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Organizaciones de la sociedad civil reconocen rol inclusivo de la UNESCO en definición colectiva de Nueva Agenda Mundial de Educación

Fuente OREALC 11 de Abril de 2016

El informe emitido por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación sistematiza la actividad de los actores de la sociedad civil en la construcción de la Nueva Agenda Mundial E2030. En este se valora el rol de la UNESCO tanto en la región como a nivel mundial en la inclusión de las voces de los actores educativos en la definición colectiva de las nuevas metas.

En palabras de Camilla Croso, presidenta de la Campaña Mundial por la Educación, «la participación de representantes de la sociedad civil durante las negociaciones de la Agenda de Educación 2030 se sostuvo a lo largo de los años, de manera constante. Fue de fundamental importancia para eso la existencia de la Consulta Colectiva de ONGs para la Educación para Todos (EPT) de la UNESCO, así como la arquitectura democrática del Comité Directivo de la EPT a nivel internacional, además de la inclusión de representantes de la sociedad civil en momentos decisivos de deliberación a nivel regional con ministerios y otras autoridades, sobre las metas educativas. Esperamos que ese dialogo pueda mantenerse también durante la implementación de la agenda».

El rol de la sociedad civil y los movimientos sociales es clave en el debate por el derecho a la educación y será crucial en la nueva agenda mundial. Por esa razón, la OREALC/UNESCO Santiago tendrá un eje de trabajo directo y permanente con los actores sociales en línea con la agenda E2030, a fin de incluir las diferentes plataformas existentes en América latina y el Caribe.

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América Latina y su educación ante la neoliberal «Sociedad de la Información»

           La implementación mundial capitalista de la sociedad de la información va a exigir formas de regulación que trasciendan las fronteras de los estados-nación, así como de la implantación de una infraestructura tecnológica que acelere esa trascendencia fronteriza.  De aquí que esta mundialización se inscriba como objetivo primordial en las agendas internacionales.  A tal efecto, se  promueven distintas iniciativas de carácter internacional.  Entre éstas destaca la convocatoria a una Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), planteada en Minneapolis en 1998, durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), e inscrita en el orden del día del Comité Administrativo de Coordinación del Sistema de la ONU, y aprobada por la Asamblea General de la ONU para realizarse en dos fases, una primera fase o etapa en el 2003, y otra segunda fase en el 2005.

            Frente a la convocatoria de la CMSI, en América Latina y el Caribe se producen reuniones interministeriales o gubernamentales que generan documentos negociados o consensuados que sirven de corpus para analizar los discursos respecto de los criterios de integración regional latinoamericana y caribeña a la global sociedad de la información.  A partir de ello, reseñaremos tres de esos documentos: la Declaración de Florianópolis, la Declaración de Bávaro y el Compromiso de Rio de Janeiro.

          Declaración de Florianópolis.  Esta inicia reconociendo el deseo de los países firmantes de adherirse a la sociedad de la información basada en una economía global fundamentada en el conocimiento “con eficiencia, equidad y sustentabilidad” (Declaración de Florianópolis, 2000, p. 1), para luego manifestar sus reservas con respecto a que sea el mercado el ente regulador de dicha sociedad de la información, ya que éste puede incrementar las desigualdades sociales al propiciar nuevas formas de exclusión, así como otras consecuencias desfavorecedoras  de la globalización, y de profundizar la división entre naciones centrales hegemónicas y las periféricas o dependientes.
“dejar que la evolución de la sociedad de la información y del conocimiento sea conducida solo por los mecanismos del mercado conlleva el riesgo de aumentar las brechas sociales al interior de nuestras sociedades, creando nuevas modalidades de exclusión, de expandir los aspectos negativos de la globalización y de incrementar las distancia entre los países desarrollados y en desarrollo” (ob. cit., p. 1)

         No obstante estos temores, no se deja de reconocer “el importante potencial que dichas tecnologías encierran para el desarrollo social y político de los países de la región” (ob. cit.), pero las condicionan a una adecuación pertinente culturalmente “si la tecnología de información es apropiada a nuestra cultura y se crean contenidos pertinentes en forma continua, se puede potenciar la diversidad y reafirmar la identidad cultural” (ob. cit.).

