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En Chile, la educación si se vende y no se defiende: La fiscalía archivará el caso lucro en las universidades.

Ya nada nos sorprende

Chile, Santiago / Febrero,  2016 / Autor: Angela Barraza Risso

Todo comenzó un 20 de junio de 2012. La diputada independiente Alejandra Sepúlveda se juntó con el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán para denunciar que algunas casas de estudio (7 en ese momento) se estaban pasando de listos en la obtención de utilidades; vale decir, había lucro (mucho lucro). De esto se habían dado cuenta en la comisión investigadora del financiamiento de los planteles de la educación superior en la cámara de diputados.

Chahuán sumó y restó y se dio cuenta de que -como dijo el gran Bombo Fica- era sospechosa la weá. Por esta razón llamó al fiscal Gajardo (El mismo que no quiso ser Rey Guachaca) para que se hiciera cargo del asunto y lo designó como persecutor. Sin embargo, a junio de este 2016 ya serían 4 años de investigación y eso es mucho para cualquier caso. Por esta razón, de no haber avances, el caso se va a archivar y todos los esfuerzos y recursos designados a la investigación van a ir a parar a la basura.

El informe que abrió la arista penal indicaba que diversos planteles privados tenían demasiadas ganancias gracias a la triangulación de dineros que hacían con empresas que eran de ellos mismos. “Las universidades por ley deben constituirse como corporaciones privadas  sin fines de lucro, sin embargo la mayoría de las universidades privadas  vulneran la ley retirando sus excedentes mediante sociedades espejos de inversión, sociedades coligadas o empresas inmobiliarias que prestan servicios educacionales o arriendan las propiedades a las universidades”, fue lo que señalaron los diputados en parte de lo que lograron concluir después de presentar el informe.

No es de sorprenderse que, luego de que comenzara la investigación fueran apareciendo otros “delincuentes morales” (porque la ley en estos lares da para mucho y eso, según ellos los deja libres de polvo y paja) y, de 7 universidades, pasaron rapidito a ser un total de 12. Sin embargo las cosas no avanzaban tan rápido como se esperaba.

Lamentablemente y, según informa La Tercera, de acuerdo a fuentes del Ministerio Público, ocurrirá que durante el primer semestre la Fiscalía va a definir los pasos a seguir en el caso, los cuales van del sobreseimiento al archivo provisional. Esto se debe, principalmente a que los investigadores se vieron imposibilitados de conseguir avances en sus pesquisas, ya que el lucro no está tipificado como delito en la legislación chilena. ¡Y cómo no iba a ser así! Si a nuestros parlamentarios les encanta legislar para que nada que tenga que ver con comportamientos económicos indebidos y de acaparamiento de riqueza para el sentido común de cualquier ser humano sea delito.

Cabe mencionar que algunos diputados hicieron el amago de presentar un proyecto de ley que tipificara el lucro como delito, en el mes de septiembre de 2013, pero tenemos que entender que esto no fue más que un “saludo a la bandera”, una suerte de píldora para que pensáramos en la buena fe de la política, sin embargo, no es de sorprenderse que el proyecto sigue en primer trámite constitucional, a pesar de que lo lógico era que el gobierno le diera urgencia al proyecto. Pero ya tenemos claro que las prioridades del poder ejecutivo está en cualquier parte menos en lo que debe.

Obviamente, todos los involucrados están en la postura de que la fiscalía no hace más que perder su tiempo que no tiene sentido continuar esta investigación ya que se está investigando un hecho que no está tipificado como delito. Por lo tanto, ya podemos colegir que nadie de los que ha tenido la conducta impropia de generar enormes riquezas a costa de tremendos daños a los sueños de los estudiantes y a los bolsillos de sus familias, va a recibir ni siquiera “un pape” en la frente.

Una vez más, el marcador termina en empresarios y sus secuaces políticos 1 – la gente 0

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La tiranía de la publicaciones académicas.

Santiago, Chile/ Febrero 2016 / Autor: Tania Opazo

Desde afuera, la vida académica parece reposada. Profesores que tienen tiempo para pensar, darse vueltas e investigar lo que se les antoja sin plazos. Pero adentro de las universidades no se siente así. Los académicos están cada vez más presionados por la necesidad de mostrar resultados, lo que se acredita a través de la publicación en codiciadas revistas. Una carrera en la que compiten con los especialistas de todo el mundo y que no sólo los tiene estresados.

Cada vez que Alejandro Montenegro, quien está haciendo un postdoctorado en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, le cuenta a sus compañeros que va a publicar un artículo, lo primero que le preguntan no es de qué se trata, sino dónde. En los últimos años, hay una idea que se ha popularizado en el mundo universitario en Chile y en el mundo: “Publish or perish”, que es lo mismo que decir que publicas o desapareces.

La frase alude a los artículos académicos (también llamados papers, en inglés), que han existido siempre en la investigación, porque para decirlo en fácil, son un documento que le acredita al mundo que su autor hizo un descubrimiento importante. “El trabajo del científico no es el descubrimiento en sí, sino la difusión y el impacto que tiene. Un paper bueno puede cambiar el mundo, pero tiene que estar publicado, sino ¿cómo lo cambia?”, dice Flavio Salazar, vicerrector de Investigación de la U. de Chile.

Un buen artículo académico o paper debe ser original, novedoso, tener un marco teórico, una hipótesis, una demostración y debe ser replicable, es decir, que cualquiera que repita el proceso llegue a los mismos resultados. Como eso no siempre ocurre hay que acreditarlo, y para eso existen revistas (journals) especializadas por área, a las que los investigadores postulan con sus papers y que se encargan de seleccionar los mejores, tras hacerlos pasar por una revisión anónima de “pares” expertos (peer review). “Esta es su garantía de calidad”, agrega Salazar.

Entonces, astrónomos, historiadores, cientistas políticos, biólogos y un largo etcétera consiguen dinero para hacer una investigación (en su universidad o a través de fondos concursables, como Fondecyt), escriben un artículo con los resultados y tratan de ponerlo en una de estas revistas, lo que a su vez les da currículum para conseguir nuevos fondos. Pero, como queda demostrado con el relato de Alejandro Montenegro, no se trata sólo de publicar, sino de hacerlo en la revista con más impacto posible.

 

En las últimas décadas el número de publicaciones ha crecido explosivamente. En 2012 se calculaba que había 28 mil activas que usaban el método de la revisión de pares. No todas con la misma calidad y prestigio. En cada área hay algunas que son más estrictas y/o influyentes, por ejemplo, Science y Nature, en ciencia general, The Lancet o The New England Journal of Medicine, en medicina, o Econométrica en economía.

