Por: Alexandra Armero
El regreso a clases de más de 9 millones de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media en Colombia es una oportunidad para plantear los retos que tienen los nuevos gobernadores y alcaldes que asumieron sus cargos en enero de 2024 para garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos los niños, niñas y jóvenes del país, a través de los planes de desarrollo que le van a proponer a las ciudadanías.
Entre los principales desafíos que enfrentan los nuevos mandatarios se encuentran la financiación, la reducción de las brechas de acceso y permanencia, así como la calidad educativa en las zonas urbanas, rurales y entre los grupos poblacionales más vulnerables.
La educación como factor esencial de desarrollo y construcción de sociedades más equitativas y prósperas sigue siendo el mayor reto que tiene el mundo. Las dificultades de acceso a la educación se manifiestan como una de las brechas que profundiza las desigualdades, que resta las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas y mantiene los círculos de pobreza y miseria.
La UNESCO señala que en la actualidad hay más de 250 millones de niños y jóvenes que están sin escolarizar y alrededor de 781 millones de adultos son analfabetos en el mundo. Del total de adultos analfabetos casi dos tercios son mujeres.
Las cifras no dejan de ser preocupantes para Colombia. Según datos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) con corte a diciembre de 2022, hay 11.063.196 personas entre 3 a 16 años en el país, de los cuales 9.076.127 están dentro del sistema educativo, mientras que a 1.987.069 de niños, niñas y adolescentes se les ha vulnerado su derecho a educarse.
Las brechas de acceso a la educación no han podido ser disminuidas en el país. Desde hace 3 décadas el Gobierno Nacional no aporta los recursos suficientes para financiar la educación de millones de niñas, niños y jóvenes, ni para financiar a la población de jóvenes y adultos que no lograron culminar la primaria o secundaria completa.
Aun cuando la cifra de inversión en educación para el 2022 fue de más de 87.7 billones de pesos, de los cuales cerca del 80% (43.18 billones de pesos) se dirigió a los niveles de educación preescolar, básica y media, este gasto está por debajo de lo que invierten otros países de la región como México, Chile y Brasil por estudiante (OCDE). Según el informe “Education at a glance 2023″, Colombia gasta 4.481 dólares anuales por estudiante equivalente a tiempo completo, muy por debajo del promedio de la OCDE de 12.647 dólares.
En un estudio de caracterización donde se identificaron las brechas principales en el sistema de educación preescolar, básica y media de Colombia que fue liderada por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, se calculó que el presupuesto de educación para estos niveles debería aumentar de $43.18 billones en 2022 a aproximadamente $95.75 billones si en realidad se desea atender la desfinanciación de la educación en el país.
El desafío de garantizar el acceso, el financiamiento y la calidad en el sistema educativo por parte de los entes territoriales toma especial importancia con la aprobación de los planes de desarrollo departamentales y municipales, pues estos planes deben incorporar las estrategias y acciones para los próximos 4 años que vayan en armonía con la calidad educativa, el acceso universal y el financiamiento adecuado.
El ciudadano de a pie puede participar no solamente en la construcción de los planes de desarrollo, sino también en la supervisión del presupuesto educativo, pues es fundamental implementar sistemas de responsabilidad y evaluación de desempeño para asegurar un uso eficiente de los fondos asignados a la educación.
A su vez, y no menos importante, resulta determinante que el Gobierno Nacional incremente el financiamiento en educación a través de una asignación justa de los recursos en todos los grados educativos, asegurando también los recursos apropiados para la educación universitaria. Solo así se podrá garantizar el derecho a una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y todas, que contribuya al bienestar y al progreso de la nación.
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