La semana comenzó con fuerte conflictividad en la provincia de Catamarca. El lunes 2 de marzo la CTERA, junto a los gremios docentes nacionales UDA, CEA, SADOP y AMET, convocó a un paro nacional docente que en la provincia tuvo alrededor de un 70% de adhesión.
Ese mismo día por la mañana, un grupo de docentes decidió no iniciar el ciclo lectivo 2026 y se movilizó hacia la Casa de Gobierno para reclamar una recomposición salarial real y repudiar la propuesta presentada por el gobierno provincial.
Ante la convocatoria al paro y la movilización, el gobernador Raúl Jalil (del PJ) alineado con las políticas del gobierno nacional de Javier Milei, dictó la noche del domingo una conciliación obligatoria, con el objetivo de intentar frenar la participación docente en las medidas de fuerza.
Sin embargo, la maniobra no logró su objetivo. La adhesión al paro se mantuvo y durante la jornada se registraron manifestaciones y cortes autoconvocados en distintos puntos de la provincia en reclamo de mejoras salariales y estabilidad laboral.
En Fiambalá, docentes realizaron un corte sobre la Ruta Nacional 60, en el acceso sur de la ciudad. En Santa María, la concentración se realizó a la altura del Monumento a la Pachamama, sobre la Ruta Provincial 17, desde donde marcharon hasta la Plaza Belgrano.
Las protestas también se replicaron en Andalgalá, donde docentes autoconvocados y trabajadores de la salud se concentraron en la Plaza 9 de Julio, además de movilizaciones en Paclín y en la capital provincial.
Jalil bajo la lupa de la docencia
La bronca de la docencia siguió creciendo y el 4 de marzo por la tarde cientos de docentes autoconvocados volvieron a movilizarse en la capital catamarqueña, ante la falta de respuestas del gobierno.
La concentración se realizó en la Plaza 25 de Agosto, desde donde marcharon hasta la Plaza 25 de Mayo, bajo la consigna: “En las rutas, en las calles, en las plazas: ¡la lucha es de todos!”. El reclamo central es el rechazo a la oferta salarial del gobierno y la exigencia de una recomposición urgente acorde a la crisis económica, con un planteo de $1.300.000 al básico.
La movilización también repudió las declaraciones del gobernador Raúl Jalil, quien tras la primera jornada de protesta confirmó el inicio de sumarios administrativos contra docentes que participaron del paro, junto con la advertencia de descuentos salariales bajo la consigna: “Día trabajado, día pagado”.
Estas medidas fueron interpretadas por la docencia como un intento de disciplinamiento y una amenaza directa contra el derecho constitucional de huelga, en un contexto donde los trabajadores de la educación denuncian salarios insuficientes y condiciones laborales cada vez más deterioradas.
En este marco, docentes autoconvocados ya convocaron a una nueva movilización para este sábado 7 a la tarde. A su vez, en el plano nacional, se anunció un paro universitario del 16 al 20 de marzo en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.
Crece el malestar social
El conflicto docente se da en medio de un clima de creciente tensión social en la provincia. En los últimos días se multiplicaron movilizaciones y protestas que apuntan al gobierno provincial exigiendo respuestas frente al deterioro de las condiciones de vida.
Las consignas responsabilizan tanto al gobernador Jalil como al presidente Milei, señalando que el gobierno provincial aplica un ajuste alineado con las políticas nacionales.
En las calles y en las redes sociales se repiten reclamos por trabajo, aumentos salariales y mejores condiciones laborales, reflejando el fuerte deterioro del poder adquisitivo desde que asumió este gobierno.
La necesidad de un plan de lucha
Desde Alternativa Docente planteamos la necesidad de que las conducciones sindicales de CTERA y la CGT impulsen un plan de lucha nacional, dando continuidad al paro del 2 de marzo. Y convoquen a un paro provincial de 48 horas con movilización la próxima semana.
En varias provincias continúan abiertos los conflictos salariales y se desarrollan medidas de fuerza. El paro nacional del 2 de marzo expresó parte de la bronca acumulada, pero muchos docentes consideran que una medida de 24 horas resulta insuficiente.
En ese contexto, la autoorganización docente vuelve a aparecer como una herramienta de lucha, frente a la pasividad de las conducciones sindicales. El objetivo, tiene que ser unificar los reclamos y retomar el nivel de unidad alcanzado durante 2025, cuando trabajadores estatales y del sector privado protagonizaron movilizaciones unitarias masivas, por salario y condiciones laborales.
Para la docencia catamarqueña movilizada, la situación es clara: el hambre y la miseria no pueden esperar
La CTERA dijo que la adhesión fue del 90% y que continuarán los reclamos con nuevas acciones.
Los gremios docentes realizaron un paro nacional con movilizaciones en distintas partes del país contra las políticas del gobierno de Javier Milei y las administraciones provinciales. El acto central se llevó adelante frente al Congreso de la Nación, donde confluyeron los principales sindicatos del sector, mientras que en distintas provincias también se destacaron grandes concentraciones, marchas y otras actividades para visibilizar el reclamo.
Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) dejaron en claro que la jornada tuvo una adhesión del 90% a nivel nacional y que la lucha continuará con nuevas acciones.
La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, denunció el desfinanciamiento del sistema educativo y apuntó contra la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la falta de convocatoria a la paritaria nacional y los recortes en presupuesto para comedores escolares y programas de conectividad. “¡Nos quieren de rodillas! ¡Quieren que no haya paritaria nacional docente! ¡Quieren que no haya presupuesto para la educación! ¡Quieren que no haya comedor y copa de leche para nuestros pibes y para nuestras pibas! ¡Quieren que no haya FONID, que no haya conectividad!”, expresó.
Alesso anuncio de continuidad del conflicto. “Por eso, hoy, continuamos el plan de lucha que venimos haciendo en el país, en todas las provincias. ¡Esta continuidad no termina acá! ¡Vamos a construir el Frente Nacional Educativo en todo el país! ¡Con carpas, clases públicas, movilizaciones, debate con la sociedad! ¡Y vamos a seguir el plan de lucha hasta que retrocedan las políticas de ajuste!”, afirmó.
Los docentes y trabajadores de la educación no solo rechazan el ajuste salarial, sino también que insisten en la necesidad de inversión y más presupuesto para la educación pública, que viene siendo desfinanciada por el gobierno de La Libertad Avanza.
