América del Norte

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México: Proyecciones Educativas 2020-2030

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Es interesante, así mismo, observar el panorama de futuro que presentan la Educación Media Superior y Superior

Algunas de las preguntas que se hacen los expertos o especialistas en planificación y desarrollo de los sistemas educativos, en el plano nacional y local, son, por ejemplo: ¿Cuáles serán las necesidades educativas del futuro? ¿En qué medida la población demandará atención educativa o ejercerá su derecho a la educación durante los próximos años? ¿Cuáles son las capacidades del Estado, actuales y futuras, para garantizar ese derecho humano fundamental? ¿Cuáles son las expectativas tanto de la sociedad como de los gobernantes con respecto a la educación pública?

Para el caso de México, un estudio publicado en 2013, preparado por Adriana Olvera (1), del Centro de Estudios Educativos, propone algunas proyecciones educativas que resultan interesantes: desde el nivel de educación preescolar hasta la superior, que abarcan escenarios entre el año 2015 el 2030. En ese estudio, el cual por cierto logra una interesante caracterización del “Sistema Educativo Mexicano” (por lo cual sugiero su lectura completa), la autora señala que para el año 2020 la población escolar (alumnos inscritos) en Educación Preescolar sería de más de 5 millones 200 mil alumnos; en Primaria de más de 13 millones 862 mil estudiantes, y en Secundaria de 6 millones 569 mil alumnas y alumnos en todo el país.

El escenario futuro de la población escolar, en términos de probable matrícula, para el año 2030, según el estudio mencionado, proyecta una cantidad de alumnos en Preescolar de más de 5 millones 647 mil; en Primaria de 13 millones 200 mil estudiantes y en Secundaría de 6 millones 400 mil alumnos. Como se puede apreciar, la tendencia es a la baja (en cuanto a población escolar) en dos de los tres subniveles de la Educación Básica: Primaria y Secundaria.

Es interesante, así mismo, observar el panorama de futuro que presentan la Educación Media Superior y Superior, en términos de los estudiantes matriculados (según ese pronóstico). De acuerdo con las proyecciones elaboradas por Olvera, a partir de la información proporcionada por la SEP, la Educación Media Superior (EMS) pasará de 5 millones 120 mil alumnos en 2020, a una población escolar aproximada de 5 millones 163 mil estudiantes en el año 2030. Lo que representa una tasa de crecimiento, para la próxima década, cercana al 1 por ciento. Mientras que en la Educación Superior (ES) el ritmo de crecimiento será mayor, puesto que la población escolar pasará de 4 millones 824 mil alumnas y alumnos en 2020 a una matrícula nacional de casi 6 millones de estudiantes (5 millones 983 educandos) para el 2030.

Olvera también afirma, según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que: “La población en edad escolar, es decir de tres a 24 años, descenderá paulatinamente: en 2015 representará el 40 por ciento y en 2030 el 34 por ciento del total de los habitantes del país.” (2) Descenso que habrá de analizarse con más detenimiento en virtud del diseño de las políticas públicas educativas del futuro.

Finalmente, con respecto a la evolución de la población escolar en los escenarios de futuro, Olvera asevera que: “En la prospectiva realizada por la SEP, la tendencia educativa será ampliar la matrícula en Preescolar, Bachillerato, Superior y capacitación para el trabajo; y se reducirán las de Primaria y Secundaria… El crecimiento más importante de la matrícula se registrará en el nivel superior, en particular de 2015 a 2025. En cambio, bachillerato es un nivel que solo tiene un gran aumento previsto de 2015 a 2020, para llegar a crecer menos de 1%. Llama la atención que en 2030 se tenga contemplado que ingresen solo 8 mil 317 alumnos más que en 2025. A su vez, Preescolar tiene tasas de crecimiento positivas en matrícula, que se van haciendo más bajas cada quinquenio. Algo similar sucede en capacitación para el trabajo.”

cuadro educacion

GráficaJuan Carlos Miranda

En general, es importante hacer mención de estos escenarios de futuro, en lo que concierne al comportamiento población de educación formal y no formal (capacitación para el trabajo) en México, esto con la intención de discutir las orientaciones y la toma de decisiones que actualmente las autoridades educativas, federales y estatales, asumen.

“En términos generales, -dice Olvera- se han descrito los dos momentos de la vida educativa del país puestos en contraste, obviando en mucho los procesos que condujeron a que ambos tuvieran lugar. Los escenarios son distintos, la presión demográfica que se encontraba en preescolar y primaria ha cedido y se está trasladando a los niveles educativos superiores. ¿De qué manera están contando las previsiones del cambio demográfico en las decisiones de política educativa actualmente? ¿las proyecciones presentadas en el último apartado de este diálogo revelan el rumbo de la política educativa?”