          En lo que atañe a la educación, el documento insta a los países centrales a apoyar a los periféricos en la consecución de la siguiente línea de acción:
“Crear condiciones y mecanismos para la capacitación universal de la ciudadanía en la nuevas tecnologías y difundir la globalización digital, en particular fomentando experiencias innovadoras en educación a distancia, educación no formal y formación de los educadores como condición necesaria para insertar favorablemente a la población en el marco de las nuevas formas de producción basadas en el conocimiento, propiciando asimismo , el acceso y la utilización de las tecnologías de información y las comunicaciones en las metodologías destinadas a acelerar los procesos educativos de las poblaciones marginadas y en extrema pobreza” (ob. cit.).

          En esta última cita del documento sobresale el papel atribuido a las Tecnologías de Información y Comunicación  (TICs) como aceleradoras de los procesos educativos, en tanto se las implique en las metodologías utilizadas en dichos procesos, sin mayor consideración al respecto; esto es, se las concibe como mecanismos que pueden neutralizar los retardos y rezagos educativos que presuntamente presentan las poblaciones marginales y de extrema pobreza.  Siendo eso manifestación de una visión tecnicista de la educación que obvia la comprensión sociocultural para comprender los problemas estructurales de la sociedad que reproducen las desigualdades excluyentes en los sistemas educativos.

           Declaración de Bávaro.  Esta declaración fue producida en la Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de América Latina para la primera fase de la CMSI realizada en Punta Cana, República Dominicana, en enero de 2003, con la colaboración de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).

          En dicha declaración, se parte del reconocimiento de la sociedad de la información como sistema no tan solo económico sino también social, en el que la información y el conocimiento son factores de progreso y bienestar para la región latinoamericana y caribeña si ella se inscribe local y globalmente en el contexto de la profundización de principios como el respecto a los derechos humanos y otros.  Asimismo, se reivindica que las perspectivas y prioridades regionales deberían ser parte relevante de las estrategias para  implementar la sociedad de la información.

“La sociedad de la información es un sistema económico y social donde el conocimiento y la información  constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso, que representa una oportunidad para nuestros países y sociedades, si entendemos que el desarrollo de ella en un contexto tanto global como local requiere profundizar principios fundamentales tales como el respeto a los derechos humanos dentro de un contexto más amplio de los derechos fundamentales, la democracia, la protección del medio ambiente, el fomento de la paz, el derecho al desarrollo, las libertades fundamentales, el progreso económico y la equidad social.  Al mismo tiempo, considerar que la decidida promoción de la visión y prioridades de los países de la región en los foros mundiales, entre otros la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003-2005), debería ser un elemento clave de la estrategia regional sobre la sociedad de la información” (ob. cit.).

De la misma manera, en la declaración se resalta la necesidad de superar la denominada “brecha digital” en clara alusión a igualar las oportunidades con relación al acceso y uso de las TICs, en tanto dicha brecha es indicadora de las desigualdades sociales entre naciones y dentro de ellas.

“Nuestros países, conscientes de la necesidad de generar igualdad de oportunidades en el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación, se comprometen a desarrollar acciones tendientes a superar la brecha digital, la cual refleja e incide en las diferencias económicas, sociales, culturales, educacionales, de salud y acceso al conocimiento, entre los países y dentro de ellos” (ob. cit.).

          A continuación la declaración enuncia principios rectores que adopta, entre los cuales se indican:

          1°) la indispensabilidad de la TICs para realizar las necesidades sociales. Carácter de imprescindibilidad que se emparenta con el imaginario del reduccionismo pantecnológico, “el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC) son indispensables para satisfacer las necesidades de los individuos, de las comunidades y e la sociedad en general” ob. cit.).

           2°) el imperativo de que la sociedad de la información se oriente a superar las desigualdades sociales e impedir el surgimiento de otras modalidades excluyentes en las poblaciones, “la sociedad de la información debe estar orientada a eliminar las diferencias socioeconómicas existentes en nuestras sociedades y evitar la aparición de nuevas formas de exclusión y transformarse en una fuerza positiva para todos los pueblos del mundo” (ob. cit.).