Cuando la correlación de fuerzas, la memoria del magisterio y la arquitectura democrática se cruzan en una misma elección
El 8 de marzo de 2026 Colombia no elegirá únicamente un nuevo Congreso para el período 2026–2030. Elegirá la correlación de fuerzas que hará posible —o inviable— la orientación estructural del Estado en la próxima década. En contextos de transición política, las elecciones legislativas dejan de ser un episodio intermedio y se convierten en el verdadero escenario donde se define si un proyecto de transformación se consolida como política de Estado o se reduce a experiencia pasajera.
Desde una perspectiva de izquierda democrática, esta elección no es simplemente un referendo sobre un gobierno. Es una disputa por el tipo de Estado, por el modelo de desarrollo, por la profundidad de la democracia y por el lugar que ocupará la educación pública en ese diseño institucional.
La arquitectura del poder: por qué el Congreso define el rumbo real
El presidencialismo colombiano no opera sobre la voluntad unilateral del Ejecutivo. En la práctica, las transformaciones estructurales —tributarias, laborales, energéticas y sociales— dependen de mayorías legislativas estables capaces de sostenerlas en el tiempo. Sin ese soporte parlamentario, el cambio se ralentiza, se fragmenta o termina desnaturalizándose en el trámite legislativo y eso es precisamente lo que no ha tenido el país históricamente.
La democracia como sistema de gobierno implica que el Congreso puede desempeñar tres funciones claramente diferenciadas. Puede actuar como motor de transformación cuando existe coherencia programática y disciplina política en torno a un proyecto común; puede convertirse en un espacio de transacción permanente donde cada reforma se negocia al costo de reducir su alcance beneficiando a los clanes políticos regionales; o puede erigirse en un dique de contención que bloquee o vacíe de contenido las agendas estratégicas del Ejecutivo, como es el caso del periodo Petro. La diferencia entre estos escenarios no es retórica ni simbólica: determina si una reforma social se consolida como norma duradera o si se diluye en concesiones parciales.
Por ello, el 8 de marzo no solo se disputan curules. Lo que realmente se define es la correlación de fuerzas que condicionará la gobernabilidad y el margen de acción política durante todo el período siguiente. La izquierda enfrenta aquí un desafío estratégico central: sin mayorías estables y cohesionadas, incluso los proyectos más legítimos quedan supeditados a acuerdos coyunturales y “mermelada política” que limitan su profundidad. La fragmentación interna no es solo un problema organizativo; puede convertirse en una debilidad estructural que comprometa la viabilidad del programa de transformación.
El modelo de desarrollo en disputa: la economía política del Congreso
El próximo período legislativo será decisivo en la definición del modelo de país que se está construyendo. El debate no se limita a iniciativas aisladas, sino que atraviesa la arquitectura misma de la economía política del país. En este escenario, el Congreso no es un simple escenario técnico de aprobación normativa: es el espacio donde se dirime qué intereses prevalecen y qué orientación estratégica adopta el Estado.
En materia de justicia fiscal y redistribución, la sostenibilidad del Estado social depende de un sistema tributario progresivo que permita financiar derechos y políticas públicas de manera equitativa. Sin un respaldo parlamentario sólido, cualquier reforma fiscal corre el riesgo de diluirse a través de exenciones sectoriales, ajustes regresivos o mecanismos compensatorios que terminan favoreciendo a los sectores de mayor poder económico. El Congreso no se limita a aprobar impuestos; define, en última instancia, quién financia el Estado y quién se beneficia de su acción. El grave problema es que las grandes mayorías del congreso actual, y del que puede ser electo si se pierden las elecciones, son cuotas políticas de clanes mafiosos integrados con terratenientes, empresarios y multinacionales con nexos históricos con grupos armados herederos del paramilitarismo y/o cooptados por intereses políticos de la oligarquía colombiana.
Política laboral y estructura del mercado de trabajo
Colombia mantiene niveles estructuralmente altos de informalidad laboral, precarización y segmentación del mercado de trabajo. La orientación que adopte el Congreso será determinante para definir si el país avanza hacia un modelo de formalización progresiva, estabilidad contractual y fortalecimiento de la negociación colectiva, plasmados en la reforma laboral del gobierno Petro o si, por el contrario, se consolida un esquema centrado en la flexibilización bajo el argumento de la competitividad y la atracción de inversión.
El trabajo no es únicamente una variable macroeconómica ni un dato estadístico en los informes de crecimiento. Es un eje constitutivo de ciudadanía social. A través del empleo se accede a seguridad social, ingresos estables y reconocimiento social. Por ello, el desarrollo de la reforma laboral no solo regula relaciones productivas; expresa, en el fondo, el modelo de sociedad que se busca consolidar.
Transición energética y soberanía económica
La transición hacia energías limpias implica mucho más que un ajuste ambiental. Supone una redefinición profunda de la matriz productiva, de las fuentes de ingreso fiscal y del lugar de Colombia en la economía internacional. La discusión no se limita a sustituir combustibles fósiles por energías renovables; involucra decisiones estratégicas sobre inversión, desarrollo regional, empleo y soberanía económica.
El Congreso será el escenario donde se definan la velocidad y la profundidad de este proceso, así como los mecanismos de compensación territorial y social. De sus decisiones dependerá si la transición se convierte en una oportunidad para diversificar la economía y reducir desigualdades, o si se gestiona de manera fragmentada, generando nuevas tensiones fiscales y territoriales.
Paz territorial y concepción de la seguridad
La consolidación de la paz territorial requiere marcos normativos estables y recursos sostenidos en el tiempo. Políticas de desarrollo rural integral, sustitución de economías ilícitas y presencia efectiva del Estado en regiones históricamente marginadas no pueden depender de voluntades coyunturales. Necesitan respaldo legislativo consistente que también construya percepciones y sustituya la matriz mediática del enemigo interno, cambiando las lógicas de discriminación y de desconocimiento de las causas profundas del conflicto interno colombiano.
En este campo se enfrentan dos concepciones distintas de seguridad. Una entiende la seguridad como un enfoque integral, articulado con inversión social, infraestructura, educación y oportunidades económicas. La otra privilegia principalmente el control coercitivo y el despliegue de fuerza. El Legislativo actuará como árbitro de esa tensión, definiendo cuál de estas visiones orientará la política pública en los próximos años.
Educación y poder: la lección histórica
La historia demuestra que cuando se disputa el proyecto de nación, la escuela se convierte en un espacio estratégico. No porque sea, por naturaleza, un aparato de propaganda, sino porque es el lugar donde se forma ciudadanía, se transmiten valores democráticos y se construyen marcos de interpretación de la realidad. Vale la pena hacer memoria.