Eugene Garfield trató de poner orden a esta marea de conocimiento y creó en los sesenta el Instituto para la Información Científica (ISI), que luego compró la editorial Thomson Reuters. Lo que hizo fue crear una base de datos de las publicaciones académicas más rigurosas por área que hoy incluye 10 mil revistas.

Por eso, publicar un “paper ISI” no es lo mismo que hacerlo en una que no está en esa base de datos (u otra similar). También diseñó el llamado “factor de impacto”, que mide la importancia de una revista, en base a su nivel de citación. Así hoy, a través del servicio Web of Science (WOS, anteriormente ISI) u otros como Scopus o Scielo, es posible identificar qué revistas o artículos han sido más mencionados.

En los últimos años académicos en todo el mundo han comenzado a criticar la preponderancia que han adquirido estas bases de datos y rankings. “Estábamos acá para reflexionar sobre el mundo y vemos una competencia por quién tiene más puntitos”, dice Carlos Rodríguez, economista y director académico del doctorado en Ciencias de la Complejidad de la UDD.

Privilegiados

La razón por la que estos sistemas, y en particular las publicaciones, han adquirido un lugar preponderante en los centros de investigación es porque permiten medir y comparar el trabajo académico, algo muy importante en el ámbito de la generación de conocimientos donde es difícil encontrar indicadores de productividad. El factor de impacto y el Índice H (que mide la influencia de un investigador según el número de citas a sus artículos), por mencionar algunas métricas, son casi un segundo currículum para muchos académicos, no por un asunto (sólo) de vanidad, sino porque determinan la posibilidad de conseguir financiamiento, becas y ascensos.

“Hace 10 años se tomaban en consideración otras variables para contratar a un académico: dónde hiciste el doctorado, la carrera docente, participar de la discusión en políticas públicas… la investigación no era tan preponderante”, explica Rodríguez. Hoy, publicar lo más que se pueda es una prioridad.

Para las universidades tampoco es fácil escapar a esta presión, ya que sus posiciones en los rankings internacionales pasan en buena parte por la cantidad de publicaciones en revistas de alto impacto. “Esto es como el Simce: en un principio era importante evaluar los aprendizajes de los alumnos, pero se desvirtúa al convertirse en un índice de calidad, en una herramienta de marketing”, dice Flavio Salazar. Sin embargo, María Elena Boisier, directora de investigación de la UC, explica que “se está transitando a valorar otros productos. Es importante que esto se vaya adaptando, porque ahora el ISI impacta mucho. Es necesario un equilibrio”.

Aunque no hay reglas escritas ni taxativas, informalmente se espera que un investigador publique al menos un paper ISI (o Scopus) al año. Para esto, muchas universidades han desarrollado incentivos, que en su mayoría rondan el millón de pesos por paper publicado. “Todas las vicerrectorías de investigación tratamos de crear condiciones para que nuestros académicos publiquen mejor y más”, dice Ariel Orellana, vicerrector académico de la UNAB.

Pero Andrés Navas, subdirector de investigación del departamento de matemáticas y ciencias de la computación de la USACH, afirma que “el pago por paper ha demostrado su nocividad en todas las instituciones que se ha aplicado. Hay otras actividades ligadas a la investigación que son importantes y tienden a ser subvaloradas”.

Los riesgos de la isificación

Varios académicos se apuran en aclarar que están de acuerdo con que su trabajo sea evaluado y medido, pero critican la excesiva importancia que se le da a este sistema. Y los reclamos vienen desde distintas disciplinas.

“Hay revistas que tienen menor factor de impacto, pero que son muy relevantes en un área en particular”, dice Omar Orellana, director de Investigación de la Facultad de Medicina de la U. de Chile.

En las revistas “más cotizadas”, los tiempos de espera para revisión pueden ser de hasta cuatro años y sólo el tres por ciento de los manuscritos que recibe Science, por ejemplo, pasa finalmente a revisión. “Eso le hace mal a la ciencia. La comunidad no tiene acceso a ese conocimiento y todos se retrasa”, dice el biólogo Alejandro Montenegro.

Por su parte, el economista Dante Contreras, director del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), explica que lograr estas métricas ISI es aún más difícil en las ciencias sociales, porque hay menos revistas en el área y porque es más difícil presentar resultados exactos. “Economía es de lo que más publica, pero aun lejos de las ciencias duras”.

Algo con lo que concuerda Ricardo Greene, sociólogo y antropólogo visual que trabaja en la Universidad Católica del Maule: “Parte importante del trabajo en las ciencias sociales tiene que ver con un conocimiento que es situado histórica y contextualmente, pero por la imposición del ISI, que en su mayoría incluye publicaciones en inglés, los artículos muchas veces no se publican ni en español”.

En las humanidades y las ciencias sociales, entonces, formatos como el libro, el ensayo o incluso el documental pelean por recibir la misma puntuación en las evaluaciones que el paper científico.

Sin embargo, las métricas siguen ganando espacio. Bien lo sabe Erwin Krauskopf, director de la Escuela de Ingeniería en Biotecnología de la UNAB y uno de los pocos expertos en Chile en epistemometría (disciplina que estudia la dinámica de las publicaciones). Para él “la isificación es un tema que los tiene a todos vueltos locos”.

En Chile esto ocurre además en un contexto donde ha crecido el número de investigadores pero los recursos no han aumentado a la par. “Nosotros tenemos una diversidad de programas, pero al final del día tengo una fila de gente postulando a financiamiento. El tema es cómo lo reparto y a quién le entrego esos recursos, asegurando que se haga ciencia de calidad”, dice Christian Nicolai, director ejecutivo de Conicyt, el principal organismo de financiamiento de la investigación en Chile. “Se necesitan métricas para poder ordenar. Es un orden relativo, no absoluto, nos quedan muchos proyectos buenos fuera por falta de recursos”, agrega.

En ese contexto existe preocupación respecto a los efectos que esto tienen entre los académicos jóvenes. “Algunos tienen currículum excelentes y no los contratan sólo porque no tienen ISI. Eso es para llorar”, dice el filósofo de la Universidad de Chile e integrante del consejo de Fondecyt, Pablo Oyarzún. Pero, como explica Alejandro Montenegro, no se puede ir contra el sistema, “o te adaptas o quedas fuera”.

