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Argentina, 3 de Junio: las trabajadoras de la educación tenemos que decir presente

Argentina/01 junio 2017/Fuente: La Izquierda Diario

Este 3 de junio, las docentes vamos nuevamente a las calles de Mendoza para luchar por la Emergencia en violencia de género, contra el ítem aula y educación con perspectiva de género.

Hace 2 años, escribimos acá: Ministros de educación posan para la foto #NiUnaMenos; a propósito de la foto de los ministros de educación bajo la consigna: «ni una menos a las aulas».

Dos años pasaron, cambió el gobierno, algunos nombres se repiten, muchos no. En la foto está, incluso, Bullrich, actual Ministro de Educación y Cultura de la Nación.

De entonces a esta parte más de 600 mil jóvenes se siguen «perdiendo» en el paso de la primaria a la secundaria. La mayoría siguen siendo mujeres.

Sobre la aplicación y reglamentación de la Ley de Educación Sexual Integral, no se avanzó un ápice. Es más, Bullrich salió a sugerir que la religión debería incluirse en la escuela pública. Desde el principio, uno de los lugares que sufrió despidos, recortes y desmantelamiento por parte de este gobierno fue el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, con recortes y cesantía de docentes del área de implementación de Educación Sexual Integral en las escuelas y la formación constante. El límite es presupuestario e ideológico. No es de extrañar, sus hijos van a la ultracatólica y cara escuela Oakhill School, de los Legionarios de Cristo. Cierre de programas, falta de presupuesto y negación a discutir la Ley de Emergencia en Violencia de Género. En aquel 3 de junio, las estadísticas afirmaban que una mujer era víctima de femicidio cada 30hs; mientras que a dos años, el dato es aún más escalofriante: cada 18hs muere una mujer por el hecho de ser mujer.

Si de Mendoza se trata, aquí, en las tierras gobernadas por «el mejor alumno de Macri»; las del Ítem Aula; las de los pedidos de desafuero y procesamiento de legisladores de izquierda por apoyar la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud; las del nombramiento de un juez acusado por todo el movimiento de mujeres de fallar con claro contenido homofóbico y misógino; las de los curas abusadores del Próvolo; las mujeres podemos decir que ni las fotos, ni las declaraciones de los funcionarios han aportado nada a la lucha por nuestros derechos.

En 2 años han avanzado en los ataques a las mujeres trabajadoras de la educación. El Ítem Aula en Mendoza, como hemos denunciado acá: El “Ítem aula” es violencia contra las mujeres; en particular afecta a las mujeres. Cuando aplauden sus consecuencias sobre el presentismo, «legalizan y festejan una larga cadena de maltratos hacia un sector donde la mayoría son mujeres. Mujeres trabajadoras que tienen que esconder dolencias propias, o de sus hijos para no perder un «incentivo» que representa un 10 % de su sueldo. Así han bajado los niveles de ausentismo y las denuncias por violencia de género. Parece «normal», pero no lo es. La realidad de las trabajadoras de la educación es de un maltrato cotidiano. Debemos trabajar dos o tres cargos porque los salarios son bajos, hacer malabares para ver dónde dejar a los niños, para trabajar educando a otras decenas de niños y luego continuar en la casa con las “tareas del hogar”. Claro que además, fuera de horario hay que corregir pruebas y preparar actividades y planificaciones. Todo como si fuera lo más normal. Sumemos a esto: trabajar enfermas o dejar enfermos a los niños en casa».

Fue este año, en el discurso inaugural de las sesiones legislativas que el gobernador Cornejo hizo su balance de la aplicación del nefasto Ítem. Sin ninguna estadística pública, afirma que bajó el ausentismo docente. Estas declaraciones demuestran una cínica negación con respecto a la realidad de las y los docentes, en su mayoría mujeres. El ítem aula es una extorsión económica para que las mujeres vayan a trabajar igual a pesar de estar enfermas, o que enfermen sus hijos. Además de representar un claro ítem anti huelga. La implementación del ítem aula se trata claramente de violencia de género ejercida por parte del Estado sobre todas las trabajadoras de la educación.

Frente a esta realidad, estamos difundiendo la propuesta del Frente de Izquierda: reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, con un salario igual a la canasta familiar. Proponemos 4 horas frente al curso y 2 horas de trabajo pedagógico. Porque estamos cansadas de soportar que políticos millonarios como Cristina, Mauricio o Cornejo nos acusen de ser “vagos”, de trabajar “4 horas y tener 3 meses de vacaciones”, desconociendo nuestra realidad y poniéndonos a la comunidad en contra. Las direcciones sindicales son también responsables cuando una y mil veces calculan los aumentos y salarios en base a 2 cargos, o cargos con antigûedad. Nosotros y nosotras insistimos: ningún docente por debajo de la canasta familiar. Ningún docente sin trabajo. Basta de vivir para trabajar. La educación pública vale más que sus ganancias.

Ni hablar cuando Cornejo se refirió al Estado como garante de justicia y el nombramiento de José Valerio a la Corte Suprema de Justicia. Ese juez con un prontuario caracterizado por fallos machistas y homofóbicos no es justamente el que puede garantizar los derechos de las mujeres.

