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Brasil: PEC 32/20 e o aumento da desigualdade

América do Sul/Brasil/04-09-2021/Autor e Fonte: sinasefe.org.br

50 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do SUS para atendimento de saúde e 80% dos estudantes do ensino fundamental e médio estudam na rede pública. Infelizmente, a Reforma Administrativa abre as portas para a privatização e terceirização na saúde e na educação para que os empresários desses setores possam lucrar mais. Diga não à Reforma Administrativa!

 

(Dados: IBGE/PNS 2020 e IBGE/PNAD 2019)

 

*Material divulgado originalmente pelo Fonasefe, integrando a campanha contra a Reforma Administrativa.

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Fonte e Imagem: https://sinasefe.org.br/site/pec-32-20-e-o-aumento-da-desigualdade/

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1964: golpe de clase con apoyo militar


Por: Leonardo Boff


Los militares que dieron el golpe en 1964 imaginan que fueron ellos los principales protagonistas de esta nada gloriosa hazaña, actualmente celebrada vergonzosamente bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, famoso defensor del golpe, de la tortura y de la eliminación de opositores. En su indigencia analítica, los militares mal sospechan que fueron, en realidad, usados por fuerzas muchos mayores que las suyas.

René Armand Dreifuss escribió su tesis de doctorado en la Universidad de Glasgow con el título: 1964: La conquista del Estado, acción política, poder y golpe de clas(Vozes 1981). Se trata de un libro de 814 páginas, 326 de las cuales son documentos originales. Mediante estos documentos queda demostrado que lo que hubo Brasil no fue un golpe militar, sino un golpe de clase con uso de la fuerza militar.

Desde los años 60 del siglo pasado, se constituyó el complejo IPES/IBAD/GLC. Explico: el Instituto de Pesquisas y Estudios Sociales (IPES fundado el 29 de noviembre de 1961), el Instituto Brasilero de Acción Democrática (IBAD), el Grupo de Levantamiento de Coyuntura (GLC) y más tarde, oficiales de la Escuela Superior de Guerra (ESG). Formaban una red nacional que divulgaba ideas golpistas, compuesta por grandes empresarios nacionales y multinacionales, banqueros, órganos de la prensa, periodistas, intelectuales, la mayoría listados en el libro de Dreifuss.

Lo que los unificaba, dice el autor, “eran sus relaciones económicas multinacionales y asociadas, o su posicionamiento anticomunista y su ambición de readecuar y reformular el Estado” (p.163) para que fuese útil a sus intereses corporativos. El líder nacional de este grupo era el General Golbery de Couto e Silva que ya “en 1962 preparaba un trabajo estratégico sobre el asalto al poder”(p.186).

La conspiración, pues, estaba en marcha hacía bastante tiempo, llevada adelante, no directamente por los militares sino por el complejo IPES/IBAD/GLC, articulados con la CIA y con la embajada norteamericana que pasaba fondos y acompañaba el desarrollo de todos los hechos.

Aprovechando la confusión política creada en torno al Presidente João Goulart, identificado como el portador del proyecto comunista, este grupo vió la ocasión propicia para realizar su proyecto. Llamó a los militares para dar el golpe y tomar alasalto el Estado. Fue, por tanto, un golpe de la clase dominante, multinacional y asociada a la nacional, usando el poder militar.

CONCLUYE DREIFUSS: “LO OCURRIDO EL 31 DE MARZO DE 1964 NO FUE UN MERO GOLPE MILITAR; FUE UN MOVIMIENTO CIVIL-MILITAR; EL COMPLEJO IPES/IBAD Y OFICIALES DE LA ESG ORGANIZARON LA TOMA DEL PODER DEL APARATO DE ESTADO”(P. 397). ESPECIFICA DREIFUSS: “EL ESTADO DE 1964 ERA DE HECHO UN ESTADO CLASISTA Y, SOBRE TODO, GOBERNADO POR UN BLOQUE DE PODER”(P. 488). ESPECÍFICAMENTE AFIRMA: ”LA HISTORIA DEL BLOQUE DE PODER MULTINACIONAL Y ASOCIADOS EMPEZÓ EL 1º DE ABRIL DE 1964, CUANDO LOS NUEVOS INTERESES SE TORNARON REALMENTE ESTADO, READECUANDO EL RÉGIMEN Y EL SISTEMA POLÍTICO Y REFORMULANDO LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE SUS OBJETIVOS”(P.489).

Para sustentar la dictadura durante tantos años se creó una fuerte articulación de empresarios, algunos de los cualesfinanciaban la represión, los principales medios de comunicación (especialmente la FSP, VEJA, O Globo y otros), magistrados e intelectuales anticomunistas declarados, iniciativas populistas entre otros. La Ideología de Seguridad Nacional no era otra cosa que la Ideología de la Seguridad del Capital.

