La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover, declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado José Manuel Simons Domínguez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Migdely Miranda Rondón, y de su hijo, y anuló las decisiones dictadas el 29 de julio de 2015, por el Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta por la representación judicial de la misma ciudadana; así como todas las actuaciones realizadas con posterioridad.
En el fallo la Sala del Alto Juzgado establece que, en los casos de reproducción asistida donde la madre gestacional es una mujer distinta a la biológica, el niño o la niña, tiene el derecho de estar inscrito con los apellidos de sus progenitoras.
Además, en dicha sentencia se interpreta el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que la jefatura de las familias pueden ejercerlas las familias homoparentales, y por ende el Estado brindará protección sin distinción, a la forma de conformación de la familia, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes nacidos en familias homoparentales, gozando de todos los derechos y garantías consagradas a favor de las personas en el ordenamiento jurídico al igual que cualquier otro niño que haya nacido dentro de una familia tradicional
Desde que las grandes corporaciones descubrieron que la educación puede ser un mercado de enormes ganancias potenciales, cuya clientela está asegurada porque la natalidad humana es persistente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cumpliendo con su mandato como “Club de los países ricos” asumió la tarea de gendarme de la “calidad” educativa en el mundo. Las herramientas que utiliza son pruebas de evaluación tomadas en una muestra de escuelas de los países que son socios de aquel organismo. Estos deben someterse a evaluaciones bianuales cuyos resultados son ordenados en un ranking. Esa escala se construye en base a una comparación de objetos incomparables pues los sistemas escolares son distintos entre muchos países: la cantidad de años obligatorios, la relación entre educación pública y privada, la cantidad de horas diarias y anuales de clase, las diferencias culturales y el ritmo de desarrrollo regional de los sistemas.
El hecho es que, de acuerdo a las pruebas internacionales, entre 2006 y 2009 los resultados de Argentina habían mejorado y luego se estabilizaron, pero la prueba tomada en 2015 muestra una significativa mejora. Estos resultados cayeron mal en el gobierno de Macri, que ha venido sosteniendo que la Argentina baja en la escala por culpa de “la herencia recibida”, que el sistema educativo está diseñado “para hacer chorizos” (¡ay, pobre Sarmiento al que el Ministro de Educación dijo querer reivindicar!) y que harán una nueva “Campaña al Desierto”. Se sospecha que el gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para evitar que la OCDE incluyera a la Argentina en el nuevo ranking, cosa que, de acuerdo a las declaraciones del director de la prueba Pisa Andreas Schleicher (La Nación 5/12), la organización tuvo en cuenta. ¡Lo pensaron! ¿Consideraron la posibilidad de eliminar a la Argentina del ranking porque la política educativa del gobierno kirchnerista fue exitosa pero sobre todo porque pone en cuestión la consideración de que hay “grasa que sobra” entre el alumnado, la culpabilización y descalificación de los docentes, la desvalorización de la escuela pública a favor de los negocios pedagógicos?. Como si fuera poco, “La Nación” acota que “aún cuando los resultados muestren una mejora, no serán buenas noticias para la Argentina”. La OCDE optó por acordar una solución de compromiso, como expresan las declaraciones de Schleicher: colocar un asterisco, junto al resultado de Argentina en el listado para expresar duda, y echarle la culpa al país aduciendo que ellos solamente analizan la muestra que envía cada cliente( país) y que nuestra muestra contuvo errores. Pero precisamente aquellos que la OCDE considera errores no son otra cosa que las particularidades de la vida escolar de cualquier país. En el caso argentino (recordemos que desde la reforma menemista existen tantos sistemas como provincias y una coordinación en el Consejo Federal de Educación) los sistemas escolares están en proceso de cambio de acuerdo a la elección que hizo cada provincia respecto a la duración de seis o siete años del nivel primario y cinco o seis del secundario. La