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Estudiantes de la UCSC se toman facultades de Educación, Sociales y Periodismo y Dirección Audiovisual

Chile/25 junio 2016/Fuente: Resumen

Estudiantes de la Universidad Católica penquista se encuentran movilizados desde hace unas semanas, proceso que ha desembocado en la toma de 3 facultades del campus San Andrés. Los universitarios se han tomado las facultades de Educación, Sociales y Periodismo y Dirección Audiovisual, que se suman a las tomas en la Universidad de Concepción, a la UNAB Concepción y a las tomas del Bloque Secundario.

En un comunicado hecho llegar a Resumen, los estudiantes de Educación de la institución esgrimen sus razones para realizar la acción “Nos oponemos rotundamente al sistema educacional chileno, el cual consideramos un negocio segregador e injusto. Además, nos manifestamos en contra de la Reforma de Educación Superior, la cual no tiene participación de las bases, quitándole poder resolutivo en la construcción de ésta a la comunidad educativa: el cuerpo docente del país y el estudiantado. Nosotros, como futuros profesores estamos preocupados por el rumbo que ha tomado la educación chilena, desde la municipalización de ésta, hasta la privatización. La primera representó un mal manejo de recursos, la segunda, profundizó y enfatizó el lucro, además de generar una evidente desigualdad social en el país.”

A estas razones se suman el rechazo transversal del endeudamiento promovido por el Estado que ha entregado suculentas ganancias a la banca.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales agregan “Exigimos fortalecimiento de la educación pública, Gratuidad Universal, educación no sexista, condonación de la deuda. A la vez proponemos que se financie mediante una ley permanente y no vía glosa presupuestaria, aportes basales y no a la demanda, la que mantiene una lógica de beca y de competitividad. Mayor democracia en nuestras casas de estudio, tipificación del lucro como delito con pena de cárcel, y a su vez, develar que el principal problema en la educación radica en la herencia de una constitución que mercantiliza y vende nuestros derechos, que no garantizan como tal.”

Los estudiantes de la UCSC pasan a formar parte de las tomas llevadas adelante por estudiantes secundarios y universitarios del Gran Concepción. En la Universidad de Concepción hay 23 carreras en paro y 13 carreras en toma y los estudiantes de la UNAB sede Concepción tienen tomado su recinto. Respecto de los secundarios, los estudiantes se enfrentarían a un desalojo durante esta jornada. Según detalla Difusión EGM, los estudiantes del Liceo Enrique Molina decidieron entregar el Liceo ante el inminente desalojo. No se descartan retomas.

Fuente: http://resumen.cl/2016/06/estudiantes-la-ucsc-se-toman-facultades-educacion-sociales-periodismo-direccion-audiovisual/

Fuente de la imagen: http://img.soy-chile.cl/Fotos/2011/07/18/file_20110718150216.jpg

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Echando raíces: el Movimiento Sin Tierra de Brasil

Por: Inés Lucía Orea

A principios de 1997 llegaban, como forma de protesta, cerca de 2.000 personas a Brasilia desde diferentes rincones del país. La ruta había sido larga, unos 64 días, durante los cuales algunos de los campesinos llegaron a recorrer más de mil kilómetros. Todos ellos se reunieron frente al Congreso junto con más de 100.000 simpatizantes que apoyaban la propuesta de una reforma agraria que redistribuyera de una manera justa la tierra. Al grito de ‘la tierra es de quien la trabaja’ el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) se consolidaba en aquella marcha como uno de los movimientos sociales más potentes y organizados de Brasil y de Latinoamérica.

No hacía tanto tiempo había tenido lugar la famosa masacre en Eldorado dos Carajás, en la que durante una protesta que pretendía forzar al gobierno a asentar a unas familias de campesinos sin tierra, la policía militar cargó contra estos matando a 19 campesinos e hiriendo a 57. Conviene comprender qué hay detrás de un movimiento social que lleva casi desde los años 80 en activo y que mantiene un rol relevante como grupo de presión a pesar de los sustanciales cambios que ha atravesado tanto su organización interna como la sociedad en la que habita.

Las raíces del Movimiento Sin Tierra

Se podría decir que este movimiento conserva sus raíces en la desigual distribución de la tierra en Brasil. Ya durante la colonización portuguesa, la Corona había dividido entre varias familias el territorio sobre el que además tenían un derecho de propiedad hereditario y la posibilidad de beneficiarse de la producción agrícola que allí se trabajara. La contestación a esta desigual situación es también larga; a principios del siglo XVII, esclavos recién liberados o escapados se instalaban en tierras de manera ilegal, reproduciendo en Brasil sus aldeas originarias africanas a las que se llamó ‘quilombos’. De ahí que en numerosas ocasiones el movimiento se vincule intelectualmente con la superación de la esclavitud y la formación incipiente de una ciudadanía con derechos sobre la tierra.

La formación de quilombos en Brasil durante la época colonial a menudo dio como resultado violentos choques entre los esclavos liberados y las autoridades coloniales
La formación de quilombos en Brasil durante la época colonial a menudo dio como resultado violentos choques entre los esclavos liberados y las autoridades coloniales

Las reivindicaciones más modernas por un reparto equitativo de la tierra se gestan con la dictadura tras el golpe de 1964. Apenas unos días antes del golpe, el presidente João Goulart intentaba poner en marcha la primera reforma agraria en respuesta a las movilizaciones del noreste del país, que habían ido yendo en aumento desde el comienzo de la década de los 60. La llegada de los militares supuso un giro en la implementación de esta reforma, ya que estos iban a tomar otra dirección.

Los militares tenían el proyecto de modernizar el sector primario para exportar productos agrícolas, especialmente soja, y entrar así con fuerza en el mercado internacional. Pero el golpe estuvo en gran medida apoyado por las élites rurales y los militares se toparon con una poderosa esfera con intereses propios, por lo que a la modernización le acompañó la corrupción. Las políticas agrarias de la dictadura, aunque aumentaron la producción, fueron desarrollando tendencias clientelistas que favorecieron a los grandes propietariosy no siempre, como se preconizaba, a la productividad y al libre mercado. Asimismo, supusieron abruptos desplazamientos para los pequeños agricultores y los sin tierra, que se vieron obligados bien a emigrar a los países vecinos, bien a buscar suerte en las ciudades, aún a pesar del vertiginoso desempleo de los núcleos urbanos.

Junto con las medidas encaminadas a renovar el sector primario, los militares desarrollaron un plan energético para la creciente industria, para lo que se veía necesario la construcción de gigantescas centrales hidroeléctricas que de nuevo supusieron importantes desplazamientos en un momento de crecimiento poblacional. La expropiación de territorio a pequeños campesinos en el sur del país fue importante.

El desarrollo de una conciencia y activismo rurales en un momento tan represivo se debe, en parte, a la búsqueda de una alternativa al sindicato de campesinos apoyado y controlado por los militares, es decir, al intento de lograr una forma de organización fuera de las instituciones del régimen que denunciara los cuantiosos desplazamientos. Esta opción fue posible gracias al respaldo e impulso de la Comisión Pastoral de la Tierra.

Hasta el golpe militar, la Iglesia se había visto representada en las instituciones y era muy cercana al estado y a las élites, pero con la consecución del golpe se rompió dicha alianza. No hay que olvidar que la Iglesia apoyó en un primer momento el golpe militar, pero la debilidad de la Iglesia Católica en Brasil en ese momento, junto con el crecimiento de los poderes seculares y su falta de influencia, llevó a cambios internos por los que decidió cambiar su relación con la sociedad. Este giro también obedece a un incremento en el número de miembros progresistas en el seno de la Iglesia brasileña y al Concilio Vaticano II, con especial relevancia de la reunión regional que se celebró en Medellín y en la que numerosos obispos latinoamericanos expresaron su deseo de convertirse en la ‘opción de los pobres’.

En el caso particular de Brasil, la Iglesia Católica sirvió para legitimar el activismo rural e incluso cumplió una labor pedagógica crucial para la toma de conciencia de los campesinos. Numerosos miembros del clero buscaban generar una identidad religiosa y política combativa basada en muchos casos en la Teología de la Liberación. De hecho, ante las profundas transformaciones que tuvieron lugar en el campo por las políticas de modernización de los militares, algunos obispos, como los de la Amazonia, expresaban directamente una opinión contraria al sistema capitalista en conjunto, al que tildaban de envenenado. La base ideológica mezclaba el marxismo y el catolicismo, aunque con un concepto de clase que pretendía ser lo más amplio posible, e instaban a la población a tomar de conciencia de ello para variar su situación.

