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Uruguay: Se lanzó el Observatorio del Derecho a la Educación, que apuesta por “democratizar el debate educativo y reconfigurarlo sobre nuevos ejes”

Desde dicho espacio se elaborará un informe anual que releve el cumplimiento del derecho y se elaborarán dossiers temáticos periódicamente.

El Observatorio del Derecho a la Educación (ODED) fue gestado en el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), en el marco de su programa de investigación “Formas escolares y posiciones docentes en la producción del derecho a la educación en el Uruguay actual”, integrado por cuatro proyectos. En una primera etapa, se sumó a dicho espacio el proyecto Políticas Educativas, Cuerpo y Currículum, radicado en el Instituto Superior de Educación Física, pero lejos de estar cerrado, este jueves fue presentado públicamente como “en permanente construcción colaborativa y participativa”. Según completó Cristian López, uno de los integrantes del grupo coordinador del ODED, desde el observatorio se extiende una invitación a personas y organizaciones “que se sientan convocadas” a integrar el espacio.

Pablo Martinis, también integrante del grupo coordinador, planteó algunos “mojones” en el ejercicio del derecho a la educación después de la última dictadura, a la que definió como “una noche absoluta” en la materia. Por ejemplo, el docente de la FHCE habló de la conformación de la Concertación Nacional Programática en 1984, de la aprobación de la Ley de Emergencia para la Enseñanza en General en 1985 y del “período de reconstrucción del sistema educativo público”, en el marco de la recuperación democrática. También se refirió a los años en los que el Frente Amplio estuvo en el gobierno nacional, y se detuvo en la Ley General de Educación de 2008, a la que definió como una norma “programática”, y también en algunos procesos “de impulso a la inclusión educativa” registrados en los últimos años.

Según analizó, la actualidad está marcada por la discusión en torno a la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), que “revisa aspectos claves”, como el lugar de la educación pública, la participación de distintos actores en la definición de políticas y la gestión, el rol del Ministerio de Educación y Cultura y la formación docente. En ese sentido, Martinis no consideró casualidad que una parte importante de los artículos que se someterán a referéndum sea del capítulo de educación de la LUC. Además, indicó que las actuales autoridades impulsan debates en torno a la laicidad que repercuten en las condiciones de trabajo de los docentes.

El investigador planteó que “algunos enfoques y actores están escasamente presentes en los debates públicos” sobre educación y, precisamente, esa es un área en la que el ODED pretende aportar. Concretamente, mencionó el objetivo de “abrir debates públicos con una perspectiva amplia” y plural, en el que puedan intervenir “distintas voces”, más allá de la perspectiva ética y conceptual desde la que se para el colectivo: la defensa del derecho a la educación. Al respecto, mencionó algunas dimensiones desde las que bajan a tierra este concepto. En primer lugar, definió a la educación como un derecho humano universal fundamental que los individuos y colectivos ejercen “a lo largo de toda la vida”. En ese marco, “los estudiantes son los sujetos” de ese derecho y debe garantizarse que puedan ejercerlo, responsabilidad principal a la que colocó en manos del Estado. Por lo tanto, Martinis valoró que “los problemas de efectivización del derecho nunca pueden ser colocados en función de déficits, carencias e incompletudes de los educandos”, sino de quien es el responsable de efectivizarlo.

Además, vinculó al mencionado derecho a las ideas de justicia e igualdad, sobre las que “se habla poco” en los debates educativos. En este sentido, mencionó que es clave que los individuos puedan “ser parte y reconocidos en su singularidad”. Para el observatorio, la idea de igualdad “tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad humana inherente a cada persona”. En suma, Martinis dijo que las personas tienen derecho a ser parte de “lo común”, pero también a ser diferentes, por lo que se distanció de cualquier intento homogeneizador.