rigidez de los instrumentos que utiliza la OCDE no permiten adecuación alguna a los cambios que se producen en el objeto que miden, de manera que toda inadecuación a las respuestas al formato aplicado es considerada negativa. Queda así confirmada la crítica que vienen haciendo Ctera, los demás gremios y muchos especialistas de los países afectados, sobre el desprecio de las pruebas internacionales estandartizadas por las distintas culturas y realidades sociales. Esta vez los instrumentos de la evaluación chocaron en la Argentina contra la realidad: los sistemas educativos cambian y no pueden ser medidos de un único momento sino que se requiere tomar en cuenta procesos. Evaluar como se debe la educación no admite la “instantánea” sino que requiere el análisis de una película. Una buena película argentina película no proporcionaría resultados satisfactorios ni para el gobierno de Macri ni para la OCDE. Por otra parte, hace unas semanas se dieron a conocer los resultados del TIMSS, otra prueba internacional que utiliza una lógica y metodología semejante al PISA de la OCDE. El objeto de análisis fue la educación en la ciudad de Buenos Aires y la prensa oficial no pudo ocultar los resultados negativos. Empero, el Pisa muestra una mejora significativa de la educación( o sea del trabajo que hacen docentes y alumnos) en la misma jurisdicción. ¿A quién creerle? Sin duda la vida en nuestros colegios transcurre en registros muy diferentes del que orienta a la OCDE o “Club de los países ricos” convertido en pedagogo, y al gobierno cuyo sentimiento profundo es “cuanto peor mejor”. Pero el mayor escándalo es que un organismo internacional se preste a acuerdos sobre resultados con un gobierno, si esas conversaciones han existido de acuerdo a las declaraciones de Andreas Schleicher.
Evaluar significa en la lógica aristotélica que el orden social sigue las jerarquías del orden natural. Atribuir y adjudicar valor a un objeto o sujeto teniendo en cuenta jerarquías de inferioridad y superioridad en un orden que garantice su interdependencia es una condición de las pruebas que aplica el “Club de los países ricos” a sus países clientes. Que los resultados obtenidos por el PISA muestren una mejora de la Argentina en su escala, no quiere decir que esa evaluación y sus semejantes se hayan vuelto repentinamente confiables. Lo son menos aún, dado que la relatividad de la postura objetiva de quienes dirigen el PISA ha quedado en evidencia al acceder a los intercambios que haya habido con el gobierno antes de dar a conocer los resultados.
Es posible, y los argentinos necesitamos, conocer la marcha de nuestra educación desde criterios elaborados desde un orden de ideas democráticas. Tenemos profesionales del mejor nivel y con amplia experiencia en evaluaciones cuanti y cualitativas y docentes dispuestos a participar activamente. Proseguir la serie comenzada por el Operativo Nacional de Evaluación del MCyE hace varios años sería una primera medida para sanear esta situación.
«Se asegura que un porcentaje de estudiantes de distintos tipos de colegios accedan a la universidad», dijo el experto en educación Jorge Manzi.
América del Sur/Chile/cooperativa.cl
Abierto está el debate para disminuir la brecha en los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) luego de que el viernes se conocieran los puntajes nacionales, de los cuales sólo el 11 por ciento provino de la Educación Pública, cifra que fue doblada por los de colegios subvencionados.
Si bien este año disminuyó el porcentaje proveniente de establecimientos particulares, alcanzando casi el 70 por ciento, hubo un vuelco importante pues los subvencionados sumaron el 20 por ciento superando a los municipales y revirtiendo la tendencia del año anterior.
Y pese a que en 2016 hubo más del doble de puntajes máximos que en 2015, la cifra sigue siendo inferior respecto a la última década.
Por ello, el director del Centro de Medición de la Universidad Católica y experto en educación, Jorge Manzi, propuso establecer cuotas de ingreso a la universidad para enfrentar esa brecha en la educación.
«La forma más simple para resolver ese problema es poner cuotas, que quieren decir que se va a asegurar que al menos un cierto porcentaje de estudiantes que provengan de distintos tipos de establecimientos estén accediendo a las carreras universitarias de la educación superior. Eso no cuesta hacerlo», afirmó Manzi.