En la Alemania de Adolf Hitler, tras 1933, el régimen expulsó a docentes judíos y opositores políticos, reescribió los currículos para inculcar antisemitismo y culto al líder, y convirtió la afiliación ideológica en requisito profesional. La escuela dejó de ser un espacio plural para transformarse en instrumento del Estado totalitario. Las juventudes Hitlerianas fueron consecuencia de esta política educativa de un régimen como el nazi, que aún hoy, evidencia la herencia cultural en el auge de grupos neonazis y de ultraderecha en las sociedades modernas.
En la Italia de Benito Mussolini, el juramento obligatorio de lealtad impuesto en 1931 simbolizó la subordinación de la autonomía universitaria al proyecto fascista. La educación fue integrada explícitamente al aparato político del régimen.
En la España de Francisco Franco, tras la Guerra Civil, miles de docentes republicanos fueron fusilados, encarcelados o expulsados. La educación laica fue reemplazada por un modelo nacionalcatólico doctrinario, alineado con la ideología oficial.
El patrón histórico resulta evidente: primero se estigmatiza al maestro crítico; luego se produce la depuración institucional; finalmente se impone el control curricular. Colombia no vivió un régimen fascista europeo, pero sí ha conocido el peso de la estigmatización en contextos de conflicto armado y polarización política.
El giro contemporáneo: disputa cultural y autonomía educativa
Durante la presidencia de Donald Trump no se han registrado purgas masivas en el sistema educativo, pero sí se ha venido desarrollando una confrontación cultural significativa con el magisterio organizado. Se han promovido políticas de “school choice” y se cuestionaron programas de diversidad bajo la narrativa del supuesto “adoctrinamiento”.
Este caso evidencia que la intervención en educación puede adoptar formas simbólicas y normativas sin recurrir a violencia física directa. La disputa cultural puede tensionar profundamente la autonomía pedagógica y erosionar la legitimidad del magisterio. El lenguaje político no es neutro: construye legitimidades o las debilita.
Colombia: violencia contra el magisterio y memoria democrática
En Colombia, el debate adquiere una dimensión especialmente sensible. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), fundada en 1959, se consolidó como actor central en la defensa de la educación pública y los derechos laborales del magisterio.
Esa visibilidad tuvo costos humanos profundos. Entre 1986 y 2016, informes presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz documentan cerca de mil quinientos docentes asesinados. La Escuela Nacional Sindical ha registrado más de 3.300 sindicalistas asesinados entre 1971 y 2023, además de miles de amenazas, desplazamientos y hechos de violencia. El sector educativo fue uno de los más afectados.
Regiones como Urabá, Arauca y el Magdalena Medio conocieron listas negras y asesinatos selectivos en los que, con frecuencia, el señalamiento ideológico precedía al crimen. La estigmatización no fue un discurso inocuo; en múltiples casos operó como antesala de la violencia.
Coyuntura electoral y disputa simbólica
En la actual coyuntura, sectores como el Centro Democrático y figuras públicas como Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Daniel Briceño y otros, han formulado críticas severas al sindicalismo docente, señalando presunto “adoctrinamiento” y proponiendo limitar su influencia en el sistema educativo.
No se anuncian persecuciones explícitas. Sin embargo, la historia colombiana demuestra que la erosión sistemática de legitimidad puede generar condiciones adversas para la protección institucional y la garantía de derechos. En democracias frágiles, el discurso importa tanto como la norma.
Más allá de 2026: una decisión estructural de largo plazo
La elección del 8 de marzo no debe leerse únicamente como respaldo o castigo a una administración específica. Se trata de una definición estructural sobre el tipo de Estado que Colombia consolidará en el mediano plazo: si avanzará hacia un Estado social de derecho con capacidad redistributiva robusta; si promoverá un modelo económico orientado a la equidad territorial; si apostará por una política de paz con inversión estructural; y si garantizará una escuela pública plural y protegida.
El Congreso que emerja de esa jornada electoral moldeará el horizonte político, económico y social de la próxima década.
Educar, legislar y decidir el futuro democrático
En Colombia, educar ha sido, en demasiadas ocasiones, un acto de resistencia. La memoria de los docentes asesinados no constituye un recurso retórico, sino una advertencia histórica sobre los riesgos de la estigmatización y la desprotección institucional.
Defender la educación pública y la dignidad del magisterio no es una consigna partidista; es una condición básica de la democracia. El Congreso que se elija el 8 de marzo de 2026 definirá la profundidad de las reformas sociales, la orientación del modelo económico, la concepción de la seguridad y la paz, y el lugar de la escuela en el proyecto nacional.
No se trata simplemente de una elección legislativa. Es una decisión estructural sobre el rumbo del Estado, la calidad de la democracia y la protección de quienes, desde las aulas, forman ciudadanía en Colombia.
Lo dispuso CTERA en reclamo de la “convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente” y de un aumento salarial que supere la inflación. Los gremios educativos de la CGT advirtieron que también podrían definir medidas de fuerza
Por Ricardo Carpena
El inicio del ciclo lectivo 2026 está en peligro: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió este viernes un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, en reclamo de la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación.
Por su parte, los sindicatos educativos de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.
En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.
Sonia Alesso y Roberto Baradel, en un encuentro de CTERA
Además, durante el congreso de CTERA se reiteró “el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”, en tanto demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.
Durante el encuentro también se insistió en el rechazo de la organización al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el gobierno de Javier Milei y por eso se decidió impulsar acciones durante todo el mes de marzo para “informar y esclarecer a la comunidad sobre el verdadero significado de este proyecto y las consecuencias que implicaría para la educación pública”.
Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero,secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.
Sergio Romero, líder de UDA, en la CGT
Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse,lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.
Además, destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector: “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.
UDA y CEA señalaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el sistema educativo y el presupuesto destinado a la educación técnico profesional”, lo que “genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.
Sergio Romero, líder de UDA, en una movilización de la CGT
Por esa razón, insistieron en que “el Gobierno debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos”, al tiempo que reiteraron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.
Ante la circulación de un borrador sobre un nuevo proyecto de reforma educativa, además, los gremios que integran la CGT adelantaron su rechazo: “Anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el sistema educativo argentino”.
Finalmente, tanto UDA como CEA remarcaron que “los docentes advertimos que las situaciones que se generan en el sistema educativo nos imponen defender la educación y los derechos salariales y colectivos de todos los trabajadores de la educación”, y concluyeron: “El Gobierno Nacional debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.
