La situación educativa de muchos jóvenes que se encuentran en estado vulnerable es preocupante, ya que las oportunidades para culminar y acceder a estudios o trabajos bien remunerados, son escasas.
La psicóloga, master en investigación e intervención psicosocial, Claudia Spinzi, junto con la licenciada en políticas sociales Andrea Wehrle explicaron a RDN la investigación que realizaron sobre la inclusión educativa de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El estudio reveló que un alto porcentaje de jóvenes están excluidos del sistema educativo y laboral en Paraguay y que si bien existen programas para incluir a esta población estas no cuentan con sistemas evaluativos que ayuden a seguir avanzando.
Casi 55,6 % entre 15 y 29 años no asiste actualmente a una institución educativa, si separamos por rangos, vemos que de 15 a 19 años es el 30,1% no asiste a una institución de enseñanza, lo que aumenta drásticamente si acrecentamos el rango de edad, de 20 a 24 años el porcentaje es de 67,5% y de 25 a 29 años de 85,2 %, según indican estudios recientes.
En cuanto a la encuesta permanente de hogar de 2015; de los jóvenes que abandonan la educación formal, el 66,4% manifiesta que lo hizo por motivos económicos, las mujeres abandonaron a causa de las responsabilidades del hogar, y cómo tercer motivo se encuentran razones relacionadas a la oferta educativa.
En relación a dicho escenario, las investigadoras decidieron analizar los programas de inclusión y las políticas que educativas si han dado o no resultados.
Según los resultados obtenidos, existen programas desde el gobierno pero no son los suficientes para abarcar a toda la población más necesitada, pero lo más resaltante es que no cuentan con evaluaciones de los “programas de inclusión”.
Así también se detectó que “algunos” jóvenes que acceden a dichos programas, si bien trataron de acudir a las instituciones educativas, desertaron de nuevo, a causa de varios inconvenientes, como por ejemplo el difícil acceso desde el hogar a las instituciones.
Según lo indagado estos programas no favorecen a disminuir la segregación, ya que solo se aprende una labor y no va de la mano con la educación formal, por lo que no facilita la inclusión educativa (Abiétar, 2017).
La investigación puede servir para ver cómo responder las necesidades y motivaciones de la juventud para un proceso inclusivo y participativo.
Más de 2 millones 200 mil jóvenes se incorporaron este lunes al año escolar 2017-2018 de la Educación Media General y Diversificada en todo el país, así lo informó el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua Milano.
En este sentido, el ministro junto al Gobernador del estado Vargas y candidato a la reelección, Jorge Luis García Carneiro, y la ministra del Poder Popular para la Mujer, Blanca Eekhout reinauguraron la Unidad Educativa Juan José Mendoza, en la parroquia Caraballeda, en el estado Vargas, centro educativo que tendrá una capacidad para atender a 841 estudiantes, los cuales fueron dotados con tabletas y computadoras Canaimas.
En el estado Vargas iniciaron actividades 30 planteles de educación media, tres escuelas tácticas y seis de la modalidad de educación para adultos, resaltó el gobernador.
Entretanto, el titular de la cartera de educación hizo un llamado a los jóvenes a cuidar y seguir luchando por los derechos conseguidos y consagrados como el de la educación pública gratuita y de calidad.
“Ustedes son la generación de oro y se lo merecen todo, la historia los premiara con una Venezuela prospera”, puntualizó.
Regreso a clases en el estado Anzoátegui
En el estado Anzoátegui diversas autoridades realizaron recorridos por los centros educativos para acompañar y realizar a los jóvenes en el inicio del año escolar en la entidad.
Desde el Liceo Argimiro Gabaldon del sector Molorca, la vicemistra para las Comunidades Educativas, Rosangela Orozco destacó que se garantizará a los estudiantes todos los recursos necesarios para que su educación no se vea interrumpida hasta lograr su titulación.
Precisó que el plantel fue reestructurado para ampliar la matrícula escolar ya que anteriormente los jóvenes solo podían cursar hasta el 3er año.
