La escuela primaria Mitchell en Bridgewater, Massachusetts, está en el punto de mira después de publicar la fotografía de una niña negra hincada ante dos niños blancos que la mantienen sujeta con cuerdas.
La dirección de la escuela primaria Mitchell, situada en el estado de Massachusetts, EE.UU., se ha visto obligada a presentar explicaciones por una imagen que publicó en Facebook. En la fotografía se ve a tres niños y una adulta vestidos como peregrinos, pero uno de los menores es una niña negra que aparece de rodillas y es sujetada con cuerdas por los blancos, a la manera de una esclava, según CBS Boston.
«Si miras esa imagen fuera de contexto, ¿qué vas a pensar? Es claramente lo que parece: repugnante», dijo uno de los padres e integrantes de la comunidad educativa, que se negó a ser identificado.
La escuela aseguró posteriormente que las cuerdas atadas a la pequeña, de 8 años, sólo pretendían imitar las correas utilizadas en el siglo XVII para evitar que los niños se alejaran corriendo, pero muchos padres cuestionaron el hecho de que fuese una niña de color la elegida para ser mostrada en situación de inferioridad.
«Nunca fue nuestra intención el degradar a una persona o grupo», aseguró el director de la escuela, Derek Swenson. «El Distrito Escolar Regional de Bridgewater-Raynham se disculpa sinceramente con los alumnos, el personal y la comunidad en general por este desafortunado incidente», agregó.
Practicamente cada paso en el proceso de certificación para maestro arriesga excluir a profesores hispanos y negros potenciales.
Convertirse en un profesor certificado en Estados Unidos generalmente significa navegar por un laberinto de cursos universitarios y pruebas de certificación, y por supuesto, pagar por todo eso.
El objetivo de estas pruebas es tener un cuerpo docente de alta calidad, y varios defensores poderosos han estado intentando aumentar el nivel de exigencia. Pero las regulaciones tienen un alto precio: una profesión menos diversa.
Un análisis de Chalkbeat ha revelado que prácticamente cada paso en el proceso de certificación docente común trae consigo el riesgo de excluir desproporcionadamente a los futuros maestros de color. Los requisitos para ingresar en las escuelas de educación, pasar los exámenes de preparación docente, y muchísimos otros factores afectan más a los futuros maestros negros e hispanos.
Y aunque los investigadores han examinado estos pasos de manera independiente, los resultados muestran cómo varios obstáculos hacen que sea más difícil lograr una mayor diversidad en el cuerpo docente.
«Lo que sabemos sobre los diferentes componentes de la certificación realmente sugiere que reduce la diversidad de la reserva potencial de maestros», dijo Dan Goldhaber, profesor de la Universidad de Washington y experto en certificación docente.
En la actualidad, el 80% de los maestros de las escuelas públicas de EEUU son blancos. Esa cifra ha disminuido tan sólo ligeramente en los últimos 15 años, aun cuando la proporción de estudiantes que no son blancos ha crecido notablemente y aunque las investigaciones recientes hayan mostrado que los estudiantes de color se benefician cuando reciben clases impartidas por maestros de color.
El análisis de Chalkbeat no demuestra definitivamente que las reglas de licenciamiento afectan la diversidad, dado que las consecuencias de modificarlas o eliminarlas no están claras. Tampoco está claro cuán útiles son estos requisitos para mejorar la calidad de los maestros. Las investigaciones generalmente han encontrado una modesta relación entre la certificación y el éxito de los docentes en el aula.
Pero a medida que más estados tratan de aumentar el nivel de exigencia para ingresar a la profesión docente, es evidente que el mayor peso de las estrictas normas de certificación lo cargan los maestros de color. Aquí te explicamos cómo.
1. Todo comienza con un promedio académico acumulado (GPA).
Porcentaje de graduados universitarios que no cumplan determinados umbrales del GPA.Chalkbeat
34 estados tienen requisitos de GPA para los individuos que entran a la docencia o para las cohortes de alumnos en los programas de formación de maestros. Los acreditadores nacionales han obligado a las escuelas de formación a adoptar esos requisitos.