La geografía económica de Brasil explica en parte el MST. La actividad de cierto valor está en la costa y al sur del país, no en el norte. Fuente: Universidad de Texas
La geografía económica de Brasil explica en parte el MST. La actividad de cierto valor está en la costa y al sur del país, no en el norte. Fuente: Universidad de Texas

Además de una función ideológica, la Iglesia sirvió para organizar el movimiento y darle prestigio fuera de Brasil. Por un lado proveía de un servicio local, que movilizaba a la población, era un caladero de líderes y creaba vínculos comunitarios, y por otro, como institución internacional, conseguía apoyos y recursos de simpatizantes por el país y por el mundo. Curiosamente, el apoyo de la Iglesia y esta alianza se disiparían en la transición democrática del país, que no sobrevivió ni a la alianza de los movimientos rurales con el Partido dos Trabalhadores y con la CUT (Central Única dos Trabalhadores), ni al mayor peso del ala conservadora en la Iglesia brasileña con el Papa Juan Pablo II, con el que la Iglesia se alejaba de la visión de la Teología de la Liberación y adoptaba una postura conservadora.

No obstante, resulta hoy innegable la importancia del poso que dejó la Comisión Pastoral de la Tierra para la supervivencia del movimiento, no sólo a nivel ideológico, sino por las entidades organizativas que dejó, que refuerzan la identidad comunitaria y la importancia del papel de la educación como motor para el cambio y el activismo político. Cabe decir que una de las razones por las que este movimiento ha sobrevivido tantos años, es su robusta organización interna, sin perder por ello flexibilidad. Los peregrinajes que organizaba la Comisión Pastoral reforzaron su espíritu comunitario, y la importancia de la educación filosófica, además de la teológica, fue crucial para armar de contenido al movimiento.

Para ampliar: Estudio en profundidad sobre el papel de la Iglesia en el Movimiento Sin Tierra

Además de la organización interna, una de las señas de identidad de los campesinos sin tierra es la estrategia de ocupación de territorios improductivos para el asentamiento de familias. Esto empezó en 1979 cuando, inspirados por un economista del sindicato de campesinos, João Pedro Stédile, se ocupó un enorme territorio improductivo, la Hacienda Macali. Tras lograr su expropiación, este modus operandi se replicó durante los 80 y fue evolucionando desde esa primera ocupación: se realizaban acampadas en territorios como llamada al gobierno para negociar el asentamiento de familias en territorios baldíos, aunque no fueran obligatoriamente aquel donde habían acampado en un primer momento.

Esta táctica se mostró tan polémica como efectiva. La reforma agraria y el reparto equitativo de la tierra eran a menudo vistos como una cuestión marginal desde el gobierno, que respondía de forma parcial parcheando el problema y siempre en connivencia con la élite local y los grandes conglomerados empresariales de la industria agrícola. Las ocupaciones se realizaba tras una planificación meticulosa, buscando primero territorios improductivos, organizando los campamentos, asignando diferentes funciones a cada quien dentro de los mismos y elaborando rigurosos planes logísticos. A su vez, se planificaba una propuesta para negociar con el gobierno que había sido estudiada previamente por abogados del MST.

Papel en la transición y consolidación democrática  

Oficialmente, el nacimiento del movimiento tiene lugar en el encuentro en Cascavel (1984) donde se reunieron líderes de diversos movimientos rurales de desplazados. En esta reunión se afianzó el nombre del movimiento, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, y se fijaron una serie de puntos ideológicos que ambicionaban unir a movimientos diversos en su origen y características. Entre los puntos compartidos estaban el acuerdo de mantener una presencia a nivel estatal y el de conservar su independencia frente a partidos políticos.

La reunión de Cascavel coincide con el ultimo año de dictadura militar, en el que el MST se asienta como nueva fuerza a nivel estatal, adoptando la consigna ‘sin reforma agraria no hay democracia’. A pesar de haber promulgado su independencia frente a partidos políticos, con la transición democrática aparecieron con fuerza como actores políticos el sindicato CUT y el Partidos de los Trabajadores, que recibieron con brazos abiertos las peticiones del MST. Aunque debe matizarse que en ocasiones existieron debates internos sobre la pertinencia de que los campesinos compartieran espacio político con los obreros urbanos.

Durante la dictadura militar había tenido lugar una profunda renovación y modernización del sector agrícola, que había hecho crecer su producción a pesar del clientelismo. Los años 80 trajeron consigo la crisis de la deuda que azotó a toda la región latinoamericana, y que supuso el impulso de medidas neoliberales apoyadas por las entidades financieras internacionales. En el caso de Brasil, estas políticas favorecieron a la élite rural debido a la decisión del gobierno de impulsar las exportaciones de productos primarios para pagar la deuda a los acreedores. Esta élite consiguió, a pesar de las consignas de libre mercado, una enorme cantidad de recursos estatales, así como protección a nivel institucional. El estado también consintió la apropiación, considerada en muchos casos fraudulenta, de importantes terrenos en el Amazonas.

Las medidas neoliberales, junto con el impulso del sector agrícola, atrajeron inversión extranjera y se asentaron en Brasil grandes conglomerados empresariales que tenían gran poder e influencia sobre el precio de los productos, el mercado de semillas y el de pesticidas. Por citar los más conocidos encontramos a Monsanto, a Bayer o a Dupont. Estas grandes empresas conforman a día de hoy un gran lobby que, junto con las élites locales, controlan la industria agrícola del país y vetan propuestas encaminadas a una distribución más equitativa de la tierra. La sobrerrepresentación del la élite rural en el Congreso, la llamada ‘bancada ruralista’, controla la agenda política en este tipo de temas y deja poco margen de decisión en la materia a los poderes ejecutivo y legislativo.

El MST jugó un papel significativo en la transición democrática del país y se convirtió en un apoyo para el Partido de los Trabajadores. Durante este periodo sufrió profundas transformaciones internas relacionadas con la ruptura de su alianza con la Iglesia, que supuso un duro golpe tanto a nivel organizativo como ideológico: la secularización del movimiento dividió a muchos de sus miembros. Ello no impidió que se le diera una importancia central a la cuestión agraria en la nueva Constitución brasileña de 1988, en la que se instituye como principio general la función social de la propiedad y se imponen una serie de requisitos a las propiedades rurales.

Así, en el Artículo 184 del Capítulo III de la nueva Constitución, se establece la posibilidad de expropiar por interés social mediante justa indemnización, salvo en el caso de propiedades pequeñas y medianas, y de aquellas que se mantengan productivas. Asimismo, en el Artículo 186 se fijan una serie de requisitos para que una propiedad cumpla una función social, a saber, su aprovechamiento racional y oportuno, la utilización adecuada de los recursos naturales con atención al medio ambiente o el que favorezca al bienestar de propietarios y trabajadores y cumpla con las disposiciones de regulación laboral. Otro artículo que plasma las reivindicaciones del MST es el 191, según el cual aquel que sin ser propietario de un inmueble, urbano o rural, posea como suya una superficie de tierra no superior a 50 hectáreas por cinco años sin interrupción y la haya puesto a producir con su trabajo, adquirirá la propiedad.

Pese a los múltiples intentos de criminalizar el movimiento, tanto por parte de la prensa, como por parte de los poderes judicial y político, que en ocasiones buscaban tildarlo de antidemocrático e ilegal, éste ha logrado tener un papel crucial en la transición democrática, dando voz a las clases populares rurales, proveyendo de organización a las mismas y defendiendo derechos básicos. Se ha consolidado como un actor con capacidad de negociar con las autoridades públicas, apoyar campañas, impulsar reformas legislativas y ganar batallas legales para implementar de forma efectiva lo dispuesto en la Constitución.

En un país con las disparidades económicas de Brasil, que frecuentemente se traducen en un abismalmente menor acceso a los recursos políticos y judiciales de las clases populares, el MST ha logrado canalizar las demandas de un importante número de población y ha realizado una labor social apremiante, que era lograr tierras para miles de familias campesinas desplazadas. Es más, ha propuesto una amplia gama de políticas al poder ejecutivo para resolver las cuestión de la desigual distribución de la tierra en un país que posee, según informes del gobierno brasileño, el 22% de las tierras cultivables del planeta, y en el que a pesar del crecimiento industrial, el sector primario y la población rural siguen ocupando un puesto importante en los indicadores económicos y sociales. En el siglo XXI, apenas un 1,6% de los propietarios detentan cerca del 50% del territorio cultivable y más de 4 millones de familias siguen sin tierra, por lo que la circunstancia que dinamitó la creación de este movimiento está lejos de haberse superado.

La resiliencia del movimiento

Durante el primer periodo de gobierno de Henrique Cardoso (1995-1998) se produjeron numerosos asentamientos, de hecho es quizá el periodo político en el que más asentamientos se concedieron, en parte facilitados por la caída en los precios en las propiedades rurales en esos años. Sin embargo, durante la Administración de Cardoso, cayeron las ayudas a los campesinos, y los intentos de criminalizar al MST y sus estrategias de ocupación fueron en aumento, especialmente después de su reelección en 1998.