De igual manera, el candidato a la gobernación del estado Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz indicó que en la entidad más de 300 mil estudiantes y 16 mil docentes encabezaron la jornada estudiantil, y agregó que el Gobierno Nacional garantiza a todos los jóvenes la igualdad de condiciones y oportunidades en la educación pública y gratuita. /CP
El 26 de septiembre se quedará en la memoria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, como el día de la mas grande movilización universitaria de la ultima década en defensa de la educación publica, y por garantías a los principios de autonomía, democracia y financiación con presupuesto del estado, por su carácter de universidad publica del orden nacional.
Treinta años atrás ocurrieron las revueltas por libertades en economía (1997), de la que quedó para la memoria la disputa entre base y deslinde. Hace veinticinco las movilizaciones fueron contra la represión del estado a la sombra del criminal estatuto de seguridad de Turbay, fiel a los mandatos de Santafé II, orientado a eliminar cualquier vestigio de foco comunista con tiras, infiltrados y esquiroles buscando y creando enemigos en residencias universitarias, aulas, cafeterías y calles, quienes ante la falta de “positivos” desaparecieron a un estudiante (Hernando Benítez) que llevó a la toma de la catedral de Tunja (el catedralazo). Y la otra gran movilización fueron las Malvinas, que sumo a familias, trabajadores y profesores con el lema “La universidad es del pueblo y el pueblo la defiende”, y emprendió la marcha hacia Bogotá, bendecida con una apoteósica despedida campal ofrecida por Monseñor Augusto Trujillo Arango. Se reclamaba del estado 411 millones para impedir el cierre de la universidad. Hace 20, 15 y 10 años se repitieron decenas de pequeñas revueltas y movilizaciones, por libertades, financiación y educación con contexto y calidad, que se concentraron en la confrontación al modelo neoliberal que impuso la autofinanciación, es decir la privatización económica, pero también ideológica y social, que paulatinamente legaliza a la universidad como agencia de negocios y empresa de servicios, a sus profesores como simples operarios productores de mercancías-conocimiento y a los estudiantes como clientes.
El 26 de septiembre, en una secuencia no lineal de su historia, los estudiantes contados por miles salieron a las calles de la colonial ciudad de Tunja a ratificar que la protesta es un derecho humano, pactado en 1789 y reconocido implícitamente en las normas de autodeterminación, lo que llama a observar que quien protesta está en su derecho e impedirla puede convertir a un funcionario o a cualquier agente del estado en violador de derechos, mas ahora que es tiempo para construir paz en colectivo, aprender a reconocer y respetar al otro y derrumbar los muros que restringen la democracia, no es tiempo de estigmatización ni de creer que quien se opone al poder es un enemigo a perseguir, intimidar o eliminar, como enseñaron el estatuto de seguridad y la seguridad democrática.
El 26 de septiembre se convirtió en un carnaval que le mostró a la ciudad, al país y al mundo que los estudiantes todavía no son clientes de una empresa dirigida por empresarios exitosos. El lunes 25 el recinto asambleario tuvo lleno total y con paciencia y argumentos repasaron la agenda por la defensa de derechos y garantías, que también recoge al profesorado que pone en evidencia el estado de avance en el desmonte de la carrera docente donde solo queda un profesor en planta por cada tres a contrato de reducidas garantías y, descubre una propuesta de reforma al estatuto docente que niega la figura del intelectual asociado al librepensamiento e impone la formula del funcionario docente que labora por horas y objetivos medibles todos, conforme al lenguaje y practicas mas neoliberales,
incluidas conductas homogéneas, controles y reglas insalvables de la economía del mercado.
La agenda común en curso, se sintetiza en la defensa del carácter publico de la universidad, traducido a democracia, autonomía y financiación, que salvaguardan el espíritu y naturaleza de origen de la universidad en su hacer político para tomar decisiones con participación de todos sus integrantes, y usar el control de aparato institucional para afirmar la autodeterminación sin injerencias externas sean estas políticas, jurídicas o económicas. Se parte de suponer que toda universidad publica (y por supuesto privada), actúa en el marco de la constitución y las leyes, pero con independencia de los poderes públicos, inclusive el judicial, y que sus planes no tienen que ser apéndices del programa político y electoral del poder político, ni vivir bajo la zozobra y el chantaje que le impone la competencia por indicadores para acceder a recursos. Para la UPTC la totalidad del presupuesto depende de los ingresos de la nación y de ello depende en mayor medida su condición de patrimonio cultural y científico de la nación, lo que le señala al pueblo su papel protagónico para defenderla como derecho y deber ciudadano, sea con foros o con la protesta como derecho humano, con el fin de derrotar una concepción que esta privatizando la vida misma, a la que trata de enajenar y corromper. La lucha global es contra la ideología del capital, e interna contra los mecanismos de privatización y captura de la democracia por redes y sistemas contrarios a su orden, pero también es un llamado a fijar responsabilidades sobre quienes con sus erradas actuaciones han provocado el desastre de la desfinanciacion y tomado el control de la institución ampliando el déficit democrático.