En Mendoza, como en todo el país, miles de mujeres nos movilizamos masivamente contra la violencia machista y exigiendo que se declare la Emergencia en violencia de género. Fuimos miles en las marchas de Ni Una Menos, durante el Paro Nacional de Mujeres del 19 de octubre del 2016 y el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de este año. Cornejo, como Macri y todos los gobernadores de Cambiemos, pero también las gobernadoras del FPV, que reprimieron a las docentes que luchan por su salario en el sur, desligan completamente al Estado de su responsabilidad sobre la violencia que sufrimos las mujeres, dentro de esta sociedad machista y patriarcal.

Es por todo esto que las mujeres debemos continuar con nuestra lucha en las calles, sumando fuerzas, apostando a la organización en nuestros lugares de trabajo, de estudio y los barrios. Queremos fortalecer nuestra lucha en todos los terrenos, por eso vamos con todo con la pre candidatura de Noelia Barbeito para encabezar las listas del FIT de la provincia, para que la voz de las mujeres, de los trabajadores y la juventud de Mendoza llegue nuevamente al Congreso de la Nación. Para que haya una de las nuestras, como cuando levantó su voz dentro de la Legislatura en nombre de las decenas de miles de maestras que dijimos «no al ítem aula». Por eso nos organizamos en la Agrupación Pan y Rosas en todo el país. Las docentes impulsamos nuestra Corriente 9 de abril para pelear por nuestros derechos como mujeres trabajadoras, organizándonos para recuperar nuestra herramienta sindical, junto a docentes como las de Lavalle, que valientemente se han levantado al grito de «ni una menos, vivas las queremos» buscando incansablemente a Johana y Soledad.

Le exigimos al Estado y sus funcionarios, que hipócritamente se sacan fotos, que garanticen las medidas mínimas ante la violencia cotidiana. Queremos que la tierra tiemble, porque nos preparamos para conquistar la igualdad ante la vida, de la mano a una lucha más profunda contra el machismo. Esta lucha va de la mano, codo a codo con la lucha contra este sistema explotador y opresor.

Por eso este 3 de junio, con fuerza y con razón, volveremos a gritar: #NiUnaMenos

Fuente: http://laizquierdadiario.com/3J-las-trabajadoras-de-la-educacion-tenemos-que-decir-presente

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Patrick Moulette sobre Argentina: «Hay que investigar y perseguir el soborno»

Por: Diario la Nación Argentina

Desde la oficina en París, entrevista al director de la División Anticorrupción de la OCDE para conocer su visión sobre la Argentina.

-¿Qué tiene que hacer la Argentina en materia de corrupción para formar parte de la OCDE?

– Debe ajustarse a los criterios antisoborno de la OCDE. Algunos son: ajustarse a la convención anticorrupción, donde se establecen procedimientos para criminalizar el soborno a funcionarios públicos; un marco legal para que las empresas sean responsables por el soborno a funcionarios públicos en el extranjero; un marco legal satisfactorio para combatir la corrupción a nivel doméstico; investigar y perseguir casos de soborno.

Si se aprueba la ley antisoborno y otras reglamentaciones sugeridas por la OCDE, ¿cuáles son los pasos a seguir?

-Depende de los tiempos del consejo de la OCDE y de la Argentina, una vez que se comience la etapa de discusiones de acceso. Cuando se inicia, el país tendrá que sobrellevar revisiones en profundidad por los comités técnicos de la OCDE.

-¿Cómo ve la OCDE los avances de la Argentina?

-Es notable que la Argentina estuvo entre los primeros países en América latina en adherir a la convención antisoborno de la OCDE, en 2001. Pero aunque se han hecho esfuerzos para implementar los requerimientos de la convención a partir de diciembre de 2015, todavía no puede penalizar a las empresas por soborno transnacional o acusar oficialmente a sus ciudadanos que cometen este crimen en el extranjero. Por eso debe asegurarse de que se apruebe la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que se presentó al Congreso en 2016.

-¿Qué otras recomendaciones tienen para este país?

– Tomar medidas de manera urgente para mejorar la independencia judicial y de los fiscales. También, reducir el delay que existe en la investigación de delitos económicos complejos y investigar proactivamente los delitos relacionados con el soborno en el extranjero; reducir el altísimo nivel de vacantes en los juzgados y el uso de jueces subrogantes, y proveer los recursos necesarios para jueces y fiscales, entre otras medidas.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2027904-patrick-moulette-hay-que-investigar-y-perseguir-el-soborno

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Argentina: Fuga de capitales y aumento de la deuda externa

Por: Fabian Kovacic

Argentina conoce un proceso de endeudamiento similar al observado poco antes de la debacle de 2001. La fuga de divisas y la falta de inversiones siguen deteriorando la economía cotidiana de los ciudadanos en el corto plazo.

Entre enero y marzo de este año la fuga de dólares del sistema financiero argentino alcanzó los 4.000 millones, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).(1) Un récord cuyo antecedente más cercano se dio en 2003, previo a la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia.

En los últimos diez años, según otro informe, titulado “Paro y blanqueo. La dialéctica de los dos paros”, de los economistas Tomás Raffo y Claudio Lozano (del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Ipypp, y ligados a la Cta), la fuga de dólares alcanzó unos 240.000 millones con un aceleramiento en los últimos tres meses. Cifras similares exponen también en su último informe el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) y estudios contables a los que consultó Brecha.