Votos obtenidos por el Partido de los Trabajadores desde el año 2002
Votos obtenidos por el Partido de los Trabajadores desde el año 2002. Fuente: Ámbito Financiero

La conservadora prensa brasileña lo apoyó en su determinación de apartar al MST como actor en la arena política, y el movimiento pasó una época crítica durante la que muchos querían adivinar ya su final. A nivel internacional, el Banco Mundial secundó e impulsó iniciativas para un reparto de la tierra con el mercado como asignador de recursos, lo que minó aún más la labor de los sin tierra.

Con la victoria del presidente Lula da Silva del Partido de los Trabajadores en las elecciones de 2003, muchos ‘rurales’ –como se les llamaba frecuentemente– celebraron lo que creían que iba a ser una nueva era para el reparto de la tierra y la reforma agraria. Los compromisos con la industria agrícola y el sector energético frenaron muchas de las promesas de Lula y terminaron por decepcionar a los sin tierra. Pese a que el viraje pragmático del PT se sintió como un abandono de los ideales socialistas que compartía con el MST, este presidente no buscó criminalizar el movimiento y éste volvió a conseguir apoyos después de la oscura época que supuso el ostracismo mediático de la administración anterior.

Con Dilma Rousseff el número de asentamientos de familias se ha estancado y gran parte de las asignaciones de territorios se deben a procesos que se iniciaron antes de su llegada al gobierno. Las disparidades se mantienen y la propia ministra de agricultura, Kátia Abreu, llegó a negar en una entrevista la existencia de latifundios en Brasil. El enfriamiento en la relaciones con el gobierno central del PT se une a un estancamiento tanto en la redistribución de la tierra, que sigue siendo profundamente desigual, como con nuevos problemas que afronta el movimiento en el desarrollo de los asentamientos hacia un modelo competitivo.

Stédile, un economista que se presenta como una de las pocas caras visibles del movimiento, explica los cambios que ha atravesado el sector agrícola desde los años 60. En sus inicios, las reivindicaciones de los sindicatos campesinos meramente buscaban que los grandes propietarios les cedieran tierra en la que cultivar, hoy existen otros temas que resultan cruciales para una reforma agraria justa. La modernización de la agricultura y la entrada del sector en un mercado global con una competencia feroz contra los grandes conglomerados empresariales, trae consigo otras cuestiones que requieren, a ojos del MST una reformulación: el acceso al capital, el proceso agro-industrial, el know-how, y el modelo tecnológico. Una reforma agraria verdaderamente redistributiva, supone la democratización de estas cuestiones y no lo que se ha entendido hasta este momento como tal, que es básicamente expropiar terrenos improductivos y cederlos a familias sin tierra.

João Pedro Stédile , una de las caras más reconocibles del MST
João Pedro Stédile , una de las caras más reconocibles del MST

Hasta ahora se ha parcheado el problema con expropiaciones y cesiones, pero la dificultad hoy es avanzar desde la fase de subsistencia a una de producción y entrada en el mercado. Esto es cada vez más difícil y aunque existen organizaciones y universidades que colaboran con el know-how, existen a menudo problemas relacionados con la capacidad de producción de ciertos terrenos, la especialización o la imposibilidad de competir en un mercado copado por las grandes empresas.

En suma, el MST es un movimiento social que ha sobrevivido a contextos poco amigables, desde su gestación en la dictadura militar, hasta las sacudidas de la conservadora prensa brasileña. Su aliado político, el PT, parecer haber cedido ante los aprietos de la Realpolitik y el MST se enfrenta hoy a la difícil de tarea de hacer un hueco al modelo cooperativo en un mercado de grandes conglomerados empresariales y de dura competencia a nivel internacional, debida en gran medida al proteccionismo que en otras regiones acolchona este sector. Veremos si en los próximos años el movimiento continúa a flote y mantiene la misma capacidad de transformación.

Fuente: http://elordenmundial.com/regiones/movimiento-sin-tierra-brasil/

Fuente de la imagen: http://www.resumenlatinoamericano.org/wp-content/uploads/2016/04/mst.jpg

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Represión contra los estudiantes chilenos que se manifiestan por la educación pública sin lucro

25 junio 2016

Mientras la presidenta chilena Michelle Bachelet deba rienda suelta a toda su hipocresía en
La Habana participando del importante acuerdo de paz para Colombia,
sus fuerzas de “seguridad”, los temibles carabineros atacaban con
brutalidad  a las y los estudiantes chilenos que otra vez ganaron la
calle. Esto ocurrió este pasado jueves y habla a las claras de que el
“progresismo” de Bachelet y sus aliados políticos no es más que un
atajo para seguir sosteniendo al neoliberalismo.

Fuente de la imagen: http://periodismohumano.com/files/2011/10/protestas-contra-estudiantes-en-chile-610×430.jpeg

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«El Watergate es una ilusión diseñada por Hollywood»

25 Junio 2016/Autor: Marta Peirano y Alejandro Navarro Bustamante/Fuente: Rebelión

Entrevista a Julian Assange

«Los medios establecidos tienen que limitarse constantemente bajo los poderes del establishment, los poderes del Estado al que pertenecen», dice Assange en esta entrevista con eldiario.es en la Embajada de Ecuador en Londres.

 

Cuatro años lleva Julian Assange en la embajada de Ecuador de Londres. Durante su estancia han pasado ya tres embajadores: Ana Albán, que estuvo a cargo 39 meses; Juan Falconí, con 21 meses, y Carlos Abad, que lleva 12. Este domingo 19 de junio, el fundador de Wikileaks los habrá superado a todos con un récord de 48 meses.

La corte de distrito en Estocolmo mantiene una orden de arresto contra él, como sospechoso de violación. No hay cargos contra él; las leyes suecas establecen que no se pueden formular cargos contra un sospechoso sin haberlo interrogado. Hasta ahora, se han negado a interrogarlo en la embajada o por Internet, y la acusación no prescribe hasta 2020. De momento, su equipo le ha regalado un gato.

Hoy se cumplen cuatro años de su encierro en esta embajada. Cómo se explica esto.

Cuando dices cuarto aniversario parece que lo estamos celebrando. Pero puede que estar detenido durante cinco años y medio sin cargos tenga algo que celebrar y es que Wikileaks sigue publicando. Y creciendo. Mientras, muchos otros medios de comunicación están desapareciendo. A pesar de sufrir la mayor persecución en la historia de los EEUU contra un medio de comunicación durante cinco años y medio y de sufrir un bloqueo bancario que incluye a Visa, Mastercard, Paypal, Western Union, Diner’s Club, Discover, American Express y Bank of America, no hemos despedido a nadie, seguimos adelante. Creo que esto es algo que podemos celebrar.

También creo que Ecuador como Estado, un Estado pequeño, ha sido capaz de resistir una enorme presión por parte del Gobierno norteamericano y del británico acerca de mi situación. Ahora estamos en punto muerto, nadie está ganando, está todo parado. Pero podemos ver en qué dirección se mueven las cosas, como resultado de procesos, como por ejemplo Naciones Unidas concluyendo formalmente que estoy detenido de manera ilegal.

Pero está a punto de empezar la apelación de Chelsea Manning, mi presunta co-conspiradora, la joven analista de inteligencia de EEUU que ha sido condenada a 35 años de prisión. Esa sentencia es de locos. La única acusación contra ella es haber sido la fuente del medio que ayudó a denunciar crímenes de guerra y la verdadera naturaleza de la diplomacia norteamericana. Nadie la acusa de filtrar documentos secretos a la inteligencia rusa o a Al Qaeda. La única alegación es que proporcionó información a los medios y ha sido sentenciada a dos décadas en prisión. Ahora tratan de hacer lo mismo conmigo.

Wikileaks se ha especializado en tratar de ensanchar esa cobertura de lo que se puede publicar, acogiendo los casos más difíciles, en este caso y en este momento, los secretos más oscuros del mundo de la inteligencia norteamericana y sus amigos. Son difíciles porque son el poder dominante y por tanto su capacidad para suprimir esa información es mayor.

Explíqueme algo que no entiendo. A diferencia de Chelsea Manning y Edward Snowden, usted no es un ciudadano norteamericano y no ha firmado un contrato con el Ejército norteamericano, ni con el Gobierno norteamericano. ¿Cómo puede ser responsable de una traición en EEUU?

EEUU trata de imponer sus leyes sobre un centenar de países en el mundo. Yo soy un ciudadano australiano que opera desde Europa, fuera de EEUU. No teníamos empleados norteamericanos en el momento en que publicamos documentos clasificados del Gobierno norteamericano. ¿Cómo puede EEUU reclamar jurisdicción sobre este caso? Pues porque EEUU reclama jurisdicción universal sobre cualquier cosa que tenga que ver con el Gobierno de EEUU. Y, como eran documentos del Gobierno de EEUU, entonces tienen jurisdicción.