En ese sentido justamente cabe preguntar: ¿Cuáles son las acciones y sus efectos de las políticas públicas educativas, aplicadas hoy, en torno de la EMS y la ES? Sobre todo tras la creación del sistema de universidades “Benito Juárez”. ¿Existe congruencia entre los proyectos educativos nacionales (creación de nuevas instituciones educativas al vapor, becas para estudiantes de EMS y ES, etc.) y la realidad educativa (actual y futura) del país? ¿Cuáles son las previsiones que al respecto han considerado los planificadores y estrategas (si es que los hay) de la educación pública, y específicamente los que trabajan –dentro de la SEP- para el régimen de la “4T”?

“Los datos que aquí se han mostrado permiten aprender varias lecciones. Una de ellas es que la urgencia de los últimos tiempos no deberá ser solo atender lo emergente demográficamente (bachillerato y superior), pues se trata de mantener andando la dinámica de elevada atención en primaria y secundaria, que se puede lograr aprovechando la capacidad instalada (escuelas y docentes) y el descenso de la presión demográfica, así como de ser capaces de no desacelerar aquellos esfuerzos que aún no se han consolidado, como los de preescolar y capacitación para el Trabajo, donde una buena parte de la demanda potencial sigue reclamando atención.” (3)

Fuente consultada:

(1) Olvera, Adriana. (2013) “Las últimas cinco décadas del sistema educativo mexicano”. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XLIII, núm. 3, pp. 73-97.

(2) En la imagen que acompaña este texto, se pueden apreciar los datos completos del cuadro No. 9 de referencia.

(3) Olvera, A. (misma obra)

Fuente: https://www.sdpnoticias.com/columnas/juan-carlos-miranda-proyecciones-mexico-educacion-2020-2030.html
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ESTADOS UNIDOS Los ‘desiertos educativos’ son un problema asombroso y las universidades con fines de lucro se están aprovechando

Noticias

América del Norte/EEUU/Universityworldnew

Una cosa es no poder pagar una educación universitaria. Es un tema completamente diferente cuando ni siquiera tienes una universidad a tu alrededor, escribe Aarthi Swaminathan para Yahoo! Finanzas

Un informe reciente del Jain Family Institute (JFI) revela que el acceso a la universidad no se trata solo del costo de la universidad. El acceso físico a las instituciones públicas de educación superior en todo Estados Unidos también ha sido muy desigual. Específicamente, las regiones del oeste de Estados Unidos tienen poco o ningún acceso a una institución de educación superior, en comparación con la costa este. Laura Beamer, líder del proyecto de financiación de la educación superior en JFI y una de las dos autoras del estudio, dijo a Yahoo Finance : “Aunque el acceso financiero es extremadamente importante, el acceso geográfico también es una parte muy importante de este diálogo y se debe hablar más. « El acceso desigual tiene amplias implicaciones para los futuros estudiantes, la mayoría de ellos negativos.

Las partes de los EE. UU. Donde hay «poco o ningún acceso» a una institución de educación superior «son terrenos de caza principales para instituciones con fines de lucro», dijeron los autores. El sector de educación superior con fines de lucro ha experimentado un tremendo crecimiento desde la crisis financiera. En 2016, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York señaló que la inscripción en escuelas de educación superior con fines de lucro se había «disparado» cuando el país salió de la Gran Recesión. Las universidades con fines de lucro también han conocido a los graduados con altos niveles de deuda estudiantil y, en algunos casos, brindan educación de baja calidad con falsas promesas de colocación laboral.
Informe completo sobre Yahoo! Sitio de finanzas

Fuente: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200222090842419

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«Pensiones» o ayudas: cada cosa por su nombre

Gustavo Leal Fernández

Por: Gustavo Leal F.

El presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a recibir pensión por vejez, discapacidad y becas de estudio ( Gaceta Parlamentaria, 26/11/2019). Para los diputados de Morena el objetivo es que se garantice a esa política social, que es universal, los recursos que se requieren ahora como derechos constitucionales.

Esta oportuna iniciativa exige algunas precisiones. Carece de evaluación del impacto presupuestario, podría ser discriminatoria al no ajustarse al artículo primero constitucional que establece igualdad de los derechos humanos y, al ofrecer duplicar la pensión no contributiva a adultos mayores y pensionar discapacitados, identifica como pensión lo que en es apoyo, ayuda o subsidio.