Los militares inteligentes y nacionalistas de hoy deberían darse cuenta de cómo fueron usados no contra una presunta causa –el combate al peligro comunista– sino al servicio del capital nacional y multinacional que estableció relaciones de alta explotación y de gran acumulación para las élites oligárquicas, las “élites del atraso”, articuladas con el poder militar.

El golpe no sirvió a los intereses nacionales globales, sino a los intereses corporativos de grupos nacionales articulados conlos internacionales bajo la égida del poder dictatorial de los militares. Hoy no es diferente: después del golpe de 2016 con la terminación del mandato de la Presidenta legítimamente elegida, Dilma Rousseff, la creación del Lava Jato, la prisión sincrimen explícito de Lula y la ascensión de Jair Bolsonaro, de extrema-derecha, se obedece a los mismos propósitos de la“élite del atraso” (la oligarquía adinerada y rentista, articulada internacionalmente) como ha sido detallado minuciosamente por Jessé Souza (cf.A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato, Estação Brasil 2020).

Es importante decir con todas las palabras que el asalto al poder fue un crimen contra la constitución. Fue romper las leyes y en su lugar instaurar la arbitrariedad. Fue una ocupación violenta de todos los aparatos del Estado para, desde ellos, montar un orden regido por actos institucionales, por la tiranía, por la represión y por la violencia.

Nada más desgarrador de las relaciones sociales que la ruptura del contrato social. Este permite a todos convivir con un mínimo de seguridad y de paz. Cuando este es destruido, en lugar del derecho entra la arbitrariedad y en lugar de la seguridad se establece el miedo. Bastaba sospechar que alguien era subversivo para que fuera tratado como tal. Incluso detenidos y secuestrados por error, pero sospechosos como opositores, como ocurrió con muchos campesinos inocentes, para luego ser sometidos a sevicias y a sesiones interminables de torturas.

Muchos no resistieron y su muerte equivale a un asesinato. No debemos dejar pasar de largo a los olvidados de los olvidados, que fueron los 246 campesinos muertos o desaparecidos entre 1964-1979.

Lo que los militares cometieron fue un crimen de lesa-patria. Alegaban que se trataba de una guerra civil, un lado queriendo imponer el comunismo y el otro defendiendo el orden democrático. Esta alegación no se sostiene. El comunismo nunca representó una amenaza real. En la histeria de la guerra-fría (Unión Soviética/USA) todos los que querían reformas desde laperspectiva de los históricamente condenados y ofendidos –las grandes mayorías obreras y campesinas – eran prontoacusados de comunistas y de marxistas, aunque fuesen obispos como Dom Helder Câmara. Contra ellos no cabía solo la vigilancia, sino la persecución, la prisión, el interrogatorio humillante, el pau-de-arara feroz, los ahogamientos desesperantes.

Los alegados “suicidios”, como el del periodista Vladimir Herzog, solo camuflaban el puro y simple asesinato. En nombre del combate contra el peligro comunista, asumieron la lógica marxista-estalinista del trato brutal a los detenidos. En algunos casos se incorporó el método nazi de incinerar cadáveres como admitió el ex-agente del Dops Cláudio Guerra y la única superviviente de la CASA DE LA MUERTE de Petrópolis, Inês Etienne Romeu, local donde entre 22-40 militantes fueron terriblemente seviciados, asesinados, sus cuerpos descuartizados e incinerados.

Es indigno e inmoral celebrar los 21 años de una dictadura civil-militar, cuando conocemos el horror que significaron aquellos tiempos sombríos y oscuros, justamente en un momento trágico de nuestra historia en el que las vidas de más de 300 mil brasileros de todas las edades han sido segadas por la Covid-19, con más de 12 millones de infectados.

No debemos olvidar nunca la verdad del hecho mayor de la dominación de una clase traicionera, poderosa, nacional, asociada a la multinacional, que usó el poder discrecional de los militares para garantizar su acumulación privada a costa de la mayoría del pueblo brasilero. Esa amenaza ha vuelto por el comportamiento amenazador del actual presidente, insano e indiferente a la destrucción de miles de vidas, oponiéndose, en contra de todas las recomendaciones científicas, al lockdowny al aislamiento social, amenazando continuamente con un golpe de estado o con decretar el estado de sitio. Las instancias competentes que podrían actuar no actúan e, inertes, asisten también a la tragedia de todo un pueblo.

Encajan aquí las palabras de Ulysses Guimarães, valiente opositor de la dictadura civil-militar y coordinador de la Constitución de 1988: “tengo odio y asco de la dictadura”, palabras repetidas el 31 de marzo de 2021 por Miriam Leitão, periodista y analista de economía en O Globo, una de las víctimas de la represión. “Dictadura nunca más”.