«El problema que vas a tener es cuando dices ‘quiero que haya un 30 por ciento de alumnos de la enseñanza municipal’, ¿cómo eliges a ese 30 por ciento? Igual tienes que tener una prueba, sólo que en ese caso cuando hay cuotas no tienes que hacer competir a todos con todos», sostuvo.
Una brecha que sí registró un cambio significativo fue la de género: si en 2015 sólo el 11 por ciento de los nacionales correspondía a mujeres, este 2016 llegó al 27 por ciento. (Foto: Agencia UNO)
subir «Se están haciendo esfuerzos para revertir la brecha»
En tanto, desde la Comisión de Educación de la Cámara Baja aseguraron que se está trabajando para revertir esa brecha, pero eso lleva tiempo para ver resultados concretos.
«Se están haciendo esfuerzos con el ranking, el Programa Pace (Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior), que se está incorporando, pero son procesos que llevan algún tiempo y creo que son parte los cuestionamientos que estamos haciendo en el marco del proyecto de ley que regula la educación superior», comentó el diputado Mario Venegas (DC), miembro de dicha instancia.
Por su parte, en la oposición aseguraron que el Gobierno fracasó en su idea de fortalecer la educación pública, tras conocerse estos resultados.
«Llevamos tres años de esta supuesta reforma educacional, a pesar de los recursos que ha entregado el Ministerio de Educación y, en general, el Estado. Pero se ha profundizado (el fracaso en la educación) especialmente para un Gobierno que dice defender la educación pública, pero que en todos los indicadores la educación pública está de mal en peor», criticó el diputado José Manuel Edwards (ex RN).
En tanto, el diputado UDI Jaime Bellolio sostuvo que «la PSU tiene un sesgo importante que va contrario a las escuelas municipales, a las escuelas subvencionadas, especialmente a las técnico profesionales y lo que se debe permitir es que las instituciones y particularmente las carreras puedan tener otros métodos para poder escoger quiénes son los mejores estudiantes».
La brecha que sí registró un cambio importante fue la de género. Si en 2015 el 11 por ciento de los puntajes nacionales correspondía a mujeres, sin embargo, este año alcanzó el 27 por ciento.
Estudiantes uruguayos recrearon hoy el Consejo de Cancilleres de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) como parte de la primera puesta en marcha en el país del proyecto pedagógico «Somos Unasur», que busca fomentar la integración regional entre los más jóvenes.
«El modelo pedagógico ‘Somos Unasur’ es una iniciativa de la Secretaría General de Unasur para promover la participación y la concienciación ciudadana acerca del proceso de integración regional», explicó a Efe Martina Lejtreger, directora de cooperación internacional de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay (ANEP).
Los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura de Uruguay fueron, junto con ANEP, los partícipes de traer la experiencia, que ya se llevó a cabo anteriormente en países como Venezuela.
«El Ministerio de Educación y Cultura y la ANEP apoyaron esta iniciativa de la Secretaría siempre con la firme convicción de que la integración regional promueve justamente valores que tienen que ver con la ciudadanía, la solidaridad, la tolerancia y la diversidad», dijo Lejtreger.
La metodología busca que los estudiantes elegidos, en este caso todos de entre 12 y 17 años y de Montevideo, adquieran a lo largo del proceso capacidades de diálogo, negociación y análisis, y sean instruidos en los valores cívicos y de construcción de ciudadanía en el ejercicio de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la construcción de espacios de convivencia y paz.
«Creo que se está mostrando en los discursos y en las intervenciones respetuosas, en los consensos a los que han arribado los estudiantes, no solo en la reunión de hoy, sino en todo el proceso», dijo.
La directora explicó que esta primera aproximación se enmarca como una «experiencia piloto» que se llevará de vuelta a los centros y a las autoridades educativas para evaluar si se implementa primero a nivel nacional y posteriormente se consigue consolidar a nivel regional, como figura en la propuesta de la Secretaría General.
Así, en parejas, los estudiantes participantes recrearon una sesión de dicho Consejo de Cancilleres de los países miembros como primera experiencia antes de que «seguramente» se implemente el mecanismo a nivel regional, una vez se traspasen la presidencia de Unasur a mediados del año que viene, según comentó Lejtreger.