Buenas y malas prácticas

Dante Contreras explica que en la academia se han ido desarrollando formas interesantes para lograr publicaciones de alto impacto que tienen que ver con potenciar el trabajo colaborativo y asociarse para hacer estudios entre pares, distintas universidades, instituciones o disciplinas. Algo promovido por Fondap, fondo que financia centros de investigación interdisciplinarios de alto nivel, como el que él dirige. “Esta estrategia es una gran oportunidad, sin embargo, muchos de los journals interdisciplinarios exhiben menor impacto que aquellos de especialidad”, explica.

La presión también da paso a prácticas más controvertidas en todo el mundo. Desde subdividir una investigación hasta la mínima unidad publicable para aumentar el número de artículos (la llamada táctica del salame), colocar como coautor de un paper a un colega amigo para que luego él a su turno haga lo mismo, los pactos o mafias de publicación (que se dan tanto entre investigadores como entre editores de revistas), publicar la misma investigación con leves diferencias en distintos idiomas y un largo etcétera.

En ese contexto, ha habido sonados escándalos: varios casos de plagio y de “engaño del peer review”, en el que se descubrió a investigadores que sugerían a pares revisores inventados, para así terminar dándoles la aprobación a sus propios artículos, lo que puso en cuestionamiento el alabado sistema de revisión del mundo científico. Otro fue el de STAP. Publicado en la renombrada revista Nature, el gran hallazgo realizado por la joven científica japonesa Haruko Obokata mostraba un método para reprogramar células adultas y convertirlas en células madre capaces de transformarse en cualquier tejido. La noticia tuvo un gran impacto, sin embargo, el artículo fue duramente criticado y finalmente retirado en julio de 2014, cuando se comprobó que había datos manipulados. Esto no sólo acabó con la carrera de Obokata, sino que se consideró clave en el suicidio de Yoshiki Sasai, renombrado investigador y coautor del estudio.

“Es el efecto de la ley de Campbell”, dice Scott Sadowsky, lingüista y académico de la Universidad de La Frontera. “Mientras más se utilice un indicador cuantitativo en la toma de decisiones, más probable es que el uso del indicador distorsione y corrompa el mismo proceso que pretende medir”.

Cómo mejorar

Reconociendo la importancia del paper como instrumento de la difusión científica, el mundo académico admite también la necesidad de introducir matices. Muchos afirman que ya está ocurriendo, aunque no tan rápido como todos quisieran.

Adaptar los criterios de evaluación a cada disciplina es una de las solicitudes. “Conicyt ha hecho un esfuerzo por mejorar esto a través de los grupos de estudio. Aunque no es un tema sólo de ellos, sino de la complejidad de generar índices que permitan una evaluación más justa”, agrega Flavio Salazar, de la U. de Chile.

En esa casa de estudios y otras, por ejemplo, afirman que han avanzado bastante en incluir otros parámetros, como tener libros revisados en editoriales importantes, la formación de estudiantes, el trabajo transdisciplinario y el impacto en la transferencia tecnológica, entre otros.

En la otra vereda están las revistas. Muchas de las indexadas no son abiertas sino que pagadas. Un gran negocio que ha sido fuertemente criticado porque impide que ese conocimiento esté disponible para todos, algo que captó la atención del ministro de educación de Holanda, Sander Dekker, quien ejemplificó: “En 2014, la solución a la crisis del Ébola se vio obstaculizada por la falta de acceso a las publicaciones y los datos de investigaciones recientes”.

Hoy existe un movimiento global, del que Chile no es ajeno, por democratizar el conocimiento y hacerlo más accesible. Algo que Ricardo Greene ha intentado hacer con Bifurfaciones, revista online de estudios culturales que fundó hace 12 años. “Está casi quebrada, pero la seguimos manteniendo”, dice. En el extranjero están PLOS, bioRxiv, F1000Research, entra otras, que no sólo son de acceso libre, sino que en algunos casos ofrecen revisión de pares abierta y al momento de la publicación.

El impacto de la ciencia es algo en lo que Erwin Krauskopf hace hincapié. “De qué me sirve que me citen tres pelagatos si yo puedo hacer un descubrimiento muy sencillo, pero que va a tener un impacto global, mejorando la calidad de vida de una persona. Eso es importante”, dice. Y agrega un dato sorprendente: en 2007 una investigación que realizó mientras trabajaba en la Fundación Ciencia para la Vida, junto a Bernardita Méndez, determinó que, entre 1987 y 2003, cerca de 500 patentes estadounidenses citaron artículos de autores chilenos, es decir, que los descubrimientos de esos investigadores dieron fruto a invenciones en ese país. “Inventos por los que hoy pagamos royalty, cuando debería ser al revés. Ahí tienes la prueba clara de que el paper no siempre lo es todo”, agrega.

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Carlos Peña, rector de la UDP: “Isificar la vida intelectual es un error”

¿Qué lugar ocupan las publicaciones o papers en revistas de alto impacto en el trabajo universitario y la trayectoria académica?

Los niveles de investigación que efectúa una institución universitaria se miden, en términos generales, por los proyectos competitivos que sus académicos se han adjudicado y por el número de publicaciones indexadas que logra el conjunto de sus miembros. ¿Es correcto medir así el trabajo universitario? Pienso que no del todo; pero en esto los académicos y las instituciones están presas del sistema puesto que ese es el mecanismo con que se juzga el desempeño institucional.

¿Hay una estructura de incentivos en la UDP para estas publicaciones?

La UDP posee un sistema de incentivos por publicaciones que no se restringe solamente a las indexadas, sino que también incluye capítulos o libros publicados en editoriales prestigiosas. Se trata de un monto de dinero y por eso en su conjunto puede afirmarse, que los académicos de la UDP tienen una suerte de renta variable conformada por una fija e incentivos por publicaciones, proyectos de investigación, calidad de la docencia.

Hay académicos (en Chile y afuera) que se quejan de que se ha vuelto el único indicador, ¿qué piensa usted?

Hasta donde entiendo (al menos es la situación de la UDP), las publicaciones indexadas son sólo uno de los indicadores del trabajo académico. Este tiene muchas dimensiones, entre ellas, la participación en la esfera pública, el aula, el desarrollo de programas de investigación colaborativos, a veces alguna forma de administración docente, etc. Reducir todo eso al simple número de publicaciones es, obviamente, un error porque eso estimula a que el trabajo universitario se ensimisme y se ponga de espaldas a los problemas del entorno en que la universidad se desenvuelve. “Isificar” la vida intelectual es un error.

¿Cómo se llevan las ciencias sociales y las humanidades con este formato?