El requisito más común es el de 3.0 de GPA, que excluiría a casi a la mitad de los graduados universitarios negros y a más de un tercio de los graduados universitarios hispanos, según un informe federal del año 2012. (Una nota de precaución: estos datos son algo antiguos, y abarcan a los estudiantes que se graduaron en el año escolar 2007-2008. No parece haber datos recientes más completos).
2. Cuando toman los exámenes de docencia tradicionales, los candidatos negros e hispanos reprueban más a menudo.
Prácticamente todos los estados del país exigen que los candidatos a profesores aprueben los exámenes estandarizados, a menudo un examen de habilidades básicas y evaluaciones de contenido específico. La encarnación moderna de los exámenes de competencias docentes comenzó en el sur, en la década de 1970, coincidiendo con los amplios esfuerzos para integrar las escuelas, y se diseminaron rápidamente; los críticos en el momento dijeron que su propósito era excluir a los maestros negros.
Independientemente de los motivos, todavía sigue pasando que el índice de aprobación de estos exámenes es considerablemente menor, en promedio, para los futuros profesores de hispanos y negros.
Un análisis realizado por los Servicios de Pruebas de la Educación, los cuales producen los exámenes Praxis que se utilizan comúnmente, reveló que los candidatos de color eran significativamente más propensos a reprobar Praxis I, una prueba de habilidades básicas.
Los examinados negros tuvieron alrededor de 40% menos probabilidades de aprobar que los examinados blancos, y los examinados hispanos tuvieron alrededor de 20% menos probabilidades. También se observaron brechas entre los examinados blancos y los examinados asiático-estadounidenses y nativos americanos.
Proporción de candidatos que no aprobaron el examen de certificación docente de habilidades básicas de California.Chalkbeat
Cada examen Praxis II, que abarca temas desde la instrucción elemental hasta la química, tiene una disparidad similar.
Eso no significa necesariamente que los requisitos son motivados por prejuicios raciales. Algunos dicen que simplemente reflejan desigualdades sociales más amplias.
«Esas diferencias de rendimiento no son el resultado de un sesgo en la prueba, sino un reflejo de factores en la sociedad que conducen a diferentes oportunidades educativas», dijo Christine Betanelli, una vocera de ETS, quien dijo que se están haciendo esfuerzos importantes para garantizar que las pruebas sean justas y libres de prejuicios.
Los exámenes específicos de cada estado muestran tendencias similares. En California, según los datos de 2010 a 2015, los candidatos blancos son mucho menos propensos a reprobar el examen de destrezas académicas básicas.
Algunos estados incluso responsabilizan a los programas de preparación docente de esos índices de aprobación. Por ejemplo, Carolina del Norte amenaza con sancionar las escuelas donde menos del 70% de los candidatos aprueben el Praxis. Tres de las cuatro escuelas que no cumplieron ese parámetro en años consecutivos eran colleges y universidades históricamente negras, según los últimos datos.
3. Un nuevo tipo de prueba ha reducido las brechas, pero los candidatos negros continúan reprobando en tasas más elevadas
Proporción de candidatos que reprobaron la edTPA en Nueva York, 2013-2016.Chalkbeat
Lo que muchos ven como defectos de los exámenes de papel y lápiz –específicamente, que no son capaces de medir las habilidades docentes– ha impulsado la creación de evaluaciones destinadas a juzgar a los maestros en acción.
El más popular, el edTPA, les exige a los candidatos presentar un portafolio, incluyendo videos de enseñanza. Doce estados y cientos de programas de formación de personal docente lo utilizan.
Un informe nacional constató que no había ninguna diferencia en el rendimiento entre los candidatos hispanos y los candidatos blancos. Pero los candidatos negros tuvieron un desempeño sustancialmente peor que el promedio. En Nueva York, los examinados negros son casi dos veces más propensos a reprobar el edTPA que los candidatos blancos o los candidatos hispanos, según el estado.
