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Colombia: Una mirada a la educación en su Día Mundial

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Educación, una fecha para analizar los avances que se han tenido en la materia y los retos que persisten en Risaralda, Colombia y el mundo.

En la capital risaraldense cerca del 98% de los menores entre los 5 y 17 años de edad, asisten a los establecimientos educativos, tanto públicos como privados. La cobertura es uno de los grandes logros que ha tenido la ciudad y el país en materia educativa.

Según datos de la más reciente encuesta de percepción ciudadana de Pereira Cómo Vamos, 2 de cada 3 padres de familias y/o acudiente estuvo satisfecho con la educación recibida por los menores de edad.

Pero no todo es color de rosa en materia educativa, uno de los aspectos en los que se requiere trabajar decididamente es la deserción escolar, la cual estuvo en un 6,6% en el 2022.

Así mismo resaltar que solo el 13% de los estudiantes de colegios públicos y privados tiene nivel B1 o B+ de inglés. Aumentar considerablemente este porcentaje es un reto en Pereira y el resto del país.

Una de las problemáticas más sentidas del sector educativo en Colombia, Risaralda y su capital, tiene que ver con la infraestructura educativa. Muchas de las instituciones educativas presentan un grave deterioro y aunque en los últimos años se han inaugurado varios colegios, todavía hay muchos que no cuentan con las condiciones para impartir una educación de calidad, incluso algunos ponen en riesgo la integridad de los estudiantes y docentes por el mal estado estructural de los mismos.

Otras problemáticas

Un informe del Politécnico Grancolombiano, titulado ¿Cuáles son los principales desafíos de la educación colombiana?, muestra otras problemáticas que presenta la educación en Colombia.

Menciona que el 23,7% de estudiantes en zonas rurales no asistió a instituciones preescolares, colegios, escuelas o universidades. En 2023, en 8 de cada 10 sedes educativas rurales no hubo internet y en el 59,7% de estas no hubo un salón de informática. Incluso, el 18,1% de los colegios oficiales no contó con servicio de energía eléctrica.

Tener en cuenta que Colombia ocupa el segundo lugar en el gasto per cápita más bajo por estudiante, únicamente superado por México. Con menos de 5.000 dólares anuales invertidos por estudiante en ambos países, la disparidad se evidencia al compararse con naciones que destinan casi 25.000 dólares anuales por estudiante. Estas cifras subrayan la necesidad de revisar y replantear las políticas de inversión en educación en el país.

Desafíos

Juan Pablo Díaz, docente de la Escuela de Educación e Innovación del Politécnico Grancolombiano, hace alusión a 5 desafíos en materia de educación en el país.

Señala el experto que se deben actualizar las prácticas pedagógicas y educativas en todos los niveles de la educación colombiana, donde conviven una amalgama de prácticas de varios siglos atrás que están desconectadas de los seres humanos en la actualidad.

Igualmente, reconocer que existe una población que se educa y que esta permeada por las dinámicas de los territorios tan particulares del país. Esto es una invitación a no adaptar (ni adoptar) modelos foráneos que no funcionan en estos contextos.

Además, Cuestionar el alcance de las Tecnologías de la información y la Comunicación en el proceso de formación de preescolar, básica y media. Algunos países del norte de Europa que fueron pioneros en la introducción de estas tecnologías digitales en la educación las están abandonando, pues los resultados en esa generación de estudiantes no fueron muy buenos.

Así mismo, Cualificar al personal docente de las instituciones educativas de todos los niveles. Este proceso debe tener las más altas calidades en el saber pedagógico y en el saber disciplinar. Los maestros son los encargados de la reproducción social, garantizan una sociedad de calidad y una ciudadanía ética.

Finalmente menciona la necesidad de reformar las leyes que han regido el sistema educativo desde la década de 1990, para que estas estén en congruencia con las dinámicas del mundo actual.

Destacado

Garantizar la educación no es solo un desafío en Colombia, también en el mundo, ya que a nivel global hay 250 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin acceso a la educación y 763 millones de adultos que luchan contra el analfabetismo.

Es un derecho

El artículo 67 de la constitución política de Colombia señala que: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) menciona que: “Toda persona tiene derecho a recibir una educación de calidad y a oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible. La educación es una de las herramientas más potentes para sacar de la pobreza a los niños y adultos marginados, así como un catalizador para garantizar otros derechos humanos fundamentales”.

Pie de foto: La pandemia del Covid generó un atraso en los procesos educativos y dejo en evidencia las graves falencias de los sistemas educativos en países como Colombia.

Una mirada a la educación en su Día Mundial

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Colombia: Ministra de Educación inspeccionó obras de infraestructura educativa en Quibdó y Carmen de Atrato

En el marco de la declaratoria de la situación de desastre en el departamento de Chocó, el Gobierno del Cambio continúa acompañando a las familias, organizaciones e instituciones que se han visto afectadas.

Quibdó (Chocó), 19 de enero de 2024 – La ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara Figueroa, visitó hoy el departamento del Chocó, supervisando los avances en las obras de infraestructura educativa que el Gobierno Nacional adelanta para impulsar el desarrollo de las comunidades en los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato.

La Ministra inspeccionó la obra de la Institución Educativa Tobías Queragama, ubicada en el kilómetro 18 de la vía Quibdó-Medellín, constatando el avance del proyecto que transformará el panorama educativo de la zona.

Allí se construyen 16 aulas, una biblioteca, un laboratorio integrado, comedor, cocina y áreas administrativas, abarcando 1340 m² para aproximadamente 200 estudiantes. En el desarrollo de esta iniciativa la comunidad ha venido compartiendo su visión sobre el diseño del proyecto educativo.

Por otro lado, la jefe de la cartera de Educación, también recorrió la Institución Educativa Agropecuaria Cristo Rey de Tutunendo. Desde este lugar la Ministra Vergara Figueroa resaltó la importancia de la formación integral.

«Observamos la sinergia entre la educación artística, ambiental, la formación en historia y el poder de la lectura a través de la inspiradora iniciativa de la Champa Literaria», indicó la Ministra desde este municipio.

Otra de las obras inspeccionadas fue la Institución Educativa Isaac Rodríguez Martínez, sede El Reposo, en donde se evidencia el progreso que está experimentando este barrio que enfrenta desafíos socioeconómicos significativos.

Ministra de Educación inspeccionó obras de infraestructura educativa en Quibdó y Carmen de Atrato

La construcción de la I.E Isaac Rodríguez Martínez, sede El Reposo, cuenta con 40 aulas nuevas, mejoradas y especializadas, junto con áreas esenciales como comedor y cocina, que beneficiarán a cerca de 900 estudiantes, en su mayoría afectados por la violencia.

En medio del duelo y la constante alerta por el impacto del Fenómeno del Niño, las escuelas de Quibdó y Carmen de Atrato siguen adelante con el calendario escolar.

«En estos momentos difíciles, permanecemos unidos por el Chocó, trabajando incansablemente para construir un futuro más esperanzador y resiliente para todas las comunidades afectadas», concluyó la Ministra.