En España ha habido un gran debate acerca de la jurisdicción universal en torno al Comité contra la Tortura, que permite a los gobiernos de cualquier Estado perseguir a funcionarios de cualquier otro Estado cuando el Estado responsable no cumple con su obligación frente a las Naciones Unidas de perseguir crímenes de tortura. El caso de Baltasar Garzón en el que extraditó a Augusto Pinochet de Inglaterra a España fue posible en parte gracias a ese mandato. Otro ejemplo son los 26 agentes de la CIA que han sido procesados en Italia por el secuestro de un imán sospechoso de terrorismo. Pero hay un aspecto espinoso de esta jurisdicción universal y que EEUU trata de exprimir todo lo que puede: el reclamo unilateral de jurisdicción universal de cualquier editor que publique información que pertenece o afecta a los intereses del Gobierno norteamericano. Y esto es una amenaza a cualquier editor en el mundo.

A usted le persiguen por distribuir decenas de miles de documentos militares y diplomáticos clasificados en 2010. Y, sin embargo, medios como The Guardian, The New York Times y Der Spiegel publicaron el mismo material sin sufrir las mismas consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre esas cabeceras y Wikileaks?

Hay una diferencia legal y una política. EEUU sabe que perseguir al NYT por publicar estos documentos sería difícil políticamente. El New York Times tiene un enorme megáfono y lo usará para defenderse. Legalmente, las acusaciones que pueden usar contra una publicación son cinco: espionaje, conspiración para cometer espionaje, conspiración general, terrorismo informático y robo. Han creado un abanico de cargos para tener una herramienta que funcione en diferentes contextos. Dependiendo, por ejemplo, de dónde te quieren extraditar, porque el espionaje no es un crimen en muchos países. Las más efectivas son haber sido parte en una conspiración y el terrorismo informático.

Desde ese punto de vista, la diferencia entre nosotros y el New York Times es que nosotros tratamos directamente con la fuente, y por tanto fuimos parte de una conspiración con la fuente para obtener información de manera ilegal. Y luego, dentro de la organización, hay una serie de cosas que haces con esa información. Por ejemplo, tratar de descifrarla si está encriptada. O proteger a la fuente, ayudándole a borrar sus huellas. Estas acciones extra son las que aparecen en la Ley de Fraude y Abuso Informático, sección 1A de la sección de Terrorismo Informático.

Todo esto nos separa legalmente del resto de los medios de comunicación, pero con ellos también la usan. Por ejemplo, un periodista de Fox News reveló unos documentos vergonzantes sobre la política norteamericana de asuntos exteriores y luego se supo que había obtenido la información de un funcionario de la Administración. La orden judicial que usó la policía para requisar sus correos estaba basada en cargos de conspiración.

Esta legislación que tratan de imponer en EEUU tiene dos objetivos: acabar con el periodismo de secretos, haciendo que cualquier periodista que se comunica directamente con la fuente sea su co-conspirador y, por tanto, culpable de espionaje. La segunda, expandir esa legislación hasta alcanzar a todos los periodistas del mundo, no solo en EEUU, usando la jurisdicción universal e implicando que, cuando dos periodistas colaboran juntos, están conspirando juntos. Y los técnicos trabajando en esta historia, y los maquetadores, todos serían culpables de conspiración.

¿Qué pasaría si saliera ahora mismo por esa puerta?

En marzo, el Gobierno de EEUU cursó un documento de 113 páginas al Tribunal federal con los cinco cargos que he comentado antes. Pero, extrañamente, el Gobierno británico no quiere aclarar si les ha llegado la orden de extradición del Gobierno estadounidense. Ni siquiera quieren confirmar o negar que haya habido comunicación alguna entre los dos gobiernos acerca de este caso. Y eso es lo que pasa cuando un gran jurado, que es lo que se usa en EEUU para los delitos federales, produce un documento sellado de acusación, que es una ofensa criminal para los miembros de la Administración hablar del contenido de ese sobre. En este caso, ese sobre se habría convertido en un documento sellado que reclama mi extradición, el documento que el Gobierno británico se niega a confirmar o negar que ha recibido.

El primer caso de extradición a la Schrödinger: no sabemos si existe o no.

Exacto. Pero lo que el Gobierno británico sí ha dicho es que, independientemente de que la orden de extradición en Suecia sea cancelada, ellos van a arrestarme. Y ni el Gobierno sueco ni el británico han querido confirmar que no me extraditarán a los EEUU.

¿Tiene apoyo de otros países además de Ecuador?

A ver: una cosa es el apoyo de la población y otra el apoyo del Estado. La población australiana me apoya pero el Gobierno australiano no. La Alianza de los Cinco Ojos –los servicios de inteligencia del imperio blanco angloparlante: EEUU, Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda– es extremadamente hostil, incluyendo mi propio Gobierno. Australia ha sido de hecho uno de los peores. Su respuesta a la presión de EEUU fue abrir una investigación penal en la que estaban involucrados la agencia de seguridad, el Ejército australiano, la Policía Federal y el tribunal de justicia. Como consecuencia, han cancelado mi pasaporte. No hay ninguna prueba de que haya infringido ninguna ley australiana, ni siquiera que haya publicado nada desde suelo australiano. Pero, como soy un ciudadano australiano, Australia es de alguna manera responsable de cualquier irritación que yo pueda causarle a EEUU y así demuestra su lealtad a EEUU.

¿No le han ofrecido asilo en otros países?

Ecuador me ofreció asilo muy pronto, en 2010. Y hubo declaraciones de apoyo de Venezuela, Argentina, Rusia. Las ciudades de Barcelona y Madrid han hecho declaraciones de apoyo frente a Naciones Unidas, cosa que me parece muy significativa. Pero mi situación es muy similar a la de Edward Snowden. Wikileaks fue capaz de conseguir asilo para Snowden: le sacamos de Hong Kong y le llevamos a Rusia. Pero, en el proceso enviamos cientos de peticiones a todos los estados occidentales, incluyendo España. Fueron todas rechazadas por las razones más sospechosas, muchas veces argumentando razones técnicas.

Fue el caso de España: que no podían ofrecerle asilo porque no estaba en suelo español al cursar la petición.

Es triste que Europa siga estando bajo el dominio de los aliados estadounidenses. Pero lo entiendo porque casi toda Europa está en la OTAN y la OTAN está dominada por EEUU. Si algún país europeo me ofreciera asilo, EEUU lo tomaría como un insulto. Y las agencias de inteligencia de esos países entienden que habría un precio, bien la información que les proporciona la inteligencia norteamericana, bien el poder que tendrían en la mesa de negociación de la OTAN. No sería un cambio oficial, claro, pero de manera no oficial habría un cambio. EEUU no puede tolerar ese tipo de deslealtad. No porque un país les pueda hacer mucho daño de manera individual pero porque puede animar a otros países a desobedecer.

Volviendo a Wikileaks. Sara Harrison dijo hace poco que el legado de Wikileaks eran dos cosas: la idea de un buzón seguro (como Securedrop, Filtrala) en el que cualquier ciudadano puede filtrar documentos a un medio de comunicación sin revelar su identidad y poner en peligro su bienestar; y la idea de un consorcio de medios trabajando en la misma exclusiva. Fue lo que hizo con The Times, The Guardian, Der Spiegel, El País y Le Monde cuando Wikileaks filtró 251.287 cables diplomáticos estadounidenses. ¿Esta de acuerdo con esa valoración?

No (risas). Adoro a Sarah pero veo las cosas de otra manera. La prensa tradicional, incluyendo aquellas cabeceras con las que colaboramos, se han agarrado a esa interpretación porque les conviene políticamente. Porque no constituye un reto para la percepción que proyectan de su propio valor. Y es verdad que fuimos nosotros los primeros en crear una colaboración internacional de grandes cabeceras investigando en la misma exclusiva. Y lo hemos seguido haciendo con cientos de organizaciones en muchos países distintos, generando procesos de comunicación cifrada para su colaboración, etc.
Este es nuestro más importante legado: haber creado una estructura difícil de atacar, para publicar la información que avergüenza a las grandes cabeceras.
En cuanto a Securedrop, esto era algo que los medios no estaban haciendo en absoluto porque pensaban que no era su trabajo hacerlo. Así que se ha convertido en un mecanismo conveniente para explicar el éxito de Wikileaks. Ahora, por mi experiencia trabajando con distintas organizaciones de derechos humanos y grupos de seguridad informática, siempre he creído que los documentos importantes no son tan difíciles de conseguir. La dificultad está en publicarlos. Este es nuestro más importante legado: haber creado una estructura difícil de atacar, para publicar la información que avergüenza a las grandes cabeceras.

