El conflicto docente sigue abierto en varias provincias

Por Mario Hernandez

Mediante la decisión administrativa 826/2022, firmada por Sergio Massa y Juan Manzur, informaron que quitaron $ 15.000 millones del dinero asignado al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” y $30.000 millones al programa Conectar Igualdad (el que se ocupa de entregar netbooks a estudiantes y docentes de secundaria de escuelas públicas).  

Mientras, las y los docentes de Santa Fe votaron masivamente profundizar las medidas de lucha. Llevaron adelante un paro de 72 horas que continuará la semana próxima con otras 72. Marcharon a la capital provincial para reclamar al gobernador peronista, Omar Perotti, y la ministra de educación, Cantero, por la reapertura de las paritarias, por un salario que se ajuste automáticamente con la inflación, mejores condiciones labores y aumento de presupuesto para la educación pública y los comedores.

Mientras, miles de docentes de toda la provincia de Santa Fe se movilizaron el miércoles 24 a la capital provincial en reclamo de una recomposición salarial. Lo hicieron en común con ATE y Siprus.

A la exigencia de aumento de salario se suma el pedido de la actualización a través de la cláusula gatillo, mejores condiciones laborales, el aumento del presupuesto para comedores y la denuncia al recorte de 50.000 millones de pesos en Educación que anunció recientemente el superministro Sergio Massa.

Los sectores opositores de Amsafe que vienen de un resonante triunfo (20.000 votos contra 10.000) en la votación de las mociones de paro se hicieron sentir con el reclamo de la convocatoria a un paro y plan de lucha nacional de la Ctera. Señalan que existen 10 provincias en lucha y que los recientes anuncios del gobierno nacional hacen imperiosa una convocatoria de este tipo.

Para el jueves 25, Amsafe Rosario, junto a ATE Rosario, Coad y Siprus convocan a una radio abierta en plaza San Martin para dar continuidad al plan de lucha.

El ajuste es un crimen social

Debido al fallecimiento de una niña de 11 años por desnutrición, la cual estudiaba en la escuela 11 DE 5, las docentes y la comunidad educativa de la Villa 21-24 convocaron el lunes a las 17:00 a una masiva caravana educativa por las niñeces dignas, que fue desde el colegio hasta la Jefatura de gobierno.

Hoy, les niñes pasan hambre en todo el país y los números son alarmantes: uno de cada tres menores de 17 años es pobre en la Ciudad de Buenos Aires. En el distrito más rico del país hay 186.000 personas, que equivale al 6% de su población que, en el último trimestre de 2021, sus ingresos no les alcanzaron para comer y 665.000, el 21,6%, que viven en situación de pobreza. Esta situación se ve todos los días en las escuelas.

No obstante, el gobierno porteño está preocupado por sancionar a las familias y quitarles ayudas sociales del Estado donde haya menores que no concurran a la escuela. Abonan a la persecución de los más pobres, pero callan ante la durísima realidad que muestra este informe de UNICEF: «1 de cada 3 hogares no puede cubrir sus gastos corrientes y el 50% no puede solventar los gastos escolares, entre ellos la compra de libros y útiles».

En estos días la legisladora Alejandrina Barry del Frente de Izquierda Unidad, presentó un pedido de interpelación a la ministra Soledad Acuña para que responda ante los múltiples reclamos que se llevaron adelante por la niña antes de este desenlace. En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene que cumplir urgente el fallo de Myriam Bregman, Alejandrina Barry junto con el CEPRODH, docentes y familias, por una alimentación saludable en todas las escuelas porteñas.

Además, en estos días, se presentó un Proyecto de ley para eliminar las trabas burocráticas del refuerzo alimentario en escuelas porteñas.

Exigimos más comida y de mejor calidad en todas las escuelas porteñas y en todo el país. «Con hambre no se puede estudiar» no es una metáfora, es la cruda realidad.

Mendoza

Luego del receso invernal tuvo lugar una importante marcha del sector cuando el Gobierno se negó a reabrir la paritaria. Desde asambleas por escuela, a través de mandatos, se dispuso un paro de 48 horas que terminó siendo votado por un plenario provincial.

El acatamiento a la medida fue muy alto, en la marcha participaron más de 25.000 personas y las familias decidieron no mandar a sus hijos e hijas a clases el resto de la semana para manifestar su solidaridad con el reclamo. El gobernador Rodolfo Suárez tuvo que posicionarse y habló de un esfuerzo sensible que harían para solucionar la situación. Finalmente firmó un aumento por decreto que generó más bronca en las escuelas. La prensa salió a pedir sensatez y mesura a las trabajadoras y trabajadores, y funcionarios del gobierno montaron un operativo mediático para deslegitimar el reclamo y buscar dividir la opinión pública.