          3°) la conformidad de lograr la accesibilidad de todos a las TICs con base en el marco regulatorio vigente de la naciones.  Ello reivindica el ordenamiento legal local ante las regulaciones globalizadoras, “el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación debe ser un objetivo de todos los actores involucrados en la construcción de la sociedad de la información, de conformidad con el marco jurídico vigente de cada país” (ob. cit.).

          4°) la reivindicación del empleo de las TICs para propósitos públicos y sociales en los ámbitos gubernamentales de salud y educación, y no tan solo o prioritariamente en los ámbitos mercantiles internacionales o nacionales, “el aprovechamiento de las mismas mediante la articulación de acciones locales, regionales y globales, y su uso con fines públicos y sociales en áreas tales como el gobierno, la salud y la enseñanza” (ob. cit.).

          5°) la coexistencia del libre flujo de información que aliente la transferencia de conocimientos que inciten la innovación y formación de capital humano, con el respeto a los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad y la seguridad entre otros.
“Las tecnologías de información y comunicación fomentan el flujo e intercambio de información, alentando la transferencia  de conocimientos y estimulando la innovación y formación de capital humano, propiciando que el libre flujo de información coexista con el respeto por la vida, la propiedad privada, la privacidad, la propiedad intelectual, la confidencialidad y la seguridad.” (ob. cit.).

          6°) el reconocimiento de que la naturaleza mundial de la sociedad de la información implica para el desenvolvimiento global en cuanto a formulación política de sus tendencias mundiales, la participación de los niveles regionales y subregionales a fin de considerar: la provisión de  asistencia técnica en el marco de la cooperación regional e internacional, el intercambio de experiencias y de conocimientos, y el establecimiento de normas y estándares compatibles con las características e intereses nacionales, “la sociedad de la información es eminentemente global.  De tal modo, un diálogo de política basado en las tendencias mundiales de la sociedad de la información debe tener lugar en niveles globales, regionales y subregionales.” (ob.cit).

          7°) El requerimiento de que el acceso a las TICs sea regulado por la protección que brindan las leyes internacionales para impedir la afectación por parte de decisiones tomadas unilateralmente.  Este principio no fue refrendado sino objetado por escrito, por la representación de los EE.UU. que estuvo presente en la reunión, lo que evidencia que la prevención es tomada con relación a ese país, “el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones debe realizarse al amparo del derecho internacional, teniendo en cuenta que algunos países se ven afectados por medidas unilaterales no compatibles con éste que crean obstáculos al comercio internacional.” (ob. cit., p. 3).

           Por otra parte, en la declaración se adoptan otras posiciones prioritarias como la de que bajo la cobertura del derecho a la libertad de expresión y de opinión, se reivindica además de la libertad de buscar y recibir información, el de impartir o dar información, libertad que será facilitada por vía de la educación.  Por tanto, se infiere que la educación deberá promover la producción o creación de información por medio de las TICs y no únicamente su consumo o recepción.

             “Garantizar que en la sociedad de la información se protejan y promuevan los derechos      humanos, incluido el derecho al desarrollo.   Todos tienen derecho a la libertad de opinión     y expresión; este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y a     buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación     sujeto a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.  El ejercicio de este derecho se     facilitará con las oportunidades educacionales para todos.” (ob. cit., p. 4).

           Compromiso de Rio de Janeiro.  Esta declaración es resultado de la “Conferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe.  Preparatoria para la Segunda Fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información”, realizada en Brasil en junio del 2005.

          En este documento se reafirma el compromiso de las naciones latinoamericanas con la edificación de la sociedad de la información de naturaleza inclusiva y contribuyente con el desarrollo de la región. “Declaramos: nuestro profundo compromiso con la construcción de una sociedad de la información inclusiva y orientada al desarrollo en América Latina y el Caribe, basada en los principios de paz, derechos humanos, solidaridad, libertad, democracia, desarrollo sostenible y cooperación entre los países dentro del marco de la sociedad global de la información.  Nuestra decisión de contribuir también a la creación de dicha sociedad a nivel global.” (Compromiso de Rio de Janeiro, p. 1).

