Colombia

Cucuta7Días/12 de mayo de 2016/Por Juan Diego Restrepo E.

La renovación del Consejo Superior Universitario se ha convertido en una disputa política rodeada de aparente corrupción en el proceso electoral. ¿Qué está en juego?

La Universidad de Pamplona, en Norte de Santander, es una de las más importantes de esa región y su oferta atrae a estudiantes de todo el país, quienes ven en este centro educativo una opción para iniciar su camino a la profesionalización. Sin embargo, entre telones, hay una agitada actividad política para nombrar nuevo rector, quien deberá regir los destinos de esta institución entre 2017 y 2020.

En ese proceso se debe renovar el Consejo Superior Universitario, razón por la cual hay que elegir nuevos representantes de egresados, docentes y estudiantes, pues los actuales ya acaban su periodo de dos años. Quien quiera ser rector sabe que allí hay tres votos claves para sus propósitos. Los otros sufragios vienen del representante de los exrectores, que nombrarán a su vocero en agosto próximo, así como de los delegados de la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación, el Gobernador de Norte de Santander, el sector productivo y de las autoridades académicas.

La escogencia de cada uno de los representantes de egresados, docentes y estudiantes se hace mediante un proceso electoral en el que se habilitan urnas, jura dos de votación, testigos electorales. Es un mecanismo que, en principio, es democrático, pero que, como toda elección de esas características, padece los males de la manipulación para beneficiar intereses particulares.

Muestra de ello fueron las elecciones realizadas el pasado 7 de mayo, cuando fueron convocados a las urnas cerca de 76 mil egresados en 20 ciudades del país para que eligieran su representante al Consejo Superior Universitario. No fue un proceso transparente, según denunciaron algunos sectores.

Evidencia de esas sombras de corrupción arrancan por la ausencia de un listado de votantes por mesa, lo que permitía que alguien podía votar en varias mesas sin ningún tipo de restricción; asimismo, no se dispuso de una base de datos depurada y actualizada, lo que a juicio de los denunciantes permitía la suplantación o doble votación. Quienes tuvieron la oportunidad de revisar el documento, observaron que había personas fallecidas y otras estaban doblemente registradas por aquello de que han cursado o más carreras.

Otra de las anomalías denunciadas está relacionada con la no utilización en esta jornada electoral de un software que permite sistematizar la base de datos, lo que habría facilitado que un egresado pudiera votar varias veces en diferentes ciudades; por ejemplo, en Cúcuta y Pamplona, en Bogotá y Cajicá o en Fundación y Santa Marta. Si bien hubo requerimientos con varias semanas de anticipación para que se habilitara ese sistema, no hubo respuesta alguna.

También se denunció que en algunas mesas de votación no hubo bases de datos disponibles, lo que impedía confirmar a los sufragantes. Un caso puntual fue el de Maicao, en Guajira, donde todo aquel que se presentara con cédula de ciudadanía o carné podía votar sin verificación previa. La anomalía fue registrada por el testigo electoral Carlos De Luque.

Otro de los fenómenos que observaron los denunciantes es que las bases de datos en las que estaban registrados los potenciales votantes no fueron subrayadas a la hora de sufragar, que es uno de los mecanismos más simples de control para evitar que una persona vote dos o más veces. Así lo dejaron registrado dos jurados electorales en una de las actas de escrutinio.

Las presuntas irregularidades denunciadas también pasaron por obstaculizar el ingreso de los testigos electorales a cumplir con sus funciones, entre ellas verificar la transparencia del proceso de votación y conteo de votos, pese a que estaban previamente autorizados por el Comité Electoral. Cintas de seguridad, miembros de la Fuerza Pública y presencia de funcionarios de la administración habrían impedido sus labores.

Este proceso electoral también estuvo enrarecido por los ataques a través de Internet contra una de las candidatas a la Rectoría y su círculo de colaboradores, sindicándolas de “guerrilleras” y “comunistas”, buscando con ello desprestigiar sus nombres y su propuesta. Para reforzar sus intimidaciones, se han creado perfiles falsos en redes sociales.

Bajo ese ambiente se deberán realizar hoy las elecciones del representante de los docentes y el próximo 27 las de representantes a estudiantes. Se presagia una intensa actividad para que estos procesos sean transparentes ante lo ocurrido con los egresados, que será impugnada por quienes se vieron afectados.

No es nuevo este ambiente opaco en la Universidad de Pamplona. El año pasado escribí sobre hechos de corrupción ligados a la venta de títulos profesionales, oferta irregular de ingresos al programa de Medicina, falsificación de pruebas de suficiencia en inglés, vulneración del sistema de notas de estudiantes, fraudes y venta de pruebas en concursos de jueces, procuraduría y directores de hospitales en el país.

Tales denuncias han sido presentadas ante diversas autoridades, locales, regionales y nacionales, entre ellas a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, sin que se conozcan, a la fecha, algún tipo de sanción contra los responsables de esos hechos.

La Universidad es un botín atractivo para los corruptos. Además de tener bajo su responsabilidad diversos concursos de méritos, que exigen un alto nivel de transparencia, es la principal universidad de la región, que dinamiza la economía de Pamplona, donde está la sede principal; cuenta con un presupuesto anual de más de 110 mil millones de pesos; tiene capacidad de contratación y vinculación de más de 700 docentes provisionales, 330 profesores de cátedra y por lo menos 500 profesionales por orden de servicios para laborar en diversos proyectos.

No es despreciable lo que está en juego. Por eso, quien llegue a la Rectoría de esta institución debe ser un funcionario con las mejores calidades humanas y profesionales para superar ese oscurantismo que desde hace varios años rodea la institución y le dé el verdadero valor a un centro educativo que es patrimonio de Norte de Santander. No debe admitirse a quien lastima y perjudica su buen nombre y lesiona los intereses de la comunidad académica.

Fuente: Tomado de: Revista Semana

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