La pensión constituye una cantidad temporal o vitalicia que la seguridad social paga por razón de jubilación viudedad, orfandad o incapacidad ( Real Academia de la Lengua). O auxilio pecuniario que, bajo ciertas condiciones, se concede ( Diccionario Enciclopédico Espasa). Proviene de pensio, pensionis: renta o canon anual que se concede a una persona. Una pensión concedida exige disponer de la dimensión integral del soporte a la supervivencia: justo lo que establecen, obligatoriamente, las leyes de las instituciones de la seguridad social. Según la Organización Internacional del Trabajo, ellas brindan protección asegurando asistencia médica: enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad, así como seguridad del ingreso: vejez, desempleo, guarderías, vivienda ( Informe sobre el trabajo en el Mundo, 2013). Esto se logra con cuotas, prestaciones y servicios. A la pensión se accede cuando ocurre alguno de los riesgos amparados por ley: viudez, orfandad, cesantía o vejez.

Llamar pensión a cualquier ayuda no es sólo una cuestión de términos que se confunden. La ayuda implica apoyos que brindan un auxilio particular: es una suerte de acción colectiva con moti-vos sociales.

También la ayuda se distingue de una pensión por su temporalidad. Las ayudas son circunstanciales y responden a diferentes factores de asignación. El compromiso puede terminar en cualquier momento. Las pensiones se conceden en lapso sucesivo: el asegurado aporta cuotas para financiar su asignación. El Diccionario Jurídico Mexicano establece, además, que la pensión no debe verse como una concesión gratuita o generosa del Estado o patrono. El derecho se adquiere con aportaciones por determinado número de años de trabajo productivo (UNAM, 1984). En cambio, el apoyo no se asocia a derechos, sino a políticas públicas: frente a riesgos similares, los beneficios son menores para quienes tienen menores ingresos.

En efecto, toda pensión es ayuda, pero no toda ayuda es pensión. Así que esas sendas iniciativas para elevar a rango constitucional el derecho de la población a recibir pensión por vejez y discapacidad, así como becas para estudiar, no aluden a una pensión en sentido estricto. Esos apoyos no son sustitutos del ingreso, tampoco derivan de relación laboral alguna ni se norman por leyes y contratos colectivos. Son ayudas contabilizadas como apoyo a adultos mayores en pobreza. Es decir: un subsidio (SHCP, ramo 20, desarrollo social).

Por tanto, sería deseable que la oportuna iniciativa evitara referirse a esas pensiones no contributivas como pensión porque, en realidad, son ayudas o subsidios. Y podrían, mejor, ser presentadas como un Programa Estratégico de Apoyo e integrantes de un Sistema Estratégico Nacional, junto con las becas y capacitación laboral a jóvenes y las becas para los estudiantes. Sistema Estratégico Nacional, por cierto, sujeto a derecho y sin la amenaza de achicamientos por recortes presupuestales.

Ello honraría a los que se han ganado, por años de servicio, su pensión y otorgaría legitimidad propia al nuevo Programa Estratégico Nacional como progra-ma de derechos.

Además, identificar pensión con apoyo es un error conceptual que puede conducir, posteriormente, a que se pretenda resolver –a la baja– el serio pendiente del fracaso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), incapaz de pagar retiros dignos. Recurriendo a montos crecientes de recursos fiscales públicos –impuestos generales– se pretendería subsidiar una mal llamada pensión universal dentro del SAR: 2 mil 550 pesos bimestrales que constituye –apenas– un apoyo. Además, estimaciones preliminares del costo fiscal –para 2019– de esa transferencia duplicada, alcanza 0.34 por ciento del PIB (De la Fuente/Armenta, Macro Keys, UBS, 15/11/2018). Todo lo cual pospondría tratar y resolver, de fondo, el desafío pensionario del SAR y el sistema Afores, como se aguarda del nuevo gobierno.

En este caso, llamar cada cosa por su nombre es imprescindible. Así, la oportuna iniciativa de Andrés Manuel López Obrador podría sustituir pensión no contributiva por apoyo, subsidio o ayuda, si de lo que se trata es estar a la altura de la ofrecida 4T. Por ejemplo, como bonos, nunca como pensiones.

Fuente:  https://www.jornada.com.mx/2020/02/22/opinion/015a2pol

Imagen: https://pixabay.com/photos/senior-people-board-poverty-4561704/

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4T, mujeres y violencia

Pedro Miguel

Por: Pedro Miguel

Duele mucho el palpable incremento de todas las formas de violencia en contra de las mujeres. ¿Será que se ha visibilizado, será que a los hombres nos exaspera y enloquece que ellas reclamen dignidad y seguridad, será que siguen su curso los fenómenos de descomposición y envilecimiento social a pesar de las estrategias y políticas del nuevo gobierno, será que hay un manejo mediático perverso para capitalizar casos específicos y crearle ingobernabilidad al Presidente? Creo que todos esos componentes son reales y que deben ser reflexionados.