«No sabemos exactamente cuando se va a poder concretar esto, pero nosotros entendíamos que era importante llegar a tiempo para esa convocatoria entonces este año preparamos esta instancia acotada a Montevideo (…). En función de las evaluaciones que surjan veremos cómo se desempeña», especificó.
América del Sur/ Argentina/ REALPOLITIK/Por MARIANA SIDOTI
En un llamativo “festejo” de fin de año, los docentes nucleados en Suteba La Plata brindaron junto con dirigentes de la CTA, con pan y agua en la puerta de la Dirección General de Cultura y Educación para reclamar contra el recorte presupuestario en el área educativa de cara al 2017.
Mientras en el interior del edificio los dirigentes de la CTA protestaban en el hall,Amelia García, secretaria general del Suteba local, dialogó con REALPOLITIK y adelantó que el año próximo apostarán por el no inicio de clases. Además, la dirigente expresó: “No vamos a aceptar paritarias cada quince meses, a la baja y con tope”.
A continuación, la entrevista completa.
RP.- Están realizando este particular festejo en la puerta de la Dirección General de Escuelas, ¿por qué?
Lo hacemos acá porque es un reclamo conjunto de estatales y docentes al ministro Finocchiaro y a la gobernadora Vidal. Se votó el Presupuesto y plantean una reducción dirigida al área educativa del 3 por ciento.
Le negaron un bono a los docentes y estatales de la educación pero se lo dieron a la policía porque perpetúan el impuesto a las ganancias sobre los ingresos de los trabajadores, incluso ahora le quieren modificar el nombre -«impuesto a los altos ingresos»- para justificar seguir metiendo la mano en el bolsillo sobre sectores que arañamos la canasta básica familiar.
Durante la protesta improvisaron un árbol de Navidad con los reclamos (Foto: REALPOLITIK/Noelia Marone).
Es decir, estamos un 22 de diciembre en la Dirección General de Escuelas un importante grupo de docentes de La Plata y Ensenada, le estamos diciendo al gobierno que cerramos el año con lucha para iniciar el 2017 con lucha. No vamos a aceptar paritarias cada quince meses, a la baja y con tope.
RP.- ¿Tienen expectativas de una respuesta por parte de Finocchiaro?
Hemos reclamado durante todo el año y el gobierno no da respuestas, ni si quiera en el pago de los salarios. Esto es lo que hemos vivenciado durante todos estos meses: los salarios tienen recortes, los docentes cobran con descuentos que nunca se sabe de dónde son, descuentan absolutamente todos los paros, las medidas sindicales.
Es un ataque a los docentes y lo que están tratando de instalar -hay un pacto entre el gobierno y los gobernadores- es un acuerdo para poner un presentismo, un «ítem aula» como el que existe en Mendoza.
Eso es un condicionamiento a la docencia, para cercenarle derechos. Eso también lo vamos a enfrentar.
RP.- Actualmente el ministerio de Ciencia y Ténica está tomado por los recortes en el área científica… ¿Podrían los docentes definir medidas similares?
Apoyamos la lucha de los trabajadores precarizados de Ciencia y Técnica y el CONICET y hemos estado durante la toma. Estas son medidas que se resuelven en plenarios y asambleas.
Nosotros tenemos un plenario provincial -nos reuniremos en febrero del año que viene- convocado por las seccionales multicolor y siempre está la posibilidad de recurrir a una toma como medida.
Un sueldo neto de 13 mil pesos araña la canasta familiar, ni si quiera la cubre. Por lo tanto nos quieren seguir condenando a salarios de pobreza, como los que tenemos los docentes. Esto es lo que estamos rechazando.
RP.- ¿Qué opina del resultado de la paritaria estatal?
Han puesto un tope en la paritaria de los trabajadores estatales. Los docentes rechazamos este tope, reclamamos por el 10 por ciento que hemos perdido este año y le decimos al gobierno que estamos organizando desde ahora el no inicio en el 2017.