          Asimismo, se asocia y destaca el fomento de la integración regional y su desarrollo sociocultural y económico con la construcción de la sociedad de la información, “nuestro reconocimiento de la máxima importancia que reviste el desarrollo de la sociedad de la información con el fin de fomentar la integración y el desarrollo social, económico y cultural de los países de América Latina y el Caribe”. (ob. cit.)

          Del mismo modo, se manifiesta el compromiso gubernamental de promover la participación de todos los interesados en la creación de la sociedad de la información que se fundamente en la compartición de los conocimientos. “Nuestro compromiso, como gobiernos, de facilitar la inclusión de todas las partes     interesadas –el sector privado, la sociedad civil, la comunidad científica y académica y     cualquier otra— en el proceso de creación de una sociedad de la información basada en     conocimientos compartidos.” (ob. cit. p. 2).

           Se comprometen los firmantes a favorecer la inversión privada, junto con la pública, para incrementar el acceso a la TICs bajo el concepto de responsabilidad social empresarial. “Nuestro compromiso de crear un entorno propicio para la inversión y la innovación, que fomente la cooperación y las asociaciones regionales entre los sectores público y privado y permita invertir recursos y capital, como corresponda, para ampliar el acceso a las TIC  despertar mayor conciencia sobre su potencial en el contexto de la responsabilidad social empresarial.” (ob. cit.).

           Por otro lado, se resalta la concepción instrumentalista y no tecnocrática de que las TICs son mediaciones o medios para favorecer el crecimiento económico, así como el pleno empleo y la competencia. “Nuestra convicción de que las tecnologías de la información y las comunicaciones no son un fin en sí mismas, sino un instrumento del desarrollo, orientado a la búsqueda de un desarrollo humano equitativo y sostenible dentro del marco del crecimiento económico, el pleno empleo y la competitividad.” (ob. cit.).

          Se atribuyen a las TICs potencialidades sobrevaloradas para el logro de objetivos sociales que no dependen decisivamente de su  acceso y uso. “Nuestra  determinación de utilizar el potencial de las TICs para la consecución de los objetivos del Milenio, es decir, para la erradicación de la extrema pobreza y el hambre; el logro de la enseñanza primaria universal; la promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; la reducción de la mortalidad infantil; el mejoramiento de la salud materna; el combate contra el VIH/SIDA,  el paludismo y otras enfermedades; asegurar la sostenibilidad del medio ambiente; el fomento de la asociación mundial para el desarrollo, y la creación de un mundo más pacífico, justo y próspero.” (ob. cit.).

          Se reivindica la necesidad de desarrollar una sociedad de la información de carácter regional, que tenga enlace con la Internet pero con nodos y servidores propios en función del contexto latinoamericano y caribeño.
“Nuestro interés en impulsar el desarrollo de una infraestructura de redes, lo que es indispensable para la sociedad regional de la información, que incluya puntos de intercambio de Internet, troncales regionales y servidores primarios, respetando la situación y la necesidades especificas de América Latina y el Caribe.” (ob. cit.)

          Reafirman enfáticamente el planteamiento que fue objetado por los EE.UU. en la declaración de Bávaro, respecto de cualquier medida tomada unilateralmente y que no se ajuste a la normativa de las leyes internacionales.
“Nuestro enérgico rechazo a toda medida unilateral que no sea conforme al derecho internacional y a la carta de las Naciones Unidas y que, en el contexto de la construcción de la sociedad de la información, impida el pleno logro del desarrollo económico y social a la población de los países involucrados o limite el bienestar de la población, así como nuestro consiguiente compromiso a dar ayuda a los países afectados por medidas de esa índole a superar los obstáculos que impiden a su población aprovechar plenamente los beneficios de la sociedad de la información.” (ob. cit., p. 4).