Las escuelas volvieron a deliberar y votaron otro paro, esta vez por 72 horas que culminó con una movilización todavía más grande. A pesar de la amenaza de descuentos del Ítem Aula, la presencia policial para controlar el ausentismo y la resolución que prohíbe hacer a asambleas en las escuelas, otra vez la medida fue contundente.

El Gobierno anunció por los diarios que reabriría las paritarias. Lo hicieron transcender para buscar influir sobre los plenarios del SUTE que se estaban llevando adelante. A pesar de esto, el sindicato definió entre los mandatos, un nuevo paro de 96 horas y paro por tiempo indeterminado. La propuesta de la conducción, “paro rotativo” de 24 horas en cada departamento, no logró convencer ni tener mandatos suficientes para ponerse en votación. La conducción anunció que las medidas quedarían en suspenso hasta ver la propuesta en la mesa paritaria del jueves 18.

Rechazo de la propuesta gubernamental

El decreto que estableció unilateralmente el gobierno establecía un 12% de aumento para agosto sobre la asignación de clase (el llamado “básico”), y un 6% para cada mes en septiembre, octubre y noviembre. Esto daba un acumulado para agosto de 37% de aumento en el básico, con una inflación del 47,9% con los datos de julio. Es decir, 10,9% por debajo de la inflación.

En relación al Estado Docente, un ítem de menor proporción dentro del sueldo y que solo impacta en el ítem Aula y la antigüedad, el aumento del decreto establecía un 25% para agosto, 7% en septiembre y 6% para octubre y noviembre. Teniendo de esta forma un acumulado del 51% en agosto, apenas 3% sobre la inflación, que no compensa la pérdida que representa el atraso en la actualización de la asignación de clase.
Luego de la reapertura de la paritaria, el gobierno plantea una segunda propuesta que consiste en subir 35% el Estado Docente en agosto, 9,5% en septiembre, 7% en octubre y 7% en noviembre. Sin embargo, no plantea nada nuevo sobre la Asignación de Clase para agosto, dejándola en el 12% establecido por decreto -que implica una pérdida acumulada en el año hasta el mes de julio del 10,9%-, un 7% para septiembre, un 8% para octubre y un 7% para noviembre.

Según las propias simulaciones que difundió el gobierno, con la última propuesta una maestra con 10 años de antigüedad y 50% de zona cobraría en agosto un 43,19% más de lo que cobró en diciembre de 2021. Con una inflación a julio (ya que los datos de agosto se publican a mediados de septiembre), del 47,9%, implica una pérdida real del salario neto del 4,71%.

Por otro lado, no se plantea ningún aumento sobre el bono de compensación paritaria acordado con la nueva conducción del SUTE a principios de año, ubicado en $7.200 desde enero. Una suma fija que deja todos los ítems salariales de la carrera docentes planchados y que comparado con los $6.000 que se pagaron en diciembre, en agosto tiene una pérdida real por la inflación del 27,9%.

Si el bono paritaria (7.200 pesos) y la cláusula de garantía para el cargo que recién se inicia (aproximadamente 25.000 pesos) se incorporasen en la asignación de clase, si los aumentos se calculasen sobre esa base y se equiparasen las asignaciones familiares entre Nación y Provincia, hoy tendríamos sueldos iniciales se aproximarían al valor de la canasta básica familiar de Mendoza, ubicada en los $105.000. Sin embargo, cada aumento otorgado, va quedando mayormente fuera de la escala básica salarial, con el objetivo de que el Gobierno pueda hacer propaganda diciendo que cumple con el salario mínimo que fija la paritaria nacional o presentar porcentajes vistosos que tendrá sólo una minoría mientras la mayoría sigue perdiendo poder adquisitivo. Y teniendo como resultado que cada vez más trabajadores de la educación se alejen de poder acceder a los bienes de la canasta básica.

En este marco una propuesta que no parte de al menos un 23% de aumento del básico (un 11% más de lo que ofrece el Gobierno) para agosto, sino del 12%, es una propuesta por debajo de la inflación y que atenta contra el ítem zona, la antigüedad y otros ítems, y que debe ser rechazada con una contrapropuesta que implique no aceptar más pérdidas en los ya bajísimos sueldos. Los docentes no aceptan la extorsión de Suárez y Thomas para aceptar la propuesta o nada. La paritaria debe seguir abierta y llevar una contrapropuesta.

Asimismo, la contrapropuesta debe sostener que no se firma ningún acuerdo que no contemple el no descuento de los días de paro.

Las escuelas ya votaron un paro de 96 horas, hay fuerzas para torcerle el brazo al gobierno, no perder con la inflación y seguir peleando por Más para Educación. 

Docentes de Río Negro: «esta propuesta es insuficiente, irrisoria y mentirosa, no alcanza ni para una compra» 

El jueves 11 de agosto, docentes de Bariloche y El Bolsón nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTer), junto a otras organizaciones sociales y políticas, concentraron en la rotonda aledaña al puente Ñireco, a la entrada de la ciudad.

