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Colombia: Tras una reunión con la ministra de Educación, representantes de los gremios educativos apoyarán la reforma

Luego de una reunión privada con rectores y representantes de las Instituciones de Educación Superior del país, la jefa de cartera, Aurora Vergara Figueroa, confirmó que cuenta con el apoyo de las agremiaciones para la reforma a la Ley 30 que planea el Gobierno

El ministerio de Educación recibió luz verde de las agremiaciones para la reforma a la educación. El 14 de julio la ministra Aurora Vergara Figueroa tuvo una concertación con los representantes de cuatro agremiaciones educativas del país, que representan a las 217 instituciones de educación superior privadas.

En la reunión estuvieron presentes integrantes de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún); la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet); la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Programas a Distancia (Acesad) y la Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe Colombiano (Asiesca), con las que se acordaron los ajustes que se le harán al proyecto del Gobierno.

Finalizada la reunión privada con los representantes de las instituciones de educación superior privadas, la ministra indicó que Aciet, Ascún, Acesad y Asiesca ratificaron su compromiso con una transformación de fondo que permita pensar la educación superior como un derecho fundamental de los colombianos y no como un servicio.

“Con el liderazgo de Ascún y las demás asociaciones en educación superior, convocamos a las instituciones estatales y no estatales a realizar una propuesta que entregamos el día de hoy a la Ministra de Educación y que coadyuvará en la construcción de la reforma a la Ley 30Acompañaremos este proceso de transformación para hacer de la educación el motor de desarrollo social, económico y cultural del país”, declaró José Consuegra, presidente de Ascún.

La reforma busca modificar la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la Educación Superior. El objetivo de la administración de Gustavo Petro es aumentar los mecanismos de financiamiento de las instituciones de educación superior, aumentar la cobertura en las capitales y zonas periféricas del país.

Entre los cambios planeados para el sistema de educación en Colombia está la gratuidad para los estudiantes de escasos recursos, dignificar el trabajo de los profesores, fortalecer y transformar la infraestructura educativa de las principales universidades de Colombia.

La ministra de Educación Aurora Vergara se pronunció sobre la reforma a la educación que se planea desde su cartera. Fuente: Ministerio PúblicoLa ministra de Educación Aurora Vergara se pronunció sobre la reforma a la educación que se planea desde su cartera. Fuente: Ministerio Público

“Desde el Ministerio hemos abierto y liderado diferentes espacios para escuchar, conocer y recibir los comentarios, observaciones, sugerencias y propuestas que nos han permitido hacer un ejercicio robusto de construcción colectiva. En suma, se han adelantado diálogos permanentes por la educación superior regionales, acompañamiento a Asambleas Populares Estudiantiles y encuentros con todos los actores de la vida universitaria”, sentenció la ministra de Educación.

Finalmente, la jefa de la cartera de Estado indicó que el documento final de la reforma que presentará será el resultado de diálogo a nivel nacional con los diversos actores del sector educativo, movimientos estudiantiles, profesorales, el Sistema Universitario Estatal (SUE), la Red de Instituciones Técnicas Profesionales, tecnológicas y universitarias públicas (REDTTU), sindicatos, agremiaciones del sistema mixto, rectores y rectoras de las Instituciones de Educación Superior estatales y privadas.

“Las diversas voces y aportes serán tenidos en cuenta porque buscamos consolidar una Ley de Educación Superior que ofrezca las mejores oportunidades para todas y todos los colombianos”, subrayó Aurora Vergara Figueroa.

Propuesta de pago contingente

En el encuentro también estuvieron delegados del Icetex, que hablaron de un pago contingente como una opción para que las personas que deseen continuar con su formación académica tengan un mecanismo de acceso a la educación superior en Colombia.

Según dijo Mauricio Toro, presidente de Icetex, en el Plan Nacional de Desarrollo se contempla ese mecanismo como una ayuda ofrecida al estudiante para que tenga la posibilidad de pagar su matrícula, de acuerdo con sus condiciones económicas, reduciendo la carga de la deuda.

