

Se ha reflexionado mucho sobre el impacto de la pandemia en las tareas docentes, como si previo a esta calamidad no hubiera ya fallas tan graves como la ausencia de preparación para llevarlas a cabo. A mi entender, se trasladó a las plataformas virtuales lo mismo que antes se hacía. ¿Se quiere averiguar lo que ha pasado en estos meses de escolarización remota de emergencia (no de educación a distancia)?

Paradójicamente, para responder a esta pregunta es necesario reconocer que concebir a la docencia como carga, y no advertir su complejidad intelectual ni la necesidad de mejorar las condiciones en que se lleva a cabo por parte de los tiempos parciales, son previos a la pandemia. Quizá se hizo más visible su descuido. La solución no es tecnológica. Inicia con la recuperación de la importancia de esta labor, despreciada por el espejismo de la investigación como la moneda de curso legal en la estructura de prestigios e ingresos. Ser diestros en el ZOOM deja inalterable el menosprecio en que se ha sumido la docencia desde hace años. Ahí, a mi juicio, reside el problema.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-cargadocente-en-las-universidades/

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OPINIÓN: Agenda 2021

Por:  Tlachinollan

Para la clase política de Guerrero, las elecciones que se realizarán en el mes de junio, será el tema central, en torno al cual girará el devenir del estado en este naciente año. La lucha por los cargos públicos será ríspida y hasta con visos de violencia, por las divisiones internas que resaltan al interior de los partidos políticos. La multiplicidad de facciones desgasta y debilita a los partidos, porque se lucha por los cargos y no por la transformación de nuestra sociedad. Los intereses económicos son los que ahora rigen al interior de los institutos políticos, y no los principios ideológicos, que son meros referentes de lo que antaño fue la identidad de los partidos.

Las disputas políticas al interior de los mismos institutos se tornan graves, por los enconos y rivalidades que se profundizan, sin que existan mecanismos eficaces para contener y atemperar estas rivalidades. Ante el temor de que haya agandalle en los cargos públicos, cada facción se organiza con su líder o dirigente, para dar la pelea en cada distrito y en cada municipalidad. El pleito es al interior del partido, porque de ahí depende de que sus candidatos aparezcan en las boletas electorales. Este trance requiere hacer méritos, sobre todo, tener aportaciones de todo tipo, para congraciarse con la dirigencia.

El escenario se complica por la colusión que existe entre los grupos de la delincuencia con los grupos políticos. En los últimos trienios hemos visto como algunos líderes políticos, han coqueteado con el crimen organizado y establecido vínculos con jefes de la delincuencia, para dar la pelea con recursos mal habidos. Esta situación anómala no solo pervierte el proceso electoral, sino que atiza la violencia en un terreno minado por las rivalidades que existen entre los grupos de la delincuencia, que se disputan férreamente el control territorial. El empoderamiento de estas organizaciones ha puesto contra la pared a las mismas autoridades municipales, al grado que prefieren alinearse y supeditarse a su lógica delincuencial. Los mismos cuerpos de seguridad no dan confianza a la población, por sus nexos con la delincuencia y porque no están capacitadas para realmente prevenir el delito y apoyar en la desarticulación de las redes del crimen.

El desbordamiento de los márgenes de la legalidad, propiciado por la delincuencia, no garantizará un proceso electoral dentro de un ambiente de libertad y seguridad, por el contrario, estará marcado por un clima de miedo, amenazas y vendettas. El asesinato de precandidatos, precandidatas y candidatos a puestos de elección popular en los pasados procesos electivos, son los focos rojos que siguen activados, y que requiere acciones coordinadas de los tres niveles de gobierno.

No basta que se incremente el número de efectivos policiales o militares, porque los actores armados no son los más idóneos para garantizar la paz y la legalidad. El gran desafío lo tienen los partidos políticos y las mismas autoridades, que están obligadas a actuar con pulcritud y transparencia, y no ser comparsas de la ilegalidad y de componendas con actores delincuenciales, que se han enquistado al interior de las instituciones gubernamentales y de los mismos partidos políticos. La corrupción que se encuentra adherida dentro de las estructuras del poder, no se puede extirpar de forma abrupta, mientras no se depuren a los funcionarios y agentes que se acostumbraron a vivir de la extorsión y los moches, como si fuera parte de la gobernabilidad. Se tienen que acabar con las zonas porosas que existen dentro de las estructuras del poder público, que son las que permiten las transacciones ilícitas, al amparo del poder. Las mismas autoridades tienen que mantenerse al margen de esta contienda, porque su injerencia es lo que genera enojo, desconfianza y encono, porque se lucra con la pobreza y se toman banderas partidistas que desprestigian a los mimos partidos.  El destino del presupuesto público debe de manejarse con transparencia, sin la carga electorera que tradicionalmente utilizan los gobernantes., al igual que la construcción de obras, que siempre llevan el sello o el del partido que gobierna en el municipio o en el estado, como si fueran los dueños de estos fondos. Aun estamos lejos de que las contiendas electorales sean transparentes y pacíficas, porque quienes nos gobiernan no se manejan bajo estos principios, les pesa todavía la visión clientelar, facciosa, coactiva, utilitarista y mafiosa de los procesos electorales, que miden la calidad de nuestra democracia.