           Igualmente se reitera la posición de que la integración en la sociedad de la información debe estar soportada en la compartición recíproca de conocimientos, lo que conlleva a no ser tan solo consumidores o usuarios de los flujos informacionales de las TICs, sino a ser agentes del desarrollo como productores de información y contenidos en el contexto cultural global y local de intercambios de saberes.
“Nuestra firme convicción de que todo individuo debe participar activamente en una sociedad de la información basada en conocimiento compartidos, no solo como usuarios de nuevas tecnologías, sino también como agentes del desarrollo y la producción de contenidos.  Para alcanzar este objetivo, reiteramos la necesidad de fomentar el libre flujo de ideas e información, y el desarrollo de una cultura global y regional que comparta conocimientos.” (ob. cit.,  p. 5)

Se asume como necesario robustecer la cooperación para incentivar la creación de fuentes de financiamiento para la generación de empresas que produzcan para las TICs contenidos de carácter nacional, aplicaciones y programas.
“Expresar nuestro compromiso de fortalecer la cooperación y la coordinación regionales para el fomento y la creación de nuevos mecanismos de financiamiento del desarrollo de una industria dedicada al desarrollo de contenidos nacionales, aplicaciones y programas.” (ob. cit.).

               Se manifiesta expresamente el interés de participar en la gobernanza mundial de Internet con base en principios que descarten el unilateralismo, la falta de transparencia y su ejercicio democrático.
“Nuestro compromiso de contribuir a la evolución de un sistema internacional de gobernanza de Internet basado en los principios de Ginebra, particularmente los relacionados con el multilateralismo, la transparencia y la democracia.” (ob. cit.).

          Finalmente, en el documento se define y ratifica el compromiso para financiar y estimular la producción tecnológica propia en lo que respecta a equipos, partes, componentes, productos digitales, aplicación, software y contenidos en idiomas nativos para la infraestructura de las TICs.

Nuestra voluntad de fortalecer la cooperación y coordinación regionales en el marco del Consenso de Monterrey con el fin de mantener los actuales compromisos en materia de financiamiento e impulsar el desarrollo y la creación a nivel nacional de mecanismos innovadores para financiar la producción local de equipos, partes y componentes, y productos digitales para infraestructura e industrias de las TIC, incluidos aplicaciones, software y contenido en idioma local.” (ob. cit., p. 6).

En definitiva, pese a las críticas, observaciones, reservas y prevenciones manifestadas en las declaraciones, y la proyectada interconectividad al margen de los nodos contralores de los EE.UU., la región asumió en general las orientaciones y políticas de la CMSI impuestas por los países neoliberales hegemónicos y sus ONGs como la UIT, y desde entonces, aunque expresando reticencias ocasionales y puntuales, ha venido realizando reuniones intergubernamentales en las que se han diseñado planes de acción y metas para los lapsos 2005-2007, 2008-2010 y 2011-2015 (E-LAC, s/f).

diazjorge47@gmail.com

Fuente del artículo: http://www.aporrea.org/medios/a225939.html
Fuente de la foto: https://thescarletrevolutionary.wordpress.com/2013/04/17/buena-parte-del-mundo-cierra-filas-en-torno-al-jefe-de-estado-nicolas/
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Ecuador introduce palabras nativas en textos escolares.

www.eldiario.ec/Abril-2016/

Saber cómo se creó el fuego, entender la sabiduría de una ballena azul, identificar el trabajo de pastores y agricultores en su propia lengua, eso es lo que se pretende lograr a través de textos de lectura y guías metodológicas bilingües entregados a profesores de Azuay, Cañar y Morona Santiago por la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, que depende del Ministerio de Educación.

Con un novedoso sistema educativo se busca mantener vivas dos lenguas ancestrales de Ecuador: kichwa y shuar.