Lo que acabo de decir es especialmente relevante para las ciencias sociales que deben ser muy sensibles a los problemas de su entorno. El trabajo intelectual en estas áreas no se mide cabalmente por publicaciones indexadas que leen sólo los partícipes del campo (dando origen a lo que la sociología de estos temas ha llamado la “cultura de campus”, encerrada en sí misma), sino por la escritura de libros que influyen la esfera pública, modelan la cultura y ayudan a que la sociedad, que es siempre un sujeto histórico, reflexione sobre sí misma. Las formas de transmisión de este saber y el debate intelectual que le subyace requieren, pues, formas de medición de desempeño y vehículos de comunicación distintos a las revistas especializadas, que recogen papers interesantes, sin duda, pero que están muy lejos de la influencia que en esta materia ejercen los libros.

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Gaspar Galaz, profesor del Instituto de Astrofísica de la UC: “Para mí, las publicaciones son unas palomas mensajeras de la ciencia”

¿Cómo está influyendo el sistema de publicaciones indexadas en la forma en que se genera conocimiento?

Hay un dicho: “publish or perish”, que significa “publica o muere”. Si un científico no lo hace es como si dejara de existir. Pero publicar es una cosa y presentar algo relevante, es otra. Si sólo miras el número de papers se puede caer en el absurdo de que al final dé lo mismo qué es lo que se escribe. Yo prefiero mirar más bien el impacto.

¿Ha visto que la necesidad de publicar dé espacio para las malas prácticas entre los investigadores?

Por supuesto, y eso es un problema. Están los dos extremos: uno es publicar sólo cuando uno piensa que lo que estudió es casi para ganarse el Premio Nobel y entonces el investigador no presenta más que ladrillos una vez cada 10 años, decenas de páginas, que al final nadie lee. En el otro extremo está mostrar cualquier cosa. Para mí las publicaciones son unas palomas mensajeras de la ciencia, la herramienta que permite un diálogo planetario. Es como si hubiera un teléfono muy caro a través del cual cualquier científico de la misma disciplina, esté donde esté, puede entender qué está haciendo otro. Pero hay que usarlo cuando vale la pena, para comunicar algo importante o interesante, si no, genera ruido.

¿Sirve este mecanismo de las publicaciones indexadas para todas las disciplinas?

Creo que es imposible aplicar la misma regla a todas. Puede acarrear situaciones injustas. Incluso dentro de las ciencias exactas hay matices: la naturaleza de las publicaciones de la física teórica con la física experimental es diferente. En astronomía está pasando lo mismo en algunas áreas, probablemente también en las ciencias naturales. En este caso, echo de menos la pérdida de la variable exploratoria.

¿Qué significa eso?

Hay poco espacio para probar equivocándose, en parte empujado por el costo de los equipos (en el caso de la astronomía los telescopios, que son súper caros), pero también porque se olvida la naturaleza de la ciencia. Además creo que hay disciplinas que tienen poco espacio en la academia, que tienen un carácter mucho más exploratorio. La zoología, paleontología, botánica, entomología, arqueología, por mencionar algunas, donde hay mucho descubrimiento, mucha exploración, pero que están menos relacionadas de manera directa con aplicaciones tecnológicas, son disciplinas donde las universidades están casi despobladas.

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Alfredo Jocelyn Holt, historiador y profesor de la U. de Chile: “En las humanidades ha sido nefasto el efecto”

¿Por qué tiene una visión crítica del sistema de publicaciones académicas?

Porque atentan en contra de un tipo de reflexión e investigación de largo aliento, como es el caso de los libros, los que a veces pueden tomar toda una vida, ciertamente más tiempo y profundidad que un artículo ocasional para una revista “científica” indexada. Porque estos papers sólo sirven para medir impacto (tantas veces que se consultan, tantas que se citan), por eso las universidades, obsesas con mediciones, los prefieren y apoyan o “premian” financieramente. Porque las revistas que los publican son normalmente redes herméticas, hasta a veces mafias de intereses compartidos (yo te cito, tú me citas). Y, por último, porque rara vez se leen (salvo entre estas mafias que se hacen autobombo), y menos aún hacen grandes contribuciones al conocimiento y la discusión general.

¿Cómo afecta específicamente al mundo de las humanidades? 

Esto de los papers proviene de las ciencias duras y aplicadas, no es tradición en las humanidades, éstas, acostumbradas a pensar escribiendo, no a presentar “resultados”. En las humanidades ha sido nefasto el efecto. Ha significado tener que dedicarse a pelos de la cola y a ahondar en los escolasticismos de moda, para peor, con sospechosa frecuencia, política y sectariamente correctos.

¿Cuándo empezaron a adquirir importancia a nivel universitario?

Desde el momento que vino la carrera delirante por conseguir fondos, tras el abandono del apoyo estatal directo: los años 80. Ahí se vino la fiebre por la “investigación”, y cómo medirla, para así también poder financiarla.

¿Cuál ha sido su opción al respecto?

He escrito artículos para revistas indexadas pero no me he dedicado a ello. Tú entras en la lógica de la investigación actual (papers y revistas indexadas) y tienes que armarte de redes de protección (una revista propia), limitarte a un público estrictamente academicista que sólo importa si tú estás dentro de la universidad, de nulo impacto fuera en el mundo profesional y político culto. Y, además, te privas de escribir libros que, por lo mismo que demandan más tiempo, rigor discursivo y esfuerzo, permanecerán en el tiempo. No estar en estos círculos suele significar marginación. Para las nuevas generaciones es hasta más grave: implica no poder entrar en la carrera universitaria. Quienes, en cambio, asumen para sí este esquema contribuyen a que las universidades sean mundillos cada vez más ensimismados, dedicados a hacer aportes intelectuales minúsculos si es que no insignificantes.

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2016/01/659-665301-9-la-tirania-de-las-publicaciones-academicas.shtml

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Ley Corta de Gratuidad fortalece la mercantilización de la educación

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES CRITICAN LA DISMINUCIÓN DE BENEFICIADOS CON GRATUIDAD

Santiago, Chile / Febrero 2016 / Autor: Emol.com, La Izquierda Diario Chile.

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11 de febrero de 2016.-   Como caótico es considerado el proceso de gratuidad en Chile por parte de estudiantes de ese país. Desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), a voz de su Presidenta Camila Rojas aseguran que el beneficio «no viene a ser más» que una beca. La dirigente estudiantil señaló que el proceso «ha sido bastante caótico, por decir lo menos».

