En Colombia, anualmente se matriculan más de 3 millones de estudiantes en Instituciones de Educación Superior. De estos, el 60% en centros de formación pública según el Ministerio de Educación Nacional, pero existe un subregistro sobre grupos étnicos, afrocolombianos, población Rom y campesinado vinculado a la academia.
Saldar la deuda, equilibrar la balanza de los beneficios, garantizar equidad o simplemente justicia social, es la forma como el Gobierno de Gustavo Petro, dentro de su nueva política de gratuidad educativa ´Puedo estudiar´, pretende avanzar hacia el acceso universal de la educación y cambiar un pasado de estancamiento profesional en los jóvenes del país.
Gratuidad educativa inicia con medio billón de pesos este 2024 en busca de cubrir el 95% de los estudiantes que están en las Instituciones de Educación Superior públicas. La meta para el 2026 es llegar al 97% y a los territorios afirma el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego.
Lo anterior porque, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, de los 48 millones 258 mil ciudadanos que hay en Colombia, el 6 % corresponde a comunidades étnicas, representados en algo más de 1 millón 900 mil personas que se auto reconocen como indígenas de pueblos originarios diferentes, y 4.671.160 afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rom pero, ¿cuántos de estos han tenido, tienen o podrán tener acceso a educación superior?
¿Qué población será priorizada?
Jose Hildo Pete, secretario técnico de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas – Contcepi, no duda en señalar que cientos de jóvenes no han tenido acceso a educación: “muchos de los jóvenes terminan su colegio y se van a trabajar en floristerías, en el campo o en campos a raspar coca”.
No se conoce por la Autoridad Nacional Indígena las cifras de ocupación estudiantil en universidades del país afirma Hildo, pero la desocupación preocupa a los 115 pueblos indígenas. “Los pocos jóvenes que logran ir a estudiar a zonas urbanas o ciudades principales generalmente son financiados por la comunidad, su resguardo. Pero a veces solo logran llegar a cuarto o quinto semestre y se retiran, porque no es solo tener una matrícula, es cómo sostenerse durante el tiempo de estudio. A veces resulta imposible y desertan”.
Indica el Ministerio de Educación Nacional que esta estrategia busca llevar la educación superior a los territorios “la iniciativa elimina barreras de acceso y amplía los beneficios a diversos sectores de la sociedad, se enmarca en la estrategia Universidad en tu Territorio” lo que sugiere infraestructura, capacidad técnica, docente y tecnológica que permita estar a la vanguardia de otros centros educativos del país, añade el secretario técnico de educación.
Otra de las barreras que se eliminan con esta nueva política es que podrá aplicar población de estratos 1, 2 y 3 dando especial prioridad a indígenas, pueblo Rrom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; se suman víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, campesinos, aquellos privados de la libertad y grupos A,B y C del sisbén IV.
Una mirada desde las aulas de clase
Sara Jiménez, tiene 24 años, hace su último año de estudios en mecatrónica en la Universidad Nacional de Colombia donde además funge como representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario.
Asegura que los estudiantes reconocen las ventajas de la política de gratuidad ´Puedo estudiar´, señala que buscar mecanismos para conocer los resultados de las convocatorias rápidamente y los porcentajes reales que se consignan a las universidades por cada estudiante permitiría al beneficiario tener un control real de el rubro otorgado.
Indica que les preocupa que la política de educación del gobierno actual no es retroactiva “(…) los estudiantes tardan más de los 10 semestres en graduarse y la política actual contempla esas demoras, pero las anteriores no y esos estudiantes que son beneficiarios de gobiernos con políticas pasadas no tendrán gratuidad en 1 o 2 semestres extra que permite la política actual y quedaron por fuera”.
También piden a la cartera de educación nacional que se haga pública la forma y los porcentajes bajo los cuales los centros de educación superior, técnicos o tecnológicos recibirán los dineros para matrículas.
La reforma a la política de educación gratuita, en sus artículos 86 y 87 correspondientes a financiación, modifican la forma de medir los montos de financiación de beneficios del Índice de Precios al Consumo IPC al Instituto Colombiano de Estudios Fiscales ICEF, sin embargo, reclaman los estudiantes, bajo la vocería de Sara Jiménez, información pública al respecto porque a la fecha no se conoce.
Financiación y cobertura
Indican los estudiantes que los beneficios en educación no deben quedarse ligados a matrículas: “debería ampliarse la cobertura, es decir, porcentajes extra que permitan a las universidades públicas crecer, porque actualmente están estancadas o tienen que realizar más investigación para tener recursos. Ejemplo: en la Universidad Nacional el 40 % de los recursos son autofinanciados».
Añade la representante estudiantil que si a lo anterior se suman los ´pagos simbólicos´ como los denomina y que equivalen a matrículas de hasta 100 mil pesos para población de bajos recursos, pese a que tener a un estudiante todo un semestre cueste mucho más, esto obliga a la universidad a entrar en gastos que no asume el Estado. Consideran pertinente que el Ministerio de Educación pague por ese estudiante el costo real de su estadía en los centros de formación superior.
Pese a estas dudas y sugerencias cabe resaltar que otros de los cambios que esta política contempló están asociados a estudiantes con títulos de postgrados técnicos o tecnológicos que podrán acceder a educación gratuita. Finalmente, la comunidad educativa celebra que ya no habrá giros a instituciones educativas a través del Icetex sino directamente desde el Ministerio de Educación Nacional.
¿Cómo acceder a los beneficios?
El estudiante puede dirigirse a una de las 67 Instituciones de Educación Superior públicas del país, elegir un programa académico de pregrado (técnico profesional, tecnológico o universitario), ser admitido por la institución y matricularse.
La Institución se encargará de registrar al estudiante en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior-SNIES.
Los calendarios académicos son particulares para cada institución, así como los tiempos que destinen para los procesos de matrícula. Se sugiere consultar directamente con la institución de su interés.
Aunque se ha aumentado el acceso a la educación superior, especialmente en posgrados, todavía la cifra de 53,9% está por debajo de alcanzar la meta.
Un informe detallado publicado por la Contraloría General de la República ha puesto de manifiesto las persistentes brechas y desafíos que enfrenta el sistema educativo en Colombia, especialmente en lo referente a la educación superior y la calidad de la formación ofrecida a los estudiantes.
Según el análisis, Colombia no logró cumplir con la meta de cobertura del 60% en educación superior para el periodo 2018-2022, alcanzando apenas un 55% a nivel nacional y un preocupante 37% en la región Caribe.
El estudio también resalta notables diferencias en los resultados educativos entre zonas rurales y urbanas, con puntajes promedio en las Pruebas Saber 11 de tan solo 243 puntos en la región Caribe, comparados con un promedio nacional de 259. Además, la concentración de instituciones educativas de alto rendimiento en Bogotá y Cundinamarca, donde se ubica el 54% de las 50 mejores, subraya la disparidad regional en la calidad educativa.
Entre los factores que influyen en el rendimiento estudiantil, el estudio identifica variables como el entorno socioeconómico, la formación académica de la madre, el acceso a internet y la disponibilidad de tecnología, lo que indica que la equidad en la educación aún es un objetivo lejano.
El informe también señala que se requieren $31.1 billones adicionales para alcanzar una cobertura educativa total, según lo propuesto por el Proyecto de Ley Estatutaria en Educación. Sin embargo, la deserción estudiantil continúa siendo alta, con un 17% en programas técnicos y tecnológicos y un 9% en el ámbito universitario, incumpliendo las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
En términos de empleabilidad, aunque entre el 50% y el 54% de los empleados formales son profesionales universitarios, la tasa de empleabilidad de los recién egresados ha caído del 77% en 2014 al 70% en 2021. La calidad de la formación también es una preocupación, con solo el 5% de los programas tecnológicos y el 26% de los universitarios acreditados como de alta calidad.