Mónica San Martín, Secretaria General de UNTer El Bolsón, explicó: «los paros que fueron ayer y hoy, y van a continuar la semana que viene, tienen varios motivos: se rechazó la propuesta salarial, porque la verdad que es prácticamente una burla: estamos hablando de una proyección inflacionaria de todo el año de un 90% y nos ofrecen en total aproximadamente un 54%, la mitad. Además, con sumas en negro, que es lo que venimos peleando hace rato, que ya no tiene que haber más. El mismo gobierno hizo un convenio con ANSES para que cada vez en los futuros aumentos vayan blanqueando las sumas, poniendo sumas remunerativas, porque realmente se desfinancia el ANSES, y el ANSES es un organismo solidario, que se mantiene con el aporte de los activos para poder pagar las jubilaciones y liquidar la parte de la gente ya jubilada. Entonces, de esta manera se desfinancia con los sueldos, porque casi el 80% de un sueldo en negro desfinancia, aparte que se desfinancia el sindicato y la obra social, que también es una obra social solidaria porque –lo mismo que ANSES– se mantiene con el aporte de todos sus afiliados activos y jubilados. Pero si se desfinancia, si seguimos cobrando en negro, eso no alcanza, porque a nosotros nos hacen el descuento del básico, y estamos cobrando básicos de ocho mil, nueve mil pesos», informó.

«Otro tema es la defensa de la jubilación docente. Porque estamos peleando para que la jubilación se actualice cada tres meses y no dos veces por año como es ahora, que se actualiza en abril y en octubre. Con este proceso inflacionario tan terrible que hay, los compañeros y compañeras jubiladas se quedan abajo, muy abajo», se lamentó la Secretaria General, y agregó: «por supuesto, el paro de ayer fue también en apoyo al compañero de ATEch que está condenado por una causa que abrieron hace dos años, cuando fue esa protesta en Trelew donde murieron dos compañeras en la ruta viniendo de la protesta, porque hacía rato que no cobraban y demás. Ahora sale la causa, el compañero está condenado y es una condena de cinco a diez años que no es excarcelable. Así que bueno, están con esta cuestión de criminalizar la protesta, la protesta es un derecho constitucional, así que nos solidarizamos desde El Bolsón».

En la misma línea, Mónica San Martín, anunció: «y por supuesto estamos pidiendo nueva convocatoria paritaria, porque la verdad que esta propuesta es insuficiente, es irrisoria, es mentirosa: la propuesta es del 22% según lo que dice el gobierno. El total, en cuotas, del 22%. Pero, si nos ponemos a hacer bien las cuentas finas, la primera cuota sería del 12 %, que no es real, porque dice que dentro de ese 12% hay un 4% que nos deben del semestre pasado, para recomponer lo que faltó el semestre pasado, entonces no es un 12, es un 8. Entonces no es un 22, es un 18.Que además no es acumulable y se suma al sueldo de enero. Así que nosotros estuvimos haciendo la cuenta y, más o menos, en el cargo testigo, el aumento que hay al básico es de 800 pesos. Que no alcanza, no nada, ni para una compra. Así que la semana que viene vamos a ir a Viedma a marchar todos los docentes de la provincia, a reclamar nuevas paritarias y al gobierno que mire y escuche la realidad».

Estado de Alerta y Movilización de docentes privados en todo el país

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), que lidera Jorge Kalinger, decidió el estado de alerta y movilización ante «los variados conflictos salariales y por mejores condiciones laborales en las seccionales de todo el país» y respaldó esas demandas.

«El Sadop apoya cada uno de los reclamos de sus seccionales nacionales y reclama la urgente reapertura de las negociaciones paritarias en el país y en todas las provincias para enfrentar el grave cuadro inflacionario que dinamita el poder adquisitivo docente», afirmaron Kalinger y el secretario de Comunicación y Prensa, Gerardo Alzamora.

La organización sindical, que milita en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT y reúne a más de 70.000 afiliados en todo el país, ratificó en un documento su «total rechazo» a cualquier tipo de violencia o persecución judicial ejercida para impedir «el legítimo derecho a reclamar» y señaló su absoluto desacuerdo con «los anuncios de recortes presupuestarios para la educación» realizados por el ministerio de Economía.

El Gobierno dispuso una modificación del presupuesto de 2022 de 210.000 millones de pesos a través de la decisión administrativa 826/22 de la Jefatura de Gabinete a fin de transferir recursos de diversos programas públicos para asistir al Tesoro Nacional.

En el caso del área educativa, el ministro de Economía Sergio Massa determinó la reducción de 50.000 millones para los programas de infraestructura y equipamiento, de fortalecimiento edilicio de los jardines infantiles y de la iniciativa Conectar Igualdad.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/el-conflicto-docente-sigue-abierto-en-varias-provincias/