 

Fuente de la Información: https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/419377:Ministra-de-Educacion-inspecciono-obras-de-infraestructura-educativa-en-Quibdo-y-Carmen-de-Atrato

 

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La Escuela pública: entre las pruebas PISA y la inercia de la tradición

Es en este contexto que resulta relevante escuchar la opinión de un maestro de aula, ya que son habitualmente los tecnócratas de escritorio y la prensa de derecha quienes, con frecuencia, tienen la última palabra y dictan el veredicto en temas educativos. Su influencia prevalece en la opinión pública, con la clara intención histórica de que el Estado ceda el futuro del «negocio» educativo a manos de la empresa privada y a esos conglomerados económicos que ven en el sector educativo una fuente de negocios altamente rentable. Su objetivo es imponer un currículo educativo a medida de sus intereses.

Desde su concepción, las pruebas PISA contienen una contradicción intrínseca. Comparar los resultados en ciencias, matemáticas y lectura entre países con condiciones tan diversas en lo social, económico, político, cultural y científico-tecnológico es absurdo. Es evidente que países como Colombia permanecerán constantemente en la mitad inferior de la tabla. Esto se agrava por la ausencia de una política educativa seria en el país. Los avances en este ámbito han sido principalmente el resultado de la lucha social y el esfuerzo sindical de los maestros, enfrentándose a gobiernos reaccionarios.

El país se encuentra inmerso en una economía marcada por una confrontación bélica persistente, alimentando una maquinaria militar que devora millones del presupuesto. Esta situación ha llevado a un aumento constante de la deuda externa, que para junio de 2023 alcanza los US$187.529 millones, equivalente al 56,1% del Producto Interno Bruto (PIB) (BanRepública, 2023).

Además, varios investigadores han intentado cuantificar el costo del conflicto armado en Colombia durante más de 50 años. Las estimaciones sobre el costo del conflicto varían notablemente. Por ejemplo, una investigación de la firma Raddar y la Corporación Bienestar sugiere que el conflicto ha costado al país U$2724 billones desde 1964, debido al aumento del gasto militar, la destrucción de infraestructura, la pérdida de oportunidades y la asignación ineficiente de recursos.

El gobierno de Ivan Duque es ejemplificante, en plena pandemia de COVID 19, con una sociedad golpeada y una economía en crisis en donde se necesitaba mitigar el hambre, sustentar a quienes perdieron el empleo y sus negocios, financiar la educación pública en modo virtual, el gobierno uribista se preparó para una verdadera guerra contra su población invirtiendo más de U$ 10.18 millones en defensa y armas.

“además de la decisión de comprar 24 aviones militares, en los últimos meses el Gobierno ha invertido, de acuerdo con información del Secop, $ 9.500 millones de pesos para comprar municiones para el Esmad (81.000 gases lacrimógenos y 13.000 balas) y se compraron 23 camionetas para protección presidencial por $ 9.600 millones de pesos, 18 tanquetas por $ 12.000 millones de pesos y 3 camionetas para esquema de comandantes del Ejército por $ 812 millones”.

Tomado de El Tiempo 26/04/2021.

Y aun no quedando satisfechos embolataron $ 70 mil millones (Transparencia por Colombia, 2023) destinados a la conectividad de las escuelas más apartadas del país, hecho delictivo por el cual Karen Abudinen titular del Min. de tecnologías de ese entonces, no da razón mas allá de un libro con el cual busca limpiar su nombre, mientras las escuelas rurales de Colombia, sus maestros y sus estudiantes aún siguen en el abandono.

Teniendo este contexto inicial sobran los argumentos para discutir que los resultados de los estudiantes colombianos no son ajenos a una realidad nacional en donde la guerra, la corrupción, el abandono y la marginalidad de la escuela pública son el común denominador e influyen directamente en el contexto de aprendizaje. Esto no es Singapur, no es Finlandia, es Colombia y es allí precisamente en donde cobra relevancia el análisis desde el aula y no desde un escritorio o desde el micrófono de un periodista prepago del establecimiento.

El caso Bogotano

El análisis no puede dejar de lado la situación educativa de Bogotá y su comparativa con otros territorios del país, resulta evidente que, si bien existe una crisis generalizada, la capital colombiana enfrenta desafíos menos agudos que otras zonas. El gobierno distrital, liderado por la alcaldesa Claudia López y su secretaria de educación Edna Bonilla busca construir la narrativa de que sus políticas han mitigado los impactos negativos en la ciudad en comparación con el resto del país. Sin embargo, esta perspectiva pasa por alto la influencia significativa del sindicato de maestros ADE, cuya presión constante ha contribuido considerablemente a las condiciones educativas en la ciudad.

Es importante reconocer que diversos factores se entrelazan para favorecer a Bogotá en términos educativos. El centralismo histórico se refleja en la oferta y acceso a formación posgradual universitaria para los docentes, que en Bogotá con respecto al resto del país es muy superior, así como en aspectos como la oferta cultural, el acceso a redes de internet, bibliotecas, centros culturales y la disponibilidad de recursos tecnológicos en los hogares. El nivel de alfabetización de la población y la formación de los padres también juegan un papel crucial en estos resultados.

El informe de la Secretaría de Educación de Bogotá omite estos factores, atribuyendo los logros únicamente a la consolidación de estrategias de aprendizaje, especialmente aquellas centradas en la formación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Sin embargo, carece de autocrítica en relación con la política de privatización permanente, que ha llevado al desfinanciamiento de la escuela pública, la sobrecarga laboral y la persecución contra el magisterio.

Es esencial destacar el papel fundamental de los maestros y maestras que, a pesar de la escasez de recursos, han contribuido significativamente al proceso educativo en Bogotá. Pero obviamente estamos ante una Secretaría que está enfocada en profundizar el proceso de privatización, manifestado en programas como el BI (bachillerato internacional) y otros convenios con las cajas de compensación en detrimento de la pedagogía y de los derechos laborales de los docentes capitalinos.

Violencia, exclusión social y escuela

El análisis se ve enriquecido al considerar las condiciones sociales en las cuales se desarrollan los procesos escolares y que además son el resultado de diversas formas endémicas de violencia presentes en nuestro país. Esto se ve agravado por el modelo económico de explotación y saqueo que ha perpetuado la pobreza y el abandono estatal a lo largo de generaciones de colombianos.

En circunstancias normales, los niños y niñas deberían asistir a la escuela para aprender, socializar y construir conocimientos guiados por sus maestros y maestras. Sin embargo, en la mayoría de las escuelas públicas y muchos colegios privados, esta realidad dista de ser la ideal. Los educadores se ven obligados a dedicar gran parte de su tiempo en el aula a abordar problemas de convivencia escolar, derivados de diversas causas.

Entre estas causas se encuentran las violencias familiares durante la crianza, que se manifiestan en comportamientos violentos de muchos niños y niñas hacia sus compañeros. También influyen las violencias presentes en los entornos barriales, donde muchos jóvenes crecen sin la supervisión de sus padres, cuyas obligaciones laborales los mantienen ocupados todo el día. La calle y sus amigos se convierten en sus referentes, en una sociedad descompuesta y enferma, donde el microtráfico, las bandas delincuenciales y otras problemáticas son lamentablemente comunes.