AHor abien, el órgano de control destacó que Colombia sí ha logrado aumentar el acceso a la educación a la educación superior, especialmente en pregrados, cuando la cifra llegó al 53,9%, sin embargo, sigue por debajo de la meta de alcanzar el 57%.
Estos hallazgos plantean interrogantes serios sobre la calidad de la educación superior en Colombia, con puntajes promedio en las pruebas Saber Pro y Saber TyT que reflejan desafíos en la preparación de los estudiantes para enfrentar el mercado laboral.
La vida y obra del nobel Gabriel García Márquez está ahora más cercana para sus lectores gracias a “La Gaboteca”, un proyecto de la Biblioteca Nacional de Colombia que pone al escritor a un clic de distancia.
El portal web recopila miles de artículos de prensa, libros, guiones para cine y televisión, así como capítulos en compilaciones de distinto tipo y las traducciones de sus novelas que son conocidas en todo el planeta.
“La Biblioteca Nacional se dio cuenta de que tenía un gran acervo documental, muchos libros de él y sobre él. Había que pensar maneras de que ese grupo de libros fuera conocido por el público y que se interese la gente por venir a leerlos”, dijo Nicolás Pernett, investigador y responsable del proyecto.
Entonces decidieron hacer un “catálogo mucho más llamativo, moderno y parecido al lenguaje de la web para que la gente conociera qué había de Gabriel García Márquez“, agregó sobre el ganador del Premio Nobel de Literatura de 1982, fallecido el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México.
El portal, de fácil manejo y accesibilidad, recibe a los internautas con el propio García Márquez mirando fijamente desde su escritorio y está dividido en los apartados “Obras de GGM”, “Sobre GGM”, “Traducciones” y “Vida y viajes”.
“Aunque siempre llevó a su Colombia natal en el alma, Gabriel García Márquez fue un auténtico ciudadano del mundo entre las muchas ciudades a las que viajó o en las que vivió”, reza la web sobre la última de las secciones.
En él, los creadores han recorrido cada uno de los sitios donde vivió Gabo, desde su Aracataca natal, que inspiró el universo mágico de Macondo, hasta México pasando por varias ciudades de la costa Caribe colombiana, Bogotá, París, Roma o Barcelona.
Más allá de mencionar sus hechos más trascendentales en esas ciudades, los promotores han plasmado el influjo que tuvieron en su obra y las novelas que escribió en ellas.
Sobre Barcelona, por ejemplo, recuerda que llegó en 1967 “cuando empezaba el éxito arrollador de ‘Cien años de soledad’“, publicado ese mismo año.
Allí escribió “El otoño del patriarca”, en una Barcelona que era el epicentro del “boom” de la novela latinoamericana gracias en parte a su agente literaria, Carmen Balcells, que falleció el pasado septiembre.
“Cada uno de sus libros tiene una historia detrás acerca de cómo fue su escritura, su publicación y alguna fue rechazada”, explicó Pernett.
Por ello, “La Gaboteca” ofrece la historia de sus obras, lo que es especialmente interesante puesto que García Márquez “fue un escritor que también cambió de modo radical junto a Balcells el mercado del libro en toda Latinoamérica y el mundo”, según el investigador de la Biblioteca Nacional.
“Antes de García Márquez, la tradición literaria colombiana estaba más volcada hacia la poesía que hacia la novela. Sin embargo, en el siglo XX fue sin duda la novela la que se llevó todos los laureles, en el continente y en el mundo, llegando a convertirse en el género ‘best-seller’ por excelencia”, señala el portal en la parte dedicada a las obras del autor.
Ese es el rincón estrella de “La Gaboteca”, en el que aparecen referencias sobre las obras de García Márquez y “en cualquier lugar del mundo pueden acceder a una de sus obras o a las traducciones”, comentó Pernett.
“‘La Gaboteca’ la pueden disfrutar tanto los extranjeros como los colombianos, la única diferencia es que invitamos a los colombianos a acercarse a la sede de la Biblioteca Nacional o de las redes de bibliotecas del país, pero alguien de fuera puede entrar a la página y ver de un modo ordenado toda la obra de García Márquez“, concluyó. (Agencias)
Por: TANIA TAPIA JÁUREGUI, CON EL APOYO DE LA LIGA CONTRA EL SILENCIO.
En el suroccidente colombiano se forja otro tipo de periodismo, uno que se reconoce como ‘comunicación’ y que se fragua en una de las zonas más álgidas del conflicto armado en el país. Un (contra) periodismo que la comunidad indígena Nasa del norte del Cauca defiende y sostiene como el canal de protección de su identidad, de sus mandatos políticos y espirituales y de su proyecto de vida.
Esta historia es parte del especial periodístico “¡Seguiremos informando! Libertad de expresión y seguridad en América Latina” de FES Seguridad y FES Comunicación, en alianza con Distintas Latitudes.
Durante todo el desalojo, que duró unas dos horas y que terminó con su asesinato, Abelardo Liz no dejó de grabar con su cámara. Registró a la comunidad indígena que se preparaba para hacerle frente a la fuerza pública que llegaba al terreno, filmó cómo el cuerpo antimotines de la Policía lanzaba gases lacrimógenos y proyectiles, y siguió de cerca a los militares que, armados de fusiles, dispararon hacia quienes los habían cercado con machetes y que luego huían ante sus ráfagas de disparos. Abelardo Liz permanecía firme.
El comunicador indígena dejó evidencia de los hechos que aún hoy el Ejército niega: que ese 13 de agosto de 2020, en un terreno a pocos kilómetros de Corinto —un municipio al norte del departamento de Cauca, en el suroccidente de Colombia— los soldados apuntaron y dispararon hacia la comunidad, y que en medio de las ráfagas una bala alcanzó a Liz, quien murió poco después y que también registró en video el momento en el que es herido de muerte. Ese día, además, fue asesinado José Ernesto Rivera, una de las personas que se enfrentó a la fuerza pública, y fue herido de bala en una pierna el líder indígena Julio César Tumbo.
Desde Manuel Quintín Lame, gran cacique de todos los indios, líder indígena que a principios de siglo pasado empezó a movilizar a los Nasa por la defensa de la tierra en el Cauca, la escena se repite de forma similar: terrenos verdes sobre los que las comunidades del pueblo Nasa y la fuerza pública se disputan la propiedad de la tierra. Los pueblos indígenas lo llaman “Liberación de la Madre Tierra”, un proceso que toma ese nombre en 2014, pero cuyos inicios se pueden rastrear a eventos de 2005 y hasta de finales del siglo XIX, y que usa las vías de hecho para reclamar terrenos que el pueblo Nasa reivindica como históricamente suyos y que aseguran han sido arrebatados por la clase política, los terratenientes y las multinacionales. La Policía y el Ejército, por otra parte, ven su intervención como la legítima defensa de la propiedad privada: terrenos que en el papel pertenecen a los hacendados y a las empresas que ven en los indígenas que los ocupan a invasores y “robatierras”. En esa historia el Estado ha sido aliado de las empresas, pero ha tenido que reconocer sus omisiones y afectaciones a los derechos de las comunidades indígenas, como ante la condena que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos por participar en la Masacre del Nilo, cuando 21 indígenas que ocupaban un terreno en Caloto, un municipio a 27 kilómetros de Corinto, fueron asesinados por la Policía y grupos paramilitares.