Bajo el anuncio del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se instala una política que no viene acompañada de recursos adicionales ni de fortalecimiento de equipos de apoyo, pero sí de nuevas obligaciones de fiscalización y control dentro del aula. En vez de asumir estructuralmente la falta de financiamiento, la sobrecarga laboral y la carencia de profesionales en los establecimientos, el ministerio opta por una señal normativa que, en la práctica, recae sobre quienes ya sostienen el sistema en condiciones precarias.
Por: Teresa Melipal/Santiago de Chile
La entrada en vigencia de la Ley 21.801, publicada en el Diario Oficial y que prohíbe el uso de celulares en todos los establecimientos educacionales desde el inicio del año escolar 2026, marca un nuevo capítulo en la gestión educativa del país. A través del lanzamiento de la campaña gubernamental “Modo Aula”, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo ha defendido esta normativa como un intento por “fortalecer la convivencia, el aprendizaje y el uso responsable de la tecnología”.
Pero más allá del discurso oficial, la medida se implementa en un sistema educativo asfixiado presupuestariamente y con una sobrecarga laboral creciente para las y los docentes.
El Partido Comunista y la administración del modelo
No es un dato menor que Cataldo sea militante del Partido Comunista de Chile. Un partido que históricamente levantó banderas contra la mercantilización de la educación hoy administra, desde el ministerio, el mismo modelo de financiamiento vía subvención por asistencia heredado de la dictadura.
El actual gobierno decidió no tocar el corazón del sistema: la lógica de que los recursos dependen de la matrícula y la asistencia. Es decir, si un establecimiento “no tiene buena matrícula, no hay plata”. Este esquema, impuesto en los años 80, fue mantenido por los gobiernos de la ex Concertación, de la derecha y ahora también por una administración que se reivindica transformadora.
Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se avanzó en reformas como la eliminación del copago y el Sistema de Admisión Escolar, pero el mecanismo central de financiamiento no fue modificado. Y hoy, bajo un ministerio encabezado por un dirigente comunista, tampoco.
La consecuencia es clara: faltan profesores, faltan psicólogos, trabajadores sociales, equipos de apoyo a la inclusión. Mientras tanto, se imponen nuevas exigencias y regulaciones.
Más exigencias, menos recursos
En este marco, la Ley 21.801 amplía responsabilidades sin resolver carencias estructurales. La prohibición no solo alcanza a estudiantes: incluye a docentes, asistentes y directivos dentro de la sala de clases. Serán los propios profesores quienes deban fiscalizar el cumplimiento, modificar reglamentos internos y enfrentar los conflictos derivados de la medida.
Todo esto ocurre en un contexto de recortes y ajustes.
La creación de los Servicios Locales de Educación Pública fue presentada como el fin de la municipalización. Sin embargo, sin modificar el modelo de financiamiento, el cambio resulta más administrativo que estructural.
El caso del Servicio Local de Educación Pública Del Pino es ilustrativo: tras un primer año respetando las condiciones heredadas, ahora —en medio de una reducción presupuestaria asociada a la política de subvenciones— se proyecta el recorte de 5.000 horas docentes. Eso significa menos profesores, más estudiantes por sala y menor acompañamiento profesional.
¿Dónde queda la “prioridad por la educación pública” cuando se recortan horas en establecimientos que atienden principalmente a familias trabajadoras?
Entre la continuidad y la profundización del ajuste
El desfinanciamiento sostenido de la educación pública no comenzó con este gobierno, pero sí continúa bajo su administración. Y mientras tanto, la ultraderecha de José Antonio Kast ya anuncia que buscará profundizar esta orientación, avanzando aún más en la lógica de mercado.
La paradoja es que hoy es un ministro del Partido Comunista quien aplica políticas de ajuste indirecto al mantener intacto el sistema de subvención y al priorizar medidas de control antes que inversión estructural.
Control sin transformación
Se habla de recuperar la concentración y mejorar la convivencia, pero no se garantiza financiamiento basal suficiente, estabilidad laboral ni dotación adecuada de profesionales. Se exige educar en ciudadanía digital mientras se restringen herramientas y no se entregan recursos tecnológicos públicos suficientes.
La discusión de fondo no es solo sobre celulares. Es sobre quién paga la crisis de la educación pública y qué modelo la organiza.
Mientras no se rompa con el sistema de subvención por asistencia y no se garantice financiamiento estable, cualquier normativa —por bien intencionada que se presente— seguirá descargando la crisis sobre docentes y comunidades educativas.
Y eso no es un problema técnico. Es una decisión política.
Preparar la resistencia desde las comunidades educativas
Frente a este escenario de más control y menos presupuesto, la pregunta no puede ser solo cómo se implementa la ley, sino cómo respondemos colectivamente a un modelo que sigue deteriorando la educación pública.
Las y los profesores en Chile han sido protagonistas de una historia de lucha. Las y los docentes históricamente han salido a las calles contra la municipalización, por el fin del lucro, por el pago de la deuda histórica, por mejores condiciones laborales y por el derecho social a la educación. Si hoy la educación pública no está aún peor, es en gran medida gracias a esa organización y movilización sostenida desde abajo.
No se trata únicamente de defender nuestras condiciones de trabajo, que ya son precarias, sino también de defender el derecho a la educación de cientos de miles de niñas, niños y jóvenes de familias trabajadoras que estudian en el sistema público. La educación pública importa, y mucho, en los barrios populares.
Por eso no podemos desentendernos del rol que históricamente que han jugado los docentes. Son parte de las comunidades educativas y somos, también, trabajadores que conocemos desde dentro las necesidades reales de nuestras escuelas y liceos. Son los primeros que debemos proteger las necesidades educativas de nuestras comunidades frente a recortes, sobrecarga laboral y políticas que eluden el problema estructural del financiamiento.
Preparar la resistencia no significa solo rechazar una ley puntual. Significa abrir espacios de deliberación en los establecimientos, fortalecer la organización docente, articularnos con asistentes de la educación, estudiantes y apoderados, y exigir un financiamiento basal suficiente que rompa con la lógica de competencia por matrícula.
Porque si el ajuste continúa, y si sectores como la ultraderecha buscan profundizarlo, la defensa de la educación pública dependerá, una vez más, de la fuerza organizada de quienes la sostenemos día a día.
La crisis no la provocamos docentes ni estudiantes. Pero sí podemos ser quienes la enfrentemos colectivamente.
El magisterio rechaza los cambios al Cootad que imponen reglas fiscales rígidas y ponen en riesgo 1.900 empleos.
