Por: Orlando Milesi.
La educación, el instrumento más poderoso en la lucha contra la exclusión y la discriminación, es aún esquivo para los pueblos indígenas de América Latina que, pese a tener una amplia presencia en la región, son todavía los más desfavorecidos.
La creciente necesidad de otorgar mayor acceso a una educación de calidad para los pueblos originarios de la región, con respeto a la interculturalidad y sus tradiciones, sigue siendo una declaración de buenas intenciones, aún lejos de transformarse en políticas públicas reales y de largo plazo, afirmó a IPS el alcalde del municipio chileno de Tirúa, Adolfo Millabur.
En Chile, por ejemplo, “hay una especie de voluntad declarada, pero que no se realiza en la práctica”, dijo Millabur, cuyo municipio, a 685 kilómetros al sur de Santiago, se sitúa en la región de La Araucanía, donde se concentra casi 50 por ciento de población mapuche, el más numeroso pueblo indígena del país.
“Hoy la gente está demandando participar en espacios de toma de decisiones de toda índole, y es ahí donde los pueblos originarios se configuran como actores sociales a los que hay que prestar más atención”: Loreto Jara.
Millabur creció en la localidad de El Malo, a 35 kilómetros de Tirúa. Junto a sus ocho hermanos se levantaba a las cinco de la mañana y caminaban cada día 30 kilómetros hasta la escuela de Antiquina. Después de un par de horas en clase, todos emprendían el viaje de regreso a casa.
No recuerda cómo aprendió a leer y asegura que no tenía idea de cómo firmar un cheque cuando en 1996, con 28 años, se convirtió en el primer alcalde mapuche de Chile.
El derecho a la educación es el tema este año del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra en el mundo cada 9 de agosto.
Ello porque se considera que el acceso a una escolaridad apropiada a sus métodos culturales de aprendizaje y con pleno reconocimiento de su diversidad, de sus valores y de sus necesidades específicas, incluyendo el aprender en su lengua materna, se considera la clave para romper con su vulnerabilidad y exclusión.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en América Latina viven cerca de 45 millones de personas indígenas, equivalentes a 8,3 por ciento de la población regional que supera los 605 millones de habitantes.
Bolivia posee algo más de 10 millones de habitantes y de ellos, 62,2 por ciento (6,2 millones) declara formar parte de un pueblo originario, lo que lo transforma en el país que cuenta con mayor porcentaje de personas indígenas sobre la población total, seguido por Guatemala, donde 41 por ciento de sus algo más de 16 millones de habitantes declara ser indígena (5,9 millones).
Les siguen Perú, donde 24 por ciento de su población total afirma pertenecer a un pueblo originario, y México, con 15,1 por ciento.
Según el estudio “Los pueblos indígenas de América Latina”, publicado en 2014 por la Cepal, en la región existen 826 pueblos indígenas, con un panorama altamente heterogéneo.
En un extremo se ubica Brasil, con 0,5 por ciento indígena del total de su población (900.000 habitantes), pero que cuenta con 305 pueblos originarios distintos, seguido por Colombia (102), Perú (85) y México (78). En el otro extremo están Costa Rica y Panamá, con solo nueve pueblos indígenas cada uno, El Salvador (tres) y Uruguay (dos).
Los pueblos quechua, nahua, aymara, maya yucateco, ki’che’ y mapuche, son aquellos que cuentan con mayor población en la región, según ese estudio.
Pese a su presencia e influencia histórica, los pueblos originarios de América Latina aún representan uno de los colectivos más desfavorecidos en la región, indica la Cepal.
Los indígenas no solo han sufrido la pérdida sistemática de sus territorios con graves consecuencias para su bienestar, sino que constituyen el grupo más vulnerable en materia de pobreza y desigualdad en todos sus ámbitos.
En este escenario, el derecho a la educación es clave para el pleno goce de los derechos humanos y colectivos, y constituye un instrumento poderoso en la lucha para la erradicación de la exclusión y la discriminación.
“Uno de los grandes ausentes de las políticas educativas y también en términos curriculares son los pueblos originarios”, afirmó Loreto Jara, investigadora de Política Educativa de la organización no gubernamental Educacion 2020.
“Hay una ausencia como sujeto histórico en el currículum mismo, pero también como actor social en torno a los procesos de participación en la construcción de los currículos”, añadió en diálogo con IPS.
Si bien en los últimos años se han observado progresos en el panorama educativo de los pueblos indígenas latinoamericanos, se comete el error de homogenizar los procesos “porque es más fácil trabajar en un escenario más o menos similar que atender a la diversidad”, explicó.
Precisó que la educación de cualquier pueblo originario “tiene lógicas distintas de nuestro sistema escolarizante”, por lo que es necesario incorporar, por ejemplo, educadores interculturales en las escuelas.
Jara recordó la experiencia de Colombia donde existen “etnias por montones y son de diversa naturaleza, pueblos más pequeños, dialectos específicos, ligados a recuperación del territorio y a la reivindicación de las culturas indígenas”.
Precisó que en ese país, “la cultura indígena se está visualizando más desde el espacio de la ruralidad” y “las escuelas rurales están revitalizando mucho el tema de las lenguas indígenas”.
Esto, que busca también detener la migración de los jóvenes a las urbes, también ocurre en algunas zonas de México, agregó.
En la región chilena de La Araucanía, en tanto, hay 845 escuelas con enseñanza del mapudungun, la lengua mapuche, hasta cuarto año de enseñanza básica.
De ellas, 300 cuentan con apoyo directo del Ministerio de Educación y las demás con apoyo de un sostenedor particular, precisó María Díaz Coliñir, supervisora del gubernamental programa de Educación Intercultural Bilingüe.
La legislación chilena señala que todas las escuelas con más del 20 por ciento de alumnos de origen indígena deben tener programas de educación intercultural bilingüe en el que se enseñe mapudungun, quechua, aymara o rapa nui, según corresponda en cada región.
Si bien el programa no garantiza que los niños y niñas aprendan su lengua originaria, sí potencia un mayor grado de identidad. “Se ha avanzado en la mayor autoidentificación del niño mapuche y en el mejoramiento de su autoestima”, afirmó Díaz a IPS.
Jara coincidió en las bondades de esta aproximación para todos los pueblos originarios de la región. “La reivindicación es a partir del lenguaje, porque eso representa su cosmovisión. Detrás de las lenguas indígenas se esconde toda la riqueza cultural de cada pueblo”, expresó.
Precisó que la necesidad de visibilizar a los pueblos originarios como actores sociales, desde la enseñanza y el aprendizaje de su propia historia y su vínculo con la historia común del país, es parte de los caminos pendientes por transitar en materia educativa.
“Hoy la gente está demandando participar en espacios de toma de decisiones de toda índole, y es ahí donde los pueblos originarios se configuran como actores sociales a los que hay que prestar más atención”, concluyó.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2016/08/derecho-a-educacion-sigue-esquivo-para-indigenas-latinoamericanos/
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