Sin embargo, la disparidad entre personas negras y blancas en el edTPA, aunque considerable, tiende a ser significativamente menor que las brechas en los exámenes Praxis. Andrea Whittaker, directora nacional de la edTPA, dice que un próximo informe demostrará que las diferencias entre el desempeño de los candidatos blancos y negros han disminuido aún más.
4. Todos los exámenes docentes cuestan mucho, especialmente si hay que tomarlos varias veces
Otra característica de los exámenes de certificación que puede disuadir a los futuros profesores de color –y a otras personas de bajos recursos económicos– es su costo, aunque nadie ha cuantificado el efecto del precio de los exámenes hasta ahora.
Los exámenes Praxis tienen un costo de 60 hasta 170 dólares. Con un costo de 300 dólares, el edTPA es considerablemente más caro que las pruebas tradicionales. En estados como Nueva York que requieren múltiples exámenes, los costos pueden sumarse rápidamente y se vuelven más importantes para aquéllos que tienen que repetir un examen. (Algunos estados, distritos y programas de capacitación subvencionan estas tarifas).
5. Las vías alternativas atraen más maestros de color, pero algunos estados las limitan
Proporción de profesores que ingresan a través de la certificación alternativa.Chalkbeat
Los futuros maestros en todo el país pueden obtener un certificado de enseñanza en una universidad, generalmente acompañado por prácticas docentes. Casi todos los estados permiten rutas alternativas, a menudo con periodos de formación mucho más cortos.
Los datos nacionales muestran que los maestros negros e hispanos tienen el doble de probabilidades que los profesores blancos de haber sido preparados mediante un programa alternativo. La diversidad de los profesores podría verse afectada en estados con rutas alternativas limitadas, aquéllas que mantienen requisitos de capacitación similares como los programas tradicionales, o simplemente lugares donde las opciones alternativas son escasas.
Eso es lo que reveló un estudio de 2009 que comparó la proporción de profesores de color en relación con la población adulta en todos los 50 estados. Los estados con amplias opciones de licenciamiento alternativo tenían mucha más diversidad entre los miembros del cuerpo docente que los estados con escasas o ninguna certificación alternativa.
En el tema de violencia de género la solución se puede encontrar en la educación, por ello legisladores integrantes de la bancada del Partido de la Revolución Democrática proponen que desde la Ley de Educación se incluya el conocimiento de la igualdad sustantiva de género en los planes de estudio, señala un comunicado de prensa.
La iniciativa fue presentada ante el Pleno de la LXXIII Legislatura local, y en ella se prevé reformar el artículo 30 de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán.
Los motivos de la propuesta fueron presentados en tribuna por Francisco Campos Ruiz, diputado por el Distrito de Coalcomán a nombre de los legisladores Belinda Iturbide Díaz, Nalleli Pedraza Huerta, Manuel López Meléndez, Raúl Prieto Gómez y Juan Pablo Puebla Arévalo.
De acuerdo con Campos Ruiz en la actualidad existe una violación continua y sistemática de los derechos humanos de las mujeres, “la violencia de género tiene muchas caras y se presenta en todos los ámbitos sociales, desde las relaciones de pareja, hasta las relaciones laborales, de modo que las mujeres sufren violencia psicológica, sexual, patrimonial y económica, doméstica, laboral, obstétrica, mediática, institucional, simbólica, acoso u hostigamiento, entre otras”.
Señaló que pese a que los gobiernos han puesto en marcha diversos programas para acabar con este fenómeno, no se ha podido abatir la discriminación y los malos tratos hacia las mujeres.
“Si bien es cierto que los planes de estudio a nivel básico los realiza la Secretaría de Educación Pública Federal, también lo es, que la Secretaría de Educación en el Estado tiene obligación de poner a consideración, y en su caso, autorización de aquella, contenidos propios a las necesidades del Estado, como por ejemplo, la materia de historia de Michoacán, que actualmente se imparte en las primarias”.