Del mismo modo, Camila Rojas criticó que el número de beneficiados sea menor al anunciado en un comienzo: el pasado 21 de mayo la Presidenta Michelle Bachelet anunció que serían del orden de 264 mil. No obstante, tras bajar el umbral de un 60% a un 50% de alumnos más vulnerables y tras el requerimiento que ingresó la UDI al TC, la cifra bajó a 180 mil. Hoy en tanto, el Mineduc confirmó que serán cerca de 160 mil los beneficiados con gratuidad. En la misma línea, añadió que sus cuestionamientos tienen que ver «principalmente, con que si bien esto significa un alivio, esta gratuidad no viene a ser más que las becas que ya existían con anterioridad”.

Por otra parte, Dauno Tótoro, vocero nacional de Agrupación Combativa y Revolucionaria, afirma que lo que queda demostrado es que el Gobierno no responde a las demandas del movimiento estudiantil, sino que a los intereses de los empresarios ya que la gratuidad es concebida como una beca como “parte de la lógica de un Estado subsidiario y de la focalización del gasto social, pilares del neoliberalismo y de la educación de mercado”.

Considera como una contradicción del Gobierno que  “mientras se reduce el fondo para las becas y se redujo en los hechos los beneficiados con la gratuidad, se aumentó el fondo del Crédito con Aval del Estado. Así, el Gobierno aumentaba el financiamiento, hasta los 0.67 billones de pesos el fondo del CAE, crédito que le había permitido a los bancos llenarse los bolsillos con más de 150 mil millones de pesos entre el 2006 y el 2011”.

Vista así las cosas la Ley Corta de Gratuidad termina fortaleciendo al mercado educativo a través del financiamiento del Estado y mantiene la exclusión al dejar por fuera a millones de jóvenes por fuera del sistema de gratuidad. Consecuencias de la mercantilización de un Derecho social como lo es la educación.

Fuentes: http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/02/10/787758/FECh-critica-disminucion-de-alumnos-beneficiados-con-gratuidad-El-proceso-ha-sido-caotico.html

http://www.laizquierdadiario.com/El-negocio-de-la-gratuidad-31974

Editora: Zuleika Matamoros. Licenciada en Educación Integral. Especialista en planificación y Evaluación. Integrante del equipo publicador de la página Aporrea.org. Miembro de Marea Socialista. Luchadora social. Comunicadora Alternativa. Maestra de Aula.

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Deficiencias en el Artes y Oficios ¿LA ESCUELA REPRESENTA UN PELIGRO?

PÁGINA “OTRAS VOCES EN EDUCACIÓN”

(Noticia)

 Deficiencias en el Artes y Oficios

 ¿LA ESCUELA REPRESENTA UN PELIGRO?

 Panamá/09/02/16 – 01:13 H / La Prensa

Pabellones, aulas y laboratorios del colegio de Artes y Oficios Melchor Lasso De La Vega, en Curundú, presentan deficiencias.

Así lo informaron directivos y docentes del plantel, pese a que el Ministerio de Educación (Meduca) destina 2.8 millones de dólares para adecuaciones en la
infraestructura.
La directora de Ingeniería, Arquitectura y Mantenimiento del Meduca, Marcela Herrera, informó que los trabajos para reparar el colegio, con 147 años de existencia, se hacen en dos etapas.

La primera abarca el diseño, la aprobación de planos y mejoras a un pabellón de 10 aulas, que deben estar listas antes del 29 de este mes, cuando se inicia el año escolar 2016.

Mientras, la segunda contempla la construcción de módulos para laboratorios, aulas y talleres de electricidad y marina.

Herrera explicó que estas obras concluyen en agosto. Aseguró que siguen de cerca estos trabajos, para garantizar que estén terminados a tiempo.

Además, manifestó que se mantienen en comunicación con las autoridades del colegio para conocer el avance de la obra.
INCERTIDUMBRE

A pesar de estos trabajos, las autoridades del centro educativo están inquietas.
El director del colegio, Juvenal Ábrego, explicó que tienen un año esperando que termine la remodelación del pabellón existente. Incluso, explicó que desconocen si estas aulas estarán listas para recibir a los estudiantes cuando empiece el nuevo año escolar.

“Son 15 salones que no estamos usando”, detalló. Por su parte, el subdirector, Jorge Fernández, subrayó que este centro educativo –donde laboran 278 docentes y estudian unos 2 mil estudiantes– no “se encuentra en buenas condiciones”.
Ambos coincidieron en que, debido a la antigüedad del inmueble, los hierros de las columnas de amarre de los pabellones “colapsaron”.

Otras áreas con problemas son el techo de los pasillos, que se desmorona, así como los talleres de mecánica y soldadura.
PELIGRO

El representante de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, Néstor Méndez, manifestó que esta y otras administraciones gubernamentales no han mostrado un interés “real” por los problemas estructurales de este colegio.

Méndez sostuvo que hasta ahora nadie del Meduca se les acercó para informarles sobre los trabajos. “El colegio necesita una verdadera intervención, porque se está cayendo”, puntualizó.

Agregó que dentro de la estructura educativa colocaron cinta amarilla para prohibir el paso de docentes y estudiantes por el área que está en mal estado.

Para el dirigente educativo, la escuela representa un peligro para todos los que se encuentran en su interior, porque constantemente se están cayendo pedazos de cemento.
Deficiencias-en-el-Artes-y-OficiosFuente: http://www.entornointeligente.com/articulo/7865457/Deficiencias-en-el-Artes-y-Oficios-09022016

 

¿LA ESCUELA REPRESENTA UN PELIGRO?

 

No se puede considerar un peligro una escuela que pese a sus agotadas condiciones de infraestructura ha albergado por 147 años a jóvenes estudiantes de artes y oficio. Se trata una infraestructura que debió haberse construido aproximadamente en 1869, y que si se denota que desde 1978 con la presidencia de Arístides Royo Sánchez (Partido Revolucionario Democrático) a la actual fecha del 2016 con la presidencia de Juan Carlos Valera Rodríguez (representante de la Alianza “El Pueblo Primero”) han pasado nueve (09) Presidentes de Panamá, lo cual indica la falta de preocupación de los altos gobernantes ante una institución educativa que trasciende en longevidad de formación académica para niños, niñas y jóvenes que exigen su derecho a una mejor educación.

Los procesos burocráticos y administrativos para emprender y culminar una obra de recuperación escolar planteada por los representantes de los organismos ministeriales del sector educativo se desfasan de las necesidades de múltiples familias y educadores, quienes con profunda angustia ven los días del almanaque correr sin reparo alguno. ¿A dónde se envían estos estudiantes para que no les sean interrumpidos sus sueños de formarse para la vida?