Además, se suma la violencia producto del conflicto armado, que afecta a familias enteras que han sido desplazadas, diezmadas, ultrajadas y moralmente destrozadas. En este contexto, los niños, niñas y jóvenes son los más afectados, enfrentando traumas y desafíos que obstaculizan su desarrollo integral.

Por otro lado, la violencia mediática también desempeña un papel crucial. La matriz mediática ha girado en torno a la violencia social, el amarillismo y la difusión de contenidos violentos y sexuales en busca de audiencia. Esto contribuye a la formación de una sociedad desensibilizada y normaliza comportamientos perjudiciales, especialmente entre los jóvenes.

  • Para respaldar estos planteamientos, es relevante destacar algunas estadísticas alarmantes. Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Salud, el porcentaje de casos de violencia intrafamiliar ha aumentado en un 20% en los últimos cinco años. Asimismo, informes de organizaciones no gubernamentales revelan que el desplazamiento forzado ha afectado a más de un millón de personas en la última década, con un impacto particularmente devastador en la niñez.

Una generación marcada por Influencers y la promesa del dinero fácil

En el trasfondo de esta narrativa se vislumbra un panorama sombrío marcado por las condiciones de pobreza que afectan a la población en general. Esta realidad, sumada a la falta de oportunidades, crea un terreno propicio para que el desinterés, la apatía y la falta de perspectiva académica se apoderen de los estudiantes. Estos jóvenes se ven constantemente bombardeados por la cultura del inmediatismo y las promesas de riqueza fácil y éxito repentino, hábilmente difundidas por los gurús de los medios a través de redes sociales y otros canales de comunicación.

En este contexto, es evidente que una parte significativa de la juventud contemporánea no percibe la escuela con buenos ojos. Más bien, se erigen como «emprendedores» modelados por una sociedad que les insinúa la posibilidad de enriquecerse de la noche a la mañana. Se les presenta la imagen seductora de convertirse en influencers, youtubers, cantantes o incursionar en plataformas como OnlyFans y TikTok. Es la generación del “Yo me llamo», que surge sobre los cimientos de una sociedad donde la «cultura traqueta» ha vendido la ilusión de que adoptar roles como traquetos, prepagos o modelos webcam constituye un pasaporte directo hacia la fama y la fortuna.

Es importante respaldar estas reflexiones con datos concretos que ilustren la magnitud de esta problemática. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), más del 40% de la población colombiana vive en condiciones de pobreza, lo que refuerza la conexión entre la falta de recursos y oportunidades y el desinterés académico.

Asimismo, un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que el desempleo juvenil en Colombia alcanza cifras preocupantes, ubicándose en un 21%. Estas estadísticas respaldan la percepción de la juventud sobre la escasa viabilidad de encontrar oportunidades de desarrollo a través de la educación tradicional.

Esta actitud desafiante hacia la educación también se ve alimentada por el atractivo virtual de la fama y la riqueza. Datos de estudios psicosociales indican que el 60% de los jóvenes colombianos consideran que las redes sociales son una vía legítima para alcanzar el éxito, confirmando así la influencia de estas plataformas en la percepción de la realidad de la juventud. Incluso según datos recientes de octubre de 2023, Colombia es el cuarto país de Latinoamérica con el mayor número de influencers y el segundo país en inversión de publicidad digital solo por debajo de Brasil.

Desocupación post secundaria

La perspectiva tanto laboral como académica entre los estudiantes graduados no constituye un estímulo que despierte el interés de los jóvenes. Según revela la Universidad del Rosario, apenas el 40% de los egresados de bachillerato logra acceder a la educación superior, sin hacer distinción entre colegios públicos y privados. Esta realidad se explica, en parte, por el elevado costo de las carreras universitarias, la carencia de orientación vocacional, la necesidad de aceptar empleos ocasionalmente mal remunerados para contribuir al sustento familiar, y otros factores correlacionados.

Las cifras proporcionadas por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana arrojan luz sobre la magnitud de este desafío. El análisis de la tasa de transición inmediata de estudiantes provenientes de instituciones educativas públicas y privadas hacia la educación superior revela que cerca de 2 millones de colombianos, con edades comprendidas entre los 17 y 21 años, se encuentran excluidos de esta cobertura vital.

Estas estadísticas subrayan la urgencia de abordar las barreras que obstaculizan el acceso a la educación superior en Colombia. El elevado porcentaje de jóvenes excluidos de este proceso demuestra que la falta de oportunidades educativas no se limita a la disparidad entre colegios públicos y privados, sino que se extiende a un problema sistémico que afecta a una parte significativa de la juventud colombiana.

El panorama se torna aún más desafiante al considerar que la falta de orientación vocacional y la necesidad imperante de contribuir al ingreso familiar inciden directamente en las decisiones educativas de los jóvenes. Resulta imperativo, por tanto, implementar medidas que no solo faciliten el acceso económico a la educación superior, sino que también ofrezcan orientación y apoyo a los estudiantes en la toma de decisiones cruciales para su futuro académico y profesional.

El escenario escolar. Entre la represión y la inoperancia

Al abordar los elementos anteriores podríamos argumentar que “estudiar” no representa un camino “atractivo” para muchos jóvenes colombianos, eso explicaría en parte el desinterés frente al proceso académico pero el análisis no puede quedarse sin un elemento estructural, el papel de los educadores y de las instituciones educativas.

Desafortunadamente y hay que ser muy autocríticos y responsables, el común denominador del funcionamiento en las instituciones educativas distritales es que muy pocas cosas funcionan bien, la gestión de calidad solo ha servido para que muchos directivos docentes hayan abandonado su papel como lideres y dinamizadores de la pedagogía y actúen mas como jefes de personal de una fábrica.

El marco reglamentario de la educación colombiana viene girando mas hacia el funcionamiento vertical y empresarial de la escuela, delimitando y controlando horarios, porcentajes de aprobación, informes estadísticos, racionalización de recursos,  manuales de procesos y procedimientos draconianos, entrenamiento  para contestar pruebas, todo un armatoste burocrático y tecnicista que  haciendo honor a la verdad no redunda en mejores resultados académicos y un mejor funcionamiento de la institución educativa.

Hay que puntualizar que todo ese andamiaje en muchos casos es utilizado por algunos directivos docentes, para reprimir y perseguir al maestro de aula cual, si fuera obrero raso que debe entregar producción al final del día, creando climas institucionales invivibles en donde las demandas, las amenazas, la falta de trabajo en equipo, las extralimitaciones de funciones, los malos manejos alimentan la apatía laboral y el que muchos docentes terminen haciendo lo mínimo.

Claro que existen escuelas e instituciones que tienen otras prácticas de gestión pero algo que es recurrente en la gran mayoría es la ausencia de diálogo pedagógico y constructivo, aquí la experiencia de más de dos décadas en educación me anima a argumentar que si bien hay muchos maestros con posgrados, muy bien preparados, estos títulos terminan en muchas ocasiones solo de utilidad para subir en el “escalafón” y elevar los ingresos, a causa de la ausencia de espacios institucionales para trabajar en equipo con otros maestros en propuestas pedagógicas que influyan definitivamente en la transformación de prácticas pedagógicas.