Y también saber usar Internet de la manera óptima. El papel regula la cantidad de información que puedes publicar pero la Red permite publicarlo todo. Para mí, el verdadero valor de Wikileaks es como biblioteca, como un registro compulsado de los comportamientos de las grandes instituciones contemporáneas. Esta biblioteca es algo que otros periodistas pero también abogados, políticos y otros utilizan cada día para publicar nuevas historias o empezar nuevos argumentos o investigaciones. Y el escándalo que genera cada publicación de material es, en mi opinión, solo una manera de atraer gente a la biblioteca, una estrategia de marketing. Esta biblioteca se convierte entonces en una estructura fiable para esa gente.

Por ejemplo, los tres millones de cables que están ahora disponibles en nuestra serie de diplomacia pública es el mayor paquete de información, el más articulado y significativo acerca de cómo funcionan las relaciones internacionales. Es un tesoro para la humanidad; es universal y permanente y ofrece un marco de investigación global para periodistas en todo el mundo.

Se necesita mucha estrategia y mucha premeditación para mantener una biblioteca de estas características en el ojo público. Esto incluye distribuir a nuestra gente y nuestros recursos en muchas jurisdicciones distintas, para que no podamos ser presionados de manera efectiva ni sucumbir a la autocensura. Algunos medios se han referido a Wikileaks como el primer medio de comunicación apátrida. Esto indica, sin decirlo, una verdad importante: que los medios que están circunscritos a un Estado o a una cultura, son vulnerables a la presión y los intereses de ese gobierno y esa cultura. Y no siempre hay una coacción legal, a menudo es solo el estar integrado a esa sociedad. Llevarse bien con sus padres, sus parejas y amigos.

Wikileaks ha ganado todas las demandas a las que se ha enfrentado durante los últimos 10 años. Todas. Así que, lejos de ser una organización de renegados sin ley, en la práctica respetamos la legislación de los países en los que operamos, y operamos en muchos países diferentes. Y estamos usando leyes internacionales de los derechos humanos, como el artículo 19 que garantiza la libertad de expresión sin fronteras, Y aquellos con los que hemos litigado han perdido el caso porque han infringido la ley en sus propios países o bien tratan de aplicar leyes de otro país.

Este es el motivo por el que ha sido tan crítico con el ICIJ y su presunta liberación de la mayor filtración de la historia del periodismo. Ellos aseguran tener a 185 periodistas trabajando en 65 paises. ¿No debería ese número garantizar la legitimidad de la exclusiva?

Es triste pero no. Y quiero felicitar a la fuente por hacerse con ese material y a los dos periodistas del Sueddeutsche Zeitung por «conspirar» con esa fuente. Pero, desde la perspectiva de Wikileaks, los Papeles de Panamá son una regresión, un paso atrás, porque no es la filtración más grande del mundo sino la más pequeña. Porque ellos han dicho y otros han repetido que es la más grande filtración de todos los tiempos, pero en realidad solo han publicado 166 documentos.

Sería la mayor filtración si el ICIJ no tuviera miedo de publicar lo que tiene. No solo eso sino que su director, que está en Washington DC, salió a decir públicamente que Wikileaks había robado el periodismo y nosotros lo estamos recuperando. La gestión de los Papeles de Panamá es un ataque a nuestro modelo, y nuestro modelo es el periodismo científico, que consiste en justificar todo lo que publicas con la documentación que lo demuestra, para que todo el mundo pueda verificar que lo que dices es cierto. Esto no es lo que ha pasado con los Papeles de Panamá. Lo que han hecho no es periodismo de código abierto, es periodismo de código cerrado y, desde luego, no es periodismo científico.

¿Hay buenos periodistas en el ICIJ? Por supuesto que los hay. Gente como Nicky Hager de Nueva Zelanda, con el que hemos colaborado durante años. El problema es que el propio ICIJ tiene su sede en Washington DC y está financiado por la Fundación Ford, por la Fundación Rockefeller. Es más, su estructura de financiación está llena de evasores de impuestos. Saben que están fuertemente limitados en lo que pueden publicar. Si el ICIJ publicara de la manera que lo hace Wikileaks, su financiación desaparecería y su cabeza quedaría cortada. Los periodistas que han sido integrados desde América Latina y los países de la antigua Unión Soviética son de un tipo muy concreto: gente históricamente encantada de colaborar con Washington DC.

Por eso la cobertura ha sido tan parcial. Han salido algunas buenas historias pero, si haces las cuentas, 166 documentos publicados de un total de 5.400 documentos es una cobertura extremadamente sesgada, una selección extrema.

¿Qué piensa de los papeles de Snowden que The Intercept está publicando ahora?

Es exactamente lo mismo. Una vez más, una gran filtración con la que estábamos involucrados de muchas maneras y que, a la hora de publicar, mira lo que ha ocurrido: el 99,5% del material ha sido censurado. The Guardian, por ejemplo. Todo el mundo cree que ha sido el editor original de estos documentos, porque Glenn Greenwald tenía una columna allí. Y Glenn Greenwald se marcha del Guardian porque no le dejan publicar cosas. Inicialmente, The Guardian no quería saber nada de estos documentos. Y el director en aquel momento, Alan Rusbridger, le dijo al Parlamento británico: perded cuidado, ahí hay material sobre Irak y Afganistán y no vamos ni a leerlo. Y contaron la historia a los medios de que el GCHQ había entrado en la redacción y les había destrozado los discos duros, y es todo mentira.

El director llegó a un acuerdo con el Gobierno y lo que pasó fue que el GCHQ fue a la redacción a ver cómo ellos mismos destrozaban sus propios discos duros. Y eso se lo callaron. Pero vamos a darles el beneficio de la duda. Vamos a decir que ellos pensaban de verdad que, si no destrozaban sus propios discos duros, vendrían los servicios de inteligencia y lo harían ellos. Y que preferían hacerlo ellos para qué se yo. Para grabarlo en vídeo. De hecho lo grabaron en vídeo, hay un vídeo de ellos mismos destrozando sus propios discos duros. ¡Y se lo guardaron! Esto debería estar en la portada del periódico, debería estar en la portada de la CNN y del resto del mundo.

Pero lo mantuvieron en secreto. Durante seis semanas. Y salió porque la pareja de Glenn Greenwald, David Miranda, estaba volando de Berlín a Río con escala en Londres, con papeles de Snowden en un disco duro y lo pararon. Fue retenido en el aeropuerto durante ocho horas, y fue interrogado por la policía británica. Y Greenwald sabía de la destrucción de discos duros y estaba presionando para hacerlo público. Y es en este momento, seis semanas después, que el Guardian lo publica, y ni siquiera lo pone en la portada del periódico. Escuchad todos, esto pasó hace seis semanas, sentimos habérnoslo callado pero la detención de David Miranda nos parece completamente intolerable y también que mandaran unos tíos a vernos romper nuestros propios discos duros. Y no lo ponen en la portada, sino que lo dicen en el párrafo nueve de un blog del director, en el que habla de una crítica de una película que se ha hecho sobre mí, esa horrible película de Hollywood llamada El quinto poder.

Así es como lo publican, de la manera más discreta posible. Porque no querían ofender al Estado británico. Esta es la realidad de cómo los medios establecidos tienen que limitarse constantemente bajo los poderes del establishment, los poderes del Estado al que pertenecen.

Toda esta historia de los valientes periodistas enfrentándose al poder es una ilusión diseñada por Hollywood. Hasta «Todos los hombres del presidente», la famosa película sobre el Watergate, con estos dos periodistas correteando por ahí, hablando con secretarias de administración, destapando la verdad sobre una conspiración de pinchazos. No, esto era una disputa de facciones entre Nixon y el FBI. Y el FBI escogió a sus periodistas favoritos dentro del Washington Post y les fue dando información para asegurar su posición en esa guerra de facciones.

Eso que cuenta es horrible.

De hecho, en los correos de Hillary Clinton que publicamos recientemente, en esos mismos 2.000 correos de Hillary Clinton, se dice que Bob Woodward, el supuesto «héroe» del Watergate, es un activo del FBI. En esos mismos correos.

Tanto el Consorcio del ICIJ como The Intercept son hijos de Wikileaks. Si estos no son sus aliados naturales, ¿quiénes lo son?