Otras voces

Para cumplir el objetivo de “democratizar el debate educativo y reconfigurarlo sobre nuevos ejes”, las acciones comunicacionales del ODED serán claves. Al respecto, el proyecto cuenta con un sitio web en el que se compartirá la producción de los grupos e investigadores del observatorio y también de sus socios. En particular, López mencionó que uno de los productos será un informe anual que presente un “estado de situación sobre el derecho a la educación en Uruguay”. También funcionará un repositorio de artículos académicos en el que ya se encuentran las producciones previas de los proyectos y grupos de investigación del ODED. Además, el sitio cuenta con una sección editorial en la que se compartirán artículos de opinión con la intención de intervenir directamente en debates y temas de agenda.

Por su parte, habrá una “sección diálogos”, dedicada a compartir miradas de distintos actores del sistema educativo para ponerlas en diálogo con la perspectiva del ODED, que apuesta por aportar a la discusión desde lo pedagógico. En el sitio también se publicarán entrevistas a distintos actores del quehacer educativo y se elaborarán dossiers temáticos con periodicidad.

En el lanzamiento, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, planteó que el cambio y la transformación educativa tiene que hacerse “en el encuentro del debate y el intercambio de ideas”. Al respecto, lamentó que muchas veces el debate público esté presentado “en términos de crónica roja”, con actores más preocupados por ver los problemas del sistema que por generar propuestas.

Camila Falkin, otra de las integrantes del grupo coordinador del ODED, planteó que el proyecto aspira a convertirse en un “espacio de producción, difusión y sistematización de conocimientos”. Según dijo, uno de los focos estará en “aportar a la comprensión y difusión de políticas con base en experiencias educativas más justas e igualitarias”, pero también a la elaboración de políticas en general. En ese sentido, se realizará un “seguimiento y análisis” de acciones y normativas que permita observar las “interrelaciones con cumplimiento del derecho a la educación”. Por su parte, el ODED también está interesado en observar “cómo se construyen políticas educativas desde perspectivas cotidianas”, para lo que buscarán “recuperar experiencias de educadores como constructores de política educativa”.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2021/11/se-lanzo-el-observatorio-del-derecho-a-la-educacion-que-apuesta-por-democratizar-el-debate-educativo-y-reconfigurarlo-sobre-nuevos-ejes/

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Uruguay: Intendente de Salto, Andrés Lima: «La LUC quita la participación del docente en el cogobierno de la educación»

América del Sur/Uruguay/12-11-2021/Autor(a) y Fuente: www.grupormultimedio.com

El Intendente de Salto, Andrés Lima, aseguró que “acompañamos la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración porque plantean la precarización del empleo, inclusive en el sector público, se vuelve a plantear el tema de la flexibilización laboral y se cuestiona el monopolio de las empresas públicas”.

Además, señaló que “la LUC quita la participación del docente en el cogobierno de la educación y entendemos que en algunas situaciones prioriza la educación privada sobre la pública”. En ese sentido subrayó que “es el sector público el que debe ser priorizado, porque es el que le permite el acceso a la educación a todos los uruguayos sin importar el lugar, cuál es su condición y nivel económico”.

Respecto a los artículos referidos a la vivienda, Lima sostuvo que “modifican la ley de desalojos, puntualmente en el caso del inquilino que es buen pagador, porque al vencimiento del plazo hoy la legislación que existe dispone que tenga la posibilidad de permanecer en la vivienda hasta un año continuando con el pago y en el caso de la LUC, ese plazo se acorta a 30 días”.

Además, el intendente hizo hincapié en que hay artículos en la LUC que “establecen limitantes al derecho de huelga y en ese sentido estamos convencidos que para un sano equilibrio entre el empleador y el trabajador es necesario que el sindicato tenga todos los elementos, entre ellos el derecho a la huelga”. Asimismo, enfatizó que tener derecho a las huelgas “es fundamental para que los trabajadores puedan plantear sus reivindicaciones y lograr mejores condiciones de trabajo”.

“El Frente Amplio y todas las Instituciones Sociales y Sindicales que están trabajando para derogar los 135 artículos de la LUC necesitan información para convencer a los ciudadanos”, afirmó el intendente salteño. En ese sentido agregó que “entendemos que cuanto mayor sea la información que disponga el uruguayo sobre la LUC más fácil les será tomar una decisión y que podamos llegar al 50 por ciento más 1 de las adhesiones”.

