Por: Erik Adio Maldonado
La discusión en sala frente a la idea de legislar en él denomina proyecto de Ley de Educación Superior, enfrentó dos posiciones claras y diametralmente distintas; la primera de ellas, en favor de la educación como un bien de consumo, o sea, aquella en que se transa en el mercado; mientras la segunda, hace referencia a la educación como un derecho inalienable a toda persona. Más o menos matices, la discusión versa en estas dos grandes diferencias, a continuación abundamos especialmente en la falacia que señala “las familias con más recursos deben cancelar por su educación”.
Parece, de toda lógica, que el que tiene los recursos necesarios para pagar los page y sin mayor discusión. Hoy en Chile si una persona puede pagar una consulta médica, sin la necesidad de esperar una gran lista de espera, seguramente, optará por pagarlo. Por otro lado, que a un estudiante y su familia deban desembolsar una gran cantidad de recursos para educarse, parece el costo necesario para obtener un producto, en este caso, educación. La naturalización social del pago por obtener algo, no solo permea a la salud y la educación, se encuentra profundamente enraizada en toda la población y es presencia viva de la perdida de la batalla en contra el capitalismo.
Entonces, los que tienen más recursos ¿deberían pagar por educarse? La pregunta es si, definitivamente, pero esto es ver solo una parte de la discusión, es querer decirle a las personas usted tiene derecho a educarse pero mientras pague, mientras la gente que no puede hacerlo, el Estado le proveerá su derecho, y siendo rigurosos, la discusión no es tan simple como la derecha la plantea. Esta discusión es pretérita, para casi la totalidad de los países desarrollados, la educación es el pilar del desarrollo, por lo tanto, debe ser gratuita, pública y de calidad, no se discute, la Educación es un bien público y no se transa en el mercado. Pero cómo se llegó a esta conclusión, por dos conceptos: se entendió que las Universidades y todos los espacios académicos producen interacción social, aquella que es necesaria para conocerse, reconocerse y desarrollarse, o sea, se privilegió la interacción social y su movilidad por sobre la educación de mercado. Pero además, había un argumento base mucho más transcendente, el Estado debía asegurar los derechos esenciales de las personas. La pregunta para Chile sería: ¿qué más esencial que el derecho a educarse?
Pero tenemos a la derecha diciéndonos “los que tienen más recursos deben pagar” y parece legítimo, es un buen mensaje comunicacional, cala hondo en cualquiera que se reconozca como justo. Pero qué pasaría si nosotros le decimos, que en realidad empezaron a financiar la Educación a partir de la Reforma Tributaria, he incluso la carga tributaria permitirá que en un futuro no solo paguen por su educación, sino además, permitan financiar infraestructura pública, más colegios, más recursos para la educación pública, más hospitales y un gran etc. Para ser más precisos, Chile financiera la reforma educacional con los dineros recaudados por la Reforma Tributaria, tal y como lo hacen los países desarrollados. He incluso, en los más capitalistas, la educación pública y su gratuidad es patrimonio de todos (as), y como señalamos, no es transable.
La derecha debe sacarse la careta y señalar que le interesa seguir financiando a los grandes consorcios universitarios, a aquellos que lucran con la educación y que no merecen nuestro respeto. La sinceridad haría que este debate sea más serio y permitiría que la ciudadanía juzgue a sus representantes como lo que son.
En síntesis, Chile merece educación gratuita porque es un derecho, no todo se transa en el mercado, pero además produce lo que se denomina interacción social necesaria para la formación de ciudadanos. Finalmente, ¿es gratuita para los más acomodados? De ninguna forma, la pagan con sus impuestos.
Fuente: http://www.eldivisadero.cl/redac-42731
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