Fuente:  https://leonardoboff.org/2021/04/03/1964-golpe-de-clase-con-apoyo-militar/

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Brasil: Conduta antissindical e risco à vida de trabalhadores: SINASEFE repudia ações da reitoria do CPII

América do Sul/Brasil/02-04-2021/Autor e Fonte: sinasefe.org.br

Diante do avanço da pandemia de COVID-19, os servidores do Colégio Pedro II (CPII) em assembleia, no dia 23/02/2021, decidiram orientar os servidores a não participarem presencialmente na entrega  dos livros didáticos nos campi – determinada pela reitoria. Além de colocar em risco os servidores, o deslocamento de estudantes e seu agrupamento no espaço da escola, com alta possibilidade de aglomeração, poderia trazer perigo para os próprios estudantes e para suas famílias, no retorno às suas residências.

Em resposta a decisão dos servidores, a reitoria do CPII expediu o Ofício 032/21 responsabilizando o Sindicato dos Servidores do CPII (Sindscope) por “tentativa de boicote e prejuízos insanáveis ao processo de ensino” e encaminhando a decisão da assembleia dos servidores à Advocacia Geral da União (AGU) para proceder a judicialização das responsabilidades.

Diante disso, a Direção Nacional do SINASEFE se solidariza com os servidores do Colégio Pedro II e sua entidade sindical, Sindscope, repudiando a ação intimidatória da Reitoria que ataca a autonomia sindical e o direito dos servidores de divergir de uma decisão que coloca em risco a vida de servidores, estudantes e suas famílias.

Direção Nacional do SINASEFE

Baixe a moção acima (formato PDF, 1 página)

Fonte e Imagem: https://sinasefe.org.br/site/conduta-antissindical-e-risco-a-vida-de-trabalhadores-sinasefe-repudia-acoes-da-reitoria-do-cpii/

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Hasta aquí llegó mi amor

Por: Raúl Zibechi

TENSIÓN ENTRE BOLSONARO Y LOS GENERALES

La semana comenzó con una rotunda derrota del presidente brasileño tras la renuncia de su canciller, el más ultra de sus ministros. Pero el epicentro de la crisis se trasladó enseguida al campo militar.

«El cerco del Congreso, los tribunales superiores, los diplomáticos, los médicos, los enfermeros, los ambientalistas, los economistas, los abogados, los banqueros y los grandes empresarios, generó un grito unánime en Brasilia: ¡Basta! Basta de desgobierno, basta de delirios ideológicos y amenazas golpistas, basta de hundir a Brasil en el escenario internacional», escribió este martes la columnista especializada en asuntos castrenses Eliane Cantanhêde en el diario más conservador del país (O Estado de São Paulo, 30-III-21). Todos los analistas coinciden en que el presidente Jair Bolsonaro intentó subordinar a las Fuerzas Armadas a una iniciativa propia en contra del orden constitucional. Incluso el general Sérgio Etchegoyen, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional en el gobierno de Michel Temer, fue enfático en distanciarse del oficialismo en una entrevista a Radio Gaúcha, este martes, en la que declaró que «las Fuerzas Armadas están maduras y no serán un factor de inestabilidad».

Según la columnista Thais Oyama, «lo que hizo al presidente Bolsonaro pedir la cabeza del comandante del Ejército, Edson Pujol, fue la negativa del general a manifestarse contra la decisión judicial que anuló las condenas del expresidente Lula a principios de mes» (UOL, 30-III-21). El excapitán y actual mandatario exigía, de ese modo, una iniciativa militar similar a la que tuvo el comandante del Ejército Eduardo Villas Boas en 2018, cuando, en vísperas del pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal sobre un habeas corpus que podía haber habilitado a Lula a presentarse a las elecciones, tuiteó que el Ejército «repudiaba la impunidad», en una presión castrense a la Justicia para que vetara al dirigente del Partido de los Trabajadores.

En la ocasión actual, el general Fernando Azevedo e Silva, ministro de Defensa hasta este lunes, se negó a seguir el libreto de Bolsonaro y alinear a sus pares, incluido Pujol, detrás de los designios del presidente. El problema, como señala Cantanhêde, es «la manía de Bolsonaro de exigir sometimiento incondicional» a sus ministros y cargos de gobierno, que ahora parece haber encontrado un límite preciso.

RECHAZO MILITAR

Azevedo insiste en su carta de despedida: «Durante este período [al frente de la cartera de Defensa] preservé a las Fuerzas Armadas como instituciones del Estado». Es un mensaje indirecto a lo que no habría hecho el presidente al querer usarlas para su proyecto político personal. De hecho, en la mañana del martes 30, los tres jefes de las Fuerzas Armadas entregaron su dimisión al nuevo ministro de Defensa, el general Walter Braga Netto. Según afirma O Globo, con base en fuentes castrenses, se trata de un mensaje del alto mando militar de que «no cederá al golpismo» (O Globo, 30-III-21). Para la columnista Cantanhêde, Braga Netto «encuentra el ambiente militar contaminado por la política, dividido y polarizado». Pero la duda mayor, estima, radica en saber si el general (que se desempeñaba hasta ahora como jefe de gabinete de Bolsonaro) asume el cargo «para hacer el juego sucio que su predecesor tuvo la dignidad de rechazar».