Las cuentas de cuántas víctimas indígenas ha dejado el conflicto por la tierra en el Cauca —en el que también participan grupos armados ilegales— solo las llevan las mismas comunidades: más de 38.000 entre 1985 y 2016, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización que agrupa a más del 90 % de las comunidades en el departamento. Y a 2015, el CRIC contaba en 57 los que habían sido asesinados por la fuerza pública.
“La policía siempre dijo que ellos no agredían. Y como los medios de comunicación, Caracol, RCN [los dos medios televisivos con más audiencia en Colombia] estaban a favor de la Policía y los dueños de las tierras, entonces nos hacían ver como los malos que vienen a quitar la tierra, mientras la Policía se mostraba como unos angelitos que no agredían a la gente”, cuenta Harold Secue, comunicador indígena hace más de 20 años y actual coordinador de comunicaciones del CRIC.
En 2005, Harold Secue, que tenía unos 22 años y un gusto por lo audiovisual, fue una de dos personas a las que la comunidad le asignó la labor de registrar lo que pasaba en uno de esos encuentros con la fuerza pública en Japio, cerca a Santander de Quilichao, otro municipio del norte del Cauca. “Yo y otro compañero, que llegó de la Universidad del Cauca a hacer una pasantía, hicimos un equipito para ir a grabar lo que pasaba allí. Necesitábamos tener memoria para las denuncias frente a la agresión de la Policía”. El resultado fue “Pa’ poder que nos den tierra”, un documental corto y descarnado de lo que fueron las intervenciones de la Policía ese noviembre de 2005: un hombre indígena, Belisario Camayo, asesinado de un tiro en la cabeza, testimonios de hombres que recibieron disparos a quemarropa de las armas potencialmente letales de la Policía y que como resultado tuvieron quemaduras en la piel y perdieron la vista, y hasta el testimonio de un indígena Nasa que asegura fue retenido y torturado por la Policía que lo acusaba de guerrillero y le amputaron dos dedos de una mano. El documental cierra con una breve nota de Noticias Caracol, en la que el entonces comandante de la Policía del Cauca asegura que el hombre herido en el enfrentamiento se había caído, que por eso estaba golpeado y que los oficiales lo recogieron y lo llevaron al hospital.
“Pa’ poder que nos den tierra” fue uno de los primeros ejercicios de comunicación audiovisual en el Cauca que se inscribe en el esfuerzo de la comunidad indígena por hacerle contrapeso a la forma en que los medios tradicionales informaban lo que pasaba en su territorio, un ejercicio de contrainformación. Ese esfuerzo, del que Abelardo Liz y los comunicadores indígenas del Cauca han hecho parte desde inicios del siglo XXI, hoy se expande en tejidos de comunicación —como la comunidad llama a sus medios de comunicación propios— compuestos de emisoras, páginas de internet y estrategias de comunicación que buscan contar la realidad del territorio en sus propios términos, una especie de (contra)periodismo indígena que ellos llaman comunicación.
UNA TIERRA CODICIADA Y DE RESISTENCIAS LOCALES
El Cauca, unos 30.000 kilómetros cuadrados de extensión, es uno de los departamentos donde se ubica el Macizo colombiano, el nudo geográfico de donde se desprenden las tres cordilleras que atraviesan el país y nacen cinco de los ríos que llegan hasta los bordes de la tierra nacional: el Patía que va al Pacífico, el Cauca y el Magdalena que desembocan en el Mar Caribe y el Putumayo y el Caquetá que se riegan en la cuenca Amazónica. Es una tierra rica y estratégica que ha sido codiciada y disputada por actores legales e ilegales que ven en los recursos, en la conexión con la costa Pacífica y en lo fértil de su territorio una fuente de recursos para el crecimiento de sus empresas y economías.
Además, es el segundo departamento de Colombia —después de La Guajira— con mayor población indígena, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) representa el 25 % de la población de la región. Los indígenas son el segundo grupo más grande después de la mayoría de población mestiza o que no se identifica con ningún grupo étnico. Quienes se identifican como negros, mulatos, afrodescendientes o afrocolombianos suman el 20 %, de acuerdo con el DANE.
La mayoría de la población indígena en el Cauca la componen el pueblo Nasa y el pueblo Misak, que se articulan junto a otras comunidades en el CRIC, una de las organizaciones indígenas con más fuerza y visibilidad en el país y una de las primeras en estructurarse en Colombia, en 1971. De hecho, el CRIC fue uno de los principales fundadores de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que hoy es el principal cuerpo en el que se articulan y representan los pueblos indígenas del país. Hoy en Colombia hay entre 87 y 102 pueblos indígenas, depende de quien esté llevando la cuenta y de qué reconoce como ‘pueblo indígena’.
Desde sus orígenes, el CRIC se fundó con la misión de recuperar y proteger la tierra para los resguardos indígenas del departamento, y con los objetivos de conservar las tradiciones y culturas propias, y exigir su respeto y protección. En la actualidad el CRIC es la organización indígena que en Colombia tiene una de las estructuras y luchas políticas más sólidas, lo que le ha permitido nutrir, por años, movilizaciones masivas que han paralizado no solo al Cauca sino incluso a la capital del país, hasta donde se han trasladado en varias ocasiones impulsados por sus necesidades y demandas. El CRIC es la organización indígena que más se hace sentir hoy en Colombia.
RECUENTO DE UN (CONTRA) PERIODISMO PENSADO DESDE EL TERRITORIO
Ese proceso de solidez y resistencia indígena ha estado acompañado por un interés constante de fortalecer sus propias estrategias de comunicación. El resultado en el norte del Cauca es una red de tejidos de comunicación compuesto por cuatro emisoras —que alcanzan unos ocho municipios de ese departamento y algunas zonas del Valle del Cauca—, con sus páginas web y redes sociales; los sitios web del CRIC y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN, Çxhab Wala Kiwe en lengua nasa); las revistas y periódicos producidos por el CRIC; y otras publicaciones análogas que informan de los procesos locales de las comunidades. Toda esta red, a su vez, está articulada con otra estrategia más grande, la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia (AMCIC).
No es fortuito que los llamen tejidos. La cultura Nasa ve en la figura del tejido no solo una técnica sino un reflejo de su cosmogonía, una forma de escritura en la que plasman su historia. De hecho, la forma en que entienden sus proyectos de comunicación y la comunicación misma como elemento anclado a una trama más amplia es un símil exacto de las partes de un tejido: los hilos son los medios de comunicación propios; los nudos, que se dividen en internos (alianzas con personas claves dentro de la misma comunidad) y en externos (relaciones con actores estratégicos fuera del territorio); y los huecos del tejido, que son los asuntos que demandan atención y sobre los que se sueltan o se aprietan los nudos.
Esa visión de la comunicación se ha consolidado y reproducido más o menos desde 1999, cuando nació la primera de varias escuelas que formaron a jóvenes Nasa y a personas interesadas de la comunidad en la técnica y la política de la comunicación indígena. “Estudiábamos dos días de inducción política y tres días de inducción técnica, y cada dos meses íbamos llevando tareas. Así inicia mi proceso de comunicación”, cuenta Harold Secue, que entonces tenía 16 años y ya hacía parte de una emisora en su colegio donde producían contenidos que mandaban en casetes los jueves en chiva (un bus sin ventanas de trompa ancha, de colores y de otra época) hasta la emisora de Jambaló —municipio del norte del Cauca—, una de las dos primeras emisoras indígenas en el Norte del Cauca, junto con la de Toribío, y de donde surgió la iniciativa de esa primera escuela de comunicación. “Casi todos los resguardos del norte del Cauca tenían espacio para formarse allá, porque en ese momento también estaba apenas cogiendo fuerza la ACIN”.