La mera inclusión del femigenocidio como una de las expresiones de la violencia generalizada que padece el país puede resultar irritante para muchas que reclaman con toda justicia una mirada específica y acciones concretas e inmediatas para detenerlo. Ante el dolor y la rabia de agresiones que se suceden sin solución de continuidad desde los micromachismos hasta el feminicidio resulta del todo insuficiente la enumeración de los propósitos y las acciones generales de política pública orientados a abatir la inseguridad y, específicamente, a garantizar los derechos de las mujeres, empezando por el derecho a una vida sin violencia.

En este punto, la 4T se enfrenta a tres desafíos: por un lado, si bien el gobier-no de Andrés Manuel López Obrador ha sido congruente en palabras y en actos en su determinación de avanzar a la consecu-ción de una igualdad sustantiva, no ha logrado incorporar a su discurso una perspectiva de género; por el otro, en el ámbito de la seguridad, las políticas de combate a la corrupción, generación de bienestar, apego a los derechos humanos y las nuevas concepciones de prevención y combate a la delincuencia no han arrojado resultados inmediatos y palpables en una reducción general de los índices delictivos; en tercer lugar debe mencionarse la parálisis inducida en Morena, que una vez más ha sido incapaz de funcionar como puente entre el gobierno y los movimientos sociales. Esta injustificable ausencia, doblemente irritante si se considera el enorme trabajo realizado en años pasados por numerosas instancias del partido en materia de derechos de género, hizo posible, por inconcebible que parezca, un inmediato aprovechamiento de la causa por partidos y grupos de la derecha conservadora.

El primer desafío es el menos complicado. En el mandatario y su equipo, así como en la mayor parte de las bancadas legislativas de Morena, existe la determinación de hacer frente a todas las expresiones de machismo y de pugnar por la consecución de los derechos de género. El segundo es más difícil porque no se puede remontar en uno o dos años una descomposición moral, económica y social inducida durante cuatro décadas. De ello dan cuenta, por ejemplo, los entornos socioeconómicos en los que ocurrieron el asesinato de la niña Fátima Cecilia, en Xochimilco, y la muerte de la bebé Karol Nahomi, quien al parecer falleció por descuido en Saltillo, Coahuila, o el atroz feminicidio de Ingrid Escamilla, perpetrado unos días antes por su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero. El tercero pasa inevitablemente por la superación del conflicto en Morena y por la normalización de la vida partidista.

La violencia que sufren las mujeres en todos los entornos y en casi todas las circunstancias no necesitaba de esos casos particulares como detonantes de protestas radicales. Ya desde agosto del año pasado éstas tuvieron lugar en el Metro Insurgentes, la sede de la procuraduría capitalina y otros sitios. La novedad de las manifestaciones frente a Palacio Nacional de días recientes es que se buscó capitalizarlas como una muestra contundente de ingobernabilidad y hasta como el Ayotzinapa de López Obrador, según caracteriza-ción de uno de los golpeadores profesionales de los medios oligárquicos.

Sería cómico, si no fuera grotesco, que Acción Nacional se presente ahora como feminista y que para probarlo proponga castigar los feminicidios con pena de muerte.

Resulta impostergable restablecer la articulación entre los movimientos de las mujeres y la transformación nacional en curso y aceptar una verdad ineludible: la Cuarta Transformación será feminista o no será.

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¿Qué pasa en la UNAM?

Roberto Rodriguez

Por: Roberto Rodríguez

En los últimos meses han ocurrido en la Universidad Nacional una serie de paros, toma de instalaciones y suspensión de actividades en varias de las entidades de la institución, principalmente en las escuelas del bachillerato. Al momento de escribir esta colaboración se mantienen en suspensión cuatro planteles de la UNAM: las preparatorias Tres, Siete y Nueve, así como la Facultad de Filosofía y Letras.

En noviembre del año pasado se suspendieron actividades dos semanas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esa coyuntura, el tema de la violencia de género ocupó el lugar central, y la solución del conflicto se derivó del compromiso institucional de atender a las demandas formuladas por el colectivo de mujeres que participó en la toma.

Un elemento común de las actuales expresiones de protesta ha sido el reclamo por la insuficiente atención a demandas relacionadas con acoso y otras formas de violencia de género. Desde la perspectiva de los grupos estudiantiles que han protagonizado o participado en esos eventos, las autoridades universitarias han sido omisas para resolver la problemática. También se ha señalado la inoperancia de dispositivos tales como protocolos, recomendaciones o campañas centradas más en la persuasión que en un efectivo rediseño de las pautas de convivencia universitaria.