A pesar de los loables esfuerzos realizados por muchos educadores en términos de capacitación y formación, la maquinaria escolar persiste en funcionar de manera anacrónica, manteniendo intactas sus estructuras desde décadas atrás. Los currículos se despliegan en áreas de enseñanza que, dependiendo de la institución educativa, oscilan entre 13 y 15 o más, sin establecer conexiones coherentes entre sí ni con el mundo real.

En este escenario, cada docente, imbuido de responsabilidad, defiende sus métodos y enfoques al final del año ante la comisión de evaluación y promoción. Este proceso, más allá de ser un espacio para reflexiones pedagógicas, se convierte en un terreno donde se elaboran balances, se extraen estadísticas, se otorgan notas y se posicionan subjetividades y simpatías. En este peculiar teatro educativo, se suscitan auténticos «milagros».

Es común que estudiantes que han acumulado reprobaciones en seis o más materias a lo largo del año, misteriosamente vean reducida esta cifra a una o dos, generalmente relegadas a asignaturas como religión, ética o educación física. Estas últimas se someten a una suerte de «recuperación» mediante pruebas, culminando con la aprobación del año escolar.

Este enfoque carece por completo de pedagogía, trabajo en equipo o diálogo efectivo entre los maestros. Además, se observa una ausencia palpable de compromiso serio por parte de las familias de los estudiantes. En lugar de centrarse en estrategias educativas efectivas, el sistema se aferra a la rigidez de las estadísticas como única medida de éxito.

Lo peculiar de todo esto es que las recetas utilizadas administración tras administración es la misma, olvidando todo el contexto presentado anteriormente, ni los mismos docentes nos salvamos, nos aferramos a la tradición, cuantas veces en las instituciones educativas he escuchado que unos compañeros casi que le gritan a otros: ¡profe aquí siempre lo hemos hecho así! o algunos en tono conciliador intentando convencer y dando cátedra de experiencia : “no se desgaste compa, ¿para qué?, nadie se lo va a agradecer, cuide su salud”, “cumpla el horario y lleve el seguimiento de los estudiantes, ahí está el secreto”, y otras tantas que hacen parte de la jerga o currículo oculto de las instituciones educativas, así terminan muchos maestros y maestras trabajando casi en la clandestinidad, haciendo su proyecto en solitario, soportando la crítica y a veces recibiendo el apoyo en intentos individuales de transformar la escuela.

Mientras tanto el mundo cambia aceleradamente, las nuevas tecnologías, la virtualidad, las inteligencias artificiales transforman el mundo que conocemos, si sufrimos con Wikipedia y el “copy page” de los estudiantes en sus tareas, con los resúmenes de libros en portales como “el rincón del vago”, no me quiero imaginar con el uso del ChatGPT para iniciar por algo.

El sindicato de maestros, de espaldas a la pedagogía

En medio de este complejo panorama, es imprescindible abordar el papel desempeñado por las organizaciones sindicales de los docentes colombianos. Desafortunadamente, gran parte de la responsabilidad de la debacle educativa se les endosa, perpetuando una narrativa que ha sido hábilmente construida por sectores adversos a la educación pública. Estos actores, ansiosos de la privatización del sistema educativo, han empleado desde hace décadas argumentos reduccionistas y falaces. Han posicionado la idea de que FECODE, la principal federación sindical de educadores, «administra» los colegios públicos y utiliza las aulas para «adoctrinar» a los estudiantes.

Este relato, amplificado por diversos medios informativos del país, ha contribuido a estigmatizar al maestro o maestra de la escuela pública como un individuo «vago», «perezoso» y, en los casos más extremos, un «guerrillero» camuflado al servicio de la extrema izquierda. Las consecuencias de esta construcción mediática han sido nefastas para la imagen del magisterio colombiano, que ha terminado siendo perseguido, violentado, arrinconado y discriminado.

Los datos sobre persecución sindical son evidentes. Informes e investigaciones emitidas por FECODE documentan cómo maestros y maestras son víctimas del conflicto armado colombiano. Este patrón de violencia culmina en el reconocimiento del movimiento sindical y del magisterio como sujetos de reparación colectiva, subrayando la necesidad de comprender que el análisis de los resultados académicos de los estudiantes colombianos está intrínsecamente ligado a la realidad de la escuela y las condiciones laborales de los docentes.

Este ciclo de violencia y degradación contra los maestros se intensifica, manifestándose en formas más sutiles, pero igualmente perjudiciales, entre ellas esas que se dan entre algunos de los funcionarios administrativos de ministerios y secretarías contra los docentes; se observan desprecios por la profesión docente en los incentivos, los reconocimientos y el trato displicente en las mesas de negociación sindical. Incluso los padres de familia, amparados por normativas laxas, muestran una creciente violencia e intolerancia hacia los docentes, exigiendo más a los educadores que al propio Estado.

Estas problemáticas, unidas a la centralización de la agenda sindical en cuestiones como salario, derechos laborales, escalafón y financiación, junto con una actitud reactiva derivada de la embestida neoliberal, que impone una posición constante de resistencia, han limitado la propuesta pedagógica del magisterio. Este enfoque se traduce en iniciativas aisladas que no logran impulsar la revitalización del movimiento pedagógico ni, mucho menos, la construcción de una propuesta educativa integral para el país.

Para algunos sectores del sindicalismo magisterial, esta realidad resulta difícil de aceptar. Están tan inmersos en sus luchas por el micropoder y las influencias que pasan por alto el hecho evidente de que, en este momento crucial, el movimiento sindical del magisterio no solo debe velar por la defensa de la escuela pública y del derecho a la educación, sino que también tiene la responsabilidad de ser un actor protagónico en la transformación del sistema educativo.

Es imperativo trascender las limitaciones inherentes a la resistencia constante y explorar nuevas dimensiones donde el sindicato de maestros no solo abogue por las condiciones laborales, sino que también promueva una visión pedagógica crítica y emancipadora. En este sentido, resulta esencial la formulación y defensa de propuestas educativas innovadoras que respondan a los desafíos actuales y contribuyan a la construcción de un modelo educativo acorde con las necesidades de la sociedad contemporánea.

La participación activa del sindicato magisterial en la transformación de la escuela no solo sería una respuesta a las problemáticas actuales, sino que también consolidaría su papel como agente de cambio en la construcción de un sistema educativo más inclusivo, dinámico y adaptado a los desafíos del siglo XXI.

Es lamentable observar cómo ciertos sectores arraigados en los sindicatos regionales y, en particular, en FECODE, aprovechan su posición para impulsar la agenda de sus partidos y movimientos políticos. Este accionar, sin embargo, viene acompañado de un costo significativo: sacrificar las reivindicaciones pedagógicas del magisterio, que trascienden con creces la simple cantidad de estudiantes por aula.