Al respecto, la OEA pide que la educación panameña fomente la innovación y la creatividad. Sin embargo, Panamá dedica solo el 3% del PIB a la formación http://laestrella.com.pa/panama/nacional/cuestiona-bajo-presupuesto-sector-educativo/23841606 lo cual demuestra la reducida dotación presupuestaria de los sectores educativos en América Latina.

Eitado por: Rose Mary Hernández Román

Docente de la Universidad “Rómulo Gallegos”-Venezuela

Investigadora del Centro Internacional Miranda

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Educación y gestión pública: Caso Venezuela

Apuntes para una posible agenda en Venezuela

Por: Julio C Valdez (Venezuela)

Venezuela , Febrero 2016

Puede ser amplio el espacio entre el ideal (normativo) de una propuesta social transformadora y la realidad de las instituciones (organizaciones) que han de soportarla. Este asunto constituye un tema de permanente reflexión en el despliegue de la revolución venezolana. Aquí intentamos abordarlo desde una mirada educacional.

¿De qué ideal hablamos?

El ideal de la propuesta social venezolana, con todas las posibles interpretaciones en juego, está contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Tendemos a un estado democrático social de derecho y justicia, que enfatiza valores de vida, libertad, justicia, solidaridad, democracia y responsabilidad social (art. 2). Así, en cualquier espacio educativo que asumamos, tenemos que plantearnos la presencia de estos valores. Por ende, en escuelas, en comunidades y en organizaciones debemos asumir la creación de espacios de respeto, participación, justicia y equidad, donde valoremos plenamente la vida en todas sus posibilidades.

Ante esto, cabe preguntar si nuestras instituciones de estado están preparadas para avanzar en este sentido. Y si no, ¿qué hay que transformar en ellas y cómo asumirlo?

¿Qué instituciones tenemos?

Las instituciones del estado venezolano –no es ningún secreto- se han originado en distintos momentos históricos, atendiendo con fuerza a requerimientos de control y sometimiento del pueblo. Corresponden, sin duda, a órdenes coloniales desde donde fueron forjadas. A ello se debe su tendencia a la verticalidad y a los sistemas jerárquicos, su segmentación, que sumados a la alta rotación de sus directivos y a la complejidad de asuntos por atender pueden hacerlas sumamente lentas y pesadas. El tiempo al interior de las instituciones se consume en procesos rituales y fragmentados que poco tienen que ver con las necesidades de respuesta de las personas a quienes la institución debiera servir y al proceso revolucionario que se intenta desplegar.

Conviene que aclaremos que, a pesar de las dificultades que conlleva el funcionamiento de las instituciones oficiales, no estamos desmeritando los esfuerzos que muchas personas dedicadas, altamente comprometidas, realizan para servir al pueblo y de diversos y ricos resultados que pueden lograrse. Hablamos de grandes esfuerzos que usualmente tienen que atravesar las limitaciones y las barreras de contención que existen al interior de tales instituciones.

Así, si queremos lograr una sociedad de justicia y derecho, plena de equidad y justicia, y habitamos instituciones que encarnan el orden que pretendemos superar, tenemos que hablar necesariamente de transformar profundamente, o repensar y superar tales instituciones.

¿Cómo podemos enmarcar nuestra propuesta?

Hagamos una delimitación conceptual previa. Primero, hemos de señalar que cuando nos referimos a la educación, o al sistema educativo como tal, nos referimos a instancias, espacios y procesos formativos que se despliegan en la totalidad social, de modo permanente. Desde esta perspectiva, el sistema escolar con su secuencia de grados y programas formales, es un ámbito específico del sistema educativo total. Incluye otros ámbitos, tales como la dinámica impregnada por los medios de difusión masiva y las redes sociales; la educación comunitaria y la que ahora nos ocupa, la formación implicada en las instituciones de gestión pública.

El sistema escolar, con sus zonas grises y difusas, tiene certeza jurídica y un regidor claro, en este caso los Ministerios del Poder popular para la Educación (MPPE) y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la Ciencia y la Tecnología (MPPEUCT). Lo mismo ocurre con los asuntos vinculados con lo mediático y de alguna forma con las redes sociales, regidas por el Ministerio del poder popular para la Comunicación y la Información (MPPCI). No obstante, cuando hablamos de educación popular y de la formación en y desde la gestión pública, los espacios se ven más abiertos e indeterminados.

¿Y cómo es la formación en la gestión pública?

Consideramos que este tema (con todo lo que implica) aún es una asignatura pendiente para el Estado venezolano, para las universidades y aún para el poder popular. Se ha estudiado poco y parcialmente; por ejemplo, como posible campo laboral para los egresados universitarios, como posibilidad de desarrollo profesional y gerencial, y como espacio de ensayo de vectores tecnológicos usualmente extranjeros.

Proponemos la educación en-desde- y-para la gestión pública en Venezuela como un subsistema complejo, plural, multidimensional, como una fuente tal vez poco explorada de generación de espacios de aprendizaje, de reflexión interpersonal, de desarrollo de ensayos y propuestas de mejoramiento de la práctica y desarrollo personal e interpersonal, de emergencia de potencialidades transformadoras vinculadas por un lado con teorías y estrategias de gestión, de tecnología; pero también de corrientes más cercanas y palpables, como la educación permanente, la andragogía, la educación liberadora y la educomunicación.

En lo personal, hemos acompañado procesos formativos en diversas instituciones vinculadas con la gestión pública venezolana, y reconocemos grandes esfuerzos transformacionales. Por ejemplo, el asumir un mayor sentido político, libertario, nuestroamericano, colocando en las instituciones propuestas de educación liberadora y transformadora (incluyendo autores como Paulo Freire, Simón Rodríguez, Mario Kaplún), por incorporar cada vez mayor cantidad de trabajadores y aún de habitantes de comunidades cercanas en procesos de crecimiento personal y de creación y manejo técnico y tecnológico, luchando contra la fragmentación institucional, la contingencia que acompaña los cambios gerenciales, la visión instrumentalista de la educación y de lo educativo.

¿Hacia una agenda para la formación en, desde y para la gestión pública?

Así, teniendo un horizonte constitucional que apunta a una sociedad libre, justa, con equidad, que puede limitarse o frustrarse si nuestras instituciones son inertes o responden a lógicas de intenso coloniaje, instituciones que a pesar de sus naturalezas verticales y jerárquicas viven en sí diversas y ricas experiencias formativas, con un inmenso potencial transformador que requiere que miremos la sociedad como una totalidad educativa… proponemos la siguiente caracterización para una eventual agenda para la educación en, desde y para la gestión pública:

Sentido institucional. Implica dar un papel más relevante a la formación en las instituciones de gestión pública, en la medida que tal sentido armonice las políticas de estado, las estrategias institucionales con los requerimientos y las necesidades de crecimiento humano y profesionalización de trabajadores y comunidades.