Tienes que entender que The Intercept tiene su única dirección postal en EEUU, y está financiada por Pierre Omidyar, el billonario que es dueño de Paypal y eBay: el mismo que trató de meter a 20 de nuestros partidarios en la cárcel, el mismo que participó en el bloqueo bancario contra nosotros. The Intercept tiene grandes periodistas, incluyendo a Glenn Greenwald. Y es una incorporación muy positiva al ecosistema de medios en EEUU. Pero ¿han publicado los cientos de miles de documentos que les dio Snowden? No, no lo han hecho. Y no lo van a hacer, porque su localización geográfica, Nueva York, significa que hay demasiados puntos de presión sobre esa organización. Y es una pena, porque se podía haber estructurado como un consorcio internacional, o con una estructura novedosa como Wikileaks, que tiene muchos inscritos de muchas partes, incluyendo ONG, etc. Esto nos hace difíciles de presionar.

Y qué hay de organizaciones que no tienen sede en los EEUU ni pertenecen a un país concreto, como Fíltrala.org.

No me malinterpretes: es un avance que el ICIJ y otras organizaciones entiendan el valor de reunir grandes cantidades de documentos. Es un avance que mucha gente con perfil más técnico se haya politizado. Y es un avance que algunas, muy pocas, organizaciones tratan ahora de proteger sus comunicaciones con sus fuentes. Es un avance que The Intercept haga un seguimiento en profundidad de los temas de vigilancia masiva que nosotros llevamos años denunciando. Hay muchos grupos que han adoptado nuestros ideales: Fíltrala, BalkanLeaks… Pero aún nos falta mucho por hacer, y el punto más débil de los medios sigue siendo estructurarse de tal manera, y desarrollar una cultura institucional que sea lo suficientemente grande para ser publicada a gran escala. El mundo es grande y sus problemas son grandes. Y tenemos que ser capaces de publicar a la misma escala que esos problemas.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=213579&titular=%22el-watergate-es-una-ilusi%F3n-dise%F1ada-por-hollywood%22-

 

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La derecha y su falsa “libertad de prensa”

Por: Patricio Montesinos

Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador son hoy claros ejemplos de que la cacareada “libertad de prensa” es una farsa de la derecha para engañar, manipular y someter a los pueblos, además de atacar sin tregua a los procesos progresistas que perduran en la Patria Grande pese a la feroz guerra mediática de que son blancos.

Los sectores conservadores de Latinoamérica reiteran esa controvertida “expresión”, acuñada por Estados Unidos, con el objetivo de esconder su verdadero propósito: utilizar a los emporios de la información, o mejor dicho de la desinformación, como armas letales mediáticas contra las naciones y gobiernos de Nuestra América que defienden su independencia, favorecen a todos sus habitantes, y batallan por la paz e integración regional.

Por supuesto que la “libertad de prensa” por la cual aboga la derecha no es válida para medios de comunicación progresistas como las afamadas televisoras internacionales TeleSur y RussiaToday, entre otros, que poseen líneas editoriales objetivas y reportan de manera veraz acerca de los acontecimientos en el mundo.

TeleSur y RussiaToday en español ya no podrán verse en Argentina por uno de los tantos decretazos del presidente Mauricio Macri, quien por el contrario siempre ha favorecido al dominante y embustero emporio Clarín, que lo llevó a la Casa Rosada, y para muchos fue el verdadero vencedor en las elecciones del pasado año en ese país.

Macri censuró hace pocos días a ambas televisoras de cobertura mundial por dar a conocer a la opinión pública los desmanes de su régimen, y al mismo tiempo ha despedido a decenas de periodistas argentinos críticos con sus medidas neoliberales y accionar represivo.

Pero Argentina no es el único caso que en nombre de la “libertad de prensa” se esconde la verdad y a la vez se agrede a América Latina. Otros son sin duda alguna Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador, por citar las naciones más atacadas, las cuales han vivido campañas mediáticas difamatorias sin precedentes dirigidas a destronar a sus presidentes legítimos, y derrumbar sus gobiernos.

La mandataria del gigante sudamericano Dilma Rousseff, destronada temporalmente del poder y sometida a un “juicio político”, fue y sigue siendo diana de constantes embestidas de la “gran” prensa brasileña, que en estrecha complicidad con los sectores ultraconservadores alentados por la administración norteamericana persisten en consumar definitivamente un golpe de Estado en ese país.

Igual ocurre con Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, a quien los medios derechistas nacionales, en contubernio con otros de Estados Unidos, España y Latinoamérica, no le han dado un solo minuto de tregua para conseguir la demolición a la Revolución Bolivariana.

Los Jefes de Estado de Bolivia, Evo Morales y de Ecuador, Rafael Correa, tampoco han escapado de las modernas cañoneras mediáticas patrocinadas por Washington y sus servicios secretos, que utilizan todos los recursos a su alcance destinados a cambiar la correlación de fuerzas en favor de sus intereses de dominación en la Patria Grande.

De Evo injuriaron sin escrúpulo alguno, previo y durante el referendo celebrado en Bolivia para otra postulación suya en el 2020, y no han parado de hacerlo porque los papagayos de la “libertad de prensa” saben muy bien que es un líder autóctono y antiimperialista de Nuestra América.

De manera similar ocurre con Correa, a quien a pesar del devastador terremoto que recientemente sacudió a Ecuador, y sus ingentes esfuerzos en favor de los miles de damnificados, lo continúan asediando, con la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) a la cabeza.

Acorde con investigaciones difundidas por TeleSur y el diario El Telégrafo, la CIA creó en Ecuador una red de periodistas encargada de materializar acciones subversivas contra la Revolución Ciudadana que lidera Correa.

No es un secreto para nadie que la CIA y sus tentáculos de espionaje como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) trabajan abierta e intensamente para aniquilar los procesos de cambios en Latinoamérica y hacer nuevamente de esta región el patio trasero de Washington.

Con ese propósito utilizan a la prensa ultraconservadora, sus redes sociales y las nuevas tecnologías, además de los órganos legislativos y las instituciones judiciales, como sus armas principales para consumar los llamados “golpes suaves o blandos”, que no son otra cosa que una versión de los golpes castrenses del siglo pasado.

Si en nombre de la “libertad de prensa” la derecha y sus patrones de Washington hacen lo que les viene en gana, cabe entonces la interrogante de por qué los gobiernos progresistas de la Patria Grande no responden con medidas severas que incluyan, incluso, la nacionalización de los medios de prensa al servicio de los poderosos.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=213429&titular=la-derecha-y-su-falsa-%93libertad-de-prensa%94-

Fuente de la imagen: http://ecopolitica.net/wp-content/uploads/2014/05/ARTICULOS-LIBERTAD-DE-PRENSA.gif

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Uruguay / La Ministra de Educación Julia María Muñoz teme a la unidad del pueblo en la lucha

Uruguay/25 Junio 2016/Autor: Valeria Fariña/Fuente: Resumen latinoamericano

La entrevista concedida este 23 de Junio por la Ministra de Educación y Cultura, Julia María Muñoz, al diario “Búsqueda”, se enmarca en una política de desacreditación a los sindicatos, que sostenida desde hace ya varios años por muchos personajes gubernamentales, infunda serias consecuencias en un escenario conservador y reaccionario que en la región parece acentuarse con mayor ahínco en estos últimos tiempos.

Las declaraciones recientes se suman a muchos otros ataques que encontraron su traspié en el rechazo masivo al Decreto de Esencialidad de la Educación en el 2015, demostrando el significado y alcance que tiene la organización y movilización popular.

En la entrevista indicada la Ministra afirma que el “compromiso” es llegar al 6% del PBI para la educación en…lo que resta del período de gobierno y que aunque se esperaba más dinero, “el desafío es hacer lo mismo con lo que se tiene”. (¿?) También afirma que “en captación el número meta es que todos ingresen a la educación media” aunque “siempre pasan cosas” por lo cual esto podría no suceder; piénsese que los “alumn@s se mudan o se van del país” (!). A pesar de esto nos recuerda que “las utopías siempre hay que tenerlas”.

Entre los dichos y no dichos de Muñoz, lo cierto es que pudieran “suceder cosas” que, entre otras cosas muestren, cuán utópico es gestionar la educación mercantil con reveses sociales y políticos, preocupación que late entre gestores y tecnicistas que avisoran los límites y cotos de sus modelos.

A todos consta que para mantener el “consenso social” no basta sólo con “humanizar el capitalismo”, se requiere además contener y dividir al movimiento popular y a las diversas expresiones y corrientes que lo integran. La Ministra lo advierte, por ello despliega una retórica facilista que esquiva responsabilidades bien concretas vinculadas a la política que viene sosteniendo.

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La Ministra contragolpea ante lo se avecina: la movilización en rechazo a los recortes presupuestales, que sufrirá particularmente la educación, como ya lo anunció el gobierno para esta Rendición de Cuentas. Naturalmente los sindicatos de la enseñanza jugarán un papel importante pero no menor al que caben a los estudiantes de todos los niveles, y a los sindicatos en general. Avisada de que al pueblo no se le une, la “bárbara” -como ella misma se autoproclama- se concentra en los sindicatos de la educación remarcando que “las maestras tanto en el orden sindical como en el orden docente, son mucho más apegadas a la tarea, más vocacionales, tienen mucho más compromiso con la educación”.