El debate sobre el tamaño de las clases, si bien relevante para abordar el hacinamiento, no aborda de manera sustancial las prácticas pedagógicas dentro del aula. Puede haber maestros con 40 o 25 estudiantes, pero si se continúa limitando a cumplir el currículo neoliberal, que esencialmente forma futura mano de obra barata, la situación no experimentará mejoras significativas. La escuela pública clama por una transformación total. ¿Dónde quedó la discusión sobre estilos y ritmos de aprendizaje? ¿Y la reflexión sobre los campos de pensamiento? ¿Dónde se encuentra el diálogo sobre la evaluación escolar? ¿Persistiremos en eludir la posibilidad de evaluarnos pedagógicamente como maestros? ¿Dónde está la conversación sobre la educación rural y la inclusiva?

Resulta desconcertante mantener la afirmación de que las nuevas tecnologías son intrusas en las aulas. ¿Continuarán los directivos docentes desempeñando el papel de gendarmes de la administración, creyendo erróneamente que los dispositivos de control y la falta de democracia escolar son la senda hacia la excelencia académica? ¿Persistirán algunos sectores del magisterio en oponerse a la transformación, incluso adoptando actitudes irresponsables a nivel laboral, respaldándose en una interpretación sesgada de la libertad de cátedra?

Lo más preocupante no es solo que las pruebas PISA, con todas sus contradicciones, evidencien un estado de crisis educativa. Lo verdaderamente inquietante radica en la dificultad de muchos actores del proceso para asumir su grado de responsabilidad, limitándose a culparse mutuamente durante décadas. Mientras tanto, la niñez y la juventud se ven privadas de la oportunidad de prepararse para un futuro global incierto, donde el Estado policial global extiende dispositivos de control, exclusión y manipulación social.

Estos facilitan que la derecha y los nuevos fascismos del siglo XXI lleven al poder a figuras que convencen a la sociedad de que la existencia de derechos humanos es la causa de la crisis multidimensional. Por ende, propugnan por su extirpación, eliminación y, asombrosamente, son tratados como salvadores.

Referencias

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Colombia: «Trabajadores están pidiendo aumento del 20% en el salario mínimo”: ministra del Trabajo

De acuerdo con la funcionaria, el Gobierno buscará una mejoría en el poder adquisitivo de los empleados para reactivar la economía.

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“Trabajadores están pidiendo aumento del 20% en el salario mínimo”: ministra del Trabajo

De acuerdo con la funcionaria, el Gobierno buscará una mejoría en el poder adquisitivo de los empleados para reactivar la economía

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, espera que el salario mínimo para el 2024 tenga un aumento de dos dígitos – crédito Colprensa

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, espera que el salario mínimo para el 2024 tenga un aumento de dos dígitos – crédito Colprensa

La discusión formal por el aumento del salario mínimo para el 2024 ya empezó. El 28 de noviembre se instaló la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) y después se conocieron datos fundamentales para establecer el alza.

Por ejemplo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer que el desempleo cerró en 9,2% en noviembre y que el índice de productividad fue de -1% para este año. Solo falta conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación al 30 de noviembre, dato que dará a conocer dicha entidad antes de finalizar la semana de 8 de diciembre.

Aunque todavía no se conocen las cifras oficiales que propondrán Gobierno, empresarios y trabajadores, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dio a conocer que espera que el aumento sea de dos dígitos, aunque no tan alto como lo sucedido para el 2023, que fue de 16%.

Ramírez dijo a El Tiempo que “podría ser. Si no hay capacidad de consumo, no se reactiva la economía”.

Además, dejó claro que no será tan alto como para este año, ya que “las condiciones de la economía no nos dan para que haya un 16 o un 18%”.

De igual forma, se refirió a las recomendaciones hechas por los industriales y empresarios de que sea de un solo dígito. Según ella, esto es un proceso y se tiene que mirar.

“Yo pienso que es muy respetable y que la llevaremos a la mesa. Así como los trabajadores nos están pidiendo el 18% o el 20%. Son temas que hay que trabajar y la mesa tiene que buscar un acuerdo, que sería el mejor mensaje para el país”, indicó.

Dijo al medio que la posición clara del Gobierno a los trabajadores es que hay que mantenerles su capacidad adquisitiva.

Frente a esto, insistió en que “la única manera de reactivar una economía que está en receso es aumentando el poder de compra de los consumidores”.

En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $1.160.00, tras el aumento de 16% para el 2023. Dicha remuneración la reciben 2,2 millones de trabajadores en Colombia – crédito Carlos Ruiz

Además, que Indudablemente no hay otra opción. Según ella, es necesario “mantener el valor adquisitivo a los salarios, aumentando las inversiones, en este caso el sector público, que tiene que apoyar con mucha más fuerza y con medidas contracíclicas”.

 

Aumento moderado del salario mínimo

Tras conocerse que el índice de productividad fue de -1%, desde varios sectores del empresariado del país pidieron por un aumento moderado del salario mínimo para 2024, ya que así se facilitará mantener y crear nuevo empleo formal que garantice ingresos a las familias colombianas y permitirá la viabilidad empresarial que ya enfrenta altos costos en los insumos y una caída en el consumo. Todo esto, en un escenario de inflación alta que seguirá golpeando a los hogares colombianos.

 

La Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) hizo un llamado al Gobierno, empresarios y trabajadores a que en el proceso de concertación del salario mínimo para 2024 se tengan en cuenta las principales variables económicas del país que presentan retrocesos y que requieren de un trabajo coordinado tripartito para superarlos y evitar un deterioro mayor en el crecimiento del país.

 

“El aumento del salario mínimo, por norma constitucional, no puede estar por debajo del dato de inflación. Por eso, dijo, dentro de las variables a analizar en este proceso, y teniendo en cuenta que se tiene un IPC sobre niveles del 10%, lo más sensato sería un aumento mesurado teniendo en cuenta estos factores”, recordó la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.

La líder gremial anotó que no se puede desconocer que hay múltiples factores que están indexados a esta alza, como son el costo del transporte; los arriendos; servicios públicos, entre otros.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia y de Aliadas, espera que el aumento del salario mínimo para el 2024 sea moderado – crédito AmCham Colombia

“Esto significa que lo que aumente el salario, aumentarán los mencionados, generando una mayor presión al bolsillo y no un incentivo o incremento real en el poder adquisitivo de los colombianos”, aseguró Lacouture.

Sobre el índice de productividad, aseguró que hay un largo camino por recorrer, ya que los resultados demuestran que es urgente la inversión y sofisticación de los procesos corporativos y, por eso, el incremento del salario mínimo debe garantizar que las empresas puedan seguir generando empleo formal y dándoles viabilidad para su funcionamiento.

Fuente: https://www.infobae.com/colombia/2023/12/03/trabajadores-estan-pidiendo-aumento-del-20-en-el-salario-minimo-ministra-del-trabajo/

 

 

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Colombia: Sindicato de maestros convocó a paro el 29 y 30 de noviembre: estas son las razones

Sintrenal también le hizo un llamado al Congreso sobre el trámite de las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro: “Que se tramiten y aprueben sin mayor dilación”.

El Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Educación (Sintrenal) convocó, para el 29 y 30 de noviembre, a dos jornadas de paro nacional para exigirle al Ministerio de Educación “el pago inmediato de las deudas laborales” a celadores, servicios generales, auxiliares administrativos, técnicos y profesionales que laboran en las Instituciones Educativas Públicas y Secretarías de Educación departamentales, municipales y distritales, que el sindicato ha reclamado desde 2010.

 

“En los acuerdos laborales de carácter nacional firmados en anteriores gobiernos y con el actual, está contemplado el pago de estas deudas, las cuales cuentan con el aval jurídico del Consejo de Estado, pese a lo anterior, no hay ningún avance significativo en esta materia”, se lee en un comunicado de Sintrenal, en el que se advierte que el origen de la deuda es la la Homologación y Nivelación Salarial del personal administrativo del sector

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La decisión de ir a paro se tomó en la Asamblea Nacional del sindicato, celebrada entre el 15 y 18 de noviembre, con la asistencia de más de 120 delegados de las 32 subdirectivas del sindicato. Allí, según se lee en el comunicado, “analizó los importantes avances del Gobierno del presidente Petro y las dificultades que ha enfrentado en el Congreso de la República para el trámite de las reformas sociales”, que el sindicato solicitó al Congreso “se tramiten y se aprueben sin mayor dilación”.

 

Desde Sintrenal reconocieron que este llamado a paro “afectaría la atención al público y los procesos de matrículas, grados y clausuras en las Instituciones Educativas Públicas y Secretarias de Educación de todo el país”. La convocatoria al paro se extendió a docentes, directivos docentes, secretarios de Educación, alcaldes y gobernadores.

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Desde el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación (Sintrenal) anunciaron que irán a paro el 29 y 30 de noviembre – crédito @GERPASO13/X

Gobierno nacional estaría incumpliendo acuerdos con Fecode

Este llamado a paro que hizo Sintrenal se suma a las advertencias que el 14 de noviembre hizo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para que el Gobierno cumpla los acuerdos previamente establecidos con los maestros, luego de que fueron notificados de que para el Gobierno nacional “no es posible cumplir los acuerdos trascendentales para el magisterio; increíble que en el penúltimo mes de la vigencia fiscal, aún no se tenga una salida para el reconocimiento y el pago del 0,4% por concepto de ajuste y nivelación salarial”, que hacía parte de los acuerdos pactados entre Fecode y el Gobierno el 5 de julio de 2023.

 

Luego de esta carta, el ministro Bonilla se reunió con los representantes de Fecode, que en un video publicado en YouTube, dieron cuenta de los resultados de ese encuentro:

 

“Desde el 14 de noviembre, iniciamos un proceso de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos pactados entre Fecode y el Gobierno nacional. Evacuamos los 50 puntos, pero iniciamos una profunda reclamación con relación a los decretos que tienen que ver con 0,4%, sobre nivelación salarial, pero también el curso de los 8.000 docentes del (decreto) 1278 (de 2022)”

También señalaron que le exigieron al Gobierno nacional “que cumpla estos aspectos importantes” y que “tocaron puntos que tienen que ver con la parte fiscal. Lo hemos expresado con relación a la Comisión del Sistema General de Participaciones. Hablamos con el ministro de Hacienda para mirar y enrumbar toda esta política fiscal. Lo del estatuto docente, lo que tiene que ver con la relación técnica estudiante-maestro-aula. Todos esos aspectos que tienen que ver con la parte fiscal, los tocamos con gran profundidad”.

 

Y señalaron que esperan que los 50 puntos abordados con el ministro de Hacienda se conviertan en “políticas públicas educativas en bien de la educación y de los derechos del magisterio”.

Fuente: https://www.infobae.com/colombia/2023/11/22/sindicato-de-maestros-convoco-a-paro-el-29-y-30-de-noviembre-estas-son-las-razones/?outputType=amp-type#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17008694896909&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

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Colombia: La reforma a la educación y el acuerdo nacional

Por: Julián de Zubiría Samper

Algo muy grave viene pasando con las facultades de educación en el país. Desde 2012, las licenciaturas ocupan sistemáticamente el último lugar en Saber Pro, el examen que evalúa a los egresados de todas las carreras. ¿Estamos condenados a tener una educación de baja calidad?

Las pruebas Saber Pro evalúan el nivel de consolidación de las competencias transversales y disciplinares de los egresados de las diversas universidades en el país. Son pruebas consistentes elaboradas a partir del concepto de competencia y tienen la gran ventaja de incluir una sección genérica, lo que permite la comparación entre carreras. Además, como están diseñadas bajo el mismo marco teórico con el que se evalúa la educación básica y media, podríamos determinar el valor agregado en cada uno de los ciclos del desarrollo educativo. Sin dudarlo, Colombia tiene el mejor sistema de evaluación de la educación en América Latina, el problema es que no se utiliza para monitorear la política pública ni para jalonar el desarrollo integral de los estudiantes en las instituciones educativas, los municipios y las regiones. Tenemos el mejor sistema, pero sirve para muy poco.

Es importante destacar que en educación los resultados de 2021 son inferiores a los de 2016 en el promedio global y en todas las competencias, con una sola excepción: inglés. De resto, en lectura, escritura, competencias ciudadanas y razonamiento numérico, son peores los resultados de 2021. También lo son en las tres competencias disciplinarias: formar, evaluar y enseñar. Venimos marchando como el cangrejo y, contrario a lo que han dicho los últimos gobernantes, cada vez estamos alcanzando menores niveles de calidad educativa en el país.

Tan solo el 2,5 % de los egresados de las facultades de educación tiene un buen nivel de lectura crítica y el 80 % tiene bajos niveles de comprensión lectora. Esto quiere decir que la gran mayoría de los futuros docentes tiene serias debilidades para encontrar ideas principales, inferir proposiciones en textos y armar macroestructuras a partir de ellas. Es todavía mayor la dificultad para relacionar la obra con el contexto social y cultural en el que se escribió. Así mismo, casi ninguno de ellos puede leer un texto desde múltiples perspectivas, distanciarse de lo escrito y emitir un juicio de valor a partir de allí. Si solamente el 2,5 % de los futuros docentes puede hacer lecturas críticas, es bastante comprensible que en las pruebas PISA (2018) menos del 1 % de los estudiantes de grado noveno alcance este nivel de lectura. Dicho coloquialmente: “nadie da de lo que no tiene”.

El Informe McKinsey (2007) demostró que “si dos alumnos promedio de 8 años fueran asignados a distintos docentes –uno con alto desempeño y el otro con bajo desempeño–, sus resultados diferirían en más de 50 puntos porcentuales en un lapso de tres años”. De allí que quien quiera mejorar la calidad de la educación, debe poner el foco en la selección, evaluación y formación de docentes.

El problema en Colombia es que desde 2016 los futuros docentes pelean el último lugar en lectura crítica con los egresados de recreación y deportes. La pelea es pareja y se rotan el último lugar entre las dos profesiones. Para comprender el problema debemos también tener presente que quienes eligen la profesión docente tienen uno de los menores puntajes de ingreso según las pruebas Saber 11 y que el gobierno invierte menos en educación que en otras carreras.

Lo anterior quiere decir que la sociedad colombiana le ha encargado la enseñanza de la lectura a los profesionales que tienen el menor nivel de consolidación de las competencias comunicativas.