Al respecto, Hugo Valencia, presidente de Aciet, aseveró: “Es muy valioso este modelo para brindar condiciones de acceso y favorecer los índices de cobertura. Vamos a seguir apoyando este sueño del Icetex, pues estamos seguros de que el beneficio no es para las universidades sino para los estudiantes”.

https://www.infobae.com/colombia/2023/07/15/tras-una-reunion-con-la-ministra-de-educacion-representantes-de-los-gremios-educativos-apoyaran-la-reforma/

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“Por los enfrentamientos hay 100 niños desescolarizados, hay hambre”: el angustiante llamado del alcalde de Segovia al Gobierno Colombiano

El ELN y el Clan del Golfo tienen acorraladas a 300 personas en una zona rural.

El alcalde de Segovia, Didier Alexander Osorio, pidió con urgencia la ayuda del Gobierno nacional. En zona rural de ese municipio, en un lugar conocido como Rancho Quemado, hay 300 personas confinadas, escondidas, por el accionar violento e intimidatorio de los grupos armados.

“Solicitamos urgentemente al Ministerio de Defensa, del Interior, y especialmente la Alta Consejería para la Paz, la intervención cuanto antes que permita el retorno seguro de estas comunidades”, dijo el mandatario.

Y es que el drama no es menor. Hay 100 niños que no han podido volver a la escuela por esta situación. No menos grave es que, según relató el alcalde, ya hay hambre entre la población, pues las personas no pueden salir a hacer sus jornales ni comprar alimentos.

Por eso, el alcalde reiteró que la ayuda del Gobierno Nacional es apremiante. Aunque el Ejército hace presencia en la zona, no ha sido suficiente para calmar la zozobra de los habitantes de la región. Los desplazados son de las veredas Arenales, Jagua, El Aguacate; Monte Frío y San José del Pesca. Por ahora, a los afectados los están atendiendo la alcaldía y la Unidad de Víctimas, que han entregado seis toneladas de alimentos, 200 colchonetas y 300 kits de aseo.

Esta situación de zozobra comenzó hace dos semanas, cuando el ELN y el Clan del Golfo se enfrascaron en enfrentamientos por el control del territorio. Según versiones oficiales, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocidas como Clan del Golfo, estaban controlando el ingreso a la vereda Cañaveral y se registraron hostilidades armadas ante la llegada de integrantes de la guerrilla del ELN, siendo esta, al parecer, la razón por la que comenzaron los enfrentamientos.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, ha dicho en varias ocasiones que toda la fuerza del Estado caerá sobre los grupos que tienen acorralada a la población civil. Sin embargo, hasta la fecha no hay una solución efectiva y el alcalde, en su desespero, hace un llamado al Gobierno nacional.

La situación es apremiante, toda vez que las familias afectadas van a cumplir tres semanas sin poder llevar su vida con normalidad. En varias ocasiones se ha cuestionado la intención de paz del ELN, que está en una mesa de diálogo con el gobierno y hace poco firmó un cese al fuego, y el Clan de Golfo, que también está dentro de las conversaciones de la paz total.

Por ahora, en el campo antioqueño no se respira la paz.

Fuente: https://www.elcolombiano.com/antioquia/combates-entre-el-clan-del-golfo-y-el-eln-mantienen-personas-HJ21938807

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Colombia: Educación y salud son los sectores que tendrán más adición en el presupuesto de 2023.

carolina salazar sierrPo
Por: Carolina Salazar Sierra 

Con el monto adicional de $16,9 billones, el Presupuesto de 2023 quedaría en $422,5 billones para este año. Se empezará a discutir hoy

Se radicó la ponencia para el primer debate de la adición presupuestal, con un monto de $16,9 billones más para 2023, lo que dejaría un presupuesto total de $422,5 billones. Los sectores con más recursos adicionales serían educación y salud.

Su fuente de financiación es el recaudo derivado de Ley 2277 de 2022 (la reforma tributaria) y las partidas, según el documento, se destinarán a la reactivación económica, en programas de gasto para ejecutar en el segundo semestre del año.