La movilización del 26 deja esperanzas que permiten renovar la idea de que es posible, viable y necesaria la lucha por la gratuidad, teniendo en cuenta que los recursos por matriculas de pregrado representan menos del 12% del presupuesto y los recaudos por venta de servicios, convenios y posgrados representan mas del 50%. No es totalmente cierto que la gratuidad provoque mas desfinanciacion, el debate esta abierto y su tratamiento depende de la concepción que se escoja para mirar la complejidad de esta situación que va mas allá de las sumas y restas sin contexto, asépticas y lejanas a un pueblo empobrecido, que olvidaron los consultores externos. La gratuidad existe, incluso en países con capitalismo desbordado, la tienen universidades publicas del continente en Ecuador, Argentina y Uruguay y en no menos de 10 países de la Unión Europea entre otros y es buen momento para que la universidad convierta la energía de sus luchas en una agenda común, que convoque por esta vez, a las directivas a ponerse del mismo lado en la defensa del bien publico llamado UPTC y que el momento de crisis e inicio de la implementación de acuerdos de paz, sirva para llamar al gobierno a privilegiar la inversión de recursos en educación universitaria, antes que alimentar los mismos sistemas de corrupción nacionales y locales o dilapidar impuestos en ejércitos para la muerte.
El 26 de septiembre de 2017 se quedará, en todo caso, en la memoria colectiva de las luchas universitarias y en la retina de la sociedad con la imagen de miles de estudiantes en las calles demostrando que la protesta colectiva es un derecho y una herramienta política fundamental para seguir defendiendo la universidad publica, que es del pueblo y que el pueblo defiende.
En este 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, vale tener en cuenta algunas de las estadísticas que llaman a pensar en qué tan violenta es la sociedad en el Ecuador y en el resto del mundo.
En Ecuador 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual; sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género con el 53,9%.
Seis de cada diez mujeres han sido tratadas violentamente en algún momento de su vida. Las estadísticas muestran que este es un problema social que no distingue etnia, edad, orientación sexual, nivel de educación, ingresos económicos, etc.El Ministerio del Interior registró que en el primer trimestre del 2016 hubo 251 asesinatos y homicidios (12% menos que en el mismo periodo de 2015), de los que 121 fueron por violencia criminal y 130 por violencia intrapersonal.La Coalición de Mujeres del Ecuador, en su denominado Informe Sombra, con datos condensados hasta el 2014 y presentado en octubre de 2016 , menciona la situación de las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, su estado de indefensión y violación sistemática de sus derechos.
Durante el 2014 fueron registradas 271 denuncias de delitos sexuales en instituciones educativas. Según el informe, la violencia sexual es una pandemia en el Ecuador.
Según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, realizada por la Comisión de Transición y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011), seis de cada diez mujeres y niñas de 15 a 64 años han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. 380 mil mujeres han vivido este tipo de agresión.El análisis de Seguridad, Justicia y Paz, una organización mexicana que produce un índice mundial de la violencia, 43 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en Latinoamérica. Las 7 restantes, en Estados Unidos (4) y Sudáfrica (3).
Una nota del blog Foco Económico indica que el 33% de todos los homicidios del mundo se dieron en nuestra región.
El presidente Evo Morales pidió a las universidades públicas mejorar sus políticas de formación de profesionales, para evitar que los estudiantes continúen optando por casas de estudios superiores privadas.
«Esperamos que nuestros rectores, nuestros dirigentes de CEUB puedan planificar como mejorar como nuestras universidades públicas estén mejor que la privada eso debe ser la meta para mejorar la educación, para profesionalizar», dijo.