Fue para 2001 que surgió la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la casa de Radio Pa’yumat (expresión en lengua Nasa, usada al llegar de visita para decir algo como “vengo a visitarte”), la emisora con más cobertura en el territorio, y a la vez la sombrilla de las otras emisoras del norte del Cauca que se fueron nutriendo de quienes iban formándose en las escuelas de comunicación. La radio es el medio que predomina en el norte del Cauca, donde no se puede depender ni confiar de la conexión a internet.
“La escuela de comunicación aquí en mi territorio de Corinto inició en 2014 como iniciativa de la asamblea comunitaria. Las comunidades de las 42 veredas que cobija el municipio de Corinto se reúnen y crean ese mandato de tener un medio de comunicación propio que sea alternativo, indígena”, recuerda Natalia Salazar. En ese entonces, Natalia tenía 15 años y era la más joven de los 30 comuneros indígenas que respondieron a la convocatoria y que luego integrarían, tejidos de comunicaciones como el de Corinto, del que hizo parte Abelardo Liz que se había formado antes en la escuela de comunicación de 2010.
También en 2014 surgió el programa de Comunicación propia intercultural de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (Uaiin), un programa que, como las otras escuelas de comunicación indígena, enseña una comunicación atravesada por los principios políticos de la comunidad nasa. “Al inicio para nosotros fue bastante complejo de entender, estamos en una universidad y todos emocionados de que vamos a aprender cómo se maneja una cámara, cómo se habla en radio, cómo se toma una fotografía. Y resulta que quienes daban las clases eran los exconsejeros y exautoridades contándonos cómo surgió la Uaiin y el CRIC, cómo se habían dado esas luchas para lo que hoy teníamos”, recuerda Mabel Quinto, comunicadora indígena de Toribío que desde junio de 2023 coordina el tejido de comunicación de la Acin-Cxhab Wala Kiwe.
El eco de esa formación se siente en los contenidos de los tejidos de comunicación: franjas informativas, entrevistas a proyectos comunitarios y líderes, transmisión de los mandatos de las autoridades y de sus comunicados, secciones de música tradicional y programas en lengua nasa que buscan fortalecer el idioma —también llamado Nasa Yuwe, Kwesx Yuwe y Jugthëwësx pthüusenxy—.
Como a Mabel en la Uaiin, le pasó en la escuela de comunicación en Corinto a Natalia Salazar, quien ahora está vinculada al tejido de comunicación de la ACIN. Natalia recuerda el deseo con el que ella y sus compañeros entraron a la escuela buscando los equipos y las técnicas, y se encontraron en su lugar una inmersión en la historia y las tradiciones de su propia comunidad. “Empezamos primero a conocer nuestra organización, nuestro plan de vida, a conocer el territorio, a caminarlo, a dialogar con la gente, a conversar con nuestros mayores, a conocer nuestro origen, el por qué la comunicación indígena es tan importante y cómo visibilizar lo que en realidad es un pueblo originario. Y a medida que vamos recorriendo y fortaleciendo nuestra cultura, ahí sí llegan el manejo de TICs: cómo grabar, cómo entrevistar, cómo hablar en una radio”, cuenta Natalia. Un hilo en un tejido más grande.
Defender lo propio es el eje de la labor de las y los comunicadores indígenas, se siente cuando explican la comunicación como una vía para preservar sus mandatos espirituales, que también son políticos. También se siente en la convicción con la que hablan de la importancia de su labor y la contundencia con que la defienden, que no es un asunto menor en medio del contexto sitiado de agresiones y hostilidades que habitan.
EL SOFOCO DE LA VIOLENCIA
La historia del Cauca ha estado marcada por el conflicto por la propiedad de la tierra durante los últimos cinco siglos, y las comunidades indígenas, campesinas y afro del departamento han llevado la peor parte. Así desde que la colonia española llegó atraída por los yacimientos de oro, hasta hoy que quedan los pedazos de un conflicto armado que, tras el acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, se atomizó y complejizó. Esos conflictos cobraron la vida de quienes se opusieron al terraje —la práctica de hacendados que permitían la ocupación de tierras por las comunidades a cambio de trabajo gratuito—, de personas de las comunidades que se han enfrentado a los grupos ilegales que imponen con bala y amenazas el control del narcotráfico en la región —una de las zonas con mayores niveles de hectáreas de coca en el país—, y la de los indígenas que recurren a las vías de hecho reclamando lo que reconocen como propio y que a cambio encuentran una ofensiva de proyectiles mortal.
En las últimas décadas del siglo XX, y hasta los acuerdos de paz de 2016, el ritmo del conflicto lo marcó la presencia de las guerrillas de las FARC y en menor medida del ELN, y sus enfrentamientos con grupos paramilitares que buscaban mantener el control territorial de los hacendados apoyados por las fuerzas del Estado. Y en la mitad los indígenas y sus estrategias de resistencia, también los desplazamientos, las agresiones y los reclutamientos forzados.
“Yo recuerdo que había una cuña radial hace años en Radio Pa’yumat donde invitábamos a la juventud a vincularse a la guardia indígena (un grupo de protección colectiva) para que no vayan a los actores armados”, cuenta Harold Secue sobre un hostigamiento alrededor de 2008, una de las épocas que recuerda como más hostil. “Nos dijeron, esa cuña no se puede pasar. Y ha habido así como llamados de atención, amenazas de parte de ellos. De hecho Radio Pa’yumat en ese tiempo sufrió un sabotaje por parte de actores que nos dañaban las antenas, se nos llevaban las cosas y se debía a todo ese trabajo que nosotros realizábamos. Eso ha sido una dificultad a la hora de comunicar”.
Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, el país sintió aires de tranquilidad durante poco más de un año, pero la llegada de un nuevo gobierno que no se interesó por implementar lo acordado, y más bien le apostó a su debilitamiento institucional, sumió rápidamente a zonas como el norte del Cauca en nuevos ciclos de violencia. Cuando en 2022 terminaron los cuatro años de gobierno de Iván Duque, grupos paramilitares, el ELN y grupos disidentes de las FARC hacían nuevos despliegues de fuerza con paros armados, combates reciclados y agresiones orientadas sobre todo a quienes defendían los derechos de las comunidades y de los ecosistemas.
Entre 2016 y 2023 fueron asesinados 1.450 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. El Cauca fue el departamento con más líderes asesinados en el país en esos siete años con 314, de los cuales 141 fueron asesinados en cinco municipios del norte: Caloto, Corinto, Santander de Quilichao, Toribío y Buenos Aires, cinco de los 10 municipios colombianos que registraron el mayor número de asesinatos en ese periodo. Desde 2010 el CRIC ha contado cinco comunicadores indígenas asesinados en el departamento. Y mientras los nombres de los actores del conflicto se han transformado, las agresiones a las comunidades indígenas y a sus comunicadores se han mantenido prácticamente iguales. En 2012 y 2020 también hubo ataques a las infraestructuras y antenas de las emisoras del norte del Cauca. “Esa vez nos tocó sacar la voluntad de donde no la teníamos para ir a hablar con este grupo armado, mencionar el por qué ellos estaban atentando con la infraestructura de las comunidades, y ellos lo que nos mencionan es que hay una información de que nosotros instalamos esa torre ahí para darle información al Ejército Nacional”, cuenta Natalia Salazar sobre la vez que en 2020 grupos disidentes de las FARC dañaron las redes eléctricas de la antena que usaba Nación Nasa, la emisora de Corinto.