Coherencia. Se refiere a que los procesos formativos tienen que avanzar en el fortalecimiento de la identidad institucional y el sentido social y político de la organización, en la medida que se integre con los propósitos de vida de los trabajadores y los beneficiarios. También ha de considerarse los vínculos dialécticos con el sistema escolar formal, por ejemplo, para dinámicas de apoyo mutuo y de reconocimiento formal de aprendizajes.

Criticidad. Supone el ejercicio de un mirar crítico permanente sobre el desenvolvimiento de la sociedad en lo político, económico, social, cultural. Incluye también reflexiones compartidas sobre la propia organización, su avance, sus problemas, sus posibilidades de crecimiento y de desarrollo.

Permeabilidad. Tiene que ver con las posibilidades de intercambio de experiencias, ideas, propuestas, esquemas metodológicos al interior de cada institución (romper la fragmentación y la linealidad procedimental), como al exterior de la misma, en articulación creativa con otras instituciones y comunidades.

Pluralidad conceptual y metodológica. Asume la reflexión y el ejercicio permanentes en torno a la reflexión desde enfoques plurales, diversos, y asumiendo múltiples posibilidades metodológicas y procedimentales, que rompan la visión “escolarizada” en los procesos formativos de la gestión pública.

Complejidad y ecología de saberes. Conlleva la visión de una praxis integral e integradora de diversos procesos, atendiendo simultáneamente a todas las dimensiones implicadas en la experiencia humana (intereses, sentimientos, sentido estético, pensares, haceres…), apuntando hacia un sentido social mayor, comunitario, nacional, nuestromericano y mundial.

Autor Julio Valdez Profesor-investigador del Centro de Experimentación Para el Aprendizaje Permanente de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Venezuela.

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La gratuidad de la enseñanza se queda corta.

Año nuevo, ¿fracasos nuevos?

 LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA SE QUEDA CORTA

Montevideo / Febrero 2016 / Autor: Horacio Brum /  Santiago de Brecha

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Las bases del actual sistema educativo chileno fueron sentadas durante el régimen militar de Augusto Pinochet. En 1981 Pinochet reformó el sistema universitario, eliminando la educación terciaria gratuita. A partir de entonces, los alumnos que quieren ir a la universidad pero no tienen los fondos para costearlo, deben pedir créditos, ya sea estatales (si van a la universidad pública, que recibe algunos aportes del Estado) o bancarios (si estudian en un instituto privado).

 

En 1990, Pinochet también promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que redujo el rol del Estado en la educación al de un mero regulador, y delegó la enseñanza en el sector privado. La ley abrió las puertas a la cara más salvaje de la mercantilización de un Derecho universal como lo es la educación.

 

Desde el año 2011 el mundo ha sido testigo de las grandes movilizaciones estudiantiles en Chile en contra de la situación del financiamiento en este país. Se puede recordar como la consigna que más se destacaba en las protestas la exigencia de la gratuidad de la educación superior.

 

Con una juventud movilizada y un pueblo apoyando las protestas la Dirección Política de este país ha tenido que ceder en su actitud intolerante ante esta exigencia y así durante el gobierno de Piñera (2010-2014) se hicieron algunas “concesiones” para “calmar las protestas” :promulgaron leyes que aumentaron las becas a los alumnos,   modificó el sistema de pago del crédito estatal estudiantil pasando de una tasa anual del 6% al 2%, se promovió un esquema de pago de relacionados al ingreso generado por los egresados y con tope.

 

En la actualidad y gracias a las movilizaciones que aun son el pan de cada día de los jóvenes chilenos, la Presidenta Michelle Bachelet  incluyó en el presupuesto nacional de educación una partida para financiar la gratuidad de 330 mil estudiantes sólo durante 2016. Asimismo, prometió que durante este mismo año enviará un proyecto de ley para la gratuidad de la educación, para que esta sea garantizada legalmente por el y que tenga caracter permanente.

”

En medio de este debate, Horacio Brum, corresponsal en Santiago de Brecha

escribe unas reflexiones interesantes sobre las limitaciones de la medida y afirma que “La presión de los grupos de interés y la franja de ingresos por grupo familiar fijada por el gobierno chileno relativizan la gratuidad educativa anunciada por Bachelet. Un derecho que dista mucho de ser universal”.

 

Año nuevo, ¿fracasos nuevos?

 LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA SE QUEDA CORTA

 

Fue uno de esos momentos para la foto: la presidenta Michelle Bachelet llegó a una casa humilde de los suburbios del oeste de Santdustrial de iago, en el extremo opuesto a los barrios con grandes torres de vidrio y catedrales del consumismo que hacen creer a los turistas en la existencia de un Chile casi desarrollado, para reunirse con Grace Paris, una joven que está entre los primeros que podrán estudiar en la universidad sin pagar. Bachelet habló de un «momento histórico», y lo cierto es que, por primera vez desde 1980, cuando la dictadura de Augusto Pinochet y sus socios civiles convirtió a la educación chilena en un negociado, algunas familias podrán soñar con tener hijos profesionales sin las sombras del endeudamiento.

 

Sin embargo, lo que las autoridades han dado en llamar «la gratuidad» de la educación universitaria y técnica dista bastante del concepto de educación gratuita imperante en América Latina. Por otra parte, la reforma de la educación superior –que fue una de las promesas fundamentales de la campaña electoral de Bachelet y debería afirmar el principio de la gratuidad– sigue arrastrándose entre los cabildeos y las presiones de los grupos de interés, y bien podría quedar atenuada en sus intenciones y efectos, como está sucediendo con las reformas tributaria y laboral.

 

A fines de 2015 más de 250 mil egresados de la educación secundaria pasaron por la Prueba de Selección Universitaria (Psu), después de haberse preparado durante todo el año en los «preuniversitarios», unos institutos privados que forman parte del gran negocio educacional y que se supone deben compensar las carencias de conocimientos con que los alumnos salen de los colegios y liceos. La asistencia a esos establecimientos puede costar unos 40 o 50 dólares mensuales, a los que hay que agregar alrededor de 40 dólares para la matrícula de la Psu; en total, el equivalente a un sueldo promedio, en cifras de 2015.