Dólares voladores

Datos como estos apuntan a un futuro incierto para la economía argentina. Según el informe de la Undav, la salida de 4.000 millones de dólares en dos meses supera en 83,9 por ciento al promedio de fuga de dólares de los últimos quince años, y los factores que provocan esa estampida financiera son los siguientes: una política de endeudamiento en pesos y en dólares; la apertura indiscriminada de la importación de bienes manufacturados que intensifica la salida de divisas y destruye el entramado industrial nacional; la eliminación de restricciones a la permanencia mínima de capitales que ingresan al país, lo que estimula la inversión especulativa y los llamados capitales golondrina (cortoplacistas) y, finalmente, el desmantelamiento de la Unidad de Investigaciones Financieras (Uif), que ha tenido como consecuencia la disminución de los controles que esa repartición estatal debiera ejercer para prevenir y combatir delitos económicos.

No obstante, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, insistió en considerar un logro el resultado de la colocación de bonos en lo que va del gobierno de Macri y el blanqueo de capitales pergeñado por su antecesor, Alfonso Prat Gay. Pasada la fecha límite del 31 de marzo para declarar bienes y capitales y acogerse al régimen de amnistía fiscal, la ley de blanqueo de activos generó un ingreso de 9.500 millones de dólares a las arcas estatales. A su vez, el titular del Banco Central (Bcra), Federico Sturzenegger, ensayó una cabriola gramatical para explicar la fuga de capitales. Frente al crecimiento de la deuda externa y la cantidad de dólares argentinos en cuentas extranjeras, Sturzenegger afirmó, en junio de 2016 durante un seminario en el Bcra organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid), que “el país es acreedor neto respecto del resto del mundo”, porque sobre un monto de deuda externa cercano a los 160.000 millones de dólares (a fines de 2015; 2016 cerró con una deuda externa bruta de más de 192.000 millones de dólares) los activos privados argentinos radicados en cuentas y propiedades fuera del país superan los 226.000 millones. “Esto es ine-ficiente, es cierto”, reconoció, admitiendo la desconfianza en el sistema económico local. “Pero el aspecto positivo es que el ahorro está ahí: lo que enfrentamos es la elección de dónde invertir y cómo hacerlo en moneda local”, añadió quien fuera funcionario durante el gobierno de la Alianza (1999-2001) y procesado a propósito de la operación financiera conocida como “megacanje”, por la cual en 2001, mediante la emisión de bonos, se difirieron vencimientos por casi 17.000 millones de dólares, lo cual dio lugar al tristemente célebre corralito financiero, implementado por el ministro Domingo Cavallo, que terminó con una salida masiva de divisas del circuito financiero argentino y la debacle de diciembre de ese año, con la caída del gobierno. Recién en setiembre pasado Sturzenegger fue sobreseído por la justicia federal.

Mitad en blanco

La mirada del titular del Bcra sobre los bienes en moneda y propiedades de argentinos en el exterior se apoya también en los resultados del llamado “blanqueo de capitales”. La ley de sinceramiento fiscal sancionada en julio de 2016 permitía declarar cuentas bancarias y propiedades pagando por única vez un impuesto mínimo de 5 por ciento hasta un máximo de 15 por ciento, según el monto y la fecha en que fuera hecha la declaración patrimonial. El resultado festejado por el oficialismo deja en claro que efectivamente los bienes argentinos en el exterior superan ampliamente la deuda externa del país. Brecha realizó una encuesta entre estudios contables vinculados con estas operaciones de blanqueo. Éstos coincidieron en que “muchos clientes optaron por no declarar los bienes fuera del país y otros tantos sólo blanquearon una parte, lo cual eleva la cifra de fuga de capitales probablemente al doble de lo declarado”.

Pese a los acuerdos firmados en los últimos años entre Argentina y Uruguay para detectar bienes de argentinos en el país vecino, para muchos estudios contables y bufetes de abogados de Buenos Aires sigue siendo una plaza atractiva para “resguardar valores”, según describió un contador a Brecha. Incluso teniendo en cuenta el acuerdo firmado entre ambos gobiernos en 2012, por el cual Argentina puede solicitar datos puntuales sobre cuentas bancarias, propiedades y movimientos financieros de argentinos en Uruguay, la situación sigue siendo favorable para inversionistas de Buenos Aires.

Panamá Papers

El revuelo que generaron las revelaciones de los llamados Panama Papers sobre las empresas offshore creadas por el estudio Mossack Fonseca en Panamá alertó a los argentinos que utilizaban ese método para la fuga de dinero. “Esa vía no tiene buena prensa, digamos, pero sigue siendo legal”, subrayó un contador a Brecha, y reconoció que en los últimos tres meses, mientras pequeños ahorristas blanqueaban dinero que tenían depositado en Uruguay, al mismo tiempo medianas y grandes empresas utilizaban el país para transferir dinero hacia otros destinos. “Panamá o Uruguay son vías legales dentro del juego de salida de efectivo por la eterna falta de confianza en la situación económica y legal del país”, señaló.

En ese sentido, y como contracara de la interpretación de Sturzenegger, el informe elaborado por los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo señala que “se trata de una fuga de excedentes económicos y financieros que lleva cuarenta años de historia económica”. Lozano y Raffo indican que además de los 240.000 millones de dólares acumulados en el exterior en setiembre de 2016 (según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec), otras “estimaciones privadas ubican en 375.000 millones de dólares los activos de los millonarios argentinos en el exterior”.

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) confirma el fenómeno con otros datos reveladores. “Con la apertura de la economía en diciembre de 2015 y la salida del cepo al dólar impuesto por el kirchnerismo en 2011, se verificó que desde entonces por cada dólar ingresado como inversión salieron cinco fugados hacia el exterior”, sostiene en su informe de abril, titulado “Cinco por uno, no va a quedar ninguno”.