Docentes ecuatorianos marcharan este jueves en el centro de Quito para exigir el retiro de las reformas al Cootad que amenazan la educación municipal. Foto: Unión Nacional de Educadores.
La Unión de Educadores Municipales del Distrito Metropolitano de Quito (UEMDMQ) convocó a una movilización en defensa de la educación municipal para este jueves 19 de febrero de 2026, a las 17:00 hora local.
La movilización convocada bajo el lema “La Educación Municipal No Se Topa”, se realizará en el centro de la ciudad de Quito, capital de Ecuador, frente al Banco Central, y surge ante el debate final de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) en la Asamblea Nacional, previsto para el viernes 20 de febrero.
El gremio denuncia que, bajo el argumento de la «eficiencia del gasto», el Ejecutivo pretende imponer una regla fiscal rígida para los Gobiernos seccionales con la que pueda desconocer una parte de la deuda que mantiene con los municipios y prefecturas, la cual asciende a cerca de 1.000 millones de dólares.
Esta norma obligaría a municipios, prefecturas y juntas parroquiales a destinar al menos el 70 por ciento de su presupuesto anual a inversión y obra pública, limitando el gasto corriente (salarios y administrativos) al 30 por ciento. Esta meta debe alcanzarse progresivamente hasta el año 2029 para municipios y prefecturas, y hasta 2030 para las juntas parroquiales.
Los educadores advierten que esta reforma impactaría directamente en el financiamiento de la educación municipal. Asimismo, señalan que, de concretarse, representaría una asfixia para el funcionamiento del sistema, lo que podría derivar en el despido de aproximadamente 1.900 docentes,además de personal administrativo y de servicios. La medida afectaría a 112 instituciones educativas municipales, 1.927 profesores y 32.825 estudiantes.
Pichincha sería la provincia más golpeada, ya que concentra más del 30 por ciento de las instituciones municipales del país y el 62,4 por ciento de la planta docente nacional. Solo en esta región se registra el 55,8 por ciento de la matrícula estudiantil de este sistema, principalmente en el Distrito Metropolitano de Quito.
Los docentes defienden la autonomía de los Gobiernos seccionales para gestionar sus recursos según las necesidades reales de sus comunidades. Consideran que limitar el presupuesto para salarios es un atentado contra la calidad educativa y la estabilidad laboral del magisterio municipal.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) expresó su solidaridad con el magisterio municipal y las familias afectadas, anunciando su adhesión a la movilización. De igual modo, alertó que si se aprueba el Proyecto de Ley Reformatorio al Cootad, presentarán de inmediato una demanda de inconstitucionalidad.
La movilización de este jueves busca frenar una reforma que prioriza las metas fiscales del Ejecutivo sobre la inversión social. Los gobiernos locales coinciden en que la propuesta pone en riesgo proyectos fundamentales que no califican como «obra pública» tradicional. El magisterio ecuatoriano se mantiene en alerta permanente, exigiendo que no se sacrifique la educación de las mayorías para cubrir los baches financieros del Estado.
El mundo se desplaza y Washington golpea a su alrededor: de las sanciones a las guerras por delegación, de Venezuela a Irán, de Ucrania a Taiwán. No se trata de una serie de crisis aisladas, sino de una gran lucha por el poder, los beneficios y el orden mundial. Este es el choque del siglo XXI.
Los bombardeos sobre Venezuela del 3 de enero solo pueden entenderse si se analiza el panorama general. El secuestro del presidente venezolano, el derrocamiento del gobierno sirio, los bombardeos sobre Irán, Yemen y otros países de la región, la guerra por delegación contra Rusia, la amenaza de sanciones de EE. UU. dirigida a los países BRICS y el revuelo en torno a Groenlandia no son hechos aislados, sino aspectos de una gran estrategia.
Vivimos en una época en la que la dominación histórica de una sola superpotencia, Estados Unidos, se está desmoronando visiblemente. Al mismo tiempo, Washington y sus aliados occidentales intentan revertir esa tendencia de manera desesperada para salvar un statu quo que asegure su hegemonía, su control y las ganancias sobre la riqueza creada en otros lugares.
Este es el choque del siglo XXI, cuyo comienzo apenas hemos empezado a vislumbrar.
Un mundo en vuelco
Empecemos por la economía, donde el equilibrio de poder mundial se está desplazando rápidamente. El G7, el club de las siete naciones occidentales más ricas, cayó del 45 % del PIB mundial en el año 2000 a cerca del 30 % en la actualidad, mientras que el BRICS+ ya se sitúa en torno al 37 %.i
Mientras tanto, el Sur Global desarrolla su propia industria y tecnología, con China como líder en vehículos eléctricos, energía solar, eólica e infraestructura digital. Esto permite que los países dejen de ser meros proveedores de materias primas y conserven una mayor parte de su propia riqueza.
Dicha evolución erosiona las ganancias extranjeras de las multinacionales occidentales y socava dos pilares del imperialismo clásico: las transferencias de beneficios del Sur al Norte y el dominio del dólar. El dólar pierde terreno en las reservas de los bancos centrales y cada vez más países comercian en sus propias monedas. El objetivo del banco de los BRICS es que para 2030 al menos el 30 % de sus préstamos se realice en monedas locales.
Así, el BRICS+ se perfila como la primera alternativa multilateral real desde el declive de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se dibuja un «mundo posdólar», lo que provoca estrés en Washington y Bruselas.
El desplazamiento económico se traduce al plano político-ideológico. A escala mundial somos testigos casi simultáneos de dos «levantamientos». En los últimos dos años hubo un amplio y sostenido movimiento popular contra el genocidio en Palestina y contra la complicidad de los Estados occidentales con los métodos fascistas que utiliza el Estado sionista.
Además, los Estados del Sur Global se negaron a sumarse a las sanciones occidentales, a la presión económica y a la retórica bélica contra Rusia. Países como China, Irán, India y Corea del Norte buscaron incluso una cooperación más estrecha con Rusia, motivada en parte por los aranceles de Trump y su agresiva política comercial.
Los países del Sur están hartos de la doble moral de Occidente, que justifica sus propias guerras, pero condena las de los demás. También están cansados de la explotación por parte del «Norte Global», que hasta el día de hoy sigue drenando la riqueza del Sur.
Ambos levantamientos aceleran la conciencia de que el orden neoliberal dominado por Occidente es insostenible. El Sur reivindica su soberanía. Ya no quiere ser un juguete en manos de Occidente, sino seguir su propio rumbo en la política y la economía mundiales.