Fuente e Imagen: https://www.grupormultimedio.com/intendente-de-salto-andres-lima-la-luc-quita-la-participacion-del-docente-en-el-cogobierno-de-la-educacion-id988297/

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Brasil: PEC 23 – o calote nos precatórios

América do Sul/Brasil/11-12-2021/Autor e Fonte: fasubra.org.br

Por: Dr. Francis Campos Bordas e

Dr. José Guilherme Carvalho Zagallo

Aproveitando-se da situação caótica da economia brasileira, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 23/2021 é apresentada como solução para viabilizar auxílios emergenciais para famílias carentes. Poucos dias atrás, o relator na Comissão especial da Câmara, Deputado Hugo Motta (Republicanos/PB), apresentou o relatório (aprovado por maioria) que seguirá ao plenário, onde, em sua justificativa, é repetido argumento de que o importante nesse momento é a viabilização de auxílios emergenciais. Porém, por trás dessa cortina, há um verdadeiro conto de terror que beneficia exclusivamente os “compradores de precatórios”.

É do conhecimento geral a existência de um mercado de negócios que compra precatórios de pessoas físicas por valores inferiores ao que valem – o deságio. A PEC 23 favorece esse balcão de negócios.

Como funciona o mercado paralelo de precatórios?

• João tem um precatório de R $100 mil a ser pago pela União.

• Uma corretora (banco ou escritório especializado, etc) lhe oferece pagar R$ 50 mil para que ele receba imediatamente esse valor. Ele aceita e cede seu crédito. Nesse instante, o credor não é mais João, mas a Corretora.

• A corretora tem, ao menos, duas alternativas: [1] fica com o crédito na mão e lucra R$ 50 mil quando pago o precatório ou [2] repassa esse precatório para uma empresa que deve R$ 100 mil para a União de dívidas tributárias. Nesse segundo caso, a empresa passa a ser a credora do precatório, o qual é usado para quitar sua dívida de impostos, tendo gasto apenas os R$ 60 mil repassados à corretora.

• A empresa economiza R$ 40 mil em sua dívida, a Corretora lucra R$ 10 mil e João – o titular original do precatório – perde R$ 50 mil.

A PEC 23 institucionaliza essa prática e dá garantias às corretoras, empresas devedoras e investidores em privatizações, criando uma “pedalada fiscal” com os precatórios. Isso precariza e desvaloriza de forma absurda o credor do precatório, aquele que esperou e investiu (pagando honorários ao advogado) para receber seu direito.

É preciso que se compreenda que, para o mercado financeiro, quanto maior for a insegurança sobre o recebimento de um crédito, maior será o deságio aplicado na compra de um precatório, pois, evidentemente, o risco tem uma expressão monetária. Isso explica porque os precatórios estaduais e municipais são negociados com deságios muito maiores do que aqueles emitidos pela União. O orçamento da União sempre comportou com folga o pagamento de precatórios, ao invés dos Estados, muitos em situação falimentar.

Quando a PEC propõe teto de gastos para expedição de precatórios ou seu parcelamento, ela eleva o temor do credor. Isso é bom para quem compra com deságio, ou seja, esse mercado paralelo.

Evidentemente que o leitor se perguntará: como poderia haver favorecimento se o Governo está dando calote e fixando um teto de gastos? Isso não desvaloriza os precatórios? Por que esse mercado financeiro compraria esse crédito? Simples: porque para esse mercado paralelo que compra o precatório, não haverá teto nem deságio, pois o precatório será utilizado pelo valor nominal com que foi inscrito no orçamento. O calote atingirá, mais uma vez, só o lado mais fraco, o cidadão.

A PEC prevê a possibilidade de que o credor de precatórios (e aqui me refiro à Corretora que comprou o precatório) possa: quitar débitos junto à Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal; comprar imóveis públicos; comprar outorga de delegações e concessões públicas (rádio, tv, etc); comprar cotas de participação societária em empresas públicas (Banco do Brasil, Eletrobrás, etc); comprar direitos, inclusive na partilha de petróleo (redação proposta para o §11 do art. 100 da Constituição).