El informe muestra que está en obra un mecanismo de endeudamiento similar al practicado durante el gobierno de la Alianza, con un régimen de cambio flotante, inversiones extranjeras a corto plazo y compra de bonos argentinos de manera tercerizada, en el que el ciclo de salida de dólares se genera por la toma de deuda del Estado para pagar subsidios a empresas privadas contratistas de obras de infraestructura que luego salen del país a cuentas privadas en bancos extranjeros. El Cepa señala que “en este modelo, las reservas no tienen mayores utilidades dado que el Bcra no opera de manera directa en el mercado cambiario. El único fin del endeudamiento es el financiamiento artificial de la fuga de capitales”.Todos los informes mencionados señalan además de la fuga de capitales, la falta de inversiones o, en todo caso, que las inversiones de capitales golondrina volvieron a ser parte del panorama económico argentino desde que asumió Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015. La reciente visita del presidente argentino a su colega estadou-nidense Donald Trump para atraer inversión hacia Argentina es parte de una coreografía de anuncios poco factible para un modelo pensado para la especulación financiera similar a la implementada en los períodos 1976 y 1983, bajo la dictadura militar y en los años del menemismo, cuando Sturzenegger y Dujovne fueron funcionarios de sus segundas líneas. Mientras tanto la emisión de deuda sigue creciendo a ritmo sostenido.

Nota

1) Santiago Fraschina (coordinador), “Política monetaria y cambiaria”, Marzo de 2017.Argentina conoce un proceso de endeudamiento similar al observado poco antes de la debacle de 2001. La fuga de divisas y la falta de inversiones siguen deteriorando la economía cotidiana de los ciudadanos en el corto plazo.

Entre enero y marzo de este año la fuga de dólares del sistema financiero argentino alcanzó los 4.000 millones, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).(1) Un récord cuyo antecedente más cercano se dio en 2003, previo a la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia.

En los últimos diez años, según otro informe, titulado “Paro y blanqueo. La dialéctica de los dos paros”, de los economistas Tomás Raffo y Claudio Lozano (del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Ipypp, y ligados a la Cta), la fuga de dólares alcanzó unos 240.000 millones con un aceleramiento en los últimos tres meses. Cifras similares exponen también en su último informe el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) y estudios contables a los que consultó Brecha.

Dólares voladores

Datos como estos apuntan a un futuro incierto para la economía argentina. Según el informe de la Undav, la salida de 4.000 millones de dólares en dos meses supera en 83,9 por ciento al promedio de fuga de dólares de los últimos quince años, y los factores que provocan esa estampida financiera son los siguientes: una política de endeudamiento en pesos y en dólares; la apertura indiscriminada de la importación de bienes manufacturados que intensifica la salida de divisas y destruye el entramado industrial nacional; la eliminación de restricciones a la permanencia mínima de capitales que ingresan al país, lo que estimula la inversión especulativa y los llamados capitales golondrina (cortoplacistas) y, finalmente, el desmantelamiento de la Unidad de Investigaciones Financieras (Uif), que ha tenido como consecuencia la disminución de los controles que esa repartición estatal debiera ejercer para prevenir y combatir delitos económicos.

No obstante, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, insistió en considerar un logro el resultado de la colocación de bonos en lo que va del gobierno de Macri y el blanqueo de capitales pergeñado por su antecesor, Alfonso Prat Gay. Pasada la fecha límite del 31 de marzo para declarar bienes y capitales y acogerse al régimen de amnistía fiscal, la ley de blanqueo de activos generó un ingreso de 9.500 millones de dólares a las arcas estatales. A su vez, el titular del Banco Central (Bcra), Federico Sturzenegger, ensayó una cabriola gramatical para explicar la fuga de capitales. Frente al crecimiento de la deuda externa y la cantidad de dólares argentinos en cuentas extranjeras, Sturzenegger afirmó, en junio de 2016 durante un seminario en el Bcra organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid), que “el país es acreedor neto respecto del resto del mundo”, porque sobre un monto de deuda externa cercano a los 160.000 millones de dólares (a fines de 2015; 2016 cerró con una deuda externa bruta de más de 192.000 millones de dólares) los activos privados argentinos radicados en cuentas y propiedades fuera del país superan los 226.000 millones. “Esto es ine-ficiente, es cierto”, reconoció, admitiendo la desconfianza en el sistema económico local. “Pero el aspecto positivo es que el ahorro está ahí: lo que enfrentamos es la elección de dónde invertir y cómo hacerlo en moneda local”, añadió quien fuera funcionario durante el gobierno de la Alianza (1999-2001) y procesado a propósito de la operación financiera conocida como “megacanje”, por la cual en 2001, mediante la emisión de bonos, se difirieron vencimientos por casi 17.000 millones de dólares, lo cual dio lugar al tristemente célebre corralito financiero, implementado por el ministro Domingo Cavallo, que terminó con una salida masiva de divisas del circuito financiero argentino y la debacle de diciembre de ese año, con la caída del gobierno. Recién en setiembre pasado Sturzenegger fue sobreseído por la justicia federal.