Amenaza existencial
Entre 1990 y 2008 las multinacionales de Europa y Estados Unidos multiplicaron por seis sus beneficios procedentes de inversiones en el extranjero. Como muestra el gráfico, esos ingresos se han estancado a partir de 2011. Siguiendo la senda de crecimiento basada en el periodo 1990-2011, esto supone que en 2024 dejen de percibir anualmente más de 20 billones de dólares.
Se trata de una cantidad gigantesca y representa algo más que un serio golpe a las cuentas de esos poderosos grupos de capital. En el Foro Económico Mundial de Davos en 2025 Ursula von der Leyen expresó con fuerza la situación actual de la siguiente manera: «Hemos entrado en una nueva era de intensa competencia geopolítica. Las mayores economías del mundo compiten por el acceso a materias primas, nuevas tecnologías y rutas comerciales globales. De la inteligencia artificial a la tecnología limpia, de los ordenadores cuánticos al espacio, del Ártico al mar de China Meridional: la carrera ha comenzado».
La fuerza impulsora tras esta carrera es el máximo beneficio y el mantenimiento o la expansión de las multinacionales occidentales, las empresas tecnológicas y las instituciones financieras. Eso es lo que está en juego y, en última instancia, es de lo que se trata.
El desplazamiento del equilibrio de poder a favor del Sur es una amenaza existencial para la élite occidental. No solo amenaza con socavar su ventaja económica, sino también el control político e ideológico sobre el orden mundial.
Tambores de guerra
La élite occidental no está dispuesta a ceder esa posición lucrativa y dominante, que se debe seguir garantizado para asegurar esas ganancias, las inversiones y los mercados de venta en el extranjero, así como el suministro de materias primas baratas-.
Bajo esa lógica, la clave es un fuerte aparato militar: si hay que cubrir intereses económicos a escala mundial, según los centros de poder, eso implica también capacidad militar. O como dijo en su día el excanciller alemán Gerhard Schröder: «Un país solo cuenta de verdad en el plano internacional si también está dispuesto a hacer la guerra».ii
Para seguir garantizando su supremacía, Occidente elige una estrategia ofensiva – del caos bélico al sometimiento político – que vende como una lucha por la «democracia», pero que en realidad busca proteger el orden de poder existente.
En última instancia, la fuerte militarización y la preparación bélica que vivimos hoy está arraigadas en el afán del capital monopolista occidental por el máximo beneficio y la expansión.
En la última década los países europeos de la OTAN han aumentado sus presupuestos de defensa en un tercio y desde febrero de 2022 los han incrementado de nuevo de forma considerable. En conjunto, la OTAN ya representa más de la mitad de todo el gasto mundial y planea duplicar con creces el gasto en defensa en Europa.iii
Hoy asistimos a suministros de armas sin precedentes a Ucrania y también se provee a Taiwán de armamento pesado. En Europa el servicio militar obligatorio y el paraguas nuclear vuelven a ser temas de debate. El exministro de Defensa alemán ha declarado que su país estará «preparado para la guerra» en 2029, y en Francia el jefe del Estado Mayor del ejército afirmó que el país «debe estar dispuesto a perder a sus hijos».
Estados Unidos dirige su lucha geopolítica principalmente contra China y Rusia. Intenta debilitar a ambos mediante presión e intervenciones en países circundantes o aliados, entre ellos Serbia, Irak, Libia, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Georgia, Bielorrusia, Kazajistán y Siria.
Ucrania fue utilizada como avanzadilla contra Rusia con el objetivo de debilitar a este último país lo máximo posible. Esa estrategia ha fracasado en gran medida. Sobre todo Europa se ha debilitado, al no poder importar ya energía barata de Rusia.
Washington juega frente a China la carta de Taiwán e intenta movilizar a sus aliados asiáticos. Australia está construyendo una marina gigantesca y recibirá submarinos nucleares estadounidenses. Japón casi ha duplicado su presupuesto militar. En Corea del Sur volverán a atracar pronto submarinos nucleares de EE. UU. En 2024 Estados Unidos desplegó un sistema de misiles Typhon en el norte de Filipinas, gracias al cual tiene a su alcance grandes ciudades chinas.
Como muestra el mapa, China está rodeada por bases militares de Estados Unidos. Pese a las promesas, la OTAN también ha avanzado cada vez más hacia Rusia desde la caída de la Unión Soviética.
Rodeo militar de China. Los puntos representan bases militares de Estados Unidos. Los misiles en rojo indican los misiles de largo alcance previstos.
Cerco militar de China. Los puntos representan bases militares de Estados Unidos. Los misiles en rojo indican los misiles de largo alcance previstos.
Hace tiempo que la OTAN dejó de ser una alianza defensiva limitada a Europa. Cada vez hay más presencia de la organización en África y en los países del Golfo. Los aliados patrullan en el mar de China Meridional y presionan a sus socios en Asia para aislar a Pekín. Lo que vemos es la creación de una «OTAN global», un cinturón militar que se extiende de Noruega a Nueva Zelanda, y de Canadá a Corea del Sur.
En este plan más amplio encajan la guerra en Siria desde 2011, la guerra en Libia en 2011 y los bombardeos sobre Yemen en los últimos años. No es casualidad que Trump haya bombardeado siete países desde el inicio de su segundo mandato: Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen, Irán y Venezuela.
Guerra económica
Además de la carta militar, Trump también hace uso de la fuerte posición económica de su país. Para ello, sigue una doble vía. Por un lado, castiga a los países «renuentes» con sanciones económicas y presión. En este momento, Estados Unidos mantiene sanciones contra un tercio de todos los países, incluido el 60 % de las naciones pobres.
Estas sanciones resultaron extremadamente mortíferas en el pasado: la prestigiosa revista médica The Lancet afirmó que las sanciones de EE. UU. y sus aliados occidentales causaron, entre 1971 y 2021, más de 550.000 muertes al año.
Además, Trump está presionando a muchos países desde el inicio de su segundo mandato para que acepten aranceles de importación más altos y restricciones a la exportación y a la tecnología. Con ello busca obligar a las naciones a cambiar de rumbo, por ejemplo, dejando de comprar petróleo a Rusia y manteniéndose vinculadas al dólar en el tráfico de pagos internacional.
Por otro lado, utiliza el dinero y el crédito para arrancar a los países de la esfera de influencia china. Ejemplos de ello son la financiación de telecomunicaciones en el Sudeste Asiático, la pesca de atún en el Pacífico Sur y préstamos a América Latina para bloquear el acceso chino a minerales críticos.