Lo cierto es que al presidente la soledad lo llevó a buscar apoyos donde no debía hacerlo. No ha tenido otro camino que aceptar la reforma ministerial que abre aún más las puertas de su gobierno al centrão (formalmente, el centro político del Parlamento, pero, realmente, lo que los brasileños llaman «diputados de alquiler», que se prestan a cualquier alianza con tal de asegurar sus cargos). Dos de los nuevos ministros vienen directamente de ese sector, pero al menos cinco de los seis recambios ministeriales de esta semana forman parte de una necesaria conciliación de un presidente que asumió cargando contra la vieja política, pero que a mitad de su mandato debió rendirse a ella. «La reforma ministerial refleja el debilitamiento político del presidente Bolsonaro, que aumenta la dependencia del centrão y pierde el apoyo militar», estima el analista Kennedy Alencar (Folha de São Paulo, 30-III-21).

Algunos estiman que esta crisis representa el fin del gobierno de Bolsonaro, ya que no podría lidiar con tantos adversarios al mismo tiempo, en particular con los militares. La renuncia simultánea de los tres comandantes no tiene precedentes en Brasil, lo que refleja la profundidad de los desacuerdos. Divergencias que, en rigor, se arrastran desde noviembre, cuando una reunión de los ministros militares con el vicepresidente Hamilton Mourão provocó la ira del presidente.

Enemigo de las cuarentenas generales, Bolsonaro afirmó el 19 de marzo: «Mi Ejército no va a cumplir el lockdown ni por orden del papa». Fue cuando se lo consultó sobre la posibilidad de que la tropa auxiliara a los gobernadores y alcaldes para reforzar las medidas sanitarias de restricción de la movilidad (El País, 30-III-21). Ahora, los uniformados decidieron bajarle el pulgar.

CHINA, EMPRESARIOS Y SOCIEDAD

«A los chinos no les interesa que los países mantengan su libertad, ya que no la tienen allí», espetó hace dos años el canciller Ernesto Araújo en una entrevista para la revista Piauí. Durante su gestión al frente de Itamaraty, mantendría esa retórica anti-Beijing. Pero el ministro más ideológico del gabinete de Bolsonaro debió renunciar el lunes 29 ante la presión del Parlamento y, sobre todo, de representantes del poder económico, lo que muestra los nuevos vientos que soplan en Brasil y en todo el mundo.

Según la edición brasileña de El País de Madrid, Araújo es un «fervoroso anticomunista y trumpista, considerado el mayor responsable de que el país no haya conseguido comprar dosis suficientes para una vacunación en masa que permita vislumbrar un horizonte para una recuperación económica» (El País, 29-III-21). A la crisis causada por el desborde de los hospitales y las salas de urgencia se sumó la pasada semana que diez senadores pidieron su renuncia y que el fin de semana circuló una carta apoyada por 300 diplomáticos de carrera que pedían su dimisión.

Araújo no actuaba como canciller, sino como propagandista, como estiman buena parte de los analistas brasileños. Su rechazo a China llegó al extremo de denominar el coronavirus como «comunavirus», en la misma sintonía con que Donald Trump lo llamaba «virus chino». Dado que China es el principal mercado de las exportaciones de Brasil y su principal socio comercial desde 2013, la ideología de Araújo se convirtió en un obstáculo para la economía brasileña. La presión empresarial resultó ser la más pesada para su sobrevivencia. El 21 de marzo se difundió una carta firmada por más de 1.500 economistas, líderes empresariales y banqueros que señala que es ilusorio imaginar una economía en auge con la pandemia fuera de control. La misiva fue decisiva para la renuncia de Araújo.

La carta exige respeto por la ciencia y una adecuada gestión gubernamental, sugiere un cierre de la actividad no esencial y el paso a una toma de decisiones coordinada «para poner fin al deterioro que está experimentando la nación» (El País, 21-III-21). El punto central del documento es el rechazo al dilema entre el cierre y el mantenimiento de la actividad económica: «De hecho, los datos preliminares sobre muertes y desempeño económico sugieren que los países con el peor desempeño económico tuvieron más muertes por covid-19. La experiencia ha demostrado que incluso los países que inicialmente optaron por evitar el bloqueo terminaron adoptándolo, de diversas formas, ante el agravamiento de la pandemia», señalan –citando el caso de Reino Unido– los líderes empresariales y economistas afines.

Fuente e imagen: https://brecha.com.uy/hasta-aqui-llego-mi-amor/

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Carta à sociedade brasileira: o decreto 10.660 é excludente, concentrador e um risco ao custo aluno qualidade (caq) e para escolas do país

Por: CNTE-Brasil

Em 25 de março de 2021, o governo Bolsonaro publicou o Decreto 10.660, que mais uma vez modifica o Comitê Permanente de Avaliação de Custos na Educação Básica (CPACEB) do Ministério da Educação (MEC). Agora a participação da sociedade civil não está instituída, ficando restrita a um improvável convite a ser feito pelos membros institucionalizados do Comitê. Vale dizer que a sociedade civil terá direito a voz, mas não a voto.