Honestamente: alguém consegue imaginar a cena de um segurado do INSS participando de um leilão de privatização e usando seu precatório para isso? Evidentemente que não, pois esse parágrafo não foi escrito para o titular original do precatório. Foi escrito para a corretora, o banco, o investidor interessado em comprar partes do Estado brasileiro e de nossas riquezas.

Não há que se falar, nessa hipótese, em teto de gastos ou parcelamento, pois não haverá dispêndio de valor algum, mas uma mera compensação do valor total do precatório.

Como funcionaria o teto? A proposta apresentada prevê um limite de gastos com condenações judiciais, que corresponde ao valor pago em 2016 a esse título (cerca de R$ 35 bilhões em valor de hoje). O titular de precatório que não tenha sido expedido por ultrapassar esse teto ficará a ver navios; salvo se ele for um comprador de precatórios. Nesse caso, abre-se a esse comprador de precatórios um mercado com boa margem de lucro, porque ele poderá usar esse crédito para o mesmo fim já referido antes (quitar débitos com a fazenda pública, ações de empresas públicas, privatizações, etc). E, pasmem, havendo a negociação desse precatório adquirido, não se fala mais em teto. É o que propõe o texto em seus §§ 3º e 5º do art. 107-A do ADCT.

Portanto, são duas as opções para quem não teve o precatório expedido por ultrapassar o teto:

1. Usar a integralidade do valor para quitar débitos com a fazenda ou comprar bens e direitos do ente público (§ 11 do art. 100), ou;

2. Negociar com deságio de 40% (§3º do art. 107-A do ADCT).

Nenhuma das alternativas acima estará sujeita a teto, conforme garante o § 5º do art. 107-A: Não se incluem no limite estabelecido neste artigo as despesas para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11, 20 e 21 do art. 100 da Constituição Federal e no § 3º deste artigo, bem como a atualização monetária dos precatórios inscritos no exercício.

Atenção! Uma vez aprovado o texto da Comissão Especial da Câmara, o teto de gastos com precatórios não será aplicável ao “mercado paralelo de precatórios”.

A fixação do deságio de 40% traz ainda o perverso efeito de estabelecer um padrão elevadíssimo de deságio que, como visto, favorece quem compra o precatório. Portanto, aquelas ofertas de compra de precatórios federais que hoje são feitas por chamadas e mensagens eletrônicas já partirão com deságio superior a 40%!

Portanto, a PEC 23, longe de resolver os problemas dos cidadãos com créditos a receber dos entes públicos, que passam anos esperando o resultado de seus processos, tem um propósito claro de novamente beneficiar um sistema financeiro que lucra em cima da desesperança das pessoas.

Com o passar dos anos o deságio será ainda maior, uma vez que o teto baixo para inscrição de precatórios aumentará o tempo de espera para pagamento a cada ano, institucionalizando o calote de precatórios.

A PEC 23 é o iceberg que afundou o Titanic. Não havendo botes e coletes para todos, receberão os precatórios sem qualquer desconto apenas os passageiros da primeira classe que se beneficiarão do deságio sobre os créditos da tripulação e dos cidadãos desesperados das classes de baixo.

Não deixe se enganar pela pele de cordeiro, há um lobo faminto por trás da PEC 23!

1 – Advogado, membro da Comissão Especial de Precatórios do Conselho Federal da OAB. Integrante do CNASP – Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos e da AAJ – Associação Americana de Juristas Rama Brasil.

2 – Advogado, Integrante do CNASP – Coletivo Nacional de Advogados de Servidores Públicos e da AAJ – Associação Americana de Juristas Rama Brasil.