El objetivo final sigue siendo contener a China y Rusia, los dos polos de resistencia más importantes a la hegemonía de Estados Unidos. Aferrarse al orden mundial unipolar – respaldado por la guerra, la presión y las sanciones – sigue siendo el rasgo característico del imperialismo occidental.
Pero la lucha por mantener la supremacía no transcurre de forma tan fluida como se pensaba. Tras un año de gobierno Trump tuvo que comprobarlo dolorosamente con la guerra comercial contra China. Los aranceles comerciales superiores al 140 % que Trump quería imponer a China estaban destinados a poner a Pekín de rodillas.
El secretario del Tesoro, el multimillonario de fondos de cobertura Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos llevaba la ventaja y que China «tenía las peores cartas». Pero la partida de póker le salió cara a Estados Unidos. China contraatacó y restringió la exportación de tierras raras, cruciales para la alta tecnología, las armas y el complejo militar-industrial estadounidense. De repente quedó claro quién depende de quién.
También en el plano militar Estados Unidos no es, en las circunstancias actuales, directamente superior. Las simulaciones de guerra sobre un conflicto en torno a Taiwán, desarrolladas por think tanks estadounidenses, no auguran nada bueno. El ejército estadounidense pierde muchos escenarios o solo obtiene una victoria pírrica en la que ambos bandos quedan devastados.
Washington llegó a la conclusión de que iniciar una gran guerra con China es demasiado arriesgado en estos momentos. Así se lee en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) presentada a finales de 2025. La parte fundamental del informe sostiene que Estados Unidos debe seguir siendo «la nación más fuerte, más rica y más poderosa de la historia humana», con «las fuerzas armadas más letales y tecnológicamente más avanzadas».
En otras palabras, Washington pretende mantener a toda costa su dominio económico y militar mundial. En este marco se considera a China «el desafío geopolítico más importante de Estados Unidos»; es decir, el único adversario que se le aproxima en términos económicos, tecnológicos y militares. Pero antes que nada es necesario reducir la dependencia económica respecto a Pekín. Estados Unidos difícilmente puede confiar en las cadenas de suministro chinas para producir armas destinadas a una futura guerra contra la propia China. Por ello, el control sobre América Latina y, por extensión, sobre todo el hemisferio occidental, resulta esencial.
El eje de la nueva estrategia es el desacoplamiento económico de China. Dado que los empleos manufactureros no regresan al territorio estadounidense, Washington busca trasladar las cadenas de suministro a su «propio» hemisferio: Norteamérica y, sobre todo, América Latina.
Nearshoring y friendshoring son las palabras de moda. Las fábricas se trasladan de China y el sudeste asiático a México, Brasil, Argentina o Colombia. El objetivo no es crear empleos dignos, sino explotar mano de obra barata y materias primas bajo el control de empresas estadounidenses.
Esta estrategia reduce a América Latina a un simple proveedor de materias primas (petróleo, tierras raras) a beneficio de Estados Unidos, como preparación para un futuro conflicto con China. El propósito es eliminar de la región cualquier influencia de otras potencias (como China, Rusia o Europa) y bloquear su comercio con otros países.
En este contexto es en el que debemos situar la escalada bélica contra Venezuela de los últimos meses. Estados Unidos desplegó una enorme fuerza militar frente a las costas del país caribeño. Contraviniendo todas las normas del derecho internacional, se produjeron decenas de ataques mortales contra barcos en la región y se impuso un bloqueo total a la exportación de petróleo venezolano.
Trump no ocultó que su objetivo era el petróleo venezolano. Por esa razón, tras la incursión en Caracas y el secuestro del presidente se mostró satisfecho con que la dirección bolivariana perdiera el control operativo del poder. Además de Venezuela, otros países están en la mira: Trump pretende colonizar Groenlandia, con sus ingentes reservas de materias primas, y anexionarse el canal de Panamá. Incluso ha puesto sus ojos en Canadá.
Todo esto recibe un envoltorio ideológico: el relanzamiento de la Doctrina Monroe, de hace 200 años. Se vueove a calificar América Latina de «nuestro hemisferio».
Concretamente eso significa dos cosas. En primer lugar, Washington quiere trabajar con vasallos regionales. Pensemos en líderes de extrema derecha dispuestos a abrir sus propias economías a las empresas estadounidenses. El informe dice abiertamente que esos gobiernos, partidos y movimientos serán «recompensados y alentados».
A la inversa, se socava en la medida de lo posible a los gobiernos de izquierda, con Venezuela, Cuba y Nicaragua en primera fila.
En segundo lugar, la CIA y el resto de los servicios de inteligencia deben cartografiar «puntos estratégicos y materias primas» en la región. Petróleo en Venezuela, mineral de hierro en Brasil, litio en Argentina y Bolivia, agricultura y reservas de agua: todo ello se consideran recursos que «no deben caer en manos de potencias competidoras».
El mensaje es claro: Estados Unidos reclama las riquezas naturales del continente en su condición de su propio patio trasero económico.
Un actor fundamental en esta trama es el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio. Originario de Miami, ha dedicado su carrera a combatir a los gobiernos de izquierda en América Latina, con una obsesión particular por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Durante el primer mandato de Trump presionó a favor de una invasión militar en Venezuela; esta vez ha logrado imponer su criterio.
Al ocupar simultáneamente los dos cargos más altos – Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, una combinación que solo ostentó Henry Kissinger bajo Nixon –, Rubio se convierte en la segunda figura más poderosa de Washington. Además, es un conocido «halcón» contra China. A su juicio, el Partido Comunista de China es «el adversario más peligroso que Estados Unidos ha tenido jamás» y la lucha de poder entre ambos determinará la historia del siglo XXI.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 no rompe con el pasado, sino que es una versión extrema de lo iniciado bajo Obama y Biden: el pivot to Asia, la reafirmación de la hegemonía mundial estadounidense y la guerra económica abierta contra países que buscan un rumbo propio.
Lo novedoso es la desfachatez con la que se plasma por escrito. Ya no se recurre a palabras amables sobre «difundir la democracia», sino a una agenda sin tapujos: dividir el mundo en esferas de influencia, tratar a América Latina y África como reservas de materias primas y mano de obra, reducir a Europa a un mercado de consumo, aislar a China y, si es necesario, atraer a Rusia como socio menor.
La estrategia es una visión omnicomprensiva donde todo el mundo queda subordinado a los intereses estadounidenses (MAGA).