A partir do supracitado Decreto, a CPACEB passa a ser formada, exclusivamente, por membros do Ministério da Educação, do Ministério da Economia, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Além disso, ao passar a ser regulamentada por Decreto e não por Portaria, há um processo ainda maior de concentração decisória no Executivo Federal, que tem atuado para a desconstrução do Custo Aluno Qualidade (CAQ) e por uma política de Estado mínimo nas áreas sociais. Não se pode esperar nada de melhoria em termos de investimentos para a educação com tamanha concentração de poderes.

>> BAIXE A CARTA EM PDF

Escantear a sociedade civil reitera a opção do governo de Jair Bolsonaro por negar a gestão democrática, princípio educacional exigido pela Constituição Federal. Também nega o princípio da participação social na formulação e acompanhamento das políticas públicas, tal como preceituado no parágrafo único do Art. 193 da Constituição da República. O objetivo dessa arbitrariedade é evitar a implementação do Custo Aluno Qualidade (CAQ), com o intuito de encontrar meios para descumprir a Emenda à Constituição 108/2020, que estabeleceu o novo Fundeb.

Vale dizer que foi graças à incidência da sociedade civil, em especial da Campanha Nacional pelo Direito à Educação (Campanha), que o Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) foram reconhecidos como instrumentos para a consagração do direito à uma educação pública de qualidade no Brasil.

Essa trajetória começou com a aprovação por unanimidade do Parecer 8/2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE). Essa norma, formulada em uma parceria entre o CNE e a Campanha, normatiza os padrões mínimos de qualidade da educação básica nacional, fundamentados no CAQi. Em 2014, o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, instituído pela Lei 13.005/2014, também determinou a implementação de ambos os mecanismos, sendo que o CAQi, como ponto de partida, precede corretamente o CAQ e deveria ter sido implantado em 2016. Por último, a EC 108/2020 constitucionalizou o CAQ, representando a maior vitória dos defensores do direito à educação desde 2014, quando foi sancionado sem vetos o PNE 2014-2024.

O financiamento adequado da educação básica pública jamais foi prioridade dos governos da União. O sistema CAQi/CAQ é uma prova do descompromisso. O Parecer CNE/CEB 8/2010 não foi homologado no governo do ex-presidente Lula, tampouco avançou nas gestões Dilma, Temer e, agora, Bolsonaro. Não obstante, é a partir do governo Temer que houve um claro interesse em desconstruir os mecanismos.

Como formuladora do sistema CAQi/CAQ, a rede da Campanha sempre esteve à disposição para colaborar com a definição de caminhos para o cumprimento integral e qualificado do financiamento da educação básica pública.

Em 17 de março de 2016, a Campanha foi nomeada para integrar a Comissão Interinstitucional para Implementação do CAQi-CAQ. A Comissão, instituída pela Portaria 142 do Ministério da Educação (MEC), buscou responder às deliberações das Conferências Nacionais de Educação de 2010 e 2014, além de fazer jus aos dispositivos previstos na Lei 13.005/2014, do Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e o Fórum Nacional de Educação também compunham o colegiado, coordenado pelo MEC.

Porém, a Portaria MEC 142 foi revogada em 15 de março de 2018, com a criação do Comitê Permanente de Avaliação de Custos da Educação Básica (CPACEB) pelo governo Michel Temer. Esse é o primeiro revés do processo de gestão democrática e participação social.

A nova Portaria MEC 233/2018, que institui a CPACEB, excluiu a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, além de suprimir os prazos para implementação do CAQi/CAQ.

A tentativa de escantear o CAQi/CAQ e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação se intensificaram no governo de Jair Messias Bolsonaro, que retirou o CAQi/CAQ das atribuições do CPACEB/MEC por meio da Portaria MEC 649/2019. Além disso, também alterou os artigos 1° e 2° da Portaria de 2018, excluindo representação do Fórum Nacional de Educação e acrescentando ao Comitê o Subsecretário de Gestão Fiscal do Tesouro Nacional do Ministério da Economia e o Subsecretário de Planejamento e Orçamento do MEC. Por último, alterando a atribuição do órgão, determinou como objetivo analisar “mecanismos federativos de cooperação e colaboração”, reiterando a supressão dos mecanismos de CAQi e CAQ. Agora, com o novo Decreto, a CPACEB/MEC fica ainda mais desfigurada.

Apesar dos retrocessos na consagração dos direitos sociais, ocorridos desde o processo de impeachment de 2016, as entidades signatárias desta carta estão resistindo e têm conseguido obter vitórias. A maior delas foi, sem dúvida, a inclusão do CAQ na Emenda à Constituição 108/2020. Com isso, segundo a Lei Maior, o padrão mínimo de qualidade deve ser baseado em insumos, com o objetivo de garantir a boa realização do processo de ensino-aprendizagem.