En algunos casos, principalmente en las escuelas de bachillerato, a las demandas de género se han agregado otras: las condiciones de seguridad dentro y en el entorno de los planteles, los servicios de auxilio médico, el equipamiento de aulas y talleres, e incluso la disponibilidad de espacios para los colectivos de acción política y cultural. Persiste la exigencia de erradicar el porrismo en las escuelas y se han denunciado casos de posible corrupción o abuso de autoridad de funcionarios e incluso profesores, entre otros temas. Además se demanda la reformulación de los protocolos para la atención de las formas de violencia de género, en cuyo diseño participen los colectivos de mujeres estudiantes, la impartición de asignaturas obligatorias para concientizar a los estudiantes en la temática, así como la creación de servicios para el apoyo psicológico y jurídico a las víctimas.

Una de las demandas más complejas, presente en varios de los paros, es aquella que exige la expulsión o despido, según el caso, de estudiantes, académicos, funcionarios o trabajadores que han sido señalados, incluso en forma anónima, como posibles victimarios o cómplices de casos de acoso o violencia sexual. Las posibilidades de un procesamiento con justicia de acusaciones de esta naturaleza probablemente exceden las capacidades institucionales, por ello su solución no es sencilla como elemento de una negociación mutuamente satisfactoria entre las partes.

Una pregunta que ronda el ambiente es ¿se trata de movilizaciones aisladas, de movimientos articulados entre sí, o de protestas dirigidas desde el exterior universitario para desestabilizar a la institución? Las hipótesis de un complot contra la institucionalidad cobraron credibilidad en la coyuntura del proceso de elección del rector a finales del año pasado, entre otros factores por la participación en el proceso sucesorio de la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La reelección de Enrique Graue al frente de la Universidad no modificó sustancialmente la conflictividad de la protesta; quienes pensaban que una vez concluido el trámite de cambio o renovación de la rectoría se aplacaría el conflicto estaban equivocados, ello no ocurrió así, más bien al contrario.

No puede dudarse que los grupos promotores de las tomas de instalaciones se comunican entre sí, es de sentido común. Pero hay una distancia entre ello y la hipótesis de un único movimiento coordinado y articulado por una dirección central y estratégica. Es poco probable si se toma en cuenta la relativa diversidad de expresiones, demandas específicas, fórmulas de negociación e incluso la auto-caracterización de los colectivos protagonistas. Todo parece indicar, más bien, que hay una influencia recíproca en los repertorios de la protesta, en el eje compartido sobre las demandas de género y probablemente también en los esquemas de resistencia/negociación.

Desde luego es llamativa la dificultad que priva hasta el momento para la operación de canales de diálogo eficaces. El caso de la Facultad de Filosofía y Letras, en que las aproximaciones desde la autoridad con propósitos de una negociación convencional conducente a la devolución de las instalaciones han sido infructuosas. Tampoco han rendido el fruto esperado las opciones de intermediación entre las partes del conflicto, y no se advierte cuál podría ser la ruta de solución. En la Preparatoria 9, las cosas han cobrado un perfil todavía más complejo por la confrontación de grupos de estudiantes y padres de familia que buscan recuperar, motu proprio, las instalaciones. Cuando el espacio de autoridad es ocupado por otros actores, las cosas andan muy mal.

Las clases han iniciado y los paros siguen. Seguramente por ello las autoridades de la Universidad intentan una solución urgente. Pero el retorno a la “normalidad” confronta, precisamente, el tema central de la protesta. ¿Se espera que las comunidades de estudiantes y académicos operen como una presión para finalizar los paros? No es sencillo, por una razón: con cada vez mayor claridad se generaliza la opinión según la cual las demandas son legítimas aunque los medios para hacerlas cumplir no lo sean en la misma dimensión.

¿Y por lo tanto? Dos riesgos claros: uno es que los conflictos escalen en el entorno universitario, lo que podría suceder si no se consigue su anticipación y procesamiento. El otro es que el fenómeno pueda ser replicado en otras instituciones. Ello no es impensable e implica asumir, antes que sea tarde, respuestas que atiendan la problemática de género en cada una de las instituciones de educación superior y centros de bachillerato.