Mitad en blanco

La mirada del titular del Bcra sobre los bienes en moneda y propiedades de argentinos en el exterior se apoya también en los resultados del llamado “blanqueo de capitales”. La ley de sinceramiento fiscal sancionada en julio de 2016 permitía declarar cuentas bancarias y propiedades pagando por única vez un impuesto mínimo de 5 por ciento hasta un máximo de 15 por ciento, según el monto y la fecha en que fuera hecha la declaración patrimonial. El resultado festejado por el oficialismo deja en claro que efectivamente los bienes argentinos en el exterior superan ampliamente la deuda externa del país. Brecha realizó una encuesta entre estudios contables vinculados con estas operaciones de blanqueo. Éstos coincidieron en que “muchos clientes optaron por no declarar los bienes fuera del país y otros tantos sólo blanquearon una parte, lo cual eleva la cifra de fuga de capitales probablemente al doble de lo declarado”.

Pese a los acuerdos firmados en los últimos años entre Argentina y Uruguay para detectar bienes de argentinos en el país vecino, para muchos estudios contables y bufetes de abogados de Buenos Aires sigue siendo una plaza atractiva para “resguardar valores”, según describió un contador a Brecha. Incluso teniendo en cuenta el acuerdo firmado entre ambos gobiernos en 2012, por el cual Argentina puede solicitar datos puntuales sobre cuentas bancarias, propiedades y movimientos financieros de argentinos en Uruguay, la situación sigue siendo favorable para inversionistas de Buenos Aires.

Panamá Papers

El revuelo que generaron las revelaciones de los llamados Panama Papers sobre las empresas offshore creadas por el estudio Mossack Fonseca en Panamá alertó a los argentinos que utilizaban ese método para la fuga de dinero. “Esa vía no tiene buena prensa, digamos, pero sigue siendo legal”, subrayó un contador a Brecha, y reconoció que en los últimos tres meses, mientras pequeños ahorristas blanqueaban dinero que tenían depositado en Uruguay, al mismo tiempo medianas y grandes empresas utilizaban el país para transferir dinero hacia otros destinos. “Panamá o Uruguay son vías legales dentro del juego de salida de efectivo por la eterna falta de confianza en la situación económica y legal del país”, señaló.

En ese sentido, y como contracara de la interpretación de Sturzenegger, el informe elaborado por los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo señala que “se trata de una fuga de excedentes económicos y financieros que lleva cuarenta años de historia económica”. Lozano y Raffo indican que además de los 240.000 millones de dólares acumulados en el exterior en setiembre de 2016 (según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec), otras “estimaciones privadas ubican en 375.000 millones de dólares los activos de los millonarios argentinos en el exterior”.

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) confirma el fenómeno con otros datos reveladores. “Con la apertura de la economía en diciembre de 2015 y la salida del cepo al dólar impuesto por el kirchnerismo en 2011, se verificó que desde entonces por cada dólar ingresado como inversión salieron cinco fugados hacia el exterior”, sostiene en su informe de abril, titulado “Cinco por uno, no va a quedar ninguno”.

El informe muestra que está en obra un mecanismo de endeudamiento similar al practicado durante el gobierno de la Alianza, con un régimen de cambio flotante, inversiones extranjeras a corto plazo y compra de bonos argentinos de manera tercerizada, en el que el ciclo de salida de dólares se genera por la toma de deuda del Estado para pagar subsidios a empresas privadas contratistas de obras de infraestructura que luego salen del país a cuentas privadas en bancos extranjeros. El Cepa señala que “en este modelo, las reservas no tienen mayores utilidades dado que el Bcra no opera de manera directa en el mercado cambiario. El único fin del endeudamiento es el financiamiento artificial de la fuga de capitales”.Todos los informes mencionados señalan además de la fuga de capitales, la falta de inversiones o, en todo caso, que las inversiones de capitales golondrina volvieron a ser parte del panorama económico argentino desde que asumió Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015. La reciente visita del presidente argentino a su colega estadou-nidense Donald Trump para atraer inversión hacia Argentina es parte de una coreografía de anuncios poco factible para un modelo pensado para la especulación financiera similar a la implementada en los períodos 1976 y 1983, bajo la dictadura militar y en los años del menemismo, cuando Sturzenegger y Dujovne fueron funcionarios de sus segundas líneas. Mientras tanto la emisión de deuda sigue creciendo a ritmo sostenido.

Nota

1) Santiago Fraschina (coordinador), “Política monetaria y cambiaria”, Marzo de 2017.

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Argentina : «La orden de reprimir fue dada desde el Poder Ejecutivo de la Ciudad»

Entrevista a Germán de los Santos, periodista de DTL baleado por la policía de Macri

Por: Mario Hernandez (M.H)

M.H.: Estamos con Germán de los Santos, colega del medio DTL, uno de los periodistas baleados con balas de plomo en la represión que se desarrolló hace más de 4 años en el desalojo de la Sala Alberdi. Mañana, miércoles 24, comienzan los alegatos en el juicio por este episodio, donde es acusada una institución que no existe más, la Policía Metropolitana. Parece broma, porque esperaron a que se disolviera la Metropolitana y convocaron a este juicio. ¿Qué vivencias tuviste la semana pasada al comenzar el juicio después de tanto tiempo?

G.d.l.S: Creo que ninguna persona común está acostumbrada a vivir las instancias de un juicio a raíz de una agresión vivida en primera persona. A demostrar lo que sucedió en ese momento, porque se puso en duda todo, tanto por parte de las autoridades máximas de la Ciudad como los que están en cargos menores. Dudaron de que hubiéramos estado ahí, de que la Policía Metropolitana nos hubiera disparado con postas de plomo, etc. Juntamos mucho material y pudimos demostrar que así fue, que estábamos ahí, que la policía nos disparó con plomo y que fuimos heridos.