Nota Técnica 50/2021 Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados –https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/estudos/2021/copy_of_NT50_PEC23.pdf

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – Art. 107-A (…)

§ 3º É facultada ao credor de precatório que não tenha sido expedido em razão do disposto neste artigo, além das hipóteses previstas no § 11 do art. 100 da Constituição e sem prejuízo dos procedimentos dos §§ 9º e 21 do mesmo artigo, optar pelo recebimento, mediante acordos diretos perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Pagamento de Conde1nações Judiciais contra a Fazenda Pública Federal em parcela única, até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% (quarenta por cento) do valor desse crédito. (…)

§ 5º Não se incluem no limite estabelecido neste artigo as despesas para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11, 20 e 21 do art. 100 da Constituição Federal e no § 3º deste artigo, bem como a atualização monetária dos precatórios inscritos no exercício. (grifos nossos).

Artigo publicado originalmente no Blog do Servidor – Correio Braziliense.

Fonte e Imagem: https://fasubra.org.br/geral/pec-23-o-calote-nos-precatorios/

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Chile: [Senado noticias] «En comisión de educación rechazan veto a estatuto de profesionales de educación»

América del Sur/Chile/12-11-2021/Autor(a) y Fuente: www.colegiodeprofesores.cl

Noticiero semanal del Senado de la República informa del rechazo al veto presidencial producido en la Comisión de Educación de la Cámara Alta el 3 de Noviembre pasado.

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Chile: Comunidad de Historia Mapuche se pronuncia frente a los crímenes del gobierno de Piñera

Compartimos el comunicado de la Comunidad de Historia Mapuche sobre los últimos crímenes cometidos por el ejército chileno en el Wallmapu, donde desde el pasado 12 de octubre se recrudeció la militarización por el estado de excepción que declaró el presidente Sebastián Piñera.

Nuevamente nuestro Wallmapu se tiñe de sangre mapuche. Esta vez Yordan Llempi Machacan, un joven de 23 años, pierde la vida en su hogar a causa de un tiroteo efectuado por efectivos militares del Estado Chileno. Mientras, en el hospital de Temuko se encuentra en grave situación Iván Porma Leviqueo, al que se suman otros/as heridos/as a balas, entre estas una niña de 9 años.


Por más que los testimonios que circulan en las redes grafican y demuestran su condición de víctimas indefensas, los comunicados oficiales del gobierno insisten en decir que hubo enfrentamientos. Dicho discurso gubernamental simplemente busca confundir a una sociedad bombardeada de propaganda que adrede mezcla imágenes y situaciones que buscan hacer real la figura del narcoterrorismo que, en ninguna parte de Chile, salvo en Wallmapu, requiere para su contención de un estado de excepción.

En ese contexto, distintos liderazgos y territorios del país mapuche han vinculado este estado de excepción con otros momentos de la historia, donde los militares como agentes del Estado chileno llevaron a cabo genocidios de la población para dar continuidad a los proyectos económicos y geopolíticos de las oligarquías en el poder. La invasión y expoliación del Wallmapu (fines del siglo XIX), así como la instauración de un colonialismo de asentamiento que se vio reforzado por el golpe de 1973, su contrarreforma agraria y reorganización estratégica del capitalismo chileno, han reproducido el despojo y el racismo, sacrificando a los pueblos para beneficio de la misma etnoclase aferrada al poder y que ya vimos cómo fue impugnada por el levantamiento popular de octubre de 2019.

En el contexto actual, la opinión de los wallmapuche ha hecho ver el enfrentamiento que propicia el gobierno y que se busca legitimar por medio de una consulta online denominada “consulta araucanía.” Esta burda maniobra vulnera los derechos colectivos mapuche reconocidos a nivel nacional e internacional (Convenio 169 OIT, Declaración ONU derechos pueblos indígenas). Dicha consulta es parte de una estrategia que tiende, por un lado, a seguir manteniendo el modelo neoliberal de acumulación para los grupos económicos capitalistas y los encadenamientos productivos extractivistas que este genera; y, por otro, se propone crear una situación que le otorgue dividendos políticos al gobierno en la coyuntura electoral en el tiempo que les queda, además de la total indolencia al posponer el cuarto retiro que requieren las precarias economías, por tanto sin vergüenza alguna señalan querer terminar sus días gobernando con los militares y agentes contrainsurgentes en las calles y en los campos.