Morales, en un acto en el que entregó un internado en Vila Vila, Cochabamba, aclaró que los derechos de las universidades privadas están garantizados; sin embargo, lamentó que este tipo de instituciones continúen creciendo en el país por mala formación de profesionales en el sector estatal.
«¿Saben hermanas y hermanos? Si la universidad pública con autonomía estaría mejor que las universidades privadas con seguridad seguro se cerrarían, bajarían; lamentablemente la mayor parte de nuestras universidades públicas están mal», sostuvo.
El Presidente dijo que en el exterior las universidades públicas son las más cotizadas por otorgar una buena formación profesional a sus estudiantes, situación que -a su juicio- debe pasar con Bolivia.
Camila Vallejo fue una de las caras más reconocidas de la lucha estudiantil chilena para conseguir la gratuidad de la educación. Ahora está cerrando su primera legislatura como diputada por el Partido Comunista.
Fue uno de los principales rostros del movimiento estudiantil chileno que en 2011 logró poner en jaque al Gobierno conservador de Sebastián Piñera, exigiéndole una “educación pública, gratuita y de calidad”. Su liderazgo dentro de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la agrupación universitaria más antigua y simbólica de Chile, le entregó la popularidad que cultivó también desde la calle.
Ante los oídos sordos del entonces mandatario chileno, y pese a la desconfianza inicial en el sistema institucional, decidió tratar de impulsar los cambios desde dentro del Congreso. Con sólo 25 años, Camila Vallejo se convirtió en diputada por el Partido Comunista. Junto con otros tres líderes estudiantiles del momento, saltó al mundo de la política formal con la reforma educativa como una de sus principales prioridades.
Hoy, con 29, preside la Comisión de Educación del Congreso y está punto de cerrar su primera legislatura con el objetivo prácticamente cumplido. Quizás no con la profundidad que desearía, pero al fin y al cabo, con cambios destacables para revertir un sistema educativo que registra tasas más altas en la educación superior pública que en la privada, y cuyas universidades estatales son las segundas más caras de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sólo por detrás de Estados Unidos.
El fin al lucro, la gratuidad universal progresiva -tanto en educación escolar como en superior- o el traspaso de las competencias educativas de los municipios al Estado para terminar con la desigualdad entre centro educativos, son algunas de las propuestas que esta geógrafa de profesión ha peleado a fondo desde su escaño en los últimos cuatro años.
Camila Vallejo durante su época de líder estudiantil. / Flickr
¿Qué la llevó, a nivel personal, a levantar la lucha por una reforma educativa hasta convertirse en dirigente estudiantil?
Durante mi ingreso a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile empecé a tomar consciencia de la necesidad de hacer un cambio en el sistema educativo. Empecé a trabajar con compañeros, a levantar centros de estudiantes -porque no había en mi carrera-, a participar en instancias de la facultad y a involucrarme en los debates de la Federación de Estudiantes.
Me impliqué principalmente viendo mi realidad del endeudamiento y el de mis compañeros, que no podían pagar las carreras en la universidad pública, ni tampoco la comida o los materiales. Ahí empecé a cuestionar por qué la universidad pública no tiene financiamiento estatal como corresponde y tiene que autofinanciarse cobrando aranceles y provocando mucha desigualdad dentro de sus facultades.
¿Qué déficits enfrentan las universidades públicas en Chile?
Las universidades del Estado y particularmente la Universidad de Chile, que sigue siendo un referente muy importante en nuestro país y en el mundo, tiene que cobrar aranceles de 4.000 dólares al año para poder mantenerse. Eso hacía que no todos pudieran entrar y los que lo hacían tenían que endeudarse. No parece sostenible cuando la mayoría de las universidades del mundo son públicas, gratuitas o tienen financiamiento por parte del Estado. La Universidad de Chile se financia con menos de un 20% de aporte estatal. Es muy difícil ingresar a la educación superior con estos costos. Es perverso y no me parecía factible.
¿Así decidió pasarse de los movimientos sociales a las instituciones?
Fue un paso difícil pero necesario porque en un momento había millones de personas en las calles marchando, con apoyos de toda la familia. Era un movimiento muy transversal y diverso que tenía más del 80% de apoyo a sus demandas. Teníamos la mayoría, teníamos la razón, y el respaldo de investigaciones y estudios internacionales que hablaban de la educación de mercado en Chile. Pero nos faltaba algo: el Gobierno [de Sebastián Piñera] no quería recoger las demandas y defendía la educación privada, el lucro y el mercado. Por otra parte, había un Parlamento que no respondía a hacer cambios reales, y no había quórums suficientes para impulsarlos.