Pero lo que abarca a toda la docencia y se siente en la sociedad es el paro. Por eso lo que primero queremos organizar es el paro en las escuelas, el no inicio. Eso es lo que se va a vivir en todos los distritos, es lo que afecta al gobierno.
Y es por lo que están trabajando, para que no se les escape ningún hilito y se pueda garantizar el comienzo, como lograron garantizar este año, con el auxilio -obviamente- de la burocracia sindical.
Hemos recorrido todo un año de lucha en el cual hemos ido preparando la lucha de la docencia, por eso estamos en condiciones de decir que el año que viene vamos a un no inicio.
Con el resto de las medidas, como la toma de un ministerio, se verá la posibilidad y necesidad para reforzar esa lucha que se haga en las escuelas. No sabemos cómo vamos a hacer la lucha, pero sí que vamos a luchar, que vamos a enfrentar al gobierno y que no vamos a actuar para garantizar la gobernabilidad, porque la gobernabilidad es el ajuste y el ataque a los trabajadores.
Los estudiantes secundarios aseguraron que no se convertirán en “cómplices pasivos” del fin de la educación pública.
Amarice del Sur / Chie/ Publimetro.cl
Hasta el Ministerio de Educación llegaron este jueves los voceros de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) para hacerle entrega de una carta a la ministra de la cartera, Adriana Delpiano, en la que explican de un “congelamiento” en las mesas de trabajo que se han venido desarrollando.
La decisión que tomaron los dirigentes secundarios se debe al poco avance, a su juicio, del proyecto de desmunicipalización que se tramita en el Congreso, frente a lo cual explicaron que “no serán cómplices pasivos” del fin de la educación pública.
“Nos parece contraproducente dialogar en mesas de trabajo con el Mineduc para profundizar a reforma mientas la matrícula pública va en picada, el proyecto de desmunicipalización se mantiene secuestrado y desde el Gobierno prioridad legislara para los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados”, afirmaron.
Junto con anunciar el término de las negociaciones con el Mineduc, los secundarios agregaron que se debe a la baja en la matrícula escolar en la educación pública.
“Con mucho pesar nos enteramos el día de ayer que la matrícula en la educación escolar pública disminuyó este año en un 1,3% (17.000 estudiantes menos), cifra aún mayor a la que año a año agobia a las escuelas y liceos”, agregaron.
Por otro lado, enfatizaron que esta situación es “insostenible en el tiempo” y que si desde el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet “no asumen decididamente realizar reformas profundas serán responsables directos de la desaparición de la educación pública en Chile”.
La Cones, además, acusó a senador Ignacio Walker de mantener “secuestrado” el proyecto de desmunicipalización y que el Ejecutivo prefiere dar urgencia a la “ley miscelánea” a fin de extender la cantidad de años en los cuales los sostenedores privados podrán mantener arriendos para su negocio educativo
“En función de lo anterior, desde la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios queremos comunicarle el momentáneo congelamiento de nuestra participación en las mesas de trabajo con el Ministerio que usted lidera, esto a fin de evaluar nuestra continuidad en dicha instancia, lo cual está condicionado al avance en la tramitación del proyecto de desmunicipalización, al mantenimiento de sus principales contenidos y a la generación de medidas urgentes e inmediatas en miras de revitalizar la educación pública”, finalizaron.
La Universidad de Central de Venezuela nace cuando el Rey Felipe V concedió al Seminario del Colegio Santa Rosa de Lima la facultad para otorgar grados mediante la Real Cédula, el 22 de diciembre de 1721
La sede actual de la UCV fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en el 2000.
Este jueves, el ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, felicitó a través de su cuenta en Twitter @jaarreaza a la Universidad Central de Venezuela que el día de hoy cumple 295 años de fundada.
«Nuestro reconocimiento a la Universidad Central de Venezuela en sus 295 años. Avancemos hacia la Universidad Popular y democrática», escribió.
Solo en 2016, el Gobierno Bolivariano ha otorgado 350 mil millones de bolívares a las casas de estudios públicas, garantizando así la inversión para una educación universitaria pública, gratuita y de calidad.
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