Esta forma brutal de terminar su nefasta administración busca políticamente asegurar la continuidad del orden opresor existente, desmovilizando a la población, criminalizando la protesta, adoptando un terrorismo de Estado hacia los movimientos y territorios que luchan.

Pretenden limpiar la imagen corrupta e inmoral que tienen en la figura del imputado presidente, de los mandos de las fuerzas armadas y la policía, una serie de procesos judiciales por la apropiación individual ilícita de fondos reservados y de negocios en paraísos fiscales que procuran destrabar los resguardos sobre zonas protegidas para inversiones y ganancias privadas.

La implementación de estados de excepción y de figuras ligadas al narcoterrorismo son también operaciones políticas- comunicacionales que desvían la atención sobre la podredumbre a la que llevaron la situación, sepultando la política y los derechos colectivos, por una militarización y jergas geopolíticas (“la macrozona sur”) que hacen de las fuerzas armadas instituciones deliberantes, totalmente parciales y brazo armado de las élites económicas de Chile.

El camino de los pueblos hacia su descolonización, autodeterminación y autonomías se legitima y une sus cauces al de todos/as aquellos/as que buscan liberarse de las opresiones del capital, el patriarcado y la pobreza.

Si bien los detentores del poder buscan contener y mantener a raya a las inexorables fuerzas históricas de cambio, la opción de la fuerza y violencia estatal no es sustentable en el tiempo. El conflicto del sistema y sus crisis periódicas, como los estallidos, buscarán otros espacios y momentos que continuarán agudizando las contradicciones de arrastre y las presentes. La unidad de los movimientos y territorios en Chile y el Wallmapu es lo que se debe salvaguardar como legado del levantamiento social de octubre, pues esto es lo que buscan entorpecer este y los otros gobiernos con la «doctrina de schock» y la propaganda de miedo y terror alimentada con mentiras.

Recordar que –como quedó demostrado en la represión generalizada contra el levantamiento de octubre 2019 – lo que se haga hoy contra nosotros, se hará mañana contra los demás pueblos en Chile.

Hoy la lucha mapuche y sus distintas causas se han legitimado. Los diferentes territorios y liderazgos deben aprovechar las flaquezas del enemigo histórico, sumar más aliados y converger sus estrategias en un tiempo y espacio que permita consolidar sus capacidades y aspiraciones de autogobierno y control territorial, con la esperanza de que también aquellas instancias institucionales que algunos sectores intentan disputar ayude a impedir que quienes son minorías poderosas vuelvan a trabar nuestros procesos legalizando la violencia colonial en contra nuestra y la de quienes ven en la autodeterminación de los pueblos su fin estratégico.

No a la trucha “consulta araucanía” que legitimará la violencia contra los pueblos y territorios Verdad y Justicia para las víctimas de las fuerzas armadas aliadas del gobierno

Que renuncien los inmorales, corruptos, mentirosos y violentistas que están en el poder Libertad a los presos políticos mapuche y de la revuelta

Con Yordan Llempi Machacan en la memoria…!!

¡¡Por territorio, justicia y autodeterminación…!!

Comunidad de Historia Mapuche

Ngulumapu, 05 noviembre küyen 2021

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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Colombia: La U. Nacional declara como prioridad las acciones contra el cambio climático

La universidad pública más importante de Colombia declaró como “asunto prioritario de gestión universitaria” las acciones frente a la emergencia climática, reconociendo el cambio climático como una emergencia y apoyando e incentivando medidas urgentes y drásticas para mitigar su impacto y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Así lo determinó el Consejo Superior Universitario (CSU), dando vía libre a 11 acciones que desde la universidad pretenden impulsar cambios frente al cambio climático. Entre dichas acciones destaca la meta de una reducción en la emisión de gases efecto invernadero, siendo carbono cero a 2030. Esto implica transformaciones de políticas y programas claves en el día a día.