Esta grosera caricatura de la labor de maestr@s y docentes, plantea una falsa oposición en un intento por alentar intereses corporativos entre los gremios, un propósito por confundir y asignar papeles distintos en la lucha que se avecina.

La entrevista desborda en apreciaciones tecnicistas que muestran no sólo cuánto se ha abandonado el debate ideológico sino también el temor por abordarlo. Las trampas retóricas envuelven y asfixian al tratamiento que realiza la Ministra sobre distintos temas, como el asunto de la violencia en los centros educativos, “síntoma de una fractura social espantosa” y una “pérdida de códigos y valores”. ¿Cuál es la fractura y a qué se debe?. De eso tampoco dice nada, silencio absoluto… pues hacerlo supondría reflexionar sobre la profundización de los valores y códigos burgueses en los marcos de una sociedad que ella venera.

Para colmo de cinismos intenta trasladar el problema moviendo el foco hacia los profesores que “no quieren” dar clases en contextos de violencia, y con una pedantería poco austera, la Ministra exige a los docentes propuestas concretas (!), pues a su parecer “faltos de madurez” sólo “protestan por todo”; quien sabe si está desinformada, si no lee las propuestas docentes o si es pura demagogia. Lo cierto, y por supuesto lo que no dice, es que hay muchas propuestas que difieren y discrepan con la política mercantil educativa que sostiene, y por ello las esconde y teme debatirlas ideológicamente.

Este tipo de abordajes políticos son el caldo del cultivo a la reacción que el cortoplacismo minimiza, porque en el fondo no sólo estamos ante la despolitización de la sociedad sino ante la desideologización de amplios sectores populares. Urge recuperar la lucha política-ideológica, y propiciar la unidad del pueblo en la movilización concreta. A no dejarse distraer.

Imagen: https://www.google.co.ve/search?q=google+glass&client=ubuntu&hs=dPi&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiCk7es4MTNAhXFVyYKHeJLAjIQ_AUICCgB&biw=1366&bih=673#channel=fs&tbm=isch&q=La+Ministra+de+Educaci%C3%B3n+Julia+Mar%C3%ADa+Mu%C3%B1oz

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“Se acabó la guerra, ojalá que nunca vuelva”

Por:  Enrique Santiago

La firma de los acuerdos sobre “Cese bilateral  y definitivo del fuego y de hostilidades”, “Dejación de armas” y “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo” suscritos el jueves 23 de junio en La Habana, suponen el fin de la guerra que desde hace más de 52 años ha enfrentado en Colombia a la guerrilla campesina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC–EP) y al Estado colombiano.

Tras tres intentos de paz fallidos, en 1984, 1992 y 1998, el actual proceso de conversaciones de paz iniciado en Oslo y en La Habana en noviembre de 2012 se acerca a su fin y al inicio del llamado “post conflicto”, sin duda más difícil aún que las conversaciones de paz, fase que consiste en la reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes guerrilleros y en la implementación de los distintos acuerdos parciales alcanzados para acabar con las causas estructurales de esta cruenta y prolongada guerra que ha provocado más de 250.000 muertos, medio millón de exiliados  y 7 millones de desplazados internos.

A pesar del discurso abonado por los enemigos de la paz, el actual proceso de conversaciones  ha avanzado rápidamente, habiendo sido el segundo proceso de paz más corto en el tiempo de los habidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de paz de El Salvador duró 10 años, 11 años el de Guatemala, más de 10 años el de Irlanda del Norte, 14 años el de Angola, y así podríamos seguir con los procesos de Sudáfrica, Burundi, Tayikistán, Sierra Leona… Todos ellos duraron en torno a los 10 años.  Únicamente el proceso de paz de Nepal ha durado algo menos que el actual proceso de paz en Colombia, 4 años exactos. Sin duda no es lo más importante la duración de un proceso de paz sino que este llegue a buen término, pero desgraciadamente la Mesa de Conversaciones de La Habana ha trabajado desde hace más de dos años con la espada de Damocles del tiempo pendiendo sobre sus cabezas, falaz argumento esgrimido por los distintos sectores económicos y políticos que pierden su razón de ser, o sus beneficios, con la llegada de la paz, argumento que el Gobierno de Colombia –siempre pendiente de las encuestas de opinión política– ha utilizado en más de una ocasión para presionar a su contraparte en la mesa de conversaciones.  Pero hoy estamos de enhorabuena, porque la firma del Acuerdo Final de paz es algo ya cercano –quizás un mes, dos como mucho– y sobre todo es irreversible.

Esto no significa que los problemas en Colombia, las desigualdades entre el campo y la ciudad, entre los más ricos y los más pobres, entre las mujeres y los hombres, entre los criollos y los indígenas o los afro descendientes –es el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo, según el coeficiente de Gini–, desigualdades que ocasionaron este último  conflicto armado y los muchos que lo precedieron, vayan a desaparecer por la firma del Acuerdo de Paz. En Colombia el 53% de la tierra aprovechable está en manos de 2.300 personas y el 58% de los depósitos bancarios en manos de 2.681 clientes.

El post conflicto será una intensa batalla contra esas desigualdades y del éxito de la implementación de los acuerdos parciales alcanzados, dependerá que Colombia entre irreversiblemente en la senda de la paz, la consolidación democrática  y el progreso o que este acuerdo pase a la historia como uno más de las decenas de acuerdos de paz fallidos para poner fin a conflictos internos que, de forma sucesiva, ha habido en Colombia desde su independencia del dominio español el 7 de agosto de 1819. La principal responsabilidad  recaerá en los poderes públicos y las instituciones colombianas, quienes con el apoyo de la comunidad internacional –un apoyo ojalá que irrestricto– deberá garantizar la implementación de los acuerdos, eludiendo la maldición que ha asolado a la inmensa mayoría de los procesos de paz habidos en el mundo en los últimos sesenta años, en los cuales el cumplimiento de las medidas de desarrollo social y económicos plasmados en los acuerdos finales ha sido más que deficiente, como acreditan la mayoría de las evaluaciones de cada uno de esos procesos de paz realizadas a fecha de hoy.

Desde noviembre de 2012 en La Habana se han alcanzado acuerdos sobre “Reforma Rural Integral” –el abandono por el Estado del campo y de los pequeños campesinos  y la negación del derecho de propiedad de la tierra a estos, es el origen del actual conflicto armado–; “Participación Política” –en Colombia los partidos tradicionales, el llamado “establecimiento”, ha acostumbrado a exterminar físicamente a cualquier alternativa política organizada que amenazara la continuidad de la alternancia entre liberales y conservadores–; “Sustitución de cultivos de uso ilícito” –los cultivos ilícitos han sido en la practica el único medio que para sobrevivir han tenido los pequeños campesinos y las comunidades rurales, los únicos productos que podían comercializar–; “Descontaminación de Restos Explosivos de Guerra, Municiones sin explotar y minas antipersonas” –Colombia es uno de los países del mundo más contaminado por estos explosivos, obviamente en las zonas rurales–;  “Victimas. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición” –el único acuerdo sobre justicia transicional alcanzado en un mesa de conversaciones que respeta estrictamente los contenidos del derecho internacional en vigor y que supone el sometimiento de ambas partes a una justicia especial para la paz–; “Búsqueda de personas desaparecidas” –según datos oficiales, en Colombia existen más de 50.000 desaparecidos por motivos relacionados con el conflicto interno, solamente desde los años 80 hasta hoy–; y ahora los acuerdos sobre  “Cese bilateral  y definitivo del fuego y de hostilidades”, “Dejación de armas” y “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo” .

Este último acuerdo sobre desmantelamiento del paramilitarismo es de una especial importancia. El fenómeno de los ejércitos privados en Colombia, habitualmente creados y al servicio de los terratenientes y ganaderos, los denominados “paramilitares”, hace tiempo que escapó del control del Estado, a pesar de haber sido utilizados en especial por la Fuerza Publica en su combate contra las distintas insurgencias guerrilleras. Según los datos de la “Unidad de victimas” del Ministerio de Interior de Colombia, entre 1980 y 2012 se produjeron 1.166 masacres ejecutadas por grupos paramilitares, 1 cada 10 días. En muchos casos las masacres duraban días, hasta semanas, y se producían en la cercanía de bases militares. En ninguna de esa masacres la Fuerza Pública llego a intervenir, ya fuera para impedirlas o para detenerlas, nunca hubo enfrentamientos entre Ejército y paramilitares.  Hoy día, las denominadas “bandas criminales” u “organizaciones sucesoras del paramilitarismo” controlan en monopolio las rutas de exportación de cocaína a Europa y a los Estados Unidos, así como innumerables fenómenos de delincuencia organizada común. Tras el proceso de paz de Casa Verde, iniciado en 1984 entre las FARC EP y el Gobierno de Belisario Betancur, grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado asesinaron a más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica, la fuerza política de izquierdas nacida en el seno de dicho proceso de paz. Ese riesgo, muy cierto hoy día, es el que el Gobierno colombiano, con el apoyo de toda la comunidad internacional, debe conjurar, dando un combate frontal hasta el desmantelamiento total de los ejércitos privados, objetivo alcanzable con la estricta implementación del acuerdo alcanzado en la Mesa de Conversaciones sobre “Garantías de Seguridad”, garantías no solamente para los guerrilleros que van a dejar las armas, sino necesariamente extensivas a las comunidades campesinas, fuerzas políticas, grupos étnicos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, y tantos otros y otras ciudadanos colombianos en permanente amenaza o riesgo a su integridad por trabajar por un país más justo y equitativo.