“Para esto fue la reforma tributaria del presidente, Gustavo Petro, para aumentar el presupuesto a la salud, agricultura, medio ambiente y educación”, indicó Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Los recursos de la adición se distribuirán en $9,1 billones en inversión, $7,3 billones en funcionamiento y $500.000 millones en servicio de la deuda.

Con esto, entonces, y de ser aprobado en el Congreso, en 2023 la inversión sumaría $83,3 billones, 19,5% más que el presupuesto de 2022. Mientras tanto, los gastos de funcionamiento totalizarían $260,7 billones, de los que $78,4 billones irían al pago de la deuda.

El sector con un mayor monto de adición sería educación, con $2,2 billones adicionales, de los que $1,15 billones son recursos de funcionamiento; y $1,05 billones para inversión. De este último monto, $550.000 millones están orientados a financiar el plan de espacios educativos como centro de la vida comunitaria, y para la construcción, adecuación, adquisición y/o dotación de 16 sedes de Instituciones de Educación Superior Públicas. Así, el sector queda con $57 billones para este año.

Sigue salud, con $2,03 billones adicionales, recursos que irán al “aseguramiento en salud por el impacto de las variables macroeconómicas en la prestación de servicios; dineros que son transferidos a la Adres”. Y el top tres lo completa hacienda, con $1,8 billones más para la vigencia de 2023, cerrando en $50,5 billones.

“Esta es una semana clave para las comisiones económicas conjuntas. Desde hoy iniciará la discusión del proyecto de ley de adición presupuestal para 2023”.

También está vivienda, con $1,5 billones, para atender proyectos relacionados con los programas “Cambia mi casa”, vivienda rural y “Mi casa ya”. También se destinan recursos para asumir faltantes en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Hoy se hará la presentación del Marco Fiscal de Mediano plazo, documento en el que el Ministerio de Hacienda actualiza las cuentas del Gobierno. Sin embargo, en el proyecto de adición presupuestal se anticiparon algunas de las previsiones.

Por un lado, la cartera estima que en este año la economía crecerá 1,8%, mientras que la inflación anual bajará a 9,2% y el precio del petróleo se reducirá a un promedio anual de US$78,6 por barril.

La producción petrolera subiría levemente a 769 KBD y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos bajaría de 6,2% del PIB en 2022 a 4,0% del PIB en 2023.

Ya desde la publicación del Plan Financiero se proyectaba que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central cerrará en 4,3% del PIB en 2023, 1% del PIB menos que el dato de 2022, cuando era de de 5,3%.

“En el nuevo escenario, la reducción del déficit fiscal frente a 2022 obedecería al incremento de los ingresos tributarios (3,6% del PIB) y de capital (0,7%), que compensaría las mayores presiones de gasto primario (2,7%), asociadas con la puesta en marcha de programas de gasto dirigidos a contener la desaceleración económica y avanzar por una senda de desarrollo inclusivo y sostenible”, dice en el documento.

https://www.larepublica.co/economia/educacion-y-salud-son-los-sectores-que-tendran-mas-adicion-en-el-presupuesto-de-2023-3636380

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Colombia: Mujeres afro que a través de la educación transforman sus territorios; estas son sus historias de valentía

Cuatro mujeres lograron lo que parecía imposible: cursar con éxito una maestría en gerencia y práctica del desarrollo junto a otros profesionales de 24 municipios del litoral Pacífico. Ellas esperan regresar a sus comunidades para compartir sus nuevos conocimientos.
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Colombia: Los proyectos que buscarán reformar parcialmente la Ley 30 de educación de 1992

Daniella P. Rodríguez

Hoy, se espera que se inicie el primer debate con la ponencia positiva radicada que reúne a dos proyectos más de la Comisión VI

Se abre la agenda para la educación en la administración de Gustavo Petro. El jueves de la semana pasada se llevó a la presentación de la ponencia positiva para el debate de la Ley 30 de 1992, la iniciativa legislativa que reúne dos proyectos más en la Comisión VI de la Cámara de Representantes y que es liderada por el representante Jaime Raúl Salamanca.

Los proyectos que se adelantan en Cámara corresponden a la Bancada Comunes, al articulado 054 y de la Coalición Centro Esperanza, 082. Entre tanto, los tres proyectos coinciden en la reforma de los artículos 86 y 87, que describen la financiación de la educación pública y la gestión en la distribución desde el Presupuesto General de la Nación a las Universidades.