¿Qué tan bien piensan matemáticamente?

Los resultados son todavía más bajos en razonamiento cuantitativo. Es así como en 2021 la mitad de los futuros docentes del país se queda en el nivel 1 y al nivel 4 llega menos del 1 %.

Lo más grave de todo es que sin excepción, en todos los años entre 2016 y 2021, ocuparon el último lugar entre los profesionales del país. Incluso están bastante atrás de lo obtenido en carreras como enfermería, recreación y deportes. Si ellos son quienes enseñan matemáticas en los colegios, también es fácil comprender por qué, según la prueba PISA (2018), el 66 % de los estudiantes prácticamente no han entendido nada de la matemática que han estudiado hasta el grado noveno.

¿Cómo están en competencias ciudadanas?

El ICFES introdujo las competencias ciudadanas con el fin de aportar a la convivencia, la participación democrática, la pluralidad y la valoración de las diferencias humanas. Como puede verse, sería un área clave para formar a cualquier docente como mediador en la resolución de conflictos y para que favoreciera la participación ciudadana, la empatía y la resiliencia. Hay que aplaudir el esfuerzo, pero obviamente es un área muy compleja de evaluar. No hay duda de que actualmente hay un sesgo cognitivo, pues es claro que en la evaluación se privilegia el conocimiento, la comprensión y la aplicación de la Constitución Nacional en diversos contextos. Desde 2016, en la mayoría de los años los estudiantes de educación obtienen los peores puntajes entre todos los egresados del sistema universitario.

Como pude verse, el panorama de las facultades de educación no podría ser peor. ¿Y qué hicieron los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque? Absolutamente nada. ¿Y qué está haciendo el actual gobierno? Hasta el momento, está comenzando a discutir el tema.

El Centro Democrático insistentemente ha dicho que el problema de la bajísima calidad de la educación en Colombia es responsabilidad de FECODE. Lo repite semanalmente. Esa es una afirmación bastante cínica porque es obvio que FECODE no decide la formación de los docentes, los programas de maestrías, los lineamientos curriculares, el liderazgo pedagógico, la estructura de las instituciones, la educación inicial o la inversión de los recursos. Hoy solo analizamos una de estas variables: la formación de los docentes. Pero debe quedar muy claro que la principal responsabilidad es de los gobiernos anteriores y de los ministerios de Educación, que han sido totalmente incapaces de analizar el problema y de encontrar estrategias que nos ayuden a superarlo. En términos coloquiales: “los pájaros le están tirando a las escopetas”.

Hace diez años la Fundación Compartir hizo una muy completa propuesta para mejorar los criterios de selección, formación y evaluación de docentes. La analicé en diversas columnas para la Revista Semana de la época. No hemos avanzado en sus propuestas. Los gobiernos anteriores están en deuda con la calidad de la educación, la equidad, la movilidad social y el desarrollo nacional. ¡Mal hacen culpando a otros de los males que ellos causaron! Todos sabemos que vamos muy mal. Lo que tal vez pocos sabían es que el futuro de la educación es peor que lo que hemos vivido.

La propuesta es que la reforma a la educación sea la que sirva para unir al país. Ese papel no lo cumplirá la Ley Estatutaria porque el país no necesita nuevas leyes que digan lo que otras ya han dicho. La reforma a la salud tampoco lo cumplió. Por el contrario, explotó en mil pedazos la pertinente coalición con la que inició el gobierno Petro. La propuesta es discutir una reforma que invite al país a pensar las preguntas fundamentales de la educación: ¿qué tipo de individuo y qué tipo de sociedad queremos formar?

Creo que esta reforma debe empezar por transformar las caducas y anquilosadas facultades de educación. En 1994 logramos un gran acuerdo nacional en torno a la Ley General de Educación. Allí participaron FECODE, el Congreso, los partidos políticos, los académicos, la sociedad civil y el Ministerio de Educación, entre otros. La invitación es a que lo renovemos. Señor presidente Gustavo Petro, esta reforma puede ser la base del acuerdo nacional. Al fin y al cabo, es con educación que mejoraremos la productividad, las competencias para pensar y comunicarnos, el trabajo en equipo, el tejido social, la democracia y la formación de futuros ciudadanos. Pero no es posible con cualquier educación, sino con una que garantice, en profesores y estudiantes, el desarrollo de las competencias para comunicarnos, convivir y pensar. Señor presidente y señora ministra de Educación, ¿ustedes qué opinan?

* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria)

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/julian-de-zubiria-samper/la-reforma-a-la-educacion-y-el-acuerdo-nacional/

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El despertar de Fonseca: crónica del singular evento electoral del 29 de octubre

  1. Por: Jorge Forero Coronel

Centro de Investigación y Estudios Fronterizos

Fonseca es un municipio ubicado en el sur del departamento de La Guajira, en una depresión sedimentada a orillas del río Rancherías y bordeada por la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en zona fronteriza con Venezuela. Esta localidad adquirió una importancia especial en el contexto del Acuerdo de Paz de La Habana, ya que en su jurisdicción se instauró el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación “Amaury Rodríguez” para firmantes de paz, y posteriormente, fue definido como un municipio priorizado para la política de desarrollo rural inscrita en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Durante el último año este municipio ha sido escenario de una dinámica de efervescencia política singular, determinada por la construcción del movimiento “El Cambio para Avanzar en Fonseca”, el cual postuló para la alcaldía de ese municipio a Benedicto González Montenegro, un firmante del Acuerdo de Paz que ha liderado la constitución de una fuerza política forjada desde las entrañas del pueblo, y que ha originado vientos de esperanza que han recorrido la geografía de estos territorios y ha creado un cambio notable en la subjetividad de una parte significativa de este pueblo.

La campaña de Benedicto González y de su equipo de candidatos al Concejo Municipal, ha trastocado el panorama político de Fonseca, en la medida en que logró crear las condiciones para que la ciudadanía realice un ejercicio de deliberación democrática, sobre la base de la reflexión en torno a los problemas más sensibles para la población de este municipio, y primordialmente, respecto a las potencialidades de progreso rural y urbano, de igualdad y de paz con justicia social.

La campaña de El Cambio para Avanzar en Fonseca, se ha caracterizado por ser una campaña para la paz, con un programa de gobierno con sentido social. Es explícito que se trata de una campaña modesta, sin estridencias y sin el derroche de recursos que lamentablemente ha distinguido a la cultura política de esta región. Por el contrario, esta campaña se ha dirigido hacia el despertar de la conciencia, y se ha deslindado en la práctica de las formas tradicionales del quehacer político- electoral.

El panorama para el evento electoral del 29 de octubre era incierto, ya que en el ambiente se respiraba la presencia de tres fuerzas políticas. Por el despliegue de propaganda, de casas de campaña, de aparatos de sonido y de vehículos de alta gama, resultaba evidente para cualquier transeúnte la presencia de las candidaturas de Enrique Fonseca (apoyado de manera abierta por la administración actual del municipio); de Micher Pérez, un dirigente tradicional con amplia trayectoria y experiencia en contiendas electorales y espacios de representación política (ex concejal y ex diputado a la asamblea departamental). Mientras que, en otra vertiente, se destacaba en el Radio Bemba del pueblo de Fonseca la candidatura de Benedicto González, como la opción alternativa.