Son jornadas muy intensas, de mucho trabajo, es un quehacer que se va aprendiendo y viviendo sobre la marcha. Por eso son tan valiosas las organizaciones de Derechos Humanos, como Correpi que se dedican a casos de represión o de gatillo fácil y que lamentablemente casi todos los grupos o actores sociales vinculados con luchas pasan por ese aro, porque lamentablemente somos reprimidos.

M.H.: No fuiste el único agredido, hay otro compañero periodista y un compañero que no es querellante pero sí testigo. Son tres los casos.

G.: El otro compañero que estaba sacando fotos como yo esa noche, es Esteban Ruffa de la agencia de noticias Anred. Tanto DTL como Anred pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y el otro compañero que se estaba manifestando, pertenecía a una biblioteca popular que también estaba en riesgo de desalojo, en una situación similar a la de la Sala Alberdi. Esto fue en Corrientes y Paraná, pleno centro porteño, pasada la medianoche del 12/3/2013.

M.H.: ¿Qué argumentan los tres efectivos implicados?

G.: Hay una división, no puedo hablar ahora de lo que se dice en el juicio porque está en curso, pero las declaraciones de ellos se hicieron hace años y de eso sí puedo hablar. Hay una marcada división entre estas tres personas, dos de un lado y una del otro. Una persona dice no haber estado en el lugar.

M.H.: También hay personal femenino involucrado.

G.: Hay varios grupos de la Metropolitana, personal femenino había en la Brigada de rápida intervención que es la que no tenía armas largas, solo escudos y bastones. Es de la División de Intervenciones Complejas de donde salen los tiros. Compañeros del que dice no haber estado ya han declarado que estaba ahí, pero lo sigue negando. El resto del grupo dice que sí estuvo ahí y que disparó, pero con balas de goma. No es casual que tengan distintos abogados defensores también.

Llegaron a ellos por una pericia de Gendarmería nacional que dice cuánta gente había en esa zona ese día con armas largas y cuánta gente se dirigió con armas largas a la esquina de Corrientes y Paraná. De ahí se deduce que hubo tres personas en el momento en que otras tres personas fueron heridas.

M.H.: ¿Estos efectivos continuaron dentro de la Policía Metropolitana y actualmente dentro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires?

G.: No hubo ningún despido entre el pasaje de la Metropolitana a la Policía de la Ciudad.

M.H.: Le hago esta pregunta a Germán porque el spot que nos envió el Registro de medios de la Ciudad de Buenos Aires hace referencia al tema de la seguridad, no es un spot cualquiera porque inclusive aparece la voz del Jefe de gobierno, Rodríguez Larreta.

 

La semana pasada pregunté al aire, ¿qué relación habrá entre la mayor cantidad de policías en la calle en la Ciudad de Buenos Aires y la mayor cantidad de delitos que se cometen en la Ciudad en los últimos tiempos? Un ejercicio de sociología clásico. Plantearse si la mayor cantidad de policías tiene relación con la mayor cantidad de delitos. Evidentemente si en la policía se mantiene a tres agentes que hace más de 4 años, de acuerdo a pericias y declaraciones agredieron a un grupo de manifestantes con balas de plomo, estamos en peligro.

 

Recordanos qué estaban haciendo ahí el día que se producen estos hechos, ¿qué cosa tan grave estaba sucediendo que hizo que la policía utilice balas de plomo?

G.: Hay que hacer un preámbulo del contexto en el que sucede esto, veníamos de una represión cruda y salvaje en el Parque Centenario a vecinos que estaban contra el enrejamiento. Esa tarde empezó difícil el tema porque otro conflicto socio cultural que no podía ser resuelto por el gobierno de la Ciudad por las vías pacíficas, el de la Sala Alberdi, venía desde agosto de 2010 y nunca hubo un canal de diálogo. Desde mi labor de comunicador popular y documentalista venía siguiendo este conflicto hacía mucho tiempo, desde mi colectivo que se llamaba Argentina Arde veníamos haciendo muestras fotográficas y vivimos aniversarios de ese conflicto que seguía sin resolución. Ese año empezó con una metodología de resolución de conflictos de manera violenta, por parte del Gobierno de la Ciudad conducido en ese momento por Mauricio Macri.

Ese marzo, en esos primeros días del año, se cerró toda la comunicación con los que habían quedado arriba de la torre, fueron aislados, y por eso la gente que había quedado abajo hizo un acampe para mantenerlos con vida, porque no tenían ni agua, ni baño ni alimentos. Todo esto se va poniendo cada vez más violento hasta llegar a ese día; en la tarde del 12 de marzo hay un operativo sorpresa de la policía en instancias que la gente del acampe estaba yendo a una reunión con Lombardi.

M.H.: Que era el Ministro de Cultura de la Ciudad.

G.: Cuando sucede la represión había un grupo de personas del acampe presentes y escucharon la orden de reprimir, también estaba Montenegro que era Ministro de Seguridad junto a Lombardi.

 

M.H.: El actual embajador en Uruguay.

Una profesión «amenazante» para la policía

G.: Ellos mismos fueron testigos de la orden dada desde el Poder Ejecutivo, algo rarísimo porque generalmente las órdenes se dan desde el Poder Judicial. El contexto era de suma violencia en un operativo enorme de la Policía Metropolitana que tampoco tenía grandes intervenciones públicas, excepto el bautismo de fuego en el Parque Indoamericano.