Natalia recuerda que ella, otros tres comunicadores de Corinto y una autoridad indígena fueron al lugar a interpelar al grupo armado. Llegaron con el respaldo de la comunidad, con la orientación de los sabedores espirituales y con el chaleco azul y el Kambuwesx (el bastón de mando indígena) que identifica a la guardia indígena; del otro lado, fueron recibidos con los camuflados, las armas largas y el talante hostil de tres integrantes del grupo armado que llegaron al lugar en una camioneta. “Ese día entablamos una comunicación cara a cara y la verdad sí fue bastante tenso. Y no se genera un buen diálogo con esos grupos que prácticamente querían como mandar en la comunidad, porque nos dijeron que nosotros a quién le habíamos pedido permiso, que a ellos no les habían dicho. Y si el territorio es de las comunidades, ¿por qué tenemos que andarle pidiendo permiso a personas que ni siquiera son del territorio?”.
Esos han sido los términos de las confrontaciones entre grupos armados y comunidades en el Cauca: una autoridad sobre el territorio que unos imponen con armas y que otros reclaman como el derecho histórico de haber habitado esa tierra durante siglos.
Mientras Harold Secue, oriundo de Jambaló, recuerda que la seguridad en el Cauca era más crítica hace unos 15 años, para Natalia, habitante de Corinto y oriunda de Miranda, la situación actual de inseguridad en la zona que habita es inédita. Explica que los toques de queda en Miranda y los frecuentes asesinatos de jóvenes son un panorama nuevo en ese municipio que, a pesar de ubicarse a unos 10 kilómetros de Corinto y de su histórica situación de inseguridad, hasta hace poco era un lugar tranquilo y ajeno a las escenas vecinas de conflicto. Pero eso cambió más o menos al mes de iniciar el gobierno de Gustavo Petro en 2022, cuenta Natalia, el primer gobierno abiertamente de izquierda en alcanzar la presidencia de Colombia y que llegó con el plan de adelantar acuerdos de paz con todos los grupos armados del país después de la disolución de la guerrilla de las FARC. Lo que han visto expertos, organizaciones defensoras de derechos humanos y habitantes de las zonas en conflicto en Colombia es que desde que el gobierno nacional empezó a hablar del plan de “paz total” —como se llamó el proyecto— los actores ilegales han aumentado su despliegue violento, una forma de mostrarse fuertes en los territorios y llegar con más poder de negociación a las mesas con el gobierno.
CUANDO CONTAR ES PONERSE EN RIESGO
Los ataques a las antenas es apenas una de las formas de la violencia a la que se enfrentan quienes se dedican a la comunicación en el norte del Cauca. Los actores armados ilegales también han amenazado y censurado a quienes reportan la situación de seguridad en la zona. “Cuando estuve en el tejido de comunicación nos lo dijeron: ‘Si van a denunciar, denuncien de manera general, no digan nuestros nombres, no sean directos, porque cuando hacen eso nos ponen en alto riesgo como fuerzas revolucionarias’. Entonces, se ha convertido en que si quiero comunicar y estar en el territorio, tengo que tener cierto sesgo o cuidarlos en cierto momento a la hora de comunicar”, cuenta Harold Secue.
Lo mismo relatan Natalia Salazar y Mabel Quinto, quienes al hablar de la manera en que informan del conflicto armado en la región se notan reacias y casi en igual medida cautelosas. “Muchas veces cuestionar el accionar de X o Y grupo, sea legal o ilegal, también nos pone de alguna manera en riesgo, se nos identifica porque saben que somos del territorio, saben nuestro recorrido”, dice Mabel, quien agrega que además de esas censuras, los actores armados ilegales también han restringido la movilidad de los comunicadores que, viajando entre territorios, han sido retenidos por hombres armados que les exigen demostrar su rol con carnés de prensa. Ante eso, las autoridades indígenas empezaron a expedir los carnés.
Mabel habla de actores legales e ilegales porque la violencia que los comunicadores indígenas padecen ha venido también de parte de la Policía y el Ejército presentes en el departamento: también ellos, dicen Mabel, Harold y Natalia, han estigmatizado y agredido a comunicadores indígenas y obstaculizado su labor. “Hay unas agresiones que vienen de la fuerza pública, que pueden ser no violentas, pero que también restringen la labor de la prensa y que generan un ambiente de hostilidad no favorable para que los periodistas realicen su trabajo. Son obstrucciones al ejercicio informativo como que no los dejan entrar o no les permiten hacer cubrimiento”, asegura Viviana Yanguama, coordinadora del área de protección de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde donde se monitorean los casos de agresiones a periodistas en Colombia.
El Cauca ha estado desde hace años en la lista de los departamentos donde se registran más agresiones a periodistas en el país, pero este año, dice Viviana, “ha sido un poco raro”. En el último informe de la FLIP sobre agresiones a periodistas por grupos armados ilegales, el Cauca no tuvo los números altos que sí se registraron en departamentos como Arauca y Norte de Santander. “Y digo que es raro porque nosotros sabemos que en el Cauca sí hay una injerencia de grupos armados”, asegura. La razón a la que Viviana atribuye el fenómeno es una probable “autocensura” de parte de comunicadores y periodistas para no mencionar algunos temas o no denunciar hechos que ya ven como parte de su contexto. “Nosotros charlamos con un periodista en el Cauca hace unas semanas que nos decía que los grupos armados sí los están vigilando, y que no hay acciones directas en contra de la prensa, pero que como todo el contexto es tan hostil y tan difícil, no es necesario que haya algo directo contra ‘X’ periodista, sino que se entiende que hay que seguir unas reglas y que eso implica no hablar mal de esos grupos o no visibilizar algunas situaciones que están haciendo”, cuenta la experta.
La normalización de la violencia en el ejercicio periodístico y de comunicación en el Cauca la reconoce Andrés Córdoba, periodista caucano del municipio de La Sierra y profesor de periodismo en la Universidad del Cauca en Popayán, la capital del departamento. La presencia histórica de los grupos armados ilegales, asegura, ya ha acostumbrado a periodistas y comunicadores a saber que antes de ir a un territorio en busca de una historia hay que pedir permisos, ir acompañado, tomar precauciones ante la inevitable y ya acostumbrada sombra del conflicto armado.
“Para ir a hacer así sea un tema de medioambiente, o de turismo, algo muy distinto quizás a lo que [los grupos armados] trabajan, siempre hay unos riesgos, porque uno no sabe qué va a pasar con ellos, en qué momento les da por salir en el camino y hacer algo, o si uno puede quedar en medio de alguna confrontación. Quizás uno acá lo normaliza, no lo habla y no lo piensa hasta que preguntan. Yo creo que lo normalizamos mucho”, cuenta Andrés justo antes de relatar un par de incidentes en los que haciendo reportería en el Cauca tuvo encuentros tensos o supo que se había salvado por poco de encontrarse con actores armados.
El panorama es mucho más difícil para las y los comunicadores indígenas que describen su vida y labor en los territorios bajo un constante miedo, uno que además les llega por varios frentes del conflicto: mientras los grupos ilegales les acusan de ser colaboradores de la fuerza pública, ésta a su vez les ha acusado de ser colaboradores e incluso integrantes de las guerrillas. “Cuando vamos a abordar la Liberación [de la Madre Tierra] los comunicadores que están cubriendo la noticia son fotografiados y luego aparecen como que deben ser judicializados”, afirma Mabel sobre documentos oficiales de la fuerza pública en los que los comunicadores han sido identificados como sujetos buscados por la justicia.