En consecuencia Campos Ruiz subrayó que es de suma importancia que la Secretaría de Educación en el Estado, ponga a consideración, y en su caso, autorización de la Secretaría de Educación Pública Federal, contenidos relacionados con la igualdad sustantiva de género “con lo cual inculcaremos en los niños, niñas y adolescentes, valores relativos entre otras cosas, al respeto de los hombres hacia la mujer y de las mujeres hacia ellas mismas”.
México / 22 de octubre de 2017 / Autor: Humberto Muñoz García / Fuente: Campus Milenio
Un problema que ha estado presente en la historia de México es el de la desigualdad social. No hemos tenido la suficiente fuerza y habilidades para cambiar la situación injusta que padecen la mayor parte de nuestros compatriotas. Este problema se reproduce y se encuentra de diferentes maneras en distintos planos de la realidad social, siendo uno de ellos el educativo. Doy algunos ejemplos.
En un análisis publicado en un libro del Seminario de Educación Superior, UNAM (2009), se indica que las universidades públicas en México forman un conjunto institucional estratificado. La diferenciación va más allá de indicadores estrictamente económicos. Se expresa en función del contexto educativo (vía la cobertura), de la estructura demográfica ligada a la demanda, de la relación entre el subsidio y la matrícula, de los soportes intelectuales para hacer investigación y de criterios políticos. Lo que resalta, en suma, es que las universidades públicas se distinguen por diferencias en sus capacidades intelectuales, derivadas de los recursos materiales y humanos con los que cuentan.
Unas instituciones tienen más ventajas que otras para cumplir con sus tareas. Hay grandes diferencias para hacer investigación, formar investigadores, contribuir al desarrollo del entorno social y para adquirir un determinado peso político que permita influir en las políticas públicas instrumentadas por el gobierno. Y estas desigualdades institucionales tienen que ver con las posibilidades de que los alumnos tengan una buena educación y que los actores y sujetos del cambio social cuenten con conocimientos apropiados al desarrollo local.
La institución donde se estudia o trabaja resulta de importancia para entrar al mercado laboral o para tener una voz reconocida en la opinión pública. Estudiar en una universidad es relevante en la definición de las oportunidades de vida y de estatus. En México, la mayor parte de los jóvenes no tiene acceso a la educación superior. Un poco más de seis de cada diez personas, que tienen entre 18 y 23 años, no estudian licenciatura. Y entrar a una universidad es más difícil para los jóvenes cuyas familias tienen ingresos escasos que para quienes provienen de las familias más adineradas. Aquí radica una desigualdad notable.
A fines del sexenio pasado, se indicó que un 20 por ciento de los jóvenes provenientes de los 4 deciles de ingreso más bajos estaban matriculados en el nivel superior. Ese porcentaje había aumentado, en contraste con el del pasado. Los estudiantes de las familias más ricas (deciles 9 y 10) doblaban esa proporción en las universidades públicas, mientras que la diferencia era bastante mayor cuando se trata de las universidades privadas. (Datos de la SEP). Estas últimas, como se sabe, incluyen a las instituciones de elite y a aquellas que atienden a estudiantes que no encontraron ubicación en las públicas o que no pueden pagar universidades caras.
El lugar donde habitan las familias también es significativo en relación con las oportunidades de estudio que se brindan. En México hay diferencias de cobertura muy grandes entre las entidades con más alta y más baja cobertura. En el estudio de Gil, Mendoza, Rodríguez y Pérez (2009) diecisiete entidades tenían una cobertura menor que el promedio nacional. En los datos mostrados por el Subsecretario Tuirán (2012) hay entidades que rebasan hasta 2.3 y 3.9 veces la tasa de cobertura más baja en el país. Las líneas divisorias no desaparecen, mantienen desiguales a los jóvenes en la República. La desesperanza de un mejor futuro es la que crece entre ellos.