Yo había salido del trabajo, que era a 20 metros de donde fui baleado, pero el hecho fue horas más tarde. Salí a cubrir, si no llevo mi equipo profesional siempre llevo una cámara pocket, porque la vocación está siempre presente y nunca se sabe con qué se va a encontrar uno. El ambiente ya estaba caldeado y hubo una calma desde las 21:00 hasta las 23:30, todas las inmediaciones estaban cerradas, había barricadas y cuando empieza la represión, se escuchan los disparos y se ve el humo, yo me voy acercando a esa esquina y sigo registrando fotográficamente. No hice nada distinto a lo que hago hace más de 20 años.

Se habla mucho entre nosotros y nosotras de cómo cuidarse, desde dónde registrar, lo cierto es que cualquier persona que esté registrando en todo hecho represivo que exista, va a tener todos los recaudos posibles, pero no van a ser suficientes para evitar balas de plomo. La prensa, así como los manifestantes, siempre van a estar expuestos a palos, balas de goma y gases, pero el hecho de recibir plomo no tiene sentido.

Esteban Ruffa de Anred al ver la violencia de la represión decide irse y es cuando se está yendo, de espaldas, que recibe un balazo. Él ya había tomado precauciones, se estaba yendo. Tiene la bala alojada en la pierna y por lo peligroso que es el lugar donde quedó incrustada, los médicos decidieron no operarlo.

Así que la peligrosa profesión que tenemos parece ser lo suficientemente amenazante para la policía como para tener que reprimir con plomo.

M.H.: ¿Qué expectativa tienen ustedes en relación a los resultados de este juicio?

G.: Desde nuestro lado creemos en nuestras fuerzas, que hemos hecho las cosas bien, nos hemos rodeado de mucha solidaridad y acompañamiento, hay numerosas organizaciones que apoyan esto, todos los legisladores de izquierda han venido a acompañarnos.

 

M.H.: Vi también la presencia de Nora Cortiñas, Pablo Pimentel y Adolfo Pérez Esquivel.

G.: Sí, de organizaciones de DD HH, de la Asamblea Permanente de La Matanza. Pérez Esquivel firmó una amicus curiae en el caso de que se dé alguna situación de irregularidad con la justicia y mandó una abogada. Abuelas de Plaza de Mayo mandó un veedor para garantizar que no haya impunidad y así un montón de organizaciones sociales y políticas nos están acompañando.

Desde ahí creemos que lo estamos haciendo bien, desde demostrar lo que sucedió también, con las investigaciones que hizo toda la gente que estuvo en este espacio de articulación que ya lleva cuatro años. Qué va a suceder con la decisión de los jueces no lo podemos saber, nos queda la tranquilidad de haber hecho todo lo que debemos hacer y eso va a ayudar a que si la decisión del tribunal es adversa, quede despegada una cosa de la otra.

Nosotros creemos, así como lo dijo la Jueza de instrucción que fue triple homicidio en grado de tentativa, que no dispararon ni por error ni por nervios. En los videos que vamos a ver mañana, se ve cómo uno de los efectivos patea después de disparar con plomo algo en el suelo y en otro momento, después de disparar con fuego recoge algo desde el piso. La gente que ha vivido represiones sabe qué es, cuando recogen el cartucho rojo.

Lo positivo es cómo nos organizamos en base a esto y que demostramos lo que sucedió. Sobre lo que hagan los jueces no podemos saber, y está claro que del otro lado quieren la absolución total de los efectivos.

Fuente:

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Reseña de Libro: Sindicalismo y peronismo .

América del Sur/Argentina

Los comienzos de un vínculo perdurable

Hugo del Campo. [Autor]
Colección Biblioteca de Ciencias Sociales. Colección Histórica.
ISBN 950-9231-03-9
CLACSO.
Buenos Aires.
Agosto de 1983

Cuarenta años de sindicalismo peronista, frente a un período anterior casi equivalente, es algo que nos obliga a replantear nuestra visión del conjunto de la historia del movimiento obrero argentino. La versión apocalíptica que divide a esa historia en dos momentos cualitativamente diferentes y casi sin vinculación entre sí, separados por un súbito cataclismo, ya no resulta convincente. El problema de la transición del sindicalismo preperonista al sindicalismo peronista se presenta así como el asunto más crucial de la historia del movimiento obrero argentino y, en cierto modo, de toda nuestra historia más reciente. EL propósito de este trabajo es contribuir al esclarecimiento de ese problema.
Fuente: http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=445
Imagen: http://www.clacso.org.ar/clacso/novedades_editoriales/img_tapas/445_Tapa.gif
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Violencia y escuela.

Por:  Luciano sanguinetti.

El video que se viralizó en los últimos días, en donde una mamá insulta violentamente a una maestra, pone sobre el tapete uno de los problemas graves que vive la educación en Argentina y en el mundo: la violencia. Una violencia que se manifiesta a través de formas distintas: acoso escolar o bullying (cuando esta violencia es entre pares), ataques vandálicos recurrentes en las escuelas (más de 33 casos en La Plata en el año 2016), robo de mochilas o celulares a la salida de las escuelas o, como en este caso, la agresión de madres o padres a los docentes y profesores.