Hipocresía y servilismo de Europa
El secuestro del presidente Maduro y su esposa, junto al intento de tomar el control del gobierno en Venezuela bajo la amenaza de una nueva invasión, es sencillamente impactante. No solo es una flagrante violación del derecho internacional; significa que, de ahora en adelante, ningún dirigente mundial estará a salvo si no baila al son de Washington.
Normalmente, una agresión tan abierta – con bombardeos sobre una capital y el secuestro de un jefe de Estado en ejercicio – debería provocar condenas inmediatas de los gobiernos occidentales, apelaciones a la Carta de la ONU y amenazas de sanciones. Sin embargo, ocurrió lo contrario.
En lugar de mantener un rumbo independiente, la Unión Europea actuó una vez más como una extensión servil de la geopolítica estadounidense. Kaja Kallas, Alta Representante de la UE, no solo se negó a condenar la intervención, sino que legitimó la agresión al repetir que Maduro «ya no tenía legitimidad». Mientras el humo se elevaba sobre Caracas, Bruselas repetía obedientemente los guiones de la Casa Blanca. Fue un espectáculo penoso: Europa sacrificó su brújula moral para no perder el favor del «Gran Hermano» estadounidense.
Tras los escandalosos dobles raseros en Ucrania y Gaza, la agresión contra Venezuela supone el golpe de gracia al llamado «orden basado en reglas». La hipocresía es total y la máscara ha caído definitivamente: no queda nada del supuesto orden jurídico internacional.
Señal de debilidad
No obstante, el ataque contra Venezuela no fue una demostración de poder, sino una expresión de debilidad. Según el economista Richard Wolff, una potencia mundial solo recurre a invasiones brutales cuando la diplomacia y la manipulación fracasan. El secuestro de presidentes demuestra que los mecanismos de control «civilizados» del imperio están agotados.
América Latina fue durante décadas el patio trasero de EE. UU., pero esa hegemonía se desmorona a gran velocidad. Países como Brasil, México y Colombia siguen sus propios planes y buscan alianzas con China y Rusia. La agresión de Trump, además, genera el efecto contrario: refuerza la unidad y la independencia regional. Ante la falta de fiabilidad de Washington y la amenaza de aranceles, los países latinoamericanos buscan alternativas. Incluso el presidente Milei de Argentina, fiel aliado de EE. UU., ha declarado que no romperá sus relaciones económicas con China.
El mundo ya no es el de hace veinte años. Mientras Washington aprieta el puño, China ofrece miles de millones en inversiones sin dictados políticos. Por primera vez en la historia, decir «no» a Estados Unidos no implica caer en un abismo económico. América Latina tiene alternativas reales; el chantaje estadounidense pierde fuerza paso a paso.
Una elección histórica para Europa
Asistimos a los últimos estertores de un sistema que ya no se sostiene por sí solo. Pero la historia enseña que las potencias dominantes rara vez aceptan su declive pacíficamente. Estados Unidos ha demostrado ser un imperio excepcionalmente violento y cabe esperar que actúe de manera brutal, como evidencia el actual bloqueo petrolero contra Cuba.
Por lo tanto, cabe esperar que no ceda su poder sin lucha y que aún pueda, y probablemente lo hará, actuar de manera muy brutal, como nos enseña el actual bloqueo petrolero contra Cuba.
¿Y Europa? El continente también vacila en esta crisis del imperialismo. Después de 1945 Europa mantuvo su agenda imperialista bajo el paraguas de EE. UU. y la OTAN, pero la correlación de fuerzas ha cambiado. El centro económico se ha desplazado a Asia y el Sur Global ya no acepta tutelajes; exige un lugar igualitario.
Europa se ha recluido en un aislamiento histórico al aferrarse a la confrontación con Rusia y apoyar incondicionalmente a Israel. La transición a un nuevo orden mundial es peligrosa, pero también liberadora. La época en que una sola potencia decidía sobre continentes enteros ha terminado.
Europa se enfrenta a una elección histórica: ¿Seguirá a remolque de EE. UU., y elegirá la lógica imperialista, la militarización extrema y el riesgo de escalada? ¿O romperá con esa lógica para construir relaciones respetuosas con el Sur?
Jeffrey Sachs propone que Europa coopere con China en comercio y clima, se asocie con la Unión Africana y dialogue con los BRICS. Europa puede ayudar a construir un orden multilateral basado en la Carta de la ONU y no en la hegemonía. El camino hacia la credibilidad europea no pasa por Washington, sino por una reevaluación de sus propios principios.
Es imperativo dejar atrás la hipocresía de las «dos varas de medir»., lo que solo es posible si los países europeos rompen con la lógica de la OTAN y trazan una política exterior propia. Eso comienza con la diplomacia directa con Moscú y la búsqueda de una paz negociada en Ucrania que excluya la expansión de la OTAN.
Asimismo, Europa debe cesar su apoyo incondicional a Israel y aplicar sanciones económicas para demostrar que el derecho internacional es universal. Finalmente, debe condenar la política imperialista de EE. UU. en América Latina. Mantener bloqueos y socavar estados soberanos es un vestigio del pasado. En este sentido, Europa debería exigir el respeto a la autodeterminación de Venezuela frente a la injerencia desestabilizadora del imperio.
Solo así Europa podrá transformarse de un apéndice de un imperio en declive en un socio respetado en un mundo multilateral. La transición ya ha comenzado; corresponde a Europa decidir si quiere estar en el lado correcto de la historia o hundirse con las viejas potencias.
Notas:
i Esto se calcula sobre la base de la paridad de poder adquisitivo (PPA). Este cálculo tiene en cuenta las diferencias de precios entre países, que ofrece una imagen fiel del volumen real de bienes y servicios, y expresa cuánto se puede comprar localmente con un dólar. Instituciones como el Banco Mundial y el FMI utilizan cada vez más este método.
iiNRC Handelsblad, 15 de enero 2001, citado en Collon M., La guerre globale a commencé, en Herrera, R. (ed.), L’empire en guerre. Berchem 2001 [En castellano, La guerra global ha comenzado, Hondarribia, Hiru].
iv Doctrina Donroe: Neologismo para la política exterior de Trump en las Américas (Monroe + Don). Considera a toda América como esfera de influencia exclusiva de EE. UU. Justifica medios coercitivos – intervenciones, bloqueos y presión económica – para frenar la migración y, sobre todo, la influencia china y rusa. A diferencia de la Doctrina Monroe original (1823), que pedía a Europa mantenerse fuera, la «Donroe» trata a la región como una retaguardia estratégica estadounidense ampliada.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Fuente de la Información: https://rebelion.org/venezuela-y-el-choque-del-siglo-xxi/
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