Esse foi um passo firme em prol da garantia de financiamento adequado para a qualidade da educação básica pública no país. Infelizmente, menos de um ano após a aprovação da EC 108/2020 e meses após a aprovação da Lei 14.113/2020, que regulamenta o Fundeb, fomos surpreendidos com a publicação do Decreto 10.660.

Com ele fica ainda mais explícita a verdade: o governo de Jair Messias Bolsonaro quer inviabilizar uma escola que dê as condições adequadas para as educadoras e os educadores ensinarem e as alunas e os alunos aprenderem. Esse é objetivo do sistema CAQi/CAQ e é isso que o governo quer evitar, como promotor do obscurantismo contra a Ciência. A pandemia causada pela a Covid-19 mostrou à sociedade as precárias condições das nossas escolas, desde a infraestrutura física aos insumos pedagógicos, número alto de estudantes por turma, salas sem ventilação adequada, muitas sem abastecimento de água tratada e rede pública de esgoto. Além disso, muitos estudantes não tiveram acesso aos conteúdos escolares ou tiveram de forma precária. A implementação do CAQ é fundamental para resolução dos problemas apontados, inclusive para um retorno seguro e para recuperar os prejuízos pedagógicos causados pela suspensão das aulas presenciais, durante a pandemia.

O rebaixamento dos recursos para o Ministério da Educação e para as áreas de saúde, ciência e tecnologia, aprovado semana passada em âmbito do orçamento federal de 2021, juntamente com as propostas governamentais que tergiversam a necessidade de maior investimento público para melhorar a qualidade da educação ofertada às mais de 37 milhões de crianças, jovens e adultos matriculados nas escolas públicas – a exemplo do projeto de educação domiciliar que o governo Bolsonaro tenta aprovar a toque de caixa no Congresso, assim como a expansão do programa de militarização de escolas públicas, que privilegia o atendimento em algumas unidades de ensino com o agravante da imposição da doutrina militar a estudantes não emancipados – reforçam a necessidade de luta social em prol do financiamento e da aprovação imediata de lei complementar para instituir o Custo Aluno Qualidade e o Sistema Nacional de Educação articulado, público, gratuito, democrático, laico, desmilitarizado e de qualidade social para todos e todas.

É preciso um esforço coletivo para barrar essa empreitada de desmantelamento das maiores conquistas da educação brasileira e por isso convocamos toda a sociedade civil e tomadores de decisão comprometidos com a educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade a se mobilizarem para impedirmos os retrocessos e voltarmos a caminhar pela regulamentação do Custo Aluno Qualidade e pelo financiamento justo da educação.

Assinam:

Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
Fineduca – Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação

  • https://www.cnte.org.br/index.php/menu/comunicacao/posts/noticias/73843-carta-a-sociedade-brasileira-o-decreto-10-660-e-excludente-concentrador-e-um-risco-ao-custo-aluno-qualidade-caq-e-para-escolas-do-pais
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Brasil enfrenta la peor fase de la pandemia de la Covid-19

La pandemia de la Covid-19 en Brasil han puesto en crisis el sistema sanitario del país, ante la inacción de Bolsonaro.

Cuando el estado de Sao Paulo ha registrado 1.021 muertes por la Covid-19 en las últimas 24 horas, nuevo máximo diario, Brasil se enfrenta a una crisis de escasez de medicamentos para la intubación de pacientes y algunas zonas adoptan nuevas restricciones.

En este sentido, al menos 65 senadores brasileños de diferentes tendencias políticas firmaron una carta pública en la cual piden ayuda a la comunidad internacional para luchar contra la Covid-19, que en el gigante sudamericano cobró hasta el momento la vida de 295.425 personas.

El envío del documento se produce al tiempo que la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, alertó este martes sobre el «terrible» aumento de casos de la Covid-19 en Brasil.

De igual forma el texto recuerda que Brasil «exige atención de emergencia de [parte del] mundo», pues su «tasa de inmunización es insuficiente para contener la propagación de la enfermedad», con los datos de «menos del 5 por ciento de los 210 millones de brasileños han sido vacunados».

«El virus sigue aumentando peligrosamente en todo Brasil; los casos y las muertes están en aumento y la ocupación de camas en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) es muy alta en muchos estados», dijo la titular de la OPS.

Durante una sesión informativa de la organización que dirige sobre la situación del coronavirus en el continente americano, indicó que es fundamental que todos los brasileños «adopten las medidas preventivas que se están implementando» para frenar la transmisión del virus; eso, dijo, «puede salvarle la vida y la de sus seres más cercanos».

Respecto a la misiva de los legisladores, se enviará a varios países y entidades internacionales, como el G20, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento Europeo.

La carta hace referencia a lo que denominan «ominosa sombra de muerte» que se cierne sobre millones de brasileños y como amenaza la lucha contra la pandemia de la Covid-19 en el planeta.

De acuerdo a un extracto del escrito, en esta crisis sanitaria sin precedentes en el mundo, «las barreras fronterizas no pueden protegernos de la propagación del virus y de la aparición de posibles variantes. La única defensa es la cooperación internacional, con la vacunación urgente de nuestra población».