La Unión Europea ha venido acompañando este proceso en los últimos años, de forma activa en los últimos meses. El Enviado Especial de la UE para el proceso de paz, el ex ministro irlandés Sr. Eamon Gilmore, ha acudido a La Habana en varias ocasiones, reuniéndose con ambas partes y ofreciendo ayuda económica para la construcción de la paz, si bien se trata de una ayuda aún insuficiente: el apoyo financiero de la UE será distribuido en tres etapas,  la primera pondrá a disposición recursos inmediatos para atender 24 requerimientos que ya fueron acordados con el ministro para el post conflicto, Rafael Pardo. La segunda etapa girará en torno al denominado Fondo Fiduciario de la Unión Europea, que actualmente alcanza la muy limitada cifra de 90 millones de euros, y su uso principal será apoyo al desarrollo rural. La última fase será la financiación de proyectos de infraestructura para el post conflicto, a través del desembolso de créditos hasta por 400 millones de euros que saldrán de la Banca de Inversión Europea. Créditos reembolsables, es decir, no se trata estrictamente de cooperación. Habremos de estar atentos a las condiciones de reembolso que se impondrán a dichos créditos para que realmente ayuden y no lleguen a dificultar la construcción de la paz.

Alemania ha sido el país de la UE que más activo se ha mostrado en el apoyo al proceso de paz en Colombia, con la designación hace más de un año del Diputado Tom Koenigs como Comisionado del Ministro de Relaciones Exteriores para el proceso de paz, mientras que el Banco de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo, entidad pública alemana, ha comprometido a fecha de hoy 75 millones de euros para el post conflicto  y la construcción  de paz.

El enviado especial Koenigs se ha mostrado especialmente comprometido con la paz, ayudando a la buena marcha del proceso con pronunciamientos sobre los problemas concretos que enfrenta el post conflicto: “Los sucesores del paramilitarismo contradicen claramente a todos los protagonistas (guerrilla, gobierno, sociedad civil, víctimas, etc.) y contenidos (reforma agraria, reparación a víctimas, devolución de tierras, fin del narcotráfico, justicia, no repetición, etc.) de los acuerdos de paz, y son una grave amenaza para su realización” o “Resulta sorprendente que las víctimas de todas las partes y sus asociaciones correspondientes, con unas pocas excepciones, apoyan el acuerdo (de Justicia Transicional y Victimas) y están dispuestas a adjudicar una mayor importancia a los elementos de verdad, reparación y no repetición que a la severidad de las penas judiciales, mientras que los políticos de la derecha quieren ver restablecida la dignidad de las víctimas únicamente por penas de prisión” (2º Informe al Bundestag de T. Koenigs, 30 abril 2016).

En comparación, la diplomacia española, dependiente de su trabajo en América Latina para mantener su peso específico en el panorama diplomático internacional, ha estado ausente de este proceso de conversaciones, especialmente si se compara con su activa participación en los tres anteriores procesos de paz, fallidos, habidos entre las FARC EP y el Gobierno de Colombia. Este desentendimiento probablemente tiene que ver con el papel muy activo que la diplomacia española –tanto en los gobiernos de Aznar, de Rodríguez Zapatero como en el de Mariano Rajoy– desempeñó en el apoyo a la llamada “doctrina de la seguridad democrática” en Colombia, implementada por el Presidente Álvaro Uribe entre los años 2002 y 2010, y que lejos de acabar militarmente con la guerrilla –como se proponía– provocó pavorosas situaciones de violaciones a los derechos humanos, como los llamados “falsos positivos” –más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes colombianos desempleados o marginales a los que el Ejército hacía pasar por guerrilleros abatidos en combate con el fin de mostrar resultados–  o las denominadas “chuzadas del DAS”,  espionaje a defensores de derechos humanos, jueces, políticos opositores y periodistas, que acabó con la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –servicio de inteligencia dependiente directamente de la Presidencia de la República–  y el procesamiento de la mitad de su plantilla, tras ser calificado por los tribunales colombianos como una “organización criminal”.

El proceso de paz está llegando a buen término gracias al acompañamiento internacional, especialmente de los países de la América Latina que han visto en la paz de Colombia la paz de todo el continente. Junto al activo papel desempeñado como país garante por Noruega –sin duda la diplomacia con mayor especialización y eficacia en procesos de paz de cuantas existen hoy día–, Cuba  ha sido el otro país garante, que además de poner a disposición su territorio y las debidas condiciones de seguridad para que avanzara el proceso, ha sabido garantizar el apoyo político de la región al proceso, a la vez que –conjuntamente con Noruega– ha desplegado un imprescindible pragmatismo diplomático que ha permitido sortear los muchos desencuentros que entre las partes ha habido durante las conversaciones. El papel de países acompañantes desempeñado por Venezuela y Chile han ayudado a destrabar problemas y a sumar más apoyos a la causa de la paz. Finalmente, a partir de enero de 2015 la Administración estadounidense del Presidente Obama, con la designación del diplomático Sr. Bernard Aronson como enviado especial para el proceso de paz, también ha desempeñado un papel constructivo en las conversaciones, quizás no todo lo comprometido que pudiera haber sido a la vista de la influencia internacional de los EEUU, pero sin duda un apoyo a la paz en Colombia que nunca antes de forma tan explícita comprometió una administración estadounidense. La reunión celebrada el pasado mes de marzo entre el Secretario de Estado Sr. Kerry y la comandancia de las FARC EP en La Habana, supuso un evidente reconocimiento político a esta organización guerrillera, a pesar de que, inexplicablemente, aún sigue incluida en las arbitrarias listas de organizaciones “terroristas” de la Unión Europea, del Reino Unido y de los propios Estados Unidos.

Aún quedan acuerdos imprescindibles de alcanzar para la firma del Acuerdo Final de Paz. Los más importantes, los relacionados con la reincorporación de los antiguos combatientes a la vida civil, las zonas donde se producirá dicha reincorporación, la imprescindible y urgente  amnistía –prevista expresamente en las Convenciones de Ginebra a la finalización de un conflicto armado interno–, las necesarias Garantías de No repetición –revisión de la doctrina de seguridad y militar de Colombia y su adaptación a una sociedad en paz donde la población civil nunca más sea considerada un enemigo– y la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras cuestiones de índole menor. Pero la firma este jueves en La Habana de los tres acuerdos que de facto ponen fin a la guerra, es la mejor garantía para alcanzar los acuerdos parciales restantes, de forma irreversible, en unas pocas semanas.

A partir de la firma del Acuerdo Final de Paz, será la comunidad internacional la que deba coger el relevo de la Mesa de Conversaciones de La Habana. Sin un acompañamiento firme e imparcial de la comunidad internacional, en especial de los países de América Latina y el Caribe y de las Naciones Unidas, será muy difícil verificar el cumplimiento de los acuerdos y acabar con las causas del conflicto. Es imprescindible garantizar un periodo de post acuerdo eficaz, donde la implementación de lo firmado sea una realidad y no se defrauden las expectativas de los colombianos y colombianas, en especial de aquellos que han vivido en primera persona la guerra, generación tras generación, en las zonas rurales del país. Una Colombia en paz abrirá la puerta a la solución de varios problemas mundiales, entre ellos el los cultivos susceptibles de unos ilícito y el narcotráfico o el desplazamiento de población. Colombia es un país dotado de inmensas potencialidades, sin duda la más importante reside en las personas que habitan en él, gente trabajadora y cordial, culta y emprendedora, con una envidiable formación académica y científica. El compromiso  de la comunidad internacional con esta paz que viene, tan difícil y generosamente construida entre todas, se verá cumplido cuando portar un pasaporte colombiano sea definitivamente motivo de orgullo y dignidad, nunca más un estigma.

Fuente: http://elordenmundial.com/tribuna/se-acabo-la-guerra-ojala-nunca-vuelva-enrique-santiago/

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