También hay una tarea para los legisladores: incorporar a la nueva Ley General de Educación Superior la perspectiva de género en su doble dimensión: oportunidades equitativas y respeto íntegro a la dignidad y seguridad de las personas.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/que-pasa-en-la-unam/

Imagen: https://pixabay.com/photos/unam-library-th-university-mexico-2167334/

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La disputa por la educación

Miguel Angel Pérez

Por: Miguel Ángel Pérez

He optado por este encabezado para referirme a los hechos y acontecimientos que recientemente se presentan en nuestro país, tal vez el título del presente artículo no sea el más afortunado y creo que es cierto; la disputa por la educación es la disputa por la nación que se remonta en nuestro país, en la parte más reciente -por decir algo- al siglo XIX en las pugnas entre liberales vs conservadores, de igual manera el campo educativo es un campo en disputa, un terreno minado que ha servido como arena para la confrontación libre y sin reglas, de ideas, de proyectos, de intereses y ambiciones.

Lo novedoso de esta disputa a la que me refiero, es que acontece entre nuevos actores que aparecen en la escena pública, por ejemplo grupos empresariales que cobijados o encubiertos por discursos vinculados a la calidad y la eficiencia disfrazan sus intereses económicos e ideológicos por disputar e intentar apropiarse de la conducción educativa, aquí entran los consorcios televisivos Mexicanos primero, Suma por la educación, Mexicanos contra la corrupción,Educación entre otros, estas agencias se suman a los viejos organismos que disputaban la educación, como el SNTE, la CNTE, la burocracia de la SEP, los gobiernos estatales, incluso el clero en su faceta educativa, etc.

Otra rasgo que se suma a los anteriores es que la disputa por la educación también obedece a contradicciones o fracturas en el seno mismo del Estado concebido éste como un ente jurídico – político, en su traducción de gobierno sexenal. Es decir, dentro del actual aparato gubernamental hay varias propuestas o varias iniciativas las cuales no tienen una matriz única, van desde posiciones de centro – izquierda hasta posiciones de descarada orientación de derecha, ¿Qué significa todo esto? Que las nuevas hegemonías se han fragilizado y la disputa por la educación realmente ha concluido en el centro de una parte de la misma, hay quienes controlan o pretenden controlar la orientación ideológica de los contenidos educativos, hay quienes deciden controlar (o intentar hacerlo) al magisterio nacional y por estados, hay quienes controlan los medios y recursos tecnológicos como apoyo para la enseñanza, etc.

La nueva disputa por la educación se despliega en tres grandes campos: en el campo económico, en el político y en lo propiamente educativo. Los que se sesgan a la disputa económica por la educación, están más abocados al intereses del dinero, ven el servicio como un negocio tienen interés de privatizar y sacar provecho de la venta de lo que se pueda y pretenden controlar o monopolizar lo que sea rentable que atraviese a la educación pública concebida como un negocio de alta rentabilidad.

En la esfera política la disputa por la educación tiene que ver con el control y el poder de los organismos y las instancias que representan a los maestros, a los padres de familia, incluso a las universidades y los agrupamientos de científicos y especialistas, aquí el centro de la disputa se ejerce de acuerdo a visibilizar o invisibilizar (según sea el caso), a grupos, organismos o personas que sean afines a los proyectos de las grandes corporaciones o se opongan a ellas.

Y por ultimo el campo propiamente educativo se concretiza, en contenidos de estudio, en planes y programas, en la elaboración de libros de texto, esquemas de formación y capacitación del magisterio en formación o en servicio, etc., este último es el campo más visible en la disputa por la educación, en los otros la contienda es menos visible pera más compleja.

La nueva disputa por la educación ha inaugurado escenarios inéditos .

En cuanto a los métodos de confrontarse, (hoy se opta en el uso de las redes sociales), se protagoniza a partir de campañas mediáticas y tiene como trasfondo el asunto del financiamiento y el riesgo del veto político.

La disputa se vive en distintos campos, hay batallas todos los días que se ganan y se pierden incluso el responsable de encabezar la SEP no es un personaje neutral también él forma parte de algunos de estos organismos en disputa.

Cada instancia cuenta con un proyecto propio que no siempre tiene como respaldo una visión estratégico o de largo plazo, algunas instancias se mueven y se consumen mucho más con la coyuntura del día a día, así es como hacen avanzar (o retroceder) su propio proyecto.

Esta disputa es normal porque atrás de cada postura hay un sustento político e ideológico de la misma y una forma particular de concernir la realidad y de actuar en torno a ella. Pero no existe una instancia que sirva como un árbitro o un mediador que le saque provecho a las posiciones y que gane de la disputa, aquí como ha sucedido desde hace muchos los grupos son los que ganan, pero la nación es la que sale perdiendo.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-disputa-por-la-educacion/

Imagen:     https://pixabay.com/photos/typewriter-book-notes-paper-801921/

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El acoso psicológico en el aula: Testimonio de un doctorante

Saúl Alfonso Esparza Rodríguez

Por:  Saúl Alfonso Esparza Rodríguez

“Este mensaje está dirigido a todas aquellas personas que al igual que yo, sufren o han sufrido algún tipo de acoso en su trabajo o centro de estudio. Es un problema social que no debe normalizarse”.