Hoy, se espera que se inicie el primer debate con la ponencia positiva radicada. El presidente de la Comisión, que también es el coordinador ponente, presentó el documento que cuenta con 10 artículos y que busca reformar principalmente los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que ya tiene 10 años desde su radicación, y, además, ofrece una perspectiva desde un enfoque diferencial de género desde los planteles educativos.

«Esta iniciativa se suma a otras iniciativas con las cuales queremos responder a las demandas históricas del Movimiento Universitario, como el Proyecto de Democracia Universitaria que esta listo para su segundo debate, y Gratuidad Total que esperamos sea aprobado en su último debate en la Plenaria del Senado», explica Salamanca.

¿Qué propone la reforma?

Uno de los ejes centrales de la reforma es que articula e integra a todo el sistema de educación superior público como un conjunto, es decir, a las Universidades y a las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias (Ittu) públicas, reconociendo su diversa condición jurídica de creación, sus diversas condiciones, oferta, esquemas de financiación, cobertura, rol de las entidades territoriales etc.

Esto, a razón de que el esquema actual de transferencias establecido en la Ley 30 de 1992 recoge únicamente a los entes universitarios autónomos.

Otro punto clave es que la modificación del artículo 86 de la ley 30 propone principalmente que los aportes asignados a las universidades públicas, de orden nacional y territorial, se calcularán sobre la base del presupuesto asignado por el mismo concepto a cada universidad en el año inmediatamente anterior, y ajustándose como mínimo cada año por el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), de las Universidades públicas, calculado por el Dane.

Esto significa que se postula abandonar el mecanismo de aumento de la base presupuestal, como mínimo según el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como viene sucediendo. Esto, justificado por el argumento de que se considera que el Ices refleja con mucha más fidelidad las variaciones reales de los costos en que incurren las universidades para la prestación del servicio educativo.

En todo caso, el parágrafo 1 indica que, cuando el Ices sea menor que el IPC, se tomará el IPC como referencia para calcular los incrementos.

Se modifica, además, el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, señalando que el Gobierno Nacional incrementará anualmente sus aportes para las universidades nacionales, departamentales y municipales, en un porcentaje no inferior al 50% del incremento real del PIB, recursos que no harán parte de la base presupuestal de las Universidades públicas.

Y por último, el artículo 9 adiciona un artículo a la Ley 30 de 1992, indicando la obligatoriedad de formular e implementar un Protocolo de Prevención y Atención a Casos de Violencias Basadas en Género y Discriminación en todas las Instituciones de Educación Superior. Del mismo modo, la creación de un fondo con destinación específica a la implementación de estrategias relacionadas a las políticas de prevención y atención a dichos casos.

Según el ponente Salamanca, el próximo nueve de junio se espera que se radique el proyecto de Ley.

¿Por qué se propone la reforma?

El artículo 86 de la Ley 30 de 1992 establece un crecimiento de las transferencias inercial en pesos constantes (crecimiento por IPC). Según Salamanca, esto dice que el incremento de los recursos no responde a la dinámica de los costos de prestación del servicio ni al crecimiento o mejoramiento de las universidades y del sector.

Por otro lado, la forma como está concebido el esquema de financiación de la Ley 30 de 1992, no permite que todas las IES públicas puedan acceder a recursos ordinarios del PGN.

https://www.larepublica.co/economia/los-proyectos-que-buscaran-reformar-parcialmente-la-ley-30-de-educacion-de-1992-3620610

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Colombia: ¡En problemas nuevamente!: denuncian presunta irregularidad en la Secretaría de Educación de Cali

América del Sur/Colombia/19-05-2023/Autoría: Paula Restrepo/Fuente: www.publimetro.co

Los recursos eran para un programa de lengua extranjera pero al parecer fueron utilizados en otras cosas.

 

Presuntas irregularidades continúan opacando a la Secretaría de Educación de Cali, esta vez, desde el Concejo de la ciudad descubrieron que al parecer se destinó una millonaria suma de dinero en algo que no estaba presupuestado.