Ahí decidimos que no bastaba con marchar sino que había que llevar estas demandas a las instituciones para poder decidir y no que los otros hicieran los cambios por nosotros.
¿Qué supuso para usted dar ese salto?
No fue fácil. Hubo mucha crítica porque éramos dirigentes estudiantiles y nos metíamos en una institucionalidad muy desprestigiada. Pero lo hicimos y se lograron avances importantes respecto a las demandas que teníamos.
¿Que establece la reforma de la gratuidad que se encuentra hoy en su segundo trámite en el Senado?
Desde este año, el 50% de los estudiantes con más bajos ingresos ya estudian en la universidad de forma gratuita. El próximo año esto se amplía al 60% y se incorporará un mecanismo para llegar al 100% a futuro, sin pagar ni derechos de matrícula ni aranceles. El requisito para que el Estado financie a las universidades es que no tengan fines de lucro y que dispongan de un certificado de calidad.
Además de la gratuidad, las universidades públicas tendrán otros avances.
Sí. Superaremos algo que nos dejó la dictadura y que el gobierno de la transición no pudo solucionar: la desarticulación y falta de recursos. La reforma vuelve a articular las universidades estatales en una red y les otorga financiamiento adicional directo y permanente para docencia, investigación, extensión o infraestructura. Este aporte es aún insuficiente y tendría que aumentar para que puedan crecer las matrículas.
También establece una estatuto propio de la universidad, que la mayoría de ellas no tienen y siguen con los estatutos de la dictadura militar.
¿Cómo avanzarán estas propuestas si se cumplen los pronósticos electorales que prevén la llegada de la derecha al Gobierno tras las elecciones de noviembre?
Creo que vamos a poder avanzar. Desde el primer día, todas las reformas han sido amenazadas por la derecha con llevarlas al Tribunal Constitucional, y han entorpeciendo los trámites legislativos. Para nosotros esto no es nuevo y estamos preparados para estos escenarios. Tendremos que trabajar con premura para llegar con todas las reformas educacionales aprobadas al fin del mandato de Bachelet.
¿Cómo evalúa estos cambios en la educación?
Son cambios históricos y democráticos, que se han dado con mucha dificultad y resistencia porque hay intereses políticos, ideológicos y económicos de quienes quieren mantener el legado de la dictadura militar a toda costa. No es sólo una cuestión cultural.
Si sale reelegida como diputada, ¿qué temas podría plantear para una nueva legislatura?
En educación, habrá que monitorizar la reforma porque muchas cosas se irán implementando en los próximos años.
Además, serán temas el apoyo a la formación técnica estatal, la extensión de la jornada en los colegios o sus estructuras de financiamiento, ya que una parte importante sale de una subvención por asistencia y en los colegios más vulnerables los niñas y niños asisten menos por distintas razones, lo que promueve la desigualdad.
Este domingo el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó a su equipo de Gobierno evaluar desde este lunes mecanismos que permitan optimizar el servicio de pasaje estudiantil, desde el estado Yaracuy.
Durante la emisión de su programa Los Domingos con Maduro, el Presidente instó al vicepresidente de la República, Tareck El Aissami; al vicepresidente de Obras Públicas, Luis Motta Domínguez, y al ministro del Poder Popular para el Transporte, Juan de Jesús García Toussaintt, a realizar una reunión en el que se aborde el tema del pasaje y la vivienda para la juventud.
Será “una reunión conjunta donde se toque el tema de vivienda y se toque el tema del pasaje estudiantil, y me eleven una propuesta concreta, que pueda ser respalda, constituyentes, con una ley del pasaje estudiantil, una ley aprobada por la Constituyente que me obligue a mí y a los transportistas a un sistema de transporte respetuoso, solidariario”, añadió el Presidente.
El Jefe de Estado aseveró que solo la Revolución Bolivariana es capaz de atender los temas del “pasaje estudiantil, educación pública, calidad pedagógica y Chamba Juvenil”.
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