Mientras esto ocurre entre clase política, la población guerrerense se sigue hundiendo en el pantano de la pobreza. Cada mañana lo corroboramos en las principales avenidas de las ciudades, con las decenas de personas ambulantes, desde niños y niñas hasta adultos mayores. El crecimiento desmedido del ambulantaje nos invade por todos lados. La deserción escolar se incrementa en la medida que no hay alimento seguro en la casa y no hay dinero para comprar medicinas. Miles de familias del campo han cerrado sus casas para contratarse como jornaleros y jornaleras agrícolas en los estados fronterizos de Chihuahua, Sonora y Baja California. Mas de 15 mil personas indígenas de la Montaña, se han registrado en la casa de jornalero, siendo el 30 por ciento de niños y niñas.

El hambre será el principal flagelo en este 2021 para las familias guerrerenses, porque no hay ingresos seguros. Ni las ciudades turísticas cubrieron las expectativas económicas de los empresarios y trabajadores. Las remesas ya son insuficientes para cubrir las necesidades básicas y los subsidios gubernamentales, se diluyen ante los altos precios de la canasta básica. No hay dinero que alcance para comprar suficiente maíz y las medicinas básicas para sobrellevar los síntomas del Covid-19. El escenario se vislumbra incierto, sin opciones para hacer frente a esta calamidad. Los programas federales, ha pesar de su incremento en el presupuesto, no podrán atender la multiplicidad de necesidades básicas que requieren las familias pobres. Se necesita implementar programas especiales para cada región, tomando en cuenta su potencial productivo y las características de su población y de su habitat.

La falta de medicamentos tiene costos muy altos, no solo por lo inalcanzable de sus precios, sino porque en población vulnerable, como niños y niñas prematuras, mujeres con alto riesgo en su embarazo, adultos mayores con problemas de comorbilidad, que se encuentran en comunidades apartadas, tienen sus días contados. El numero de personas que fallecen por falta de atención médica, se ha incrementado y agravado con la llegada del coronavirus. Los pacientes y sus familias prefieren atenderse en sus domicilios, porque saben que en el único hospital que recibe pacientes en general, no cuenta con suficientes camas, con personal médico especializado, con estudios de laboratorio ni con medicamentos. Con estas deficiencias, hay fundados temores de que la gente muera en el hospital, no solo por Covid-19, sino por la obsolescencia de los servicios.

El grave problema de la violencia y la inseguridad, en la percepción de la gente común, la situación va de mal en peor. No hay un municipio que garantice seguridad a sus habitantes. Hemos constatado que los grupos de la delincuencia tienen controladas rutas y regiones, donde la población tiene que adaptarse a sus modos de operar. En la Tierra Caliente, la cuota, es una práctica generalizada entre los comerciantes que quieren mantenerse con sus giros económicos. En la región Norte, las disputas por las plazas y ciertos territorios mantienen en constante zozobra a la población. En la zona Centro y la Sierra, varias comunidades están en medio del fuego cruzado y en la disyuntiva de permanecer en sus domicilios o desplazarse fuera de la región. En el puerto de Acapulco, los asesinatos diarios muestran el nivel de empoderamiento de los grupos de la delincuencia, que están en constante pugna. En la Costa Grande, la población sigue padeciendo las peleas a muerte por el reparto territorial entre los grupos del crimen organizado, dejando inerme a la población. La Costa Chica y la Montaña, empiezan a resentir las divisiones que se han dado al interior de los grupos de la policía comunitaria, que ha sido aprovechada por la delincuencia, para irse posicionando de algunas cabeceras municipales.

Este panorama deja ver que la guardia nacional, no ha dado los resultados esperados. Su presencia, además de insuficiente, es meramente testimonial. Los mismos grupos de la delincuencia saben que no tienen órdenes para desarmarlos ni para desmantelar su estructura. En los lugares donde se han suscitado hechos de violencia, a causa de los conflictos agrarios, no han querido establecerse, porque requieren lugares seguros para acampar y que las partes en conflicto, lo soliciten por escrito. Pesa más el criterio burocrático entre los pueblos indígenas que requieren con urgencia su presencia para disuadir la confrontación, que contrasta con su intervención inmediata, para desalojar a los migrantes centroamericanos.

El 2021 llega con mucha pesadumbre, por la violencia imparable, sobre todo contra las mujeres y niñas que han sido víctimas de feminicidios y de un sistema de justicia patriarcal, que da un trato discriminatorio que vulnera sus derechos como víctimas. Lo más desolador es que en este año las autoridades estatales y municipales, sobrellevarán los problemas más agudos, con el pretexto de que no habrá presupuesto suficiente. La población por su parte, seguirá luchando por su sobrevivencia, sorteando su vida, en medio del coronavirus, el hambre y la violencia delincuencial. También será testigo de la disputa que protagonizarán los partidos políticos y sus candidatos, para agenciarse los cargos públicos, donde hay dinero seguro, protección garantizada y servicios de calidad. La brecha entre la clase política y el pueblo trabajador, seguirá ensanchándose y profundizándose en nuestro estado, mientras los que ambicionan el poder, sigan haciendo negocios privados,  pisoteando los derechos de la gente pobre.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-agenda-2021/

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