La Secretaría de Educación es la encargada de manejar los programas como el PAE (Programa de Alimentación Escolar), el cual ha tenido cuestionamientos desde hace meses por presuntas irregularidades en la calidad y entrega de los alimentos.

En esta ocasión, realizaron la denuncia relacionada con un programa de lengua extranjera que está planteada en el Plan de Desarrollo, pero que presuntamente no se ha cumplido como se debería y los dineros están siendo usados en otras cosas.

Según el concejal Terry Hurtado, el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, indicó que el pasado ocho de mayo ante el cabildo que no había ejecutado dineros de los cerca de $20.690 millones de pesos que estaban destinados a la meta del Plan de DesarrolloFortalecimiento en competencias comunicativas en lengua extranjera inglés.

“Verificamos que sí utilizó $ 1.615.352.000 para contratar profesionales que no tenían capacitación ni formación profesional para atender la enseñanza de lengua extranjera. Por el contrario, en su gran mayoría eran psicólogos y personal con capacidades para atender temas de apoyo psicosocial”.

De acuerdo con el concejal, al menos 100 psicólogos que la Secretaría de Educación de Cali contrató con el presupuesto, cuando en realidad debería haber contratado a maestros de inglés.

Cuando se revisó el Secop ll, la plataforma de contratación estatal, se encontró que en los objetivos de contratos de los profesionales de psicología empleados se encontraba “acompañar y hacer seguimientos a las actividades de generación de espacios motivacionales con las estudiantes de cada una de las sedes educativas asignadas, acerca de la importancia de las lenguas extranjeras como aporte a sus proyectos de vida”.

Incluso, el concejal indicó que esto ya estaba siendo denunciado por el personal de diferentes instituciones, quienes manifestaron que se les estaba exigiendo labores distintas a su profesión de psicólogos para que se concentraran en sensibilizaciones. “Este hecho es preocupante porque el 17 de mayo se debatirá el Proyecto de Acuerdo 209 de 2023, con el que se busca ampliar la población beneficiaria de proyectos de bilingüismo en la ciudad, para que estudiantes que no pertenecen a instituciones públicas de la ciudad puedan acceder a él”.

Hasta el momento la Secretaría de Educación de Cali no se han pronunciado frente a esta denuncia.

Fuente e Imagen: https://www.publimetro.co/cali/2023/05/17/en-problemas-nuevamente-denuncian-presunta-irregularidad-en-la-secretaria-de-educacion-de-cali/

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Colombia: La educación la gran ausente de las reformas del gobierno del cambio

Por: César Enrique Sánchez Jaramillo

La educación colombiana, pese a sus precarios resultados y a su panorama de crisis generalizada, ha sido la gran ausente del paquete de reformas en las que el gobierno nacional ha apalancado el discurso y la ruta de acción para un cambio estructural que responda a las demandas de la sociedad y a los retos que plantean nuestros volátiles, inciertos, complejos y ambiguos tiempos.

Aprobado el Plan Nacional de Desarrollo y conocidos los lineamientos gruesos de la política educativa, el plan indicativo y la gestión legislativa para lograr transformar el sistema de salud, el panorama laboral y el régimen de pensiones, se concluye que para el sector educativo no se presenta una estrategia equivalente pese a que diferentes actores del sector educativo y la sociedad la vienen demandando.

Colombia lleva tres planes decenales de educación y dos misiones de sabios. Los primeros invariablemente han venido planteando el desafío de articular el sistema educativo y replantear el modelo educativo para que sea pertinente a las condiciones actuales de nuestro país y de nuestro planeta.

Los más connotados pedagogos hablan de la urgente necesidad de cambiar el currículo y las academias de ciencias hablan de una “reforma integral del sistema educativo colombiano que responda a las necesidades de formación de los estudiantes del siglo XXI” (Forero, 2023).

El Foro de Ciencia y Educación por el Desarrollo y la Paz presentó una declaración con similares demandas y un decálogo en un evento sobre la transformación de la educación la ciencia y la innovación realizado en el Congreso de la República el 24 de abril con diversos actores de la academia, de la política y del gobierno.