La Liberación de la Madre Tierra ha sido precisamente uno de los escenarios de alto riesgo para los comunicadores indígenas en el Cauca. Dos de los cinco comunicadores que han sido asesinados en el departamento en los últimos 13 años, según los reportes del CRIC, fueron asesinados por disparos de la fuerza pública en medio de estas movilizaciones: María Efigenia Vásquez, comunicadora de 31 años de la emisora Renacer Kokonuko del municipio de Puracé, asesinada el 8 de octubre de 2017 por una munición disparada por el cuerpo antidisturbios de la Policía que le impactó en el pecho cuando registraba una ocupación en el predio de Aguatibia; y Abelardo Liz, comunicador de Corinto de 34 años que murió el 13 de agosto de 2020 tras ser impactado por una bala de fusil que fue presuntamente disparada por el Ejército en medio del desalojo de las comunidades del predio Quebradaseca cerca a Corinto.
En ninguno de los dos casos la fuerza pública ha asumido responsabilidad sobre los hechos. En el caso de Efigenia Vásquez aseguraron que probablemente se había tratado de una munición artesanal manipulada por los indígenas. En el caso de Abelardo, el Ejército ha evitado referirse a los posibles responsables de su asesinato, pero ha insistido en su versión de que los soldados no dispararon a la comunidad y que solo abrieron fuego al recibir disparos de las disidencias de las FARC que aseguran estaban infiltradas entre la comunidad indígena.
Sobre los responsables de otros dos asesinatos a comunicadores indígenas en el Cauca no hay tanta claridad.
Uno es el de Rodolfo Maya, comunicador de Radio Pa’yumat que denunció la presencia de los grupos armados y el reclutamiento forzado a jóvenes indígenas. Rodolfo fue asesinado el 14 de octubre de 2010 en Caloto, dos semanas después de haber sido amenazado y acusado de ser cabecilla de la guerrilla en unos rayones sobre un muro del municipio en el que además se ofrecía una recompensa de 20 millones por él. A Rodolfo, de 34 años, lo abordaron dos sujetos en una moto que le dispararon en su casa frente a su esposa e hija de siete años.
Y el otro caso es el de Beatriz Elena Cano, el asesinato que Natalia, Harold y Mabel recuerdan con un dolor vivo por tratarse del más reciente. Beatriz Cano fue una mujer paisa que vivió siete de sus 35 años en la zona rural de Santander de Quilichao, donde se dedicó a denunciar las violencias que sufría la comunidad indígena en Radio Pa’yumat, cuyo sitio web está encabezado por su retrato. Su asesinato ocurrió el 4 de junio de 2021, cuando el vehículo en el que se transportaba fue detenido en un retén de la Policía contra el que un grupo armado abrió fuego. En los hechos también perdieron la vida dos autoridades indígenas, dos oficiales de la Policía y fue herido César Galarza, otro comunicador de la ACIN.
Hasta hoy, solo uno de los cinco asesinatos a comunicadores en el Cauca ha encontrado justicia, el de Eider Arley Campo, miembro de la guardia indígena y comunicador de 21 años vinculado a la Emisora Piayó —del municipio del mismo nombre—. Su asesinato ocurrió el 5 de marzo de 2018, cuando atendió el llamado comunitario para rodear y recapturar a un hombre acusado de actividades con grupos armados ilegales que se había fugado de la casa del cabildo con la ayuda de otros dos hombres armados. Eider murió tras ser impactado en medio de una ráfaga de disparos. Los tres hombres fueron atrapados horas después por la guardia indígena de Pioyá, Pitayó, Jambaló y Quichaya, según el CRIC, y fueron condenados por la justicia indígena con penas de entre 20 y 40 años de prisión en la Cárcel de San Isidro de Popayán.
LOS OTROS CUATRO CRÍMENES SIGUEN IMPUNES
Tras cada uno de esos asesinatos queda una estela de dolor e injusticia sobre los familiares de las víctimas, también comunidades consternadas y tejidos de comunicación amedrentados. Natalia Salazar era colega de Abelardo Liz cuando fue asesinado y recuerda que tras su muerte los comunicadores del tejido de comunicaciones de Corinto fueron enfáticos en denunciar su asesinato, una decisión que ella dice nació del dolor y la rabia, pero que estuvo cubierta de miedo. “Denunciamos directamente a los grupos armados que ese día hicieron parte de ese desalojo, a toda la fuerza pública y también a los grupos ilegales. Había comentarios, como cuentos de pasillos que no sabíamos si eran verdad, de que teníamos que estar en alerta, de que se iban a tomar el tejido de comunicación y que iban a sacar todos los materiales probatorios para eliminar evidencia. La guardia indígena estuvo muy pendiente, estábamos como protegidos por la guardia si algún evento llegase a pasar. También sacamos todo el material probatorio de ahí, lo llevamos a otra parte, lo guardamos en cuanta memoria haya para poder tener esa evidencia”, cuenta Natalia. La evidencia, que incluye el registro audiovisual que hizo el mismo Abelardo, hoy es una de las pruebas decisivas para demostrar la probable responsabilidad del Ejército en su asesinato, que aún es investigado en la Fiscalía General de la Nación donde ya se maneja la hipótesis de que el disparo vino de la zona donde estaba el Ejército. Esa entidad, por su parte, archivó su propia investigación al no encontrar, aseguran, ninguna prueba de mala conducta por parte de los soldados.
UN RIESGO QUE AUMENTA ANTE LA DIFERENCIA
Las profundas raíces del conflicto armado en el Cauca y la complejidad de su entramado son lo que ha marcado las violencias que sufren las comunicadoras y comunicadores indígenas. Pero las estigmatizaciones y agresiones que han recibido en su ejercicio vienen también de una visión occidentalizada de lo que se entiende por periodismo y que, entonces, se legitima y respeta. Bajo esa mirada, nutrida del desconocimiento de las diferencias y de no poca discriminación y racismo, lo que alcanza a reconocerse en el oficio de los periodistas mestizos de ciudad, se les niega a los comunicadores indígenas en lo rural.
“Nosotros que nos reconocemos como comunicadores comunitarios indígenas, y que muchas veces lo que hemos aprendido lo hemos aprendido empíricamente, pues no se da como ese reconocimiento que sí tiene un periodista cuando va a cubrir una noticia. A ellos se les reconoce como que no se les puede tocar, la libre expresión, pueden estar por cualquier espacio haciendo el cubrimiento”, dice Mabel.
En el ejercicio de los comunicadores indígenas se vuelven además porosos los límites que el periodismo se ha impuesto frente a eso que llama ‘objetividad’ e ‘imparcialidad’, conceptos que resultan cada vez más vacuos frente a un escenario de medios de comunicación cooptados por la institucionalidad y la corporatividad, y que mantienen el statu quo. En el ejercicio de comunicación indígena del norte del Cauca, el periodismo y el activismo —que en sus términos son más bien la comunicación y el liderazgo— se entrecruzan de una manera que podría alarmar a los más puristas de la tradición periodística, pero que bajo su cosmovisión no podría ser de otra manera. En el norte del Cauca, los comunicadores indígenas participan de lo que informan, meten las manos y hacen parte de las historias que cuentan, se espera de ellos que sean además guías activos de la comunidad y que ayuden a liderar los procesos que nacen de los mandatos de las autoridades indígenas.