 

De la Psu salieron 141 mil aspirantes a la universidad, y de ellos, poco más 100 mil pasaron los filtros propios (entrevistas personales, por ejemplo) de cada institución. Con el umbral de ingresos mensuales del hogar puesto por el gobierno para otorgar la gratuidad, cercano a los 821 dólares, apenas 27 por ciento de los futuros universitarios podrá estudiar gratis. Si se tiene en cuenta el total de los estudiantes del sistema de educación superior chileno, esa cantidad no llega al 3 por ciento. Otro dato significativo es que solamente la cuarta parte de los 100 mil admitidos proviene de la educación secundaria pública. «Los resultados más débiles están en los más pobres», declaró a los medios José Joaquín Brunner, ex ministro y uno de los expertos en educación más importantes del país, quien también está entre los principales opositores a la gratuidad.

 

Deseo y realidad

 

Según la entiende el gobierno de Bachelet, la gratuidad consiste en entregar a las universidades, públicas y privadas, más fondos del Estado, para conseguir que ellas no cobren aranceles a los alumnos pertenecientes a aquellas familias que están desde el quinto decil de ingresos para abajo, identificadas por el lenguaje oficial como «el 50 por ciento más vulnerable» de la población, en términos económicos. En consecuencia, los jóvenes cuyos grupos familiares tengan ingresos por más de 1.100 dólares al mes no pueden reclamar el beneficio; esa suma es lo que ingresa a un hogar de clase media, y si se tiene en cuenta que el arancel de una carrera como medicina puede superar los 500 dólares mensuales, incluso en las universidades del Estado, la verdadera gratuidad continúa siendo una promesa de campaña electoral. Para la mayoría de las familias, poco cambia el escenario de endeudamientos a largo plazo para pagar una carrera, o el sacrificio de elegir entre los hermanos quién va a la universidad.

 

«Me hubiera gustado que todos los jóvenes hubieran podido ingresar ya a la gratuidad (…) que yo creo debe ser un derecho para cada joven, para cada muchacho y muchacha en nuestra patria», expresó la presidenta cuando visitó a Grace Paris, la joven que podrá estudiar gratuitamente obstetricia en la Universidad de Chile. No obstante esto, la mandataria atribuyó a la responsabilidad económica la limitación del número de beneficiarios y subrayó que en marzo se espera incorporar al sistema de gratuidad a los alumnos de bajos recursos que están cursando sus carreras.

 

Al parecer, el tema se ha resuelto según la expresión popular del conformismo chileno: «Es lo que hay», porque no se produjo un ataque frontal a las bases de la financiación del sistema educativo establecido por la dictadura. Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la que Chile consiguió entrar como aspirante al desarrollo, este país tiene el primer puesto mundial en el gasto que las familias deben hacer para educar a sus hijos. Por otra parte, el Estado transfiere cuantiosas sumas a los establecimientos privados, con escasas exigencias y control. Un ejemplo es el «aporte fiscal indirecto» (Afi), una suerte de premio para las instituciones que inscriban a los alumnos que obtienen los mejores puntajes en la Psu. El año pasado las universidades privadas recibieron por el Afi más de 20 millones de dólares, casi el doble de lo entregado a las estatales, y la Universidad Católica estuvo a la par de la estatal Universidad de Chile. Cientos de millones más van a proyectos de investigación e infraestructura, sin contar todo el dinero de las becas y los créditos con garantía oficial, que también engrosan las arcas de las instituciones privadas en forma de aranceles. Un informe de la Contraloría General de la República sobre el financiamiento de la educación superior dio cuenta de que el 67 por ciento de los recursos fiscales es entregado anualmente a las organizaciones privadas: más de 1.500 millones de dólares, una cifra que si fuese a reforzar el presupuesto de las instituciones estatales podría asegurar con creces la gratuidad genuina, tal como se entiende en la región y otras partes del mundo.

 

Defensa cerrada

 

«No podemos concordar con la forma ideológica y liviana con que se han diseñado las políticas de financiamiento de la educación, y menos con la gratuidad universal en la educación superior, que consideramos regresiva.» Este párrafo marcó el tono de la carta que un grupo de ex ministros, subsecretarios y militantes históricos de la Democracia Cristiana (DC) dirigió al partido, una semana antes de que Michelle Bachelet pusiera en vigencia la gratuidad de la educación universitaria. Después de alabar el modelo económico con el cual supuestamente Chile ha logrado «liderar la región en su crecimiento económico y social, en sus avances en salud, educación, ingresos y superación de la pobreza», los firmantes se lanzaron en picada contra todas las reformas propuestas por el gobierno, con varias menciones al tema educacional. Una de las firmas es la de Mariana Aylwin, propietaria de colegios y ferviente defensora de los intereses privados en el debate sobre el financiamiento de la educación primaria y secundaria.

 

La carta es la expresión más abierta de una DC que ha venido poniendo obstáculos, cuando no directamente torpedeando los planes reformistas de la presidenta, con posiciones más propias de la derecha que de la alianza gobernante que integra. En la discusión sobre la gratuidad la DC hizo causa común con las universidades privadas, resistiéndose a las condiciones que el gobierno quiso poner antes de entregarles el dinero para ella, como la acreditación de la calidad de su enseñanza o la integración de los representantes de los alumnos y los trabajadores en los órganos de gobierno universitario.

 

La derecha presentó en los primeros días de diciembre un recurso contra la gratuidad en el Tribunal Constitucional, un órgano heredado de la dictadura y que actúa por sobre los tres poderes del Estado. El pretexto para esa acción fue que las condiciones exigidas por las autoridades discriminaban a las instituciones que no las cumplieran y, por ende, a sus postulantes y alumnos. El tribunal aceptó la mayor parte de los argumentos presentados, lo que obligó al gobierno a hacer un apartado en el presupuesto de 2016 mediante una «ley corta», de la cual, entre otras cosas, desapareció el requisito de la representación de los trabajadores y estudiantes en los consejos universitarios.

 

Aún está por darse el debate definitivo de la ley para la reforma de la educación superior, con la que Bachelet había prometido modificar sustancialmente las estructuras creadas por la dictadura y, sobre todo, hacer que la educación deje de ser una mercancía y recupere el carácter de derecho ciudadano. Una promesa que, dadas las opiniones y acciones de los sectores más conservadores de la Democracia Cristiana, bien podría impulsar el comienzo del fin de la Nueva Mayoría que gobierna a Chile.

Fuente: http://brecha.com.uy/

Editor y/o Editora: Zuleika Matamoros  (Venezuela)

Licenciada en Educación Integral: Mención Matemática,  Especialista en Planificación y Evaluación Educativa. Maestra de Primaria. Publicadora de la página Aporrea.org. Miembro de Marea Socialista.

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