Para ello, hace aproximadamente un año se propuso que se recopilaran las historias que abundan en la tradición oral de los pueblos y nacionalidades que comparten el territorio ecuatoriano.
Melchor Duchi, director de Educación Intercultural Bilingüe en la zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago), asegura que los niños y las comunidades participaron activamente en la recolección de leyendas y cuentos que los abuelos y los padres han transmitido de generación en generación.
Agrega que la mayoría de historias se parecen, aunque cambian escenarios y términos de ciertas cosas, pero el espíritu de dejar una enseñanza en cada cuento, transmitir valores y amor a la naturaleza es característica de todas.
> Ilustrativo. Un equipo técnico seleccionó las historias más llamativas para ilustrarlas. Los dibujos se resaltan en cada página de los textos. Una frase de dos líneas en kichwa y shuar en cada hoja va contando la historia.
Para Duchi, incentivar el amor por la lectura en los niños, desde los más pequeños, fue la intención primordial, pero regidos a la Constitución y a los propósitos educativos. También es un incentivo para preservar lenguas maternas desde temprana edad.
“La educación con pertinencia cultural y lingüística es una tarea ardua ya que incluso en la educación intercultural bilingüe carecemos de maestros que hablen las lenguas madre y esto a su vez nos muestra que una debilidad es la falta de material educativo y peor aún para niños”, dice el funcionario.
Por esa razón también se elaboraron las dos primeras guías de aprendizaje, de las 75 que se requieren en la educación, en los diferentes niveles de básica. Junto con los textos, estas guías se convierten en los primeros materiales de la educación infantil comunitaria, que en los niveles regulares se conoce como inicial 1 y 2.
Estas guías concuerdan con el currículo nacional educativo, pero con adaptaciones y ampliaciones curriculares para la educación bilingüe.
Al hacerlas se tomó como referencia el proyecto nacional de la nacionalidad kichwa del pueblo cañari, para Cañar y Azuay.
Fuente de la imagen: http://radio.uchile.cl/2015/03/03/el-negocio-de-los-textos-escolares-en-chile.
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Bolivia: Alcaldía realiza refacciones en 50 unidades educativas

 

www.fmbolivia.com.bo/11-04-2016/

La concejala de la Comisión de Educación y Cultura, Janeth Chuquimia, informó que, tras la aprobación de la Ley de Emergencias para la refacción, reparación y mejoramiento en las unidades educativas de El Alto, hasta el momento se atendió alrededor de 50 establecimientos educativos simultáneamente.

Por otra parte, recordó que la Alcaldía destinó más de 127 millones de bolivianos para atender los requerimientos de la comunidad estudiantil de los 14 distritos de la urbe durante la presente gestión.

Para este cometido, la Comuna destinó cuatro millones de bolivianos del monto total, el Concejo aprobó en el primer ajustado del Plan Operativo Anual (POA) de esta gestión 2,20 millones de bolivianos.

“La Ley nos permite atender algunas necesidades básicas que tienen los colegios, para este fin se ha hecho convocatorias abiertas y transparentes para que las empresas se adjudiquen las obras”, sostuvo la autoridad, según la Agencia Municipal de Información (AMI).

POA

También se refirió al POA destinado para educación en esta gestión que asciende a 48 millones de bolivianos.

“Con este monto se va a dotar equipamiento, mobiliario y se atenderá otras necesidades que tienen los estudiantes”, dijo la autoridad del Legislativo de El Alto

Aclaró que, como Municipio, se dispuso en total 127.039.040 bolivianos para educación, monto que, según la Concejala, no abastece para atender las necesidades de las 434 unidades educativas que existen en El Alto.

CARTA

Ante esta problemática, en días pasados las autoridades ediles enviaron una carta al Gobierno central exponiendo los requerimientos que tienen los estudiantes, para con ello acceder a nuevos recursos económicos con los cuales impulsar los proyectos educativos en la urbe alteña.

De acuerdo con la declaración de la autoridad, la respuesta del Gobierno fue enviada a su comisión el miércoles pasado donde indican su negativa de apoyar y coadyuvar a los niños y jóvenes estudiantes de El Alto.

“No contamos con presupuesto ni aportes de donación para atender solicitudes de financiamiento para este tipo de proyectos, lamento comunicarle la imposibilidad de atender su solicitud”, fue la respuesta enviada, según declaró la legisladora, por el ministro de Educación, Roberto Aguilar.

“Lamentamos la poca o nada predisposición para con la educación en nuestra urbe”, acotó la autoridad, sin embargo, manifestó que seguirán enviando otras solicitudes hasta que el presidente Evo Morales, atienda los requerimientos de la comunidad estudiantil.
El Diario.