Denuncian, en ese sentido que el gigante sudamericano depende «de vacunas e ingredientes farmacéuticos activos (IFA) importados, que llegan a un ritmo lento, en comparación con el desafío que plantea la segunda y devastadora ola de la pandemia en Brasil».

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Brasil: Coronavirus: el capitalismo opone la economía a la salud y a la educación. La respuesta ecomunitarista

Coronavirus: el capitalismo opone la economía a la salud y a la educación. La respuesta ecomunitarista

Sirio López Velásco

En este artículo el autor hace un balance de la respuesta capitalista durante la pandemia ante el desafío educativo y sanitario que contrapone a la respuesta ecomunitarista.


En todo el mundo, y especialmente en América Latina, la pandemia del coronavirus reveló un hecho mayor de la sociedad capitalista: empresarios y gobiernos han priorizado el lema “la economía no puede parar”, en detrimento de la salud de las personas. Ello dio lugar a que, sin hacer el lockdown casi total de las actividades económicas, reclamado por diversas instituciones médicas y científicas, tal priorización contribuyó al progresivo agravamiento de la pandemia.

Las causas de ello son muy simples, y basta citar, entre otras, la facilitación del contagio mediante el amontonamiento de millones de trabajadores que concurren a sus empleos en medios de transporte colectivo repletos de gente, y/o que se apretujan en lugares de trabajo en los que no existe el distanciamiento mínimo entre un trabajador y otro (aún en el caso en el que los mismos usen tapabocas y se higienicen las manos con jabón o alcohol con toda la frecuencia necesaria).

Reinó entonces, como siempre, la lógica y la sed de la ganancia que caracterizan a la producción y distribución capitalistas, en detrimento de la salud humana. Y cuando por algún tiempo los gobiernos han accedido a la suspensión de las actividades económicas que juzgaron “no esenciales”(dejando principalmente en funcionamiento la producción y distribución de alimentos y las farmacias), vino a luz una necesidad “insospechada”: para quedarse en sus casas las personas necesitan ingresos que les permitan comer y cuidar su salud, o sea, subsistir; ello motivó en algunos países la adopción de “auxilios de emergencia”, que, no obstante, han tenido una duración limitada y montos insuficientes.

Resultado: millones de los más pobres se vieron obligados a seguir trabajando en sus empleos informales, o (a veces acicateados y presionados por sus patrones) a pedir la vuelta al trabajo en sus ramas de actividad, exponiéndose a sí mismo y a millones de sus familiares y semejantes al peligro renovado del contagio.

Hay que notar que en las actividades económicas consideradas “esenciales”, que fueron mantenidas, ni las condiciones de trabajo fueron sistemática y seriamente fiscalizadas, ni el esfuerzo excepcional de sus trabajadores fue reconocido mediante aumentos de salario y otros beneficios.  Simultáneamente, y para enfrentar la atención de los millones ya contagiados, las sociedades capitalistas revelaron otra de sus falencias: no tienen un sistema de salud público capaz de atender eficaz y gratuitamente a millones de personas necesitadas de pronto socorro para preservar su vida, la de sus familias, y la de la comunidad en general (por el peligro social suponen quienes son potenciales transmisores del contagio). Así se constató la carencia de instalaciones, profesionales, equipos, remedios, y de algo tan elemental como el oxígeno, para atender a esa multitudinaria demanda. Entonces centenas de miles de personas desesperadas se amontonaron en los predios disponibles, o simplemente fueron rechazadas por el sistema de salud y condenadas a morir en sus casas, sin recibir la atención que necesitaban. Al tiempo en que todo esto ocurría, cuando para tratar de disminuir el ritmo del contagio se determinó también la suspensión temporal de las actividades escolares presenciales y se adoptó la modalidad de la enseñanza remota a través de internet, afloró otra faceta del capitalismo: buena parte de los niños pobres, o simplemente no contaban con internet, o la que tienen es inestable y de poca potencia; ambos fenómenos crearon para esos millones de niños una nueva brecha en las condiciones de aprendizaje que vino a sumarse a la que ya desde antes de la pandemia y por la división estructural de la sociedad capitalista los inferiorizaba en relación a los escolares de las clases alta y media (donde, además de internet, abundan los televisores, los libros y las madres o padres con escolarización y tiempo disponible para dar el apoyo requerido a los educandos). Finalmente, también se constató que a esas discriminaciones propias del capitalismo, se le suma otra: la racial; así, entre otras, en Brasil una investigación de la ABRINQ (Asociación de los empresarios fabricantes de juguetes) reveló que los niños negros (entre los que hay notoriamente mayor proporción de pobres que entre los blancos, en un fenómeno que se repite en el llamado “Primer Mundo” capitalista, por ejemplo en EEUU) padecen notoriamente más las citadas estrecheces que los niños blancos.