Una de las principales motivaciones para escribir este artículo es una experiencia que viví como estudiante de doctorado. Durante un espacio de dos años, fui objeto de acoso psicológico por parte de algunos compañeros del posgrado que actualmente estoy cursando. Derivado del interés personal que envuelve este tema, así como de mi formación como investigador, me di a la tarea de hacer una revisión de los trabajos de investigación realizados acerca del tema del acoso psicológico en las aulas, con el fin de alertar a la sociedad de un problema real al que todos estamos expuestos. Mi intención es prevenir y evitar que acontecimientos de este tipo sea normalizados en espacios comunes dedicados a la educación.

Para aquellas personas que no estén familiarizadas con este término, el acoso psicológico es una forma de abuso emocional que se define como un conjunto de comportamientos realizados por el abusador de forma intencional y hostil, durante un tiempo frecuente y prolongado, con el fin de vulnerar en algún sentido a una persona o grupo de personas (Aquino y Lamertz, 2004; Doyle, 2001; Hirigoyen, 2001; Lewis y Orford, 2005; Leymann, 1996; Quine, 1999; Salin, 2003; Soares, 2002) citados en (Justicia et al., 2006).

“Una persona que sufre de acoso psicológico muestra afectaciones tales como la pérdida gradual de la autoestima, la seguridad en sí misma, así como un cambio en la percepción de sus capacidades personales con una orientación negativa”.

El acoso psicológico debilita anímicamente a una persona, dañando su autoestima, generando miedo e inseguridad, haciéndole cuestionar su reputación, su rendimiento escolar o profesional, en donde el aspecto psicológico es afectado sensiblemente. (Martínez-Otero Pérez, 2017). Asimismo, se han identificado situaciones relacionadas con trastorno de estrés postraumático, trastorno por ansiedad generalizada e ideación suicida, irritabilidad, hipervigilancia y desconfianza, paranoidismo, depresión y somatizaciones (Acosta-Fernández et al., 2017).

Existen dos elementos importantes que definen una situación de acoso Parés (2006), por un lado, los denominados “actos de marginación”, que es el comportamiento mostrado por la persona afectada en donde se aísla del grupo social al que pertenece; y por otro lado, el elemento grupal del acoso moral, en donde otros individuos son partícipes en este tipo de fenómenos, tanto directa como indirectamente.

Específicamente en términos de la actividad profesional, Parés definió el concepto mobbing como el acoso psicológico en el trabajo que tiene como objetivo destruir la estabilidad psicológica de un ser humano a través del descrédito (Parés, 2005). En términos concretos, el mobbing se practica acosando grupalmente de tal manera que la víctima “estigmatizada” no pueda defenderse, ni pueda hablar, o si lo hace se procura que su palabra no tenga valor. Por lo tanto, en estos casos la indefensión de la persona afectada proviene de la pasividad de los testigos que permiten la desvalorización gradual de otro ser humano, aún y cuando participen en el proceso en forma indirecta.

Considerando mi caso, me identifico con los aportes de los investigadores arriba mencionados; lo relaciono claramente con situaciones que viví en el salón de clase. Por ejemplo, en las sesiones que participé, sufrí distintas formas de hostigamiento, generalmente en términos de comentarios orientados a evidenciar una falta de conocimiento de mi parte en los temas vistos en las sesiones, burlas hacia mis propuestas en clase, además de críticas hacia mi estilo personal o de la forma de expresarme. Todo esto se trasladó además a medios digitales, donde incluso se compartieron imágenes (memes) que sugerían una falta de capacidad de mi parte en el manejo de ciertos temas.

“El mayor peligro que el acoso y el hostigamiento representan para la salud mental y la estabilidad emocional de una persona se encuentra en el aislamiento”.

Dentro de ese periodo de tiempo, uno de los temas de mayor sensibilidad que debí enfrentar fue una situación de calumnia en la que se puso en tela de juicio mi ética profesional sugiriendo que uno de mis trabajos había sido plagiado. Esta situación me provocó diferentes emociones negativas tales como molestia, intimidación para expresar mis ideas, intranquilidad y ansiedad, lo cual incluso llegó a afectar la forma en cómo me relaciono con mi familia.