La declaratoria toca áreas como la gestión de recursos hídricos y de residuos. En el primero la Unal pretende realizar acciones para motivar una mayor cultura de conservación del agua, el uso eficiente de ese recurso y su reutilización y reciclaje para fines potables o no potables. En cuanto a los residuos, el CSU espera desarrollar una economía circular (reutilización, reventa, reciclaje, compostaje in situ de alimentos y productos orgánicos y posteriormente transformación de residuos en energía).

En ese marco también resaltan las estrategias “cero plástico de un solo uso” y “producción y consumo sostenible”. Siendo la universidad más grande del país, la Unal plantea como un gran reto la movilidad sostenible. “La UNAL planificará las acciones de sostenibilidad en torno a la movilidad en sus campus, con el fin de reducir los gases efecto invernadero e involucrando la infraestructura de movilidad existente (construcción de carriles, estaciones, casilleros, duchas y centros de reparación para bicicletas, implementación de transporte público dentro del campus”, señala la institución en un comunicado.

El transporte, de hecho, ha sido una de las áreas donde la ONU ha pedido mayor acción frente al cambio climático. A mediados de octubre, en la antesala de la Cumbre Climática COP26, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a todos los países a descarbonizar el transporte. “Los gobiernos deben incentivar las opciones de transporte limpio, incluso a través de estándares e impuestos, e imponer una regulación más estricta de las infraestructuras y las ventas”, dijo Guterres.

Las acciones que complementan la ruta planteada por el CSU en la Universidad Nacional son la “Operación y gestión”; “Giro ambiental y cambio cultural” e “Indicadores de sostenibilidad”. “Todo esto es posible si damos un giro ambiental y cultural con estas temáticas ambientales. Necesitamos ese cambio y parte de una declaratoria de este Consejo Superior”, resalta la declaración.

Fuente de la información e imagen: https://www.elespectador.com

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Venezuela: Entre 2018 y 2021 dejaron las aulas 1,21 millones de estudiantes de educación básica, según estudio de la Ucab

Efecto Cocuyo 

Al menos 1,21 millones de estudiantes abandonaron el sistema de educación básica en Venezuela entre 2018 y 2021, según la investigación que presentó este martes la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), que realizó la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos.

Esta investigación calcula que el número de estudiantes matriculados en la educación básica pasó de 7,70 millones, hace tres años a 6,49 millones en la actualidad, lo que implica una disminución porcentual de 15,7%.

La Ucab, en cooperación con las organizaciones Anova Policy Research y Devtech Systems, realizó la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos (ENEED 2021) que arrojó una radiografía, con datos actualizados, sobre la matrícula escolar, la plantilla docente y acceso a servicios básicos en la educación pública del país.

Para este estudio fueron consultados 399 centros de educación básica con el propósito de “producir una caracterización de la situación de la educación en Venezuela, con un enfoque en la educación básica”.

Así, se calculó que la matrícula escolar en Venezuela es de 6,49 millones de estudiantes: la mayoría de los estudiantes inscritos (67,1%) se ubican en la educación primaria, 13,7% en bachillerato, 17,7% en la inicial y el restante (1,6%) en la media técnica.

Se estima que el número de estudiantes que pudo haber emigrado en los últimos tres años es de 530 mil (43,7%) y que la posible pérdida estudiantil por desincentivo o deserción es de 682 mil (56,3%), lo que arroja el dato de la deserción escolar en 1,21 millones de estudiantes.

Deserción ligada a la crisis humanitaria

Además, los resultados de la encuesta indican que la inasistencia escolar en Venezuela está fuertemente vinculada a los factores socioeconómicos que caracterizan la emergencia humanitaria compleja que sufre el país: la falta de comida en el hogar (45,6%), la imposibilidad de costear los implementos educativos (30,2%), la falta de servicios básicos (24,5%) y el tener que trabajar (24,3%), figuran como las tres primeras razones en orden de importancia, según la investigación.

La proyección nacional de este estudio estima que el número total de profesores de educación inicial, básica y media es de aproximadamente unos 502.600 en todo el país en unas 25.560 escuelas en el territorio nacional.

