América del Norte

La batalla sobre las nuevas reformas a las escuelas públicas de niveles K-12 que la Legislatura dominada por los republicanos aprobó esta primavera, entró esta semana en una nueva etapa cuando la Junta Escolar del Condado Broward votó unánimemente a favor de presentar una demanda ante los tribunales por considerar que la ley es inconstitucional.

Broward es el primer distrito escolar en presentar una demanda judicial contra la aprobación del proyecto de ley de la Cámara 7069, el cual se hizo ley el sábado pasado en contra de las apasionadas objeciones de administradores escolares, sindicatos de maestros y grupos de padres en todo el estado por sus muchas cláusulas favorables a las escuelas chárter y que, en algunos casos, lo son a expensas de las escuelas públicas tradicionales.

“Yo estoy a favor de tomar medidas enérgicas tan pronto como nos sea posible”, dijo la miembro de la Junta Escolar de Broward Rosalind Osgood durante una reunión especial de la junta convocada únicamente para autorizar al superintendente Robert Runcie a que presente la demanda legal y que gaste hasta $25,000 en costos legales iniciales.

“En estos momentos estamos prácticamente en un respirador, y tenemos que luchar literalmente por la vida de la educación pública en este estado”, dijo Osgood. “Si no nos ponemos firmes ahora, si perdemos esta oportunidad, nunca nos recuperaremos de esto”.

Las alegaciones de inconstitucionalidad planteadas por el Condado Broward tienen que ver ante todo con la manera en que el proyecto de ley HB 7069 brinda a las escuelas chárter ventajas sobre las escuelas públicas tradicionales por medio de regulaciones menos restrictivas y de fondos adicionales de los contribuyentes que les hace más fácil expandirse.

Solamente en el curso escolar 2017-18, Broward tendría que compartir hasta $12 millones con sus escuelas chárter, mientras que las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade tendrán que compartir hasta $23.2 millones, de acuerdo con datos compilados por la Cámara de Representantes de la Florida.

El distrito escolar de Broward alega que esa cláusula y varias otras en el HB 7069 violan varias secciones de la Constitución de la Florida, la cual requiere que el estado brinde “un sistema uniforme, eficiente, seguro, protegido y de alta calidad de escuelas públicas gratuitas”.

En un memorándum enviado esta semana a los miembros de la junta escolar, la asesora legal general de las Escuelas Públicas de Broward, Barbara Myrick, expuso el argumento legal inicial del distrito, incluyendo el hecho de que el HB 7069 impone restricciones inconstitucionales a la autoridad de las Juntas Escolares locales de “operar, controlar y supervisar” las escuelas dentro del ámbito de su distrito.

Las Escuelas Públicas de Broward también se oponen directamente al establecimiento del nuevo programa “Schools of Hope” (Escuelas de Esperanza) bajo el proyecto de ley HB 7069, programa que se propone resolver el problema de las escuelas públicas que tienen malos resultados todo el tiempo por medio de ofrecer incentivos financieros a los operadores de las escuelas chárter para que ellos puedan competir directamente con las escuelas tradicionales con problemas.

El programa “Schools of Hope” solamente ofrece a 25 de más de 100 escuelas tradicionales que tienen malos resultados todo el tiempo la oportunidad de recibir hasta $2,000 por estudiante para pagar por servicios colaborativos, tales como programas extracurriculares. Como máximo, esa ayuda llegará a un total de alrededor de $44.5 millones, concluyó un análisis anterior del Herald/Times.

En un comunicado entregado al Herald/Times, el presidente de la Cámara de Representantes Richard Corcoran, republicano de Land O’Lakes, criticó duramente a la Junta Escolar de Broward por su decisión. Conseguir que se aprobara el programa “Schools of Hope” fue una de sus prioridades principales, como lo fue elaborar el proyecto de ley HB 7069 tal y como estaba en los días finales de la temporada de sesiones legislativas.

“Este es otro ejemplo en que la burocracia educacional está poniendo a los adultos que administran las escuelas por encima de los niños que estudian en esas escuelas”, dijo Corcoran.

En lo que los administradores de Broward se preparan para presentar la demanda judicial, el distrito escolar planea buscar el apoyo de otros distritos escolares que tal vez se les quieran unir, dijo la portavoz del distrito Tracy Clark.

El superintendente Alberto Carvalho dijo que él quiere hablar al mismo tiempo con funcionarios y legisladores estatales para ver si se puede resolver las preocupaciones del distrito, y cómo se pueden resolver.

“Nosotros vamos a dedicarnos a tener conversaciones muy, pero que muy enérgicas con entidades del Departamento de Educación y también con líderes legislativos para hacerles entender el verdadero impacto de la ley –el cual, en ciertas instancias, podría exceder lo que se calculó originalmente– y tratar de explorar esa vía antes de que se tengan en cuenta cualesquiera otras opciones posibles”, dijo Carvalho. “Esta no sería la primera vez que se toman decisiones en Tallahassee y que luego el diálogo subsiguiente… tenga como resultado conversaciones con los legisladores, y que se lleve a cabo cierta mitigación de las decisiones políticas que se habían tomado”.