Lamentablemente, en México los casos relacionados con el acoso muestran estadísticas alarmantes. De acuerdo con los resultados de PISA 2015 sobre el bienestar de los alumnos, un 20 % de los estudiantes mencionó sufrir acoso escolar al menos unas pocas veces al mes, además un 13 % de la comunidad estudiantil mencionó recibir burlas de sus compañeros. Esta situación tiene efectos negativos incluso en términos de rendimiento escolar, ya que las escuelas con altos niveles de acoso escolar muestran un promedio de aprovechamiento menor en comparación con aquellas que presentan un nivel bajo en prácticas de abuso (OCDE, 2017). Asimismo, la encuesta ECOPRED 2014 de la INEGI  estima que un 32.2 % de los jóvenes entre 12 y 18 años fueron víctimas de acoso escolar o bullying, siendo en total alrededor de 1.36 millones de estudiantes.

La estadística relacionada con el ciberacoso realizada por el INEGI en 2017 a personas entre 12 a 59 años de edad, muestra que el 16.8 % declaró haber vivido alguna situación de acoso cibernético. El 46.4 % manifestó que las personas de las que recibieron algún tipo de hostigamiento son personas conocidas de poco trato o solo de vista, el 32.7 % identificó amistades cercanas como fuentes de acoso y el 22.8 % a compañeros de clase o de trabajo como los hostigadores (INEGI, 2017).

De mi experiencia puedo identificar que en una situación de acoso participan tres actores principales:

  • Persona que hostiga: Aquella persona o personas que en forma sistemática desarrollan actividades relacionadas con el acoso psicológico mediante comentarios con intenciones de hostigamiento, burlas, calumnias o falsos rumores.

  • Participantes indirectos: Aquella persona o personas que fueron parte de la dinámica del acoso sin ser perpetradores directos necesariamente.

  • Sujetos afectados: Aquella persona o personas que fueron objeto de acoso con el objetivo de vulnerar su integridad moral.

Dentro de este marco de referencia, es imperativo el desarrollo de protocolos adecuados para la detección, atención y seguimiento del acoso psicológico, en donde las organizaciones educativas participen activamente en la erradicación de este tipo de prácticas mediante la acción tutorial en todos los niveles educativos. Esto es considerado incluso a nivel Doctorado, donde las tutorías académicas son un requisito propuesto por Conacyt para el seguimiento del desarrollo de cada doctorante.

Por lo anterior, este mensaje está dirigido a todas aquellas personas que al igual que yo, sufren o han sufrido algún tipo de acoso en su lugar de trabajo o centro de estudio. Es un problema que definitivamente no se debe normalizar, por lo que considero preciso dejar como manifiesto que: ninguna persona tiene el derecho de hostigar a otra, de ninguna forma, en ningún momento, en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia.

Después de vivir esta experiencia, creo que el mayor peligro que el acoso y el hostigamiento representan para la salud mental y la estabilidad emocional de una persona se encuentra en el aislamiento. Una persona que sufre acoso se siente fuera de contexto sin posibilidad alguna de integrarse con un grupo determinado, puesto que el ser humano es social por naturaleza. Por ello, si alguien se encuentra en una situación similar a la que yo viví, le recomendaría buscar el fortalecimiento emocional con un ser querido, con quien tenga un alto grado de confianza para poder expresarse sin temor a ser juzgado, ese es el primer paso.

En ese sentido, los especialistas recomiendan realizar un proceso de intervención que considere aspectos tales como: la disminución del nivel de ansiedad en la persona afectada, mejorar su estado de ánimo mediante la identificación y reconocimiento del problema, con el objeto de canalizar estados de ira y de resentimiento en energía positiva (una técnica conocida como desactivación emocional). También buscar el fortalecimiento de la autoconfianza, autoestima y habilidades asertivas que contribuyan a que la persona pueda retomar su desarrollo personal y profesional saludablemente.

Por parte de las instituciones, es fundamental diseñar y mantener protocolos adecuados para que una persona que sufre de acoso pueda solicitar ayuda con la confianza de que se dará un seguimiento profesional, serio y objetivo al problema. Se requiere de un trabajo conjunto entre personas e instituciones para mejorar el clima laboral o escolar mediante procesos ya establecidos.

A pesar de todo lo que viví, un factor que rescato como «positivo» es la decisión de canalizar esa sensación de incomodidad y molestia enfocándome en mis proyectos de investigación y, con ello, tener mayor productividad científica durante mi proceso de formación como investigador, el cual culmina en 2021.

Referencias

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Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/acoso-psicologico-en-el-aula-testimonio?utm_source=Newsletter+de+innovaci%C3%B3n+educativa+%28docentes%29&utm_campaign=c26c528e47-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_15_LDTEC_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6e1a145e3e-c26c528e47-236911139

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