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Argentina: Protesta de auxiliares de Educación durante la visita de Vidal a Bahía Blanca

www.diariohoy.net/11-04-2016/

Durante la visita que la gobernadora María Eugenia Vidal  realizó en la jornada de hoy con motivo del aniversario de Bahía Blanca, auxiliares de la Educación enrolados en Soeme de esa región, se manifestaron masivamente en el centro de esa ciudad.

La protesta se realizó en el marco de lo ocurrido en las últimas horas en Mar del Plata, donde una auxiliar docente de la escuela especial 506 falleció de un ataque al corazón, al advertir que en su cuenta bancaria sólo había $40, producto de un descuento de $6.000 sobre su salario. El hecho derivó en una denuncia penal contra el gobierno Provincial.

A su vez los auxiliares se manifestaron en reclamo del salario mínimo de 10 mil pesos en el marco del conflicto salarial que ocurre con el sector en las negociaciones paritarias.

Hay que recordar que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de La Plata, a cargo de Luis Federico Arias, hizo lugar a la presentación realizada por Soeme y dispuso el cese y la devolución de los descuentos indiscriminados aplicados por el gobierno bonaerense.

Además, la semana pasada el gremio firmó la conciliación obligatoria con el Ministerio de Trabajo para volver a discutir la situación salarial. Ahora, las partes en conflicto se sentarán a dialogar. De esta manera, el SOEME se comprometió a suspender todas las medidas de fuerza, mientras que las autoridades provinciales deberán hallar respuestas a los legítimos reclamos de los trabajadores.

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Rusia y Argentina preparan un programa de becas para estudiantes

Buenos Aires / 7 de abril de 2016 / Autor: Sputnik / Fuente: http://mundo.sputniknews.com

Los gobiernos de Rusia y Argentina crearán una comisión conjunta para seleccionar a estudiantes argentinos que puedan desarrollar estudios superiores en el país euroasiático, dijo a Sputnik Nóvosti el jefe de la Agencia Federal Rusa de Cooperación Humanitaria Rossotrudnichestvo, Dmitri Guzhelya.

BUENOS AIRES (Sputnik) — «Los estudiantes que vayan a Rusia y vuelvan serán un complemento para la prosperidad económica y científica de Argentina», destacó Guzhelya.

© Sputnik/ Ana Delicado Palacios Reunión de las delegaciones de Rusia y Argentina

El funcionario cooperante se reunió el miércoles con una delegación de su país y autoridades del Ministerio de Educación para coordinar los mecanismos que permitan a estudiantes argentinos acceder a licenciaturas, maestrías y posgrados en universidades rusas.

En el encuentro se acordó crear la comisión conjunta para avanzar en el proceso de selección de los estudiantes beneficiados, que podrían empezar a viajar a Rusia a partir de septiembre.

«Esta comisión nos va a permitir seleccionar a los estudiantes con mayores capacidades y con el perfil que el país necesita para profundizar su educación superior», destacó el funcionario ruso.

Los participantes de la reunión también plantearon la conveniencia «de un departamento académico y de la enseñanza de ruso», afirmó Guzhelya.

Las dos partes coincidieron en que es prioritario instrumentar la enseñanza de ruso en Argentina y del español en Rusia.

Guzhelya calificó de exitoso el encuentro, pues «encontramos varias áreas para trabajar en conjunto en aras del conocimiento de los programas académicos de Rusia y Argentina».

El funcionario también destacó que ambos países promueven sus respectivos sistemas educativos, de modo que «tomamos algo del sistema de Argentina y damos algo del sistema ruso a este país», indicó.

«En el contexto de la globalización y la necesidad de (obtener) competencias es importante el fomento y el estudio de las lenguas rusas para que una persona tenga mejor preparación profesional», aseguró.

Antes de acudir al Ministerio de Educación, la delegación rusa se reunió con miembros de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con quienes se pactó la creación de un departamento de la lengua y la designación de un operador académico de Rusia.

«Este departamento será parte de un programa académico que se va a coordinar con otras universidades de Rusia para diseñar programas educativos en conjunto», puntualizó Guzhelya.