En cualquier panadería o esquina de Fonseca las conversaciones de la gente coincidían en afirmar que estas elecciones estaban peleadas, y que cualquiera de los tres candidatos podría ganar. El balance de la gente era sencillo: Enrique Fonseca tiene el dinero y el caudal de recursos de la alcaldía; Micher Pérez es un viejo zorro de la política y tiene una fuerza acumulada; y Benedicto González se perfilaba como una opción emergente y alternativa, sobre la base de la efervescencia popular de esperanza que había despertado en la conciencia del pueblo fonsequero.

El domingo 29 de octubre desde muy temprano hubo una alta presencia de la ciudadanía en los puestos de votación urbanos y rurales de Fonseca. Todo indicaba que se trataría de una fiesta electoral, en la cual el pueblo iba a decidir sus representantes territoriales para los próximos cuatro años. Para un observador ajeno, resultó verdaderamente admirable el espíritu de civismo de esta población.

Sin embargo, también desde muy temprano se registraron incidentes e irregularidades en torno al proceso electoral. En el interior de los Puestos de Votación, se produjeron actividades de intimidación al elector, y se ejecutaron atropellos en contra de testigos de la campaña de Benedicto González, quienes fueron víctimas de acciones de avasallamiento por parte de algunos de los designados como autoridades electorales, que derivaron en su desalojo arbitrario e ilegal del recinto electoral, con lo cual se vulneraron derechos y se imponía por la vía de facto una situación de vulnerabilidad para el proceso electoral.

De igual manera, en las adyacencias de los Puestos de Votación se registraron múltiples hechos turbios, que además de producir tensiones, generaron una atmósfera de desconfianza y de descontento en la población. El corolario de incidentes y hechos ilícitos registrados en diálogos con ciudadanos (de campañas diversas) en las calles de Fonseca se puede resumir en:

– Caravanas de buses inter- urbanos que ingresaron al municipio con personas provenientes de otras localidades, e incluso del departamento del Cesar;

– Grupos de compradores de votos en determinadas casas y en acción itinerante a través de camionetas de alta gama.

– Acciones de constreñimiento explícito al elector que se identificaba con la campaña de Benedicto González, mediante amenazas y actos de intimidación por parte de funcionarios de la Alcaldía.

El conjunto de elementos reseñados se tornó más grave ante la complicidad – y en el mejor de los casos, la pusilanimidad- de las autoridades. La Policía Nacional de Colombia divulgó unos canales telefónicos para recopilar denunciar irregularidades, primordialmente la de compras de votos, pero en la mayoría de los casos registrados no respondieron las llamadas o mensajes y en los casos que atendían las denuncias, llegaban tarde y su acción resultó impotente o indolente, incluso en casos donde era evidente la práctica corrupta de compra de votos.

La desconfianza creció en horas de la tarde, ya que después de mediodía se acentuaron y se hicieron más evidentes las acciones de compra de votos. Vehículos de alta gama ingresaban a las comunidades para sacar a los votantes de sus casas. Todo esto ocurría ante la mirada atónita de la ciudadanía, y la actitud complaciente de las autoridades.

A eso de las dos de la tarde, en las redes sociales se difundían noticias sobre incidentes en los Puestos de Votación: a algunos votantes les entregaron tarjetones marcados, y en otros casos, funcionarios públicos de la administración municipal se apoderaron de mesas de votación y proscribieron de manera absoluta la presencia de testigos de las otras candidaturas.

Estos hechos fueron el detonante para que la indignación ciudadana ante tan grotescos hechos, se convirtiera en una asonada espontánea, sin dirección y sin objetivos precisados. En el colegio Calixto Maestre decenas de personas irrumpieron en el recinto, y aparentemente hubo la destrucción de material electoral. En el Puesto de votación del Corregimiento de Conejo, ingresaron decenas de personas y dañaron el material electoral. En el colegio María Inmaculada se produjeron incidentes de violencia en el exterior, los cuales redundaron en miedo e incertidumbre, y de acuerdo con la versión de testigos electorales de diversas campañas, esta situación fue aprovechada para la trasgresión de la cadena de custodia del material electoral. En el Hatico hubo conatos de violencia entre los propios miembros de los Puestos de votación (jurados y testigos electorales).

El escalamiento de incidentes desbordó el normal desenvolvimiento del proceso electoral. Durante un recorrido por los puestos de votación, se registraron testimonios de material electoral destruido en dos puestos de votación, trasgresión de las cadenas de custodia del material electoral, expulsión forzosa de testigos electorales y de jurados que se negaron a convalidar procesos de escrutinio que ni cumplían con la norma (posteriormente fueron llamados para que firmaran las actas de escrutinio).

El proceso de preconteo de votos y su divulgación en la página oficial de Registraduría Nacional, no generaron expectativas, alegrías o tristezas en el municipio de Fonseca. En las calles y en las casas de este municipio no se hablaba de los resultados electorales, la noticia que recorrió las calles y los caminos, así como las redes sociales de Fonseca fue el despertar de un pueblo que no iba a permitir un fraude descarado.

Al día siguiente, las tertulias programadas y espontáneas destacaron la irreverencia de la gente, la osadía de expresar su indignación para la contención de una operación sistemática de fraude, hubo un consenso generalizado en que las acciones de la campaña patrocinada por la administración municipal fueron grotescas.

En un ejercicio de indagación de opiniones y percepciones, la gente no resaltaba únicamente a la movilización para defender los votos, o para mitigar las irregularidades, sino que además se mencionaba que la situación no se desbordó aún más, porque la gente no tenía la intención de ejercer la violencia dirigida hacia parcialidades políticas en particular, de dañar la planta física de los colegios, y mucho menos de encender en una oleada de disturbios a la ciudad de Fonseca, o los corregimientos.

El 29 no hubo celebraciones, y pese a las tensiones, no se registraron confrontaciones entre simpatizantes de las campañas, y por el contrario, en redes sociales circularon exhortaciones a la calma y la cordura por parte de Benedicto González y Micher Pérez.

El lunes 30 no hubo más boletines oficiales de escrutinio. No hay certezas de ningún tipo sobre lo que va a suceder. La vida de los fonsequeros transcurrió con normalidad; en apariencia no había sucedido nada extraordinario. Pero por debajo de la superficie, más allá de las apariencias, en las conversaciones de la gente se comentaba con indignación la práctica de compra de votos, se refería que la campaña de la administración había perdido miles de millones de pesos porque las elecciones deben anularse.

Pero, además, se habla en todas partes de la apertura de una puerta de esperanza para el futuro, más allá de los resultados electorales, independientemente del rumbo que tomen las cosas, lo más sobresaliente entonces es que se ha tejido un movimiento de esencia popular y de sentido social. El lunes el fenómeno implicaba un cambio cualitativo, de manera insistente las personas señalaban de manera contundente que el pueblo de Fonseca ha despertado para escribir su propia historia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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