Todos estos fenómenos revelan una característica fundamental del capitalismo: la producción social acompañada de la apropiación privada de los bienes y servicios conlleva a una profunda desigualdad de condiciones de existencia; que también tiene un componente racial, pues la proporción de pobres es mucho mayor entre los no-blancos (en especial, en América Latina,  indígenas y negros) que entre los blancos.

A todo esto se contrapone el Ecomunitarismo con su propuesta de economía ecológica y sin patrones que aplique el lema “de cada un@ según su capacidad y a cada un@ según su necesidad, respetando los equilibrios ecológicos y la interculturalidad”. En esa organización económica la propiedad de los medios de producción es comunitaria, y también lo es la distribución equitativa y solidaria de bienes y servicios; y en ella las actividades productivas son rotativas, para que cada persona (que previamente ha obtenido gratuitamente de la comunidad la formación necesaria para tanto) ejercite rotativamente sus diversas vocaciones y se realice como individuo integral. De tal forma que cada persona (independientemente del tipo de actividad que desarrolle en ese momento en la trama social de la distribución de lo que en el capitalismo es esa tortura llamada “trabajo”) recibe del Fondo Común Comunitario disponible, lo que necesita para mantenerse sano y desarrollarse como individuo, y para que otro tanto pueda hacer su familia. Y cuando una emergencia natural y/o social como la que constituye la actual pandemia afecta seriamente la organización de la producción, en la medida en que todos los bienes y servicios que extrapolan la residencia familiar son comunes, la comunidad, regida por la “política de todos” que se basa en la democracia directa (hoy muy facilitada por los recursos de internet), determinará una nueva redistribución más ajustada, pero siempre solidaria, para que nadie quede excluido ni sea indebidamente privilegiado a costa de los demás. Simultáneamente, en el transporte de ida y vuelta de los trabajadores a/de cada centro de producción y distribución cuya actividad se juzgue indispensable mantener, y en dichos centros, serán adoptadas todas las medidas de protección de la salud de quienes allí laboren, al tiempo en que (una vez que todas sus necesidades materiales fundamentales ya están satisfechas) se los distingue con estímulos y premios morales públicos y repetidos, en  reconocimiento agradecido por su dedicación al bien colectivo.

Hay que notar que en esa economía ha desaparecido el dinero y el salario; el primero porque ya no es más necesario, y el segundo porque ha sido superada la esclavitud asalariada mediante la distribución comunitaria solidaria y equitativa de los bienes y servicios. Entre estos últimos figura una amplia red de salud pública y gratuita, preparada previsoramente para recibir a tod@s sin distinción y con la misma gran calidad de atención, tanto en épocas de normalidad como en situaciones de emergencia.   Al mismo tiempo, la educación ambiental ecomunitarista generalizada vela para que tanto en tiempos normales como en emergencias, como la de una pandemia, toda la vida social se desarrolle respetando los equilibrios ecológicos y la interculturalidad, superando la destrucción-devastación-contaminación irreversible de la salud de la naturaleza no humana que caracteriza al capitalismo, y practicando la solidaridad intercultural e inter-étnica que supera al racismo imperante en el capitalismo (heredero, también en lo que respecta a esa lacra, de las sociedades clasistas que lo precedieron). En esa educación ecomunitarista cada niño recibe de y en la comunidad gratuitamente todas las instalaciones, asesoría, equipos, bienes y servicios de los que necesite para desarrollarse como individuo universal; así, por ejemplo, la internet es gratuita y de calidad para todos los educandos, sin distinción de su localidad de residencia ni en función del tipo de actividad que sus respectivos padres estén ejerciendo temporalmente.

En y por todas las características citadas (y otras aquí no abordadas) el Ecomunitarismo hace realidad en su día a día las tres normas éticas fundamentales (deducidas argumentativamente de la gramática profunda de la pregunta que instaura la Ética, a saber, “¿Qué debo hacer?”), que nos obligan, respectivamente, a garantizar nuestra libertad individual de decisión, a realizar esa libertad en la búsqueda de respuestas consensuales con los demás en las diversas situaciones que nos depare la vida, y a preservar-regenerar la salud de la naturaleza humana y no humana.

Bibliografía mínima 

Sirio López Velasco (2009). Ética ecomunitarista, Ed. UASLP, México, disponible gratuitamente en https://issuu.com/filopoiesis/docs/etica_mexico_final_2009

y en https://rebelion.org/download/etica-ecomunitarista-etica-para-el-socialismo-del-siglo-xxisirio-lopez-velasco/?wpdmdl=654430&refresh=5ffa00fe3411b1610219774

Sirio López Velasco (2017). Contribuição à Teoria da Democracia: uma perspectiva ecomunitarista, Ed. Fi, Porto Alegre, Brasil, disponible gratuitamente en https://www.editorafi.org/196sirio

Fuente de la Información: https://rebelion.org/coronavirus-el-capitalismo-opone-la-economia-a-la-salud-y-a-la-educacion-la-respuesta-ecomunitarista/

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