Además, se instalará una facultad preparatoria para la enseñanza de ruso en las instalaciones de la UBA.

La delegación rusa, que visitó previamente Colombia, está realizando una gira que incluye también a República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, el Salvador, Chile y Paraguay.

© Sputnik/ Ana Delicado Palacios Reunión de las delegaciones de Rusia y Argentina

Junto a Guzhelya viajan la directora del Centro Internacional Ruso-Iberoamericano de la Universidad Estatal Social de Rusia, Berenice Cervantes; el vicerrector de Asuntos Internacionales y de Estrategias de Desarrollo de la misma casa de estudios, Maxim Stepánov, y la vicerrectora del Instituto Estatal de Lengua Rusa Pushkin, Elena Koltakova.

También es parte de la delegación Vasili Cheskidov, representante del rector en los países latinoamericanos de la Universidad Nacional de Estudios Tecnológicos (MICIS).

Fuente de noticia:
http://mundo.sputniknews.com/mundo/20160407/1058446589/rusia-argentina-becas.html
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Uruguay: Presentaron proyecto de ley sobre violencia de género

www.elpais.com.uy/11-04-2016/

En el Consejo de Ministros de este lunes se presentó un proyecto de ley que es enviado al Parlamento para dar respuesta a la problemática de la violencia de género.

La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, informó hoy, luego del Consejo de Ministros realizado en Torre Ejecutiva, que en el encuentro se presentó un proyecto de ley sobre violencia de género.

Mariela Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), explicó que el proyecto cuenta con más de 100 artículos y que el mismo «pretende garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género».

«En sus distintos capítulos (el proyecto de ley) avanza en las definiciones que tiene la violencia de género y sus ámbitos de manifestación, plantea lineamientos en términos de compromisos institucionales», señaló Mazzotti.

«La ley define los derechos de las personas en situación de violencia de género y compromisos que asume el Estado», dijo la jerarca, y explicó que el proyecto «fue construido de manera colectiva»: se plantea «una única institución no pude dar respuesta» a la problemática de la violencia de género.

Mazzotti dijo que uno de los artículos plantea los derechos que tienen las personas que sufren violencia de género, como por ejemplo el derecho a no ser revictimizada.

«Hay un capítulo que son los lineamientos para políticas públicas para garantizar una vida libre de violencia de género», añadió. «Hay lineamientos para políticas laborales, de salud, de turismo, de vivienda, de desarrollo social, entre otras políticas que implican compromisos específicos de los ministerios».

Mazzotti contó que el proyecto «propone la importancia de especializar juzgados (…) para que las mujeres tengan un proceso único y minimizar así la posibilidad de revictimización».

Y explicó que también hay capítulos especiales hacia infancia y adolescencia, para adultas mayores y para mujeres con discapacidad.

El proyecto de ley, además, plantea la necesidad de contar con observatorio para realizar seguimiento de la problemática.

Para Mazzotti, esta ley «dignifica a mujeres y varones» ya que el cambio sociocultural impacta tanto a unas como a otros.

En otro de los artículos se contempla también el acoso callejero. Se lo describe dejando claras las dimensiones de la violencia de género en estos casos.

En cuanto al agravamiento de las penas en casos de feminicidios, Mazzotti aclaró que no se plantea: «No hay agravamiento de las penas más que el que ya tiene el código penal para los homicidios especialmente agravados».

En la redacción del proyecto participaron todos los organismos involucrados: «Cada uno de los capítulos que tiene relación especifica ya sea con educación, con trabajo, fiscalía, con todos (…) se trabajó a su vez de manera específica por cada uno de esos ámbitos. No es un proyecto de ley que se plantea y no tiene la opinión de las diversas instituciones del Estado que están involucradas», detalló Arismendi.

La ministra agregó que «fue un trabajo intenso y podemos tener la tranquilidad que viene con el apoyo de todos los que luego van a tener que llevar a la practica, en caso de que se apruebe la ley, estas propuestas».

Información de la imagen: Arismendi y Mazzotti tras el Consejo de Ministros. Foto: Presidencia

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