En palabras de Mabel: “No somos los comunicadores que vamos a extraer la información. Si hay que cubrir una minga, pues trabajamos con la comunidad y ahí vamos recogiendo el material. Si hay que estar hasta la noche o pasar dos días de seguido, ahí estamos acompañando la comunidad (…) La comunidad hoy nos reconoce y nos pide que acompañemos las actividades que hacen, no solo visibilizar el tema del conflicto armado y denunciar, que sí es importante, pero también esas iniciativas de paz que caminan las comunidades en los territorios”. En esa compenetración con la comunidad, los actores armados desconocen a los comunicadores indígenas de la forma en que probablemente reconocen a otros periodistas que ejercen en otros contextos culturales.
No es la única diferencia que los ha hecho blanco de agresiones por parte de los grupos armados. La fuerte red de tejidos de comunicación en el norte del Cauca también le ha garantizado a los pueblos indígenas poder informar a sus comunidades sobre las inseguridades en el territorio y poder, a su vez, organizarse, blindarse y hacerle frente a esas “desarmonías”, como se refieren a los actos que perturban la tranquilidad. Así han visibilizado y denunciado lo que periodistas de los centros urbanos del Cauca no se han atrevido y se han convertido, en el camino, en objetivos también diferenciales de los grupos armados.
“El periodismo local ha hecho una apuesta muy cómoda y es pegarse al oficialismo”, asegura Andrés Córdoba sobre el tipo de periodismo que predomina en las zonas urbanas del Cauca y que es un fenómeno extendido en el periodismo regional en Colombia. “Creo que todos conocemos esa práctica en la que los medios locales van y le dicen al gobierno de turno: ‘Tengo esto, deme la pauta y todo bien”. Y acceden”, afirma Andrés, que a la vez reconoce los desafíos económicos y de seguridad en la región que ha llevado al periodismo a encontrar en el oficialismo una protección ante esas circunstancias. “Los que tratan de retratar la realidad y de narrar lo que pasa en las regiones, los colegas de la ACIN y de las emisoras comunitarias que quizás tienen una mirada más crítica por la defensa y la lucha del territorio, se ven más expuestos y tienen un riesgo un poco mayor”, asegura el periodista.
Conscientes de ese riesgo, los tejidos de comunicación indígenas del Cauca han creado sus propias estrategias de protección. Mabel cuenta que, por ejemplo, entre los comunicadores indígenas no hay afán de reconocimiento individual y las notas las firman como colectivo, una forma de distribuir la atención de los actores armados y no personalizar sus persecuciones. Pero para ella, al igual que para Harold y Natalia, la mayor protección es la que encuentran en sus tradiciones espirituales. Los rituales que hacen los mayores, dicen, son su mayor guía de defensa y cuidado frente a la hostilidad en la que navegan, una cosmovisión que tiene todo que ver, de hecho, con su forma de entender la comunicación misma.
“La comunicación propia para nosotros como pueblos indígenas no son los medios tecnológicos, aunque son herramientas muy importante para visibilizar”, dice Natalia, “la comunicación para nosotros parte desde la madre naturaleza, de lo que nos comunica el canto de las aves, lo que nos comunica el viento, la lluvia, lo que comunica el trueno. Todo esto es una forma de comunicación”.
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó hoy por mayoría absoluta el proyecto de Ley Estatutaria de Educación, que busca reconocer a la enseñanza como un derecho básico en el país.
En el último debate realizado en ese órgano legislativo se aprobaron y votaron seis artículos que reafirman la connotación de la educación como derecho fundamental en todos los niveles (educación inicial, básica, media y superior), lo cual no excluye su carácter de servicio público.
Asimismo, la Cámara de Representantes respaldó el articulado que garantiza el acceso para personas con discapacidad, cuidadores, padres y madres de hogar y gestantes, priorizando un enfoque diferencial para su permanencia y graduación dentro del sistema educativo.
Por otra parte, con el propósito de ratificar los compromisos que surgieron del Acuerdo de Paz de 2016, también se incluyen dentro de estas prerrogativas a los excombatientes y a otros en proceso de reincorporación.
“Hoy se dio un paso fundamental para construir un sistema educativo más equitativo, inclusivo y de calidad para todas y todos los colombianos”, declaró a propósito del suceso la ministra de Educación, Aurora Vergara.
Añadió que, con este proyecto de ley, se pretende consolidar un Acuerdo Nacional para lograr que el sistema educativo deje de ser un determinante de desigualdades y se transforme en el principal factor de equidad y justicia social del país.
Al proyecto le quedan por delante dos debates en el Senado para que se convierta en ley.
Una reciente encuesta, liderada por Sentiido y realizada por Data Conceptos, revela que el 95 % de los padres y madres colombianos apoyan la implementación de una educación sexual integral en los colegios. Este hito marca un paso significativo para el país, siendo la primera vez que se recopilan datos sobre la opinión parental en relación con la educación sexual y los derechos LGBT.
El estudio, que entrevistó a padres y madres de diversos estratos socioeconómicos y credos en diferentes regiones del país, arrojó resultados esclarecedores y esperanzadores. Además del respaldo mayoritario a la educación sexual integral, el 90 % de los encuestados expresó su apoyo a la igualdad de derechos para las personas LGBT.
Juliana Martínez, directora de investigaciones de Sentiido, resaltó la aceptación de temas como la diversidad sexual y de género, así como la información sobre la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley. Sin embargo, señaló que aún existen discrepancias en temas más específicos, como el matrimonio igualitario o la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Martínez explicó: “Si bien la mayoría se expresó a favor de la igualdad de derechos LGBT, cuando las preguntas son más concretas, el porcentaje de aprobación baja. Esto indica que aún hay una brecha importante entre teoría y práctica, pero la noción de igualdad está presente en mucha más gente, lo que indica espacio para mejorar”.
Los resultados son especialmente relevantes al evidenciar que la mayoría de los padres y madres colombianos respaldan los derechos humanos, incluyendo los de las personas LGBT, las mujeres y las infancias. Además, demuestran una disposición mayoritaria para aceptar a hijos e hijas LGBT y Trans.
En cuanto a la educación sexual, el 94 % reconoce el derecho de los jóvenes a recibir información científica y de calidad sobre salud sexual y bienestar, mientras que el 86 % está de acuerdo en incluir la diversidad sexual y de género en los currículos escolares. También se destaca que los padres y madres reconocen la importancia de un trabajo conjunto entre la familia y la escuela en este ámbito.
Estos hallazgos subrayan la necesidad y aceptación de una educación sexual integral en Colombia, así como el respaldo a los derechos LGBT. Constituyen un paso importante hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa.
Asimismo, la encuesta señala una oportunidad para trabajar en conjunto con los padres y madres en los procesos de educación en sexualidad, fortaleciendo así los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas, incluyendo aquellos que son LGBT.
Ha escalado tanto la perversidad humana debido al sistema económico imperante con su codicia, egoísmo e individualismo que se ha vuelto natural dentro una gran masa de humanos defender un estilo de vida a como dé lugar, vive de la mejor forma posible sin importarte si le haces daño a alguien.
Las personas actúan dentro de esa lógica entre otras cosas, porque, la opulencia se volvió un culto a través de ciertas creencias religiosas que la glorifican, como una bendición de Dios que les habla desde los púlpitos de algunos templos; es la nueva teología de la prosperidad que hace parte del bloque que embrutece. Un ardid del protestantismo convertido en doctrina de los codiciosos porque, les destraba los escrúpulos que inculca la Iglesia Católica para fomentar el respeto al prójimo.
Amparadas bajo la teología de la prosperidad se ven llegar a decenas de personas a las iglesias, gente adinerada, corrupta, que todo el mundo conoce y uno piensa, pero ¿cómo son capaces de ser tan pecadores e ir a la iglesia como si nada? Y, resulta que es que encuentran en el templo la indulgencia al exceso de ambición. Y ya sabemos la fuerza que dan las convicciones religiosas. Así, es fácil que no crean ni teman a la justicia, porque ellos tienen su propia deidad que les ampara el deseo de tener cada vez más, como los sionistas tienen su dios que les respalda el genocidio.