Por otra parte, cuando incorporarse a una universidad es difícil, y se mantiene a los jóvenes en medio de la inseguridad y la incertidumbre, con un estrés cotidiano, en un ámbito social violento, se afecta el rendimiento escolar. Más aún, si hay violencia por la venta de estupefacientes en el barrio en el que se localiza la escuela o de plano en las instalaciones universitarias. No hablo de ninguna universidad en lo particular, porque hay señalamientos de que el problema se ha extendido sin distinción entre las instituciones.
La desigualdad educativa, traducida en falta de oportunidades de estudio, una dosis de violencia provocada por el clima social que se vive, y la carencia de valores éticos, nos dan una trilogía de factores de la cual no se desprende un futuro promisorio para las nuevas generaciones de universitarios. Y eso preocupa y duele. Necesitamos encaminarnos a cambiar las realidades institucionales para que el paso por nuestras escuelas y universidades produzca razonabilidad, pensamiento crítico, capacidades de convivencia con los otros, respeto a las ideas diferentes, disponibilidad para el diálogo, compromiso social y actitudes innovadoras.
Algunas cuestiones pueden resolverse sí se abren buenas universidades, sí se exige al Estado acciones eficaces contra la venta de drogas en los planteles y sí formamos estudiantes tolerantes que contribuyan a formular un nuevo pacto social. Necesitamos nuevas políticas que amplíen el financiamiento a las universidades, políticas que liberen las falsas presiones en la vida académica, y políticas que estimulen el accionar ciudadano de los universitarios.
México / 22 de octubre de 2017 / Autor: Fanny Miranda / Fuente: Milenio
La organización constirurá cien aulas temporales con muebles y kits escolares para maestros y alumnos, en las zonas afectadas de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y Ciudad de México.
Los niños que resultaron afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre requieren regresar a clases de inmediato para superar el trauma, señaló Christian Skoog, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México.
Por ello, el organismo internacional anunció la instalación de cien aulas temporales con muebles y kits escolares para maestros y alumnos, en las zonas afectadas de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y Ciudad de México, mientras que el gobierno mexicano lleva a cabo las labores de reconstrucción de las escuelas, que se prevé, tomará meses.
“Los niños necesitan tratar su trauma, por eso una acción más importante es el retorno a clases porque esa es una manera de tratar, de regresar a una normalidad. Ellos necesitan la rutina, necesitan aventuras también, pero en general una rutina en sus vidas y, viviendo en la calle o en albergues, sin ir a la escuela rompe con esta normalidad y es más revictimizar a los niños”, señaló Christian Skoog.
En conferencia de prensa, la Unicef dio a conocer que el proyecto para el retorno a la escuela tras los terremotos de México, consta de una inversión de 400 mil dólares, que fueron donados por RIU Hotels & Resorts, lo cual beneficiará a 4 mil niños, pues cada aula temporal puede albergar 40 alumnos. Cada aula cuenta con mesas, sillas y escritorio para el maestro.
“La reconstrucción de las escuelas dañadas la realizará el gobierno, pero no podemos esperar a que las escuelas estén reconstruidas para que los niños vuelvan a clases. Tras una emergencia, volver al colegio, que es un entorno seguro, restablece una sensación de normalidad y ayuda a los niños a superar los traumas”.
Skoog señaló que la instalación de las aulas temporales tomará cerca de un mes, debido a que las aulas que instalarán son fabricadas en Pakistán, China, India y Copenhague, Dinamarca, por lo que aún están esperando su llegada, además de que algunas comunidades afectadas, son de difícil acceso. La ubicación se realizará en coordinación con la Secretaría de Educación Pública; además de que se capacitará a 960 maestros sobre herramientas de atención psicosocial y emergencia.