Así, basados en el universo de estudiantes matriculados, los investigadores calcularon algunos indicadores básicos que permiten, de manera general, «escalar la oferta de unidades prioritarias de infraestructura y de personal docente respecto a la demanda estudiantil»:

  • En Venezuela hay 254 alumnos por colegio.
  • Hay 26 alumnos por aula.
  • Hay 58 alumnos por baño.
  • Además, hay 13 alumnos por profesor. La ratio de alumnos por profesor aumentó en 8,3% dada la reducción más aguda de la matrícula de profesores que la de alumnos. Hace tres años había 12 alumnos por profesor.

Más de 98.000 docentes abandonaron el sistema

La proyección nacional de este estudio estima que el número total de profesores activos de educación inicial, básica y media decayó 24,9% entre 2018 y 2021, debido a que la cifra pasó de 669 mil a un poco más de 502 mil a nivel nacional.

En consecuencia, se estima que la deserción docente ha sido de unos 98.300 profesionales de la educación, aproximadamente, en tres años. De estos, 68 mil (40.9%) han emigrado del país.

Según el diagnóstico de personal docente, del total nacional de profesores de educación básica y media, 71,1% son docentes integrales y 28,9% especializados. De la misma manera, según su nivel de dedicación laboral 87,5% son titulares, 10,7% interinos y el restante (1,8%) voluntarios.

Infraestructura y acceso a servicios básicos

La mayoría de las escuelas muestra carencias importantes en los servicios básicos. Se observó la carencia aguda de agua (56,6%), electricidad (69,9%), e internet (85,7%).

Igualmente, las escuelas presentan importantes carencias en su infraestructura, principalmente la ausencia de servicios de salud (93%), bibliotecas (48%) y canchas deportivas (43%), entre otros.

Cuando se le preguntó a los encuestados sobre la frecuencia con la que ocurren hechos que entran en el marco de lo ilegal y que incrementan la inseguridad en los alrededores de la institución, respondieron que los hurtos, robos y el tráfico de drogas son los que más se repiten.

En cuanto al acceso al transporte público, la mayoría de los estudiantes del país (83%) se traslada hacia sus escuelas «a pie», mientras que 10 % utiliza el transporte público y solo 2 % va en el vehículo familiar. Menos del 2% de las instituciones ofrecen servicio de transporte para estudiantes y menos del 1% ofrece dicho servicio para los docentes.

Aunque 46,1% de los colegios se encuentran entre 0-100 metros de distancia de alguna parada de transporte público, el promedio nacional de distancia de la parada de transporte público más cercana a las escuelas es de 659 metros.

Alimentación y vulnerabilidad alimentaria

Respecto a la alimentación el 48,8% de los estudiantes dijo comer menos de 3 veces al día y se estima que 56,9% se encuentra en situación de vulnerabilidad alimentaria. Igualmente, cerca del 50% de los docentes reportó haber perdido entre 6 y 15 kilogramos de peso en los últimos dos años. Mientras que 85,7% de los profesores dijo no contar con seguro médico.

Aunque 90,2% de los colegios encuestado afirma formar parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE), 83,6% califica de manera regular/negativa su funcionamiento. Solo 16% lo califica positivamente. La falta de suministros alimenticios y la falta de implementos de cocina fueron las razones más importantes de esta calificación.

Además, 32,27% de los colegios dijo que recibe el servicio del PAE todos los días de clases y 36,67% varias veces a la semana.

Incidencia de casos de covid-19 entre la población educativa

Según reportaron las autoridades de las instituciones, hay una mayor cantidad de planteles que reportan casos confirmados de contagio de COVID-19 entre alguno de sus profesores, que las que reportan tener casos confirmados entre alguno de sus alumnos.

Se proyectan un total de 32.674 casos confirmados entre profesores y 23.375 entre alumnos.

Entre 2018 y 2021 dejaron las aulas 1,21 millones de estudiantes de educación básica, según encuesta de la Ucab

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