Lo desolador es que a esos templos de la teología de la riqueza también va gente pobre, que está endeudada, no tiene con qué pagar los colegios, debe vivir y alimentarse donde los suegros porque no les alcanza el dinero del trabajo, creen que Dios les cambiará el destino pues, la religión les embrutece la capacidad crítica como para darse cuenta de la situación macro política y económica que incide en sus vidas y, que son sus pastores los millonarios debido al dinero que reciben de ellos, los fieles, que no tienen para comer.
Se suman a este bloque de embrutecedores ciertos medios de comunicación mencionados el otro día por el presidente Petro. Donde vuelven lógica la irracionalidad de tomar un relato mítico de la Biblia como pretexto para que se cometa un genocidio en Palestina. Titulan de manera tendenciosa los logros del presidente Petro, pero, colocan fotos exaltando a una oposición con cientos de investigaciones en contra. Sus invitados expertos son los profesionales formados en EEUU que poseen la ideología de la explotación humana y de la naturaleza. Exaltan las murmuraciones, el bochinche, la envidia en sus programas de concurso a ver cuál de los participantes arrastra más su dignidad con tal de ganar plata. Saturan la pantalla con presentadoras artificiosas que ofrecen la imagen de ser mujeres empoderadas, ¡ay, ese término! Y las mujeres humildes, trabajadoras, las que deben tomar un bus y pasar tres horas de ida y tres de venida del trabajo que las idealizan no saben que estas empoderadas sufren lo indecible cuando las canas aumentan, las caderas se llenan y la arrugas aparecen porque, esos medios las cambiarán por más jóvenes, la televisión es una recicladora de mujeres empoderadas. Esos programas son velos todos los días en las pantallas de los televisores que van apaciguando en las y los ciudadanos el deseo de conocer, de enterarse de la política real de su pueblo, ciudad o país, entonteciendo el circuito que va del sufrimiento a las neuronas y de ahí al razonamiento que, por fin, les otorgaría una explicación a sus vivencias, sin embargo no, el circuito nunca se completa como para que la gente despierte a la conciencia; se atasca en el sufrimiento que el pueblo cree curarlo identificándose con quienes se insultan en los programas de concurso.
En la Costa comenzaron las emisiones de radio más repugnantes basadas en preguntas impúdicas sobre la vida amorosa, sexual, erótica, con palabras abiertamente obscenas; con unos chistes que son una burla despiadada hacia la mujer; embruteciendo a la juventud que inicia la escucha de la radio, la vuelven su más asidua oyente porque, los jóvenes inexpertos, sin capacidad crítica se sienten atraídos por las risas grabadas y el ambiente festivo de los programas; estas emisoras van en contra vía del humanismo de otras épocas cuando nació la radio, precisamente, en Barranquilla, con locutores dueños de un contenido y un lenguaje pulido, refinado, agradable.
Ni qué decir de quienes desde la capital de Colombia con unas voces bien moduladas y temas más serios embrutecen a la gente mediante otra táctica: la de colocar como víctima a los y las delincuentes de cuello blanco, es decir, a las personas de la élite política, económica, social que cuando delinquen y caen en desgracia las defienden con malabares idiomáticos. Buscan a toda costa corregir la realidad manipulando con una voz profunda y calmada experta en eufemismos, palabras ambiguas que definen y no definen lo que claramente es corrupción o asesinato o masacres o genocidio. Llama la atención algunas mujeres con un estilo policial, impositivo, de mil palabras por segundo como ametralladoras que imposibilitan el argumento de la otra persona y aún más el contra argumento, son verdaderos tribunales –pero el dictador es otro-. Estas emisoras tanto que critican a la Primera Línea que se opuso a la reforma tributaria de Duque y, resulta, que son la primera línea de defensa detrás de sus micrófonos de la oligarquía corrupta de Colombia. Menoscaban la inteligencia de las personas que llaman espontáneamente a dar sus opiniones cerrándoles el teléfono de la manera más grosera, haciéndolas sentir fuera de lugar, torpes, poca cosa.
Hacen parte de este bloque de embrutecedores las y los políticos que le han ocultado al pueblo que es sede del poder político; inculcándole sentimientos de inferioridad, de que es casi natural tener en los altos puestos del gobierno a gente blanca, adinerada, socia de clubes porque, el pueblo no está capacitado para dirigir esas instituciones, así, la gran masa popular se aparta, no argumenta, no discute; se cree muy lista sacándole al político bolsas de cemento, tejas, mercaditos o plata por un voto durante las elecciones y no se da cuenta que el político le desangra la vida. Los políticos perversos han distorsionado tanto la Ley que, ella, que fue creada para proteger la vida la han volteado para esparcir la muerte.
Integran este bloque de embrutecedores las universidades privadas que esparcen un conocimiento parcial, fragmentando, acomodado de la economía, filosofía, psicología, sociología, derecho, ingenierías, etc., a favor de los poderes dominantes. Sostienen doctrinas que desprecian la igualdad entre los humanos. Apuntalan teorías de las ¡manos invisibles que equilibran el marcado! Pero, se burlan de los pueblos ancestrales que le bailan al dios de la lluvia, a ver si no es más consecuente danzarle a la lluvia para que riegue los campos que creer en una mano invisible económica. Universidades con teorías psicológicas impregnadas de la física cuántica para solucionar el vacío de una joven que necesita hablar, expresar con palabras que no sabe encontrarle sentido a su vida. No admiten la crítica ni el debate abierto. Dan por sentado que es de seres razonables la filosofía de regirse por los contratos y no por las palabras, aunque se trate de madre e hijo, así atenten contra la histórica solidaridad humana. Estas universidades forman a los futuros presidentes, gobernadores, senadores, etc., para que continúen ejerciendo un poder político impositivo, para, en palabras de los zapatistas manden mandando en vez de mandar obedeciendo al pueblo como lo propone esta revolucionaria filosofía política mexicana. No les cuentan a los alumnos sobre las ideas de la historia humana que liberan el pensamiento, que cortan las cadenas de sentirse inferiores, que fortalecen las culturas propias; sólo enseñan las teorías que muestran cómo dominar al Otro.
Este bloque social embrutecedor priva a las personas de cultivar la duda, la crítica, la confrontación de los hechos,; el razonamiento inductivo y deductivo; obstruye las capacidades de analizar, organizar y categorizar los datos; cercena la imaginación; menoscaba la propia afirmación; desconecta la felicidad o el sufrimiento de los procesos políticos manteniendo al pueblo en la ignorancia de que el ser humano hace la historia y si desea, puede cambiarse de canal, de emisora, de libros, de teorías, de políticos, de gobernantes, de ideologías, de religión, etc. Embrutecer requiere de un alto grado de perversidad, es hacer daño al Otro mediante el achicamiento de su capacidad de reflexión, es obstaculizar el curso de los pensamientos ajenos que llevan a la luz de la conciencia. Es esclavizar el intelecto, que es más terrible que someter al cuerpo porque, las cadenas del pensamiento son sutiles, abstractas, intangibles. El progresismo desde todos los campos tiene la obligación de liberar las cadenas al pensamiento del pueblo para que advierta cómo ciertas iglesias, algunos medios de comunicación, diversas teorías filosóficas y los partidos tradicionales lo han puesto a vivir el mundo al revés, pero que él, el pueblo, puede poner el mundo de pie si tiene fe en sí mismo.
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