Y, más recientemente, representantes del Movimiento Pedagógico, del Movimiento Social por la Educación, de las Expediciones Pedagógicas y de otros sectores de la Educación se reunieron en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional el 4 de mayo con el viceministro de educación inicial básica y media, dos miembros de su equipo asesor y dos del despacho de la ministra y plantearon la constitución de una Mesa por la Reforma Educativa Integral.

Entre las apuestas del gobierno se encuentra crear 500.000 nuevos cupos para educación superior y constituir nuevas instituciones y avanzar en la gratuidad de este nivel educativo y consagrarla como un derecho humano.

Estas propuestas, referidas a un solo nivel del sistema educativo, se podrían incluir en lo que expertos llaman reformas de disponibilidad y acceso dirigidas a la cobertura, que descartan o posponen decisiones de fondo como la mejora de la calidad.

La comunidad académica y otros sectores de la sociedad claman por una reforma de tipo estructural, con énfasis en la gobernanza, que implica una amplia participación para lograr un consenso en los cambios de la arquitectura institucional, los mecanismos de articulación del sistema, el modelo educativo, el currículo, la política de formación docente y la financiación para echarlo a andar.

En virtud de ello, la Mesa por la Reforma Educativa Integral propone al gobierno nacional recuperar la institucionalidad de instrumentos de política pública que favorecen la construcción participativa de políticas de largo plazo como son los planes decenales de educación, los foros educativos locales, regionales y nacional y las juntas educativas (nacional, departamentales, distritales y municipales) cuya función ha sido minimizada, tergiversada o invisibilizada en las recientes décadas.

Las actuales condiciones planetarias han presionado para cambiar el paradigma educativo dirigido a formar las llamadas habilidades del siglo XXI: iniciativas como el Proyecto Engauge de las grandes transnacionales tecnológicas Intel, Cisco y Microsoft, el Foro Económico Mundial, la Iniciativa Global de Innovación y Aprendizaje para el siglo XXI de la Universidad de Harvard y el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos, entre otras, proponen un conjunto de competencias que deben privilegiar los sistemas educativos.

Aunque algunas ponen el énfasis en preparar a las poblaciones para los aparatos económicos, es claro que la sociedad global demanda también formar ciudadanos activos en los ámbitos de la vida, la cultura y en la política.

Sistemas educativos que vuelvan a la multidimensionalidad humana que no es solo cognitiva sino emocional, cultural, natural y física y demandan estrategias de formación y de evaluación múltiples y flexibles.

Se cuenta con muchos ejemplos de naciones que han abordado reformas educativas para las competencias del siglo XXI como Singapur, China, Finlandia y en nuestra región, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y México. De todas se pueden aprender lecciones, ninguna transformación estructural es fácil y cualquiera genera resistencias, dificultades y retos, pero es una tarea inaplazable.

Nuestra reforma más reciente, de principios de los 90, abrió puertas para avanzar en el derecho a la educación, la autonomía institucional, la gestión de calidad pero también se generó una contrarreforma para limitar esos derechos y esa autonomía. Y, aunque el balance es favorable, mucho ha cambiado y hoy son otros los desafíos que reclaman una renovada legislación.

En el Plan de Desarrollo conciliado un representante del Pacto histórico incluyó el artículo 122 sobre la reforma integral de la Ley 30 de la educación superior, que prescribe que “El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) y el Sistema Universitario Estatal (SUE) adelantarán de manera participativa, con la ciudadanía, las organizaciones y actores de la educación superior, la reforma integral de la Ley 30 de 1992”.

Esta reforma integral debe extenderse a todo el sistema educativo. Estamos frente a una nueva era signada por la educación, en la cual, con los liderazgos del gobierno y de la ciudadanía se deben materializar en lo que manda nuestra Constitución Nacional de 1991: que la educación sea una responsabilidad de toda la sociedad y que sea pertinente para los territorios, las culturas y las etnias y relevante para nuestra niñez y nuestra juventud.

https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/la-educacion-la-gran-ausente-de-las-reformas-del-gobierno-del-cambio/

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