La UNICEF identificó 24 municipios prioritarios para implementar acciones en materia de nutrición, agua y saneamiento; así como educación y protección de niños y adolescentes; para ello, preparó un presupuesto de 4.6 millones de dólares, de los cuales, ha logrado recabar 2.4 millones de la iniciativa privada.
Tras los sismos, se reportan 497 fallecidos; 190 mil edificios afectados; 50 mil viviendas dañadas y 10 mil
escuelas afectadas.
Estados Unidos / 22 de octubre de 2017 / Autor: Redacción / Fuente: 20 Minutos
La estudiante de Medicina Alejandra Durán Arreola sueña con ejercer como obstetra y ginecóloga en Georgia, donde escasean los médicos y la mortalidad materna es una de las más elevadas de Estados Unidos, pero el objetivo de la inmigrante mexicana de 26 años está atrapado en el debate sobre un programa que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes como ella.
El poder recibirse de doctora dependerá de si el Congreso encuentra una alternativa al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), cuya muerte gradual fue decretada por el presidente Donald Trump el mes pasado.
Arreola, llevada a Estados Unidos sin autorización cuando tenía 14 años, está entre el centenar de estudiantes de Medicina de todo el país anotados en DACA, y han hecho escuchar su voz en el debate sobre inmigración. Sus historias han encontrado repercusión en Washington.
Se trata de buenos estudiantes que han ingresado a las mejores facultades de Medicina y están a punto de iniciar sus residencias para tratar pacientes, lo que según los expertos ayudaría a remediar la escasez creciente de médicos.
“Es una tragedia de talento y recursos desperdiciados”, dijo Mark Kuczewski, jefe del Departamento de Educación Médica de la Universidad Loyola, donde Arreola cursa el segundo año. “Nuestro país les habrá dicho, ‘no puedes ir a tratar pacientes’”.
Loyola, cerca de Chicago, fue la primera que aceptó abiertamente a estudiantes de Medicina del DACA, y tiene 32 de ellos. California y Nueva York también tienen poblaciones importantes, según la Asociación Estadounidense de Facultades de Medicina.
DACA protege a unos 800.000 inmigrantes llevados a Estados Unidos cuando eran niños y que de otro modo carecerían de autorización legal para permanecer en el país. Los inmigrantes deben satisfacer criterios estrictos para recibir los permisos de dos años que los protegen de la deportación y los autorizan a trabajar.
El entonces presidente Barack Obama creó el programa DACA en 2012. Los detractores dicen que es una amnistía ilegal que quita empleos a ciudadanos estadounidenses. Al derogarlo el mes pasado, Trump dio plazo a los legisladores hasta marzo para aprobar un reemplazo.
El DACA goza de amplia aprobación entre la ciudadanía estadounidense. Una encuesta reciente de The Associated Press-NORC revela que apenas uno de cada cinco estadounidenses quiere deportar a los beneficiarios del programa.
Estudiantes de Medicina como Arreola intentan orientar el debate y tienen el apoyo de grupos influyentes como la poderosa Asociación Médica Estadounidense
Arreola se tomó licencia de sus estudios el mes pasado con su compañero de estudios César Montolongo Hernández, también enrolado en el DACA, para hablar con legisladores en Washington. Dijeron que el programa era necesario para la Medicina, pero que quieren una solución para todos los enrolados.
Un informe de la Asociación de Facultades de Medicina Estadounidenses de 2017 pronostica un déficit de entre 35.000 y 83.000 médicos para 2025. Ese déficit aumentará a medida que la población crece y se avejenta.
México / 22 de octubre de 2017 / Autor: SES-UNAM / Fuente: Youtube
Publicado el 20 ago. 2017
XI Curso Interinstitucional del SES. Sesión 2: Problemas conceptuales y metodológicos de la educación superior comparada. Parte 2: Preguntas y respuestas. Presentan: Manuel Gil Antón y Jorge Martínez Stack. Auditorio del Instituto de Investigaciones Económicas, Agosto 18, 2017.
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