Como se desprende de los focus group en la investigación que venimos haciendo sobre Familias y Escuela en el Observatorio de Calidad Educativa, la violencia que vive la sociedad ha ingresado en la escuela. Y familias y docentes reconocen que no están preparados para enfrentarla.

Tenemos que partir de una primera evidencia. Ser docente hoy no es lo mismo que hace treinta o cuarenta años.

Hoy vivimos un país cuya desigualdad estructural creció significativamente. Más del 48 % de los niños en edad escolar, como lo informa el INDEC, son pobres. Muchos de esos niños y jóvenes van a la escuela para aprender, pero también por un plato de comida. Cerca de 1.500.000 jóvenes y niños comen en las escuelas del Conurbano y un porcentaje importante de esos niños y jóvenes viven en un contexto de violencia que se ha naturalizado, como lo prueba la investigación de Carlos Auyero y María Fernanda Berti, “La violencia en los márgenes”, a pesar del aumento exponencial de la tasa de criminalidad de las últimas décadas.

Pero también el fenómeno creciente de la drogadependencia impacta sobre las escuelas. Como informa el último trabajo del Observatorio de la Deuda Social, el consumo de drogas y alcohol golpea cada vez más a los más jóvenes. Basta un solo dato: el 55 % de los jóvenes del Conurbano dice conocer que un vecino vende drogas en su barrio. Como comentan los docentes en los focus group: los nuevos estudiantes secundarios viven una euforia de fin del mundo, una suerte de epifanía inconformista que explota en rituales nuevos como el UPD (el último primer día) en el que los alumnos que terminan el ciclo festejan, en una suerte de jornada postapocalíptica, el último año de estudios.

Son pocos los protocolos para intervenir ante esta nueva situación. Pero insisto, no es un problema sólo argentino. Finlandia, hace varios años que detectó problemas similares e impulsó un largo trabajo para disminuirlo que concluyó en el exitoso programa KIVA. El plan finlandés para intervenir sobre el bullying está probado en el mundo, más de 15 países de la Comunidad Europea lo vienen desarrollando, y hace pocos meses ha llegado a la Argentina. Es bueno que organizaciones como el CETECO en La Plata estén avanzando, formándose y articulando experiencias y capacitación en este campo. Pero todavía son movimientos espasmódicos. Para el caso de los robos y el vandalismo es poco y nada lo que se ha avanzado para establecer programas de seguridad escolar en las inmediaciones de las escuelas (muchas ordenanzas de similar formato duermen en los consejos deliberantes de la provincia), establecer corredores seguros para los niños y las familias en los accesos a las escuelas, y son escasos (Tigre fue el primero) los municipios que impulsaron la asignación de botones antipánico a docentes y escolares. Muy pocas escuelas tienen cámaras de seguridad en las cercanías y es nula la capacitación de las fuerzas de seguridad para trabajar con niños y adolescentes. Basta mencionar la represión producida en las inmediaciones del municipio de Berisso sobre una marcha de estudiantes secundarios que reclamaban por el Fondo Educativo.

Volvamos a señalarlo, la violencia de la sociedad ya entró en la escuela. Si no queremos verlo estamos peor de lo que creemos.

Fuente: http://www.eldia.com/nota/2017-5-27-0-48-15-violencia-y-escuela-opinion

Imagen: http://www.uepc.org.ar/conectate/wp-content/uploads/2012/05/violencia_escolar.jpg

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Argentina: El Gobierno y ATECh acordaron aumento y se pagará a fin de mes.

América del Sur/Argentina/30.05.2017/Autor y Fuente:http://www.diariocronica.com.ar

El Gobierno del Chubut y la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) acordaron pasadas las 00.10 horas de este sábado un aumento salarial para los docentes de la provincia que significa un incremento acumulado del 16,61% al básico. Además mantiene el pago del bono por agente de $ 1.500.

El aumento se otorgará en dos tramos: uno del 8,3032 % retroactivo al 1º de abril y otro del 7,666 % en el mes de julio.

Además las partes convinieron volver a reunirse durante  la primera quincena del mes de octubre.

La firma del acuerdo se concretó luego que por mayoría de las distintas regionales del gremio docente se aceptara la propuesta salarial del Gobierno, lo que se conoció pasadas las 19 horas de este viernes. Ello motivó consecuentemente la realización de un encuentro cerca de las 22 horas entre las partes en la sede del Ministerio de Educación en Rawson donde se firmó finalmente a las 00,10 horas de este sábado el acta correspondiente.

De la firma de esa acta participaron el subsecretario de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Economía y Crédito Público, Carlos Damiano; los subsecretarios de Recursos, Apoyos y Servicios Auxiliares, Carlos Plantey y de Gestión Operativa, Walther Uturgay, ambos del Ministerio de Educación; en tanto que por la ATECh firmaron Santiago Goodman y Marcela Capón. También y en calidad de asesoras del gremio estuvieron presentes Nancy Malerba y Bettina Parada.

Asimismo se convino siga congelada la porción Zona Patagónica sin aportes (Código Nº 1873), modificando por lo tanto los valores porcentuales de las partes (con aportes y sin aportes) para lograr dicho congelamiento. Los montos expresados en pesos seguirán siendo: para Zona Patagónica Norte $ 2.347 y para Zona Patagónica Sur $ 3.316,51.

Fuente:http://www.diariocronica.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=170894

Imagen:http://www.diariocronica.com.ar/cache/63011ba70d09f8f3eee776ed12581b426f3.jpg

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